LAVERDAD/Murcia* : La UDEF, basándose en 'pinchazos' y en las grabaciones que hizo el empresario Fenoll, sostiene que Matías Carrillo pidió fondos para los comicios del 2007 a cambio de favores urbanísticos. El empresario Ángel Fenoll viene a ser para la clase política lo que un mono con dos pistolas para la tranquilidad del resto de los animales de la selva. Todos los que alguna vez hayan cruzado dos palabras con él deben de llevar semanas repasando mentalmente en qué términos se desarrolló la conversación; si algo de que lo que se dijo pudo sonar a sospechoso, irregular o ilegal; si hubo algún tipo de petición o requerimiento por uno u otro lado...
Porque Fenoll muestra algunas particularidades que lo han convertido en un personaje problemático. Inquietante. Peligroso. La primera de esas características peculiares es su conocida a afición a grabar y registrar las conversaciones y encuentros que mantiene con cargos públicos -aunque seguro que la clase política no tiene la exclusiva en eso-; la segunda, que está inmerso en asuntos judiciales por un rosario de imputaciones tan poco edificantes como cohecho, inducción al fraude, inducción a la prevaricación, tráfico de influencias, amenazas y financiación irregular de partidos políticos; la tercera, que lleva años siendo investigado por el 'caso Brugal' y con el teléfono previsiblemente intervenido al menos desde mediados del 2006, y la cuarta, que tiene el 'gatillo' fácil y no le importa disparar contra todo y contra todos, incluido contra sí mismo, si con ello consigue llevarse por delante a quien le haya hecho alguna jugarreta.
Lo demostró hace casi cinco años, a principios del 2006, cuando entregó a la prensa la grabación de unas conversaciones que había mantenido con el entonces edil oriolano del Centro Liberal (CL) CL, Jesús Ferrández, en la que se desvelaban presuntos intentos de compra de voluntades, para lograr el millonario concurso de recogida de residuos sólidos urbanos, por parte de la firma Urbaser.
La denuncia pública acabó dando origen al conocido 'caso Brugal' y le supuso al propio Fenoll y a su hijo pasar un mes en la cárcel y varios registros en su domicilio y en las sedes de sus empresas, que sirvieron a la Policía para incautarse de un menos inesperado que valioso tesoro: su archivo particular de grabaciones a políticos, que tanto parece que están dando de sí. Una prueba irrefutable, la de su denuncia contra Ferrández, de que Fenoll no renuncia a resultar herido en la refriega si con ello logra llevarse por delante a sus enemigos.
Los teléfonos los carga el Diablo
Recalificación en Fortuna
Como los teléfonos los carga el Diablo, nadie sabe dónde acabará nada de lo que por ellos se dice. Y acaban deparando muchas sorpresas. Una de ellas, ésta sí inesperada, iba incluida en la citada cinta que Fenoll entregó a los medios de comunicación, con el contenido de su conversación con el edil oriolano. En un momento dado, en concreto a partir de 1h.8'.26'' del CD, se escucha a Fenoll asegurar que «alguien» del Ayuntamiento de Fortuna, «con el suficiente poder», le ha garantizado que le van «a reclasificar 200.000 metros cuadrados» de una finca que había adquirido en ese municipio. «Venga..., pues, pásalo, ehhhh... y ya está», asegura que le dijo su 'contacto' municipal.
Los hechos vinieron a demostrar que el ínclito Fenoll no hablaba a humo de pajas. Los hechos ocurrieron tal y como los describió, y ello pese a que la citada conversación con Ferrández se había desarrollado hacia el mes de febrero o marzo del 2006, diez meses antes de que se aprobara el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Fortuna, incluyendo el convenio urbanístico que Fenoll quería impulsar en la zona de la Rambla Salada.
«Tengo confirmación asegurada», presumía el empresario, que estaba convencido de que el Consistorio le permitiría construir 661 viviendas en un paraje que en ese momento estaba calificado como No Urbanizable Inadecuado (NUi), por tratarse de una zona de regadíos del trasvase Tajo-Segura, y que pretendía que fuera declarado como Urbanizable Sectorizado (UZs).
No es hasta el 26 de septiembre del 2006 cuando los vaticinios de Fenoll se hacen realidad y el Pleno aprueba ese convenio -junto con otros 13-, que permitirá a una de sus empresas, Proambiente, levantar las citadas 661 viviendas sobre 270.167,30 m2, que han pasado, como el empresario había anunciado, de NUi a UZs. El milagro se ha consumado, al menos en apariencia, y el promotor se compromete a entregar 324.741,09 euros al Consistorio para acometer diversas inversiones en el municipio.
Pero el milagro -convertir una zona de regadíos, clasificada como no urbanizable por su utilidad agrícola, en otra urbanizable- se consumó sólo a medias, ya que la Comunidad Autónoma dejó en suspenso posteriormente la mayor parte de los convenios urbanísticos de Fortuna, entre ellos el de Fenoll en la Rambla Salada: 'Villas del Sol', se iba a llamar la urbanización, que paralizada sigue.
En manos del 'Anticorrupción'
Atentos al 'esclavejío'
Los informes técnicos que sirvieron para justificar el cambio de clasificación en esta operación, de sospechosas características, venían a aportar argumentos tan llamativos como el siguiente: «La reducción de superficie rural por actuaciones urbanas va a suponer una afección negativa por la desaparición de cultivos actuales y la pérdida de superficies aprovechables, a pesar de que hoy en día la situación de la agricultura tiene un futuro incierto para los regadíos murcianos por la escasez de agua». Algo que apunta a que en ese reinados del PP murciano no venía del todo mal la oposición de Castilla-La Mancha a seguir cediendo agua del trasvase, pues ello justificaba que se 'sembraran' ladrillos en vez de lechugas.
Este periódico ha podido saber que el asunto de 'Villas del Sol' lleva ya meses en manos del fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, y se espera que en cualquier momento pueda 'pegar el esclavejío', como se dice en la huerta.
Los motivos de preocupación para los moradores del Consistorio fortunero no se quedan, sin embargo, en lo expuesto hasta ahora. El 'caso Brugal', que se compone de más de un centenar de tomos y que se reactivó hace unos días con relevantes detenciones en Alicante, contiene datos que apuntan hacia esta localidad y, más concretamente, hacia su alcalde, el popular Matías Carrillo. Fuentes de toda solvencia han asegurado a 'La Verdad' que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, sostienen que Matías Carrillo «solicitó y recibió apoyo económico para las elecciones de mayo del 2007, pudiendo proporcionar a cambio ventajas a Ángel Fenoll sobre las promociones de viviendas» que éste impulsaba a Fortuna.
Las conclusiones policiales se basan en los 'pinchazos' telefónicos realizados con orden del juez instructor de Orihuela, en el análisis de las grabaciones y pruebas localizadas en la vivienda y los despachos del empresario Fenoll, así como en investigaciones propias.
Unos datos que, según las fuentes mencionadas, podrían concretarse en posibles imputaciones por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos y prevaricación, entre otros.
El contenido de esta parte del 'caso Brugal', contenido en las diligencias 851/07, ha sido remitido por el juez oriolano Carlos San Martín a los juzgados de Cieza, por considerar que son los competentes para instruir esta rama del asunto. El magistrado está a la espera de que sus colegas murcianos le informen sobre si aceptan su competencia.
El alcalde se defiende
«Es imposible y es falso»
El alcalde Matías Carrillo, con quien este periódico se puso en contacto para conocer su versión, negó rotundamente los hechos que le atribuyen los especialistas de la UDEF. «No tengo ni idea del asunto. ¿Que yo pedí dinero? ¿Eso quién lo dice? Es totalmente falso». El primer edil aseguró que «es imposible» que pueda aparecer vinculado a esas actuaciones. «Ya tendré noticias y sabré quién dice lo que me está comentando usted», añadió Carrillo, quien confirmó que Fenoll tiene un convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento, aunque aseguró no saber si estaba suspendido por la Comunidad. Insistió en que nunca le dio trato de favor.
EN EL MISMO SACO
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESPINOSA EX PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE FORTUNA
Tuvo que dimitir el pasado abril, tras conocerse que el juez de Orihuela había remitido a los juzgados de Cieza una parte del 'caso Brugal'. López Espinosa figura en unas grabaciones, realizadas por el propio Fenoll, en las que el entonces edil de Economía le pide dinero por adjudicarle el servicio de recogida de basuras. Fenoll obtuvo esa concesión en 2004, a través de Colsur, por la cual ingresará 211.999 euros anuales durante 15 años.
MARÍA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA EX CONCEJAL DE EMPLEO Y PERSONAL
Aparece en grabaciones realizadas por Fenoll hablando de entregas de dinero. La entonces edil reconoce en la conversación que habrían estado comprando votos por correo a cambio de puestos de trabajo. María Dolores ya tuvo que declarar en un juzgado como imputada y acabó acusando al alcalde Carrillo y a varios ediles por la compra de votos en el 2003. El fiscal pide 12 fines de semana de arresto, multa de seis meses y 5 años de inhabilitación para el alcalde y los concejales M. Dolores Sánchez y José Antonio López Espinosa.
El 'milagro' consistió en convertir una zona de regadíos del trasvase, calificada como no urbanizable, en un solar para levantar 661 casas
En una de sus grabaciones, Fenoll afirma que tiene a «alguien» en el Consistorio «con el suficiente poder» como para recalificarle 200.000 m2.
* La Verdad - 1.08.10
Foto: Paraje natural. Una imagen de la Rambla Salada de Fortuna, en la zona donde Fenoll pretendía construir 661 viviendas - laverdad.es
El 'caso Brugal' cerca al alcalde de Fortuna por pedir dinero para el PP
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Tema: NOTICIAS Murcia
La SGAE se queda sin el palacio de Boadilla
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, aseguró ayer que el palacio del Infante don Luis, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, tendrá finalmente uso público y cultural y no se traspasará a ninguna entidad privada, una vez se resuelva el conflicto con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
El Ayuntamiento de Boadilla rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. Se basó en la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.
El proceso de rescisión del contrato aún no está cerrado porque se tienen que resolver las alegaciones presentadas por la SGAE. Siguero reconoció que la entidad ha ido corrigiendo el proyecto "en función de las sugerencias que ha dado la Comunidad, pero ha habido un punto donde no han podido, porque las dependencias que iban debajo de los jardines, como el auditorio o la biblioteca, eran la clave de su proyecto".
* El País - 1.08.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), palacio - 20minutos.es
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Puebla de Lillo.- El fiscal imputa al constructor por el derribo de la Casa de los Escudos
DIARIODELEÓN* : El expediente sobre el derribo de la Casa de los Escudos de Puebla de Lillo, presentado por el Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo al Juzgado de Instrucción de Cistierna, solicita la declaración como imputado al titular de la empresa promotora Oriental Resorts, S.L. Además la denuncia de la fiscalía va también contra cuantas personas puedan resultar con responsabilidad penal en los hechos. El Ministerio Público señala en su escrito que el constructor debe considerarse «como autor de los hechos toda vez que es la persona que ha ordenado la realización del derribo de la casa, todo ello sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción de la causa se puedan determinar que existen otros partícipes o copartícipes en los hechos denunciados».
A la denuncia presentada por el Fiscal ante Juzgado de Cistierna acompaña además un total de 285 documentos que conforman el expediente así como la declaración de testigos y un perito. Uno de los informes señala que en los escudos se aprecian deterioros en forma de golpes y desprendimientos pequeños. «Así mismo el resto de materiales no almacenados, mampostería, piezas escuadras y parte de los enrejados de forja junto con los de otra construcción colindante que posiblemente fuera de otro palacio, se han arrojado a una improvisada escombrera sin posibilidad de discriminación y, por tanto, de recuperación».
Dentro de la documentación se encuentran las denuncias presentadas por un particular, por la asesoría jurídica de la Junta de Castilla y León y por Izquierda Unida.
Los hechos se inician el 18 de agosto de 2009 cuando el Ayuntamiento de Puebla de Lillo concede licencia urbanística a la entidad Oriental Resorts para construir un hotel y un spa en el edificio blasonado de Puebla de Lillo conocido como Casa de los Escudos. Entre los meses de octubre de 2009 y enero de 2010 la empresa procedió al derribo total del edificio sin que exista autorización por ningún organismo competente.
Este edificio blasonado de Puebla de Lillo se encuentra protegido. Tras el hecho se sucedieron la exigencias de responsabilidades políticas y judiciales sobre un derribo que no cuenta con licencia.
* Diario de León - 1.08.10
Foto: Lugar donde se encontraba la Casa de los Escudos de Puebla de Lillo.- diariodeleon.es
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"La corrupción en el franquismo era de calderilla si se compara con la actual"
LEVANTE/Entrevista a Rafael Arnanz* : En 39 años ha sido secretario de dos diputaciones y ocho consistorios de toda España. El último, el Ayuntamiento de Valencia, donde se jubiló como secretario general en 1991 tras 15 años de servicio. Rafael Arnanz (Zaragoza, 1927), doctor en Derecho y académico de la Real Academia de Jurisprudencia propone cambiar el Código Penal y la legislación local para combatir la corrupción municipal, a su juicio la "más importante". Rafael Arnanz se jubiló como secretario general del Ayuntamiento de Valencia en 1991, pocos meses después de asumir Rita Barberá la vara de mando. Dejaba atrás 39 años como secretario municipal, 15 de ellos en Valencia y otros 9 en Sagunt y Puçol, en ocho ayuntamientos repartidos por toda la geografía española y las diputaciones de Girona y Tarragona.
Cuando está cerca de cumplir los 83 años, nació en Zaragoza en noviembre de 1927, este doctor en Derecho y Ciencias Políticas ha publicado tres libros y más de 150 trabajos de investigación en Derecho. El último de ellos en la separata "Cuestiones actuales de la Jurisdicción en España" de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que es académico. En este artículo propone introducir cambios en el Código Penal y la legislación local para luchar contra la corrupción en ayuntamientos y diputaciones.
Desde sus 39 años como secretario municipal ¿cómo ve la evolución de la corrupción en la Administración Local?
Es como una mancha de aceite que cada vez se extiende más y que parece que no va a tener fin. Y esto, contando ahora, que con la crisis se supone que tiene que haber una contracción, sobretodo en el urbanismo, que es lo que más afecta al ámbito municipal. Pero cuando se recupere la economía volverá a incrementarse aún más la corrupción. En el ámbito municipal es, según mi opinión, en el que se da la mayor corrupción porque es donde se maneja el urbanismo.
Eso le lleva a calificar este país como "La España del maletín"
Ese ha sido el instrumento para llevar los sobornos y las cantidades que se dedican a esto. Supongo que en la época de la peseta haría falta un mundo para equiparar las cantidades que se manejan ahora con las de entonces. Un mundo, sí, esa maleta antigua que por su enorme tamaño era como un mundo.
Y en esa geografía de la corrupción, la Comunitat Valenciana parecen tener un papel estelar con el presidente Camps imputado en el caso de los trajes, con una solicitud del fiscal de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y ahora con su homólogo en Alicante, Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.
Ha coincidido que ahora con el asunto Brugal se ha redondeado el mapa y ya ha habido una homologación en este sentido. Lo que quizá haya es un agravamiento en algunos momentos, como por ejemplo el caso Polop. Este asunto es un cambio cualitativo porque ahí hay un homicidio dentro del propio partido de uno que era alcalde, presuntamente instigado por otro que quería sucederle. Es estremecedor. También supone un cambio cualitativo el tono no ya crispado, sino envenenado, que se utiliza a veces, y hasta de pésima educación, como lo de "hijo de p..." de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y en este "y tú más" en que se enzarzan los dos grandes partidos ante la corrupción, ¿quién se lleva la palma?
Hombre, establecer el "quantum" es muy difícil. El PSOE no se ha librado ni se libra de esto. Lo que si que hay es un estudio que dice que las fianzas que se han pedido para el caso Gürtel casi suman más de la cantidad que, digamos, se "distrajo" en el caso Filesa, el más paradigmático de los socialistas. Las cifras cada vez son mayores. Ya sin ir al caso Matas, que ha sido un telón de fondo temporal de lo aquí ya llevamos añas atrás en Castelló, con el caso Fabra. Por que aquí también se han aumentado los costes de muchas obras públicas. Este es otro de los asuntos graves, además del urbanismo.
Como secretario ha convivido con la dictadura y con la democracia. Existe la imagen de que había más corrupción en la Administración franquista, pero usted opina lo contrario.
Aquella España era, no sólo más gris y plomiza, sino indudablemente más pobre. Esa puede ser una posible explicación. Los casos que se daban entonces, como el de Vilá Reyes o Matesa -el escándalo financiero más importante de finales del franquismo-, eran de calderilla si se comparan con cualquiera de los actuales, sin necesidad de recurrir a los más grandes. ¿A qué se debe esto? ¿A que somos más ricos? No sabría explicarlo. Tal vez tenga que ver con eso que habla el sociólogo polaco Zygmunt Bauman del "estado líquido". Que no es la liquidez económica, sino de las relaciones humanas en las que se han perdido todos los valores. Así, por ejemplo, cuando recordamos que a Pi i Margall le parecía caro ir a comer al restaurante Lhardy de Madrid a cargo del erario público, parece que estemos hablando de políticos de otra galaxia. No ya del siglo XIX, sino de un señor que ha venido de otro planeta.
¿Por qué afirma que sale barato ser un político corrupto?
Porque en la mayor parte de los casos, lo difícil es echarle el guante al dinero que sustraen. Creo que se tendría que cambiar el Código Penal para que las penas aumenten o disminuyan en función de lo que se reintegre a las arcas públicas. No estoy proponiendo una amnistía fiscal, simplemente que la pena que corresponda se module de acuerdo con la cantidad defraudada que se devuelva al Estado o a la corporación municipal o autonómica.
La sociedad en general, tal vez, no castigue la corrupción, ya que vemos como algunos políticos sacan incluso más votos tras ser imputados, como el mismo Fabra.
Marañón decía que "cada uno tiene el gobierno que se merece". Es increíble, pero hay como una insensibilización social o, quizás, habría que llamarlo pasotismo ante la corrupción política. A lo mejor puede ser que tenga que ver con el fútbol. En la época de Franco ya se decía aquello de "panem et circenses", donde el circo que mantenía entretenida a la población era el fútbol. Y ahora estamos con mucho más fútbol. ¡Todos los días hay en la televisión partidos históricos!. Tal vez influya tanto fútbol en este desapego de la gente ante la corrupción o, quizás, sea una forma del pueblo de anestesiarse ante este problema.
Presenta como un "agujero negro de la corrupción" que los alcaldes puedan nombrar y cesar a secretarios e interventores.
Eso no lo digo yo solo, sino también Alejandro Nieto, un gran experto en Derecho Administrativo que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La independencia que deben tener el secretario y el interventor para que haya un control en los ayuntamientos se pierde si te nombra y desnombra el mismo a quien tienes que, sino vigilar, procurar que su actuación se adecue a la legislación municipal. Yo no digo ya que ahora sea el Gobierno de Madrid quien los nombre, porque supongo que eso ya es irreversible, pero sí que se efectúe desde los ejecutivos autonómicos de acuerdo a una terna de candidatos y el nombramiento se haga por méritos.
Otra de las modificaciones a la Ley de Régimen Local que propone es que tanto el secretario como el interventor recuperen la obligación de la advertencia de ilegalidad en los casos de grave incumplimiento de la ley.
Esa obligación se introdujo durante la dictadura de Primo de Rivera. Luego la mantuvo la República y también el régimen franquista. Entonces se debía dar cuenta de las infracciones graves al gobernador. Ahora, por supuesto, si se recupera dicha función de advertencia, en todo caso, se debería informar a la Fiscalía Anticorrupción.
También plantea que secretarios e interventores vuelvan a tener la potestad de paralizar decisiones municipales si tienen dudas sobre su ilegalidad.
Esa facultad de dejar sobre la mesa un expediente si se dudaba sobre su legalidad existió hasta principios de los años 80. Era una medida extrema que yo la tuve que utilizar una vez en el Ayuntamiento de Valencia. Fue el 9 de abril de 1979, en la última reunión de la Comisión de Urbanismo del consistorio predemocrático. Iba un expediente que proponía la construcción de cuatro torres de apartamentos en el Saler análogas a las que ya había. Pedí que quedará sobre la mesa amparándome en esa disposición. El expediente ya paso a la nueva corporación democrática y jamás se construyeron.
Todas estas medidas merman la autonomía municipal. ¿Cree que esa autonomía es mala?
No. El problema es la falta de controles. Ahora solo hay un control judicial, a través del contencioso-administrativo y otras vías judiciales que son largas y caras. Debe de haber un control interno en los ayuntamientos que ahora, en cierta manera, no existe desde el momento en que el alcalde a quien tienes que asesorar y controlar te puede cesar. Si que existe el control externo, el judicial, pero en este caso no estamos hablando de prevenir sino del fait acomplí, del hecho consumado, ante el que sólo un posible contencioso defiende al vecino de las arbitrariedades municipales.
También piensa que deberían suprimirse las diputaciones.
Parece que es redundante y duplicante que existan estando los gobiernos autonómicos. Ortega y Gasset llamaba a las diputaciones "ese torpe tatuaje de la piel de España", un tatuaje que ya se ha quedado como definitivo. Jordi Pujol lo intentó, pero se encontró con que no podía porque está en la Constitución. Por eso creo que en España se sacraliza demasiado nuestra Carta Magna ante la posibilidad de introducir cambios. En este sentido opino que habría que recordar aquello que decía Jean-Paul Sartre, que "las cosas son para el hombre, no el hombre para las cosas". Es decir, que la Constitución debería ser para el ciudadano, no al revés.
* Levante-emv - RAFEL MONTANER - 1.08.10
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Sanxenxo.- Una burbuja inflada desde la política
ELPAÍS/Pontevedra* : La desmesura alcanzada por la construcción en Sanxenxo recibió el empujón definitivo con la redacción de un documento que, paradójicamente, ofreció una buena oportunidad de poner orden y sensatez al desarrollo urbanístico de una localidad plagada de segundas residencias, donde el número de viviendas vacías duplica al de ocupadas en cuanto agosto termina y los turistas hacen la maleta hasta el verano siguiente. A principios de 2003 el Ayuntamiento aprobó su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El plan, redactado a toda prisa para llegar a punto a los tiempos de la burbuja, terminó por convertirse en la legitimación de la marbellización de la localidad.
El PXOM de Sanxenxo da luz verde al desarrollo de una treintena de suelos urbanizables y a la construcción, en total, de 13.454 viviendas. Dos años antes de la redacción del polémico documento, el recuento del censo registraba 13.706 viviendas ya construidas en la localidad.
Es decir, el plan contempla duplicar el parque inmobiliario de un ayuntamiento cuya población se mantiene estable y viene creciendo desde los ochenta al lento ritmo de un millar de habitantes por década.
Ahora, los mayores desarrollos previstos en el plan han dejado el paisaje del municipio salpicado de proyectos frustrados, máquinas paradas y obras que avanzan imperceptiblemente tras años de construir a velocidad de vértigo.
Si se entra a Sanxenxo desde Poio, por la carretera de la costa, no tardan en aparecer los primeros desmontes sobre el mar. Donde hace unos años se localizaba una gran zona forestal que se hundía en la ría, se dibujaron en los planos del PXOM tres suelos urbanizables, los de A Granxa, Os Cotos y Festiñanzo en los que se prevé la construcción de más de 1.000 viviendas.
En A Granxa puede verse el trazado de la futura urbanización sobre la tierra que ha quedado tras deforestar los terrenos. Cuándo se terminará el complejo es una incógnita. Lo único terminado es la época de las presiones a los pequeños propietarios de lo que antes había sido suelo protegido y las revalorizaciones en porcentajes de cuatro cifras.
Unos kilómetros más adelante, en Miraflores, el desplome de Fadesa en 2008 dio una de las primeras señales de aviso del final de los días de vino y rosas de la especulación. La constructora tenía previsto edificar allí, sobre unos terrenos que han sido adquiridos finalmente por Caixa Galicia, más de 400 viviendas.
En Noalla, al otro extremo del municipio, se diseñó lo que se ha convertido en un símbolo de la destrucción ambiental de Sanxenxo. En las dos bolsas de suelo de Monte Faro se contempla la construcción de casi 3.000 viviendas de lujo alrededor de un campo de golf. Aquí fue Caixanova la que heredó parte del enredo de un delirio faraónico con varias denuncias en los juzgados por su inviabilidad ambiental.
Cuando una de las promotoras iniciales de este proyecto, la valenciana Sedesa, apareció en el sumario del caso Gürtel se visibilizó una muestra del complejo entramado de vínculos entre la política y el sector inmobiliario tejidos en Sanxenxo durante los años del bum.
Su regidor entre 1999 y 2007, el ahora candidato por el PP al bastón de mando de Pontevedra, Telmo Martín, encarnó con su doble ocupación de alcalde y promotor esta concepción de la gestión municipal como un desenfrenado despliegue de planos sobre la mesa.
Tanto descuidó su entorno Sanxenxo en la última década que su mayor atractivo turístico, la playa de Silgar, perdió buena parte de su arena con la construcción del puerto deportivo y tuvo que ser regenerada. Bajo el edificio Herpi, una de esas primeras aberraciones edificadas en los setenta, otra playa, la de A Carabuxeira, también sufrió los cambios en las corrientes.
Martín creó durante su mandato varias empresas de gestión municipal. Una de ellas, Ínsula Sanxenxo, nació en 2006 con el objetivo de promover la creación de vivienda protegida en el municipio. Desapareció el pasado año sin que el bum haya dejado en la localidad ni un solo piso de protección oficial.
Su sucesora en el cargo, Catalina González, ha declinado, a través de su departamento de prensa, hablar para este reportaje. Aducen que en Sanxenxo, sobre urbanismo, "no hay nada que contar".
* El País - 1.08.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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Madrid.- La asociación vecinal de Prosperidad se niega a abandonar su local
DIAGONAL* : De poco han servido para la Comunidad de Madrid las reuniones mantenidas con los responsables de las consejerías de Educación y de Hacienda, las concentraciones de protesta o las adhesiones de personalidades con la entidad vecinal. Ignorando todo esto pero, sobretodo, el hecho de que la asociación lleva más de 35 años trabajando en el barrio de forma complemante altruista, el Gobierno de Esperanza Aguirre le comunicó ayer que el próximo sábado 31 de julio iniciará “el procedimiento de recuperación posesoria” de su local. A tal fin, vuelve a demandar a la organización ciudadana la entrega de las llaves de su sede, algo que ésta no tiene ninguna intención de hacer.
Gloria Cavanna, presidenta de asociación de 2000 a 2009, recuerda que “en un acto público, el 5 de julio entregamos las llaves del local a los vecinos de Prosperidad, que son los que lo usan a diario, y éstos optaron por no consignarlas a la Comunidad de Madrid, así que no lo vamos a hacer ahora. Resistiremos ante el desalojo pues consideramos que es necesario un local público para seguir con las actividades en el barrio”, remacha.
En una auténtica carrera contra el reloj, Valle-Inclán acaba de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Consejería de Educación, actual propietaria del inmueble, que tras ceder a la asociación el local situado en el número 51 de la calle Luis Cabrera durante cinco años, se apremia ahora en recuperarlo con objeto de obtener liquidez. Por ende, el colectivo ciudadano ha lanzado una campaña de recogida de firmas on-line (http://noaldesalojoavvalleinclan.org) y convoca a los vecinos y vecinas a protestar todos los sábados de este mes de agosto a las 12h en la plaza de Prosperidad.
La amenaza de desalojo de la sede vecinal se remonta al pasado 15 de junio. A pesar de que funcionarios del Gobierno regional habían garantizado la renovación de la citada cesión, Valle-Inclán recibió ese día una carta en la que la Comunidad de Madrid le instaba a la entregar las llaves del local antes del pasado 5 de julio. El colectivo no sólo no lo hizo sino que, en ese periodo, recabó centenares de adhesiones ante una medida medida que “constituye un nuevo ataque al movimiento vecinal y un recorte más de los derechos sociales de la ciudadanía con el pretexto de la coyuntura económica”, según Cavanna. Además del PSOE e IU y de organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) (de la que forma parte), la FAPA Giner de los Ríos, ATTAC Madrid o la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid, personalidades como Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid o Federico Mayor Zaragoza, presidente de la fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco han mostrado su apoyo cerrado a la entidad ciudadana frente a una “decisión incomprensible e injustificable” de la Comunidad de Madrid, en palabras de este último. Entre las innumerables solidaridades recogidas en estos días, hay que destacar el sostén contínuo de la Escuela Popular de Prosperidad, que se encuentra en el número 19 de la misma calle en la se ubica la sede de Valle-Inclán. Precisamente "La Prospe", después de varios años de batalla, consiguió sortear de manera existosa la amenaza de desalojo que pendía sobre su local.
Según Gloria Cavanna, la orden del Gobierno regional "es un ataque más al movimiento vecinal y requiere una respuesta. El desalojo es un nuevo recorte a los derechos sociales que afecta a toda la ciudadanía. No sirven los criterios puramente monetaristas ni el pretexto de la crisis, el local es imprescindible, por lo que seguiremos movilizando a los vecinos, denunciando lo que consideramos es obstaculizar la labor de esta asociación en su justa lucha por tener un barrio cada día mejor”.
La amenaza que pende sobre Valle-Inclán no es un hecho aislado. Tal y como informó el pasado 30 de junio Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, “Hacienda ha dado orden de poner a su disposición todos los locales de las asociaciones de vecinos propiedad de las consejerías, pero ha cometido el error estratégico de comenzar el ataque por la parte más difícil, una asociación que tiene fuerza, presencia en el barrio, capacidad de movilización, y que va a poner muy difícil este primer asalto”. “Aquí nos jugamos mucho. No podemos permitir que con la excusa de la crisis hagan lo que les da la gana”, concluyó el representante ciudadano.
* Diagonal - 29.07.10
Foto: Concentración contra el desalojo de la asociación vecinal, el pasado 5 de julio.- diagonalperiodico.net
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El equipo de Camps avisa de que seguirá si es "condenado"
PÚBLICO* : Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps “debería continuar” en su cargo “aunque fuera condenado” por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión.
“El president debería seguir en cualquier circunstancia”, dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. “Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos”, matizó.
En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. “¿Quién es Blasco?”, destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla “no se sabe si realmente dice lo que piensa”. En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han “malmetido” mucho contra el jefe del Consell.
En la dirección nacional mantenían que ese podía ser “el pensamiento” del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. “Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: “Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre”. Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. “Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional”, confesaban en el PP.
En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones “diga la Justicia lo que quiera”. El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran.
El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido “desafortunada” y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen “malinterpretar”.
“Confiar en la justicia”
Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien.
En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. “Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia”, dijo repitiendo el estribillo de su jefe.
Además tuvo que defender que el código ético se aplica “a todo el mundo por igual” cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. “No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos”, defendió Cospedal.
La tapadera de Fabra
Por su parte, el portavoz del grupo Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció que Fabra y su familia mantienen activa una empresa que se utilizaba para ocultar pagos, informa Toni García de Dios. El nombre de la empresa es Carmacas, creada por el presidente de la Diputación de Castellón en el año 2000 y que desde el año 2004, cuando se descubrió la presunta trama de blanqueo de dinero no obtiene beneficios. Una empresa sin actividad, pero que continúa dada de alta, con un capital cercano al millón de euros y una persona contratada a la que paga 36.000 euros al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Mulet.
La Fiscalía Anticorrupción cree que esta podría ser su tapadera. Según Mulet, en estos años “se está produciendo una descapitalización de Carmacas, se va distribuyendo el patrimonio que se ha ido consiguiendo en los años de bonanza, antes de que estallase el caso Fabra”.
Además también se conoció que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado un recurso interpuesto por Fabra quien consideraba que diversas informaciones publicadas en la revista Interviú referentes a las investigaciones fiscales sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada. Pero la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que informar sobre el patrimonio de una “autoridad” no es delito.
* Público - 31.07.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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Derribada la primera construcción ilegal en la Hoya del Tajo en Ronda
MÁLAGAHOY* : Muchos apostaban porque nunca llegaría el momento, pero ayer la primera de las construcciones ilegales de la Hoya del Tajo comenzó a ser demolida. Finalmente, ante el decreto firmado por el alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, que fijaba para las 11:00 el inicio de los trabajos de derribo, el propietario debía realizar con sus propios medios la demolición de una nave y el cobertizo que había sido denunciado. Entre ambos ocupaban una superficie de unos 100 metros cuadrados, que ahora volverán a recuperar su imagen de terreno agrícola. Precisamente, su catalogación como terreno de protección integral provocó la intervención de la inspección de obras tras tener conocimiento de la existencia de la edificación, que estaba siendo utilizada como cuadra para caballos.
Todo comenzó ayer a desaparecer cuando las piquetas y los mazos de dos operarios comenzaron a tumbar la construcción por orden de su propietario, que no estuvo presente en el inicio de los trabajos, aunque posteriormente asumía con entereza lo que estaba ocurriendo e insistía explicar que había realizado un comparecencia en el Ayuntamiento solicitando realizar el derribo. De este modo evitará tener que pagar todo el dispositivo que tenía previsto el Consistorio, excavadora incluida, para acabar con las cuadras. Además, también evitará el pago de la correspondiente sanción económica al restituir la zona a su viejo uso. No obstante, matizó que ha puesto el asunto en manos de sus abogados, "ya que contaba con una vieja licencia para una casa de aperos".
Mientras tanto, un equipo de la inspección de obras del Ayuntamiento de Ronda se personó ayer en la zona para verificar que estaba cumpliendo con la orden dada por el primer edil, que será la primera de un total de 22, muchas de ellas ubicadas en el mismo paraje. "Voy a ser inflexible con este asunto", señaló Marín Lara, que reclamó mayores herramientas jurídicas para poder actuar con mayor celeridad en el caso de detectarse construcciones irregulares. Y es que el alcalde rondeño considera que la nueva legislación urbanística aprobada se sigue quedando corta para poder atajar este problema. De hecho, el procedimiento que ha derivado en esta actuación ha necesitado de una tramitación urbanística de casi dos años.
* Málaga Hoy - 31.07.10
Foto: Un momento de la demolición del local.- malagahoy.es
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Asociaciones ecologistas de Madrid piden que Aguirre no sea candidata
ABC/EFE* : Una decena de asociaciones ecologistas han pedido hoy al PP que no nombre candidata a Esperanza Aguirre para las elecciones de 2011, porque "en sus siete años de gobierno no ha habido una sola medida legislativa que tuviera como objetivo mitigar los efectos del cambio climático a medio plazo". Los colectivos firmantes de la petición son: Amigos del Tejo y las Tejedas, ARBA, Ecologistas en Acción, GRAMA, Asociación Ecologista del Jarama "El Soto", Los Verdes de la Comunidad de Madrid, ARDEA- Ecologistas en Acción, Jarama Vivo, Diamante Verde, Globalízate y también el sindicato Solidaridad Obrera.
En un comunicado, solicitan al PP que designe candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid a "otra persona del partido que haya mostrado preocupación por el cambio climático".
Argumentan que, tras el estudio publicado por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) que proyecta un aumento en la región de hasta 2º C y 4º C en las temperaturas máximas y un descenso en las precipitaciones del 10% para 2050, ha llegado el momento de "dejar de apadrinar a los escépticos del cambio climático" y de "adoptar medidas efectivas para evitar que Madrid tenga un clima extremo a mediados de siglo".
Los ecologistas acusan a Aguirre de haber "contribuido a acelerar el calentamiento" con su política de "desdoblamiento de carreteras", "urbanismo salvaje" y "construcción de campos de golf".
También le reprochan que carezca de una "política ambiental que proteja el territorio y los ricos ecosistemas de la región", su "desdén hacia la sostenibilidad" y que esté "empeñada no sólo en negar las evidencias científicas, sino en difundirlo utilizando el ente público Telemadrid y algunos canales de la TDT".
"Nos gustaría preguntar a Esperanza Aguirre si podrá mirar a sus nietos a los ojos y explicarles las medidas que tomó para evitar un cambio climático tan peligroso", rematan su escrito los ecologistas.
* ABC - EFE - 31.07.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
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El TSJ da al Ayuntamiento de Valladolid tres meses para que derribe los áticos de Zorrilla
NORTECASTILLA* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León se ha cansado ya de los retrasos para cumplir la sentencia que dictó hace más de dos años en relación con los pisos construidos en la planta octava de la plaza de Zorrilla, que acogió la sede de la obra social de Caja Duero, situada entre las calles Santiago y María de Molina de la capital vallisoletana. En un nuevo auto, de fecha 28 de julio, los tres magistrados del Alto Tribunal requieren nuevamente al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, para que en el plazo de tres meses dé las órdenes para ejecutar la sentencia de 28 de abril de 2008, en la que se fijaba la demolición de las obras realizadas en ese inmueble tras una licencia que concedió el Consistorio en el año 2001 a la empresa Edificasa 2000
El TSJ consideró entonces, después de analizar el recurso que presentó en el año 2002 la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, que las obras realizadas por esta constructora habían supuesto una vulneración de la legalidad urbanística municipal, que se concretaba en un incremento de la edificabilidad en los áticos que se levantaron en ese inmueble que da a la plaza de Zorrilla.
Durante la intervención bajo licencia municipal de la constructora, se suprimieron los históricos trasteros y se destinaron los 93,92 metros cuadrados de los mismos para uso de viviendas, que ahora deberán ser derribadas por ser consideradas ilegales por la justicia.
Pero además los jueces sentenciaron, después de analizar todo el expediente y estudiar los informes periciales que se encargaron a arquitectos, que con las obras efectuadas se incumplió lo establecido en el Plan Especial del Casco Histórico (PECH) de Valladolid, aprobado en mayo del 1997 por el Ayuntamiento, en lo referente a la modificación de la fachada interior que da a la calle Santiago.
«Allí se ha demolido una galería acristalada existente, lo que constituye, a juicio de esta Sala, otra infracción (...) suponga o no suponga aumento del volumen del edificio», sentenció el Alto Tribunal.
El Plan Especial obliga a proteger este tipo de inmuebles que fueron catalogados en su día por su valor arquitectónico e histórico.
Reconstrucción
El nuevo pronunciamiento de esta semana del TSJ, calificado en medios judiciales como un 'ultimátum' a la Administración municipal, se produce después de que el Consistorio que preside el regidor popular hubiera presentado un proyecto, en octubre de 2009, para tratar de legalizar la reforma del edificio de viviendas, oficinas y locales, desde las plantas tercera a la octava, que fue redactado por un arquitecto municipal.
Sin embargo, el Tribunal Superior recuerda al Consistorio que preside León de la Riva que la sentencia de 2008 señalaba que se había incumplido el PECH, al haberse alterado elementos como la cubierta y las fachadas, tanto interiores como exteriores, que con el proyecto presentado «no se subsanan».
En este sentido, los jueces señalan al Ayuntamiento que debe también ordenar «la reconstrucción de los elementos protegidos en la forma que resulta de los planos 2 al 13 del Proyecto de Ejecución» y que la Sala de Justicia acordó en su día.
En el nuevo auto judicial, el TSJ insinúa que la iniciativa municipal que ha llevado el Ayuntamiento pudiera pretender «eludir el cumplimiento» de la sentencia del año 2008, por lo que requiere al alcalde de Valladolid que ejecute el fallo.
Recuerda el TSJ al regidor que en caso contrario podría incurrir en una «posible responsabilidad penal o en la imposición de multas coercitivas».
Autorización municipal
La licencia para las obras de este emblemático inmueble del arquitecto Manuel López, que fue inaugurado en 1952 con piedra de Villamayor, fue otorgada mediante un decreto firmado en febrero del 2001 por el concejal de Urbanismo, Federico Sumillera. Con anterioridad, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento había acordado la concesión de la licencia de obras a Edificasa con el objetivo de rehabilitar el inmueble que había tenido como destino principal oficinas de Caja Duero y viviendas.
Entre febrero y mayo del 2002, el Consistorio otorgó las licencias de primera ocupación a las viviendas del 28 de la calle Santiago, del 3 de la plaza Zorrilla y el 13 de María de Molina.
* El Norte de Castilla - 31.07.10
Foto: Valladolid, edificio pza Zorrilla - nortecastilla.es
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31.7.10
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
A Coruña.- Un promotor que se negó a arreglar un edificio protegido pide permiso para tirarlo
ELPAÍS* : Tras nueve años haciendo caso omiso de reiterados informes y apercibimientos municipales para que se preserve un edificio protegido, la promotora propietaria del inmueble acaba de solicitar la declaración de ruinas para poder derruirlo. Es un nuevo caso de especulación inmobiliaria en A Coruña, ciudad con un patrimonio considerablemente mermado en las dos últimas décadas por prácticas similares, según denunció la asociación de vecinos de Oza-Gaitera-Os Castros.
Los residentes, así como la dueña de la tienda de moda que ocupa el bajo de la edificación, llevan años de batalla para impedir la desaparición del edificio modernista situado en el número 152 de la avenida General Sanjurjo, cuyo deterioro no hizo más que crecer en los últimos años pese a los múltiples avisos de la Concejalía de Urbanismo que emplazaban al dueño a rehabilitar y preservar el inmueble.
La empresa Cinur Consultores Urbanísticos e Inmobiliarios adquirió en 2002 la edificación y un solar adyacente en el que está construyendo una urbanización, unas obras en fase final que no hicieron más que aumentar los daños hacia el edificio protegido. La promotora dueña del inmueble nunca atendió los sucesivos requerimientos e incluso apercibimientos de los técnicos municipales para reparar los desperfectos iniciales provocados por humedades y desprendimientos del tejado. Esto empeoró la situación de un inmueble en el que sólo están ocupados los dos bajos comerciales, uno por las oficinas de los dueños, Cinur, y otra por la tienda Isabel de Alta Costura.
"La casa está deteriorada por el abandono pero no en estado de ruinas", recrimina Isabel Edreira que lleva ochos años sufriendo "mobbing [acoso] inmobiliario" para provocar su desalojo del bajo en alquiler que acoge su negocio desde hace 20 años. "Lo deja todo abandonado para que se venga abajo, e intentan echarme", cuenta Edreira al relatar cómo cada dos por tres su tienda sufre "inundaciones provocadas sin que caiga una gota de lluvia". La modista presentó denuncia cuando hace dos años "la situación del edificio empeoró" dado que su parte trasera fue en parte demolida al construirse la nueva edificación del solar contiguo. A requirimiento del Ayuntamiento, la promotora apuntaló el año pasado partes del inmueble protegido, una estructura que ahora retiró para remplazar por una red. Y acaba de pedir la declaración de ruina.
* El País - 31.07.10
Foto: El edificio modernista protegido de A Coruña, cubierto por una red. Al fondo, la nueva edificación que lo amenaza - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Galicia
Suspenden pleno por altercado con seguidores del Jaén por acuerdo urbanístico
IDEAL* : El pleno del Ayuntamiento de Jaén fue suspendido hoy durante un tiempo tras producirse altercados por varios aficionados del Real Jaén, al rechazarse la firma de un convenio urbanístico que podría haber beneficiado a la entidad futbolística. Los hechos se han producido después de que PP e IU -que forma parte del equipo de Gobierno municipal junto al PSOE- hayan votado en contra de la firma de un convenio urbanístico con la empresa Proyji, propiedad de José María González de Caldas, que supondría la construcción de unas 3.000 viviendas en la zona de La Imora.
A cambio, el Ayuntamiento habría recibido seis millones de euros en aprovechamientos urbanísticos y la empresa se había comprometido a abonar 500.000 euros al Real Jaén, que necesita abonar mañana 420.000 euros para evitar descender a Tercera División.
Tras rechazarse el punto del pleno varios aficionados del Real Jaén comenzaron a dar gritos y se produjo un enfrentamiento entre el accionista mayoritario del Real Jaén, Carlos Sánchez y dos miembros de IU, Javier Aguilera y Andrés Bódalo.
En este punto, y tras varias llamadas a la calma de la alcaldesa de Jaén, Carmen Peñalver, intervino la Policía Local y se suspendió el pleno, que prosiguió poco más tarde con el orden normal.
IU ha alegado para rechazar la moción que la zona donde se piensan construir las viviendas es protegida y no se encuentra recogida en el Plan de Ordenación Urbana, mientras que el PP ha recordado al PSOE cuando le recriminaban a ellos realizar operaciones con este empresario.
* Ideal - EFE - 31.07.10
Foto: Jaén, trifulca en Pleno municipal - diario de jaén
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31.7.10
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Ya era hora! - Forges

Viñeta Forges, caravana vacaciones - elpais.com 20100730
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30.7.10
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Armilla.- El fiscal recurre las "penas nimias" de la sentencia del caso Nevada
GRANADAHOY* : Era simplemente cuestión de tiempo. La sentencia del Centro Comercial Nevada, dictada a mediados de este mes no gustó a nadie. Salvo, ha de suponerse, a los concejales de la junta de gobierno local y a los técnicos que salieron absueltos, porque ninguno de ellos anunció su disconformidad con el fallo. Sí lo hicieron, por contra, los tres acusados que cambiaron su estatus por el de condenados, el promotor del centro, Tomás Olivo, el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara, y el que fuera concejal de Urbanismo en el Consistorio armillero, Gabriel Cañavate. Pero la parte acusadora tampoco quedó contenta con las penas impuestas a dicha terna ni con que se absolviese al resto de los condenados.
Por ello, el Ministerio Público y la acusación ejercida por el Partido Popular, ayer hicieron públicos sus recursos de apelación en los que se pretende que la Audiencia Provincial dicte una nueva sentencia que sea más dura que la del Juzgado de lo Penal número 3 de la capital.
El Ministerio Público mantiene en su recurso de apelación las penas inicialmente solicitadas para los acusados (26 meses de cárcel para Tomás Olivo, 36 meses para Morales Cara y Cañavate y 16 meses para el resto de los acusados) porque el fiscal Valentín Ruiz argumenta que "las penas impuestas en la sentencia de instancia equivaldría al indeseado efecto criminogénico de anular por completo la importantísima función preventiva o admonitoria de los preceptos penales en juego" ya que el juzgador ha castigado "gravísimas actuaciones" con "penas nimias equivalentes de algún modo a simples fraudes o sustracciones".
El fiscal mantiene, tras un pormenorizado análisis de la sentencia absolutoria -que cabe recordar que consideraba mucho de lo sucedido durante la tramitación del centro comercial como irregularidades administrativas fuera de la esfera penal-, que en gran parte está de acuerdo con el fallo, pero refuta esta forma de proceder del juez. Las irregularidades denunciadas son "extrapenales en cuanto aisladas unas de otras y separadamente consideradas, obviando indebidamente a juicio del fiscal, que la suma reunida de todas ellas advera a las claras que se prescindió completa y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". O, dicho de otro modo, "que nunca existió procedimiento ajustado a derecho y, por tanto, cualquier resultado de ello incurriría en la nulidad de pleno derecho que entonces y también ahora postulamos expresamente". Consecuencia de ello sería, por tanto, la nulidad "completa y radical" de los actos administrativos, tanto la aprobación definitiva del plan parcial B como la licencia de obras del centro comercial.
Esto hace que el fiscal mantenga en el recurso las opciones que en su momento dio al juez de lo Penal, la demolición "completa, íntegra y total" de lo construido, incluido las obras de cimentación soterradas y plataformas y viales sobre rasante; y la demolición parcial de modo que se subsanen las vulneraciones legales más graves y evidentes, como la invasión de zonas verdes y viales como el Camino Viejo de Alhendín. También contempla una última opción a la que dio cabida durante el juicio, la de "cualquier hecho sobrevenido con posterioridad y acaecido antes, nunca después, de que la sentencia que en su caso se dictare alcance firmeza, tales como la presentación de un proyecto alternativo que mereciere aprobación definitiva en todos sus detalles".
Especial hincapié hace el fiscal en la desaparición del informe del abogado municipal del expediente que se debía tratar en la junta de gobierno local donde se dio el visto bueno al centro comercial y por que el considera, al menos, "cooperadores necesarios" a los concejales que votaron a favor. En cuanto al documento, entiende el fiscal que Morales Cara y Cañavate "eran las únicas personas que tenían libre acceso al edificio, tenían la posibilidad de hacer lo que hicieron y sabían perfectamente la localización física del expediente".
El PP, personado como acusación particular, igualmente pide la condena de los cuatro ediles absueltos; un aumento de las penas de los condenados "dada la gravedad de la conducta delictiva" de los acusados, que produjeron además un "daño objetivo a la economía y al desarrollo de Armilla"; y que Morales Cara y Cañavate sean condenados por un delito de infidelidad en documento público y por otro contra la ordenación del territorio.
El documento fue dado a conocer por el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, quien recordó que han sido condenados dos personas, Morales Cara y Cañavate, que, cuando fueron denunciados, "eran la flor y nata del PSOE granadino".
A juicio de su partido, según explicó, la sentencia del juez no ha aclarado dónde están los 36 millones de euros procedentes de las plusvalías del aumento de la edificabilidad del Nevada que le correspondían al Ayuntamiento de Armilla y ha insistido en que este caso "es el único de corrupción en España" que no ha permitido investigar el patrimonio de los imputados, cuando existe un informe de la Guardia Civil que constató que "sus bienes no se correspondían con sus ingresos".
En cuanto a los concejales, el recurso estima que todos los ediles sabían que el expediente de la licencia de obras "adolecía de graves defectos, puestos de manifiesto por el arquitecto técnico municipal". Además, el PP considera que se cometieron "graves irregularidades en la tramitación del proceso", como la ausencia de informes técnicos suscritos por funcionarios de carrera del Ayuntamiento, la desviación de poder de la Corporación local al solicitar un informe al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación o la necesidad de solicitar un informe al Consejo Consultivo de Andalucía durante la tramitación del plan parcial B. También defiende el PP que la autorización ambiental que tenía el proyecto había caducado, ya que las obras comenzaron en 2005 sobre una autorización de 2000 y con un proyecto bastante diferente.
En lo referente al informe desaparecido, la acusación que ejerce el PP también considera autores del extravío a José Antonio Morales Cara y a Gabriel Cañavate. Considera el recurso que "sólo a los dos imputados por este delito interesaba la desaparición del referido informe y que, en su caso, cualquier persona que lo hiciera desaparecer lo habría hecho a su instancia e interés". Pero claro, en base a numerosos indicios.
* Granada Hoy - 30.07.10
Foto: El Centro Comercial Nevada, pendiente de una resolución firme.- granadahoy.com
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30.7.10
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Vigo.- El TSXG prevé indemnización por no derribar Jacinto Benavente
ATLÁNTICO* : La licencia otorgada por el Concello de Vigo al edificio de viviendas de Jacinto Benavente hace ahora un año ha servido para que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictamine un auto en el que anula la orden de demolición que sobre dicho inmueble pesaba por sentencia judicial. No obstante, el alto tribunal de Galicia, que considera ‘inejecutable’ la mencionada sentencia, también contempla la compensación económica al recurrente. Concretamente, el auto afirma que ‘procede declarar la inejecutabilidad en lo que afecta a la demolición de la obra, conclusión esta última que se alcanza sin perjuicio de que por la parte interesada se pueda instar la compensación económica suficiente y sustitutiva’.
La parte interesada en este caso es el vigués Eduardo Canabal, promotor de la mayoría de recursos sobre ilegalidades urbanísticas en la ciudad y que, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tiene en la actualidad 1.500 causas contra el Concello de Vigo. La resolución judicial es susceptible de recurso de súplica ante la misma sala. El Tribunal Superior de Xustiza considera en su auto que a la vista de la documentación aportada, resulta que la obra cuya demolición se ordenó ha sido objeto de legalización mediante acuerdo del Concello de Vigo. ‘Así, la mencionada legalización viene a suponer, en principio, la desaparición de reprochabilidad desde el punto de vista de la legalidad que hasta entonces era predicable en cuanto a la obra. La ejecución respecto a la misma que de inmediato podría volver a levantarse de conformidad con dichas previsiones, no se acomoda a una racional aplicación del principio de proporcionalidad’. El edificio, de 150 viviendas, fue declarado ilegal porque se construyó con arreglo a un plan de 1993, que fue declarado nulo por los tribunales. La solución adoptada por el Concello para legalizar este edificio no es aplicable a otros que se encuentran bajo la picota. Así lo aseguraba en su momento el alcalde Abel Caballero quien aseguraba que en este caso en concreto se trató de un error administrativo y no de ‘un pelotazo urbanístico’ como en otros casos en los que se dio licencia sin avales ni informes.
* Atlántico - 30.07.10
Foto: Vigo, edificio Jacinto Benavente - lavozdegalicia.es
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30.7.10
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Tema: NOTICIAS Galicia
Destrucción a Toda Costa 2010 - Greenpeace
* Greenpeace - Comparativa de la costa antes y después - 2010
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO , VÍDEOS
Sabadell legaliza adjudicaciones irregulares de pisos sociales
ELPAÍS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Sabadell, gobernado por el PSC, admite 10 casos de irregularidades en la adjudicación de pisos de alquiler tutelados para jubilados en el complejo Sant Oleguer. La cifra es muy inferior a los 76 casos que la fiscalía detectó en abril. El 13 de julio el Ayuntamiento firmó un decreto para regularizar estos casos. Cuando los pisos se adjudicaron, en 2004, se debían entregar a través de una comisión que nunca se llegó a constituir. El decreto insta a que sea la empresa municipal Vimusa la que busque "fórmulas para solucionar la situación" de los 10 afectados y que conserven el piso.
El Consistorio asegura que se revisarán los expedientes según los criterios actuales de adjudicación, modificados y más laxos que los que regían en 2004. Por ejemplo, ocho adjudicatarios de los pisos eran dueños de viviendas en aquella fecha, cosa que prohibían las bases. Estos pisos se vendieron con posteriordad, por lo que el expediente se revisará como si los adjudicatarios nunca hubiesen poseído estas viviendas. A una persona que en 2004 le faltaban 10 días para tener 65 años, edad necesaria para poder optar a los pisos tutelados, se le considera que ya cumple el requisito. En un último caso, se superan los 100.000 euros de patrimonio máximo.
El informe fiscal de abril señalaba que 11 de los adjudicatarios de los pisos (el complejo lo forman 101) no cumplían el requisito del padrón (dos años de residencia continuada o cinco discontinua), 59 tenían una vivienda en propiedad en el momento de la adjudicación, cosa prohibida en las bases, y 6 superaban los 100.000 euros de patrimonio máximo. La fiscalía concluyó que las irregularidades no constituían un delito y archivó el caso. El 9 de julio, ICV-EUiA presentó un contencioso contra las adjudicaciones irregulares.
A raíz de esta resolución, el Ayuntamiento encargó a sus técnicos analizar los argumentos del informe de la Guardia Civil. De los 11 casos que no cumplían la condición del padrón, el Consistorio no reconoce ninguno y considera que los agentes se equivocaron, ya que "consultaron al Instituto Nacional de Estadística el último cambio de domicilio, pero no pidieron al Ayuntamiento el empadronamiento histórico", afirmó el concejal de Urbanismo, Joan Carles Sánchez. El regidor justifica la diferencia de criterio con el hecho de que los agentes "buscaban una trama urbanística". Pero la Guardia Civil, en el informe que dio a la fiscalía, indicaba que, además de investigar un posible caso de prevaricación y de trama urbanística, su función era "verificar los requisitos" del proceso de adjudicación de los pisos.
En estos 11 expedientes constaba el caso de unos familiares de la concejal de Servicios Sociales, Maria Ramoneda, a los que se adjudicó un piso, pese a que no cumplían el requisito del empadronamiento, ya que constaba que vivían en Vilanova de Meià (Noguera). En este caso, el Ayuntamiento dio por válido un informe de la policía local, hecho a partir de entrevistas a los vecinos, para demostrar que los adjudicatarios vivían en Sabadell. Las bases del concurso no permitían acreditar el padrón con un informe policial.
* El País - 29.07.10
Foto: Sabadell, ayuntamiento - laregioninternacional.com
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30.7.10
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El TC mantiene la suspensión de los derribos del Cabanyal
EUROPAPRESS/Valencia* : El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado mantener la suspensión de determinadas partes del Decreto-Ley 1/2010 del Gobierno valenciano relativo a medidas de protección y revitalización del barrio de El Cabanyal de Valencia y que quedó sin aplicación después del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Abogado del Estado en representación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por considerar que los derribos previstos perjudicaban al conjunto histórico. Por su parte, la Generalitat alegó a esta decisión pidiendo que se desestimara dicho recurso.
Ahora, el pleno del TC ha determinado en un auto --dictado cuando está próximo el fin del plazo de cinco meses que establece la Constitución para levantar o mantener la suspensión-- que sí procede prorrogar la suspensión de los artículos 1, 2 y 3, el apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la norma.
El Gobierno valenciano dio luz verde al decreto el pasado mes de enero y en él declaraba "expresamente" que el PEPRI de El Cabanyal "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad contenida en el Decreto del Consejo 57/1993, de 3 de mayo, por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) al conjunto histórico de Valencia", incluido este barrio. El Decreto-Ley derogaba además cualquier norma de igual o inferior rango que se opusiera a lo previsto en él.
En la nueva resolución del Constitucional --de fecha de 28 de julio y que ha sido hecha pública este jueves-- el Tribunal considera que los preceptos suspendidos del decreto del Consejo "persiguen la inmediata ejecución del PEPRI, plan que, como todas las partes comparecidas han señalado, afecta a una zona que se encuentra especialmente protegida".
Este plan, añade, "comportará actuaciones que implican, cuanto menos, un riesgo para la integridad de dicho conjunto histórico y, por extensión, para el interés público subyacente en proteger el barrio Cabanyal-Canyamelar". "Por ello, los valores asociados a la preservación del patrimonio histórico no pueden resultar enervados por el interés en ejecutar inmediatamente un Plan Especial de
Reforma Interior de dicha zona, tal como expresan los preceptos legales cuya vigencia se encuentra suspendida, pues aquellos valores pudieran resultar seriamente afectados con las actuaciones necesarias para la ejecución de dicho plan", argumenta.
En este mismo sentido, el TC defiende que, "ante el riesgo de degradación, destrucción o pérdida, el interés en la preservación de los valores que definen los inmuebles afectados por la ejecución del plan como integrantes del patrimonio histórico artístico ha de ser considerado prevalente, desde la perspectiva cautelar".
"PELIGRO DE PÉRDIDA"
La resolución puntualiza que, si el PEPRI aprobado no contradice sino que complementa y refuerza la protección del conjunto histórico, es una cuestión que se relaciona con el fondo del asunto debatida en el proceso principal pero, por el contrario, "fácilmente se colige que el peligro de pérdida o deterioro de los bienes objeto de especial protección en atención a los valores histórico-artísticos que en su momento determinaron la inclusión del Cabanyal en el conjunto histórico de Valencia han de merecer consideración preferente, desde la perspectiva cautelar".
Este interés, agrega, prevalece "sobre las eventuales actuaciones modificatorias de la estructura urbana y arquitectónica que se realizarían en la zona en caso de que recobrasen su vigencia los preceptos legales ahora suspendidos, así como frente a los (posibles) retrasos en la ejecución de la planificación urbanística derivados del mantenimiento de la suspensión inicialmente acordada en tanto se decide la cuestión litigiosa".
A juicio del TC, a estas consideraciones no pueden oponerse las argumentaciones relacionadas con la irrenunciabilidad de las finalidades perseguidas por la ejecución del PEPRI o la necesidad de la urgente ejecución del mismo en atención a los recursos presupuestarios comprometidos tanto de la Generalitat como por el Ayuntamiento de Valencia, pues tales perjuicios "no son, por su propia naturaleza, irreparables".
"A todas luces aparece como prevalente la protección dispensada al barrio por el propio ordenamiento jurídico, ya que no se ha negado por ninguna de las partes comparecidas en el presente proceso que la ejecución del concreto plan pueda alterar ese conjunto histórico, por lo que, en atención a su carácter difícilmente reparable, es razonable amparar los valores vinculados a la conservación del patrimonio histórico y cultural que también el ordenamiento jurídico autonómico preserva y protege".
En sus fundamentos jurídicos, el pleno recuerda también su propia jurisprudencia, en concreto una decisión de 2005 en la que se optó suspender una ley de Castilla y León por la que se modificaba la ley de patrimonio cultural.
Aún "sin anticipar la resolución de fondo que en su día resulte procedente" --recalca el TC-- resulta "innegable" que los preceptos suspendidos en el caso valenciano "persiguen, tal como ellos mismos declaran, la total ejecución del PEPRI, autorizando expresamente la totalidad de las actuaciones sobre la estructuraurbana del conjunto histórico de Valencia y, por tanto, del Cabanyal en tanto que parte integrante del mismo y afirmando la imposibilidad de que tales actuaciones puedan ser menoscabadas por los actos o acuerdos de otras administraciones públicas".
COMPETENCIAS ESTATALES
"Decisiones todas ellas que pueden obstaculizar, más allá de la controversia trabada en cuanto al fondo del asunto, el desenvolvimiento de las competencias estatales, impidiendo la plena efectividad de la decisión estatal en relación con la eventual expoliación que sufriría el conjunto histórico del Cabanyal, razón por la cual es posible apreciar la existencia en este caso de un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales a que conducen las normas cuestionadas en este proceso".
Todo ello, concluye el acto, sin que resulte necesario pronunciarse acerca de la petición formulada de forma subsidiaria por la Generalitat en la que solicita el levantamiento de la suspensión en todo lo que no afecte a la zona declarada BIC por cuanto que "los preceptos cuya suspensión se ha solicitado y se mantiene de ya hacen una referencia expresa al conjunto acreedor de la protección".
* Europa Press - 29.07.10
Foto: Valencia, contraste barrio del Cabanyal - EFE
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30.7.10
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El Juzgado ordena desmantelar una macrourbanización en Ávila
NORTECASTILLA* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila ha ordenado el desmantelamiento de las obras de sistemas generales ejecutadas en el pinar de Villanueva de Gómez, en el que se pretendía construir una urbanización con cerca de 8.000 viviendas, un hotel y tres campos de golf, y obliga a devolver la zona, donde se podrían haber talado alrededor de 30.000 pinos, según los ecologistas, a su estado natural. La sentencia considera nulas las licencias otorgadas para acometer las obras y se estima que el Ayuntamiento «no contó con ningún informe técnico, jurídico o de otro tipo antes de la autorización del Proyecto de Sistemas Generales de Infraestructuras» y «no se aprobó con anterioridad ningún instrumento de desarrollo o gestión urbanística».
Se señala, además, que «los planes parciales en suelo delimitado y los planes especiales deberán ser aprobados definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo», informa Europa Press.
Por lo que se refiere a los sistemas generales Hya se han construido aceras y rotondas y se han abierto grandes avenidas en el pinar-, la sentencia destaca que afecta a suelo rústico de protección natural y que, en consecuencia, debería haber sido objeto de Evaluación del Impacto Ambiental el Plan Especial de Infraestructuras.
Es por ello que concluye que la resolución del alcalde, José Martín Llorente, que autorizó, en el año 2006, la ejecución del Proyecto de Sistemas Generales y otorgó la licencia de obras, «debe considerarse nula de pleno derecho».
En cuanto a la modificación de las Normas Urbanísticas llevada a cabo en 2001, se indica que fue una auténtica revisión de las mismas y que, como tal, debió someterse al trámite de evaluación ambiental y por ello se plantea ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la posible «ilegalidad» de la modificación de las normas aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en marzo de 2001.
El juzgado da, de esta forma, la razón a las asociaciones ecologistas que se han posicionado en contra del proyecto. En este sentido, Juan Carlos Atienza, coordinador del Area de Conservación de SEO/BirdLife, declaró que «el sentido común se ha impuesto y se ha detenido otra barbaridad urbanística más».
* El Norte de Castilla - 29.07.10
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), pinos talados - HENAR SASTRE (nortecastilla.es)
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30.7.10
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Vacíos urbanos, por qué no
JOAQUÍN ORTIZ DE VILLAJOS CARRERA/Málaga* : Que las ciudades crezcan y absorban vacíos generados en su interior por abandono, olvido, desuso u otros intereses, es algo cotidiano; pero las respuestas generadas por éstas para incorporarlos al tejido que los acoge no deberían ser siempre la misma. Málaga, en consecuencia a un crecimiento desordenado, se hace heredera de este tipo de espacios y, afrontarlos desde la nueva configuración urbana, siempre encuentra en el simbolismo o el poder del hito su reacción. Envueltos y partícipes en la sociedad del espectáculo, el consumo de masas, el urbanismo desenfrenado y la vorágine mediática, la ciudad focaliza en estos "vacíos encontrados" la oportunidad del reclamo y el uso de nuevas imágenes regeneradoras -modelo tan repetido que deja de ser novedoso- de áreas concretas o del dibujo global de la ciudad. Ésta parece querer desterrar la concepción instalada en el imaginario social y encuentra en ellos la oportunidad para ser reconducida. Pero la reconducción es idealista o, tan sólo responde a la realidad de un planeamiento, básicamente especulativo, donde la edificabilidad se compra y no se compromete con el teórico proyecto de ciudad.
Los antiguos terrenos de Repsol, de la Térmica o de Martiricos, constituyen auténticas burbujas en la cada vez más densificada trama que, pensadas para el colectivo de la ciudad y no el interés económico de "unos cuantos", ayudaría realmente a la cualificación del área, y no a su recalificación, algo más interesada. La red de vacíos pensada desde un proyecto de ciudad único sería más apropiada. Así, no todos se ejecutarían desde las mismas pautas, como ocurre en la actualidad, donde los vacíos pensados de manera aislada obtienen un resultado similar: la colmatación del espacio mediante torres. No alentamos desde estas líneas la desaparición de esos mecanismos, sino la aplicación real del concepto. Si esto fuera así, proclamaríamos la construcción de la torre más esbelta de Andalucía, de España, o Europa. Sin miedo a la altura y sin miedo al vacío. Liberaríamos realmente el suelo y erigiríamos un nuevo símbolo para Málaga. Pero no se puede vender desde la Administración que cualquier operación especulativa del suelo con la construcción de edificios altos -que no rascacielos- es un nuevo símbolo para la ciudad. Ni tolerar que la ciudad que hoy se entiende en Málaga como planificada, deje escapar oportunidades como las presentes y actúe por los impulsos que impone el mercado.
Admitimos el uso de la arquitectura de imagen o simbólica como elemento básico de comunicación; no es algo novedoso y los ejemplos se multiplican por el territorio. Lo más sorprendente de esta arquitectura del reclamo y el aparente beneficio económico, y nada más ajeno a la realidad, es su exposición pública como oportunidades para generar intervenciones de espacio público en una ciudad que los reclama, cuando es evidente que, el interés privado que desde el gobierno local se otorga a estos suelos prevalece ante cualquier otro. Sería interesante abrir en estas pompas urbanas las puertas al espacio público. Los vacíos encontrados nos permiten construir pulmones que en un futuro serán necesarios, si no lo son ya, en una ciudad en continuo crecimiento y sin límites aparentes. El que fuera alcalde de Curitiba en tres legislaturas, el arquitecto brasileño Jaime Lerner, afirmaba desde su condición de experimentado urbanista que "a veces, en la vida de una ciudad amenazada por decisiones que pueden perjudicarla, es necesario no hacer nada, con urgencia". No hay nada más contrario a un urbanismo eficiente que, tener la oportunidad de no hacer nada, y desestimarlo. Habría que incorporar la figura de máxima protección (algo así como "prohibido tocar"), a los vacíos encontrados dentro de la ciudad, o quizás mejor, imponérsela a los gestores de los mismos.
Los vacíos se presentan como esponjas capaces de absorber valores que la ciudad no posee y, sin embargo, Málaga ve como estos se encuentran en peligro de extinción o lamenta que, a los existentes, no les falten propuestas para ser llenados de nuevos lugares simbólicos para la ciudad (lo que podríamos llamar hitos políticos) o de operaciones inmobiliarias escondidas tras ellos (hitos económicos). La libertad de actuación generada en esa condición de vacío la revierte peligrosa. La mímesis de fragmentos de ciudad en estos espacios, no solo distorsiona la compleja realidad de Málaga, sino que la descualifica. Estos vacíos urbanos, atendiendo sólo a sus dimensiones, constituyen de por sí un hito en la ciudad, pues no encontramos áreas de estas características interiores en ningún otro punto. Es el espacio idóneo para el disfrute ciudadano y su interacción con el mismo (y no para pensar en el típico "jardincito" en lo que resta entre torres y demás edificaciones). Es el espacio público que no se colmata y no por ello deja de comprometerse. El espacio público del diálogo ciudadano receptivo a sus propuestas, de corporificación total, gesto e intercambio erótico, diría el arquitecto Alberto Pérez-Gómez.
Los vacíos urbanos podrían ser a la ciudad lo que las páginas en blanco al libro. Generan el ritmo necesario para hilar la lectura. La lectura de la ciudad. De su historia. Pequeños frascos de memoria ciudadana que nos sugieren imprecisiones que la ciudad tuvo y tiene respecto a ellos y, por alusión, a ella misma. El hito que la ciudad desea, ya existe. No hay que crearlo.
* Málaga Hoy - Opinión - 29.07.10
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30.7.10
por UrbanismoPatasArriba
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