ELPAÍS/Castellón* : "Si ser cacique es ejercer de presidente, sí soy cacique". "El que paga, manda". "Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida". "Ni sé a la gente que habré colocado en 12 años". "El pueblo me ha absuelto". Estas son algunas de las frases más sonadas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Frases que revelan su forma de entender la política, su forma de hacer política.
En la corta distancia y hasta hace poco tiempo, Charly tenía pocos límites. Divertido, ameno, espléndido en su atención a amigos o invitados, se ha caracterizado por beberse la vida a tragos largos.
Antes de que finalice el año podría estar sentado en un banquillo, frente a un jurado popular, para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, bajo cuyo paraguas se especifican delitos como el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Se le acusa de haber utilizado su cargo, haber sacado rédito por ese uso ilícito y, además, no haber declarado a la Hacienda pública todos sus ingresos que, en parte, podrían tener su origen en ese enriquecimiento ilícito. La vida pública y la privada mezcladas y unidas en una causa judicial.
El caso es que la Agencia Tributaria y dos peritos inspectores de Hacienda han destapado un incremento patrimonial que no se ajusta a los ingresos declarados. Según el informe que analiza sus movimientos bancarios y patrimoniales, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, movieron, entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros en sus cuentas, de los que algo más de cuatro tienen origen y procedencia conocida y lícita, lo que no pasaría con otros 3,6 millones de euros. El informe se ciñe a las cuentas personales de los Fabra. Al presidente provincial, durante esos años, todas las declaraciones de Hacienda le salieron a devolver.
¿Qué han hecho los Fabra con ese dinero del que ahora se cuestiona la licitud de su origen? El mismo informe indica cómo la familia adquirió, durante esos años, varias parcelas, una casa en la urbanización Les Platgetes de Oropesa y un piso de 400 metros cuadrados en Las Salesas de Madrid. Según los datos del mismo informe, el coste de estos inmuebles asciende a, aproximadamente, 1,5 millones de euros que, en cualquier caso, no fueron desembolsados sino que forman parte de las deudas que, a través de préstamos hipotecarios, adquirieron. Aún así, el informe también indica que los Fabra han vendido otros inmuebles por los que, en estos años, deben haber percibido algo más de un millón de euros.
¿Y el resto del dinero? Los movimientos de las tarjetas de crédito de Carlos Fabra desvelan su tren de vida. En uno de sus momentos más álgidos, en 2001, el presidente de la Diputación de Castellón llegó a gastar más de 45.000 euros en un solo mes, la mitad de lo que supone su sueldo anual al frente de la institución provincial. Los montantes fueron cargados en diferentes cuentas por el uso de varias tarjetas, todas ellas a su nombre o a nombre de Carmacas, la sociedad de asesoría que preside. Hoteles, restaurantes, tiendas... Algunos de los pagos realizados durante esos años con tarjeta superan los 9.000 euros.
Durante los más de seis años que ha durado la investigación, Carlos Fabra apenas ha dado explicaciones públicas de los datos concretos que se le imputan. Desde el principio, negó haber mediado ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios de quien ahora es su enemigo pero que, durante años, fue su amigo, el empresario Vicente Vilar. Adujo haberse interesado por los negocios de este empresario como se interesó por los de otros. Contra esta afirmación existen decenas de documentos remitidos y recibidos por diputados, senadores, directores generales, e incluso ministros, en respuesta a las preguntas sobre la tramitación de los productos de Vilar.
Bolsas de plástico con millones, relojes y joyas y otros ingresos "millonarios" fueron, según el empresario, la forma de pago de los favores realizados por Fabra para que sus productos obtuvieran las autorizaciones necesarias. Carlos Fabra negó haber percibido contraprestación alguna por las gestiones realizadas, que él enmarcó en su deber político. "Nunca he sacado provecho personal de mi condición de presidente de la Diputación de Castellón o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial, salvo la satisfacción de trabajar por mi provincia", ha afirmado.
Después de que la Agencia Tributaria le acusara de fraude fiscal, Fabra leyó un comunicado en el que negaba haber defraudado a Hacienda. Pero, al margen de estas explicaciones, cualquier mención al caso Fabra ha sido tomada como una ofensa y tratada como una campaña orquestada en su contra y de la que no ha sido más que una víctima.
"Es un ciudadano ejemplar", dijo de él Mariano Rajoy, presidente nacional del PP. Carlos Fabra no ha mostrado ningún problema en asumir el calificativo de "cacique". Y Rajoy, por ahora, no se ha desdicho de sus alabanzas al presidente provincial de Castellón.
Cronología del 'caso Fabra'
- Diciembre de 2003: El empresario Vicente Vilar acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Vilar ratifica su acusación con una querella ante el juzgado de Nules.
- Enero de 2004: El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules archiva la querella de Vicente Vilar por un defecto de forma pero abre una causa de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración Pública en la que imputa a Carlos Fabra, Vicente Vilar y a las esposas de ambos.
- Marzo de 2004: La Unión de Consumidores se persona, como acusación popular, en la causa abierta contra Carlos Fabra.
- Mayo de 2004: Vicente Vilar aporta facturas de supuestos informes realizados y pagados a Carlos Fabra por asesoramiento en prevención de riesgos laborales y facturas de joyerías por los supuestos regalos realizados tanto a Fabra como a otros miembros del PP.
- Junio de 2004: La Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del 'caso Fabra' tras la cuestionada actuación del fiscal jefe de Castellón Javier Arias.
- Julio de 2004: Vicente Vilar aporta escritos de diputados, senadores, directores generales y ministros en los que se da respuesta al interés mostrado por algunos dirigentes del PP por los productos fitosanitarios que fabricaba el empresario y por los que, supuestamente, Fabra mediaba para tratar de conseguir que fueran autorizados con celeridad.
- Junio de 2005: La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999. La denuncia también habla de ingresos detectados en las cuentas no justificados y de un incremento patrimonial que no se corresponde a sus ganancias declaradas.
- Enero de 2006: La Audiencia de Castellón declara que los presuntos delitos contra la Administración Pública (tráfico de influencias y cohecho) y el fraude fiscal han de investigarse de forma conjunta puesto que puede haber una conexión entre ambos.
- Abril de 2006: La Audiencia autoriza la realización de un informe que analice todas las cuentas y el patrimonio de la familia Fabra, dado que la complejidad de los delitos contra la Hacienda Pública "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos".
- Mayo de 2010: Los peritos concluyen el informe del patrimonio de los Fabra y destapan la supuesta comisión de nueve delitos fiscales y un fraude del matrimonio de 1,7 millones de euros. Sostienen que las ganancias patrimoniales sobre las que no se ha justificado el origen ascienden a unos 3,6 millones de euros.
- Junio de 2010: El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules da por concluida la investigación, confirma la imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. Cita a las partes para que el día 25 concreten sus imputaciones y expone que los presuntos delitos son competencia de un jurado popular.
* ELPAIS.com - 6.06.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra (archivo)- elmundo.es
¿Cacique o ciudadano ejemplar?
Alta Velocidad: obstáculo para la modernización de nuestros ferrocarriles
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El único complot contra la modernización de nuestros ferrocarriles ha sido la descabellada decisión, sin precedentes en ningún otro país, de implantar a un ritmo frenético y de forma generalizada la Alta Velocidad. Muestra de ello es que 3 de cada 5 kilómetros que se construía en Europa eran españoles, de manera que este mismo año, con la inauguración de la línea de Madrid a Valencia, nos situaremos a la cabeza del Mundo con 2.230 kilómetros superando a Japón. Hemos desdeñado el moderno ferrocarril convencional (160/220 km/h) el modelo más común y desarrollado en los países de nuestro entorno. Mucho más flexible, se adapta mejor a nuestra orografía y realidad demográfica. Más versátil permite la mejora integral de todos los tráficos de viajeros a la vez que es compatible con las mercancías. Pero además los ingentes recursos gastados en estos años en Alta Velocidad eran suficientes para haber modernizado de manera integral todas nuestras líneas ferroviarias, evitado en gran medida parte del actual déficit público y hubiese sobrado para financiar otras necesidades.
La toma de decisiones de los responsables políticos ha estado presidida por criterios electoralistas, carente de justificación técnica y huérfana de sentido común, funcionalidad y eficiencia. Por otro lado, los supuestos beneficios que reporta estas fabulosas inversiones son cuestionados por los distintos estudios realizados que además advierten del riesgo de concentración territorial de la riqueza en detrimento de las áreas menos desarrolladas.
El proyecto de línea de Alta Velocidad Villaprovedo a Reinosa es un buen ejemplo de ello: un presupuesto de 740 millones de euros para 60 kilómetros, que pueden reducirse a menos de la mitad con criterios de diseño de 160/220 km/h. La diferencia en tiempo de viaje, según la simulación en el Proyecto (220/250/300 km/h), es entre 2,5 y 4,5 minutos como máximo , que no justifica ni remotamente semejante esfuerzo. Este sobre coste no termina en la fase constructiva sino que se perpetúan durante toda su vida útil en la fase de explotación y conservación y que finalmente tienen que ser repercutidos en el usuario final.
Nos encontramos en la encrucijada, podemos replantear en la medida de lo posible los proyectos en ejecución y reformular el resto en estudio con criterios de un ferrocarril moderno a la vez que eficiente, sostenible y universal. O bien, por el contrario, seguimos empeñados en la Alta Velocidad. Con la segunda opción todos perdemos, pero de manera particular las comunidades periféricas con una población reducida como es el caso de Cantabria.
* Ecologistas en Acción Cantabria - 30.05.10
El 'Guateque' asfixia al juez Torres
ELPAÍS/Madrid* : La falta de medios tiene estrangulado el juzgado de Madrid que investiga el caso Guateque, la gigantesca trama de tráfico ilegal de licencias para locales públicos que implica a empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid descubierta a finales de 2007. Las diligencias de este macroproceso, con más de 100 imputados, sobrepasan ya los 130.000 folios y están semiestancadas desde finales del año pasado, coincidiendo con la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre de retirar los refuerzos humanos que se habilitaron tras aflorar el caso.
El juez Santiago Torres, titular del Juzgado 32 de Madrid, ha enviado un demoledor escrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que "nuevamente" solicita medios para poder abordar los complejos y abultados asuntos que colapsan su juzgado. Así lo han explicado a El PAÍS fuentes del órgano de gobierno de los jueces, partidarias de crear un juzgado bis de apoyo.
Hace unos días, los servicios de inspección del consejo visitaron el juzgado y comprobaron la magnitud del colapso. Y ya están redactando un informe en el que se propone la creación de un juzgado 32 bis que permita al juez Torres proseguir con los cientos de expedientes y denuncias que acumula el caso Guateque. Entre el centenar largo de imputados figuran empresarios de locales públicos y personas dedicadas a facilitar la gestión de las licencias. Los funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid implicados supuestamente recibieron dinero a cambio de agilizar licencias para locales.
En el escrito que remitió al Consejo General del Poder Judicial pidiendo más medios, el juez Torres describe un panorama desolador. Lo envió a comienzos de este año, después de que la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia, retirase a los dos funcionarios interinos asignados provisionalmente al juzgado, tras aflorar el caso Guateque, y eliminar la prolongación de jornada a otros cinco funcionarios titulares de este órgano judicial, que ahora solo dispone de 11 trabajadores. En plaza de Castilla hay dos juzgados que tienen refuerzos en este momento, el 11 de Instrucción, cuyo titular, Juan David Pérez, lleva dos años dedicado en exclusiva a indagar el siniestro del avión de Spanair, y el número 43, también desbordado de asuntos. "El Juzgado de Instrucción 11 solo tiene dos imputados y ya está hecha la mayor parte de la instrucción, con lo que podría volver a la normalidad", sostienen fuentes del CGPJ.
Sin embargo, el juzgado de Torres está al borde del colapso. Hasta el punto de que el juez, en su escrito que obra en poder del Consejo, deja entrever la posibilidad de pedir traslado a otro órgano judicial si no se le dota de más medios. En ese escrito, Torres considera "acuciante" la creación de un juzgado bis, dado que durante el año 2009, en pleno proceso del caso Guateque, han llegado a su juzgado otras "causas de implicación masiva de imputados, con trascendencia internacional".Según el escrito que obra en poder del Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Juzgado 32 de Madrid investiga en la actualidad, aparte del caso Guateque, otros sumarios especialmente complejos que suman decenas de imputados y 108 presos preventivos. En el texto, el juez añade que estos encarcelamientos cautelares obligan a dar prioridad a esos casos (la prisión preventiva tiene una duración limitada).
Simultáneamente, el juez Torres tramita una causa por delitos de homicidio y contra la salud pública que acumula ya 1.500 folios y ocho personas en prisión. De esta causa se han desgajado otras que apuntan a la implicación de "bandas organizadas de distribución de cocaína en España, blanqueo de capitales y extorsión". Aparte de los ocho reclusos, esta causa tiene otros 30 imputados.
Este juzgado también investiga en este momento otro macroproceso que acumula ya 8.000 folios (sin contar los 130.000 del caso Guateque) y en el que hay 29 personas encarceladas por delitos de asociación ilícita. Se trata de los miembros de una banda "de alcance internacional" dedicada a perpetrar robos de joyas y otros artículos para su posterior venta en el mercado negro. La detención de parte de los miembros de la banda ha permitido aclarar, de momento, 122 robos en locales públicos y casas privadas, aunque existen fundadas sospechas que indican que los detenidos pueden estar detrás de otros 400 robos cometidos en España y otros países.
En su informe al Poder Judicial, el magistrado explica: "La complejidad de la causa, por el número de intervinientes (imputados y víctimas), dada la necesidad de acudir a los instrumentos de cooperación judicial internacional, exige una dedicación judicial muy rigurosa. De hecho", añade el juez, "el procurador general de la República Portuguesa, el equivalente español al fiscal general del estado, ha tenido que designar a una procuradora como punto de enlace único en Portugal para entenderse con este juzgado, dada la incautación de numerosas joyas robadas procedentes de ese país. La atención que requiere el intentar dar respuesta a las peticiones producidas en las respectivas piezas de situación procesal agotan los esfuerzos del personal de este juzgado".
El Juzgado 32 de Madrid tramita, además, supuestos delitos societarios que afectan al club de fútbol Real Madrid, con más de 12 imputados y que requieren "complicadas diligencias de instrucción de naturaleza económica", señala el juez en su informe al CGPJ. Otro de sus asuntos es una causa de asociación ilícita por defraudación de IVA en operaciones intracomunitarias de importación de vehículos de alta gama, en la que hay otros 35 imputados. La causa ha empezado a tramitarse como un procedimiento abreviado, "lo que abocará a la casi paralización del juzgado para atender a los recursos", señala.
Además, Torres lleva otra causa por asociación ilícita, trata de blancas y blanqueo de capitales en varios países. De 3.000 folios se nutren ya estas diligencias. Y otros 5.000 folios más nutren otro sumario que también lleva el Juzgado 32 por asociación ilícita, falsedad y estafa, con otros 12 presos.
El juez Torres añade en su escrito al Poder Judicial: "La atención a tales causas absorbe los esfuerzos del juez y del personal del juzgado, de manera que resulta casi imposible atender el resto de las causas que van entrando a diario en el juzgado". Según el juez, la eliminación por parte de la Comunidad de Madrid de la prolongación de la jornada de algunos funcionarios del juzgado ha supuesto para él un sobreesfuerzo añadido. Torres afirma que si no se le concede otro juzgado bis, se verá forzado, por razones de salud, a pedir el traslado "y dejar este juzgado a otro juez más capaz".
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Madrid, mapa trama Guateque (Archivo) - elpais.com
Un jurado popular enjuicia a una funcionaria del TSJC por llevarse a su casa el caso 'Las Teresitas' de Tenerife
EUROPAPRESS* : Un Tribunal de Jurado enjuiciará el próximo martes a una funcionaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), acusada de llevarse a su vivienda el caso de presunta corrupción urbanística 'Las Teresitas', relacionado con la playa del mismo nombre en Santa Cruz de Tenerife. Dicha causa tiene al menos 25 imputados, entre los que figuran el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará este martes (10.00 horas) el juicio por sistema de jurado popular contra M.J.G., acusada de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía señala que la procesada tenía a su cargo como funcionaria de la Sala Civil y Penal del TSJC, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, la custodia de las diligencias previas de la citada causa, declaradas secretas por auto judicial el día 25 de enero de 2008.
Así, "sin conocimiento ni autorización judicial, en aras a tener conocimiento de su contenido, copió gran parte de dichas diligencias en un soporte informático llevándolo a su casa, donde lo visionó y lo ocultó", precisa.
Por ello, considera que procede imponer a la acusada las penas de diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.
PARA DARLE UN DVD A LAS PARTES
Por su parte, la defensa niega en su escrito de conclusiones provisionales el relato de hechos del Ministerio Fiscal y sostiene que M.J.G. intervino en la tramitación de las diligencias previas con acceso y conocimiento de su contenido por las labores propias de la tramitación del procedimiento.
La acusada argumenta que no efectuó "copia de parte de las diligencias en soporte informático para tener conocimiento de su contenido", ya que en la tramitación de las mismas había tenido acceso al mismo.
Alega que accedió a las diligencias "por orden de sus superiores, al efecto de proceder al escaneado de los documentos respecto de los cuales, se había alzado el secreto con el fin de dar, en formato DVD, traslado a las partes personadas". Además, la defensa indica que M.J.G. no permitió, "en ningún momento, el acceso a dichos documentos y copia en DVD a persona alguna".
De este modo, remarca que, concretamente, las copias de DVD que guardó en su domicilio "se corresponden en su integridad con las indicadas: se trata de la información que hubo de manejar para confeccionar las copias necesarias para su traslado a las partes en el procedimiento tras el alzamiento parcial del secreto del sumario".
"Dichos DVD acreditaban la labor desarrollada por la funcionaria y las horas dedicadas, en su mayor parte fuera de la jornada laboral e incluyendo fines de semana y festivos, motivo por el cual se procedió por M.J.G. a la conservación de tales copias en su domicilio", apunta la defensa, que considera que los hechos acaecidos "no son constitutivos de ninguna infracción penal".
* Europa Press - 6-06.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - spain.info
Córdoba.- Dimite el responsable de Inspección Urbanística por la escasez de personal
ABC* : El jefe del Servicio de Inspección Urbanística, Leopoldo Salinas, no aguantaba más. Ver cada día cientos de expedientes por obras ilegales amontonados en el despacho le superaba. Los pocos trabajadores de la Oficina de Disciplina de Obras no dan abasto para tramitar los informes pendientes, lo que ha provocado que algunos hayan caducado antes de remitirlos a los infractores para cobrar la sanción.Cansado de pedir que se reforzara el servicio, Salinas presentó el pasado miércoles por escrito su renuncia ante el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Francisco Tejada, después de permanecer un año y nueve meses al frente del departamento.
Salinas, que tiene la licenciatura de Derecho y fue jefe de la Policía Local, continuará en el organismo municipal como instructor de expedientes. Con anterioridad también fue coordinador general del Área de Urbanismo, un cargo de confianza propuesto por el alcalde, Andrés Ocaña, quien entonces estaba al mando de la Gerencia.
Segundo cese en 4 años
Da la casualidad de que Salinas relevó en ese puesto a José Tomás Valverde, que presentó su dimisión por el mismo motivo en mayo de 2006, aunque en principio no fue aceptada. Éste remitió un informe al edil de Urbanismo que cuestionaba algunos aspectos de gestión interna del ente, principalmente la falta de personal, lo que impedía tramitar con la agilidad que la situación requería los centenares de expedientes existentes.
Durante años se ha venido supliendo la escasez de técnicos con contratos eventuales que no tenían continuidad en el tiempo. Esas intermitencias laborales provocan, por ejemplo, que los empleados que incoan los expedientes sancionadores, no puedan luego culminarlos en el tiempo estipulado.
Hay que recordar que reforzar este dispositivo fue uno de los compromisos que acordaron los tres grupos políticos, IU, PSOE y PP, al término de la comisión que investigó la gestión urbanística de la Corporación a principios de 2006, en el segundo mandato de Rosa Aguilar.
* ABC - 6.06.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
Patrimonio anula las licencias para 58 pisos construidos sobre un castro en Cervo
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ELPAÍS/Lugo* : La Consellería de Cultura e Turismo ha emitido dos informes que invalidan otras tantas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Cervo para construir 58 viviendas encima del Castro da Atalaia, en la localidad de San Cibrao, en el municipio de Cervo, al reconocer que se trata de una zona que podría albergar "uno de los asentamientos de la época galaico-romana de mayores dimensiones de la Mariña lucense".
En ambos informes, uno para la construcción de un edificio de 32 viviendas y otro de 26, la Comisión de Patrimonio concluye que se deben conservar in situ los vestigios arqueológicos. Esa obligación se considera "incompatible" en el proyecto arquitectónico con la licencia municipal que existe para ambas edificaciones, otorgadas con anterioridad a que este espacio figurara en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Dirección Xeral del Patrimonio Cultural.
La península de A Atalaia ocupa una zona de unas ocho hectáreas. Según el colectivo Mariña Patrimonio, que siempre se opuso a estas edificaciones, ya destruyeron más de 1.000 metros cuadrados de restos arqueológicos en una primera fase, en la que se levantó la estructura de un edificio y se produjeron excavaciones, pese a existir una orden de paralización.
El informe referido al espacio en el que se pretendían construir 32 viviendas señala que existen vestigios arqueológicos que van de la Edad de Hierro a la actualidad, lo que le confiere "una especial relevancia para el conocimiento de la historia de la Mariña lucense". De hecho, el dictamen afirma que se encontraron construcciones con muros "bastante altos". La comisión propone una intervención más allá de las zonas donde se pretende construir para recuperar "un conjunto de notable interés para la historia antigua y medieval" de esta zona.El informe de la comisión también señala "una densa y continua ocupación en los siglos primeros de nuestra Era, en la fase galaico-romana de la cultura castreña". Por lo que se refiere a la zona en la que están programadas 26 viviendas, el informe de Cultura sostiene que las edificaciones encontradas están "más deterioradas", pero sí otorga una especial importancia al hallazgo de restos óseos, que evidencian la existencia de una construcción relacionada con actividades derivadas de la pesca de ballenas, lo que podría constituir un caso único en la costa de Lugo.
Los técnicos de Cultura trasladaron al informe la "incompatibilidad" que existe entre los proyectos constructivos y la conservación de los restos arqueológicos, no solo por la inclusión de un subterráneo para garaje, sino porque la propia cimentación de los inmuebles supondría "un impacto muy fuerte, aun eliminando el subterráneo".
En los dos informes se reproduce que la importancia de estos espacios vendría dada por su posición estratégica vinculada al mar, y, por lo tanto, con las actividades marinas y con el comercio, "testimoniado por la abundancia de cerámica de importación".
Al margen de los informes, algunos estudios realizados sobre los hallazgos destacan la recuperación de una pieza perteneciente a los bronces votivos sacrificales, de la que se resalta su aspecto "singular" y su estado "óptimo" de conservación, además de unos 5.000 fragmentos cerámicos asociados a la recuperación de esta pieza.
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Cervo (Lugo), 82 viviendas sobre un castro (archivo) - elpais.com
La mitad de los operarios de obra pública del Miñor son de Portugal
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LAVOZDEGALICIA* : En las obras de inversión pública de la comarca de O Val Miñor se trabaja a ritmo de fado. La agrupación sindical CIG afirma que entre un 40 y un 50 por ciento de los trabajadores empleados en obras financiadas por las administraciones proceden de Portugal. Mientras esto sucede, en la comarca de O Val Miñor hay un total de 635 personas en paro del sector de la construcción, de las que 136 están en Baiona, 292 en Gondomar y 207 en Nigrán, de acuerdo con los datos del último mes de mayor del Inem.
La agrupación sindical denuncia que la patronal prefiere contratar obreros del país vecino porque son más dóciles y trabajan más horas sin protestar con unos salarios más bajos. Hoy en día, un trabajador de la construcción cobra alrededor de un 40 por ciento menos de lo que lo hacía antes de la crisis, afirma la CIG.
El portavoz del sector de construcción, Xulio Vicente González, afirma que, sin el ánimo de caer en la discriminación, esta situación esconde una realidad, que consiste en la explotación laboral de decenas de trabajadores procedentes de un país con una situación económica que es todavía peor que la que se vive en Galicia y que no tienen más remedio que conformarse con unas malas condiciones laborales para poder llevar un sustento a sus hogares.
Xulio Vicente afirma que el sector de la construcción está actualmente sometido a una dictadura de bajos salarios y jornadas abusivas. «Se están aproveitando da necesidade do traballador para poder así ganar máis diñeiro», denuncia este portavoz sindical, para quien tarde o temprano esta situación va a reventar porque las cifras del paro aumentan y se acaban los subsidios.
El caso más llamativo lo encontramos en el Ayuntamiento de Nigrán. Salvo los técnicos, todos los operarios que trabajan en la ampliación de la Casa Consistorial proceden del país luso.
Como anécdota, el pasado jueves la obra estuvo parada porque era festivo en Portugal y ninguno de ellos acudió a trabajar a Nigrán.
En esta obra había un operario gallego, pero la empresa lo puso en la calle hace una semana después de que reclamara el pago de las horas extraordinarias por realizar jornadas de trabajo de más de diez horas, según denuncia la CIG.
Amenaza
Ahora la agrupación sindical amenaza a la empresa con paralizar la obra si a este trabajador no se le pagan todos los atrasos que le adeudan.
Xulio Vicente González recriminó ayer al gobierno municipal de Nigrán que no haya obligado a la adjudicataria, que a su vez ha subcontratado las obras, a contratar a gente de la zona para llevar a cabo estos trabajos, teniendo en cuenta los alarmantes datos del paro existentes en estos ayuntamientos.
Otro caso similar se encuentra en las obras del polígono empresarial de Porto do Molle, donde también la CIG apunta que un importante porcentaje de los obreros son del país vecinos. En este sentido, el edil de Urbanismo de Nigrán, Juan Antonio González, informó que recientemente mantuvieron una reunión con las empresas que llevan a cabo las obras para demandarles que contraten mano de obra local.
Actuaciones llevadas a cabo con fondos del Plan E en Baiona también han estado a cargo de trabajadores llegados del norte del país vecino.
* La Voz de Galicia - 5.06.10
Foto: Baiona (Pontevedra) - wikipedia.org
Nuevo revés judicial para Barberá en El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha vuelto a cosechar una negativa de los jueces a su pretensión de ejecutar el plan de El Cabanyal pese a la orden de paralización del Ministerio de Cultura. La Audiencia Nacional rechazó en abril la petición municipal de dejar en suspenso la orden ministerial -que impide demoliciones y obliga a revisar el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios-, pero el gobierno local insistió y presentó un recurso de súplica que también ha sido desestimado.
En este segundo intento, el Ayuntamiento plantea a los magistrados de la sección séptima de lo Contencioso-Administrativo que al menos retiren la orden de paralización cautelar sobre las zonas del plan que no están incluidas en el conjunto protegido, e insisten en que no habrá perjuicios al patrimonio histórico, como alegan el Gobierno, Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos. Los magistrados, en el auto notificado ayer, rechazan esa posibilidad, entre otros motivos, porque implicaría "en cierto modo la estimación anticipada del recurso" contra la orden del ministerio.
La Audiencia Nacional mantiene su decisión de abril de dejar en vigor la orden de suspensión del plan, en la que destacó que era "evidente que, en otro caso, podrían producirse perjuicios irreparables" al patrimonio de El Cabanyal. De hecho, el Ayuntamiento aprovechó en abril la aprobación por el Consell de una ley autonómica en apoyo del proyecto para derribar varios inmuebles en El Cabanyal antes de que el Tribunal Constitucional admitiera un recurso del Gobierno y paralizara las actuaciones. Barberá puede recurrir en casación la denegación de su segundo recurso ante la Audiencia Nacional.
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Valencia, actividades Salvem el Cabanyal - elpais.com
El Tribunal Superior anula el plan urbanístico del parque del sincrotrón de Cerdanyola
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ELPAÍS/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el planeamiento urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, también conocido como parque del Alba, donde se ubica el sincrotrón. Dos sentencias, del 19 y 27 de enero de 2010, dictaminan que el plan no fue sometido a evaluación ambiental y que se vulneraron las leyes urbanísticas y de protección del patrimonio. La Generalitat, que insistió en que "la sentencia no es firme", ha recurrido al Tribunal Supremo y asegura que los defectos en el planeamiento fueron "de forma". Tanto el Ejecutivo catalán como el Ayuntamiento sostuvieron que las obras no pararán.
La sentencia del TSJC anula la modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito del Centro Direccional, así como la del plan parcial del Centro Direccional, aprobados en 2005. El dictamen argumenta que ninguno fue sometido a evaluación ambiental, según establece la directiva europea 2001/42/CE. Un portavoz del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas señaló ayer que la ley española que recoge esta directiva es de 2006 y que los planes se aprobaron antes. Pero el tribunal recuerda que la ley era retroactiva y que, además, existía una ley autonómica que regulaba la evaluación ambiental.
La segunda vulneración legal que recoge el tribunal hace referencia a la Ley de Urbanismo, ya que cuando se recalifican zonas verdes, se debe contar con la aprobación de la Comisión Jurídica Asesora. Antoni Morral, alcalde de Cerdanyola cuando se aprobó el plan, reconoció ayer que este paso se lo habían saltado. Por ello, la sentencia anula "el plan parcial por carencia de cobertura jurídica".
Finalmente, la sentencia señala que se vulneró la Ley del Patrimonio Cultural Catalán, en el caso de la masía de Can Xercavins, un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local. El TSJC afirma que el planeamiento urbanístico no mantiene la protección de la masía y que "inclusive se prevé que cabe lisa y llanamente su derribo".
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: El parque del Alba de Cerdanyola del Vallès en el que destaca el edificio singular del sincrotrón.- elpais.com
ARCA:Limitar la acción pública daría más impunidad a alcaldes y constructores
ABC/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA cree que la propuesta de limitar el plazo para ejercer la acción pública y poder impugnar en los tribunales construcciones que se consideran ilegales es "una patada" a la jurisprudencia y daría "mayor impunidad legal" a los alcaldes y a los constructores. La posibilidad de limitar el plazo de ejercicio de la acción pública a dos meses a partir del término de las obras se recoge en el borrador de reforma de la Ley del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, según publica "El Mundo Cantabria", ha propuesto el Gobierno al grupo de trabajo sobre las sentencias de derribo.
Hasta ahora, la Ley del Suelo de Cantabria permitía ejercer la acción pública dentro de los plazos generales establecidos por la legislación sobre prescripción de infracciones (cuatro años para infracciones muy graves, tres para graves y uno para leves).
Además, ese borrador de reforma de la Ley del Suelo también contiene un mecanismo que permitiría a los ayuntamientos dejar sin efecto órdenes de derribo dictadas por el impacto paisajístico de la urbanización.
En declaraciones a Efe, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha considerado que las posibilidades que se incluyen en ese borrador son "una patada" a la jurisprudencia y al urbanismo.
Canales ha incidido en que la acción pública, tal y como está establecida, es "una garantía" para asegurar que el urbanismo no se haga "a lo bestia".
Este portavoz de ARCA ha subrayado que rebajar los plazos para ejercer la acción pública a dos meses tras el fin de las obras supone que "si no se mira todos los días el Boletín Oficial, no se puede recurrir".
La asociación ecologista considera que, en caso de salir adelante, esa modificación en los plazos supondría "prácticamente eliminar" el derecho constitucional al acceso a la Justicia y de ejercicio de la acción pública.
A su modo de ver, se trata de una medida que tendría, como consecuencia principal, "dotar de una mayor impunidad legal a los alcaldes y a los constructores" que, para este colectivo, son "los máximos responsables" de la inseguridad jurídica en el urbanismo.
Además, ARCA critica las medidas de la propuesta para dejar sin efecto las órdenes de derribo por impacto paisajístico, puesto que, a su entender, "dejan el paisaje de Cantabria sin ningún tipo de protección".
Para esta asociación, se trata de "una decisión de gran calado" y "nada coyuntural", que va en contra de los preceptos del Convenio Europeo del Paisaje.
"Con la modificación propuesta si un paisaje de gran valor es agredido con una construcción declarada ilegal, la fórmula para legalizar es terminar de destruir el paisaje añadiendo otras construcciones colindantes", advierte.
Gonzalo Canales ha criticado también que el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) -en el que está presente ARCA- no conoce ese borrador de reforma legislativa que ha publicado la prensa.
Y ha criticado que ARCA no esté en el grupo de trabajo que está estudiando esas propuestas, pese a que es parte en los procesos que han dado lugar a sentencias de derribo. EFE
* ABC- EFE - 5.06.10
El cerco contra el urbanismo ilegal salpica otra vez a Casabermeja
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MÁLAGAHOY* : En menos de un año el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga ha destapado tres casos de presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Casabermeja. El último ya está en manos del juzgado y de la Fiscalía de Medio Ambiente y podrían estar implicadas cinco personas entre las que se encuentran el ex alcalde del municipio Andrés Lozano Pino (IU), y el actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU).
Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación, mientras que al edil responsable en materia urbanística también se le imputa el delito de falsedad documental. El ex secretario municipal y dos funcionarios también han sido denunciados por la Guardia Civil de un presunto delito de falsedad documental, según informaron a este periódico fuentes judiciales. Las diligencias del Seprona, que fueron presentadas en el juzgado y la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 26 de mayo, se refieren a la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable en 2003. Fue en junio de ese año cuando la Guardia Civil levantó y presentó acta en el Ayuntamiento del municipio por la presunta irregularidad que había detectado en una inspección rutinaria.
El entonces alcalde de Casabermeja y el edil de Urbanismo tuvieron conocimiento de la existencia de esa vivienda en esa fecha, aunque según las mismas fuentes no fue hasta abril de 2005 cuando el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador contra el propietario al que también denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito urbanístico. El propietario de la casa fue incluso juzgado, aunque finalmente resultó absuelto. Sin embargo, y al parecer, los agentes del Instituto Armado descubrieron durante la investigación que el expediente sancionador que el Ayuntamiento abrió en 2005 contra él presentaba algunas irregularidades, ya que presuntamente se habían incorporado alegaciones e incluso dado la conformidad a la sanción antes de se iniciara oficialmente.
Fuentes judiciales explicaron que se cree que los responsables municipales podrían haber negociado previamente con el dueño de la vivienda el pago de una sanción económica a cambio de poder seguir con la construcción levantada de forma ilegal en suelo no urbanizable. En este caso, el promotor supuestamente habría pagado una multa de unos 25.000 euros al Ayuntamiento antes de que éste le denunciara ante la Fiscalía.
Pero no sólo se inició el expediente sancionador dos años después de la primera denuncia del Seprona, sino que la Guardia Civil constató que el Ayuntamiento no abrió ninguno para el restablecimiento de la legalidad urbanística ni de paralización de la obra. Es el motivo por el que fuera alcalde del municipio entre 1995 y 2007 podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación por omisión, mientras que al edil de Urbanismo se le imputa también el presunto delito de falsedad documental al aparecer en el expediente administrativo como juez instructor. Los dos funcionarios presuntamente involucrados eran el instructor y el secretario del mismo.
Es la tercera denuncia que pesa sobre Valeroso por hechos similares. La primera fue presentada por el Seprona a principios de julio del año pasado y había otras seis personas implicadas. La segunda se sucedió sólo tres semanas después y el caso se saldó con otros seis presuntos implicados por otro delito urbanístico.
* Málaga Hoy - 5.06.10
Foto: Vista del municipio de Casabermeja.- malagahoy.es
El jurado considera por unanimidad culpables a los dos ex ediles de Gondomar y al arquitecto acusados de cohecho
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20MINUTOS/Pontevedra* : El jurado popular declaró hoy por unanimidad culpables a José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura de Gondomar (Pontevedra), y a Alejandro Gómez, ex edil de Urbanismo, así como al arquitecto Francisco Borja Ramilo Méndez, por tres delitos de cohecho, al haber pedido hasta 540.000 euros a tres promotores a cambio de facilitar la inclusión de convenios urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de esta localidad.
Los miembros del jurado consideraron probado que, tanto los ex ediles como el arquitecto participaron en estos hechos, basándose en los testimonios de los testigos y de los acusados y en las grabaciones realizadas en el transcurso de la investigación. Asimismo, estiman probado que Mosquera y Ramilo colaboraron con la Justicia desde el principio del proceso.
Precisamente por ello, el fiscal rebajó su petición de pena para estos dos acusados y, en el caso de Mosquera, solicita una multa de 135.000 euros —inicialmente pedía 1,9 millones de euros—, y para el arquitecto de 70.500 —al principio solicitaba que fueran 720.000 euros—. En el caso de Alejandro Gómez, que durante todo el juicio negó su relación con las extorsiones, mantiene una multa de algo más de un millón de euros.
En el caso de los ex concejales, el ministerio público también solicita que sean suspendidos para ejercer empleo o cargo público por seis años, mientras que para Ramilo Méndez pide que no pueda ejercer como arquitecto para la Administración pública durante un período de 15 meses. Además, en caso de que no abonen las multas, pide un arresto sustitutorio de un día por cada 100 euros impagados hasta un máximo de un año.PRUEBAS
El jurado recordó en su veredicto que tanto Mosquera como Ramilo admitieron su culpabilidad y, en el caso de Alejandro, le consideran también culpable porque el propio Mosquera "le delató". También consideran como prueba de culpabilidad las grabaciones telefónicas en las que el ex edil de Cultura confirma la participación de Gómez, y las manifestaciones de los Guardias Civiles, que apuntaron que "Mosquera hablaba siempre en plural" y que había ejercido como "cabeza de turco" y "recadero" de su compañero de Corporación.
Finalmente, el jurado desestimó la posibilidad de que se pida indulto para los encausados y considera que tampoco se debe estimar la condena condicional o suspensión de pena.RECURSO
El abogado defensor del ex edil de Urbanismo ya anunció su intención de recurrir la sentencia —que deberá hacerse pública en un plazo máximo de diez días—. En todo caso, de imponerse pena, solicitó que se hiciera 'al tanto', es decir, que se multe a Alejandro Gómez con la misma cantidad de dinero que supuestamente pidió —540.000 euros—.
El letrado manifestó en declaraciones a los medios que "había material para absolverle —a su patrocinado—", y consideró "lógico" el veredicto del jurado, al tratarse de personas que "no saben como funciona la vida municipal". Además, explicó que llegará "hasta donde haga falta" con el recurso porque, según apuntó, cree en la "inocencia" de Alejandro Gómez.
Otro de los argumentos en los que basará su recurso será el hecho de que, en su opinión, "se vulneraron derechos fundamentales" en los procedimientos de la Guardia Civil para realizar las escuchas telefónicas —determinantes en la acusación y en el veredicto—.
Por su parte, el propio Gómez afirmó que seguirá intentado demostrar su inocencia "hasta el final". "Sigo sintiéndome inocente", concluyó, aunque evitó responder cuando los periodistas le preguntaron cómo, siendo edil de Urbanismo, no tenía conocimiento de que se estaba pidiendo dinero a promotores con los que había firmados convenios urbanísticos.
* 20 Minutos - EP - 5.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - revistafusion.com
"Tenemos ahí 1,5 millones"
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ELPAÍS/Barcelona* : El ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme y de la empresa pública de urbanismo de Tordera, Francesc Xavier Surinyach, aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil el año pasado. De él hablaba el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, quien tenía el contacto telefónico de Surinyach en la agenda de que se incautó la Guardia Civil.
La primera conversación que hace referencia a Surinyach fue registrada el 9 de marzo de 2009, cuando Luigi recibió una llamada de Juan Alfonso de Sanz Santos, que según el Registro Mercantil es socio del imputado. La llamada es corta y en ella De Sanz Santos solo le pregunta si "hace mucho que no ve a Surinyach, porque tiene pendiente que le pague lo de Sant Daniel", en referencia a una zona de Tordera que, según fuentes municipales, está en proceso de urbanización.
Diez días más tarde, Luigi vuelve a recibir una llamada de De Sanz Santos.
De Sanz Santos. ¿Surinyach ha dado señales de vida?
Luigi. Hablé ayer con él, me ha dicho que aún no tiene el dinero.
D. S. S. Dile que me llame, tenemos ahí 1,5 millones de euros y se pueden hacer unos pagarés, pero que me llame.
De Sanz Santos y Luigi se encontraron el día que convinieron, pero no con Surinyach, que estaba en Menorca, según otra conversación. Más tarde sí pudo quedar, de acuerdo con otra llamada:
L. Mañana he quedado con Surinyach en Barcelona.
D. S. S. El de Oca ha mandado para allá a Julio, el jefe de obra que tenían, y se han encontrado con él [Surinyach] y le han dicho que no se moverían de allí hasta que cobrasen. Al final han podido hablar con él, y dando explicaciones que en unos días les iban a pagar algo.
L. Mañana estaré con él.
D. S. S. Como cosa personal, me sienta mal que ni me contesten al teléfono, sobre todo Surinyach. Entiendo que Juan Felipe pueda estar cabreado.
L. Juan Felipe no está nada cabreado, solo dice que si no tiene nada que decirte, pues que ya te llamará. El otro sí.
D. S. S. Llevo llamándolo dos meses todos los días [a Surinyach]. Lo cogeré aparte y le diré: "Oye, Xavier...".
L. Tiene las dudas razonables dado que, como está el mercado de crédito, de que al Ayuntamiento y a la TUA [Tordera Urbanística Actúa] les den el dinero que están negociando.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Tordera (Barcelona) - pueblosespana.es
Mar del Plata.- “Sería un escándalo nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con otras licitaciones"
0223/Argentina* : Lo afirmaron vecinos de la anterior y de la actual terminal de ómnibus reclamaron este jueves al intendente Pulti que “deseche” el proyecto elaborado por Emprendimientos Terminal SA para llevar a cabo la puesta en valor del edificio de Alberti y Sarmiento, al resaltar que de la iniciativa es parte el permisionario de la nueva estación, Néstor Otero, a quien acusan de “incumplimientos reiterados” en la explotación del espacio de San Juan y 9 de Julio. Exigen que se le revoque la concesión del lugar. “Somos dos barrios los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades”, expresaron.
En las últimas horas, comerciantes y habitantes de la zona de la ex terminal de ómnibus, constituidos en Junta Vecinal, unieron sus reclamos con los de los vecinos de la actual estación: mientras primeros manifiestan su descontento por el estado de abandono en el que quedó el predio de Alberti y Sarmiento, los otros denuncian desde diciembre del 2009 que el barrio se convirtió en un caos. Ambas problemáticas que aquejan a los dos sectores tienen un nombre en común, Néstor Otero, concesionario del nuevo espacio e integrante del grupo empresario Emprendimientos La Terminal, conglomerado económico que junto a otros dos grupos empresariales pugna por quedarse con la remodelación del histórico Edificio Dormal.
De esta manera, Daniel Rubio, Alejandra Rubianes, Horacio Novas y Ana María del Canto, elevaron una carta al intendente Pulti expresándole su “firme oposición a que se le otorgue la remodelación de la ex terminal a la firma Emprendimientos La Terminal SA que posee a Otero como Director Suplente y financista del Arquitecto Gerónimo Mariani”.
Al fundamentar tal postura, los particulares subrayaron la gran cantidad de percances que padecen con el desempeño del empresario “como concesionario de la nueva terminal de ómnibus la cual, a 7 meses de haber sido abierta al público, continúa prestando un servicio deficiente y generando múltiples inconvenientes a los usuarios y vecinos”.
Además, pusieron en consideración el “presente el pedido en curso para que se le revoquen varias de las concesiones que posee por incumplimientos varios de los pliegos de bases y condiciones y a las ordenanzas municipales vigentes”.
En ese orden, los ciudadanos aseveraron que “el Proyecto Mariani-Otero ya era nocivo para los intereses del barrio por el impacto ambiental y socio-económico negativos que provocarán su construcción en etapas (con casi 5 años en obras - sin pagar canon), su enorme cantidad de locales (más de 200), por un local ancla (violatorio de la ley de Grandes Superficies y con destino incierto), dudosa restauración del edificio histórico y escaso o casi nulo espacio para la cultura y la recreación gratuita de nuestros vecinos”, tras lo cual calificaron de “alto riesgo patrimonial, social y cultural, que dicha empresa resulte declarada iniciadora y, peor aún, adjudicataria de la obra” por estimar que “han quedado vulnerados la calidad e idoneidad del posible oferente y también su posible solvencia económica”.
“No podemos correr el riesgo de que el lugar quede abandonado a las resultas de un trámite judicial que le es ajeno. Tampoco podemos correr el riesgo de que la obra quede paralizada por falta de financiamiento o por inhabilitación de su financista. Nuestro patrimonio histórico (declarado como tal), constituido por el Edificio Dormal, podría resultar destruido, máxime cuando esa empresa prevé su restauración recién en la segunda etapa del Proyecto (dentro de 3 años)”, argumentaron.
A su vez, enfatizaron que ambos barrios “ya se encuentran en estado terminal, generado por un traslado anticipado que beneficio solamente a ese señor y daño a cientos de miles de turistas, vecinos de las calles San Juan, 9 de julio, Chaco, Pampa, Misiones, Italia y aledañas de manera permanente”. “Merecíamos mejor suerte”, apuntaron.
En ese orden, puntualizaron que Otero “tampoco cumplió con las promesas que le hizo a los comerciantes del interior de la ex terminal” ya que “ninguno de ellos pudo reubicarse en la nueva estación, y el personal que contrató ya fue despedido al finalizar la temporada. Muchas familias quedaron sin trabajo”.
Y destacaron que “sería un escándalo de nivel nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con los pliegos de otras licitaciones ni con los compromisos locales o de buena vecindad. Nada permite suponer que en este caso lo hará”.
“Otero ya ha declarado que no debe rendirle cuentas a nuestro Concejo Deliberante y que no está obligado a cumplir con nuestras ordenanzas municipales, además de que tampoco ha pagado el canon por el espacio que está usufructuando. Es impensable entregarle otro espacio público. Nosotros exigimos que nuestro nuevo vecino, que tendrá en sus manos la gran transformación urbanística de esta zona, a la cual está irrescindiblemente ligado nuestro futuro, posea antecedentes intachables, compromiso social, sea promotor de la cultura y respetuoso de las leyes que nos permiten vivir en sociedad”, señalaron más adelante.
“Somos dos barrios -dos caras de una misma moneda- los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por el Sr. Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades. Por esto le pedimos al Intendente que oiga nuestros reclamos, tome las decisiones adecuadas, deseche el Proyecto Mariani-Otero y apoye el reclamo para que le sea revocada la concesión de la nueva terminal de ómnibus por incumplimientos reiterados”, concluyeron los vecinos.
* 0223.com - 3.06.10
Las condenas por corrupción urbanística se disparan
DIARIOMONTAÑÉS* : En España, ayuntamiento sigue siendo sinónimo de corrupción urbanística. Pese a que la crisis inmobiliaria ha secado la fuente de la que bebían los entes municipales, a través de la gestión del suelo urbanizable, la Justicia no ha dejado de mirar con lupa estas operaciones. De hecho, las condenas por delitos medioambientales vinculados a la ordenación del territorio se han disparado y alcanzaron su techo histórico en 2009. El aumento en un solo año fue del 28%, al pasar de 301 a 386 sanciones, la mayoría de ellas impuestas en municipios costeros, con Andalucía a la cabeza.
El incremento de las condenas por delitos urbanísticos recoge la siembra del ingente volumen de procesos judiciales que actualmente instruyen los tribunales españoles en esta materia. El año pasado había 1.737 casos en trámite y otros 1.729 en fase de diligencias previas, el paso anterior a la judicialización del asunto, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque hubo sanciones a particulares, la mayor parte de las condenas escondía intereses espurios de lo que se ha venido a denominar «autoridades municipales». Se trata de alcaldes, concejales de urbanismo, técnicos municipales, promotores o arquitectos cuyo nombre aparece ligado a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas con un único fin: el enriquecimiento ilícito. Las cifras justifican por sí solas el espacio que ocupan en los medios de comunicación las condenas a cargos públicos.
Los delitos más comunes en estas tramas de corrupción son la prevaricación urbanística, la prevaricación genérica, la omisión del deber de perseguir delitos o la falsedad en documento oficial. La Fiscalía especializada destaca la complejidad de perseguir estos tipos delictivos habida cuenta de su singularidad: los órganos que deberían controlar estos excesos son los propios ayuntamientos, que tienen la obligación de hacer las veces de «policía urbanística», como ente que gestiona la recalificación de su propio suelo urbano.
Moratoria
Algunas fiscalías provinciales ya usan como documento marco para sus investigaciones el denominado 'Informe Auken', elaborado por una europarlamentaria danesa en 2009 con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. El informe no vinculante pedía a las autoridades locales la moratoria de los planes de ordenación urbana que hayan sido reformados sin respetar los criterios medioambientales y criticaba la «excesiva influencia» de los promotores inmobiliarios en las decisiones de las corporaciones.
Precisamente, la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la falta de colaboración de los ayuntamientos y menciona que en lugares como Valencia, Sevilla, Las Palmas o Murcia los principales denunciantes son las gerencias municipales de Urbanismo, los grupos ecologistas, las fuerzas del orden y ciudadanos particulares, lo que genera un mensaje de «impunidad», admite el Ministerio Público.
Otra preocupación creciente es la «inseguridad jurídica y la incertidumbre» que generan algunas decisiones de tribunales en un mismo territorio y ante un delito similar. Ocurre sobre todo en sentencias condenatorias que determinan la demolición de una vivienda que ha sido construida de forma ilegal o el levantamiento de casas prefabricadas en lugares no urbanizables, según denuncia el órgano acusador.
* El Diario Montañés - 4.06.10
Foto: corrupción urbanística, viñeta ayuntamiento
La fiscalía pide 2 años de cárcel para el alcalde de Ceclavín y 10 de inhabilitación
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ELPERIÓDICO/Extremadura* : Dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público son las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el alcalde de Ceclavín, el socialista Pedro Martín González, al que acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística. Para responder de esta imputación, Pedro Martín se sentará el próximo 27 de julio en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres, donde será juzgado por unos hechos ocurridos entre mayo del 2006 y abril del 2007.
Fue a lo largo de dicho periodo cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el alcalde de Ceclavín habría concedido licencias municipales de obras para la construcción de seis viviendas unifamiliares "a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas, pues expresamente se lo había advertido el técnico municipal en sus informes". Sabía que no podía dar dichas licencias "porque las parcelas de los solicitantes carecían de la condición de solar edificable".
La fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente detalla en su escrito de acusación las licencias de obras que Pedro Martín concedió, todas ellas mediante resoluciones de la Alcaldía, y "a sabiendas de su injusticia".
Se trata de las licencias concedidas, por resoluciones de la Alcaldía de fechas 5 de mayo del 2006, y 12 de marzo, 19 de marzo y 7 de abril del 2007 para la construcción, respectivamente, de dos viviendas unifamiliares en la calle Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra (antigua calle Molino), de otra vivienda unifamiliar aislada en la avenida de los Emigrantes, de dos viviendas unifamiliares adosadas en la calle Madrid y de una vivienda unifamiliar con locales en Presidente Rodríguez Ibarra.
Todas ella, se hace constar en el escrito fiscal, las concedió el alcalde de la localidad de Ceclavín "a pesar de que no se había aprobado ni desarrollado la Unidad de Actuación a la que pertenecía el suelo" y, además, "sin contemplar las obligatorias cesiones de suelo", ni "la excepcional obligación de urbanizar simultáneamente" y "sin exigir fianza de ningún tipo" a los solicitantes.
Todas estas resoluciones, se añade, "se dictaron con pleno conocimiento de su contrariedad con el ordenamiento urbanístico", y ocasionaron al ayuntamiento, se estima, un perjuicio patrimonial de algo más de 1,1 millones "como consecuencia de la falta de cesiones obligatorias y gratuitas que debieron asegurarse antes de la concesión de licencias por el acusado".
Este diario intentó ayer contactar con Pedro Martín para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible, "pues se encuentra de vacaciones y no estará localizable hasta el próximo día 14", indicaron en el ayuntamiento.
* El Periódico Extremadura - 3.06.10
Foto: Ceclavín (Cáceres), plaza - todopueblos.com
Gondomar.- El fiscal ve al ex edil de Urbanismo como cerebro de la trama y recompensa a los culpables confesos
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FARODEVIGO* : La Fiscalía señala al ex edil de Urbanismo de Gondomar Alejandro Gómez como el cerebro de la supuesta trama para extorsionar a empresarios a cambio de favores urbanísticos. "Intuimos que es la persona más sólida y la cabeza mejor organizada de la trama", aseguró en su alegato final el fiscal, quien también dijo que en el ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, Gómez tenía a "un sujeto útil que le resuelve la papeleta de las peticiones".
El ex edil de Urbanismo, que fue expulsado del PP en cuanto se destapó el escándalo, insiste en su inocencia, a diferencia de Mosquera y el arquitecto, Borja Ramilo, que se confiesan culpables de los delitos de cohecho cometidos en el Ayuntamiento de Gondomar entre 2006 y 2007, durante el anterior mandato con gobierno del PP.
Tras quedar visto para sentencia el juicio y a la espera de que el jurado popular emita un veredicto, el fiscal rebajó significativamente su petición de sanciones para el ex concejal de Cultura y el arquitecto vigués. La razón, colaboraron con la justicia al confesar y aportar datos importantes para las diligencias.
Las multas que el representante del ministerio fiscal pide para Alejandro Gómez, también registran una reducción importante, aunque por otros motivos. Los testimonios recogidos durante la vista oral demuestran que los sobornos requeridos por los ediles sumaban 540.000 euros y no 960.000 como apuntaba el escrito de acusación.
La novia de Mosquera, Belén Fernández, es la mejor parada, pues el fiscal le retira la acusación por falta de pruebas de su participación en el asunto. Su pareja, José Luis Mosquera, en cambio se enfrenta a multas que suman 135.000 euros, una cantidad muy inferior a los 1,9 millones que la Fiscalía solicitaba en un principio. La petición para Borja Ramilo se queda en un total de 70.500 euros frente a los 585.000 de la inicial.
En el caso de Gómez, las sanciones que reclama el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, alcanzan los 1,08 millones de euros, casi menos de la mitad que la primera, de 1,9 millones. A todos ellos, les mantiene la misma solicitud de inhabilitación para ostentar cargo público: de dos años para los ex concejales y de cinco meses para el arquitecto, que no podrá trabajar en obra pública durante ese período. Además, los tres cumplirían un máximo de un año de arresto domiciliario en caso de no afrontar los pagos.
Este significativo descuento en la punición responde a un acuerdo entre los abogados de Mosquera y Ramilo y el fiscal. Pero el pacto alcanzado entre las partes no impide que el representante del ministerio público mantenga el contenido de sus acusaciones. Su conclusión final se sustenta en las pruebas, las confesiones y las grabaciones de imagen y de voz, además de los testimonios de promotores extorsionados, del empresario que actuó como cebo y de los guardias civiles de la investigación.
Los defensores de los acusados también expusieron sus conclusiones tras cuatro días de vista oral. Pese a aceptar la calificación fiscal, Fernando Rubianes, el abogado del ex concejal de Cultura, apuntó a un reparto claro de papeles en la trama. "Alejandro llevaba la parte técnica y Mosquera, la parte del dinero, de la discusión con los promotores", recalcó.
También se mostró de acuerdo con la Fiscalía el letrado del urbanista que actuó como intermediario entre concejales y promotores, Alberto Muñoz. No obstante, el abogado insistió en que su defendido cometió el error de "ser un torpe utilizado. No tuvo la hombría de decir que no. Es el cándido, utilizado por todos", manifestó en un discurso en que echaba en falta más acusados. "Aquí no son todos los que están, ni están todos los que son", sugirió en posible referencia a los promotores que, al igual que Borja Ramilo, no denunciaron la trama corrupta en cuanto la conocieron.
El alegato más extenso fue el de Lorenzo Cuervo, defensor del antiguo edil de Urbanismo. Aseguró que su cliente es inocente y que no existen pruebas contra él porque apenas aparece en las grabaciones. Además, trató de demostrar que la investigación se puso en marcha para desbancar al PP del gobierno de Gondomar, dado que se acercaban las elecciones municipales. En este sentido, recordó que el denunciante que se prestó a colaborar como cebo en la operación policial perteneció a Esquerda Galega. El letrado intentó desacreditar la investigación policial y volvió a calificar las escuchas de ilegales. La clave, en su última frase: "Como un albañil que sabe de la obra, no tiene por qué saber que un compañero roba ladrillos aunque esté allí".
Los últimos en dirigirse al jurado fueron el propio Borja Ramilo y Alejandro Gómez . El arquitecto, que tuvo que abandonar los juzgados casi en volandas preso del nerviosismo, aseguró que en el transcurso de su trabajo apareció una situación (propuesta de extorsión) que tuvo que transmitir a sus clientes, "y en ellos descansé la responsabilidad". "Os juro por mi mujer –garantizó– que creí que Manuel Rodríguez [el "gancho"] iba a decir que no pagaba. Pero cuando este caballero me dice que todo estaba arreglado... Yo hice la táctica del avestruz. Me quise desentender y les dije que en mi despacho no". El ex concejal de Urbanismo fue más breve: "Soy inocente. Lo único que hice en esos años fue trabajar para que todos los vecinos de Gondomar pudiesen vivir en mejores condiciones".
"Si alguien mete la mano en la caja no tiene futuro en el PP", avisa su líder
El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que tomará medidas en el PP de Pontevedra si se demuestra la relación de alguno de sus miembros con la supuesta trama de corrupción urbanística en Gondomar (Pontevedra), aunque manifestó su "absoluta tranquilidad" al respecto.
"Por supuesto", sentenció, al ser preguntado por si actuará contra miembros de su partido en Pontevedra si hay pruebas de su vinculación con el caso, e insistió en que "nadie puede enriquecerse en nombre el PP". "Queremos que se aclare el caso a fondo y si alguien metió la mano en la caja no tendrá futuro en el PP", garantizó.
En todo caso, el líder popular subrayó que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ha sido "claro" en sus declaraciones sobre los datos que se han hecho públicos en el transcurso del juicio.
En este escenario, recordó que uno de los ex ediles implicados en la supuesta trama era independiente y que el otro, que sí militaba en las filas populares, fue expulsado del partido, que se personó en la causa.
* Faro de Vigo - 4.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
El ex gerente del consejo del Maresme se lucró con un pelotazo de Pretoria
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ELPAÍS/Barcelona* : El caso Pretoria sigue salpicando a políticos y cargos de confianza. Xavier Surinyach, ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme, nombrado por CiU, y hasta enero gerente de la empresa de urbanismo de Tordera (Maresme), se embolsó 380.686,15 euros a raíz de un pelotazo en Sant Andreu de Llavaneres, una de las tres grandes operaciones que investiga la Audiencia Nacional. Para ello, Surinyach se asoció con el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
Según el sumario, la operación urbanística proporcionó a Niesma Corporación, administrada por Luigi, unas plusvalías de 3,44 millones de euros en solo 22 meses con la compraventa de unos terrenos del municipio. El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Luigi recurrió a la sociedad holandesa Ard-Choille y al ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme Francesc Xavier Surinyach, que participó en la operación a través de su hijo Jaume Surinyach, que en esa época estaba cobrando un subsidio de paro. Jaume Surinyach fue imputado en 2006 por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El pelotazo se produjo, en tiempo casi récord, gracias a la supuesta intervención del socialista Antonio Jiménez, entonces concejal de Sant Andreu de Llavaneres e imputado en la causa. El edil, según la instrucción, modificó el plan de urbanismo para aumentar el número de viviendas que podían construirse en esos terrenos con el fin de que se revalorizaran enseguida.
Surinyach, a través de su hijo, acudió primero a una ampliación de capital por 35.000 euros en Niesma. Posteriormente, aportó 555.000 euros, que le reportaron, una vez concluida la operación, 380.686,15 euros de beneficio.Tras la ampliación de capital, las aportaciones significativas se realizaron a través de préstamos participativos, es decir, créditos que dan derecho a parte de los beneficios de la empresa. Según el sumario, tres empresas de Luigi -City Actividades Inmobiliarias, Sanur Construcciones y Construcciones Edisan- sumaban el 50% de las participaciones de la sociedad, Ard Choille tenía el 33,3%, y el hijo de Xavier Surinyach el 16,7%.
En la compraventa del inmueble intervinieron, además, dos ex altos cargos de Jordi Pujol, ambos imputados: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el urbanista Genís Carbó. Prenafeta, a través de su sociedad Poliafers, SA, cobró una comisión de 389.456 euros más IVA por intermediar entre Luigi y la sociedad que adquirió los terrenos, Proyecto Inmobiliario Valiant. Sin embargo, la Agencia Tributaria pone en duda que Prenafeta intermediara pese a ese cobro, puesto que la persona que contactó con la empresa compradora y gestionó la operación fue el propio Luigi.
Los investigadores que seguían el rastro de la operación se sorprendieron cuando descubrieron quién era la persona que había ganado tanto dinero en tan poco tiempo: un joven de 24 años que estaba cobrando el paro. "Resulta evidente que, con los recursos económicos con los que cuenta, no podía asumir los importes correspondientes a su inversión en Niesma", detalla un informe de la Agencia Tributaria.
Con las investigaciones más adelantadas, la respuesta se hizo evidente: "Si bien es Jaime [por Jaume] quien suscribe la ampliación de capital de Niesma por un importe de 35.000 euros", quien otorga los "créditos participativos subsiguientes no es él, sino su padre". Xavier Surinyach incluyó luego los beneficios obtenidos en la declaración de la renta de 2005.
Ayer este diario intentó contactar, sin éxito, con Xavier Surinyach, que aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil a Luigi. Un portavoz del Ayuntamiento de Tordera, gobernado por CiU y ERC, explicó que Surinyach se jubiló el pasado mes de enero, tras dejar su cargo de gerente de la empresa de urbanismo. En esa sociedad recaló cuando CiU perdió el consejo comarcal, que fue a manos del PSC, ERC e ICV-EUiA. Surinyach pasó entonces a desempeñar un cargo de confianza en el Consistorio de Tordera, gobernado por CiU.
La federación nacionalista ayer no pudo concretar si Surinyach es militante del partido. Fuentes del PSC de Tordera, en la oposición, afirmaron que la sociedad pública está en disolución.
La operación
- Niesma Corporación compró las fincas de Sant Andreu de Llavaneres por 6,28 millones de euros en 2004.
- Luigi consiguió, según el sumario, que el concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez, elevara el número de viviendas que se podían construir en la zona.
- Niesma Corporación vendió en octubre de 2005 las fincas a Proyecto Inmobiliario Valiant por 9,73 millones de euros.
- Surinyach acudió a una ampliación de capital por 35.000 euros y posteriormente aportó 550.000 euros a través de préstamos participativos, con lo que se hizo con un 16,7% de Niesma Corporación.
- El ex gerente de urbanismo de Tordera obtuvo unos beneficios de 380.686,15 euros tras la venta de las parcelas de Llavaneres.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Promoción inmobiliaria en los terrenos de la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres.- elpais.com
A Coruña.- La Unesco advirtió al Concello sobre las humedades cuando concedió el galardón
LAOPINIÓN* : Cuando la Unesco decidió el año pasado distinguir a la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad le hizo cuatro advertencias al Ejecutivo municipal si en un futuro quería ahorrarse el mal trago de ver peligrar el título. Una de ellas hacía referencia a las humedades y filtraciones de agua observadas por los técnicos de Icomos cuando evaluaron la candidatura, y que han sido denunciadas recientemente de nuevo por los empleados de la empresa que se encarga de las tareas de portería y recepción en el monumento.
La Unesco recomendó al Gobierno local que se esforzara en solucionar los problemas derivados de las humedades en las paredes del faro, bien mediante la instalación de pantallas protectoras o en su defecto mejorando las condiciones de ventilación en el interior del monumento. Hasta el momento, ni el Concello ni la Autoridad Portuaria, como propietaria de la Torre, han tomado las medidas encaminadas a resolver este problema, como lo demuestra el hecho de que actualmente pueden observarse humedades dentro del faro.
El Ayuntamiento, sin embargo, sí ha tratado de solucionar otras de las debilidades apuntadas por la Unesco, como la carencia de un plan director para el monumento, que según la Concejalía de Promoción Económica y Turismo estará listo en breve. La amenaza de la presión urbanística continúa en el horizonte hasta que el Ayuntamiento decida qué hacer con la urbanización de seis edificios en el Agra de San Amaro, a quinientos metros de la Torre.
* La Opinión A Coruña - 3.06.10
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
Un total de 178 viviendas en Santa Cruz de Tenerife quedan fuera de ordenación
20MINUTOS* : El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado a conocer que de las 498 solicitudes presentadas por los ciudadanos en las oficinas de Distrito (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Centro), un total de 320 se encuentran dentro de los parámetros urbanísticos conforme a lo establecido por el documento de revisión del Plan General de Ordenación (PGO) y otras 178 se encuentran fuera de ordenación por razón de altura, según ha adelantado en un comunicado la corporación local.
De las 103 consultas realizadas en el Distrito Salud-La Salle, un 88,35 por ciento de las mismas se encuentran dentro de ordenación, mientras que sólo el 11,65 por ciento excede del número máximo de plantas permitidas por el PGO.
Por otro lado, de las 97 peticiones de información tramitadas en el Distrito Ofra-Costa Sur, un 85,5 por ciento se corresponden a viviendas dentro de ordenación, mientras que el 14,43 por ciento estarían fuera de ordenación.
En el Distrito Centro se realizaron un total de 298 consultas, de las que un 48,66 por ciento presentan parámetros urbanísticos conformes a lo establecido en la normativa y el 51,34 por ciento excede en el número de alturas permitidas y están fuera de ordenación.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un servicio coordinado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), en colaboración con estos tres distritos del municipio, comenzó el pasado 27 de enero a atender a los vecinos sobre el estado de sus viviendas en relación con el PGO.
Un equipo de especialistas, formado por seis arquitectos, respondió desde esa fecha y hasta el pasado 25 de abril a todas las peticiones de información requeridas en los mencionados distritos. Del mismo modo, los vecinos pudieron solicitar un informe sobre la situación de su vivienda de forma gratuita.
* 20 Minutos - EP - 3.06.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
