26NOTICIAS/Argentina* : El viajar no es un placer en Buenos Aires. Así lo revela un estudio que realizó la empresa IBM en Buenos Aires y en otras 19 metrópolis consideradas las más importantes desde el punto de vista de los conflictos de tránsito en el mundo. Se entrevistó a 8192 personas de todos los continentes, incluyendo a 401 que viven en la Capital, en Pilar y en La Plata y que transitan habitualmente por la ciudad de Buenos Aires. El ranking la colocó entre las ocho peores para trasladarse. Antes se ubicaron Pekín, Ciudad de México y Johannesburgo, en los primeros tres puestos, seguidas por Moscú, Nueva Delhi, San Pablo y Milán. Finalmente, Madrid y Londres completaron el top ten.
Los datos oficiales lo confirman. Hace diez años ingresaban en la ciudad 750.000 vehículos por día. Hoy, son 1.316.000 vehículos diarios, y se estima que en diez años serán unos dos millones. Además, circulan diariamente 36.000 taxis, 6000 remises, 9800 colectivos, 330.000 motos y 50.000 camiones.
La mayor cantidad de autos particulares se refleja en las estadísticas del transporte público. Durante el primer cuatrimestre del año, bajó casi 7% la cantidad de pasajeros que usan trenes, subtes y colectivos, según las planillas del Indicador Sintético de Servicios Públicos que elabora el Indec y que confirmaron operadores privados de los servicios de transporte.
Hoy, las líneas de trenes metropolitanos transportan 3,4% menos pasajeros que en 2009, y los subtes y el premetro, 7,6%, lo mismo que las empresas de colectivo. Además, los pasajeros del ferrocarril Mitre fueron 9,9% menos que hace un año. En cambio, creció 4,7% el número de automóviles en la Panamericana. Lo mismo ocurrió en la zona oeste: el Sarmiento perdió el 8,4% de los viajeros, mientras que en el acceso oeste hubo 4,4% más vehículos.
Esto hace que casi seis de cada diez porteños consideren que el tránsito se agravó en los últimos tres años y lleva a que muchos ensayen nuevas formas para movilizarse.
¿Cómo cree que se pueden evitar los accidentes de tránsito?
Según el estudio de IBM, el 34% de los consultados va a trabajar en auto, pero ahora son menos los que viajan solos. Entre quienes cambiaron la forma de viajar, el 18% dijo que comenzó a compartir el viaje en auto con un compañero de trabajo o conocido que se moviliza hacia la misma zona. Esta modalidad se llama " car-pool " y ubica a Buenos Aires entre las ciudades que tienen estándares respetables al respecto.
También el 27% comentó que, a causa de los problemas del tránsito, trabaja más tiempo desde su casa. De hecho, según este ranking, Buenos Aires tiene la segunda mayor proporción de teletrabajadores: el 66% de los encuestados dijo trabajar por lo menos un día por semana desde su casa. Otra tendencia que surge del trabajo es que no son pocos los porteños que empezaron a caminar al trabajo, aunque sea alguno de los tramos más conflictivos para el transporte. El 10% de los encuestados dijo que camina para ir a trabajar o a estudiar, algo que coloca a la ciudad entre las que tienen más caminantes.
"El problema del tránsito es la consecuencia del uso excesivo y no jerarquizado de la calzada. Para revertir esta situación es necesario priorizar el transporte que asegure la movilidad de la mayor cantidad de personas. Esto es, el transporte público", apuntó Inés Schmidt, docente investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
"Efectivamente, los pasajeros están buscando alternativas. La ciudad necesita de manera imperiosa elaborar, discutir y acordar un plan integral. Hasta hoy sólo se han implementado medidas tan espasmódicas como incongruentes. Mientras se peatonalizan algunas callecitas del centro porteño para desalentar el uso del automóvil particular, simultáneamente se inician obras faraónicas para incrementar la capacidad de estacionamiento vehicular del propio macrocentro, tal como se intentó en el subsuelo del parque Las Heras, lo que no haría más que inducir mayor tránsito", consideró el arquitecto Guillermo Tella, investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
"Buenos Aires cuenta con un alto número de servicios de transporte urbano de pasajeros y una extensa red vial, que moviliza a millones de pasajeros diariamente. Sin embargo, el sistema se encuentra saturado y la congestión vehicular tiene cada vez mayor impacto sobre la calidad de vida de la población", agregó Tella.
Algo positivo
Según el estudio, en Buenos Aires el 25% de los encuestados manifestó no haber participado nunca de un embotellamiento y el 43% indicó que éste nunca superó los 30 minutos. Estas cifras posicionan muy bien a la ciudad si se compara el resultado con el resto de las involucradas en el estudio. Moscú, por ejemplo, registra las demoras más largas, de un promedio de 2 horas y media.
"El estudio es bastante acotado en número de casos, pero, en términos relativos, sirve mucho para comparar las ciudades. Hay un indicador que refleja que no estamos tan mal, y es el dato de que son muy pocos los porteños que estuvieron en un embotellamiento", dijo Guillermo Dietrich, subsecretario de Transporte porteño.
EN DETALLE
El ranking . Según el estudio de IBM, las diez peores ciudades del mundo en materia de tránsito son Pekín, Ciudad de México, Johannesburgo, Moscú, Nueva Delhi, San Pablo, Milán, Buenos Aires, Madrid y Londres.
Vehículos . Según cifras oficiales, hoy ingresan por día en la ciudad 1.316.000 autos. Además, circulan 36.000 taxis, 6000 remises, 9800 colectivos, 330.000 motocicletas y 50.000 camiones.
Transporte público . Los trenes metropolitanos transportaron en los primeros meses de este año 3,4% menos de pasajeros que hace un año. En cambio, creció el 4,7% el número de autos particulares que circulan por la Panamericana.
Atascamientos . El 25% de los encuestados dijo no haber participado nunca de un embotellamiento de tránsito y el 43% afirmó que éste nunca había superado los 30 minutos.
Cambios . El 34% de los encuestados dijo que va a trabajar en auto; el 18% afirmó que comenzó a compartir el auto; el 27% dijo que procura trabajar más tiempo en la semana desde su casa para evitar el tránsito, y el 10% dijo que camina para ir a trabajar o a estudiar, lo que coloca a Buenos Aires entre las ciudades del mundo con más caminantes.
QUE DICE LA GENTE
EMILIANO BRUKETA
Motociclista, 32 años
Me estresa mucho el tránsito en la ciudad. Esto es un caos. Me parece que, desde hace un año, está peor. Además, la gente está cada vez más loca en la calle.
DANIELGOLDBERG
Programador, 25 años
"Por mi trabajo, tengo que ir y venir del centro y el tránsito me estresa un montón. Voy en auto y trato de evitar las horas pico y, si puedo, trabajo desde mi casa".
TIRSO GOMEZ
Relacionista público, 29 años
"Vengo de Barrio Norte y siempre tardaba 20 minutos para llegar hasta el centro. Ahora, tardo más por todas las obras que se están haciendo y porque hay más autos".
MARIA EUGENIA CURA
Estudiante de Ingenieria, 22 años
"Trabajo en Belgrano, estudio en Puerto Madero y vivo en Acassuso. El viaje de vuelta a mi casa, en general, insume una hora y media. Aumentó mucho el tránsito en los últimos dos años".
* 26 Noticias - 22.09.10
Foto: Buenos Aires, vista - britannica.com
Empeoró el tránsito en los últimos tres años en Buenos Aires
Llanes.- La juez anula la adjudicación del plan general, en un nuevo varapalo al urbanismo local
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LNE/Asturias* : El Ayuntamiento de Llanes ha recibido un nuevo varapalo judicial, el enésimo en materia de urbanismo. Los tribunales de justicia han anulado la adjudicación de la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), lo que obligará al organismo local a empezar otra vez de cero la redacción del futuro planeamiento; esto es, a regresar al punto en el que se encontraba hace casi dos años. La sentencia es firme. El Ayuntamiento deberá pagar 19.200 euros a una de las empresas que participó en el concurso, la que, según la juez Pilar Martínez Ceyanes, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Oviedo, debió ser la adjudicataria. Y habrá de convocar de nuevo el concurso para la redacción del planeamiento.
El Ayuntamiento ha perdido dos años en la carrera contra el reloj que había iniciado, de la mano del Gobierno del Principado, para aprobar un nuevo plan general antes de que el Tribunal Supremo corrobore o rechace la anulación del anterior planeamiento, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
¿Por qué ha anulado la juez la adjudicación de la redacción del plan? Porque el Ayuntamiento debió haber declarado ganadora a otra empresa, la de Carmen Andrés Mateos y Llanos Masiá González, las mismas que recurrieron la adjudicación, en lugar de a Equipo Redactor Malt S. L. La juez dejó bien claro que la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó la redacción del plan, el 14 de enero de 2009, presentó una oferta peor y debió obtener menos puntos que la que fue desechada.
La juez destaca en la sentencia que sólo uno de los integrantes de la mesa de contratación señaló, de forma justificada y motivada, que la oferta de Carmen Andrés y Llanos Masiá era mejor que la de Malt S. L. Claro que esa persona era, precisamente, el único técnico especialista en la materia de la mesa, el arquitecto Manuel Carrero de Roa. Los demás eran representantes políticos. Pero no sólo lo ha dicho Carrero de Roa, también un informe del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, encargado por la juez, señaló, «sin ningún género de dudas», que la superioridad de las recurrentes sobre Malt S. L. es «notoria» en el apartado «Programa de trabajo» y es igualmente superior en «Actividad investigadora», «Actividades docentes» y «Publicaciones», todas ellas puntuadas en el concurso.
La sentencia es contundente: la juez afea al Ayuntamiento que haya utilizado el «margen de discrecionalidad de que goza la Administración a la hora de valorar las ofertas» para caer «de lleno en la arbitrariedad». Sobre todo porque los dirigentes locales respaldaron su decisión de adjudicar la redacción del plan a Malt S. L. con un informe que la propia juez califica de «anónimo», puesto que no está firmado y fue encargado «en el propio seno del Ayuntamiento», en concreto a la oficina municipal de Urbanismo.
El informe, que avaló la elección de Malt S. L., adolece, según la juez, de una «absoluta falta de motivación», que es «meridiana y patente» cuando se intenta justificar la puntuación otorgada a los candidatos, atribuyendo a Malt S. L. «criterios tan genéricos» como «mejor encuadre urbanístico global», «mejor expresión metodológica, sistematización y tiempos» o «mejor propuesta respecto a participación e información ciudadana». Frases vacías con las que, según la juez, se intentaron «rellenar artificialmente» los criterios del concurso.
* La Nueva España - 21.09.10
Foto: Llanes (Asturias) - lavozdegalicia.es
Barcelona.- El fiscal reclama de nuevo la declaración de Millet y de Montull por el hotel
ELPERIÓDICO* : La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la jueza Míriam de la Rosa que cite de nuevo a declarar como imputados al expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull, a raíz de la investigación abierta por el hotel de lujo que se pretendía construir en las cercanías del auditorio. En el caso de que la magistrada decidiera admitir la petición del fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, sería la tercera vez que los exdirectivos del Palau tengan que declarar por presunto tráfico de influencias, prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental. La intención es que los imputados aclaren el pago de 900.000 euros a la constructora Olivia Hotels.
El fiscal ha solicitado la comparecencia de nuevos testimonios --la mayoría, personal de la Administración-- y varios documentos. Esta declaración será posible gracias a la admisión de nuevas pruebas que no se conocían cuando los imputados comparecieron por primera vez, en el mes de junio. Durante la segunda declaración como imputados, el 9 de septiembre, la defensa de Millet y Montull consiguió evitar que se les preguntara por esas pruebas, argumentando que el interrogatorio debía limitarse a cuestiones relativas a la ampliación de la querella.
* El Periódico - 20.09.10
Foto: Barcelona, interior Palau_Musica - eldebat.cat
Ecologistas piden a la UE una investigación sobre los rellenos en Gibraltar
SUR* : Verdemar-Ecologistas en Acción anunció ayer que va a exigir a la Unión Europea (UE) que abra una investigación sobre los rellenos que se realizan en la zona Este de la colonia británica de Gibraltar, declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Según explicó el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, en 2005 comenzaron a movilizarse para mostrar su preocupación por este asunto, enviando misivas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y llegando a reunirse con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otras autoridades, para que este tipo de acciones fuesen paralizadas.
El portavoz ecologista justificó la necesidad de que la Unión Europea tome cartas en el asunto, argumentando que Gibraltar está ganando terreno al mar en un LIC, apuntando además las sospechas de Verdemar de que puedan estar utilizándose para dichos rellenos «residuos peligrosos».
Según la información recopilada por Europa Press, el Gobierno central ha transmitido «repetidas veces» al Reino Unido su preocupación por las consecuencias medioambientales que puedan acarrear las labores de relleno que se realizan en la zona Este del Peñón para construir zonas deportivas y residenciales.
Finalmente, Muñoz también reiteró que Verdemar-Ecologistas en Acción pedirá una investigación sobre este asunto ante la UE, donde, a instancias del colectivo, continúa un proceso contra el bunkering a través de gasolineras flotantes en aguas del Estrecho.
Recientemente, los ecologistas también anunciaron una denuncia ante el Parlamento Europeo pidiendo su intervención por las «explosiones submarinas» de «material militar caducado» que supuestamente lleva a cabo el Ministerio de Defensa Británico en aguas del Estrecho cercanas a Gibraltar.
Esta denuncia también ha sido realizada públicamente por el Ayuntamiento linense, ya que se considera que estos trabajos de relleno en la cara Este del Peñón está afectando a las playas del litoral de La Línea y pueden suponer un riesgo importante a corto plazo para el medio ambiente.
* SUR - 20.09.10
Foto: El montón de arena de considerables proporciones que se aprecia en la zona Este de Gibraltar.- diariosur.es
Castilla y León.- El juez del 'caso Gürtel' pide nuevos informes sobre la adjudicación de obras en la región
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NORTECASTILLA* : El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre varios informes policiales que apuntan a tres adjudicaciones a empresas implicadas en la trama corrupta que alcanzan al Gobierno de Castilla y León, según indicaron a fuentes jurídicas. Asimismo, las mismas fuentes señalaron que una de las adjudicaciones anteriormente señaladas se refiere a un centro de residuos en la ciudad de Salamanca, cuya construcción se adjudicó por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa, implicadas en la trama corrupta.
Otra de las adjudicaciones se relaciona con la adjudicación de la variante de Villanueva de Mena, en la provincia de Burgos.
El alcance de la trama a la Junta de Castilla y León ya estaba patente en el sumario. Así, consta un informe que indica que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre dirigentes del Partido Popular, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.
* El Norte de Castilla - EP. - 21.09.10
Foto: Olleros (León) - mispueblos.es
Anticorrupción se opone a que Boadilla asuma una deuda de Correa
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ELPAÍS/Madrid* : La fiscalía anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad financiera. La última palabra la tiene el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI.
La empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez Pedreira.
Los locales comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.
Este empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo.
Pero un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el canon.
El juez Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal confidencial a las empresas de la trama Gürtel.
Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una de las zonas comerciales más importantes del municipio.
* El País - 20.09.10
Foto: Algunos de los locales cedidos por el Ayuntamiento de Boadilla a la empresa de Correa - elpais.com
'Malaya': Cuenta atrás para juzgar la mayor trama de corrupción
SUR/Málaga* : Hace cuatro meses que la fecha está registrada en varios centenares de agendas. 27 de septiembre. 10.00 horas. La anotación, sin embargo, apenas ha sido consultada desde entonces. Mucho menos en las últimas semanas. No hay riesgo de que ninguna de las partes implicadas se olvide. Funcionarios de la Administración de Justicia, periodistas y abogados, entre otros, tienen muy presente que dentro de ocho días echará a andar, con las cuestiones previas, el juicio por el caso más célebre de la historia de la democracia española, el único que ha originado la disolución de una Corporación municipal. Cuatro años y medio después de que se destapara el 'caso Malaya', los 95 acusados en el procedimiento se sentarán en el banquillo para responder por la supuesta trama de corrupción municipal acunada en Marbella, aunque con ramificaciones patrimoniales y bancarias en buena parte del territorio nacional y vinculaciones bancarias en el extranjero, cuyos ecos mediáticos resonaron en medio mundo.
27 de septiembre. 10.00 horas. Son los penúltimos números -los últimos llegarán con la sentencia- de una causa marcada por las cifras, que han permitido esbozar la trascendencia del procedimiento y la relevancia de las presuntas actividades delictivas que se atribuyen a los acusados. No en vano, 'Malaya' se ha convertido por méritos propios en el mayor macroproceso de la historia judicial de nuestro país. El caso llegó a superar el centenar de imputados, aunque finalmente serán 95 las personas juzgadas, para las que, en su conjunto, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de 450 años de cárcel y reclama multas que superan los cuatro mil millones de euros.
Durante la instrucción se archivaron las actuaciones respecto a varios encausados y se extinguió además la responsabilidad penal sobre tres imputados debido a su fallecimiento. El número definitivo de procesados quedó en 98, pero, salvo sorpresa de última hora, ni los ex concejales Carlos Fernández y Javier Lendínez ni el empresario José Manuel Carlos Llorca Rodríguez se sentarán en el banquillo de los acusados. Los tres se encuentran huidos de la justicia y han sido declarados en rebeldía por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, tribunal encargado de juzgar el caso.
Quien sí estará será el principal acusado, Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama de corrupción. La Fiscalía le considera el jefe de la organización delictiva, el hombre que durante lustros dominó el urbanismo de Marbella a la sombra del desparecido ex alcalde Jesús Gil, primero, y que se convirtió en el auténtico regidor de facto del Ayuntamiento, después. La mayor parte de las cifras de 'Malaya' están relacionadas con el ex asesor que, según el Ministerio Público, consiguió amasar una fortuna de más de 200 millones de euros en apenas una década.
Entre los bienes intervenidos a Roca por la Policía durante los registros practicados entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 2006 se dieron cita varias fincas, palacios, un hotel, obras de arte, un avión, un helicóptero o ganaderías de toros bravos y caballos pura sangre. Según la Fiscalía, el presunto cerebro de la trama recibía aportaciones de empresarios a cambio de resoluciones urbanísticas favorables y utilizaba parte de ese dinero para supuestamente corromper a los concejales del Consistorio marbellí que a partir de la próxima semana se sentarán a su lado en el banquillo de los acusados. Entre ellos, dos ex alcaldes: Julián Muñoz y Marisol Yagüe.
Treinta años para Roca
Los investigadores cifran en más de 33 millones de euros la cuantía recibida por Roca entre 2001 y 2006 por parte de una veintena de empresarios. Calculan además que a través de las 71 sociedades vinculadas al ex asesor urbanístico, gestionadas por sus supuestos testaferros, se blanquearon cerca de 240 millones de euros. Por todo ello, el Ministerio Público pide para el acusado una pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa por un delito continuado de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización delictiva en la que ostentaba la cualidad de jefe y los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. La petición de pena para Roca se amplía en el caso del resto de acusaciones. El Ayuntamiento de Marbella solicita 39 años de prisión para el ex asesor urbanístico, mientras que la Junta de Andalucía eleva la demanda hasta los 40 años.
En el caso de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Anticorrupción reclama para ella 20 años de cárcel. Su antecesor, Julián Muñoz, se enfrenta a una pena de diez años de prisión, mientras que para la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el Ministerio Público demanda al tribunal doce años de cárcel.
Entre los números vinculados al 'caso Malaya' no existe, sin embargo, un cálculo del supuesto perjuicio ocasionado a las arcas municipales. La indemnización que la Fiscalía establece para el Ayuntamiento de Marbella es de más de 4,1 millones de euros, alrededor de un uno por ciento de los más de 4.000 millones de euros exigidos en multas. El equipo de Gobierno considera la cantidad ridícula, aunque en su escrito de acusación solo suma diez millones más en concepto de responsabilidad civil. El Ministerio Público refleja también en este ámbito las supuestas cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria por parte del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito, a los que reclama indemnizaciones a Hacienda de más de seis millones.
Pero 'Malaya' no es solo un caso de ciencias, también hay letras. Entre estas últimas, las iniciales de la documentación intervenida en los registros que permitió a los investigadores descubrir a los empresarios que supuestamente entregaron dinero a Roca y a los entonces ediles a los que el ex asesor urbanístico supuestamente pagó para que se cumplieran sus directrices a la hora de aprobar licencias de construcción. También las del decreto del Gobierno central por el que se disolvió la Corporación municipal para crear una gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento hasta las elecciones de 2007, una medida extraordinaria en la historia de la democracia.
Durante un tiempo parecía que la corrupción era patrimonio exclusivo de Marbella, pero 'Malaya' abrió la veda para que se destapara un importante número de causas por delitos similares que ha salpicado buena parte del territorio nacional. Cuatro años y medio después la Audiencia Provincial abre el telón para que de comienzo al último acto judicial del proceso. En ocho días se juzga parte de la historia más negra de Marbella.
LAS CIFRAS DEL CASO
4.000
millones de euros es la cifra a la que ascienden las multas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción a los 95 acusados en el 'caso Malaya'.
450
años de cárcel pide para los encausados el Ministerio Público, que solicita para el supuesto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, treinta años de prisión.
240
millones de euros se habrían blanqueado a través de 71 sociedades vinculadas al principal acusado, según establecen las investigaciones.
200
millones de euros es la fortuna que, según Anticorrupción, amasó en una década Roca, al que una veintena de empresarios habrían pagado 33 millones entre 2001 y 2006 por resoluciones urbanísticas favorables.
4,1
millones de euros es la indemnización que, en concepto de responsabilidad civil, solicita la Fiscalía para el Ayuntamiento de Marbella. El equipo de Gobierno considera la cantidad ridícula para el dinero «expoliado» de las arcas municipales.
* SUR - 19.09.10
Foto: El 'caso Malaya' se destapó el 29 de marzo de 2006, cuando la Policía tomó el Ayuntamiento de Marbella para registrar sus instalaciones.- SUR
Cadenas en el Valle de Ayora contra el almacén nuclear de Zarra
LEVANTE/Valencia* : Miles de vecinos de la comarca del Valle de Ayora --unos 2.000 según la organización-- han cortado este lunes las dos carreteras de acceso a la localidad valenciana de Ayora en ambos sentidos tras encadenarse a las vías en protesta por la posible instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Zarra, sito en la misma comarca. Así lo ha explicado a Europa Press el portavoz de la Plataforma contra el almacén de residuos nucleares en Zarra (Valencia), Pepe Cerdà, quien ha señalado que en primer lugar los vecinos se han encadenado en la carretera N-330, a su paso por Ayora, y a continuación han hecho lo mismo con la CV-440.
La N-330 es la vía de acceso a la Central Nuclear de Cofrentes y no puede permanecer cortada al ser una carretera de evacuación en caso de accidente. Con esto, ha remarcado Cerdà, los vecinos quieren mostrar al Ejecutivo español de lo que son capaces con tal de evitar la instalación del almacén nuclear en Zarra.
Durante la protesta, los manifestantes portaban pancartas y camisetas en las que se podía leer lemas como 'No queremos el ATC en Zarra', 'No somos una comarca basura', 'Ni un solo bidón radioactivo va a entrar al Valle de Ayora' o 'No nos engañeis, trabajo no dareis', a la vez que los vecinos, con "los ánimos muy encendidos", según Cerdà, coreaban a gritos estas consignas.
La Plataforma contra el ATC de residuos nucleares en Zarra ya cortó en la tarde del pasado domingo la autovía que une Madrid-Alicante, a la altura del término de Almansa (Albacete) y tiene programado el próximo miércoles, a las 12.00 horas, una concentración en Madrid frente al Ministerio de Industria y otra el jueves frente a la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.
En la concentración frente al Ministerio exigirán que les muestre el informe que presentó al Consejo de Ministros la Comisión Interministerial encargada de elegir el emplazamiento más adecuado para el ATC de residuos nucleares en el que la candidatura de Zarra obtiene la mejor puntuación
Esta última concentración está convocada por la Plataforma Tanquem Cofrents, que en un comunicado ha hecho una llamada a la sociedad civil, a las instituciones y a la ciudadanía para que acudan a las 19.30 horas a las puertas de la Delegación de Gobierno para expresar su rechazo a la instalación del ATC en el municipio de Zarra.
"NO SE PUEDE DESARROLLAR UN PAI"
Asimismo, el representante de la Plataforma ha acusado al Gobierno de "mentir" ya que, a su juicio, "no tiene disponibilidad inmediata de los terrenos" puesto que "no se puede desarrollar un Plan de Actuación Integral (PAI)" en esta zona. En el informe, Zarra obtiene una calificación de "muy bueno" en once de las veinte categorías evaluadas, incluidas las de calificación urbanística, topografía, actividades nucleares o distancia de transporte, entre otras.
Algunos representantes de la Plataforma contra el ATC en Zarra se reunirán sobre las 18.30 horas del lunes con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, el portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, y la secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, en la sede valenciana de la formación socialista para abordar la instalación del ATC, según ha informado este lunes el PSPV en un comunicado.
* Levante - 20.09.10
Foto: Coches en la protesta de ayer en la A-31 en Almansa.- Levante
Córdoba: El dilema de ser juez y parte
ELPAÍS* : Las naves ilegales que el constructor y joyero Rafael Gómez, alias Sandokán, levantó en Córdoba, bajo el gobierno de Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, son una constante fuente de paradojas. Quien era regidora bajo las siglas de Izquierda Unida, vio cómo el TSJA dinamitaba el plan especial urbanístico que la propia empresa de Sandokán, Arenal 2000, había redactado para normalizar ese espacio (la carretera de Palma del Río) y legalizar la mayoría de las naves. El proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento, con el apoyo de IU y PP. La Consejería de Obras Públicas, como el PSOE municipal, puso el grito en el cielo y recurrió. En 2008, los jueces les dieron la razón y rechazaron el plan, básicamente, por provenir de un particular.
Dos años después, las cosas han cambiado. Y de qué manera. La alcaldesa es ahora consejera de un gobierno del PSOE. Además, su cartera es precisamente Obras Públicas. Mientras, el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a presentar un plan especial -redactado ya por sus técnicos- que, a falta de que sea aprobado definitivamente, incluiría otra vez la legalización de más de la mitad de las naves (sólo se derribarían el 37,5% de sus 40.000 metros cuadrados). En junio, se dijo que el documento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se había elaborado "de la mano" de la Junta, para evitar problemas. Así, la solución porcentual, en el caso de las naves de Sandokán, supondría un "ni para ti ni para mí". Es decir, ni el 50% de derribo que como mínimo se había venido planteando la Junta, ni el 25% que defendía el Ayuntamiento.
Pero a pesar de los buenos augurios, algo ha chirriado. La semana pasada, se conoció el informe que la delegación de Obras Públicas ha enviado al Consistorio. El documento es preceptivo pero no vinculante (no es de obligado cumplimiento) y en él se vuelven a criticar importantes puntos del plan especial de la GMU, como ya hizo con el primer plan rechazado por el TSJA. Uno de los puntos de fricción estriba en el tamaño de la superficie de la parcela de las naves de Sandokán. El informe critica fundamentalmente los usos de explotación y los porcentajes de ocupación que permite el plan del Ayuntamiento.
Y es que, las cosas han podido cambiar mucho en las altas esferas. Pero más abajo, no tanto. El actual delegado de Obras Públicas, Francisco García, ocupaba el mismo cargo en el anterior proceso que rechazó el primer plan especial. "Y él siempre ha sido muy coherente y consecuente con sus ideas", señalan fuentes de su partido, el PSOE. "Él es un técnico. Igual que quienes han redactado el informe. Y si ven que sigue habiendo deficiencias, lo dicen. No importa quién esté al frente de la Consejería", prosiguen. García es, además, un veterano socialista y responsable de la agrupación local en Córdoba.
A pesar de insistir en que no hay ningún problema en el seno del PSOE, las mismas voces reconocen lo kafkiano de la situación y lo complejo que es explicar políticamente el viraje dado. Porque todo el mundo tiene claro que, esta vez, la Junta no va a recurrir al Tribunal Superior la aprobación definitiva del plan, a pesar de seguir encontrando problemas de fondo. De hecho, la consejera Aguilar ya ha dado luz verde y ha pedido que el Ayuntamiento siga adelante. Mientras que el secretario provincial del PSOE y candidato a la alcaldía, Juan Pablo Durán, ha respaldado esta semana la solución municipal, subrayando que "es ejemplar". En una posición más incómoda queda ahora el PSOE municipal. Durante esta legislatura, Rafael Blanco, portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha defendido la tradicional tesis de la Junta y del grupo municipal, que pedía mayor dureza con este caso.
Así pues, todo el mundo da por seguro que la Consejería de Obras Públicas no recurrirá por segunda vez. Pero parece que sí lo harán los particulares que pueden verse afectados por el Plan del Ayuntamiento, como han anunciado. Ya alegaron al anterior proyecto y algunos ya han dicho que repetirán. Y como argumentación para sostener sus recursos van a tener el informe crítico de Obras Públicas. De esta manera, el plan de la Carretera de Palma llegará a los tribunales (otra vez). Y en esta ocasión los magistrados tendrán que tratar el fondo del asunto y no, básicamente, si éste debía haber sido redactado por un particular o una administración, como ocurrió en el primer informe.
* El País - 20.09.10
Foto: Córdoba, panorámica naves Colecor - abc.es
Gallardón deja de pagar la factura del alumbrado de la M-40
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ELPAÍS/Madrid* : Desde el pasado 1 de septiembre el Ayuntamiento no paga los gastos de alumbrado de la carretera M-40. La capital ha tomado la decisión de dejar de asumir el pago de competencias que no le corresponden y este es su primer paso. En una carta remitida el pasado 14 de julio al ministro de Fomento, José Blanco, la concejal de Obras Públicas, Paz González, justifica su decisión en que "los recursos municipales están extraordinariamente comprometidos" para cumplir con sus propias competencias, en la denegación, mediante decreto, de endeudarse en 2011 y en el "estrangulamiento" causado por la imposibilidad de refinanciar su deuda que ya asciende a 7.314 millones de euros.
Fomento, que no ha respondido a la misiva hasta dos meses después, advierte al Ayuntamiento de que la falta de iluminación de la M-40, "con intensidades de tráfico en algunos puntos superiores a los 100.000 vehículos al día", produciría "un importante menoscabo en las condiciones de seguridad vial". La misiva continúa e invita a un acuerdo conjunto entre ambas administraciones con "el tiempo necesario para adecuar, en su caso, las nuevas responsabilidades".
Eso sí "mientras no se produzcan nuevos acuerdos debe mantenerse la iluminación de la M-40 en las condiciones actuales", advierte el representante del Ministerio.Ante la amenaza del Ayuntamiento, un portavoz del Ministerio aclaró a este periódico que "los madrileños no tienen de qué preocuparse" porque, en caso de impago, Fomento adelantaría el importe correspondiente con tal de evitar que una de las principales circunvalaciones de la ciudad se quede a oscuras. "Estamos dispuestos a dialogar sobre cualquier asunto, incluido el de ceder la gestión de la M-40 al Ayuntamiento". Un extremo que la corporación municipal ni se plantea.
El acuerdo por el que el Ayuntamiento tiene que abonar el consumo, mantenimiento y conservación del alumbrado de la carretera, de titularidad estatal, se remonta a 1990, durante el breve periodo de gobierno de Agustín Rodríguez Sahagún (CDS). Sahagún desbancó a Juan Barranco, que fue el que firmó en 1986 el primer convenio sobre la M-40 por el que el Ayuntamiento se involucraba, junto al entonces Ministerio de Obras Públicas y la Comunidad de Madrid, en la construcción y financiación de la carretera.
Las arcas municipales asumen desde entonces los gastos derivados de la iluminación de todo el cinturón de 63 kilómetros, excepto del tramo correspondiente a Pozuelo y el del túnel del Pardo que sí asume el Ministerio.
Pero ahora corren otros tiempos y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido plantarse. La concejal justifica la rebelión en que esa "obligación carece de respaldo jurídico en el marco competencial vigente" y aprovecha en la carta para recordar al ministro que el Ayuntamiento paga incluso la iluminación de los "tramos ajenos al término municipal de Madrid", como es el caso de Leganés, Alcorcón o Pozuelo.
En un contexto de asfixia por la imposibilidad de refinanciar su deuda de 7.314 millones de euros y por el retraso en el pago a los proveedores -que en algunos casos supera los ocho meses- cualquier ajuste supone un respiro.
El ahorro de esta partida, según cálculos del Ayuntamiento, asciende a 1.338.960. Una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que la última medida de contención de gasto puesta en marcha por el Consistorio, el cierre de todas las dependencias municipales a las cinco de la tarde, supone un ahorro similar.
La factura por la iluminación de la M-40 se desglosa en dos conceptos: el recibo de la luz de las 5.737 farolas que se mantienen encendidas aproximadamente 11 horas al día que asciende a 880.000 euros anuales y los gastos de conservación y mantenimiento, que suponen otros 458.960 euros.
"Entendemos que el Gobierno ha tomado la decisión de asfixiar a Madrid y entonces Madrid decide asumir sólo los gastos correspondientes a nuestras competencias", declaran fuentes municipales. "No es justo cargar a los madrileños con gastos en infraestructuras que son competencia del Gobierno. Que cada uno pague lo suyo", reivindica la misma fuente.
Y como advierten desde el Ayuntamiento, esto es solo el principio. La intención es empezar a soltar lastre y liberarse de todos aquellos gastos que, según la Ley de Bases de Régimen Local, corresponden a competencias impropias. Es decir, los servicios que asumen los ayuntamientos, pero que competerían a las Comunidades Autónomas o al Estado.
La capital destina 1.187 millones de euros -casi una cuarta parte de su presupuesto- al pago de estos servicios. Y ante las escasas vías de financiación con las que cuenta la capital, las diferentes áreas de gobierno ya están revisando todos los convenios con otras administraciones para empezar a rescindir aquellos cuyo incumplimiento no afecte directamente al ciudadano. Esto es el mantenimiento de las 32 escuelas infantiles de titularidad municipal por el que se pagan 64 millones de euros, las ambulancias del Samur y los servicios de atención sanitaria que suponen otros 48,37 millones, la ayuda a la dependencia, la seguridad o el fomento del empleo.
El siguiente paso será suspender las subvenciones del próximo año a la Casa Asia (807.500 euros), a la Casa Sefarad-Israel (450.000 euros) y a la Casa Árabe (500.000), dependientes del Ministerio de Exteriores. El Ayuntamiento está estudiando esta posibilidad y aunque no la ha comunicado oficialmente, ya ha informado verbalmente a los responsables de los centros. El ahorro en este caso asciende a 1.757.000 euros.
"El argumento es el mismo que con la M-40. Mientras el Estado vaya cortando todas las vías de financiación y limitando la refinanciación de la deuda, nosotros iremos dejando de sufragar los gastos de mantenimiento de las Casas", explican fuentes municipales.
"En muchas ocasiones se han cedido edificios para instituciones del Estado, pero ahora no quieren reconocer ese esfuerzo fiscal que llevamos haciendo desde hace años", reprochan desde el Ayuntamiento. Es el caso de estos centros culturales a los que el gobierno municipal, en virtud de los diferentes convenios firmados con la Comunidad y el Estado, concede una sede, generalmente en un edificio emblemático y se compromete a subvencionar parte de su actividad.
Intercambio de cartas
- La concejal de Obras, Paz González, se dirigió por escrito al ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 14 de julio. La edil no recibió respuesta hasta ayer, con otra carta fechada el 14 de septiembre.
- La edil mantiene en su misiva que la obligación del Ayuntamiento de asumir el coste del consumo y mantenimiento del alumbrado de la M-40, que se remonta a 1990, "carece de respaldo jurídico en el marco competencial vigente, toda vez que se trata de una infraestructura viaria de titularidad estatal que discurre por los términos municipales de varias entidades locales".
- El Ministerio de Fomento responde al Ayuntamiento que esa responsabilidad "no debería verse alterada" y continúa: "Cualquier modificación de lo establecido debe realizarse mediante acuerdos conjuntos".
* El País - 17.09.10
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
'Caso Brugal': La Policía cree que Fenoll planteó sobornar a Ripoll con el dinero que ganó con la finca
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LEVANTE/Alicante* : Los intereses del empresario oriolano Ángel Fenoll para hacerse con el negocio de las basuras llegaron hasta Villena y si para obtenerlos había que "tantear" al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, se hacía. Según el informe policial integrado en el sumario sobre la investigación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, Fenoll estaba dispuesto a ofrecer a Ripoll una parte del dinero que ganó con la venta a Ortiz de la finca La Pistola a cambio de que el presidente intercediese en favor de sus intereses. Según el informe, Fenoll buscó favores de Ripoll para sacar provecho de una inversión previa en suelo que había efectuado en Villena vinculada, según la Policía, a la previsible construcción de una planta incineradora de basuras.
En todo momento, el mediador de nuevo vuelve a ser Rafael Gregory, quien conversa en varias ocasiones con Fenoll sobre una finca en Villena de la que quiere que Ripoll esté "muy pendiente".
Y es que el informe policial refleja que, según se desprende de las conversaciones, Fenoll no podía malgastar los 200.000 euros que pagó por unos terrenos en Villena, los cuales podrían servir para ubicar la futura planta incineradora, planteada en Villena, de la que no se ha sabido nada en los últimos meses tras el rechazo popular.
El informe no apunta a una información previa del empresario para hacerse con los terrenos, pero Fenoll compró tierras en Villena (vuelve, además, a usar la metáfora de "los limones" para referirse a las fincas) que luego rentabilizaría con la incineradora de residuos en la que Fenoll, según el informe policial, tenía interés en su adjudicación, construcción y explotación. Los negocios de Fenoll en Villena aparecen vinculados en el informe policial a las presuntas contraprestaciones que desde la Diputación provincial se otorgarían al empresario oriolano al desembolso económico en la televisión local Canal 37. Rafael Gregory era el encargado de hacer llegar al presidente los mensajes de Fenoll, según deduce en el informe policial.
En referencia a estos "negocios" en Villena, la Policía cita claramente cómo de nuevo Fenoll y Gregory utilizan un lenguaje cifrado para entorpecer la labor policial, casi siempre recurriendo a términos agrícolas. La referencia a "los limones" la empleaban, según el informe policial, para referirse a las fincas que adquirió Fenoll, aunque también se apunta a que podría tratarse de otros terrenos o inmuebles.
Lucha vecinal
Villena es una de las localidades donde la Generalitat Valenciana planteó una planta incineradora de residuos (se llegó a barajar también Xixona) y prácticamente se daba por hecho su instalación, si bien una fuerte oposición vecinal consiguió paralizar la decisión. Se trata de una de las poblaciones de la provincia con un fuerte movimiento popular en contra de la política autonómica de residuos, al igual que lo ha sido la pedanía de Torremendo para evitar la instalación de un vertedero en sus límites.
"No es pedir y ya está, nosotros arreglamos los temas"
FENOLL Y GREGORY
22 de septiembre de 2009
Gregory llama a Ángel Fenoll nada más terminar una breve conversación telefónica con José Joaquín Ripoll en la que se citaron para el día siguiente.
Fenoll: Cuando puedas tienes lo que tú sabes, es decir, lo de Villena con tiempo, ¿eh?
Gregory: Eso está dicho y mañana por la mañana yo tengo una reunión, está dicho pero... mañana lo voy a recordar otra vez.
Fenoll: Vale, vale, vale.
(Se despiden).
FENOLL Y GREGORY
2 DE DICIEMBRE DE 2009
Fenoll: Oye... te hablo asi? en ese tema, eso... dile que por todo el
oro, vamos, por todo el tema, que el tema ese que tu? sabes que hablamos, de... la venta, de la finca de Villena, eso...
Gregory: Esta finca, este fin de semana estoy ahi? y te digo...
Fenoll: Que a ver si hemos puesto ahi? 200 mil euros y la hostia
Gregory: Cuenta con ello, te lo prometo yo.
Fenoll: ¿Sabes? y tu? dile que oye, que luego por los limones si hay que darle de la finca o lo que sea...
Gregory: Ya, esta? claro.
Fenoll: En eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros.
Gregory: Correcto, correcto.
Fenoll: ¿Sabes?, que el alquiler se paga y ya está.
Gregory: Muy bien.
Fenoll: Que no hay ningu?n problema, que no es, aparte no es de
pedir el tema y ya esta?, no, no no, que nosotros arreglamos los temas.
* Levante - 19.09.10
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
El Tribunal Superior confirma la demolición de dos edificios en Fisterra
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El conocido ejemplo del urbanismo feroz y descontrolado del Ayuntamiento de Fisterra a costa de su espectacular playa de Langosteira puede tener remedio. Dos de las 16 licencias de obras consideradas nulas de pleno derecho por la Xunta ya tienen sentencia firme que confirma su ilegalidad y por lo tanto las aboca a la demolición. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado, en dos sentencias recientes, las licencias que el Concello de Fisterra otorgó a la empresa Campoalsa para construir un edificio de seis viviendas y garajes en Escaselas, en la Recta da Anchoa; y a la entidad Inversiones Plaza Garden para levantar un bloque de 88 pisos en Escaselas, también junto a la playa de Langosteira. Los dos fallos son firmes, sin posibilidad de recurso.
El TSXG ha ratificado, en su sentencia del pasado mes de mayo, la resolución que emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Tres de A Coruña en 2008 en la que decretó la anulación de la licencia de construcción del bloque de 88 pisos entonces ya prácticamente terminado y que fue denunciado en 2007 por la Consellería de Política Territorial al advertir diversas irregularidades. La Xunta denunció en total en el juzgado 400 pisos junto a la playa.
El Concello en abril de 2005 otorgó una licencia de obra a Inversiones Plaza Garden que no se ajustaba a la normativa por lo que fue requerido por la Xunta para que la revisase. Al hacer caso omiso, el Gobierno gallego interpuso el recurso contencioso.
En este fallo el TSXG recuerda, como ya adujo antes el juzgado, de que existían informes técnicos del perito judicial, "sobre la base" de argumentos de los propios técnicos municipales" que dejaban claro que la parcela sobre la que se pretendía entonces levantar el edificio carecía de los requisitos mínimos fijados por la normativa urbanística para ser considerada como solar.
El Tribunal gallego rechazó los argumentos del Concello y la promotora que adujeron que el recurso se presentó fuera de plazo y que la Xunta no estaba legitimada para presentarlo y el director xeral de Urbanismo tampoco podía ordenar la revisión de oficio al Concello. El TSXG rechazó todas estas alegaciones al recordar que la ley legitima al Estado y las Comunidades Autónomas al ejercicio del control de la legalidad urbanística y permite instar la revisión de oficio.
El Alto Tribunal gallego, respecto al edificio de 6 viviendas promovido por Campoalsa SL, también en la Recta da Anchoa, ha sido aún más contundente. El Juzgado de lo Contencioso Número 3 ordenó en su resolución de 2008 que el Concello revisase la licencia tal y como le exigía la Xunta y determinase si efectivamente era nula. El TSXG ha ido más allá y ha revocado este fallo: no hace falta que el Ayuntamiento revise la licencia, está claro que es nula y así lo ratifica de forma firme.
Los jueces, respecto al edificio de Campoalsa recuerdan que carecía de instalación de saneamiento suficiente (muchos tienen pozo negro) y la existencia de un proyecto para ejecutar una depuradora, como se alegó, era "irrelevante" porque se presentó después de otorgar la licencia a la promotora.
* La Opinión A Coruña - 19.09.10
Foto: Viviendas en construcción en la Recta da Anchoa de Fisterra en 2008.- laopinion
El 42% de los municipios cántabros tiene parados sus planes urbanísticos
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El urbanismo en Cantabria no progresa adecuadamente. Desde la última evaluación hecha hace un año por la Dirección General de Urbanismo poco se ha avanzado. Si entonces siete municipios no habían iniciado el proceso para adecuar sus planes generales, hoy la situación casi no ha cambiado. Se mantiene el 'club' de los ayuntamientos de los que nada se sabe en materia de urbanismo, integrado por El Astillero, Cabuérniga, Reinosa, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Tudanca y Valdeolea. Y lo que es peor, tampoco se ha avanzado en el polo opuesto y en Cantabria sólo cuatro municipios (Argoños, Potes, Santillana del Mar y Comillas) cuentan con planes generales aprobados y adecuados a la normativa legal.
Ese estancamiento está echando por tierra las previsiones voluntaristas planteadas por el Gobierno de Cantabria que estimaban que en 2012 cerca de 70 ayuntamientos dispondrían ya de Plan. La respuesta es simple: la Dirección General de Urbanismo no oculta su preocupación. La realidad es concluyente: un 42% de los ayuntamientos cántabros (43 de 102) tienen parada y «sin actividad» la modificación de la norma que define su desarrollo urbano. Un planeamiento básico y del que depende todo: la calificación de los solares, las dotaciones de suelo para servicio público, los aprovechamientos, el volumen de crecimiento de cada zona, las licencias de construcción, las zonas de expansión, la planificación industrial...; en definitiva, el texto legal que marca el futuro de cualquier municipio y es determinante para la tesorería de las menguadas arcas municipales. En el informe de coyuntura que maneja Obras Públicas no todo es negativo. La consejería cree firmemente que antes de acabe el año Santander contará con Plan General ya que las diferencias de criterio existentes son «salvables». Si se produce la aprobación definitiva «habremos dado un gran paso, ya que hablamos del Plan de Urbanismo más complejo y que afecta a un tercio de la población de Cantabria».
Otros dos ayuntamientos también pueden cerrar en este ejercicio su proceso. Es seguro en el caso de Medio Cudeyo, cuyo documento ya dispone de la aprobación provisional y recibirá el definitivo visto bueno en la próxima reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Es posible que Puente Viesgo también obtenga la luz verde este año, ya que sólo está pendiente de la Memoria Ambiental. El desánimo entre los técnicos de Urbanismo viene de la mano de la actitud de algunos grandes municipios que tienen «paralizado su Plan y de los que no tenemos noticias desde hace más de un año». Eso en el mejor de los casos, porque en otros «la administración regional ignora las intenciones de varios ayuntamientos, que no han iniciado el proceso previo para modificar su planeamiento». El último informe interno de situación elaborado por la Dirección General de Urbanismo refiere que 43 municipios de la región tienen «parados sus planes generales». Algunos no los han iniciado y otros tienen la tramitación paralizada y sin actividad desde hace años. De ellos, 14 ayuntamientos únicamente acometieron en su día el inicio de la modificación de sus planeamientos, pero sólo tres contrataron un equipo redactor. En el chequeo interno de Urbanismo, el epígrafe «último contacto» está vacío para esos municipios y la conclusión final es que esos planes están «sin actividad».
Avance inicial
Tampoco parece avanzar el desarrollo urbanístico de 26 ayuntamientos que sólo cuentan con un avance inicial de su plan. Todos ellos han obtenido un Informe de Sostenibilidad Ambiental positivo, pero en su mayor parte están a la espera de recibir la aprobación inicial que posibilite seguir con el procedimiento. Y no es que se esmeren: el informe revela que el 'último contacto' de algunos de ellos data de mediados de 2008 y en otros casos de hace un año. Torrelavega es de los que se encuentra en esta categoría. En su caso, el último acto administrativo o contacto con la administración regional referido al proceso data de julio de 2009. En esta categoría también figura Suances, cuyo planeamiento puede llegar a romper la coalición de gobierno por fuertes discrepancias entre los socios, PSOE (Alcaldía) y PRC. La denuncia es concreta: desde 2005 no se mueve un papel y el contrato con el equipo redactor expiró hace cinco años.
La realidad de hoy no difiere mucho de la que existía en 2009, pero tampoco de la que que se registraba en 2001. La gran justificación siempre ha sido que los intentos de modificar la planificación urbana se han topado con cambios de legislación.
Desde 2001, la radiografía de los planes urbanísticos ha mudado, pero no tanto. Hace nueve años, el panorama era negro: contaban con planeamiento aprobado 12 municipios de la región (un 11,80%), en tanto que 64 disponían de normas subsidiarias (el 62,70%). En ese mismo ejercicio, 20 ayuntamientos de Cantabria echaban mano de proyectos de Delimitación de Suelo Urbano para ir regulando sus planificaciones urbanísticas, en tanto que 6, el 5,90%, nada tenían. Una realidad de entonces que hoy es inservible ante la promulgación de nuevas leyes a las que quedan sometidos todos los ayuntamientos.
* El Diario Montañes - 19.09.10
Foto: El municipio de El Astillero en primer término, con Camargo al otro lado de las marismas - eldiariomontanés.es
Lecciones Malayas
ENCARNA MALDONADO* : El macroproceso de Marbella marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción, pero el riesgo no ha desaparecido · El catedrático Díez Ripollés advierte de que si no se presta atención volverá a aflorar con el argumento de superar la crisis. Prácticas ilícitas en la actividad urbanística fue el elocuente título de un estudio publicado a finales de 2004 por un grupo de expertos del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología dirigidos por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés. El equipo avisaba de que existía riesgo real de que el crimen organizado tomara el control político. Es más apuntaba que en algunos puntos de la Costa del Sol esto ya podía estar sucediendo. La investigación levantó ampollas y agentes económicos, políticos y hasta policiales se apresuraron a descalificarla.
El próximo 27 de septiembre se sentarán en el banquillo 95 acusados en la denominada operación Malaya. Todos los alcaldes y concejales que han gobernado Marbella entre 2003 y la primavera de 2006 están procesados, junto a 19 promotores inmobiliarios, abogados, testaferros, contables y hasta el secretario municipal y el jefe de la Policía Local. Sobre ellos pesa la sospecha de haber participado en un cóctel de corrupción política y urbanística orquestada por Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del municipio desde mediados de la década de los 90. A grandes rasgos las acusaciones sostienen que Roca se encargaba de mantener bajo control la voluntad de los cargos públicos a cambio de sobres que presumiblemente recibía de los empresarios para amoldar la política urbanística a los intereses del mejor postor. Supuestamente parte de ese dinero lo repartía entre el equipo de gobierno y otra jugosa parte se la quedaba. La operación policial implicó la disolución de la Corporación municipal. Algo tan común en el sur de Italia que, sin embargo, sucedía por primera vez en España.
Desde que la operación Malaya explotó nunca más se puso en duda la tesis de la investigación Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Seis años después el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés recuerda que a pesar de los pesares fueron la Policía y luego la jurisdicción penal los primeros en reaccionar contra la corrupción. De hecho, el cabo del hilo que desembocó en la operación Malaya se encontró en un juzgado: el magistrado Miguel Ángel Torres investigaba por delito urbanístico el exceso de edificación en el hotel Guadalpín, y citó a declarar al jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo en Marbella, Jorge González. El funcionario tiró de la manta.
Díez Ripollés considera que la jurisdicción contencioso administrativa fue "excesivamente pasiva". La sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) optó por no adoptar medidas cautelares para impedir que prosiguieran las construcciones amparadas en licencias de obras recurridas. Y cuando el tribunal, aquejado de un dramático colapso, se pronunciaba años después los edificios estaban en pie y ocupados. Mientras, los juzgados penales acostumbraban a esperar las resoluciones administrativas antes de seguir sus procedimientos, generando una sensación generalizada de impunidad.
Aún así, cuando la operación Malaya comenzó la Fiscalía Anticorrupción ya contaba con un delegado en Málaga, el fiscal Juan Carlos López Caballero, y la Policía Nacional acababa de reforzar sus unidades especializadas. Hasta entonces todos los jueces que habían tratado de aproximarse al avispero marbellí por una razón u otra habían salido escaldados. Pero en este caso la investigación permaneció secreta más de un año, mientras la atención pública se focalizaba en el caso Ballena Blanca, centrado en el despacho de abogados DVA, por presunto blanqueo de capitales.
¿Cómo había podido ocurrir algo así a la vista de todos sin que nadie diera la voz de alarma? "En realidad la sociedad todavía no ha reaccionado contra la corrupción. Sólo hay que ver las expectativas electorales de los implicados en el caso Gürtel", precisa el catedrático de Derecho Penal. José Luis Díez Ripollés relaciona esa ausencia de censura social con la falta de cultura política además de con la confusión de valores que ha generado la respuesta de las instituciones "que han vendido como realismo político la renuncia al efecto intimidatorio del Derecho sancionador". Es decir, la masiva legalización de viviendas que se ha producido después en Marbella bajo el argumento de evitar un daño mayor a terceros de buena fe ha asentado la sospecha de que nunca sucede nada y que compensa infringir la ley.
En la misma línea interpreta la atemperación que han sufrido normas como el Decreto de Campos de Golf de la Junta de Andalucía o la propia Ley de Costas del Gobierno central. De hecho, este catedrático de la UMA opina que el interés público que genera el caso Malaya reside en el morbo de los famosos implicados: "La atención está en los famosos y en lo que se va a conocer de su vida privada. No en la relevancia del juicio para nuestra democracia y nuestras instituciones". El caso Malaya marcó un antes y un después en la persecución de las prácticas corruptas en las administraciones. De este a oeste y de norte a sur la Policía registró ayuntamientos por toda la geografía española, descubrió botines ocultos bajo los colchones y los jueces imputaron a alcaldes y cargos públicos.
¿Se ha puesto el punto final a descomposición de la vida pública en España? El catedrático José Luis Díez Ripollés tiene sus dudas. Opina que esa falta de reacción social puede favorecer que "una vez superada la crisis económica , o con el argumento de superarla, se sienten otra vez las bases de la corrupción si no prestamos atención".
* Málaga Hoy - Opinión - 19.09.10
'Caso Brugal': La mafia que controlaba votos, voluntades y toneladas de basura
ELPAÍS/Alicante* : En vísperas de la Navidad de 2007, dos personajes pasean por el puerto de Alicante. Son Enrique Ortiz, dueño de un imperio inmobiliario en Alicante y máximo accionista del Hércules, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y ex presidente de la fundación del club alicantino. Hablan de repartir entre el propio Ortiz y Ángel Fenoll (que gestionaba la concesión a dedo del servicio de la basura) una contrata que todavía no se ha adjudicado. La policía, que les sigue los pasos, graba a Gregori cuando comenta el encuentro con Fenoll, cuyos intereses representa: "Le he visto en buena línea... Yo creo que eso es fácil, lo podemos arreglar".
Con acceso directo al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, Gregori hace de intermediario en una trama cuya investigación comenzó la primavera de 2006 porque Fenoll dejó entonces sobre la mesa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, una bomba de relojería en forma de DVD con un supuesto soborno por la contrata de la basura de la ciudad de Orihuela. Fenoll pretendía reventar la concesión del concurso a otro adjudicatario, pero aquel DVD puso al fiscal y a la policía a revolver en los desechos de la comarca de la Vega Baja y, sobre todo, a seguir los pasos del propio Fenoll. Cuatro años después, la investigación ha dejado a la intemperie una trama político-empresarial que salpica al presidente de la Diputación de Alicante y a otros cargos del PP, e incluso al portavoz socialista en la institución provincial, expulsado de su partido hace unos días.
En la investigación han aflorado sobornos y pagos de favores (pisos, viajes de recreo a bordo de lujosos yates y entrega directa de dinero en sobres). Fenoll, verdadero corruptor de la Vega Baja y cosechador de votos para el PP desde que Luis Fernando Cartagena alcanzara la alcaldía con una moción de censura a finales de los años ochenta, pretendía quedarse con la contrata del Ayuntamiento de Orihuela (valorada en 190 millones de euros) y con la del plan zonal de La Vega Baja (valorada en 360 millones a lo largo de 20 años). Condenado en su día por comprar votos para el PP y por ayudar a Cartagena a falsificar una coartada cuando fue condenado y tuvo que dejar la política, Fenoll se movía en las entretelas del PP alicantino. Ortiz, a su vez, lo hacía en las del PP regional (es uno de los implicados en la supuesta financiación del partido de Francisco Camps en el caso Gürtel).
Fenoll gestiona la concesión a dedo del servicio de la basura en la playa de Orihuela y media docena de contratas menores, en este caso mediante concurso, en otros tantos municipios de La Vega Baja. El trabajo de la costa oriolana se lo adjudicó Cartagena cuando era alcalde, con el beneplácito del protector de Fenoll, Manuel Lorente, padre de Mónica Lorente, la actual alcaldesa de Orihuela, también imputada en el caso Brugal.
Pero el industrial, que de pequeño empujaba el carro de recogida de su padre, quería más. Quería ser el rey de la basura en toda la comarca. Comprar voluntades de políticos y técnicos llevó a que el 30 de mayo de 2007 fuera detenido con cinco miembros de su equipo por extorsión y cohecho. Era la primera fase de la Operación Brugal. Fenoll estuvo un mes en la cárcel y salió con una fianza de 100.000 euros. La investigación se incautó de centenares de grabaciones que destaparon su vocación extorsionadora. El industrial grababa las entregas de dinero a cargos del PP.
Tras el arresto y con el respaldo de su hijo Antonio Ángel, y el gerente del grupo, el edil del PP de Orihuela Javier Bru desplegó sus peones a dos bandas. Para la contrata de Orihuela, se aseguró el apoyo de tres concejales del PP de esa corporación (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez) y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Los tres le asesoraron para comprar dos empresas tapadera "sanas" al tiempo que confeccionaban un pliego de condiciones a la medida de su oferta, en unión con la mercantil Sufi, que lograría el contrato el 28 de octubre de 2008.
Por otra parte, aunque la intención del presidente de la Diputación, Ripoll, era otorgársela a él, la contrata de la planta de basura del plan zonal de la Vega Baja cambió de rumbo a causa de su arresto y de la postura de la Generalitat, que prefería a Ortiz. Gregori, amigo personal de Ripoll y socio de Fenoll desde 2007, fue el encargado de la negociación. El plan era que el grupo ganador hiciera la planta en la finca La Pistola (en la pedanía oriolana de Torremendo) propiedad de Fenoll. Para ello se cambiaría la ubicación inicialmente propuesta.
Gregori desplegó una frenética labor de intermediación entre Ortiz y Fenoll en vísperas de la adjudicación. El contrato se otorgó el 3 de enero de 2008 como estaba previsto a una UTE integrada por Cespa y la empresa de Enrique Ortiz. Sin embargo, aún no había un pacto definitivo entre Ortiz y Fenoll y las presiones del entorno de Ripoll para cerrar el acuerdo eran constantes. El líder del PP tenía que tener contento a Fenoll, porque lo necesitaba para reflotar las precarias finanzas de dos televisiones locales controladas por los populares. La policía sostiene que el presidente de la Diputación recibió dos pisos o su equivalente en dinero, entre 800.000 y un millón de euros. Los corruptos financiarían la millonaria dádiva con el sobreprecio de la finca La Pistola y el aumento del canon a los usuarios de la futura planta comarcal de basura de la Vega Baja.
Tanta negociación estrechó lazos de amistad y Ripoll, Ortiz y Gregori coincidieron en una fiesta en la Feria de Sevilla y dos viajes (veranos de 2008 y 2009) a las Baleares a bordo del lujoso yate Elena, propiedad de Ortiz. Fenoll, que monopoliza el negocio de la basura en la Vega Baja, merced a un vertedero ilegal, estratégicamente ubicado en el límite entre las provincias de Alicante y Murcia, prefirió quedarse en Orihuela y seguir a lo suyo: repartir sobres.
* El País - 19.09.10
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
El TSJ emite una cuarta sentencia contra el plan urbanístico de Mestrets
LEVANTE/Castelló* : Nuevo revés al programa urbanístico de Mestrets. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido una nueva sentencia contraria al PAI al cargar en los vecinos los costes urbanísticos de obras públicas. Mestrets ya suma así cuatro fallos en contra. En esta ocasión, el TSJ estima parcialmente el recurso presentado por cuatro vecinos de la asociación de afectados de Mestrets, concretamente, invalida la intención del Consell y el ayuntamiento de hacer asumir a los propietarios las cargas urbanísticas del encauzamiento de los barrancos del Sol y Canters, cuyo coste está establecido en más de 4 millones de euros, y anula la parte de la resolución concerniente a la obtención del suelo para dicha infraestructura, que fue aprobada en 2007 por la Conselleria de Infraestructuras.
"No es conforme a derecho en lo que se refiere a la obtención de suelo dotacional y al estudio de inundabilidad", apunta el tribunal refiriéndose al encauzamiento en su sentencia, con fecha del 17 de septiembre, a la que ha tenido acceso Levante de Castelló. Los demandantes alegaron contra la inclusión en el PAI de dicha obra pública al atender que su financiación debía corresponder a la administración y no a los propietarios al ser una infraestructura pública, y el juez asume este punto y considera que el coste de esta actuación depende de las instituciones públicas. La resolución no es firme, por lo que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Castelló pueden presentar un recurso de casación en el plazo de diez días.
En cambio, el resto de argumentos de los vecinos han sido desestimados por el TSJ. La asociación de residentes de Mestrets había recurrido también la tipología edificativa, así como el proceso de adjudicación seguido por la administración. Esta vez, el juez no hace mención a las cargas fijadas a los propietarios para la obtención de suelo de otros proyectos públicos como 3.000 viviendas protegidas, el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la sede de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló y la ronda oeste de circunvalación.
Los tres fallos anteriores anularon el plan por cargarse en los vecinos parte de las cargas de dichas dotaciones públicas.
El TSJ, de esta manera, golpea de nuevo contra uno de los PAI de mayor envergadura que ha planificado el Ayuntamiento.
La Conselleria de Infraestructuras y el consistorio se han visto obligados a desvincular la ronda Oeste del desarrollo urbanístico para ejecutar sus obras y han optado por la expropiación forzosa para obtener los terrenos necesarios.
Luisa Pérez, portavoz de la asociación de afectados del PAI Mestrets, instó al Ayuntamiento de Castelló a modificar la unidad urbanística.
* Levante - 18.09.10
Foto: Mestrets, protesta vecinos (archivo) - levante-emv.com
Una marcha ciclista conmemora la Semana Europea de la Movilidad
MADRIDIARIO* : Representantes de las Instituciones Europeas en España han celebrado hoy la Semana Europea de la Movilidad con una marcha ciclista de ocho kilómetros que ha recorrido el interior de la madrileña Casa de Campo. La marcha, organizada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, tenía como objetivo cambiar los hábitos de transporte del público ofreciendo alternativas al automóvil respetuosas con el medio ambiente.Para el director de la oficina de representación de la Comunidad Europea en España, Francisco Fonseca, lo verdaderamente importante es que esta Semana Europea de la Movilidad "la siguen ciudadanos de más de 1800 ciudades en toda Europa, demostrando que los ciudadanos reivindicamos sostenibilidad y calidad de vida".
Esta iniciativa de la Unión Europea, a la que cada año se suman más ciudades, quiere concienciar a los ciudadanos de las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente.
Se trata de animar a las autoridades y a los ciudadanos a "fomentar alternativas al automóvil" y a "realzar su impacto positivo para la salud pública y el medio ambiente", continúa Fonseca.
El lema de esta Semana de semana 2010, 'Muévete con inteligencia y vive mejor' reconoce los efectos perjudiciales de las tendencias actuales del transporte urbano para la salud de los ciudadanos.
La Semana de la Movilidad culmina con un día sin coches, el 22 de septiembre, día en que las ciudades reservan zonas destinadas exclusivamente a peatones, ciclistas y transporte público
La marcha, celebrada en un ambiente festivo con música y charanga, ha contado con la participación de adultos y niños que al final del acto han participado en el sorteo de una bicicleta y de un viaje a Bruselas para dos personas.
* Madridiario - 18.09.10
Foto: Madrid, bicicletada Semana Movilidad 2010 - madridiario.es
El ATC a Zarra: la sombra de la corrupción planea sobre la instalación
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Finalmente, el Consejo de Ministros no ha tomado la decisión de designar Zarra (Valencia) como el candidato a albergar el Almacén Transitorio Centralizado (ATC), pero todo indica que éste será el elegido. Para ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* es significativo que el lugar elegido se caracterice por la sombra de la corrupción, donde el propio alcalde está imputado. El paso final en la instalación del ATC, donde se depositarán todos los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, no ha podido ser más rocambolesco. Ante la fuerte oposición encontrada en todos los municipios candidatos, finalmente se ha optado por enviarlo a uno donde planea la sombra de a corrupción y donde la comunidad autónoma no opondrá resistencia alguna.
La decisión aún no está tomada, pero todo indica que Zarra será finalmente el elegido.
Esta probable decisión es indicativa de la actitud de la industria nuclear y es el culmen de un proceso que ha pecado de ocultismo y de contactos clandestinos con los alcaldes implicados. Finalmente, el dinero ha tentado a quien podía tentar. El Ministerio de Industria y la propia ENRESA no han sido capaces de arrojar alguna luz sobre el proceso y de hacerlo mínimamente democrático. La casi segura elección de un municipio caracterizado por la corrupción urbanística es un hecho muy sintomático.
Una prueba más de la falta de democracia de todo el proceso es que la decisión se quiere tomar sin tener en cuenta ni siquiera las alegaciones presentadas a la candidatura de Zarra, que todavía no han sido respondidas.
Ecologistas en Acción recalca que la gestión de los residuos radiactivos no puede acometerse de forma independiente del futuro de la energía nuclear. Sólo será posible llegar a un consenso social cuando se establezca un calendario de cierre admisible de las centrales nucleares. Hasta entonces, sólo se podrá actuar comprando voluntades, tal como se viene haciendo desde la fundación de la propia ENRESA.
Sin embargo, esta posible decisión no significará la construcción del ATC. Ecologistas en Acción recuerda que la plataforma local es muy activa en la lucha contra el cementerio y que, a partir de ahora, toda la lucha contra el cementerio nuclear, desperdigada por la Península, se va a centrar en este único sitio.
Por último, Ecologistas en Acción expresa su solidaridad con los/as habitantes de la comarca y les ofrece su apoyo para intentar que el ATC no se instale.
* Ecologistas en Acción - 17.09.10
Foto: Zarra (Valencia), manifa contra cementerio nuclear (archivo) - EFE
Urbanismo sólo ordena derribar los galpones de tres de las trece casas expedientadas
LAOPINIÓN/A Coruña*: Los galpones de A Zapateira se ofertan de nuevo en las paradas de buses de los campus sin que el Ayuntamiento haya terminado con esta irregularidad. El departamento de Urbanismo arrancó hace dos años una investigación a raíz de la denuncia de la Universidad, que detectó al menos 150 infraviviendas. En total, el Gobierno municipal abrió trece expedientes, de los que sólo tres están pendientes de demolición. Existen siete casos donde ya no se puede ejecutar la orden de derribo porque los microapartamentos funcionan desde hace más de seis años. Los vecinos y la Universidad piden que se agilice la construcción de la residencia.
La Concejalía de Urbanismo reaccionó a finales de 2008 a la denuncia de la Universidad, tras detectarse la existencia de 150 galpones para estudiantes en A Zapateira, y notificó a los propietarios que era preciso el cese "inmediato" de la actividad. Dos años después, con el inicio del curso y con la problemática sin resolver, el Ayuntamiento asegura que es complejo conseguir el derribo de estas infraviviendas. De los trece expedientes abiertos, en sólo tres el Gobierno municipal tramita la orden de demolición. En otros casos, responsabiliza a la Xunta del problema o argumenta que ha pasado tanto tiempo que ha prescrito la posibilidad de decretar la desaparición de estas habitaciones para estudiantes.
En las paradas de los autobuses próximas a los campus universitarios se pueden leer carteles, con número de teléfono incluido, donde se alquilan galpones a alumnos de Elviña y A Zapateira. Regresan los estudiantes a las aulas y vuelven las infraviviendas. La Universidad denunció en 2008 la existencia de al menos 150 galpones y las posteriores inspecciones de los técnicos del Ayuntamiento no han servido para poner fin a esta situación.
Los trece expedientes que abrió el Ayuntamiento para que se restablezca la legalidad urbanística apenas han surtido efecto. Sólo en tres de los casos, el departamento de Urbanismo sigue con el proceso administrativo para la demolición de los galpones, una tramitación que desde María Pita puntualizan que se alarga porque los interesados han presentado recursos para evitar el derribo de las infraviviendas.
En siete de los casos analizados, el Concello reconoce incluso que se ha llegado tarde para obligar a los propietarios a demoler las habitaciones que alquilan a los universitarios, es decir, que la situación irregular de los galpones no es nueva, sino que más bien se ha convertido en una forma habitual que tienen varias familias de A Zapateira para aumentar sus ingresos. "En siete expedientes se comprobó que las edificaciones tenían más de seis años y, por tanto, está prescrita la posibilidad de, en su caso, ordenar su demolición. En estos casos se ordenó el cese de uso de esas edificaciones para usos residenciales, excepto uno en el que la edificación puede albergar el uso residencial comunitario", puntualiza un portavoz local.
El Ayuntamiento también responsabiliza a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de las irregularidades urbanísticas de A Zapateira. Destaca que en dos casos la Xunta es la administración competente para reponer la legalidad urbanística porque los galpones están en suelo rústico.
La existencia de microviviendas para estudiantes en A Zapateira es una realidad. El colectivo vecinal del barrio reclamó el jueves el derribo de estas construcciones como "medida ejemplar", para evitar la proliferación de esta actividad en los alrededores del campus. Los residentes están convencidos de que la otra forma de solucionar este problema es con la construcción de la tan demandada residencia universitaria de Elviña, pues entienden que es la mejor contraoferta a los bajos precios de los galpones si se comparan con los alquileres que se pagan por pisos en el resto de la ciudad.
"Es importante abrir la nueva residencia universitaria porque, de lo contrario, esto es carne de cultivo para los especuladores", apostilló Juan Manuel Sánchez-Albornoz, presidente de la asociación de vecinos. La Universidad está de acuerdo con esta hipótesis, convencida de que mientras no se ponga en marcha la residencia será imposible acabar con los galpones del barrio de A Zapateira.
El vicerrector de Infraestruturas de la Universidad, Xosé Lois Martínez, reclamó a la Xunta que acelere los trámites para la contratación de la obra de la residencia de Elviña, que contará con más de 600 plazas para estudiantes y profesores: "Está sin adjudicar pese a que se concedió la licencia y se licitó hace más de un año".
* La Opinión - 18.09.10
Foto: Planos aéreos de cuatro parcelas en las que los dueños de chalés de A Zapateira tenían en 2008 sus galpones, que aparecen enmarcados. / la opinión
El Cabanyal: La suspensión del Pepri no implica denegar licencias
LEVANTE/Valencia* : La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que mantiene que la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio de El Cabanyal de Valencia "no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien", ubicado en esa zona. El texto, fechado el 15 de septiembre y difundido este viernes por la asociación de vecinos del Cabanyal, añade que "habría que analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y analizar el impacto del Pepri sobre las mismas, y sólo posteriormente conceder y denegar aquellas".
La suspensión del Pepri, añade, "debe limitarse a aquellos aspectos que supongan expolio" en los términos que establece la orden CUL 3631/2009 del Ministerio de Cultura que ordenaba al Ayuntamiento de Valencia parar la ejecución de los derribos en el conjunto histórico. "En base a los principios de proporcionalidad y menor onerosidad, así como el de conservación de actos administrativos, deben entenderse aplicables las restantes disposiciones del Pepri".
La institución ha realizado este informe a petición de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura, después de que éste conociera la decisión del Consistorio valenciano de suspender diversas licencias de obra y actividades económicas solicitadas por vecinos sobre inmuebles situados en el ámbito de aplicación del Pepri y justificándolo en el cumplimiento de la orden ministerial, explica.
Por ello el Ejecutivo central planteó a la Abogacía del Estado si, teniendo en cuenta los términos de la orden y la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra el decreto del Consell que avalaba el Pepri, esta suspensión de concesión de cualquier licencia en el barrio "podría repercutir gravemente en la protección y conservación de los inmuebles singulares del conjunto histórico-artístico del Cabanyal".
El escrito, consultado por Europa Press, señala que a la hora de determinar, aplicando las previsiones del Pepri, qué licencias pueden o no concederse, "habría que distinguir si los permisos solicitados lo son de obra o de actividad, y, a su vez, dentro de las licencias de obra, estudiar individualmente cada una de ellas y distinguir tipos de intervenciones, ya que habrá solicitudes para ejecutar obras de conservación, rehabilitación o adecentamiento de los bienes que será necesario conceder para garantizar y contribuir activamente a la conservación del Bien de Interés Cultural".
Habrá otras obras, por ejemplo que sean "indiferentes", a los objetivos de conservación del patrimonio histórico, respecto a la cuales, "tampoco existirían inconvenientes jurídicos, tras su estudio sobre el valor específico y su papel urbano para concederlas", apunta.
En definitiva, "únicamente aquellas solicitudes de licencia de demolición o transformación que afecten a la conservación del conjunto histórico en los términos de la orden CUL 3631/2009 son las que deberían denegarse".
Lo mismo sucedería con las licencias de actividad, prosigue el informe, en las que habría que distinguir su finalidad, ya que incluso algunas "pueden contribuir a la conservación del patrimonio histórico como actividades tradicionales o simbólicas del barrio".
"Luego en principio entendemos que a priori la orden de Cultura que determina la suspensión parcial de la aplicación del Pepri, no puede implicar la denegación de la concesión de cualquier tipo de licencia municipal, sobre cualquier inmueble ubicado en el citado barrio, con carácter general", insiste.
ESTUDIO INDIVIDUAL
En esta línea, manifiesta que el Ayuntamiento de Valencia debería estudiar individualmente cada licencia para determinar en cada caso si la aplicación de la suspensión parcial del Pepri permite o no la concesión de las mismas, correspondiendo exclusivamente a los interesados el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales pertinentes, frente a la denegación de licencias por la corporación municipal.
La Abogacía del Estado --que matiza que desconoce las resoluciones desestimatorias del Ayuntamiento sobre las licencias y sus argumentos, por lo que sus consideraciones son generales-- añade que la suspensión en la aplicación del Pepri del Cabanyal "afecta sólo a aquellas determinaciones o previsiones del plan cuya ejecución pueda ser causante de expolio del patrimonio histórico español".
"Es sólo este ámbito, el de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la expoliación, al que se circunscribe la competencia exclusiva del Estado atribuida por la Constitución", aclara.
* Levante- EP- 17.09.10
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
