Cadáveres de cemento

DIARIODEMALLORCA* : Algunos se yerguen como esqueletos grises. Son moles imponentes con entrañas formadas por una amalgama de hormigón, yeso, hierros y cables al aire. Cadáveres de cemento antes de haber nacido. En otros casos, las construcciones aparecen casi impecables. Casi finalizadas. Aparentemente presentan sus acabados en orden. Sus ventanas, sus puertas, su pintura, su techo... Aunque, después, rascando en la superficie, falta lo básico. Son como un bonito decorado. Por fuera, deslumbran. Una ilusión falsa. Detrás, se ve una ruinosa trastienda donde nada es lo que a primera vista aparentaba, una trastienda de incumplimientos, pleitos judiciales y opciones de compra en el aire. La crisis deja todo tipo de cadáveres urbanísticos.

La mayoría sigue el siguiente trayecto vital: empresa que se lanza a una promoción inmobiliaria en la época dorada, y ya lejana, del ´construyo y vendo fácil´, empresa que se ahoga en la ciénaga de la contracción económica y la restricción del crédito, empresa que se colapsa y que cierra, llegando a un callejón sin salida repleto de vericuetos judiciales.
Es difícil cuantificar el número de promociones que se han visto arrastradas por la crisis. Un indicador aproximativo es el que engloba los proyectos que hace unos años obtuvieron el visado –la autorización para construir–, pero que, pasado el tiempo, no han solicitado el final de obra.

Unas 1.500 viviendas en el aire

En este sentido, existen 1.500 viviendas potenciales, explica el presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Balears, Gabriel Oliver. La mayoría de estos proyectos ni siquiera se han llegado a empezar pese a contar con la autorización y han preferido esperar a tiempos mejores, manifiesta Oliver. El resto de casos –los menos– corresponde a promociones que se quedaron a medio construir.
Una vez comenzadas, las grandes obras acostumbran a quedar al margen de las contingencias. "Este tipo de obras cuentan con una financiación estructurada. Pese a los problemas que puedan surgir, a la banca le interesa que se finalice y por eso las apoya", afirma. En otros casos, las dificultades de encontrar financiación acaban por estrangular el margen de maniobra de los promotores. En un lugar de nombre idílico, Cala Romàntica (Porto Cristo, Manacor), se encuentra un ejemplo de manual. Una promotora, Terrapolis, con sede en Sevilla, decide un día que ese entorno de postal es el adecuado para lanzar un conjunto residencial con más de un centenar de viviendas. La casa de los sueños para veraneantes locales, peninsulares o extranjeros. Una idea que con el tiempo se reveló un espejismo.
Sólo se llegaron a construir la mitad de las viviendas previstas hace casi tres años. La promotora declaró un concurso de acreedores (lo que antes se denominaba suspensión de pagos). Como en tantos otros casos, la promoción quedó en manos del organismo financiador. En este caso, la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Fuentes del ayuntamiento de Manacor señalan que ha habido movimientos para reactivar la comercialización.
Entre tanto, compradores que en un principio quedaron deslumbrados por la promoción, y decidieron pagar una entrada de entre 80.000 y 100.000 euros, ahora se encuentran sin casa, sin la residencia que querían comprar e inmersos en un proceso judicial para hacer valer sus derechos.
A menor escala, el esquema se repite en otras localidades de la isla, como Andratx. Desde hace meses, están paradas las obras de una promoción de 41 viviendas –de entre una y tres habitaciones– y locales comerciales, entre las calles sa Rectoria y Antoni Mulet. Están situadas delante de la casa consistorial, en paralelo a la iglesia del pueblo.
En el Ayuntamiento explican que la empresa encargada de la obra, con sede en la península, se quedó sin la financiación bancaria necesaria para seguir ejecutando la construcción. El departamento de Urbanismo se ha puesto recientemente en contacto con la compañía, que informó de que está en fase de solucionar el problema de financiación.
El rastro de la parálisis inmobiliaria se encuentra además en localidades como sa Pobla, donde el boom inmobiliario fue especialmente acentuado en su momento y ahora existen conjuntos residenciales enteros inacabados; Alcúdia, donde se preveía una urbanización de viviendas en la zona del Molinot que no se ha llegado ni a empezar, en espera de tiempos mejores; o Son Servera, en parte de la urbanización es Port Verd.

Edificios multiusos

La crisis del ladrillo no sólo deja tras de sí un reguero de promociones de viviendas en el limbo de las incógnitas y los incumplimientos. De igual forma, tiene repercusión en edificaciones de otras tipologías.
En Calvià se halla un buen ejemplo de esto. Hace un par de años se suspendió temporalmente la construcción de un gran centro comercial y de ocio en pleno centro de Magaluf.
El complejo, proyectado en un solar de unos 15.000 metros cuadrados al lado de la playa y que iba a recibir el nombre de La Vila, implicaba invertir aproximadamente unos 20 millones de euros, dirigidos a erigir un centro de ocio con hasta ocho edificios independientes y una completa dotación de plazas de aparcamiento. La zona de estacionamiento subterráneo tendría 380 plazas, además de otras 220 en superficie.
El grupo promotor de esta infraestructura, Vaxla, aseguró en su día que la suspensión era sólo un paréntesis en un escenario de crisis económica y que su intención era retomar el proyecto e irlo ejecutando por fases. En Bunyola asimismo conocen bien esta realidad. Lo que debía ser la mayor obra pública hecha nunca en el municipio continúa en el limbo.
La construcción del edificio multiusos de Can Gual, diseñada para albergar aparcamientos públicos y privados, locales comerciales, municipales, la sede de la gent gran y un centro de salud, está paralizada desde hace más de dos años.
En junio de 2008, la empresa concesionaria Jutoba presentó un concurso de acreedores. Se paralizaron las obras comenzadas un año antes y aún no se han reiniciado. Desde entonces, el esqueleto del gran edificio se deteriora y ofrece una imagen de degradación que ha sido muy criticada por los vecinos.
La otra cara de la moneda de la crisis inmobiliaria la representan las viviendas acabadas, pero vacías. Viviendas que no se venden y que, a finales del año pasado, conformaban un stock de 5.800 unidades, según datos de la asociación de promotores inmobiliarios.
Para este año, este colectivo profesional tenía la previsión de reducir el volumen en 1.000 viviendas, pero, como asegura su presidente, Gabriel Oliver, las cifras de ventas de los seis primeros meses del año son buenas e inducen a pensar que la previsión mejorará. El stock de viviendas "lógico", agrega, no debería superar las 2.000 viviendas.





* Diario de Mallorca - 8.08.10
Foto: Cala Romàntica. La promotora del complejo de un centenar de viviendas anunció suspensión de pagos hace más de dos años. A pesar de que algunos clientes pagaron entrada, las viviendas siguen cerradas e inacabadas.- diariodemallorca.es


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La Guardia Civil refuerza el control de las casas ilegales en Castilblanco

ELCORREOWEB/Sevilla* : A Las Minas de Castilblanco de los Arroyos, paraje forestal convertido en gran urbanización, le salen más defensores. El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Juan Roldán Fuentes, se ha referido a las fincas, parcelaciones y urbanización de Las Minas y ha mostrado su confianza en que "algún día" se pueda "restituir" en esa zona lo que "un día se quitó al medio ambiente".

Durante una entrevista concedida a la agencia Europa Press, Roldán recuerda que, en estos momentos, ese tema "está judicializado" -numerosas sentencias han ordenado ya la demolición de múltiples inmuebles edificados en el referido paraje-, añadiendo que, "en su momento, se dejó que aquello se construyera, pero ahí estamos a ver si algún día se puede restituir lo que se ha quitado al medio ambiente".


En este sentido, el responsable del Instituto Armado en la provincia de Sevilla aprovecha para destacar la labor desempeñada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), valorando que los resultados conseguidos por el Seprona en este campo "son espectaculares". "Hoy día se están instruyendo muchísimas diligencias" contra los responsables, apostilla.

Vigilancia. Al hilo de ello, Roldán Fuentes llama la atención sobre el hecho de que, en materia de medio ambiente, "el aumento en las infracciones penales ha sido espectacularmente alto", por lo que ha destacado que la labor desarrollada en este ámbito "es muy importante, pues se trata de evitar los ataques al medio ambiente, ya que todo el daño que se le haga a éste lo sufriremos en fechas próximas".

Por último, y tras precisar que los siete destacamentos del Seprona existentes en la provincia de Sevilla "se dedican a la vigilancia y el control de estas construcciones ilegales y de estos ataques y agresiones al medio ambiente", el coronel jefe de la Guardia Civil de Sevilla puso en valor la estrecha "colaboración" que llevan a cabo con la Fiscalía, que "es la que defiende los intereses generales de la ciudadanía".





* El CorreoWEB - 7.08.10
Foto: Las Minas abarca una amplia masa forestal en el término de Castilblanco - elcorreoweb.es

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Unanimidad para el estropicio

JUAN SOTO/Galicia* : Ahora resulta que van a tener razón quienes propugnaban la reconversión asfáltica de nuestra cartografía rural y aquellos otros que establecieron, vía planeamiento urbanístico, el principio de que el mejor destino de un espacio verde es su enladrillamiento en vertical. Porque en esa doctrina, la que aboga por la recalificación del suelo y su venta por pisos, parecen concordar, en confraternidad irrepetible para asuntos de menor interés crematístico, izquierdas y derechas, listos y tontos, playa y montaña, populares y socialistas. Sin necesidad de recurrir a ejemplos mediterráneos de esplendorosa repercusión publicitaria y judicial, he aquí que sin salirnos de la de provincia de Lugo sobran episodios con los que acreditar esta rara unanimidad. Por decirlo con la expresión acuñada por Ibarretxe para despachar el pacto de cohabitación ahora vigente en el País Vasco, en la circunscripción desde la que escribimos son innumerables los síntomas de «inmoralidad compartida» que afloran detrás de los repartos de beneficios, explican lo inexplicable, justifican lo injustificable, (re)califican lo incalificable y legalizan lo ilegalizable.

Proliferan los casos que ilustran la coincidencia en el afán recalificatorio, decíamos, y aún podríamos añadir que la invasión infecciosa cursa con carácter epidémico por toda la demarcación, sin respetar siquiera jerarquías paisajísticas, patrimoniales, ecológicas, monumentales, espacios naturales o reservas de la biosfera. De lo que pasa en la costa (rebautizada como A Mariña desde que a la Xunta de Fraga se le ocurrió el humorístico invento de la comarcalización), nada hay que decir más que lo que está a la vista de cualquiera observador no completamente idiotizado por los telediarios: estructuras inmobiliarias de gran porte se alzan, con impunidad redundante, en primera línea de playa.
Los frenazos con que a veces la Administración, contencioso por medio, trató de detener esta barbarie tuvieron con frecuencia vigencia meramente temporal, pues es bien sabido que en nuestro país las normas establecidas por unos gobernantes suelen ser derogadas por sus sustitutos y lo que aquéllos proscriben éstos autorizan. En Galicia no es imaginable un alcalde del PSOE o del BNG que acepte la norma urbanística sancionada por un alcalde del PP, y viceversa. Y cuando el plazo de vigencia les imposibilita la derogación, entonces se acogen al pragmatismo que reclamaba para sí el astuto e inagotable Romanones: «Hagan ustedes la ley, pero déjenme a mí el reglamento».
Los casos de Foz y Barreiros ya merecieron honores de portada en periódicos especialmente cuidadosos con los temas municipales y la crónica de tribunales. Al cuadro de honor se acaba de unir Cervo, cuyos gobernantes locales parecen altamente satisfechos ante el alejamiento de la contrariedad que para el municipio podría suponer el impedimento de levantar algunos bloques de viviendas sobre un castro celta de fertilidad arqueológica más que probable.
Pero que nadie piense que los males de la periferia no afectan al interior de la provincia. En la propia capital, la bimilenaria ciudad de Lugo, con su muralla Patrimonio de la Humanidad tratando de convertirse en reclamo para turistas plácidos e instruidos, el alcalde socialista no oculta sus deseos de recalificar la actual estación de autobuses, a veinte metros del monumento, para destinarla a usos de momento vagos pero en todo caso demandantes de un mayor desembolso de hormigón que el volcado en su día para levantar (con previo sacrificio de un jardín y una espléndida lonja de feria) la estructura actual, es cierto que de repelente tosquedad estética pero ya plenamente integrada en la fisonomía urbana de la ciudad a fuerza llevar ahí casi medio siglo.
Tal vez el destino de la provincia de Lugo, como el de toda Galicia, sea el de conservar las huellas visibles del pasado exclusivamente en los libros de historia, en las hemerotecas y en las colecciones fotográficas. Es posible que lo destruido hasta ahora sea nada al lado de lo que se viene encima. Quizá la sarcástica propuesta de Guillerme Vázquez, portavoz del BNG en el Parlamento gallego, para acometer decididamente la recalificación de San Caetano llegue a alcanzar vigencia ejecutiva en el DOG. A decir verdad, a Galicia le hace falta promoción mediática: un pelotazo urbanístico de tal categoría nos la garantizaría.





* ABC - Opinión - 8.08.10


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La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados

ELPAÍS* : La imagen del Partido Popular y la herencia política del ex presidente balear Jaume Matas, empañadas por nueve casos de supuesta corrupción, se someten a examen estos días en los juzgados de instrucción de Baleares. La magnitud de los escándalos de presunta malversación de dinero público y la alta cifra de implicados alargará hasta cuatro años, toda una legislatura, los procesos judiciales. Junto al ex presidente balear, figuran como imputados otros 40 ex altos cargos del PP en el Gobierno autónomo de 2003 a 2007. Tres ex responsables populares cumplen ya pena de prisión con condena firme por corrupción. El resto de los imputados espera turno.

El último de esta larga lista ha sido el ex director general de Turismo, Juan Carlos Alía, en prisión sin fianza por el caso Ibatur. Tras levantarse el secreto de sumario el pasado miércoles, se supo que el Instituto Balear de Turismo pagó 5.568 euros a una entidad por traducir tres nombres al chino, según la Fiscalía Anticorrupción, que lo pone como ejemplo del desvío de fondos en el organismo público.

Matas, que fue ministro con el ex presidente del Gobierno José María Aznar entre 2000 y 2003, es el denominador común de esta catarata de irregularidades. Además, está imputado en uno de los casos (Palma Arena). También han caído cuatro de sus ex consejeros en el Ejecutivo balear: los de Industria, José Juan Cardona; Economía, Luis Ramis de Ayreflor; Medio Ambiente, Jaume Font; y Turismo, Juan Flaquer. Los dos últimos siguen en política como diputados regionales del Partido Popular.

De la cúpula de aquel Gobierno, también están imputados otros 24 altos cargos (ex directores generales, gerentes de empresas públicas, jefes de gabinete y un secretario), a los que hay que sumar una decena más de cargos del organigrama autonómico.

Esta cadena cada vez más extensa y pesada lastra al nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ungido en su día por el líder nacional, Mariano Rajoy, como ejemplo de "un hombre limpio". Bauzá quiere dejar atrás lo que considera "pasado", hasta el punto de que incluso ha intentado incorporar a su partido a la causa contra Matas como acusación particular, diciéndose víctima de sus presuntas corruptelas.

Pero el juez José Castro se ha negado, al considerar que "todos los indicios apuntan en sentido diametralmente opuesto". Es decir, parece que el PP, y más en concreto su maquinaria electoral, se benefició de fondos negros para "diseñar la campaña electoral de 2007

sin repercutírsele determinados gastos electorales y facturando otros de manera opaca".

Ni siquiera la familia ha quedado al margen de sospechas: el cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en Palma, está imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia de publicidad Nimbus. Empleados de esta firma han admitido que no facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.

Pero son varias agencias más la investigadas por trabajar en la campaña electoral del PP al tiempo que recibían contratos millonarios de la Administración regional. Dos de ellas, Estudi Joan Rosselló y Espiral, ya han reconocido que no cobraron sus servicios al PP. De otras se sospecha que pagaron comisiones para recibir contratos.

Estos episodios de supuesta financiación irregular del PP balear -que aparecen en al menos tres de las nueve causas- han aflorado durante la investigación por el presunto desvío de caudales en empresas y obras públicas.

Y es que los grandes agujeros de la era Matas se encuentran precisamente en las empresas públicas autonómicas. Hasta 176 se crearon para, presuntamente, sortear los controles previos de gastos (y así destinar fondos a fines irregulares) y plantilla (para colar a militantes afectos).

La respuesta del PP ha consistido en enfilar la proa contra el juez José Castro. Fue él quien impuso una fianza de tres millones de euros sobre Matas al encontrar indicios de hasta una docena de delitos que le pueden suponer 24 años de cárcel. Su actuación ha sido respaldada, sin embargo, por la Audiencia de Palma.

Los intentos de Bauzá por pasar página cobran mayor importancia a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Esta misma semana ha asegurado: "No estamos condicionados por el pasado". Y algo similar deben pensar varios políticos de su partido imputados en esta maraña de presunta corrupción, toda vez que pretenden figurar en las listas electorales del PP para esos comicios.

El último en defender públicamente su derecho a hacerlo ha sido José Sala, alcalde de la localidad ibicenca de Sant Antoni. Pese a estar implicado supuestamente en una trama urbanística, aspira a liderar por primera vez la candidatura de su partido al Consell de Ibiza.

LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES

'Caso Palma Arena'

- Investiga: Malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, blanqueo, fraude a la Administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas en la construcción del velódromo. - Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Jaume Matas y ocho ex directores generales.

'Caso Bitel-2'

- Investiga: Apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude en la empresa pública de tecnología Bitel.

- Imputado: El ex director gerente Damià Vidal, que ya participó en la defensa de Matas en otro caso.

'Caso Scala/Cola Cao'

- Investiga: Malversación de 4 millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibidas y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico. - Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Un ex consejero y tres directores generales o jefes de gabinete.

'Caso Funeraria'

- Investiga: Apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma de Mallorca.

- Imputados: Una ex concejal, municipal, el presidente de la empresa, y un ex director gerente.

'Caso Ibatur/Pasarela'

- Investiga: Falsedad, cohecho, malversación y apropiación de caudales públicos en el Instituto Balear de Turismo.

- Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Un ex consejero del Gobierno balear y tres ex directores generales.

'Caso Andratx'

- Investiga: Las irregularidades en la fundación de Gabriel Cañellas.

- También están bajo sospecha, por el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx, un ex consejero del Gobierno balear y el propio Jaume Matas.

'Caso Bomsai'

- Investiga: Prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos.

- Imputados: Un ex consejero y dos ex directores generales.

'Caso Plan Territorial'

- Investiga: Tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.

- Imputados: Un ex consejero y un consejero insular. El primero de ellos, Jaume Font, continúa en su escaño del Parlamento autónomo por el Partido Popular.

'Caso Turismo Joven'

- Investiga: Apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud de la Administración autónoma.

- Imputados: Dos ex directores generales del Gobierno balear.

Políticos en prisión

- Tres ex políticos -el PP los ha expulsado- están en la cárcel con condena firme por delitos de corrupción: el ex director general del Territorio Jaume Massot; el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo; y el ex edil de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, por abuso de menores y malversación.

Las causas de UM

- Otros seis casos de presunta corrupción involucran a Unió Mallorquina en su etapa de alianza con el PP y el PSOE. Entre los implicados, los ex líderes Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Tomeu Vicens, Toni Pascual.

- Vicens, ex secretario general, cumple una pena de 42 meses por malversación y falsedad.






* El País - 7.08.10
Foto: Palma, Matas detenido - diariodemallorca.es

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Un casco histórico olvidado en Santa Cruz

ELDÍA/Tenerife* : El popular barrio de El Toscal, en pleno centro de Santa Cruz, no pasa por buenos momentos. Tras décadas de abandono, hace escasas semanas se produjo la alarma social entre sus vecinos como consecuencia de un incendio que se propagó desde una arboleda situada en una ciudadela de la calle Tribulaciones y que afectó a unas diez viviendas abandonadas, aunque no hubo que lamentar consecuencias personales. Muchas fueron las voces críticas que manifestaron más tarde que era algo que se veía venir. Pendientes aún de la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital y de un Plan Especial de Protección (PEP), los vecinos del barrio claman por la mejora de servicios y la rehabilitación de viviendas, muchas de ellas catalogadas, pues parte del barrio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico en 2007.

Por todo ello, el debate de EL DÍA quiso reunir a parte de los principales conocedores de la problemática de El Toscal: José Ramos Arteaga, portavoz de la Plataforma en Defensa del barrio de El Toscal; Ignacio González, concejal del Distrito Centro-Ifara; Ángel Isidro Guimerá, concejal de Ciudadanos de Santa Cruz (partido que ha presentado varias mociones en el ayuntamiento para promover la rehabilitación de El Toscal); y José Ángel Martín, concejal del PSC en el consistorio capitalino.

El primero en abrir fuego fue Ángel Isidro Guimerá, quien dijo ser un gran conocedor del barrio pues ha vivido muchos años en la calle de La Rosa. Guimerá repasó la presentación de mociones en el ayuntamiento "sin que ninguna haya servido para nada".

"Ya el 30 de julio 2003 presentamos una moción, estando en el PNC, en el que pedíamos urgentes medidas de limpieza interior de las casas, el arreglo de elementos de carpintería y cerrajería, la instalación de cubiertas, el pintado de fachadas que evitaran el progresivo deterioro de edificios catalogados y la mejora de la imagen de la zona urbana catalogada BIC del conjunto histórico de El Toscal", recordó Guimerá.

En aquella ocasión se aprobó que la moción se quedara en suspenso hasta la aprobación de la revisión del PGO y que el consejo rector se encargaría de la elaboración PEP. Asimismo, en 2004, "como no se había hecho nada", apuntó el edil de Ciudadanos de Santa Cruz, solicitaron la redacción del PEP. "Era un caso de dejadez porque había casas que se estaban cayendo y ni siquiera se permitía a sus propietarios arreglarlas", aseguró Guimerá.

Por su parte, el concejal del distrito Centro-Ifara, Ignacio González, determinó que lo importante "es ir solucionando la problemática de un barrio que ha quedado fuera de la modernización de Santa Cruz". En este sentido, rememoró que cuando se desarrolló el Plan Urban se quedó a las puertas de El Toscal por lo que las infraestructuras viarias "están envejecidas y se necesita su renovación urgente".

Asimismo, expuso la urgencia de rehabilitar las casas más antiguas, "no sólo por motivos de conservación de nuestro patrimonio sino por la propia seguridad de los ciudadanos".

En algunos casos son viviendas catalogadas porque parte del barrio está considerado como Bien de Interés Cultural (BIC) y debido al estado de algunas viviendas "la Concejalía de Seguridad hace que se vallen para que la gente no pase por debajo de los balcones por lo que tienen que pasar por la calzada con el consiguiente peligro. Esto no puede extenderse durante años", censuró Ignacio González quien afirmó que se pueden hacer actuaciones en las casas, solicitando el preceptivo informe al Cabildo de Tenerife por tratarse de un entorno BIC y sin contar con la aprobación del PGO.

El concejal socialista José Ángel Martín recriminó que "el ayuntamiento no se caracteriza por cuidar su patrimonio histórico como hemos visto con el cementerio de San Rafael y San Roque y en tantos otros entornos. Sale muy perjudicado, por ejemplo, si se le compara con La Laguna, que mima su patrimonio". Por ello, apuntó que "El Toscal, junto a la calle de La Noria, es el único reducto del Santa Cruz histórico que nos queda a los chicharreros" por lo que lamentó su estado actual.

Martín mostró su preocupación y se decantó por un discurso pesimista dado los años transcurridos sin que la administración haya tomado medidas que evitaran el deterioro del barrio: "En lo que al PSC se refiere tenemos más preocupación, si cabe, por el futuro que por el presente del barrio. O se toma una decisión contundente y seria que no sea parchear o corremos el riesgo de que perdamos parte de nuestra historia".

El patrimonio humano

El portavoz de la Plataforma en Defensa del barrio de El Toscal, José Ramos, defendió la necesidad de respetar lo que una declaración de BIC significa al tiempo que detalló sólo una parte muy concreta del barrio está catalogada, algo que "se consiguió porque los vecinos lo sacaron de un cajón y lograron que se aprobara en enero de 2007".

Además, recriminó que mucha gente se olvide de que existe también un patrimonio humano que es el de la gente que vive en ese BIC y "que se les debe tener en cuenta". Por otro lado reiteró que todo plan de choque es "una declaración de fracaso municipal porque se ha llegado a una situación insostenible que indica que el ayuntamiento a fracasado en El Toscal".

En este punto, Ignacio González, ponderó la importancia de llevar a cabo el convenio firmado con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Vivienda para llevar a cabo el Área de Rehabilitación Integral (ARI), algo que, a su juicio, es posible llevar a cabo, independientemente del PGO y del PEP.

Sin embargo sí especificó que el convenio para realizar el Área de Rehabilitación del Casco Histórico sí necesita la aprobación del PEP que no está subordinado al PGO y que está siendo tramitado en el Cabildo. "Otra cosa es lo lento de su tramitación", sentenció.

Por su parte, Ángel Isidro Guimerá expuso que hace seis años se acordó la realización de un plan de actuación y de revitalización y que el Pleno se comprometió a tramitar el PEP antes de la aprobación provisional de la revisión del PGO. Por ello, manifestó que "que si se aprobase ahora el PGO por la Cotmac pediría la suspensión hasta que se apruebe el PEP porque se estaría incumpliendo un acuerdo plenario que decía que debía aprobarse antes". Finalmente expuso que "ha habido un abandono consciente y premeditado por parte del ayuntamiento en el barrio de El Toscal.

En este sentido, el portavoz del PSC en el ayuntamiento capitalino, José Ángel Martín, tachó de "lamentable" el que "después del esfuerzo que supuso su declaración como BIC, no exista la voluntad política para mimar esa zona y hacerla un referente".

Así, criticó que la actuación del ayuntamiento "ha sido de negligencia y rozando la incapacidad". No sólo porque no se haya aprobado el PEP, que se lleva redactando seis años, sino porque "se aprueban mociones por unanimidad que no se llevan a cabo", según censuró el socialista, enunciando la última moción al respecto presentada en febrero de 2009 también por Ciudadanos de Santa Cruz para que se limpiaran los solares.

"La negligencia del consistorio se ve en los convenios de 7 millones de euros que se han perdido en este tiempo. No existe ni existirá voluntad política para solucionar el conflicto en el barrio de El Toscal porque las actuaciones del ayuntamiento denotan otros intereses", censuró Martín, quien, a su juicio, "en el ayuntamiento buscan poner a la ciudad ante los hechos consumados y que el barrio caiga por su propio peso y hacer lo que realmente quieren que es hacer un barrio nuevo que sustituya a El Toscal".

En parecidos términos se expresó José Ramos, quien subrayó que "no es que el plan Urban quedara a las puertas del barrio es que al ayuntamiento le interesó que quedara ahí. Es una forma de degradar un espacio público como se intentó hacer con El Rabal de Barcelona para convertirlo en un barrio chic".

La protección no llega

Por otro lado, el portavoz de la Plataforma en Defensa del barrio de El Toscal se mostró convencido de que el PEP no es la solución por lo que se han planteado varios documentos de alegaciones en los que debe respetarse lo que significa un casco histórico. Por el contrario, a juicio de José Ramos, "el PEP es tan agresivo que, incluso, hemos pensado denunciarlo porque va en contra de algunos principios básicos de protección del barrio, entre ellos, la trama urbana". De esta forma, detalló que "no es que se tenga que modernizar el viario de El Toscal sino que precisamente lo que se debe proteger son esas calles irregulares que siguen la orografía de los antiguos barranquillos".

Igualmente Ángel Isidro Guimerá expresó que "es obvio que se ha abandonado y que existe peligro evidente de incendio como se ha visto recientemente. No se han querido aprobar ni tomar las decisiones por la dejadez del ayuntamiento como en Las Teresitas y en tantas otras cosas. El Toscal necesita protección y no dejación por omisión de sus obligaciones. El Toscal no puede ser objeto de especulaciones inmobiliarias porque es un barrio emblemático de Santa Cruz".

En este punto, el concejal del Distrito Centro-Ifara, Ignacio González, destacó la importancia del reciente plan de choque acordado y en el que intervendrán las Concejalías de Urbanismo, Seguridad, Sanidad y Servicios Públicos para realizar actuaciones de todas esas áreas en El Toscal.

González especificó que "algunas actuaciones van orientadas a la mejora de las condiciones sanitarias de determinadas viviendas y solares porque se han convertido en basureros clandestinos que suponen un peligro sanitario para las casa colindantes". Al mismo tiempo detalló que "el plan debe ser lo más participativo posible para que sus vecinos no se sientan abandonados".

Precisamente, para José Ángel Martín esta actuación "es sólo un parche más en la historia del barrio" y especificó que "se necesitan garantías de su pervivencia en el tiempo". Sin embargo, aclaró que el PSC apoyará el plan de choque pero "pedimos más capacidad y voluntad política".





* El Día - 8.08.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, barrio del Toscal abandonado - barriodeltoscal.com

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Mallorca.- El GOB asegura que la Ley que declara de interés autonómico el campo de golf de Son Bosc contiene "mentiras" en su texto

20MINUTOS* : El GOB ha asegurado que la Ley que declara de interés autonómico la construcción del campo de golf de Son Bosc (Muro), que entra en vigor este viernes, contiene mentiras en el capítulo de la exposición de motivos. Así lo ha afirmado el grupo ecologista en un comunicado en el que ha indicado, por ejemplo, que la Junta Rectora del Parque Natural de la albufera "nunca" ha hecho un informe favorable sobre el campo de golf, tal y como afirma la ley, según el GOB.

En este sentido, ha explicado que la Ley dice que en la tramitación del expediente de declaración de interés la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera dictó un informe favorable (entregado el 3 de mayo del 1999), si bien el GOB ha asegurado que esto es "mentira", puesto que la junta notificó que no era competente para emitir informes respecto al expediente promovido por la entidad Golf Playa de Muro S.A. en la finca de Son Bosc.

Además, ha añadido que en el acta de la reunión de la Junta celebrada el 24 de junio de 2008 consta "el posicionamiento contrario y unánime" de la misma.

Asimismo, el GOB ha indicado en Ley reza que "todos los acuerdos de la Comisión de Medio ambiente de las Islas Baleares y todos los informes sectoriales son favorables a la construcción del campo de golf", cuando el Servicio de Protección de Especies de la Conselleria informa "desfavorablemente" debido a que "el proyecto no valora suficientemente los valores ambientales (hábitats y especies) del área, afectando de forma grave al conjunto de las especies de flora i fauna", ha puntualizado el GOB.

También señala que la construcción de este campo de golf "afecta indirectamente al resto de hábitats próximos incluidos dentro del actual Parque Natural".

Además, el GOB ha afirmado que existen informes urbanísticos desfavorables al otorgamiento de la licencia de construcción, emitidos por la Dirección general de Administraciones Públicas de la Conselleria de Presidencia, por el Departamento de Territorio del Consell de Mallorca y por el técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Muro.

Por otra parte, la Ley apunta que la Secretaría de la Convención de Ramsar dictaminó que "el acuífero no se verá afectado negativamente, en calidad ni en cantidad, por el desarrollo del campo de golf" y que el "uso de productos fisiosanitarios tampoco afectará al área". No obstante, el grupo ecologista ha dicho que la oficina de Ramsar "nunca" ha señalado que no exista impacto negativo del campo de golf sobre la zona húmeda de importancia internacional de la Albufera.

Lo que dice realmente el escrito de Ramsar, según el GOB, es que "del informe remitido por la Conselleria de Medio ambiente sobre los aspectos hídricos, entendemos que el acuífero no se verá afectado negativamente por el desarrollo del campo de golf, ni en cualidad ni en cantidad. Sin embargo, la dirección del flujo subterráneo es hacia el mar, con posibles aportes hacia el colindante sitio Ramsar". Por ello, animaron "a seguir de cerca la evolución del sitio Ramsar colindante, especialmente referente a los posibles impactos de los productos fitosanitarios".

El GOB ha puesto en conocimiento de la oficina del Secretariado del Convenio de Ramsar esta "utilización tergiversada" de su escrito por parte del Parlament. Además, el GOB prepara un escrito para remitir al Defensor del Pueblo con la intención de que éste impugne algunas de las normas aprobadas recientemente por el Parlament, entre ellas ésta.





* 20 Minutos - E.P. - 6.08.10
Foto: Muro (Mallorca), ajuntament - mallorcaweb.com

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Cáceres.- La ciudad y el hotel Atrio

JORGE BENAVIDES* : En Cáceres, el problema del hotel Atrio no preocupa a los consumidores sino a los ciudadanos. Cuando el consumidor ejerce su condición, no tiene por qué pensar en el otro. Con el ciudadano sucede todo lo contrario, no puede ser indiferente, frente al otro, a la forma de hacer ciudad; lo cual a la vez, no depende únicamente de los políticos sino principalmente de quienes delegan en ellos su confianza por un corto período, es decir de quienes los eligen. Es la esencia de la democracia. Pero, más allá del cumplimiento formal que se cuantifica en las urnas, entre nosotros la calidad democrática debe mejorar. Ello dependerá de las dos partes. Desde luego, más de los electores que delegan su representación en los políticos, que de éstos. El poder no existe si no hay sumisos.

Hace muchos años un grupo de arquitectos visitamos las obras que J. M. González-Valcárcel ejecutaba en el extraordinario recinto amurallado de Cáceres. Hoy es patrimonio cultural de todos los ciudadanos del mundo; por eso es que debe disponer de instrumentos urbanísticos (Plan de Protección, Normativa, etcétera) rigurosos, exhaustivos, con un soporte doctrinal y teórico sólido y actualizado. No sólo una doctrina (cartas) de soporte. Está cerca de lo inalterable. Tampoco un soporte únicamente de teoría (derecho de cada época a enriquecer el patrimonio material de la ciudad); en cuanto a la ciudad (Carta de Atenas) y a la arquitectura (Movimiento de Arquitectura Moderna). Antes había varios maestros pero un solo conjunto de principios teóricos. A los cinco de Le Corbusier se añadieron veinte más. La arquitectura actual carece de ellos, tiene tantas teorías cuantas marcas famosas de arquitectos existen. Las marcas (Koolhaas, Calatrava, Hadid, Ghery, etcétera) se generan para facilitar el consumo; rara vez para estimular la civilidad. Una de ellas hace apología de la especulación inmobiliaria. Se ha generado una especie de teoría a la carta (conveniencia) que relativiza y hace preponderante la subjetividad de quien proyecta.

XVIVIMOS TODAVIAx las consecuencias de la ruptura del diálogo entre lo nuevo y lo antiguo que provocó aquel movimiento moderno. Lo prueban las profundas cicatrices en las calles y el parcelario de la ciudad (Sevilla, calle Imagen, Corte Inglés) y la ciudad actual que es cada vez más fea e inhóspita. También en Cáceres. Recuperar ese diálogo con suficientes dosis de civilidad es cada día más difícil por culpa del lucro y de la pérdida de conciencia ciudadana. Es una constatación, no doy una opinión. Es lo que también hice después de leer EL PERIODICO (29.07.10). Fui a constatar lo que se ha hecho en el hotel Atrio. He preferido no leer el Informe del Icomos. He visto la secuencia fotográfica. Con esta intervención, el tejido urbano del conjunto no ha ganado aunque se generen 50 empleos. Eufemísticamente se dice que se ha vaciado la parcela; el muro exterior, estéticamente no ha ganado. Es irreversible. Lástima que después no pude llenar una hoja de reclamaciones para quejarme de lo que había visto. No hay derecho, me dijo un escultor en la Escuela de BBAA con quien charlé mientras él terminaba el busto del maño Jesús Usón . Un extremeño, propietario de un cyber, ni siquiera conocía dónde estaba San Mateo. Hemos cumplido escrupulosamente con la normativa, me describió durante 45 minutos un colega del ayuntamiento (no podía, no puede ser de otra manera), el vicepresidente del Icomos, un distinguido geógrafo tiene una opinión a favor del hotel; la presidenta respalda un informa contrario; el COCAC "visó el proyecto" y punto, me respondieron por teléfono. Leo en internet: "Ni los promotores, ni los arquitectos, ni los miembros de la comisión de seguimiento del Plan Especial, ni los colegios profesionales, ni los partidos políticos, ni colectivos ciudadanos o sociales han roto una lanza a favor del proyecto". Me imagino el disgusto de Toño Pérez . Menos mal, ha provocado una situación de la cual nos podemos beneficiar todos. El hotel por la publicidad que acompaña a la polémica, los ciudadanos porque se comprometen con su ciudad y tienen oportunidad de aportar sus opiniones, los técnicos porque habrán aprendido que este tipo de proyectos, más que de las normas dependen de la sensibilidad, más que de la técnica, del arte, de la cultura; más que del deseo de inmortalidad del proyectista, de la humildad con la que debe aproximarse a un producto cultural tan sensible como es el Patrimonio de la Humanidad en Cáceres. Por respeto, bien podía mimetizar lo más posible sus aportes; los políticos porque pueden convertir esta situación en un ejercicio de pedagogía cívica y política que recupere el sosiego ciudadano. Bien pueden conseguir que se reordene lo que yo llamo la quinta fachada (cubiertas) con el fin de conseguir una mejor integración al conjunto. Los elementos extraños no harán perder la calidad arquitectónica que los proyectistas seguramente han buscado. Tienen mucha experiencia y- sensibilidad. Lo harán por la ciudad.


* Jorge Benavides, arquitecto




* El Periódico Extremadura - Opinión - 3.08.10


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Colombia.- Radiografía de la vivienda ilegal

ELESPECTADOR/Bogotá* : En los últimos tres años la cantidad de viviendas ilegales en la ciudad ha aumentado el 15%, según cifras de la Secretaría de Hábitat. En número de hectáreas, se ha pasado de 3.024, en 2007, a 3.472, en 2010. Parte del problema radica en que diariamente llegan a la capital aproximadamente 50 familias desplazadas en busca de un sitio para vivir y en la existencia de constructoras que venden proyectos edificados en zonas de alto riesgo, casas sin servicios públicos, entre otros. Históricamente, la mitad de los barrios en Bogotá fueron creados de manera ilegal: de los 3.000 que existen, 1.600 fueron construidos sin aprobación.

El Distrito, a través de la Secretaría y la Caja de Vivienda Popular, tiene un programa de reasentamiento y legalización de tierras para frenar el avance de este fenómeno.

Pero aunque ya se hayan adoptado medidas para contrarrestar el problema de la ilegalidad, aún existe en la ciudad 30% de este tipo de construcciones, según cifras del Concejo de Bogotá. De acuerdo con las estadísticas de la Unidad Coordinadora de Política Habitacional, de las 35.232 hectáreas del suelo urbano determinadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, aproximadamente 6.906 han sido urbanizadas ilegalmente.

La Secretaría de Hábitat tiene registro de desarrollos informales de vivienda en las zonas periféricas de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba y, en menor grado, en otras zonas de la ciudad en donde existen grandes extensiones de terreno sin desarrollo. Generalmente, esta problemática ha sido asociada a los estratos más bajos, uno y dos. Sin embargo, también hay casos, como en los cerros orientales, que pertenecen a los estratos cinco y seis.

Para la secretaria de Hábitat, Juliana Álvarez, algunas de las características más comunes de las viviendas ilegales son la “carencia de urbanismo, zonas verdes o áreas comunes, la no existencia de los servicios públicos, o la toma de éstos de manera fraudulenta, la construcción en materiales precarios que no cumplen con la norma de construcción sismorresistente, entre otros”.

La funcionaria afirma que, actualmente, existen 304 desarrollos informales, de los cuales 163 se encuentran en proceso de legalización. Los restantes 141 no se pueden legalizar por varios factores: su ubicación al lado de las rondas de ríos o quebradas, zonas de protección ambiental o riesgo no mitigable, y por ser barrios construidos desde 2003, pues el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) estipula que cualquier asentamiento construido después de esta fecha no puede ser legalizado.

Entre los actores clave que fomentan el crecimiento de viviendas ilegales están algunas constructoras, que aprovechando la necesidad de las personas y el déficit de vivienda en la ciudad, ofrecen casas mal construidas o en sitios no autorizados. Sólo en 2008, de acuerdo con el Concejo, la Secretaría de Hábitat recibió más de 1.300 quejas contra urbanizadoras por la mala construcción de las obras, a las cuales la entidad les impuso más de 200 multas.

Para solucionar esta problemática, el año pasado el Concejo aprobó un acuerdo (el 378 de 2009) en el cual quedó consignada la obligación de la Secretaría de crear un portal en donde se le informe al ciudadano qué constructoras, y en dónde, están desarrollando proyectos de vivienda, así como del estado de estos desarrollos: legales, ilegales o en trámite de legalizarse.

El mapa puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Hábitat (www.habitatbogota.gov.co). De la misma forma, quien quiera consultar más información acerca de un proyecto de vivienda puede acercarse a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, (Avenida Caracas 53-80 Piso 1) o a la Oficina de Atención y Servicio al Ciudadano de la Secretaría, (Carrera 13 N° 52-25), así como a los Centros de Hábitat y a la red de SuperCADE de la Ciudad.





* El Espectador - Nathaly Martínez Ariza - 5.08.10
Foto: El sector de Caracolí, en Ciudad Bolívar, uno de los sitios en donde existen asentamientos ilegales - elespectador.com


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Valencia.- Cercle Obert denuncia el ´lamentable´ estado de la alquería del Moro

LEVANTE* : El PGOU de Valencia incluye, dentro de la ampliación del parque de Benicalap, un conjunto de alquerías protegidas destinadas para servicio público. La singularidad de estos edificios respecto del resto de inmuebles del catálogo de la ciudad, es que los propietarios no pueden destinarlos a usos distintos a los previstos y, por tanto, es la administración quien debe adquirirlos para su rehabilitación y destinarlos al uso público establecido, según aseguró la entidad vecinal Cercle Obert de Benicalap.

Cercle Obert insta al Ayuntamiento de Valencia a recuperar este conjunto de edificios ya que, a demás de la alquería del Moro -compuesta por la "casa del señor", la Lonja y casa de Paco Lluna- también se encuentran en estado "lamentable" la alquería de la Torre, el Casino del Americano o Chalet del Inglés, conocido también por su última actividad como Saudí Park.

"El deterioro sobre este conjunto de edificios es preocupante, y la responsabilidad en que están incurriendo los responsables del Gobierno municipal es grave y sancionable a la vista del contenido normativo de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano" ya que en la alquería del Moro "se ha permitido su expolio, incluso de alguna columna medieval, y se ha deteriorado, también, por el paso permanente de vehículos", manifestaron fuentes de la organización.





* Levante-emv - 7.08.10
Foto: Valencia, alquería dels Moros - lasprovincias.es

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Las constructoras frenan las obras públicas por los impagos de Fomento

ELPAÍS/Andalucía* : El plan de recortes de obras públicas anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado día 22 de julio solo incluía en Andalucía tres tramos de la A-32 en la provincia de Jaén. Pero eso es solo la teoría. La realidad es que buena parte de las obras no se ejecutan al ritmo que deberían porque las constructoras han decidido frenarlas, cuando no paralizarlas, ante los retrasos en los pagos de las certificaciones por parte del ministerio.

"Algunas empresas han decidido que hasta aquí hemos llegado porque llevan hasta seis y siete meses sin cobrar", reconoce el presidente de la Cámara de Contratistas de Andalucía, Antonio Frade, que enfatiza que las constructoras que han echado el freno lo han hecho forzadas por esta situación de demora que a muchas de ellas no les da otra alternativa. "Ninguna empresa quiere dejar de hacer una obra, pero todas quieren cobrar por lo que hacen", insiste.

Entre las obras afectadas se encuentran el tramo Bobadilla-Granada que es el que corresponde a Fomento de la línea de alta velocidad transversal, los cinturones de circunvalación de las dos principales capitales (SE-40 e hiperronda de Málaga), o el soterramiento de la travesía de la A-7 por San Pedro Alcántara, uno de los puntos de más conflictividad en el tráfico en la red viaria andaluza. CC OO denunció ayer que sólo en esta última obra, que ejecuta OHL, se han despedido a 200 trabajadores y que si bien se ha reactivado la obra en la parte exterior, la construcción del túnel está paralizada.

También está ralentizada la construcción del segundo puente de acceso a Cádiz, aunque el ministro de Fomento se reserva "una solución ad hoc" que anunciará el próximo día 24 que permita que la obra esté concluida para 2012, ya que es uno de los emblemas de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812.

Según Frade, las dificultades para el cobro de las certificaciones se arrastran desde comienzos de año, pero ahora han llegado ya a una situación límite. Normalmente, en la mayoría de las infraestructuras, las certificaciones las firma el director de la obra designado por la Administración previa presentación mensual de una lista con los trabajos realizados por parte de las adjudicatarias. Lo habitual en los contratos es fijar plazos de pago de 30 o 60 días, pero el problema, según Frade, es que Fomento ya acumula en muchos casos hasta 150 días sin abonar certificaciones, lo que ocasiona serias dificultades financieras a las empresas, que encuentran además que las entidades financieras les exige la devolución de los adelantos sin admitir prórrogas. Y lo peor es lo que viene, pues según el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, Fomento ha trasladado mensajes de que apenas dispone de liquidez para hacer frente a certificaciones en lo que queda de año.

"La situación es muy grave", insiste Frade. La Cámara de Contratistas trabaja en la elaboración de un inventario sobre todas las deudas acumuladas por las distintas administraciones con empresas constructoras. De momento sabe que sólo la Consejería de Obras Públicas adeuda casi 300 millones de euros, aunque según Frade, la Junta "paga muy bien y es posiblemente la comunidad que mejor lo hace". Pero no todos los departamentos, porque la Agencia Andaluza del Agua tiene la etiqueta de muy mala pagadora, con obras sin pagar desde hace más de siete meses.

De momento no hay una respuesta única de las contratistas, aunque el panorama para los próximos meses es de práctica paralización. Cada empresa actúa hasta ahora en función de sus posibilidades financieras y también del estado y características de las obras, ya que no se puede parar en cualquier momento. Por ejemplo, si se deja en suspenso una carretera que está a cota de tierra, pendiente de firme y refuerzo, se corre el riesgo de que unas lluvias la destrocen por completo.





* El País - 7.08.10
Foto: San Pedro de Alcantara (Marbella), ayuntamiento - Benito, picasaweb.google.com

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Quieren una carretera por medio de la playa de Doñana

CÉSAR JAVIER PALACIOS* : Es el penúltimo despropósito de Doñana. Abrir una carretera entre Almonte y Sanlúcar de Barrameda a través de la inmensa playa del Parque Nacional en lugar de reducir al mínimo el actual y vergonzoso paso de vehículos por sus arenas, algo incompatible con su conservación. Así lo reivindican desde hace décadas ambos Ayuntamientos, quienes como medida de presión facilitan los accesos rodados en vez de prohibirlos. Resultado: los coches circulan a diario por el paradisíaco refugio de la naturaleza. Como recuerda WWF, los 32 kilómetros de costa virgen de la playa del Parque Nacional de Doñana son el último vestigio que queda en el sur de Europa de un ecosistema totalmente perdido por el urbanismo desmedido y las actividades humanas sin control.

La veterana ONG considera que esta joya necesita mayor grado de protección, investigación y ordenación, y no una mayor presión que podría dañarla irreversiblemente, como ha ocurrido con el resto de la costa onubense.

No por casualidad, la Comisión Permanente del Convenio de Patrimonio Mundial de la Unesco estudia si el Parque Nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994, reúne las condiciones para seguir ostentando este título o se incluye en la lista de ‘lugares en peligro’. Campos de fresas, eucaliptos, vertidos, pozos ilegales, carreteras, contaminación,… No hay duda. Doñana está en grave peligro.





* Blogs 20 Minutos - La Crónica Verde - 5.08.10
Foto:

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A Coruña.- Una alegación al plan general exige que se anule el proyecto de la Cantera de Mesejo

LAOPINIÓN* : Un propietario de terrenos en el entorno de la Cantera de Mesejo, en las proximidades de Penamoa, exige mediante una alegación que el nuevo plan general de urbanismo anule la recalificación de terrenos realizada en la zona en 2004 y el proyecto para la construcción de 139 viviendas aprobado en 2008, al considerar que se tramitó de forma irregular y que favoreció a los dueños de esas parcelas en perjuicio de los de toda el área que la rodea. El autor de la alegación afirma que el objetivo de la modificación puntual del plan general de 1998 que se efectuó en el polígono de la Cantera de Mesejo era "una clasificación y calificación que diera cabida legal a un proyecto con el que exprimir al máximo la superficie, el vuelo y el subsuelo del mismo", así como "la venta del suelo con pingües beneficios".

En lugar de buscar el mejor uso racional del suelo, la modificación urbanística realizada ha pretendido su "mejor uso mercantil", según el alegante, quien denuncia que se seleccionó "la fórmula que en mayor medida evitaba más filtros que los propiamente municipales"

El autor de la alegación solicita la exclusión como suelo urbano de los terrenos comprendidos en el área de planeamiento incorporado Cantera de Mesejo apelando a "razones de coherencia urbanística, racionalidad, igualdad e interdicción de la arbitrariedad", de acuerdo con la "igualdad de los administrados y la proporcionalidad" y asegura que su único objetivo es "el interés público y no el particular", al tiempo que anuncia que si el Ayuntamiento no tiene en cuenta esta alegación, recurrirá el proyecto ante los tribunales.

El 2 de noviembre de 2004 fue aprobada la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la zona denominada Cantera de Mesejo, con la que sus terrenos pasaron de ser suelo rústico a urbano. Sólo cinco meses más tarde, el 11 de abril de 2005, José Manuel Mesejo y el resto de propietarios de las parcelas se las vendieron a la empresa Obras y Construcciones Alén, mientras que el proyecto de urbanización de la zona, que prevé la construcción de 139 viviendas agrupadas en cuatro bloques aislados con bajo y siete alturas, fue aprobado el 29 de febrero de 2008.

Esta última iniciativa municipal fue alegada entonces por la misma persona que ahora lo hace con la inclusión del proyecto en el nuevo PGOM, sin que el Ayuntamiento llegase a contestarle.

El autor de la alegación destaca que la modificación urbanística realizada en 2004 en la Cantera "se circunscribe a una única finca física" y que su objetivo era "clasificar/calificar como suelo urbano de uso residencial de alta densidad una única finca que, al momento de su aprobación y a fecha de hoy, carece de la mínima infraestructura... para poder ser así calificada".

La razón de este cambio de calificación sería evitar "la aplicación de la coherencia urbanística", que obligaría a desarrollar de forma conjunta toda el área de Penamoa "dotándola de coherentes y racionales infraestructuras comunes".

En la alegación se considera "fácilmente contrastable" que los terrenos recalificados "no contaban ni cuentan con la más mínima expresión de infraestructuras que garanticen el uso para el que la actuación urbanística ha sido proyectada" y que tan sólo disponen de un plan de infraestructuras no integrador, en referencia a la actuación aprobada por el Ayuntamiento el 30 de octubre de 2006, de la que dice que su "único mérito ha consistido en proyectar unos etéreos accesos al mismo" con la finalidad de "cubrir el expediente".

Para el alegante, la actuación lógica en esta zona habría sido la clasificación de todo el suelo -incluida la Cantera de Mesejo- como suelo urbanizable, cuando la situación actual es que esa propiedad queda "literalmente encorralada entre numerosas fincas colindantes" y que debe ser unida con la malla urbana "por un istmo artificial todavía a crear ad hoc".

La tramitación urbanística seguida en este caso recibe fuertes críticas del autor de la alegación, quien estima que, de acuerdo con la legislación, en lugar de una modificación puntual del plan general debería haberse redactado un plan parcial. Este mecanismo hace necesaria la solicitud de informes sectoriales a diferentes administraciones, entre los que figuran la Evaluación de Impacto Ambiental y el Informe de garantía de reservas de suelo para dotación de sistemas generales en proporción adecuada a las necesidades poblaciones, dos documentos que no se exigieron para recalificar la Cantera.

El cambio urbanístico de forma aislada realizado con estos terrenos pretendía, según el alegante, anticiparse al actual proceso de revisión del plan general y "burlar" el previsible paso de esta finca y de todas las colindantes a suelo urbano, con el fin de eludir las obligaciones a que se verían obligados los propietarios.

Como prueba de esta argumentación, se menciona que en todo el área que rodea a la Cantera de Mesejo la edificabilidad permitida es del 0,5 metros cuadrados por cada metro cuadrado, mientras que en los terrenos recalificados es de 1,16 metros cuadrados por metro cuadrado.

A esto hay que unir que el entorno de esa finca es necesario realizar una cesión de suelo para sistemas generales y locales y para equipamientos que suma 790.444 metros cuadrados, a lo que se une la reserva del 54% de la superficie edificable para viviendas de protección pública y la cesión del 2,5% de los terrenos para viviendas de promoción pública y del 10% del aprovechamiento al municipio coruñés.

Pero en la Cantera de Mesejo se excluye del cálculo para la edificabilidad el 8,27% del total de los terrenos, lo que permite a sus propietarios librarse de cesiones para sistemas generales y locales y para equipamientos, así como de la cesión del 10% del aprovechamiento al municipio, mientras que sólo se exige la construcción de viviendas protegidas en el 20% de la edificabilidad.

Otro de los datos que para el alegante revelan la existencia de un trato de favor es que el entorno de la cantera deberá desarrollarse mediante el sistema de cooperación, lo que implicará la redacción de planes parciales e informes sectoriales como la evaluación medioambiental y otros de la Consellería de Infraestruturas sobre accesibilidad, funcionalidad e integración en la estructura urbanística. La cantera, por el contrario, será desarrollada por iniciativa privada mediante un plan especial que no precisó ningún informe de este tipo.

"Uno comprende a las claras por qué el Área de Planeamiento Incorporado L25 tiene nombre propio: Mesejo, comprendiendo con rapidez las desigualdades en cuanto a los beneficios de una en contraposición con los de la otra", manifiesta el autor de la alegación, quien destaca también que la venta de la finca a su actual propietario se efectuó sólo cinco meses después de su cambio urbanístico y con un precio "directamente proporcional a los beneficios que la tan manida modificación puntual le otorgó en detrimento de sus convencinos, cuyas cargas urbanizatorias ahora han de soportar.




http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6096872377199522762#
* La Opinión A Coruña - 19.07.10
Foto: Terrenos de la Cantera de Mesejo, con el barrio de O Ventorrillo al fondo. - laopinioncoruna.es

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Corrupción y sociedad

LUIS FERNANDO CRESPO* : Los delitos que presuntamente se han cometido en muchas Administraciones, el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias, necesitan la colaboración de tres responsables: el político electo que lo autoriza, su valido o muñidor interpuesto (funcionario público o designado) que solicita o recibe las prebendas y el administrado que las paga o propone. Lo deseable sería que se depurasen todas las responsabilidades y que el peso de la ley cayese sobre ellos. Unos y otros son jugadores de ventaja, actuaron contra la Administración, que solo es servicio público cuando cumple las leyes, y contra los intereses de otros ciudadanos que por no prestarse a la comisión del delito vieron mermados sus derechos y posibilidades de atención por parte de la Administración afectada.

Durante el pasado debate sobre el estado de la nación, de contenido principalmente económico, todos callados; la corrupción, que influye absolutamente en la economía, es un asunto espinoso para todos los grupos parlamentarios.

Nos haría un flaco favor a los españoles que todo esto (Malaya, Gürtel, Pretoria, Ballena Blanca, Palma Arena, Palau de la Música, Brugal...) quedase solo en un asunto judicial del que el Gobierno y la oposición nada quieren saber, o peor aún, que se transformase en un asunto que, por implicar a demasiadas personas socialmente relevantes, fuese poco aclarado en sede judicial.

De ser así, la sospecha de irregularidad no sería solo de los implicados, sino de la sociedad española en su conjunto, por muy dura que nos parezca esta consecuencia.






* El País - Opinión - 6.08.10

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Cataluña.- Ferrovial logró obras por 1.100 millones con CiU y por solo 293 con el tripartito

ELPAÍS* : El tripartito no ha sido bueno para Ferrovial, firma sobre la que recae la sospecha de que pagaba el 4% de comisiones a CiU y a los saqueadores confesos del Palau por las obras que obtenía . La empresa, que sola o formando parte de uniones temporales obtuvo adjudicaciones de obras por más de 1.100 millones de euros en la última legislatura de CiU (1999-2003), no alcanzó los 300 millones en los siete años (2004-2010) en los que ha gobernado en Cataluña la coalición formada por socialistas, ecosocialistas y republicanos. Para ser precisos, las adjudicaciones conseguidas sumaron 293.905.768 euros.

En realidad, obtuvo otros 299 millones, pero estos corresponden a ampliaciones de trabajos ya logrados en la legislatura de CiU, de forma que a veces se concedían sin siquiera concurso público ya que se consideraban continuidad de obra. Estas cantidades se obtienen al sumar las adjudicaciones hechas en estos periodos por la empresa GISA (Gestión de Infraestructuras, SA), a través de la cual la Generalitat catalana gestiona la mayor parte de sus inversiones en obras públicas.

La caída de las cifras ha sido paralela a un enfriamiento de las relaciones entre la empresa y la Generalitat. Tanto es así que la constructora -que aportó más de 12 millones al Palau de la Música- fue la única de las que trabajan en la línea 9 del metro de Barcelona que declinó participar en el concurso para explotar las estaciones de este trazado. Adujo las dificultades que afectaban a su negocio aeroportuario en el Reino Unido, pero fuentes del sector sostienen que no acudió porque se trataba de "adelantar dinero" para financiar una obra del tripartito.

CiU licitó y adjudicó la línea 9 con una prisa notable cuando se acercaban las elecciones que dieron paso al Gobierno presidido por Pasqual Maragall. Actuó con tanta prisa que sacó a concurso al mismo tiempo la redacción del proyecto y la obra. Lo habitual en obras de esta envergadura (más de 40 kilómetros de trazado, muchos de ellos cruzando de pleno zonas altamente pobladas) es efectuar primero el proyecto, con cálculo de costes y estudios geológicos, y luego licitar la obra. El resultado de aquellas prisas fueron no pocos descosidos. Las obras se encallaron: unas veces topaban con un subsuelo imprevisto, otras se encontraban edificios cuyos cimientos se hallaban a una profundidad superior a lo esperado. Tras el enésimo retraso en varios tramos, el tripartito optó por revisar el proyecto al completo.

Inicialmente, la obra debía tener un coste que rondaba los 2.300 millones de euros. Ferrovial, sola o acompañada, logró prácticamente la mitad de las adjudicaciones. Es decir, se traba de una sola obra, pero dividida en varias adjudicaciones. Pero el precio final no será ese, sino prácticamente el cuádruple: unos 8.000 millones de euros. "La obra nació mal. La idea de adjudicar a la vez el proyecto y los trabajos fue un desastre", ha explicado el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal.

CiU previó que la obra se financiara por el método alemán, es decir, a la entrega de la misma. Esto explica, en parte, el aplazamiento de los pagos a que alude la Agencia Tributaria por las supuestas comisiones, que serían del 4% del importe de los trabajos. La Agencia Tributaria cree que 5,9 millones de euros fueron, supuestamente, a parar a las arcas de Convergència. Una de las vías de donación del Palau a CDC era la Fundación Trias Fargas, rebautizada como Catdem.

Las obras adjudicadas a Ferrovial por CiU y las que le ha adjudicado el tripartito no admiten comparación. De los menos de 300 millones obtenidos de los Gobiernos presididos por Maragall y José Montilla, más de la mitad se concentran en dos únicos concursos, correspondientes a otras tantas prisiones. Consigue también algunos centros de salud y escolares, pero casi ninguna obra ferroviaria, más allá de las ampliaciones o modificaciones de aquellas en las que ya trabajaba.

Durante la última legislatura de CiU, en cambio, de los más de 1.100 millones, casi 800 millones eran para la línea 9 del metro y 305 para la construcción de la Ciudad de la Justicia.






* El País - 6.08.10
Foto: El líder de CiU, Artur Mas, en las obras de la línea 9.- elpais.com

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Los tribunales insisten en los derribos pese a la Ley aprobada por el Parlamento cántabro

ELCORREO* : El 26 de julio el Parlamento de Cantabria, con la unanimidad de todos los partidos, aprobaba una ley que pretende evitar el derribo de la mayoría de las 600 viviendas declaradas ilegales y con la amenaza de la piqueta sobre sus tejados. La medida legislativa parecía ser la solución definitiva a los propietarios afectados, la mayoría vizcaínos, pero los jueces siguen mostrándose implacables y se niegan a dar el brazo a torcer. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a apremiar a los ayuntamientos de Argoños y Piélagos a ejecutar las sentencias de demolición dictadas contra 122 chalés distribuidos en tres urbanizaciones.

La sala de lo contencioso del alto tribunal ha dado un plazo «improrrogable» de 10 días a la institución local de Argoños para que informe sobre el grado de ejecución de la sentencia firme para echar abajo las 91 viviendas de La Llana I. Además, en un auto anterior urgía a la empresa pública Tragsa a acatar la orden que recibió en febrero de derribar 12 casas en La Lana I. Y, por último, también ha desestimado los recursos de súplica presentados por el Consistorio de Piélagos y varios particulares para evitar la demolición de 22 chalés en la urbanización Cerrias II.
Ante estos autos, el consejero de Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, manifestó la necesidad de «darse prisa» en la aplicación de la ley contra los derribos. «Estamos todos preocupados porque algunas urbanizaciones pueden encajar dentro de una nueva legalidad», subrayó. La Asociación de Maltratados contra la Administración (AMA), también confió en que «llegue la cordura» y la nueva normativa permita «salvar esta situación».




* El Correo - 6.08.10
Foto: Piélagos (Cantabria), urbanización ilegal Cerrías - publico.es

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El plan de urbanismo de Tui persiste en las recalificaciones prohibidas

ELPAÍS/Pontevedra* : La cuarta versión del plan general de urbanismo de Tui que el gobierno local presenta para su aprobación por la Dirección Xeral de Urbanismo mantiene la recalificación de terrenos que aumenta la edificabilidad en parcelas de Provitui, la promotora inmobiliaria del hijo del alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha, de la que el propio regidor del PP es apoderado. También mantiene en toda su extensión el polígono industrial de Ribadelouro y la dotación deportiva en la vega del Louro, que la anterior Xunta consideró ilegales: por envolver al núcleo de población de A Magdalena, en el primer caso, y por ocupar zona de protección especial de la Red Natura en el segundo.

La Dirección Xeral de Urbanismo ya rechazó desde 2003 tres propuestas de ordenación urbanística de Tui, con Xosé Cuiña, Alberto Núñez Feijóo y María José Caride, sucesivamente, al frente de la consellería competente en el asunto. Ahora, en el plazo de tres meses, tendrá que pronunciarse Agustín Hernández. Las propuestas de planeamiento han ido adaptándose a los requerimientos de la Xunta hasta cumplirlos en plenitud, según el alcalde, aunque no parece que sea tanto así.

El plan contemplaba en origen y hasta su penúltima versión la construcción de unas 20.000 viviendas que permitirían elevar la población de Tui, en ocho años, de sus 17.000 habitantes actuales a 60.000. La previsión de ingresos municipales en función de este incremento espectacular de la edificabilidad daba alas a su vez a una teórica solvencia financiera del Ayuntamiento para abordar equipamientos como ése deportivo de la vega del Louro, inicialmente de 160.000 metros cuadrados. Ahora se rebaja la edificabilidad total y la superficie del equipamiento se reduce a 75.000 metros, pero se mantiene su emplazamiento en terrenos de especial protección.

La rebaja de edificabilidad, por lo demás, se ha concentrado en los ámbitos rurales del municipio. En el casco urbano, donde Provitui ostenta sus principales promociones, Rocha insiste en duplicarla con edificios de bajo más cinco alturas.

Esta recalificación y otras circunstancias concomitantes motivaron la imputación al alcalde y a otros siete implicados -concejales y técnicos municipales- de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico en el denominado caso Patazumba. Provitui compró la finca de ese nombre y otros terrenos próximos del ámbito de Camfran, y el gobierno de Fernández Rocha, apoderado y padre del administrador único de la promotora, los recalificó luego en el plan general con el doble de edificabilidad. La causa penal abierta está pendiente desde hace dos años y medio de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso de los imputados, que solicitaron la anulación del auto judicial que los culpabilizaba.

Pero el caso tiene otra derivación importante. En Patazumba hay un hórreo declarado bien de interés cultural que la ficha del plan general, en sus anteriores propuestas, señalaba "hórreo a trasladar". El juzgado y la Dirección Xeral de Patrimonio dictaminaron no sólo la imposibilidad de tal desplazamiento, según la Ley de Patrimonio, sino que debía extenderse una zona de protección en torno al hórreo de 50 metros de radio, lo que incluye también una casa.

Fernández Rocha presentó la anterior propuesta de plan general sin el preceptivo informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, que la Xunta le instó a recabar en enero de 2009. Pese a la declarada urgencia de aprobar el plan, el Ayuntamiento no tramitó hasta el 25 de mayo último la solicitud del citado informe. Patrimonio lo emitió en un mes. La ficha del plan ha cambiado de decir "hórreo a trasladar" a "hórreo solicitar traslado" y en el informe "se estima más prudente" no trasladarlo, pero, en una extraña pirueta, condiciona esa sugerencia (más que orden) al resultado del expediente judicial del caso Patazumba, introduciendo una confusa vinculación entre lo que manda la Ley de Patrimonio y el proceso penal por presunta corrupción.

La incorporación de ese informe al plan general fue lo que votó el último pleno municipal para que la Xunta vuelva a dictaminarlo. De momento, según anunció Rocha en la misma sesión, ha adelantado una subvención de 250.000 euros para la redacción del Plan Especial del Casco Histórico. La empresa que tenía ese encargo lo dejó plantado en 2004, cuando sólo le quedaba por cobrar tres de los 23 millones de pesetas (unos 140.000 euros) del contrato.
Una misteriosa rehabilitación

Son minucias, pero con el encanto de Antonio Feliciano Fernández Rocha. El pasado junio el alcalde ordenó devolver a la Xunta 296,36 euros, importe correspondiente a la cantidad no gastada de una subvención otorgada en septiembre de 2007 para contratar personal en la obra de rehabilitación de la casa escuela de Randulfe. La subvención autonómica había ascendido a 43.118,70 euros, pero comprobado que el gasto fue menor en la citada cantidad, Rocha ordenó devolverlos por ser de ley.

Nadie sabe con certeza, sin embargo, en qué se gastaron los restantes 42.822,34 euros de la subvención: el vecindario no ha visto que se haya realizado ninguna obra de rehabilitación en la casa escuela de Randulfe. Desde hace años, la instalación permanece cerrada, con las ventanas tapiadas y con riesgo de ruina, que sigue amenazando a quien se aventure en su interior.

Los clubes deportivos locales, por otra parte, no salen de la precariedad con las suvenciones municipales. Pero el Ayuntamiento se mostró espléndido en la organización del Campeonato de España de Remoergómetro, el pasado abril. Pagó el hospedaje durante dos días a los 165 participantes y convidó a cenar a la directiva de la Federación Galega de Remo, que preside el concejal José Prada, expulsado del grupo popular municipal por el propio alcalde. El evento, según la oposición, sirvió para fidelizar el voto de Prada por la nadería de 21.000 euros.

Cuando, en fin, la misma oposición rechazó la instalación de dos depuradoras transportables dentro de un chapucero despliegue ejecutado por la Diputación Provincial, el alcalde achantó y el asunto cayó en olvido. Hasta que hace unos meses se destapó que en Ponteareas, donde se había programado la instalación de dos depuradoras, solo hay una que dará servicio a una urbanización construida por Provitui, lo que demostraría la también eficiente política exterior de Rocha.





* El País - 6.08.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org


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Urbanismo para los amigos

ANTONIO MONTIEL* : A finales de mayo el Gobierno Valenciano recurrió al Decreto Ley para reformar algunos aspectos de nuestra legislación urbanística. Una reforma parcial y apresurada con beneficiarios muy concretos y que gracias a la holgada mayoría del PP en Les Corts, ha sido convalidada como ley poco antes de despedir el periodo de sesiones. Bajo el rimbombante título «Medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo», el gobierno Camps ha colado dos auténticos regalos para operadores urbanísticos.Se busca favorecer a algunos Agentes Urbanizadores con una amnistía urbanística que les permitirá eludir sus responsabilidades ante la Administración y los propietarios afectados aún cuando hubiesen incumplido los plazos legales para desarrollar los Programas de Actuación Integrada (PAI) adjudicados. Tampoco verán desclasificados los suelos rústicos cuyo cambio a urbanizables promovieron aunque no estuviesen cumpliendo las obligaciones derivadas de aquella reclasificación.

Presentada como «un respiro» para un sector tensionado por la crisis y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, la medida beneficiará especialmente a grandes promotoras —cuyos nombres son fáciles de adivinar—, que durante los años de furor especulativo acumularon más suelo del que el mercado podía digerir y que ahora, gracias al gobierno Camps, van a poder seguir haciendo figurar en sus activos a valor urbanístico unos terrenos que, en muchos de los casos, no podrán ya urbanizar ni comercializar, manteniendo así unos valores inmobiliarios y empresariales sobredimensionados, con los riesgos económicos que ello comporta.
Pero lo peor es que con esa medida se quiere hurtar a la ciudadanía la posibilidad de exigir que reviertan cuantas reclasificaciones de suelo rústico obedecieron a la pura codicia y no a demandas ni necesidades reales. Tantas y tantas reclasificaciones de espacios de singular interés por sus valores agrícolas, naturales o paisajísticos, sometidos a una alteración artificial e interesada con la única finalidad de alimentar una espiral especulativa que ha contribuido decisivamente a la actual crisis económica, a pesar de las reiteradas advertencias tanto de especialistas como de algunas entidades ciudadanas.
El segundo regalo del fin de curso parlamentario, junto a facilidades para la venta directa de productos agrícolas producidos en la misma parcela y para el establecimiento de hoteles rurales, campamentos de turismo, centros recreativos, deportivos y similares, consiste en extender al suelo rústico la permisividad para el establecimiento de determinadas actividades industriales y terciarias.Así, encontramos una previsión expresa para establecer en suelo no urbanizable, sin distinguir entre suelo común y de especial protección, «Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, como también almacenamiento de vehículos,…» con la excusa de incorporar el suelo rústico a la actividad económica y favorecer el empleo.Baste recordar algunas de las ocupaciones ilegales que ya existen en las áreas metropolitanas valencianas, por ejemplo en el entorno de la Albufera al servicio del Puerto de Valencia. Ocupaciones que ahora aumentarán provocando transformaciones del suelo agrícola, tanto por sus dimensiones propias como por el acondicionamiento de nuevos accesos, además de residuos contaminantes, degradación del paisaje, etc. Aunque eso si, instalaciones irregulares y otras «provisionales» podrán consolidarse e incluso ampliarse y otras nuevas establecerse, todo a muy bajo coste para las empresas.Incapaz de asumir el fracaso de un modelo de crecimiento basado en el consumo desaforado de territorio y otros recursos naturales y temeroso de afrontar una reforma en profundidad de una legislación urbanística confusa, farragosa e inapropiada para los tiempos actuales, el gobierno del PP se empeña en asegurar interesadas amistades utilizando los poderes que le ha conferido la ciudadanía para favorecer los negocios de unos pocos mercaderes inmobiliarios.





* Levante-emv - Opinión - 6.08.10

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Greenpeace denuncia que la urbanización en Murcia aumentó cuatro veces más que su población

GREENPEACE* : Tras diez años vigilando el litoral, la organización ecologista destaca que el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Asimismo, denuncia el acoso a los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección. En el caso concreto de la Región de Murcia, Greenpeace resalta que mientras que entre 1990 y 2000 la población aumentó un 15%, la urbanización lo hizo un 52,6%.

Durante los últimos diez años Greenpeace ha sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas para ir depredando el territorio costero. En todo el Estado, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario); 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.

“Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continua y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Es lamentable que por intereses partidistas como los de Coalición Canaria se promuevan mordiscos a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años”,.

Urbanismo salvaje

Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral como “negro”, ni la previsión más pesimista podía prever lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. En 2005 se estaban revisando los planes urbanísticos de 35 de sus 45 municipios, aunque ya en el periodo 2002-2005 la Consejería de Obras públicas autorizó la construcción de 195.000 viviendas. Una de cada tres nuevas viviendas estaba asociada a un campo de golf. Pero una década de destrucción a toda costa del litoral murciano queda retratada con un dato: más del 50% de los municipios de la Región están bajo sospecha de corrupción urbanística.

Construcción de infraestructuras

Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos. El afán depredador del Puerto de Cartagena no ha cesado durante estos años. Si se ha acabado con la alta diversidad marina del entorno de la bocana del puerto y de Escombreras, ahora este Puerto del Estado promueve un nueva infraestructura, la terminal de El Gorguel, en el entorno de la Sierra de la Fausilla, que extendería el impacto ambiental a esta zona de alto valor ambiental.

Paralelamente, la fiebre de los puertos deportivos ha sido imparable en el litoral. La Región no cuenta con un Plan de Puertos que ordene y cuantifique la viabilidad de los nuevos amarres. Son numerosos los proyectos que se han acometido durante estos años en Águilas, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y los Alcázares.

Contaminación de las aguas

A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. Aunque en 2003, España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la CE ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas. Es evidente que en la Región la Administración se ha preocupado más durante estos años por potenciar su sector turístico que por el buen estado de sus aguas costeras, olvidándose de combatir la contaminación industrial. Desde 2001 a 2009 Greenpeace ha documentado vertidos fecales en la práctica totalidad de los municipios costeros.

¿Diez años más de destrucción?

Tras esta radiografía de destrucción costera en los últimos diez años, Greenpeace ha analizado el futuro que según las políticas estatales y autonómicas le espera al ya maltratado litoral.

Buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en 2007 están pendientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 y que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda virgen. Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los próximos diez años que pasan por el control de la corrupción y el respeto a la normativa existente.

“En esta década se ha producido una urbanización masiva de la costa, sólo comparable a la de los años 60” ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. “Hoy sufrimos las consecuencias ambientales y la crisis económica, pero no parece que hayamos tomado nota de sus causas. Es imprescindible sentar las bases hacia una economía sostenible en la costa antes de que sea demasiado tarde”, subraya Marcos.

Greenpeace señala tres asignaturas pendiente en la gestión del litoral. Las iniciativas sobre una economía sostenible carecen de credibilidad si los casos de destrucción costera más icónicos siguen promovidos por las correspondientes administraciones:

- La Región de Murcia debe descartar el proyecto Marina de Cope clasificado como “Actuación de Interés General” que promueve la construcción de 11.000 viviendas y 23.000 plazas hoteleras. La Región debe analizar los grandes proyectos urbanísticos que han fracasado, como Polaris World, para aportar por un desarrollo sostenible.

- La regeneración de la bahía de Portmán, situada a tan sólo 500 metros de El Gorguel, es incompatible con el proyecto de terminal de contenedores. El Ministerio de Medio Ambiente no debe autorizar esta infraestructura.

- El Estado debe recuperar la concesión del puerto deportivo de Puerto Mayor y recuperar y restaurar los 700 metros de playa que se han perdido, unos de los últimos de la zona norte de La Manga aún sin urbanizar. Su legalidad está pendiente de la resolución judicial definitiva.

“Somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual pero que encierra un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca”, declara Marcos. “Nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero”.

En el informe diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, pescadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe. Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.





* Greenpeace - 16.10.07
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Puerto de Escombreras. Al fondo Puerto de Cartagena, Murcia.- greenpeace.org

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La Unesco reitera a Salamanca su 'no' a los proyectos urbanos en la capital charra

ELMUNDO* : El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que ha celebrado su 34ª Sesión en Brasilia, ha reiterado al Ayuntamiento de Salamanca la necesidad de abandonar los proyectos del Huerto de las Adoratrices y la construcción de un parking en la Plaza de los Bandos por su impacto negativo respecto al Bien declarado Patrimonio de la Humanidad 'Ciudad Vieja de Salamanca'. Además, califica de "indeseable" la ubicación en la Vaguada de la Palma del futuro Centro de Recepción de Turistas.

Dicho Comité ha llegado a esas conclusiones tras analizar un informe realizado por el Ayuntamiento de Salamanca, quien había paralizado ambos proyectos el año pasado para tratar de convencer a la Unesco de que no afectaban al patrimonio protegido. Sin embargo, y según informa la Asociación Ciudadanos en Defensa del Patrimonio, la Unesco reitera la petición formulada en junio de 2009 para que sean olvidados.

Respecto al proyectado Centro de Recepción de Turistas en la Vaguada de la Palma, el Comité de Patrimonio Mundial ha analizado el informe recibido en junio de 2009 y ha concluido que dicho proyecto carece de estudio sobre el impacto ambiental, sobre el tráfico de la zona y un razonamiento que justifique la ubicación propuesta. Sin embargo, prefiere no entrar a valorar los diferentes aspectos del Centro de Recepción de Turistas hasta la aprobación del Plan Integral de Gestión del Bien, pero matiza que "los aspectos visual y de tráfico, hacen indeseable este proyecto en esta parte del Bien declarado".

Por otra parte, el Centro de Patrimonio Mundial y los organismos consultivos han tomado nota de los progresos logrados en la preparación del Plan Integral de Gestión, pero consideran que dicho plan y cualquier revisión de los límites del Bien protegido debe estar de acuerdo con una declaración, previa e imprescindible, de Valor Universal Excepcional. Esta declaración debe ser elaborada por el Estado Español junto con el Centro de Patrimonio Mundial e ICOMOS, y estar aprobada por el Comité de Patrimonio Mundial.

El Comité de Patrimonio Mundial recuerda, como ya pidió la misión de expertos que visitó Salamanca, que los Planes Integral de Gestión y Especial de Protección deben ser coherentes y relacionados. Y pide un nuevo informe, para el 1 de febrero de 2012, en el que se detallen los progresos logrados en la aplicación de las recomendaciones que en los últimos años se vienen formulando. La Asociación 'Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio' considera que es momento de que el Estado Español, y "muy especialmente" el Ayuntamiento de Salamanca, entiendan que los salmantinos "no aceptan" que se mantengan estos desafíos ante el Comité de Patrimonio Mundial, que en 1988 inscribió a Salamanca en la Lista del Patrimonio Mundial

Según esta asociación, los proyectos del 'Huerto de las Adoratrices' y 'Plaza de los Bandos', la falta de un Plan Especial de Protección y un Plan Integral de Gestión, la no ampliación de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, las modificaciones puntuales al planeamiento urbanístico, entre otros motivos, sitúan a Salamanca como ejemplo de todo lo que no debe hacerse para conservar, potenciar e incrementar los bienes patrimoniales de la humanidad.

Al mismo tiempo, califican de "temerario" el comportamiento de los responsables del Ayuntamiento de Salamanca, a los que acusan de haber "perdido tanto tiempo e invertido tanto dinero de los contribuyentes" en defender unos proyectos que no cumplen los requisitos de la Convención de París.

Ahora, el Ayuntamiento de Salamanca, tendrá que informar a la Unesco, como ya debió hacerlo hace un año, del abandono definitivo de los mencionados proyectos, tiene que tramitar las correspondientes modificaciones al planeamiento urbanístico a fin de que nunca más se vuelva a poner en riesgo el Valor Universal Excepcional del Bien declarado, y tiene que recuperar la Plaza de los Bandos peatonalizándola y respetando la vegetación existente.




* El Mundo - 4.08.10
Foto: Plaza Los Bandos (Salamanca)- salmantinos


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