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LEVANTE/Castelló* : El Grupo para la Conservación de los Espacios Naturales, Gecen, ha irrumpido en la polémica sobre las viviendas "irregulares" en el marjal de Nules y Burriana pidiendo a la Fiscalía que investigue la totalidad de construcciones de la zona, reclame responsabilidades a propietarios, pero también a políticos y determine si los planes especiales que están redactando ambos ayuntamientos sobre la zona son o no legales. Es la segunda vez que el grupo conservacionista reclama a la Fiscalía de Castelló que investigue las construcciones ilegales en la zona húmeda, declarada como tal en 2002, pero es la primera vez que el grupo puede presentar datos más o menos fehacientes del censo de viviendas y construcciones que están agrediendo al humedal.
Así, en su denuncia, con fecha del lunes 21 de septiembre, Gecen pide a la Fiscalía que compruebe si son ciertas las cifras de construcciones que los propios ayuntamientos han hecho públicas tras realizar un censo del marjal y persiga tanto a los promotores de las construcciones como a los alcaldes "y responsables en urbanismo" de los dos ayuntamientos "por ser las máximas autoridades municipales con competencias urbanísticas".
Siguiendo la cifra de las 304 construcciones censadas en Nules tras la declaración del marjal como zona protegida, Gecen pide que se investiguen y denuncien todas aquellas que, hasta esta cifra, no lo fueron en su primera denuncia (que terminó en los juzgados y pidiendo la imputación del anterior alcalde, Salvador Górriz) y se haga lo propio con las 222 construcciones que el Ayuntamiento de Burriana ha detectado en su parte de humedal.
Ilegales también antes de 2002
El grupo va, sin embargo, más allá, porque recuerda que antes de esa fecha, 2002, las administraciones locales ya tenían la obligación de adoptar medidas cautelares en el marjal (atendiendo a la ley de 1999) hasta que se delimitara el catálogo definitivo de las zonas húmedas. De esta forma, entienden, y así se lo hacen constar a la Fiscalía de Castelló, que las construcciones levantadas entre 1999 y 2002 son "tan ilegales y constitutivas de delito como las posteriores". Si la Fiscalía atiende a esta consideración, la denuncia contra propietarios podría llegar al medio millar si se tiene en cuenta que en el censo realizado por Nules eran cerca de 765 el total de construcciones levantadas en el marjal hasta 2007, 304 de ellas después de 2002.
Desde Gecen ponen también en tela de juicio los esfuerzos que están realizando ambos ayuntamientos costeros para intentar regular la existencia de construcciones con el valor ambiental del marjal a través de sendos planes especiales. Según el grupo, la finalidad de estos planes (que se sustentan en los censos realizados) es la de "evitar derribos de viviendas y legalizarlas" por lo que acusan a las administraciones locales de intentar "usurpar competencias" en la gestión del humedal a la Generalitat Valenciana.
"Hay por tanto una posible usurpación de competencias por parte de ambos ayuntamientos puesto que el plan de gestión y cualquier norma que regule los usos del LIC corresponde elaborarlo y seguir y exigir su cumplimiento a la conselleria", recuerdan. "Estamos pues ante actuaciones de ambos municipios que, de forma premeditada, pretenden conseguir un objetivo ilícito, proporcionar legalidad a construcciones y actuaciones de todo tipo", añaden.
Ambos consistorios están, sin embargo, en contacto permanente con la Conselleria de Medio Ambiente en cada paso que se da en los planes especiales.
* Levante - 22,09,10
Foto: Una vivienda situada en la zona húmeda de Nules-Burriana. LEVANTE-EMV
Gecen lleva a Fiscalía las construcciones ilegales en el marjal de Nules-Burriana
«Caso Malaya»: Las mil caras del saqueo marbellí
LAOPINIÓN/Málaga* : La corrupción urbanística tiene DNI. Al menos en Marbella. Sus protagonistas conforman una familia unida por lazos de interés: hay ascendientes, como Jesús Gil, ya fallecido, y cuya forma de gobierno en la ciudad durante once años generó el caldo en el se desarrollaron «Malaya», «Saqueo I» o «Saqueo II»; José Luis Sierra, el tío de la familia y brillante abogado que dio forma jurídica al Grupo Independiente Liberal (GIL) y carta de naturaleza a las infracciones urbanísticas al inspirar un plan general ilegal; o Pedro Román, la sonrisa del gilismo, el gentil caballero que fue número dos de Gil hasta que decidió marcharse.
Sin estas tres figuras –sólo Román está imputado en «Malaya»– no puede entenderse nada de lo que sucedió en la ciudad, porque Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo y cerebro de la trama, creció y aprendió a su sombra. Y nada puede comprenderse del peculiar ambiente marbellí que dio oxígeno a esta red sin entender quién es quién en su estructura.
En el árbol genealógico hay más protagonistas: Marisol Yagüe, la hija predilecta, una ex tonadillera cuya simpatía le llevó a ser edil de Participación Ciudadana y, andando el tiempo, a encabezar la moción de censura que descabalgó a Muñoz en 2003. Ahora dirige un establecimiento flamenco, que está a nombre de un familiar, donde, de vez en cuando, se la ve bailar y cantar en las calientes noches marbellíes. Como alcaldesa, su ingenio traspasó las débiles fronteras de la villa, pero como gestora su fama la llevó a la cárcel, donde pasó seis meses y donde se la conocía como la «Chanel».
Roca ha descubierto su vena altruista, y da clases de alfabetización a otros presos en la prisión de Albolote, mientras que Isabel García Marcos, la mano derecha de Yagüe y rival del ex asesor en la organización, ha vuelto a su puesto de inspectora médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y ahí espera a que llegue el próximo lunes, día en el que arrancará el juicio más importante de la historia de la judicatura española.
Otro protagonista destacado es Tomás Reñones, ex edil de Deporte, que ahora lidera varios proyectos de reinserción de presos basados en la práctica del fútbol. También posee empresas de representación de futbolistas.
Tres que se fueron
Sin embargo, hay otras figuras clave que desarrollaron importantes papeles en el crecimiento de la organización: Carlos Fernández, ex edil del PA, apoyó la moción de censura en agosto de 2003 y, cuando el juez Miguel Ángel Torres lo llamó, en julio de 2006, se encontraba haciendo el Camino de Santiago. Decidió no presentarse, y lo último que se sabe de él, según la policía, es que se fugó a Argentina, donde entró a través del aeroródromo de Ezeiza con su propia documentación.
Después, ha habido múltiples rumores sobre su paradero: Túnez y Chile son los destinos en los que podría haber estado, aunque las malas lenguas afirman que podría habérsele visto visitando a su madre, cuyo chalé está en el Puerto de la Torre.
Francisco Javier Lendínez, ex edil, es el otro huido insigne del caso. A finales de 2008 decidió poner tierra de por medio entre él y la Justicia, pasó unos días en Tarifa y ya no se le ha vuelto a ver. Marruecos o Portugal podrían haber sido testigos de sus pasos.
José Manuel Llorca Rodríguez, un oscuro personaje imputado en «Ballena Blanca», «Fórum Filatélico» y «Malaya», es otro de los huidos. En su caso, el agua es más turbia y nada se sabe de él.
En cuanto a los empresarios, la vida sigue igual: Rafael Gómez, «Sandokán», lo ha pasado bastante mal y ha despedido a muchos obreros. Llegó a vender un hospital que construyó en Benalmádena, y la policía cree que en los últimos años se ha decidido a vender, mientras que otro insigne promotor, Tomás Olivo, está acusado de espiar y pegar a una ex novia con la que tiene un hijo de corta edad. Sigue con sus negocios, La Cañada y otros centros comerciales, y es uno de los más beneficiados por el nuevo PGOU de Marbella.
En cualquier caso, las vidas de los 95 acusados no han sido fáciles: unos, como Julián Muñoz, se han dedicado a contar sus miserias en la televisión. A éste no se le conoce trabajo desde principios de año, cuando regentó un chiringuito –aunque, según Interviú, disfruta de un más que aceptable nivel de vida–; mientras que la mayoría ha optado por un perfil bajo de cara a la opinión pública, y se dedica a sortear las dificultades que ya de por sí le representa su encorsetada situación personal.
Problemas personales
Entre ellos ha habido de todo: separaciones, desahucios, despidos; muchos han sido agredidos en sus ciudades de origen, por lo que el anonimato y los continuos cambios de imagen forman ya parte de su modo de actuar. Sólo los huidos han salido vencedores, por ahora, del envite. «Esperamos a que cometan un fallo», reconocen fuentes policiales.
El que peor parte se ha llevado es quien desde el lunes se deberá defender de las acusaciones más graves: Juan Antonio Roca. Es el preso que más ha estado en prisión preventiva por un delito de naturaleza económica, superando con creces a los Mario Conde o Antonio Camacho (Gescartera). Lo lleva bien: da clases a presos, les escribe cartas y por las tardes prepara su defensa. Otro que pasó casi tres años entre rejas –el último en tercer grado– fue Julián Muñoz, aunque su estancia se debió principalmente a delitos urbanísticos.
Seis meses en prisión estuvieron también Isabel García Marcos y Marisol Yagüe: la primera parecía haber estado en su salsa y, de hecho, también ha intervenido continuamente en distintos programas de televisión; la segunda salió de allí mucho más delgada, deprimida, destrozada... Su cara era un poema.
Algunos de los testaferros de Roca, como Montserrat Corulla, abandonaron la cárcel tras hablar de lo lindo ante el juez, mientras que otros, prestigiosos economistas, arrastran graves problemas para encontrar trabajo.
Dos últimos personajes sin cuyo papel «Malaya» no puede entenderse: el juez Miguel Ángel Torres es hoy titular de un juzgado de lo Penal en Granada. Condenó, por cierto, al arzobispo de la capital nazarí por coaccionar a un subordinado. Su amigo Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción, sigue en la trinchera, ya que es el encargado de sostener la acusación en el «caso Malaya».
Gil, Sierra y Román, un trío de ases al frente de Marbella
Jesús Gil llegó a Marbella en 1991 y su estilo de gobierno, ligado al populismo, y su autoritarismo, encandilaron a muchos desengañados con los partidos tradicionales. José Luis Sierra fue fundamental en la estrategia de Gil para afianzarse en el poder, puesto que dotó jurídicamente tanto al Consistorio como al partido (el GIL) de los instrumentos que les eran necesarios en su día a día. Román, la cara amable, atraía inversiones y simpatías. Sin aquellos polvos no pueden entenderse estos lodos.
La ascendencia de Roca sobre el resto, vital para la organización
La personalidad de los imputados tiene mucho que ver con cómo acabaron desarrollándose las cosas en Marbella. En sus declaraciones, los concejales y los empleados de Juan Antonio Roca lo describen como un hombre que sabe ser cercano, pero implacable cuando se le presenta la ocasión o detecta la más mínima deslealtad. Dicen que era habitual ver a los representantes públicos sentados en el pasillo esperando a que el murciano los atendiera. Nada escapaba a su control, y esa meticulosidad fue precisamente su talón de Aquiles. De hecho, todo lo apuntó en unas agendas y en diversos archivos informáticos. Este material acabó en manos de la policía. Ahí empezó su caída.
* La Opinión Málaga - 21.09.10
Foto: Tres de los acusados en la trama ´Malaya´: Juan Antonio Roca, Isabel García Marcos, Marisol Yagüe y Julián Muñoz. L.O.
El urbanista preferido del PP en Madrid oculta 33 empresas
PÚBLICO* : El arquitecto Leopoldo Arnaiz, responsable del diseño de los desarrollos urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y otros tantos repartidos por las provincias de Toledo, Guadalajara, Ávila, Segovia, Pontevedra y Cantabria, controla a través de testaferros una red de 33 empresas que han realizado negocios urbanísticos en esos ayuntamientos. En declaraciones a Público, Arnaiz reconoció que era socio de las empresas, pero negó cualquier actuación ilegal: "Tengo acciones en las empresas, pero jamás he utilizado información privilegiada. Todos los negocios inmobiliarios los he realizado una vez que ya había sido aprobado definitivamente el plan urbanístico de la localidad".
La especialidad de Arnaiz como arquitecto es diseñar planes generales urbanísticos gracias a contratos decididos sobre todo por ayuntamientos del Partido Popular. Es el caso de Boadilla del Monte, Alcorcón (cuando lo gobernaba el PP), Colmenar Viejo, Soto del Real, Pinto (durante el mandato conservador) o Arroyomolinos. También trabajó para la Comunidad de Madrid y fue llamado a declarar en la comisión de la Asamblea que investigó el tamayazo, en 2007, por su relación con los empresarios vinculados a los diputados tránsfugas.
Su actividad profesional en Boadilla y Alcorcón le costó sendas imputaciones por negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, que sólo son la punta del iceberg de la trama inmobiliaria que dirige el urbanista de cabecera del Partido Popular en Madrid, según una denuncia de la ex socia de Arnaiz, María Rosa Llano González, a la que ha tenido acceso Público.
El texto describe con todo lujo de detalles una red de ocho empresas cabecera de las que cuelgan otras 25 constructoras (ver gráfico). En total, una maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando todas ellas con caja única", según refleja la denuncia, una impugnación de las cuentas de dichas empresas ante el Juzgado Mercantil número 4 de Madrid. El pasado 16 de septiembre se celebró la audiencia previa y el juicio quedó fijado para el 22 de febrero de 2011.
En su exposición, el abogado de la denunciante le explicó al juez el porqué de esta estructura opaca: "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores de Madrid, en las cuales tienen propiedades muchas de las empresas demandadas". Él mismo "no puede aparecer como socio, por incompatibilidad [legal], y para eso busca testaferros que aparecen como socios constituyentes". A estos hombres de paja les hacía firmar un poder para transmitir esas acciones a su nombre y evitar que estén inscritas en el Registro Mercantil, explicó el letrado, quien señaló que su clienta "se limitaba, como empleada que era, a buscarle los testaferros a Leopoldo Arnaiz". Público ha confirmado en los distintos registros de la propiedad que las mencionadas sociedades poseen terrenos en varios de los municipios que contrataron los servicios de Arnaiz Consultores para diseñar sus planes urbanísticos.
Patrimonio multimillonario
La denunciante es propietaria de, aproximadamente, un 10% de las acciones de la red de empresas, mientras que el 90% restante pertenece a Leopoldo Arnaiz. Según la denuncia, el patrimonio de las empresas es muy superior al que reflejan los libros contables, por lo que la demandante se considera estafada y exige que se aprueben "nuevas cuentas teniendo en cuenta la real situación económica y financiera de las sociedades demandadas". Este pleito particular entre socios ha terminado por desvelar una estructura empresarial supuestamente fraudulenta que traspasa las competencias de los juzgados de lo Mercantil, ya que pueden aflorar delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas o delitos fiscales. Según fuentes de la trama empresarial, el valor de sus propiedades inmobiliarias puede superar los 500 millones de euros. Sólo en Boadilla del Monte, dos de las sociedades poseen cientos de parcelas para construir viviendas unifamiliares.
La denuncia de su socia recoge los nombres y apellidos de los presuntos hombres de paja de Arnaiz. Se trata de Héctor Emilio Centenera García, Carlos Serrano Altimiras, Francisco Javier Resino Pozas y Alberto Cubillo Rubiato. Este último constituyó dos de las sociedades cabeceras de la trama, Bederline de Negocios SL y Perisfer SL, y después "se las vendió a Leopoldo Arnaiz por un euro". Así se manifiesta en la denuncia, de más de cien páginas y cuatro tomos de anexos documentales.
Los testaferros
Los testaferros son los dueños de las empresas, pero sólo a los ojos del Registro Mercantil, porque en realidad las acciones son de Arnaiz, como consta privadamente en la notaría madrileña de Luis Rueda Esteban y en las londinenses de Chees Writeghts Notaries y De Pinna Notaries, donde el arquitecto se hizo con la titularidad completa del entramado.
De todos modos, pese a que las sociedades demandadas oficialmente tienen distintos administradores, este periódico comprobó cómo un único abogado y un único procurador las representaban a todas en la audiencia previa y defendían abiertamente los intereses de Arnaiz. Además, las sociedades denunciadas suelen celebrar sus juntas de accionistas el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora.
En conversación con Público, Arnaiz reconoció que es el dueño de las empresas demandadas, "en algunas de ellas junto con otros socios", y que el motivo de no aparecer al frente de ellas, de utilizar "personas que trabajan" para él, es porque ha "sido prudente". "No quiero estar en primera línea ni aparecer en los periódicos", señaló.
El urbanista asegura que sufre personal y profesionalmente una inmerecida mala fama que le ha obligado a no figurar directamente en algunas operaciones inmobiliarias: "Pones mi nombre en internet y aparezco como un corrupto en informaciones tergiversadas. Declaré en la comisión del tamayazo y quedó acreditado que no tengo nada que ver".
Arnaiz sostiene que puede tener "todas las empresas que quiera", a su nombre "o al de otras personas", porque trabaja para ayuntamientos en cuyos municipios desarrolla luego negocios urbanísticos, pero no es "un cargo público ni un técnico municipal". Preguntado por qué la verdadera titularidad de algunas de las sociedades está en dos notarías de Londres, el arquitecto respondió: "Me convenía fiscalmente que las acciones estuvieran allí". Ante la posibilidad de que esto sea un hecho delictivo, Arnaiz alegó que no es "un especialista en temas fiscales". "Si hubiera cometido algún delito de tipo fiscal, lo purgaré", añadió.
Leopoldo Arnaiz hace hincapié en que siempre que ha comprado suelo en un municipio donde él ha dibujado el plan urbanístico, lo ha hecho "una vez aprobado definitivamente el plan". "Nunca he comprado suelo rústico para después recalificarlo", afirmó. Con su trabajo para los ayuntamientos pierde dinero, argumenta. "No me pueden pedir incompatiblidad por la miseria que cobro a los ayuntamientos. Me presento a esos concursos porque me permiten conocer a propietarios de suelo que luego contratan a mi empresa".
El arquitecto matiza que no sólo trabaja para municipios gobernados por el PP: "He hecho un montón de planes urbanísticos en ayuntamientos del PSOE e incluso tengo trabajando en mi empresa a un ex director de Urbanismo de una Administración socialista".
Según datos de distintos registros mercantiles, Arnaiz ostenta 31 cargos en 24 sociedades, la mayor parte de ellas propiedad suya o de su familia, al margen del entramado opaco de 33 empresas. La denunciante también ha sido empleada, concretamente administradora, de algunas de las empresas oficiales del polémico empresario.
* Público - 22.09.10
Foto: Leopoldo Arnáiz, arquitecto imputado y sus sociedades - publico.es
El solar situado en la medinense calle del Rey ya es urbanizable
NORTECASTILLA/Valladolid* : La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medina del Campo ya ha aprobado de manera inicial la urbanización del solar situado en la calle del Rey y muy próximo a la Plaza Mayor de la Hispanidad, según confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, quien añadió que «todos los informes y expedientes de la Comisión de Patrimonio son favorables o positivos por lo que ahora se iniciará el plazo de exposición pública que estará abierto 30 días y en el que se podrán presentar alegaciones».
La parcela de 3 hectáreas, como concretó Rodríguez, albergará la construcción de 55 viviendas distribuidas en un bloque de pisos y contará con alguna zona verde. En la actualidad este solar anexo al edifico de las oficinas de la Seguridad Social y del ambulatorio hace las veces de parking gratuito.
La parcela de la calle del Rey, que permaneció bloqueada hasta el mes pasado, siempre ha sido un solar polémico. Varias asociaciones medinenses protectoras del patrimonio histórico de la provincia, ciudadanos particulares y partidos políticos de la oposición habían interpuesto multitud de recursos en el plazo de alegaciones a la aprobación del PGOU haciendo referencia al sitio histórico en el que está situado este terreno.
Según los recursos interpuestos en el punto donde se va ha levantar las nuevas viviendas fue el mismo lugar donde se alzó el Palacio Real de Isabel la Católica en Medina del Campo, a este respecto el concejal de Urbanismo aseguró hace un mes que todos los papeles están en regla y que el solar no se encuentra dentro del perímetro denominado sitio histórico «está delimitado, y dentro del proyecto que los arquitectos de la empresa han presentado, se contempla la zona donde se hicieron catas para averiguar las dimensiones del Palacio Real».
* El Norte de Castilla - 22.09.10
Foto: Excavaciones realizadas hace unos años en el solar del 'Sitio Histórico' del antiguo Palacio Real de Isabel la Católica, donde murió, y que ahora se pretende construir y eliminar todos los importantes restos arqueológicos encontrados - urbanismopatasarriba
Las ONG denuncian recortes del 50% en medio ambiente
PÚBLICO* : Un grupo de ONG ecologistas denunció ayer que el Gobierno planea dar un tijeretazo del 50% a los presupuestos para protección del medio ambiente en 2011. Según el director ejecutivo de SEO/Birdlife, Alejandro Sánchez, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua les convocó a finales de julio y anunció "recortes muy importantes". En los últimos días, un director general del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino les ha filtrado que el recorte puede alcanzar el 50% en los capítulos de protección de la naturaleza y cambio climático. Fuentes del departamento de Elena Espinosa juzgan "extemporánea" esta información, porque "los presupuestos todavía no están cerrados" y hablan de "austeridad".
Para Sánchez, los presupuestos de 2010 ya eran "ridículos", y una nueva amputación podría arruinar los planes de conservación puestos en marcha. Según los cálculos de las ONG WWF, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife, sólo el 12,8% del presupuesto del Ministerio en 2010 está dedicado a la protección del medio ambiente, frente al 70% consagrado a "subvencionar la agricultura y la pesca" y a un 14% para obras hidráulicas.
Las organizaciones, además, denuncian que los recortes ya han comenzado. Las subvenciones a proyectos de conservación de la naturaleza, aseguran, han sufrido un "recorte drástico" de más del 30% en 2010, de 1,2 millones de euros presupuestados a sólo 0,7 millones concedidos.
Y, como critica Sánchez, en el apartado de subvenciones para proyectos de lucha contra el cambio climático, en los que las ONG podían participar, "el recorte ha sido del 100%". El presupuesto para 2010, de 500.000 euros, no se ha llegado a ejecutar. A juicio de estas organizaciones, las cantidades para medio ambiente son "ridículas comparadas con los 6.500 millones de euros para subvenciones agrarias".
* Público - 21.09.10
Foto: La ministra Espinosa, en Orense, la semana pasada.EFE
Conde-Pumpido reclama respeto en la lucha contra la corrupción
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LAOPINIÓN* : El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha reclamado hoy a todas las fuerzas políticas y sociales "la confianza y el apoyo unánime de todos los demócratas honestos" al trabajo arduo e imparcial de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en la lucha de la corrupción. Conde-Pumpido, en el discurso pronunciado durante el acto de apertura del año judicial que preside el Rey, ha considerado que la corrupción "no se vincula a una u otra formación política", sino al "abordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que sólo militan en su propio afán depredatorio y en el desprecio de la legitimidad democrática".
El fiscal general ha alabado la objetividad y dedicación de los profesionales que se enfrentan a la batalla contra la corrupción, en especial de la Fiscalía especializada en esta materia, cuyo trabajo -ha dicho- arroja "un balance demoledor" que les convierte en un enemigo a batir a ojos de los delincuentes.
Lucha contra ETA
Conde-Pumpido ha destacado también que en la lucha contra ETA la novedad, "digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan", es que no hay novedad.
Así lo ha dicho el fiscal general, tras el reciente comunicado en el que la banda terrorista anunció un alto el fuego, durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial que preside el Rey, que ha comenzado citando las palabras del monarca el día de su proclamación: "Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio".
"Seguiremos haciendo cuanto el Estado de Derecho nos permita para que ni los asesinos, ni sus testaferros, ni quienes sirven a sus intereses usurpen con su presencia las instituciones democráticas", ha garantizado Conde-Pumpido.
* La Opinión de Málaga - EFE - 21.09.10
Foto: Fiscal General Estado, Conde Pumpido (archivo) - uimp.es
Siguen las protestas en Zarra
LEVANTE/Valencia* : Medio millar de vecinos de la comarca valenciana del valle de Ayora han continuado hoy con las protestas que se iniciaron este fin de semana contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Zarra, una decisión que consideran "casi un hecho". Así lo ha indicado a Efe una de las representantes de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, Llanos Doñate, durante la sentadas que hoy han realizado a la entrada de la central nuclear de Cofrentes.
Los manifestantes han cortado el tráfico durante más de una hora en la carretera que pasa frente a la central nuclear, hasta que agentes de la Guardia Civil han cortado las cadenas que unían a algunos de ellos y ha restablecido la circulación.
Con esta protesta, los vecinos han mostrado su voluntad "de ser escuchados", ha señalado Doñate, quien ha añadido que las protestas continuarán hasta que el Gobierno se pronuncie sobre la ubicación definitiva de la ATC.
"No tenemos prisas", ha aseverado la manifestante, a la vez que ha lamentado no haber "recibido el suficiente apoyo" de los grupos políticos de la Comunidad Valenciana y de Castilla La Mancha.
Doñate también ha criticado que el Consell se ha manifestado en contra de la instalación del ATC en Zarra "un poco tarde" y ha pedido que gente "relevante" de las Administraciones públicas apoyen su causa.
Durante la protesta, que se ha desarrollado bajo la vigilancia de una quincena de agentes de la Guardia Civil, los vecinos han gritado consignas como "No somos comarca basura" o "El cementerio a la Moncloa".
Las protestas contra el almacén de residuos nucleares continuará mañana en Madrid con una manifestación frente al Ministerio de Industria.
* Levante - EFE - 21.09.10
Foto: Vecinos de la comarca Valle de Ayora participan en la manifestación, convocada por la plataforma contra el cementerio nuclear de Zarra, llevada a cabo esta tarde ante la central nuclear de Cofrentes. EFE
Marbella.- Tres sentencias declaran que los pagos a Del Nido no estaban justificados
SUR/Málaga* : Tres recientes sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas pueden dar un giro inesperado al 'caso Minutas' en el que la Audiencia de Málaga juzga el pago por parte del Ayuntamiento de Marbella presidido por Jesús Gil de honorarios supuestamente irregulares al abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido. La Sala, en tres resoluciones distintas -contra las que sólo cabe ya un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo-, afirma que el pago de minutas por importe total de casi 14.000 euros a Del Nido no estuvo justificado y produjo perjuicio económico al consistorio marbellí.
Estos dictámenes revocan sentencias dictadas en primera instancia que en su día consideraron acreditados los honorarios que recibió el abogado por trabajos profesionales prestados en la etapa del GIL y que fueron recurridas por la Fiscalía y el actual consistorio de Marbella.
Lo que ha cambiado ahora, y que puede marcar tendencia con respecto a otras resoluciones posteriores, es una distinta valoración de la prueba por parte del tribunal, que analiza en su conjunto, y no individualmente, todos los pagos realizados a Del Nido durante la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella.
La Sala de Justicia asegura en estas tres resoluciones que ahora tiene «una visión de conjunto» de los pagos realizados y «conocimiento» del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella en el proceso penal contra Del Nido y Julián Muñoz, entre otros, que pone de manifiesto «la existencia de numerosos pagos similares» al abogado sevillano por distintas sociedades municipales, «lo que podría concluir que existía una presunta intención de despatrimonializar el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales».
En las tres sentencias, la Sala de Justicia analiza los pagos efectuados a Del Nido por la elaboración de formularios a las empresas municipales durante el proceso de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella. En concreto, las minutas abonadas por la empresa Control de Servicios Locales S. L., por importe de 6.971 euros; por Jardines 2000 S. L., por valor de 3.485, y por Suelo Urbano 2000 S. L. por la misma cantidad.
Así, recuerda que los mencionados formularios fueron remitidos por el Tribunal de Cuentas a las sociedades municipales del Ayuntamiento marbellí para «recopilar información extremadamente simple y general», como domicilio social, nombre de los administradores y gerente.
El tribunal recoge que en el pago de dichas minutas se incluían «innumerables consultas y ocho traslados a Marbella» para poder realizar los trabajos profesionales que «ni siquiera han sido acreditados».
El tribunal afirma que «ahora se puede apreciar que fue una práctica generalizada la de pagar importantes cantidades de dinero por servicios irregularmente contratados, de los que sólo se tienen descripciones confusas y genéricas y cuya utilidad, valor real y necesidad siempre aparecen dudosas».
* SUR - 22.09.10
Foto: José María del Nido, que está siendo juzgado por la vía penal, se enfrenta a trece años de cárcel.- diariosur
Empeoró el tránsito en los últimos tres años en Buenos Aires
26NOTICIAS/Argentina* : El viajar no es un placer en Buenos Aires. Así lo revela un estudio que realizó la empresa IBM en Buenos Aires y en otras 19 metrópolis consideradas las más importantes desde el punto de vista de los conflictos de tránsito en el mundo. Se entrevistó a 8192 personas de todos los continentes, incluyendo a 401 que viven en la Capital, en Pilar y en La Plata y que transitan habitualmente por la ciudad de Buenos Aires. El ranking la colocó entre las ocho peores para trasladarse. Antes se ubicaron Pekín, Ciudad de México y Johannesburgo, en los primeros tres puestos, seguidas por Moscú, Nueva Delhi, San Pablo y Milán. Finalmente, Madrid y Londres completaron el top ten.
Los datos oficiales lo confirman. Hace diez años ingresaban en la ciudad 750.000 vehículos por día. Hoy, son 1.316.000 vehículos diarios, y se estima que en diez años serán unos dos millones. Además, circulan diariamente 36.000 taxis, 6000 remises, 9800 colectivos, 330.000 motos y 50.000 camiones.
La mayor cantidad de autos particulares se refleja en las estadísticas del transporte público. Durante el primer cuatrimestre del año, bajó casi 7% la cantidad de pasajeros que usan trenes, subtes y colectivos, según las planillas del Indicador Sintético de Servicios Públicos que elabora el Indec y que confirmaron operadores privados de los servicios de transporte.
Hoy, las líneas de trenes metropolitanos transportan 3,4% menos pasajeros que en 2009, y los subtes y el premetro, 7,6%, lo mismo que las empresas de colectivo. Además, los pasajeros del ferrocarril Mitre fueron 9,9% menos que hace un año. En cambio, creció 4,7% el número de automóviles en la Panamericana. Lo mismo ocurrió en la zona oeste: el Sarmiento perdió el 8,4% de los viajeros, mientras que en el acceso oeste hubo 4,4% más vehículos.
Esto hace que casi seis de cada diez porteños consideren que el tránsito se agravó en los últimos tres años y lleva a que muchos ensayen nuevas formas para movilizarse.
¿Cómo cree que se pueden evitar los accidentes de tránsito?
Según el estudio de IBM, el 34% de los consultados va a trabajar en auto, pero ahora son menos los que viajan solos. Entre quienes cambiaron la forma de viajar, el 18% dijo que comenzó a compartir el viaje en auto con un compañero de trabajo o conocido que se moviliza hacia la misma zona. Esta modalidad se llama " car-pool " y ubica a Buenos Aires entre las ciudades que tienen estándares respetables al respecto.
También el 27% comentó que, a causa de los problemas del tránsito, trabaja más tiempo desde su casa. De hecho, según este ranking, Buenos Aires tiene la segunda mayor proporción de teletrabajadores: el 66% de los encuestados dijo trabajar por lo menos un día por semana desde su casa. Otra tendencia que surge del trabajo es que no son pocos los porteños que empezaron a caminar al trabajo, aunque sea alguno de los tramos más conflictivos para el transporte. El 10% de los encuestados dijo que camina para ir a trabajar o a estudiar, algo que coloca a la ciudad entre las que tienen más caminantes.
"El problema del tránsito es la consecuencia del uso excesivo y no jerarquizado de la calzada. Para revertir esta situación es necesario priorizar el transporte que asegure la movilidad de la mayor cantidad de personas. Esto es, el transporte público", apuntó Inés Schmidt, docente investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
"Efectivamente, los pasajeros están buscando alternativas. La ciudad necesita de manera imperiosa elaborar, discutir y acordar un plan integral. Hasta hoy sólo se han implementado medidas tan espasmódicas como incongruentes. Mientras se peatonalizan algunas callecitas del centro porteño para desalentar el uso del automóvil particular, simultáneamente se inician obras faraónicas para incrementar la capacidad de estacionamiento vehicular del propio macrocentro, tal como se intentó en el subsuelo del parque Las Heras, lo que no haría más que inducir mayor tránsito", consideró el arquitecto Guillermo Tella, investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
"Buenos Aires cuenta con un alto número de servicios de transporte urbano de pasajeros y una extensa red vial, que moviliza a millones de pasajeros diariamente. Sin embargo, el sistema se encuentra saturado y la congestión vehicular tiene cada vez mayor impacto sobre la calidad de vida de la población", agregó Tella.
Algo positivo
Según el estudio, en Buenos Aires el 25% de los encuestados manifestó no haber participado nunca de un embotellamiento y el 43% indicó que éste nunca superó los 30 minutos. Estas cifras posicionan muy bien a la ciudad si se compara el resultado con el resto de las involucradas en el estudio. Moscú, por ejemplo, registra las demoras más largas, de un promedio de 2 horas y media.
"El estudio es bastante acotado en número de casos, pero, en términos relativos, sirve mucho para comparar las ciudades. Hay un indicador que refleja que no estamos tan mal, y es el dato de que son muy pocos los porteños que estuvieron en un embotellamiento", dijo Guillermo Dietrich, subsecretario de Transporte porteño.
EN DETALLE
El ranking . Según el estudio de IBM, las diez peores ciudades del mundo en materia de tránsito son Pekín, Ciudad de México, Johannesburgo, Moscú, Nueva Delhi, San Pablo, Milán, Buenos Aires, Madrid y Londres.
Vehículos . Según cifras oficiales, hoy ingresan por día en la ciudad 1.316.000 autos. Además, circulan 36.000 taxis, 6000 remises, 9800 colectivos, 330.000 motocicletas y 50.000 camiones.
Transporte público . Los trenes metropolitanos transportaron en los primeros meses de este año 3,4% menos de pasajeros que hace un año. En cambio, creció el 4,7% el número de autos particulares que circulan por la Panamericana.
Atascamientos . El 25% de los encuestados dijo no haber participado nunca de un embotellamiento de tránsito y el 43% afirmó que éste nunca había superado los 30 minutos.
Cambios . El 34% de los encuestados dijo que va a trabajar en auto; el 18% afirmó que comenzó a compartir el auto; el 27% dijo que procura trabajar más tiempo en la semana desde su casa para evitar el tránsito, y el 10% dijo que camina para ir a trabajar o a estudiar, lo que coloca a Buenos Aires entre las ciudades del mundo con más caminantes.
QUE DICE LA GENTE
EMILIANO BRUKETA
Motociclista, 32 años
Me estresa mucho el tránsito en la ciudad. Esto es un caos. Me parece que, desde hace un año, está peor. Además, la gente está cada vez más loca en la calle.
DANIELGOLDBERG
Programador, 25 años
"Por mi trabajo, tengo que ir y venir del centro y el tránsito me estresa un montón. Voy en auto y trato de evitar las horas pico y, si puedo, trabajo desde mi casa".
TIRSO GOMEZ
Relacionista público, 29 años
"Vengo de Barrio Norte y siempre tardaba 20 minutos para llegar hasta el centro. Ahora, tardo más por todas las obras que se están haciendo y porque hay más autos".
MARIA EUGENIA CURA
Estudiante de Ingenieria, 22 años
"Trabajo en Belgrano, estudio en Puerto Madero y vivo en Acassuso. El viaje de vuelta a mi casa, en general, insume una hora y media. Aumentó mucho el tránsito en los últimos dos años".
* 26 Noticias - 22.09.10
Foto: Buenos Aires, vista - britannica.com
Llanes.- La juez anula la adjudicación del plan general, en un nuevo varapalo al urbanismo local
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LNE/Asturias* : El Ayuntamiento de Llanes ha recibido un nuevo varapalo judicial, el enésimo en materia de urbanismo. Los tribunales de justicia han anulado la adjudicación de la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), lo que obligará al organismo local a empezar otra vez de cero la redacción del futuro planeamiento; esto es, a regresar al punto en el que se encontraba hace casi dos años. La sentencia es firme. El Ayuntamiento deberá pagar 19.200 euros a una de las empresas que participó en el concurso, la que, según la juez Pilar Martínez Ceyanes, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Oviedo, debió ser la adjudicataria. Y habrá de convocar de nuevo el concurso para la redacción del planeamiento.
El Ayuntamiento ha perdido dos años en la carrera contra el reloj que había iniciado, de la mano del Gobierno del Principado, para aprobar un nuevo plan general antes de que el Tribunal Supremo corrobore o rechace la anulación del anterior planeamiento, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
¿Por qué ha anulado la juez la adjudicación de la redacción del plan? Porque el Ayuntamiento debió haber declarado ganadora a otra empresa, la de Carmen Andrés Mateos y Llanos Masiá González, las mismas que recurrieron la adjudicación, en lugar de a Equipo Redactor Malt S. L. La juez dejó bien claro que la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó la redacción del plan, el 14 de enero de 2009, presentó una oferta peor y debió obtener menos puntos que la que fue desechada.
La juez destaca en la sentencia que sólo uno de los integrantes de la mesa de contratación señaló, de forma justificada y motivada, que la oferta de Carmen Andrés y Llanos Masiá era mejor que la de Malt S. L. Claro que esa persona era, precisamente, el único técnico especialista en la materia de la mesa, el arquitecto Manuel Carrero de Roa. Los demás eran representantes políticos. Pero no sólo lo ha dicho Carrero de Roa, también un informe del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, encargado por la juez, señaló, «sin ningún género de dudas», que la superioridad de las recurrentes sobre Malt S. L. es «notoria» en el apartado «Programa de trabajo» y es igualmente superior en «Actividad investigadora», «Actividades docentes» y «Publicaciones», todas ellas puntuadas en el concurso.
La sentencia es contundente: la juez afea al Ayuntamiento que haya utilizado el «margen de discrecionalidad de que goza la Administración a la hora de valorar las ofertas» para caer «de lleno en la arbitrariedad». Sobre todo porque los dirigentes locales respaldaron su decisión de adjudicar la redacción del plan a Malt S. L. con un informe que la propia juez califica de «anónimo», puesto que no está firmado y fue encargado «en el propio seno del Ayuntamiento», en concreto a la oficina municipal de Urbanismo.
El informe, que avaló la elección de Malt S. L., adolece, según la juez, de una «absoluta falta de motivación», que es «meridiana y patente» cuando se intenta justificar la puntuación otorgada a los candidatos, atribuyendo a Malt S. L. «criterios tan genéricos» como «mejor encuadre urbanístico global», «mejor expresión metodológica, sistematización y tiempos» o «mejor propuesta respecto a participación e información ciudadana». Frases vacías con las que, según la juez, se intentaron «rellenar artificialmente» los criterios del concurso.
* La Nueva España - 21.09.10
Foto: Llanes (Asturias) - lavozdegalicia.es
Barcelona.- El fiscal reclama de nuevo la declaración de Millet y de Montull por el hotel
ELPERIÓDICO* : La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la jueza Míriam de la Rosa que cite de nuevo a declarar como imputados al expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull, a raíz de la investigación abierta por el hotel de lujo que se pretendía construir en las cercanías del auditorio. En el caso de que la magistrada decidiera admitir la petición del fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, sería la tercera vez que los exdirectivos del Palau tengan que declarar por presunto tráfico de influencias, prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental. La intención es que los imputados aclaren el pago de 900.000 euros a la constructora Olivia Hotels.
El fiscal ha solicitado la comparecencia de nuevos testimonios --la mayoría, personal de la Administración-- y varios documentos. Esta declaración será posible gracias a la admisión de nuevas pruebas que no se conocían cuando los imputados comparecieron por primera vez, en el mes de junio. Durante la segunda declaración como imputados, el 9 de septiembre, la defensa de Millet y Montull consiguió evitar que se les preguntara por esas pruebas, argumentando que el interrogatorio debía limitarse a cuestiones relativas a la ampliación de la querella.
* El Periódico - 20.09.10
Foto: Barcelona, interior Palau_Musica - eldebat.cat
Ecologistas piden a la UE una investigación sobre los rellenos en Gibraltar
SUR* : Verdemar-Ecologistas en Acción anunció ayer que va a exigir a la Unión Europea (UE) que abra una investigación sobre los rellenos que se realizan en la zona Este de la colonia británica de Gibraltar, declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Según explicó el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, en 2005 comenzaron a movilizarse para mostrar su preocupación por este asunto, enviando misivas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y llegando a reunirse con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otras autoridades, para que este tipo de acciones fuesen paralizadas.
El portavoz ecologista justificó la necesidad de que la Unión Europea tome cartas en el asunto, argumentando que Gibraltar está ganando terreno al mar en un LIC, apuntando además las sospechas de Verdemar de que puedan estar utilizándose para dichos rellenos «residuos peligrosos».
Según la información recopilada por Europa Press, el Gobierno central ha transmitido «repetidas veces» al Reino Unido su preocupación por las consecuencias medioambientales que puedan acarrear las labores de relleno que se realizan en la zona Este del Peñón para construir zonas deportivas y residenciales.
Finalmente, Muñoz también reiteró que Verdemar-Ecologistas en Acción pedirá una investigación sobre este asunto ante la UE, donde, a instancias del colectivo, continúa un proceso contra el bunkering a través de gasolineras flotantes en aguas del Estrecho.
Recientemente, los ecologistas también anunciaron una denuncia ante el Parlamento Europeo pidiendo su intervención por las «explosiones submarinas» de «material militar caducado» que supuestamente lleva a cabo el Ministerio de Defensa Británico en aguas del Estrecho cercanas a Gibraltar.
Esta denuncia también ha sido realizada públicamente por el Ayuntamiento linense, ya que se considera que estos trabajos de relleno en la cara Este del Peñón está afectando a las playas del litoral de La Línea y pueden suponer un riesgo importante a corto plazo para el medio ambiente.
* SUR - 20.09.10
Foto: El montón de arena de considerables proporciones que se aprecia en la zona Este de Gibraltar.- diariosur.es
Castilla y León.- El juez del 'caso Gürtel' pide nuevos informes sobre la adjudicación de obras en la región
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NORTECASTILLA* : El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre varios informes policiales que apuntan a tres adjudicaciones a empresas implicadas en la trama corrupta que alcanzan al Gobierno de Castilla y León, según indicaron a fuentes jurídicas. Asimismo, las mismas fuentes señalaron que una de las adjudicaciones anteriormente señaladas se refiere a un centro de residuos en la ciudad de Salamanca, cuya construcción se adjudicó por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa, implicadas en la trama corrupta.
Otra de las adjudicaciones se relaciona con la adjudicación de la variante de Villanueva de Mena, en la provincia de Burgos.
El alcance de la trama a la Junta de Castilla y León ya estaba patente en el sumario. Así, consta un informe que indica que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre dirigentes del Partido Popular, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.
* El Norte de Castilla - EP. - 21.09.10
Foto: Olleros (León) - mispueblos.es
Anticorrupción se opone a que Boadilla asuma una deuda de Correa
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ELPAÍS/Madrid* : La fiscalía anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad financiera. La última palabra la tiene el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI.
La empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez Pedreira.
Los locales comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.
Este empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo.
Pero un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el canon.
El juez Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal confidencial a las empresas de la trama Gürtel.
Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una de las zonas comerciales más importantes del municipio.
* El País - 20.09.10
Foto: Algunos de los locales cedidos por el Ayuntamiento de Boadilla a la empresa de Correa - elpais.com
'Malaya': Cuenta atrás para juzgar la mayor trama de corrupción
SUR/Málaga* : Hace cuatro meses que la fecha está registrada en varios centenares de agendas. 27 de septiembre. 10.00 horas. La anotación, sin embargo, apenas ha sido consultada desde entonces. Mucho menos en las últimas semanas. No hay riesgo de que ninguna de las partes implicadas se olvide. Funcionarios de la Administración de Justicia, periodistas y abogados, entre otros, tienen muy presente que dentro de ocho días echará a andar, con las cuestiones previas, el juicio por el caso más célebre de la historia de la democracia española, el único que ha originado la disolución de una Corporación municipal. Cuatro años y medio después de que se destapara el 'caso Malaya', los 95 acusados en el procedimiento se sentarán en el banquillo para responder por la supuesta trama de corrupción municipal acunada en Marbella, aunque con ramificaciones patrimoniales y bancarias en buena parte del territorio nacional y vinculaciones bancarias en el extranjero, cuyos ecos mediáticos resonaron en medio mundo.
27 de septiembre. 10.00 horas. Son los penúltimos números -los últimos llegarán con la sentencia- de una causa marcada por las cifras, que han permitido esbozar la trascendencia del procedimiento y la relevancia de las presuntas actividades delictivas que se atribuyen a los acusados. No en vano, 'Malaya' se ha convertido por méritos propios en el mayor macroproceso de la historia judicial de nuestro país. El caso llegó a superar el centenar de imputados, aunque finalmente serán 95 las personas juzgadas, para las que, en su conjunto, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de 450 años de cárcel y reclama multas que superan los cuatro mil millones de euros.
Durante la instrucción se archivaron las actuaciones respecto a varios encausados y se extinguió además la responsabilidad penal sobre tres imputados debido a su fallecimiento. El número definitivo de procesados quedó en 98, pero, salvo sorpresa de última hora, ni los ex concejales Carlos Fernández y Javier Lendínez ni el empresario José Manuel Carlos Llorca Rodríguez se sentarán en el banquillo de los acusados. Los tres se encuentran huidos de la justicia y han sido declarados en rebeldía por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, tribunal encargado de juzgar el caso.
Quien sí estará será el principal acusado, Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama de corrupción. La Fiscalía le considera el jefe de la organización delictiva, el hombre que durante lustros dominó el urbanismo de Marbella a la sombra del desparecido ex alcalde Jesús Gil, primero, y que se convirtió en el auténtico regidor de facto del Ayuntamiento, después. La mayor parte de las cifras de 'Malaya' están relacionadas con el ex asesor que, según el Ministerio Público, consiguió amasar una fortuna de más de 200 millones de euros en apenas una década.
Entre los bienes intervenidos a Roca por la Policía durante los registros practicados entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 2006 se dieron cita varias fincas, palacios, un hotel, obras de arte, un avión, un helicóptero o ganaderías de toros bravos y caballos pura sangre. Según la Fiscalía, el presunto cerebro de la trama recibía aportaciones de empresarios a cambio de resoluciones urbanísticas favorables y utilizaba parte de ese dinero para supuestamente corromper a los concejales del Consistorio marbellí que a partir de la próxima semana se sentarán a su lado en el banquillo de los acusados. Entre ellos, dos ex alcaldes: Julián Muñoz y Marisol Yagüe.
Treinta años para Roca
Los investigadores cifran en más de 33 millones de euros la cuantía recibida por Roca entre 2001 y 2006 por parte de una veintena de empresarios. Calculan además que a través de las 71 sociedades vinculadas al ex asesor urbanístico, gestionadas por sus supuestos testaferros, se blanquearon cerca de 240 millones de euros. Por todo ello, el Ministerio Público pide para el acusado una pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa por un delito continuado de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización delictiva en la que ostentaba la cualidad de jefe y los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. La petición de pena para Roca se amplía en el caso del resto de acusaciones. El Ayuntamiento de Marbella solicita 39 años de prisión para el ex asesor urbanístico, mientras que la Junta de Andalucía eleva la demanda hasta los 40 años.
En el caso de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Anticorrupción reclama para ella 20 años de cárcel. Su antecesor, Julián Muñoz, se enfrenta a una pena de diez años de prisión, mientras que para la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el Ministerio Público demanda al tribunal doce años de cárcel.
Entre los números vinculados al 'caso Malaya' no existe, sin embargo, un cálculo del supuesto perjuicio ocasionado a las arcas municipales. La indemnización que la Fiscalía establece para el Ayuntamiento de Marbella es de más de 4,1 millones de euros, alrededor de un uno por ciento de los más de 4.000 millones de euros exigidos en multas. El equipo de Gobierno considera la cantidad ridícula, aunque en su escrito de acusación solo suma diez millones más en concepto de responsabilidad civil. El Ministerio Público refleja también en este ámbito las supuestas cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria por parte del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito, a los que reclama indemnizaciones a Hacienda de más de seis millones.
Pero 'Malaya' no es solo un caso de ciencias, también hay letras. Entre estas últimas, las iniciales de la documentación intervenida en los registros que permitió a los investigadores descubrir a los empresarios que supuestamente entregaron dinero a Roca y a los entonces ediles a los que el ex asesor urbanístico supuestamente pagó para que se cumplieran sus directrices a la hora de aprobar licencias de construcción. También las del decreto del Gobierno central por el que se disolvió la Corporación municipal para crear una gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento hasta las elecciones de 2007, una medida extraordinaria en la historia de la democracia.
Durante un tiempo parecía que la corrupción era patrimonio exclusivo de Marbella, pero 'Malaya' abrió la veda para que se destapara un importante número de causas por delitos similares que ha salpicado buena parte del territorio nacional. Cuatro años y medio después la Audiencia Provincial abre el telón para que de comienzo al último acto judicial del proceso. En ocho días se juzga parte de la historia más negra de Marbella.
LAS CIFRAS DEL CASO
4.000
millones de euros es la cifra a la que ascienden las multas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción a los 95 acusados en el 'caso Malaya'.
450
años de cárcel pide para los encausados el Ministerio Público, que solicita para el supuesto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, treinta años de prisión.
240
millones de euros se habrían blanqueado a través de 71 sociedades vinculadas al principal acusado, según establecen las investigaciones.
200
millones de euros es la fortuna que, según Anticorrupción, amasó en una década Roca, al que una veintena de empresarios habrían pagado 33 millones entre 2001 y 2006 por resoluciones urbanísticas favorables.
4,1
millones de euros es la indemnización que, en concepto de responsabilidad civil, solicita la Fiscalía para el Ayuntamiento de Marbella. El equipo de Gobierno considera la cantidad ridícula para el dinero «expoliado» de las arcas municipales.
* SUR - 19.09.10
Foto: El 'caso Malaya' se destapó el 29 de marzo de 2006, cuando la Policía tomó el Ayuntamiento de Marbella para registrar sus instalaciones.- SUR
Cadenas en el Valle de Ayora contra el almacén nuclear de Zarra
LEVANTE/Valencia* : Miles de vecinos de la comarca del Valle de Ayora --unos 2.000 según la organización-- han cortado este lunes las dos carreteras de acceso a la localidad valenciana de Ayora en ambos sentidos tras encadenarse a las vías en protesta por la posible instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Zarra, sito en la misma comarca. Así lo ha explicado a Europa Press el portavoz de la Plataforma contra el almacén de residuos nucleares en Zarra (Valencia), Pepe Cerdà, quien ha señalado que en primer lugar los vecinos se han encadenado en la carretera N-330, a su paso por Ayora, y a continuación han hecho lo mismo con la CV-440.
La N-330 es la vía de acceso a la Central Nuclear de Cofrentes y no puede permanecer cortada al ser una carretera de evacuación en caso de accidente. Con esto, ha remarcado Cerdà, los vecinos quieren mostrar al Ejecutivo español de lo que son capaces con tal de evitar la instalación del almacén nuclear en Zarra.
Durante la protesta, los manifestantes portaban pancartas y camisetas en las que se podía leer lemas como 'No queremos el ATC en Zarra', 'No somos una comarca basura', 'Ni un solo bidón radioactivo va a entrar al Valle de Ayora' o 'No nos engañeis, trabajo no dareis', a la vez que los vecinos, con "los ánimos muy encendidos", según Cerdà, coreaban a gritos estas consignas.
La Plataforma contra el ATC de residuos nucleares en Zarra ya cortó en la tarde del pasado domingo la autovía que une Madrid-Alicante, a la altura del término de Almansa (Albacete) y tiene programado el próximo miércoles, a las 12.00 horas, una concentración en Madrid frente al Ministerio de Industria y otra el jueves frente a la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.
En la concentración frente al Ministerio exigirán que les muestre el informe que presentó al Consejo de Ministros la Comisión Interministerial encargada de elegir el emplazamiento más adecuado para el ATC de residuos nucleares en el que la candidatura de Zarra obtiene la mejor puntuación
Esta última concentración está convocada por la Plataforma Tanquem Cofrents, que en un comunicado ha hecho una llamada a la sociedad civil, a las instituciones y a la ciudadanía para que acudan a las 19.30 horas a las puertas de la Delegación de Gobierno para expresar su rechazo a la instalación del ATC en el municipio de Zarra.
"NO SE PUEDE DESARROLLAR UN PAI"
Asimismo, el representante de la Plataforma ha acusado al Gobierno de "mentir" ya que, a su juicio, "no tiene disponibilidad inmediata de los terrenos" puesto que "no se puede desarrollar un Plan de Actuación Integral (PAI)" en esta zona. En el informe, Zarra obtiene una calificación de "muy bueno" en once de las veinte categorías evaluadas, incluidas las de calificación urbanística, topografía, actividades nucleares o distancia de transporte, entre otras.
Algunos representantes de la Plataforma contra el ATC en Zarra se reunirán sobre las 18.30 horas del lunes con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, el portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, y la secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, en la sede valenciana de la formación socialista para abordar la instalación del ATC, según ha informado este lunes el PSPV en un comunicado.
* Levante - 20.09.10
Foto: Coches en la protesta de ayer en la A-31 en Almansa.- Levante
Córdoba: El dilema de ser juez y parte
ELPAÍS* : Las naves ilegales que el constructor y joyero Rafael Gómez, alias Sandokán, levantó en Córdoba, bajo el gobierno de Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, son una constante fuente de paradojas. Quien era regidora bajo las siglas de Izquierda Unida, vio cómo el TSJA dinamitaba el plan especial urbanístico que la propia empresa de Sandokán, Arenal 2000, había redactado para normalizar ese espacio (la carretera de Palma del Río) y legalizar la mayoría de las naves. El proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento, con el apoyo de IU y PP. La Consejería de Obras Públicas, como el PSOE municipal, puso el grito en el cielo y recurrió. En 2008, los jueces les dieron la razón y rechazaron el plan, básicamente, por provenir de un particular.
Dos años después, las cosas han cambiado. Y de qué manera. La alcaldesa es ahora consejera de un gobierno del PSOE. Además, su cartera es precisamente Obras Públicas. Mientras, el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a presentar un plan especial -redactado ya por sus técnicos- que, a falta de que sea aprobado definitivamente, incluiría otra vez la legalización de más de la mitad de las naves (sólo se derribarían el 37,5% de sus 40.000 metros cuadrados). En junio, se dijo que el documento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se había elaborado "de la mano" de la Junta, para evitar problemas. Así, la solución porcentual, en el caso de las naves de Sandokán, supondría un "ni para ti ni para mí". Es decir, ni el 50% de derribo que como mínimo se había venido planteando la Junta, ni el 25% que defendía el Ayuntamiento.
Pero a pesar de los buenos augurios, algo ha chirriado. La semana pasada, se conoció el informe que la delegación de Obras Públicas ha enviado al Consistorio. El documento es preceptivo pero no vinculante (no es de obligado cumplimiento) y en él se vuelven a criticar importantes puntos del plan especial de la GMU, como ya hizo con el primer plan rechazado por el TSJA. Uno de los puntos de fricción estriba en el tamaño de la superficie de la parcela de las naves de Sandokán. El informe critica fundamentalmente los usos de explotación y los porcentajes de ocupación que permite el plan del Ayuntamiento.
Y es que, las cosas han podido cambiar mucho en las altas esferas. Pero más abajo, no tanto. El actual delegado de Obras Públicas, Francisco García, ocupaba el mismo cargo en el anterior proceso que rechazó el primer plan especial. "Y él siempre ha sido muy coherente y consecuente con sus ideas", señalan fuentes de su partido, el PSOE. "Él es un técnico. Igual que quienes han redactado el informe. Y si ven que sigue habiendo deficiencias, lo dicen. No importa quién esté al frente de la Consejería", prosiguen. García es, además, un veterano socialista y responsable de la agrupación local en Córdoba.
A pesar de insistir en que no hay ningún problema en el seno del PSOE, las mismas voces reconocen lo kafkiano de la situación y lo complejo que es explicar políticamente el viraje dado. Porque todo el mundo tiene claro que, esta vez, la Junta no va a recurrir al Tribunal Superior la aprobación definitiva del plan, a pesar de seguir encontrando problemas de fondo. De hecho, la consejera Aguilar ya ha dado luz verde y ha pedido que el Ayuntamiento siga adelante. Mientras que el secretario provincial del PSOE y candidato a la alcaldía, Juan Pablo Durán, ha respaldado esta semana la solución municipal, subrayando que "es ejemplar". En una posición más incómoda queda ahora el PSOE municipal. Durante esta legislatura, Rafael Blanco, portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha defendido la tradicional tesis de la Junta y del grupo municipal, que pedía mayor dureza con este caso.
Así pues, todo el mundo da por seguro que la Consejería de Obras Públicas no recurrirá por segunda vez. Pero parece que sí lo harán los particulares que pueden verse afectados por el Plan del Ayuntamiento, como han anunciado. Ya alegaron al anterior proyecto y algunos ya han dicho que repetirán. Y como argumentación para sostener sus recursos van a tener el informe crítico de Obras Públicas. De esta manera, el plan de la Carretera de Palma llegará a los tribunales (otra vez). Y en esta ocasión los magistrados tendrán que tratar el fondo del asunto y no, básicamente, si éste debía haber sido redactado por un particular o una administración, como ocurrió en el primer informe.
* El País - 20.09.10
Foto: Córdoba, panorámica naves Colecor - abc.es
Gallardón deja de pagar la factura del alumbrado de la M-40
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ELPAÍS/Madrid* : Desde el pasado 1 de septiembre el Ayuntamiento no paga los gastos de alumbrado de la carretera M-40. La capital ha tomado la decisión de dejar de asumir el pago de competencias que no le corresponden y este es su primer paso. En una carta remitida el pasado 14 de julio al ministro de Fomento, José Blanco, la concejal de Obras Públicas, Paz González, justifica su decisión en que "los recursos municipales están extraordinariamente comprometidos" para cumplir con sus propias competencias, en la denegación, mediante decreto, de endeudarse en 2011 y en el "estrangulamiento" causado por la imposibilidad de refinanciar su deuda que ya asciende a 7.314 millones de euros.
Fomento, que no ha respondido a la misiva hasta dos meses después, advierte al Ayuntamiento de que la falta de iluminación de la M-40, "con intensidades de tráfico en algunos puntos superiores a los 100.000 vehículos al día", produciría "un importante menoscabo en las condiciones de seguridad vial". La misiva continúa e invita a un acuerdo conjunto entre ambas administraciones con "el tiempo necesario para adecuar, en su caso, las nuevas responsabilidades".
Eso sí "mientras no se produzcan nuevos acuerdos debe mantenerse la iluminación de la M-40 en las condiciones actuales", advierte el representante del Ministerio.Ante la amenaza del Ayuntamiento, un portavoz del Ministerio aclaró a este periódico que "los madrileños no tienen de qué preocuparse" porque, en caso de impago, Fomento adelantaría el importe correspondiente con tal de evitar que una de las principales circunvalaciones de la ciudad se quede a oscuras. "Estamos dispuestos a dialogar sobre cualquier asunto, incluido el de ceder la gestión de la M-40 al Ayuntamiento". Un extremo que la corporación municipal ni se plantea.
El acuerdo por el que el Ayuntamiento tiene que abonar el consumo, mantenimiento y conservación del alumbrado de la carretera, de titularidad estatal, se remonta a 1990, durante el breve periodo de gobierno de Agustín Rodríguez Sahagún (CDS). Sahagún desbancó a Juan Barranco, que fue el que firmó en 1986 el primer convenio sobre la M-40 por el que el Ayuntamiento se involucraba, junto al entonces Ministerio de Obras Públicas y la Comunidad de Madrid, en la construcción y financiación de la carretera.
Las arcas municipales asumen desde entonces los gastos derivados de la iluminación de todo el cinturón de 63 kilómetros, excepto del tramo correspondiente a Pozuelo y el del túnel del Pardo que sí asume el Ministerio.
Pero ahora corren otros tiempos y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido plantarse. La concejal justifica la rebelión en que esa "obligación carece de respaldo jurídico en el marco competencial vigente" y aprovecha en la carta para recordar al ministro que el Ayuntamiento paga incluso la iluminación de los "tramos ajenos al término municipal de Madrid", como es el caso de Leganés, Alcorcón o Pozuelo.
En un contexto de asfixia por la imposibilidad de refinanciar su deuda de 7.314 millones de euros y por el retraso en el pago a los proveedores -que en algunos casos supera los ocho meses- cualquier ajuste supone un respiro.
El ahorro de esta partida, según cálculos del Ayuntamiento, asciende a 1.338.960. Una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que la última medida de contención de gasto puesta en marcha por el Consistorio, el cierre de todas las dependencias municipales a las cinco de la tarde, supone un ahorro similar.
La factura por la iluminación de la M-40 se desglosa en dos conceptos: el recibo de la luz de las 5.737 farolas que se mantienen encendidas aproximadamente 11 horas al día que asciende a 880.000 euros anuales y los gastos de conservación y mantenimiento, que suponen otros 458.960 euros.
"Entendemos que el Gobierno ha tomado la decisión de asfixiar a Madrid y entonces Madrid decide asumir sólo los gastos correspondientes a nuestras competencias", declaran fuentes municipales. "No es justo cargar a los madrileños con gastos en infraestructuras que son competencia del Gobierno. Que cada uno pague lo suyo", reivindica la misma fuente.
Y como advierten desde el Ayuntamiento, esto es solo el principio. La intención es empezar a soltar lastre y liberarse de todos aquellos gastos que, según la Ley de Bases de Régimen Local, corresponden a competencias impropias. Es decir, los servicios que asumen los ayuntamientos, pero que competerían a las Comunidades Autónomas o al Estado.
La capital destina 1.187 millones de euros -casi una cuarta parte de su presupuesto- al pago de estos servicios. Y ante las escasas vías de financiación con las que cuenta la capital, las diferentes áreas de gobierno ya están revisando todos los convenios con otras administraciones para empezar a rescindir aquellos cuyo incumplimiento no afecte directamente al ciudadano. Esto es el mantenimiento de las 32 escuelas infantiles de titularidad municipal por el que se pagan 64 millones de euros, las ambulancias del Samur y los servicios de atención sanitaria que suponen otros 48,37 millones, la ayuda a la dependencia, la seguridad o el fomento del empleo.
El siguiente paso será suspender las subvenciones del próximo año a la Casa Asia (807.500 euros), a la Casa Sefarad-Israel (450.000 euros) y a la Casa Árabe (500.000), dependientes del Ministerio de Exteriores. El Ayuntamiento está estudiando esta posibilidad y aunque no la ha comunicado oficialmente, ya ha informado verbalmente a los responsables de los centros. El ahorro en este caso asciende a 1.757.000 euros.
"El argumento es el mismo que con la M-40. Mientras el Estado vaya cortando todas las vías de financiación y limitando la refinanciación de la deuda, nosotros iremos dejando de sufragar los gastos de mantenimiento de las Casas", explican fuentes municipales.
"En muchas ocasiones se han cedido edificios para instituciones del Estado, pero ahora no quieren reconocer ese esfuerzo fiscal que llevamos haciendo desde hace años", reprochan desde el Ayuntamiento. Es el caso de estos centros culturales a los que el gobierno municipal, en virtud de los diferentes convenios firmados con la Comunidad y el Estado, concede una sede, generalmente en un edificio emblemático y se compromete a subvencionar parte de su actividad.
Intercambio de cartas
- La concejal de Obras, Paz González, se dirigió por escrito al ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 14 de julio. La edil no recibió respuesta hasta ayer, con otra carta fechada el 14 de septiembre.
- La edil mantiene en su misiva que la obligación del Ayuntamiento de asumir el coste del consumo y mantenimiento del alumbrado de la M-40, que se remonta a 1990, "carece de respaldo jurídico en el marco competencial vigente, toda vez que se trata de una infraestructura viaria de titularidad estatal que discurre por los términos municipales de varias entidades locales".
- El Ministerio de Fomento responde al Ayuntamiento que esa responsabilidad "no debería verse alterada" y continúa: "Cualquier modificación de lo establecido debe realizarse mediante acuerdos conjuntos".
* El País - 17.09.10
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
'Caso Brugal': La Policía cree que Fenoll planteó sobornar a Ripoll con el dinero que ganó con la finca
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LEVANTE/Alicante* : Los intereses del empresario oriolano Ángel Fenoll para hacerse con el negocio de las basuras llegaron hasta Villena y si para obtenerlos había que "tantear" al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, se hacía. Según el informe policial integrado en el sumario sobre la investigación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, Fenoll estaba dispuesto a ofrecer a Ripoll una parte del dinero que ganó con la venta a Ortiz de la finca La Pistola a cambio de que el presidente intercediese en favor de sus intereses. Según el informe, Fenoll buscó favores de Ripoll para sacar provecho de una inversión previa en suelo que había efectuado en Villena vinculada, según la Policía, a la previsible construcción de una planta incineradora de basuras.
En todo momento, el mediador de nuevo vuelve a ser Rafael Gregory, quien conversa en varias ocasiones con Fenoll sobre una finca en Villena de la que quiere que Ripoll esté "muy pendiente".
Y es que el informe policial refleja que, según se desprende de las conversaciones, Fenoll no podía malgastar los 200.000 euros que pagó por unos terrenos en Villena, los cuales podrían servir para ubicar la futura planta incineradora, planteada en Villena, de la que no se ha sabido nada en los últimos meses tras el rechazo popular.
El informe no apunta a una información previa del empresario para hacerse con los terrenos, pero Fenoll compró tierras en Villena (vuelve, además, a usar la metáfora de "los limones" para referirse a las fincas) que luego rentabilizaría con la incineradora de residuos en la que Fenoll, según el informe policial, tenía interés en su adjudicación, construcción y explotación. Los negocios de Fenoll en Villena aparecen vinculados en el informe policial a las presuntas contraprestaciones que desde la Diputación provincial se otorgarían al empresario oriolano al desembolso económico en la televisión local Canal 37. Rafael Gregory era el encargado de hacer llegar al presidente los mensajes de Fenoll, según deduce en el informe policial.
En referencia a estos "negocios" en Villena, la Policía cita claramente cómo de nuevo Fenoll y Gregory utilizan un lenguaje cifrado para entorpecer la labor policial, casi siempre recurriendo a términos agrícolas. La referencia a "los limones" la empleaban, según el informe policial, para referirse a las fincas que adquirió Fenoll, aunque también se apunta a que podría tratarse de otros terrenos o inmuebles.
Lucha vecinal
Villena es una de las localidades donde la Generalitat Valenciana planteó una planta incineradora de residuos (se llegó a barajar también Xixona) y prácticamente se daba por hecho su instalación, si bien una fuerte oposición vecinal consiguió paralizar la decisión. Se trata de una de las poblaciones de la provincia con un fuerte movimiento popular en contra de la política autonómica de residuos, al igual que lo ha sido la pedanía de Torremendo para evitar la instalación de un vertedero en sus límites.
"No es pedir y ya está, nosotros arreglamos los temas"
FENOLL Y GREGORY
22 de septiembre de 2009
Gregory llama a Ángel Fenoll nada más terminar una breve conversación telefónica con José Joaquín Ripoll en la que se citaron para el día siguiente.
Fenoll: Cuando puedas tienes lo que tú sabes, es decir, lo de Villena con tiempo, ¿eh?
Gregory: Eso está dicho y mañana por la mañana yo tengo una reunión, está dicho pero... mañana lo voy a recordar otra vez.
Fenoll: Vale, vale, vale.
(Se despiden).
FENOLL Y GREGORY
2 DE DICIEMBRE DE 2009
Fenoll: Oye... te hablo asi? en ese tema, eso... dile que por todo el
oro, vamos, por todo el tema, que el tema ese que tu? sabes que hablamos, de... la venta, de la finca de Villena, eso...
Gregory: Esta finca, este fin de semana estoy ahi? y te digo...
Fenoll: Que a ver si hemos puesto ahi? 200 mil euros y la hostia
Gregory: Cuenta con ello, te lo prometo yo.
Fenoll: ¿Sabes? y tu? dile que oye, que luego por los limones si hay que darle de la finca o lo que sea...
Gregory: Ya, esta? claro.
Fenoll: En eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros.
Gregory: Correcto, correcto.
Fenoll: ¿Sabes?, que el alquiler se paga y ya está.
Gregory: Muy bien.
Fenoll: Que no hay ningu?n problema, que no es, aparte no es de
pedir el tema y ya esta?, no, no no, que nosotros arreglamos los temas.
* Levante - 19.09.10
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
El Tribunal Superior confirma la demolición de dos edificios en Fisterra
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El conocido ejemplo del urbanismo feroz y descontrolado del Ayuntamiento de Fisterra a costa de su espectacular playa de Langosteira puede tener remedio. Dos de las 16 licencias de obras consideradas nulas de pleno derecho por la Xunta ya tienen sentencia firme que confirma su ilegalidad y por lo tanto las aboca a la demolición. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado, en dos sentencias recientes, las licencias que el Concello de Fisterra otorgó a la empresa Campoalsa para construir un edificio de seis viviendas y garajes en Escaselas, en la Recta da Anchoa; y a la entidad Inversiones Plaza Garden para levantar un bloque de 88 pisos en Escaselas, también junto a la playa de Langosteira. Los dos fallos son firmes, sin posibilidad de recurso.
El TSXG ha ratificado, en su sentencia del pasado mes de mayo, la resolución que emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Tres de A Coruña en 2008 en la que decretó la anulación de la licencia de construcción del bloque de 88 pisos entonces ya prácticamente terminado y que fue denunciado en 2007 por la Consellería de Política Territorial al advertir diversas irregularidades. La Xunta denunció en total en el juzgado 400 pisos junto a la playa.
El Concello en abril de 2005 otorgó una licencia de obra a Inversiones Plaza Garden que no se ajustaba a la normativa por lo que fue requerido por la Xunta para que la revisase. Al hacer caso omiso, el Gobierno gallego interpuso el recurso contencioso.
En este fallo el TSXG recuerda, como ya adujo antes el juzgado, de que existían informes técnicos del perito judicial, "sobre la base" de argumentos de los propios técnicos municipales" que dejaban claro que la parcela sobre la que se pretendía entonces levantar el edificio carecía de los requisitos mínimos fijados por la normativa urbanística para ser considerada como solar.
El Tribunal gallego rechazó los argumentos del Concello y la promotora que adujeron que el recurso se presentó fuera de plazo y que la Xunta no estaba legitimada para presentarlo y el director xeral de Urbanismo tampoco podía ordenar la revisión de oficio al Concello. El TSXG rechazó todas estas alegaciones al recordar que la ley legitima al Estado y las Comunidades Autónomas al ejercicio del control de la legalidad urbanística y permite instar la revisión de oficio.
El Alto Tribunal gallego, respecto al edificio de 6 viviendas promovido por Campoalsa SL, también en la Recta da Anchoa, ha sido aún más contundente. El Juzgado de lo Contencioso Número 3 ordenó en su resolución de 2008 que el Concello revisase la licencia tal y como le exigía la Xunta y determinase si efectivamente era nula. El TSXG ha ido más allá y ha revocado este fallo: no hace falta que el Ayuntamiento revise la licencia, está claro que es nula y así lo ratifica de forma firme.
Los jueces, respecto al edificio de Campoalsa recuerdan que carecía de instalación de saneamiento suficiente (muchos tienen pozo negro) y la existencia de un proyecto para ejecutar una depuradora, como se alegó, era "irrelevante" porque se presentó después de otorgar la licencia a la promotora.
* La Opinión A Coruña - 19.09.10
Foto: Viviendas en construcción en la Recta da Anchoa de Fisterra en 2008.- laopinion
