LAVANGUARDIA/Barcelona* : El ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García, Luigi, lamentaron en una conversación telefónica que "el Montilla no les da nada" y que para ellos sería preferible que ganara las elecciones catalanas Artur Mas. La conversación, que aparece en el amplio sumario del caso Pretoria, fue grabada el 13 de marzo de 2009, siete meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara su detención, entre otras personas, en relación con una trama de corrupción urbanística y política en Catalunya.
Aparentemente preocupados por la lentitud con que se estaban cerrando las operaciones que llevaban entre manos, Muñoz y Luigi hablan de "a ver si esta semana cierran algún tema, que ya toca" y el ex alcalde dice que ha tenido una "idea genial", que sería "cargarse el campo de fútbol y poner El Corte Inglés".
En ese momento, se refieren al presidente de la Generalitat, José Montilla, y aseguran, según la transcripción de la converesación de la policía, que "el Montilla no les da nada, que lo mejor es que gane el Mas éste y nos darán más cosas".
Diez millones por operación
'Luigi' cobró ocho millones de euros por su intervención en operaciones inmobiliarias de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción de 22 de octubre de 2009, apenas unos días antes de la detención de los implicados en la trama. Luis García fue diputado del PSC durante varios años, partido del que fue finalmente expulsado.
Sin embargo, los 'pelotazos' urbanísticos que orquestraban los implicados reportaban una media de diez millones de euros cada una que iban a parar a los intermediarios y no a los consistorios. Según un informe de la Guardia Civil que se recoge en el sumario del caso, las operaciones inmobiliarias se realizaron entre 2002 y 2009 y seguían siempre un mismo patrón: se parte de un planeamiento urbanístico, "se adjudica por concurso o no una obra a una determinada empresa, esta obra cambia de adjudicataria, se recalifica el terreno en beneficio de esta empresa y en detrimento de los intereses municipales" y se vende a un precio muy superior al constructor que finalmente realiza la obra, un procedimiento que no duraba más de un año.
Como ya adelantó 'La Vanguardia', 'Luigi daba el visto bueno a todas las empresas adjudicatarias de concursos, tratando siempre de que fuera alguna conocida por él. Según estas conversaciones, el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, otorgaba "un papel relevante" a 'Luigi' en las adjudicaciones de concursos, hasta el punto que daba instrucciones a Manuel Dobarco -ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma y ex presidente de Gramepark- para que informara a 'Luigi' de todos los concursos y todas las empresas que concurrían, sin poder realizar ninguna adjudicación "sin su visto bueno".
Mismo 'modus operandi'
El 'modus operandi' tenía tres variantes: la primera consistía en obtener una comisión de entre el 3% y el 5% por conseguir una determinada obra para una empresa gracias a información privilegiada. Eran trabajos de demolición y similares que formaban parte de un proyecto más complejo dentro del urbanismo de Santa Coloma.
La segunda variante se centra en el ámbito autonómico, con los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. En una ocasión, Prenafeta se llevó "suculentas" comisiones por la compra por parte de Incasòl, organismo que depende de la Generalitat, de unas fincas de la constructora Espais, de otro de los imputados Lluís Casamitjana. En el informe policial se explica que en este caso Prenafeta intercedió "en varias ocasiones" con el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, y con el ex gerente del Incasol Emili Mas, también imputado.
La última variante, prosigue el documento, corresponde a "desarrollos urbanístico de gran calado", donde una empresa o unión temporal de empresas son adjudicatarias de una obra y posteriormente las acciones o participaciones de éstas pasan a ser controladas a través de otras empresas por 'Luigi'. Entonces se recalifica el terreno y el ex diputado "busca y obtiene 'cualificados' inversores que tras la recalificación obtienen un jugoso beneficio cuando se vende el proyecto" a un tercer empresario también conocido y controlado por la trama.
De este modo, proyectos por los que un ayuntamiento ingresaba unos 10 millones de euros pasaban a venderse en poco menos de un año por el doble, beneficios que no recaían en el consistorio sino en Luis García --que luego repartía "a veces sí y a veces no"--, también a Lluís Prenafeta para que repartiera al 33% con Alavedra y García, y a distintas autoridades como el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, que se embolsó con una sola operación un millón de euros.
Blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales --que se imputa a varios de los participantes de la trama-- deriva de las comisiones obtenidas. Así, según la Fiscalía, este blanqueo se realizaba de dos modos distintos. Por un lado, la adquisición de obras de arte o la reinversión de las comisiones en otras operaciones y, por el otro, las inversiones en paraísos fiscales, como las Islas Caimán.
De hecho, la Guardia Civil intervino 164 obras de arte en el domicilio de Luis García, en la calle Portaferrissa de Barcelona, otros 68 cuadros en el domicilio de la sociedad Capital City Consulting, en la calle Valencia, en presencia del cuñado de García, Wenceslao Manzanares; y otros 24 cuadros en el que consta como domicilio de la mujer de García, en la calle Guitard.
Según ese informe incluido en el sumario, los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra habrían cobrado otros 637.590 euros en cada uno por comisiones por dichas operaciones urbanísticas en municipios del área metropolitana de Barcelona, si bien algunas fuentes aseguran que las comisiones reportaban una media de diez millones de euros que iban a parar a los intermediarios y no a los consistorios.
Asimismo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, Genís Carbó, también imputado en la causa, se embolsó cerca de 244.000 euros en comisiones, según revela el informe de la Fiscalía, basado en las investigaciones de la Guardia Civil y las escuchas telefónicas de los imputados.
En la operación Niesma, se estima que hubo "un trato de favor" del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres hacia la empresa Niesma porque se aceleraron trámites de modificación del plan urbanístico, favoreciendo sus intereses en la compraventa de los terrenos. El negocio que hizo la trama en la operación Badalona está muy relacionada con la modificación puntual del plan especial Marina Badalona llevada a cabo por el Ayuntamiento.
Prenafeta tenía cuadros por valor de 13 millones de euros
Una tasación hallada en el domicilio de Prenafeta durante un registro refleja que el ex político de CiU tenía cuadros valorados en al menos unos trece millones de euros.
En su declaración ante el juez, incluida en el sumario de este caso, Prenafeta (cuyo nombre aparece en la transcripción como Luis Pera Zeta) asegura que no se trata de una tasación, sino "de una posibilidad de valor", aunque, instantes después, afirma que esa posibilidad -2.200 millones de pesetas por los cuadros- es fruto de la tasación "de alguien".
El ex secretario de Presidencia en los gobiernos de Jordi Pujol explica además al juez que se trata de una valoración por la mitad de los cuadros que posee, y que en parte proceden de herencia y de compras hechas en los últimos años.
LOS DETENIDOS:
Bartomeu Muñoz
· Seis años en Santa Coloma
· Substituto de Manuela de Madre (2002)
Lluís Prenafeta
· Prenafeta deja la política (marzo de 1990)
· Asesor de Pujol (mayo de 1990)
· "Ganaré después de muerto, como el Cid" (marzo de 1990)
Macià Alavedra
· Conseller de Pujol
· Alavedra dimite (julio de 1997)
Luís García
· Acusado de estafa (1999)
* La Vanguardia - 26.05.10
Foto: Barcelona, detenidos operacion Pretoria - lavanguardia.es
Los 'pelotazos' urbanísticos daban a la trama Pretoria una media de 10 millones por operación
CajaSur: Una herencia enladrillada en la Costa del Sol
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SUR/Málaga* : CajaSur se lanzó sin reservas a los brazos del boom inmobiliario. A comienzos de la última década la Costa del Sol era un polo de atracción para inversores de medio mundo, y desde la vecina provincia de Córdoba se orquestó una verdadera invasión de empresas promotoras. La entidad controlada por la Iglesia no se limitó a financiarles la construcción de viviendas en la costa malagueña -que lo hizo, y mucho-, sino que se embarcó en aventuras empresariales junto a Prasa, Arenal 21, ÑXXI y Noriega, entre otras firmas cordobesas del ladrillo.
Las cosas se torcieron para el negocio del ladrillo, pero CajaSur no supo retirarse a tiempo. Hoy acumula cientos de pisos y chalés sin vender a lo largo de toda la costa malagueña, pero sobre todo en la franja que va de Benalmádena a Manilva. Unas viviendas que son herencia de hipotecas ejecutadas a promotores morosos y de actuaciones desarrolladas por sus propias empresas participadas.
Quermes, la inmobiliaria propiedad de CajaSur a través de la cual está intentando vender su 'stock' de vivienda, oferta en su página web un total de 157 inmuebles ya construidos en distintos puntos de la provincia. La mayor parte se encuadra en dos grandes promociones claramente pensadas para el turismo residencial: Benalmádena Golf y Residencial Duquesa, en Manilva. Ambas pertenecen a Prienesur, antes llamada Arenal Sur 21, la sociedad que CajaSur montó a medias con Rafael Gómez 'Sandokán'. Tras promover más de dos mil pisos en la Costa del Sol, la entidad cordobesa tuvo que comprar en 2006 el 50% del capital que no controlaba, obligada por el Banco de España. Lejos de conseguir venderla en seguida, como era su intención, la caja ahora intervenida ha tenido que seguir desembolsando grandes cantidades de dinero para mantener a flote Prienesur.
No ha sido ésta la única 'joint venture' de CajaSur en Málaga. Fruto de su activa política de participaciones empresariales nacieron también Prasur, montada a medias con Prasa, de la que la caja cordobesa consiguió salir el año pasado; ÑXXI Selwo-Estepona (al 50% con ÑXXI), que tras edificar un conjunto de alrededor de 70 viviendas en Benahavís se declaró recientemente en concurso de acreedores; o Gabialsur (también al 50% con otro promotor), artífice de la inacabada urbanización San Rafael del Mayorazgo en la capital malagueña, que también está en suspensión de pagos.
Residencias
Pero CajaSur no se ha limitado poner ladrillos en la Costa del Sol. El negocio de los geriátricos también ha captado su atención. De la mano de Prasa se embarcó en Sanyres Sur, una cadena de centros de la tercera edad que tenía la vocación de convertirse en el líder andaluz de su sector, y cuyos planes de expansión se han visto frenados por la crisis. Hace unos meses, la firma -de la que CajaSur posee un 33% del capital- cerró una de sus dos residencias en Marbella, donde también ha dejado en el aire la construcción de un tercer centro que tenía previsto. Además, ha descartado por ahora construir un segundo centro en Málaga capital, donde ya cuenta con uno en El Limonar -que se suma a los de Benalmádena y Puerto Banús-.
Por otra parte, CajaSur participa, al igual que Cajamar o Unicaja, en la sociedad de inversiones malagueña M Capital, que cuenta entre sus sociedades participadas a Antequera Golf o Multiservicios Sirio.
SUS NEGOCIOS EN MÁLAGA
Prasur. Sociedad que creó a medias con la promotora cordobesa Prasa para edificar viviendas en Málaga, Huelva y Madrid. CajaSur vendió su parte a Prasa en 2009.
Prienesur. Pertenece al 100% a CajaSur después de que el Banco de España le obligara a adquirir el 50% que pertenecía a Arenal 21. Tiene dos grandes promociones en Benalmádena y Manilva.
ÑXXI Selwo-Estepona. Promotora creada al 50% con ÑXXI que llegó a edificar un conjunto residencial en Benahavís antes de declararse en concurso de acreedores.
Gabialsur. Participada al 50% por CajaSur, afronta un proceso concursal sin haber podido terminar la urbanización San Rafael del Mayorazgo, en Málaga capital.
Sanyres Sur. CajaSur tiene el 33% en esta cadena de centros geriátricos liderada por Prasa.
M Capital. Sociedad de inversiones con sede en Málaga de la que CajaSur posee un 16,76%.
* SUR - 25.05.10
Foto: Estepona (Málaga), demolición hotel de Prasa - diariosur.es
"Nunca trabajamos para el Palau"
ELPAÍS/Barcelona* : Ni Letter Graphic ni New Letter trabajaron nunca para el Palau de la Música. Lo sostienen varios ex trabajadores de estas empresas de buzoneo, que facturaron 982.583 euros a la institución musical entre 2007 y 2009. En cambio, Convergència i Unió (CiU) sí estaba entre los principales clientes, puesto que la federación nacionalista encargaba sus campañas a estas dos empresas a través del comercial Salvador Oller, que el próximo 18 de junio deberá declarar ante el juez instructor del caso Millet, Juli Solaz, acerca de las facturas que la entidad que presidió Fèlix Millet no reconoce.
Ningún responsable de estas firmas atendió ayer a este diario.
Miguel Díaz trabajó en Letter Graphic desde 1994 hasta el pasado mes de febrero, justo un año después de una reunión en la que la empresa advirtió a sus empleados de que se retrasaría en el pago de las nóminas. La empresa echó en julio a varios empleados porque dijo que no tenía encargos. Pero las demoras siguieron, hasta que Díaz lo denunció. Como respuesta recibió una carta de despido.
No fue el único caso. En total, Letter Graphic ha despedido en el último año a siete de sus 11 trabajadores. Entre ellos, a Gema Martínez y María José Díaz. "Cuando nos enteramos de que Letter Graphic y New Letter habían cobrado casi un millón del Palau no dimos crédito, porque eso suponía que la facturación no estaba bajando como nos decían", afirma María José Díaz, que estuvo empleada en la empresa, con sede en Badalona, desde 1995. Aun así, los tres trabajadores coinciden en lo mismo. "Nunca trabajamos para el Palau de la Música", dice Martínez.
La versión de los ex trabajadores de Letter Graphic coincide con la de los empleados del Palau de la Música, que aseguraron ante el juez que no les constaba que ninguna de las dos empresas hubiera realizado tareas de buzoneo para la institución.Letter Graphic y New Letter distribuían también material electoral a las sedes de CiU
Los actuales gestores del Palau de la Música consideran que las cantidades que facturaron Letter Graphic y New Letter, que casi suman un millón de euros, son desorbitadas. Por ejemplo, por el buzoneo de la publicidad de un acto de la entidad la empresa cobró más de 145.000 euros, cuando en realidad un mailing para los socios cuesta alrededor de 4.000 euros.
Los ex empleados con los que ha hablado EL PAÍS también se extrañan del argumento que el responsable de las empresas que testificó ante el juez, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, acerca de que la empresa no conserva los presupuestos que hizo para el Palau. “Tienes dos palés llenos de facturas, pero además deberían guardar los justificantes que da Correos sobre los envíos”, sostiene Díaz.
Los ex empleados sí recuerdan, en cambio, las campañas electorales que el comercial Salvador Oller captaba para Letter Graphic y New Letter. Trabajaron para el PSM y el Bloc Nacionalista valenciano —aliados de CiU— , pero, sobre todo, para federación nacionalista en prácticamente todos los comicios. Para empezar, estas sociedades, argumentan, no tenían capacidad para realizar los más de cinco millones de envíos que se le requerían, por lo que Oller llevaba encargos a otra empresa de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
“No sólo hacíamos los envíos de propaganda. También nos dedicábamos a la distribució"
* ELPAIS.com - 26.05.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Piden cuatro años para el ex alcalde de Torrox por presunto delito urbanístico
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SUR/Málaga* : El ex alcalde socialista de Torrox y ahora concejal en la oposición, Francisco Muñoz, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel y 25 años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, por autorizar supuestamente la construcción de cinco viviendas en suelos no urbanizables.
El escrito de petición del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, también pide la apertura de juicio oral, por la vía penal, para los otros nueve concejales que respaldaron en pleno estos proyectos de actuación para casas en el campo, en distintas zonas del término municipal de Torrox. Así, para María Estrella Tomé -ahora concejala del PSOE en la oposición y parlamentaria andaluza por Málaga-, Luis Miguel Palma y Francisco Olalla -ambos ex concejales del PSOE-, Manuel Guerra, Purificación Guerra y Rocío Ariza -los tres concejales actuales del PSOE en la oposición-, Manuel Martín -concejal del PP en el actual equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP), y Francisco A. Castro y José Cortés -ambos ex ediles del PA-, solicita el Fiscal la misma pena que para el ex regidor municipal, esto es, cuatro años y medio de prisión, 25 años de inhabilitación y una multa de 6.750 euros.
Constructores imputados
En la causa abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, tras la querella presentada en 2006 por los grupos municipales de IU y PIU, entonces en la oposición, también están imputados tres promotores locales, dos hermanos, que responden a las iniciales M. C. y A. C., y V. J., para los que la Fiscalía solicita seis meses de prisión y y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, así como una multa de 6.750 euros.
Asimismo, el Ministerio Público propone al juzgado decretar la nulidad de las cinco licencias de obras -que fueron concedidas amparándose el Ayuntamiento torroxeño en el «silencio administrativo» de la Junta, entre los años 2005 y 2006-, «así como a la demolición de todas las obras ilegalmente construidas», correspondiendo a los autores de los delitos contra la ordenación del territorio su asunción solidaria.
En sus conclusiones, la Fiscalía entiende que en el pleno celebrado el 7 de julio de 2005, el alcalde y los otros ocho concejales (uno de ellos J. Cortés, del PA, se ausentó, al igual que la entonces edil del PP Nieves Mira), «decidieron aprobar los cinco proyectos de actuación, a pesar de que en los expedientes tramitados constaban dictámenes de la Comisión Provincial de Urbanismo, así como un informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento, contrarios a dicha aprobación, lo que además fue resaltado por algunos de los otros concejales asistentes, que llegaron incluso a explicar su voto en contra a fin de no incurrir en un delito de prevaricación», según recoge el escrito del Ministerio Público.
Las cinco viviendas autorizadas, varias de las cuales tienen piscina, garaje, terraza y hasta dos plantas, están levantadas en diversos pagos del término municipal torroxeño.
* SUR - 25.05.10
Foto: Torrox (Málaga), vista - esp.andalucia.com
Imputan al regidor de La Alberca por un delito de prevaricación con unas licencias urbanísticas
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NORTECASTILLA/Salamanca* : El alcalde de La Alberca, Santiago Martín, ha sido imputado por el juzgado de Ciudad Rodrigo en un posible delito de prevaricación por haber concedido dos licencias urbanísticas en la localidad salmantina a pesar de contar con el informe en contra del arquitecto municipal. El juez asume en un auto la querella presentada por el arquitecto, José Javier López Martín, y señala en la calificación provisional del caso que Santiago Martín se enfrentaría a una inhabilitación de empleo y para ejercer de cargo público que puede oscilar entre los siete y los diez años.
La imputación a Santiago Martín por irregularidades urbanísticas tiene su origen en un enfrentamiento entre el edil y el arquitecto municipal por culpa de dos licencias urbanísticas, ilegales a juicio del técnico del Consistorio, otorgadas a dos obras en las que estaba implicada la empresa del propio alcalde.
Ante esta situación, el arquitecto municipal presentó en un juzgado de Ciudad Rodrigo una demanda contra el alcalde, Santiago Martín, y el teniente de alcalde, Jesús González, ambos concejales del PP. Según la denuncia del arquitecto, ambos ediles habrían cometido los delitos de «prevaricación, tráfico de influencias y negociación y actividad prohibida a funcionario público», al conceder 26 licencias urbanísticas a la empresa Ingener, de la que el alcalde albercano es administrador único. Finalmente, el auto ha entendido que existen irregularidades únicamente en dos de las licencias, de las que se culpa al alcalde y se exonera a su teniente de alcalde.
En la versión de Santiago Martín, una de estas obras contaba con informes contradictorios entre el arquitecto municipal y la Comisión de Patrimonio, mientras que en la segunda no existía informe del arquitecto del Ayuntamiento.
El PSOE anunció ayer que solicitará al PP que aclare «qué medidas va a adoptar» contra el alcalde.
* El Norte de Castilla - 26.05.10
Foto: La Alberca (Salamanca), plaza mayor - turismoporespana.com.ar
La Fiscalía detecta un incremento de las causas contra los alcaldes por delitos urbanísticos
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ELMUNDO/Andalucía* : Las "deficiencias de control" sobre la actuación urbanística de los ayuntamientos están permitiendo se ignoren las leyes urbanísticas, pese a las garantías que éstas ofrecen, según señalan los fiscales andaluces del ramo. Una falta de esa vigilancia que la ley otorga a la Administración autonómica, y que, recuerdan, señaló también el célebra Informe Auken, de la eurodiputada danesa Margaret Auken, aprobado en 2009 y en el que se afeaba la "urbanización extensiva" española.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha dado a conocer las conclusiones de las fiscalías provinciales de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico incluidas en la Memoria Anual de 2009, que se presentará en dos semanas. La coordinadora del ramo y delegada en Córdoba, Consuelo Fidalgo, ha reunido las valoraciones de la actividad del año pasado, en los que cada provincia ha tenido sus particularidades pero, en general, se aprecia un aumento de las causas urbanísticas contra autoridades municipales.
La especialización del Ministerio Público, según destacan las conclusiones generales, necesita también de "recursos suficientes". Valoran que aunque los fiscales estén acostumbrados "a hacer de la necesidad virtud", la especialización necesita ser "exclusiva" para resultar eficiente.
En Cádiz el fiscal lamenta los procesos de "regularización" de viviendas ilegales, provocados por la constitución en asociaciones de los propietarios, quienes "se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos".
En Córdoba, la Fiscalía se muestra satisfecha, ya que la actuación de las distintas administraciones en el entorno de Medina Azahara, ha supuesto la "casi extinción" de la actividad de parcelación en la zona. Málaga constata que las gerencias de urbanismo municipales comienzan a denunciar más ha menudo las violaciones, en lugar de ignorarlas.
Es la Fiscalía granadina la que, a partir de asuntos como el 'caso Nevada' o las múltiples irregularidades urbanísticas detectadas en Atarfe, señala el incremento de casos de prevaricación municipales, en que alcaldes y concejales se saltan trámites "esenciales". Por ejemplo, en el uso que se hace de los estudios de detalle para aumentar la edificabilidad de algunas construcciones, evitando la intervención de organismos como el Consejo Consultivo.
Destacan, así datos como los 34 procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio que tramita actualmente la Fiscalía de Almería contra, al menos, catorce alcaldes de la provincia. En doce de ellos se han formulado escrito de acusación contra un total de seis alcaldes, aunque ninguno de ellos ha sido aún enjuiciado.
En este sentido, el fiscal observa "un cierto retraso" en el enjuiciamiento de los casos "más complejos", como los que afectan a autoridades o a promociones múltiples de viviendas. En Jaén, el fiscal destaca las cuatro sentencias condenatorias a diferentes regidores que se dieron en 2009.
La Fiscalía onubense, por su parte, apunta la necesidad de crear más puestos de perito judicial "en todas las materias propias de la especialidad", esto es, desde los mencionados delitos urbanísticos hasta los daños al Patrimonio, pasando por incendios forestales. De lo contrario, se añaden nuevas causas de retraso, ya que es "enormemente complicado" que los juzgados tramiten sobre la marcha el nombramiento de peritos "idóneos".
Una queja general es la dificultad para la ejecución de las demoliciones, si bien el número de sentencias condenatorias que las ordenan ha aumentado. En especial, los fiscales de varias provincias destacan la complejidad de que, cuando el propio infractor no la afronta, exigir la responsabilidad a los ayuntamientos de turno.
En el caso de los incendios forestales, la Fiscalía de Córdoba reitera las "dificultades probatorias", que siguen "favoreciendo la impunidad". Aunque destaca que el número de imputaciones ha aumentado, pide una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y recuerda que, en estos casos, se debe otorgar la consideración de policía judicial a los peritos medioambientales.
* El Mundo - 25.05.10
Foto: Armilla (Granada) centro_comercial_Nevada - M.Zarza (ELPAIS.com)
La Plataforma Salvar la Bahía de Castro pide a Mazón que busque una alternativa viable
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CANTABRIACONFIDENCIAL* : La Plataforma Salvar la Bahía de Castro Urdiales instó hoy al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, a buscar una alternativa "viable y sostenible" a la ordenación de dicho espacio tras haber quedado desierto el concurso para la construcción del nuevo puerto. El colectivo se pronunció así en un comunicado después de que la pasada semana se cerrara el plazo de presentación de ofertas al concurso sin registrarse ninguna, una situación ante la cual la Consejería está estudiando la posibilidad de encomendar a la empresa pública Gesvican la reordenación del puerto castreño.
Para la Plataforma, en estas circunstancias, "en lugar de empecinarse en el error", el consejero debería "reflexionar" y ser "capaz de encontrar una solución dialogada y razonable" al problema.
En este sentido, el colectivo subraya que la bahía "no es sólo un espacio de actividad portuaria sino además un importantísimo recurso local", y por ello, cree que su futuro debe ser "decidido, no sólo por la Dirección General de Puertos, sino también por el Ayuntamiento de Castro Urdiales en representación de sus ciudadanos".
Ese futuro, a su juicio, pasa por la elaboración de un plan especial de ordenación de los usos de la bahía en el que se contemple este espacio "como un recurso natural y económico local, compaginando los distintos usos y prácticas que tradicionalmente ha venido albergando" y dotando este espacio "de las infraestructuras y servicios necesarios".
En esta línea, la Plataforma apuesta por la "integración" de la bahía en el marco histórico y monumental de la ciudad, con el "máximo respeto de sus valores ambientales" y asegurando la protección del ecosistema intermareal.
En cualquier caso, y "dado que la amenaza del puerto deportivo persiste sobre el futuro de la bahía", la Plataforma continuará con sus actividades para "lograr una adecuada ordenación que aleje para siempre la amenaza de un proyecto similar al ahora fracasado".
De no ser así, este colectivo persistirá en su demanda de llevar a cabo una consulta popular y en la vía judicial "como instrumentos para impedir que se lleven a cabo proyectos que dañen irreversiblemente la bahía castreña".
* Cantabria Confidencial - 24.05.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), vista - eldiariomontanes.es
Día Mundial de los 'malayos'
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : En la cueva de Alí Babá no hubieran entrado todos los imputados en el caso Malaya. Los ladrones eran 40 y los procesados por uno de los mayores casos de corrupción en España ascienden a 95. Alí Babá hubiera tenido que poner una cama supletoria en cada rincón y los ladrones habrían tenido que compartir habitación, como ocurre en los hospitales. O como ocurre en las cárceles, por poner un ejemplo más cercano. El listado definitivo de los imputados incluye de todo, como en botica. Hay una representación de lo mejor de cada gremio: tres ex alcaldes, 16 ex concejales, 24 testaferros, 25 promotores, seis funcionarios, cuatro empresarios, cuatro proveedores de piezas de arte y hasta una condesa y un policía, entre tantos muchos. Por no faltar no faltan ni fugitivos ni fallecidos: tres procesados están huidos de la justicia e igual número de imputados han muerto antes de finalizar el proceso.
La gran diferencia del caso Malaya con otras tramas de corrupción fue la especialización. La lista de procesados demuestra que todo el mundo tenía un cometido específico. Entre ellos nadie se pisaba la manguera. Los promotores ponían el dinero a cambio de recalificaciones; las recalificaciones se aprobaban en los plenos a cambio de concejales; los abogados escondían lo robado a cambio del silencio de los testaferros y los funcionarios hacían los informes a cambio de pluses. El proceso de robar llegó a tal nivel de industrialización, que se estableció un mecanismo en cadena engrasado hasta la perfección. Solo tenía un problema, que en la producción siempre primó la cantidad sobre la calidad. Y ese hecho llevó a la ruina a la empresa: hubo más demanda que oferta. O sea, más gente queriendo robar que empresarios dispuestos a pagar.
El sumario del caso Malaya tiene 270 tomos y unos 140.000 folios, ya que el rastreo del dinero nunca ha sido fácil. A don Juan Antonio Roca Nicolás, que así se llama el principal inculpado, le imputan delitos que para contarlos se precisan todos los dedos de ambas manos. Don Juan Antonio colecciona imputaciones como en sus mejores tiempos coleccionó fincas, caballos, relojes de lujo, obras de arte o concejales. Siempre fue un tipo con suerte. Cada vez que metía a la lotería, compraba un billete premiado. Ahora lleva todas las papeletas para pasarse una buena temporada a la sombra. Será el premio final a su constancia. La investigación es tan extensa que se ha tenido que trocear. Quedan pendientes 30 causas derivadas del sumario principal. En las tramas que aún están por cerrarse hay personajes tan ilustres como Isabel Pantoja o familiares directos de Jesús Gil, uno de los restos más interesantes del proceso.
El juicio por el caso Malaya comenzará el 27 de septiembre. Curiosamente, la jornada en la que se conmemora el Día Mundial del Turismo. La vista coincidirá en el tiempo con el caso Minutas (18 acusados y 70.000 folios de sumario) y la operación Ballena Blanca (21 acusados, 206 tomos y 70.000 folios). Ambos juicios se iniciaron cuando acabó el caso Manilva, (ocho acusados, 20 tomos y 10.000 folios). Pendientes de cerrar los sumarios y fijar la fecha de la vista oral están todavía 36 causas que tramitan los fiscales delegados de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Málaga, entre ellas la operación Nilo (168 imputados), el sumario de Astapa en Estepona (70 imputados y con varias vías de investigación abierta), el caso Arcos en Alcaucín (33 imputados) o la operación Troya en Alhaurín el Grande (20 imputados). No sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero igual sería conveniente fijar el 27 de septiembre como el Día Mundial de los malayos, para que no olvidemos nunca que todas estas cosas y otras muchas idénticas ocurrieron en demasiados lugares de España y pueden volver a ocurrir.
* ELPAIS.com - Opinión - 25.05.10
Especula en acción, viñetas contra la especulación
El juez del Gürtel cita al alcalde de Las Rozas por el intento de soborno
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ELPAÍS/Madrid* : El juez instructor de la trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha llamado a declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de semanas en una entrevista con este periódico que el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, intentó sobornarle ofreciéndole 2,1 millones de euros a cambio de un contrato municipal. El próximo 10 de junio tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para explicarle al juez cómo se produjo el intento de soborno.
La citación se produce una vez que la unidad de blanqueo de capitales remitiera al juez Pedreira las declaraciones de De Santiago a EL PAÍS. El magistrado ha iniciado la investigación y por eso ha citado al alcalde.
Según relató el alcalde a este periódico, en febrero de 2003 recibió a Correa en su despacho. El capo de la trama se interesó por el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana que el Ayuntamiento de Las Rozas iba a sacar a concurso. Según la versión del alcalde, en un momento de la conversación Correa le dijo: "Te ofrezco 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) si la que gana es la empresa Sufisa".La empresa Sufisa aparece en el sumario del caso Gürtel porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones ilegales a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el PP.
De Santiago ha relatado que, tras oír la oferta, echó a Correa de su despacho y ordenó a su equipo que le prohibiera el acceso a las dependencias municipales. El regidor de Las Rozas relató a este periódico: "En febrero de 2003 el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en conocimiento de mis concejales".
La sociedad Sufisa logró contratos en algunos municipios contaminados por la trama como Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el sumario de la red de corrupción que afecta a administraciones en manos del PP. Esta misma sociedad se adjudicó en 2002 un contrato de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Por entonces, el responsable de la limpieza municipal era el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. La empresa habría logrado la adjudicación, según consta en un informe policial incluido en el sumario, debido a una comisión que pagó a la red Gürtel.
El coche de Sepúlveda
El juez Pedreira también ha citado a declarar como testigos a los representantes legales de C. de Salamanca, SA, y ALD Automotive, SA. Estas sociedades están relacionadas con la compraventa de un Range Rover Sport por valor de 83.000 euros que la trama corrupta facilitó al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.
Al que de momento no ha citado el juez ha sido el ex concejal de Urbanismo de Las Rozas Javier Espadas que también fue tentado por la red corrupta. La organización liderada por Correa se puso en contacto con Espadas para lograr la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de esa localidad. Según fuentes municipales, la red lo intentó en varias ocasiones llegando a ofrecer como contrapartida un paseo en yate y un fin de semana a todo trapo en un chalé de Marbella. El alcalde del municipio, al conocer las intenciones de la red Gürtel, le espetó a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me entere de que te vas a Marbella te quito todas las delegaciones de inmediato". El edil de la localidad madrileña rechazó la oferta.
* ELPAIS.com - 25.05.10
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
Valencia: La Plataforma de Velluters pide al Ayuntamiento que escuche a los vecinos
LASPROVINCIAS* : La plataforma "Recuperem el Princesa, reviscolem el barri" ha exigido hoy que el Ayuntamiento de Valencia "escuche la voz del vecindario" sobre el futuro del solar-aparcamiento, en el que se erigía el Teatro Princesa en el barrio de Velluters, para que "estos usos estén en coherencia con las necesidades del barrio". La plataforma ha reivindicado así su "derecho a decidir sobre el uso del solar" con motivo de la reunión de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que ha tenido lugar hoy, después de que la semana anterior se hiciese público "la intención de iniciar el proceso de expropiación del solar".
La asociación ha celebrado la decisión del consistorio que ha decidido iniciar "los trámites de la expropiación" del solar del Princesa, pero ha instado al Ayuntamiento que "se escuche la voz" de los vecinos del barrio, especialmente a la cuestión que incumbe la gestión de nuevo espacio sociocultural.
"Esta semana se ha hecho pública en la prensa la intención de iniciar el proceso de expropiación del solar, dedicando una parte del mismo a dotación sociocultural y otra a zona verde", ha apuntado la plataforma en el comunicado.
"Los medios de comunicación también recogen una probable gestión indirecta del espacio, así como la falta de dotación económica para este año", ha añadido.
En este sentido, ha incidido que el vecindario pide "la gestión directa del espacio sociocultural", contrariamente a la "posible gestión indirecta" que plantea el consistorio.
Asimismo ha instado que se lleve a término la expropiación, "en contra de las declaraciones hechas por el Ayuntamiento respecto a la falta de dotación económica" el pasado febrero, y ha recordado que "Velluters es un barrio olvidado por el ayuntamiento" cuando se tratada de "dotarlo de espacios y, por tanto, de invertir dinero".
"La construcción del futuro espacio" debe adecuarse a las "necesidades" de los vecinos, por lo que exigen un "espacio polivalente" y valoran "la opinión de las asociaciones y entidades del barrio", ha manifestado la asociación de defensa del solar.
Para ello, la plataforma, que cuenta "desde el principio con el apoyo de la Asociación de Vecinos EL Palleter de Velluters, Ca Revolta, Endavant y la Agrupación e Artquitectos Sostre, ha solicitado una reunión con la concejalía de urbanismo con el fin de transmitirle las reivindicaciones.
Asimismo, ha recordado que durante el otoño de 2009 la plataforma organizó una consulta popular entre 228 vecinos del barrio para que manifestasen su voluntad con respecto al futuro del solar.
En dicha consulta, un 97,4 por ciento de los participantes votaron a favor de la construcción de un equipamiento público, mientras que un 2,8 por ciento votaron en contra.
La misma fuente ha indicado que un 89 por ciento votó que sí a la gestión directa de la instalación por los vecinos del barrio y un 38 por ciento se inclinó por uso cultural del solar, un 23 por ciento por un centro social, mientras que el resto optó por otro tipo de instalaciones para fines educativos, deportivos o zonas verdes. EFE
* Las Provincias - 25.05.10
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
El alcalde de Tui desafía el veto de la Xunta a un proyecto de su promotora
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ELPAÍS/Pontevedra* : Todo está aparentemente listo para que Tui cuente al fin con un Plan General de Ordenación Municipal. Todo, excepto un pequeño detalle: una urbanización de la inmobiliaria del alcalde de la localidad. La actuación, conocida como Patazumba, consiste en la construcción de más de 300 viviendas promovidas por una empresa del regidor, Antonio Fernández Rocha, del PP. A los requerimientos de la Xunta, que obliga a respetar un hórreo centenario enclavado en el corazón de los terrenos, el Ayuntamiento tudense ha replicado con un informe que asume otras observaciones de la Administración autonómica, pero no la que afecta al hórreo, y por tanto al negocio del alcalde, apoderado de la promotora Provitui, propiedad de su hijo.
Además de los problemas administrativos, derivados de la protección del hórreo de Patazumba y de una casa anexa, el proyecto inmobiliario de Rocha se enfrenta también a los judiciales, después de que la Audiencia de Pontevedra paralizara la obra en enero de 2007. Al propio alcalde se le imputan, entre otros, delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico, pero Antonio Fernández Rocha y Provitui insisten en defender una actuación de la que depende la salud económica del grupo empresarial. En un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, de enero de 2009, se rechazaba la propuesta del Ayuntamiento tudense de trasladar el hórreo, "dada su singularidad". Se trata "de uno de los más destacados de Tui, ya que consta de siete pares de pies". Y, de acuerdo con la documentación de Patrimonio, "debe quedar vinculado a la casa y a la finca a la que pertenece", para proteger así su "valor cultural". El informe de la Xunta establece otras observaciones al Plan General, todas ellas incorporadas excepto la que afecta al hórreo, que según Fernández Rocha daría al traste con el Plan Especial Integrado 5, el de su inmobiliaria. El ayuntamiento acaba de contestar a la Xunta con otro informe en el que replica que el mantenimiento del hórreo supondría "un impacto de gran magnitud en la ordenación del Plan General". También alega que "haría inviable" un eje y una intersección viarios, pero lo sustancial viene a continuación, cuando advierte de que "se trastoca" así una ordenación en curso de ejecución -en realidad, paralizada judicialmente-, "con la obligación de abordar las indemnizaciones previstas" a los propietarios. Esto es: a la empresa de Fernández Rocha y su hijo, que anticipan así su intención de pedir una reparación económica en el caso de tener que renunciar a la urbanización en las condiciones previstas. Y las condiciones no eran precisamente leoninas. La empresa compró la finca principal del solar, de 6.000 metros cuadrados, por 1,7 millones de euros en abril de 2003, y completó así total de 14.648 metros cuadrados. Cuatro meses más tarde, en pleno agosto, el Ayuntamiento recalificó el terreno, para permitir el doble de las alturas autorizadas en las demás urbanizaciones de la zona. Una denuncia de la fiscalía a la juez permitió paralizar las obras, que habían comenzado sin licencia. Rocha lo intentó de nuevo con dos planes generales sucesivamente anulados por la Xunta, uno de ellos por el entonces conselleiro de Política Territorial Alberto Núñez Feijóo. La finca Patazumba es ahora el último obstáculo para obtener el visto bueno de la Xunta al Plan General de Ordenación Municipal, mientras el ayuntamiento tudense sigue rigiéndose por las normas subsidiarias de 1994. Fernández Rocha mantiene una relación directa o a través de su hijo con siete inmobiliarias y constructoras.
Cinco presuntos delitos
El alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, es un habitual de los juzgados. Aunque hasta ahora se ha librado de condenas relevantes, casi siempre por asuntos urbanísticos, el caso Patazumba es el de mayor relieve político y judicial de cuantos ha tenido que afrontar. Lo tramitó la titular del juzgado de instrucción número 1 de Tui, que en febrero de 2008 dictó auto de incoación y procedimiento abreviado contra el regidor municipal y otros siete implicados, a los que imputaba los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico. El caso pasó a la Audiencia Provincial, que todavía no ha resuelto una solicitud de anulación del auto de la jueza.
Según la instructora, el pleno municipal "modificó determinados aspectos de la normativa municipal, favoreciendo con ello, de forma deliberada, los proyectos de la empresa" del alcalde y su hijo. El ayuntamiento también aprobó estudios de detalle para urbanizar terrenos en los que "no cabe urbanización alguna". Rocha se benefició recientemente de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó un recurso de la Xunta contra planes urbanísticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba, por presentarse fuera de plazo.
* ELPAIS.com - 24.05.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
El Supremo anula un plan casi ejecutado de 3.381 viviendas en la costa por su efecto pantalla
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Supremo ha anulado el programa de actuación integrada (PAI) Sector Playa de Almenara, aprobado por el ayuntamiento en 2003 y ya casi ejecutado, por incumplir la Ley de Costas y construir una "pantalla arquitectónica" en la zona de reserva de dominio público marítimo terrestre. La sentencia, que sienta jurisprudencia, supone un aviso a navegantes para las murallas de edificios que aún se pretenden construir en la costa que podrían llegar a anularse, si algún afectado inicia una demanda como ha sido el caso de esta población de la Plana de Baixa de más de 5.000 habitantes y gobernada por el PSPV-PSOE.
La anulación del Sector Playa de Almenara la han impulsado una docena de propietarios de viviendas edificadas en la misma playa, en un suelo que el Plan Especial de Ordenación del Grao de Almenara, de 1973, clasificaba como urbano. En 1981, las normas subsidiarias municipales dividieron la zona litoral en diez sectores. En uno de ellos se incluyeron las casas de los demandantes. En 1999, el Ayuntamiento de Almenara aprobó un concierto previo en el que redujo a dos los diez sectores urbanizables en la playa "para proceder a un crecimiento moderado y respetuoso con la franja litoral". En 2001, la empresa Promometa SL (perteneciente al grupo Astroc del empresario Enrique Bañuelos) presentó el PAI Sector Playa, que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Almenara el 21 de enero de 2003. La docena de propietarios que presentaron la demanda, recurrieron el PAI porque los terrenos en los que fueron incluidos sus viviendas se declararon suelo agrícola de especial protección (lo que elevaba a cifras astronómicas las cuotas de urbanización que debían pagar al ser incluidos en el nuevo PAI). De ahí que decidieran presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que inicialmente dio la razón al Ayuntamiento de Almenara. Esta sentencia del TSJ ha sido ahora anulada por el alto tribunal.
La suspensión del Supremo
El Supremo anula el PAI Sector Playa de Almenara porque incumple el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988 que obliga a "evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo".
Los doce propietarios, representados por el abogado José Luis Ramos, alegaron ante el TSJ (que no tuvo en cuenta este argumento) y ante el Supremo (que lo ha admitido) que el artículo de la Ley de Costas se había infringido porque "los terrenos del Plan Parcial Sector Playa se encuentran en la zona de reserva de 500 metros del dominio público marítimo-terrestre y supone un considerable aumento de la edificabilidad y del número de viviendas permitido".
El Plan Parcial y PAI Sector Playa, que modificó las normas subsidiarias de Almenara a través de una homologación, "amplió la superficie de suelo urbanizable que en 1981 era de 479.700 m2 a 676.226 m2 en 2001; la edificabilidad máxima pasó en los mismos años de 191.800 m2 a 338.000 m2 y el número máximo de viviendas se elevó de 1.199 a 3.381 pisos", según detallaron los demandantes en su recurso.
Durante el contencioso tanto el TSJ como el Supremo requirieron al Ayuntamiento de Almenara para que aportara pruebas documentales de que la edificabilidad del PAI Sector Playa no era superior a la media del suelo apto para urbanizar todo el municipio. Ni a uno ni a otro tribunal dio "el Ayuntamiento de Almenara una respuesta mínimamente consistente" sino que ofreció una "incompleta y evasiva respuesta" en la que sólo informaba de las diferencias de edificabilidad en el sector Playa en 1981 y 2001.
Por tanto, el Supremo entiende que "debe considerarse acreditado que el Plan Parcial impugnado permite una densidad de edificación superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término de Almenara" y que debe imputarse al Ayuntamiento de Almenara la falta de acreditación de la diferencia exacta de edificabilidad prevista entre el sector objeto de controversia y la media del suelo urbanizable del término municipal; no sólo porque el ayuntamiento dispone de ese dato y, sin embargo, no lo puso de manifiesto en sus escritos de contestación a la demandada y de conclusiones, sino porque, además, tampoco lo proporcionó cuando expresamente fue requerido para ello en periodo de prueba".
* Levante-emv - 24.05.10
Foto: Almenara (Castelló), playa (archivo)- mma.es
Lo que faltaba
JUAN JESÚS RODERO/Zamora* : Bueno, pues es lo que faltaba, que tras el show montado por Adeiza con el Plan de Urbanismo de Zamora a cambio de la Fundación Ortega y Gasset, ahora resulte que ni siquiera a los propios órganos directivos de la Fundación les acaba de convencer el acuerdo forzado por los independientes con la Junta y el Ayuntamiento de la capital hasta el punto de que dudan de que llegue a convertirse en realidad, algo en lo que, por cierto, coinciden muchos zamoranos. Y es que ni el fin justifica los medios ni todo vale en política, ni en la vida. Importantes declaraciones las que ha efectuado al periódico el secretario de la Fundación, con sede en Madrid, que no ha tenido empacho en reconocer que ve muy difícil que la Junta y el Ayuntamiento impulsen de verdad el instituto de la Fundación pues advierte falta de voluntad para ello en el PP y más concretamente en la Administración regional.
Aseguran que ni siquiera se les ha informado por su parte del pacto entre el equipo de gobierno municipal y los dos concejales independientes que posibilita la ubicación de un instituto interuniversitario de la Fundación, la gran obsesión de Adeiza.
Hay otro punto en todo este asunto, tan surrealista por la forma en que se viene desarrollando, que parece determinante, y es la necesidad de que una universidad respalde la implantación del futuro centro, cuestión imprescindible para regularizar los cursos que puedan impartirse así como para otorgarles validez académica. En este sentido, el secretario de la Fundación ve a la Universidad de Salamanca dando largas al asunto, lo mismo que la Junta, lo que a su juicio implica que no están por la labor.
Pero todavía hay otro aspecto más, al que se puede llegar, o no, como lectura de fondo de las palabras del alto cargo de la Fundación, y es que da la impresión, de alguna manera, de no estar demasiado satisfecho de cómo se ha desarrollado todo este asunto que ha estado politizado de principio a fin y que lo sigue estando. Parece evidente un fondo de malestar en el seno de la Fundación, que tal vez no se concrete exclusivamente en la Junta y en el Ayuntamiento de la capital pese a las acusaciones hechas de que aun contando con el reconocimiento oficial del pacto se continúa, en el fondo, igual que hace tres años. Que fue cuando aparecieron los dos ediles de Adeiza con su cansino tema bajo el brazo.
Por el contrario, el portavoz de los independientes, que resta importancia a las declaraciones efectuadas por el responsable de la Fundación aunque reconoce el malestar latente en ellas, se muestra impenitentemente optimista, hasta el punto de que confía en que en octubre el instituto interuniversitario esté en marcha. Lo que no se cree ni él, claro. Bastaría con que recordase Mateos el trato que ha recibido del PP en anteriores ocasiones, bastantes años atrás. Pero ni siquiera lo de la universidad será problema para el animoso concejal de Adeiza que piensa que si Salamanca no quiere no faltarán otras universidades de la región para respaldar el proyecto. Cosa de la que cabe dudar por bastantes razones. Pero, en fin, esperemos que todo se vaya solucionando y que el culebrón tenga un final feliz.
* La Opinión de Zamora - Opinión - 22.05.10
Maniatados por corruptos
TELECINCO* : España enferma de corrupción. La cultura del pelotazo ha empapado los resortes del Estado y el país se asfixia. Un 8,99% de los 8.112 municipios españoles sufre por estas manzanas podridas de la sociedad. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, la institución tramitaba en noviembre de 2009 un total de 730 causas contra cargos públicos. La financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito han sustraído, en el último decenio y en tan sólo 28 casos, la friolera de 4.158 millones de euros, según los cálculos de El Mundo.
Como muestra un botón: Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, podría haber acumulado más de 2.400 millones entre 1991 y 2006, tal y como indica el Informe sobre la Democracia Española 2009 de la Fundación Alternativas, una entidad ligada al PSOE.
Desde 2004 España se ha desplomado diez puestos en el Informe Global de la Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI), lastrada por los delitos urbanísticos. La orgía del ladrillo, ahora en crisis, ha colocado a nuestro país en el puesto trigésimo segundo de una lista de 180 países. Lejos de EEUU, Francia, Alemania y el Reino Unido, la valoración de 6,1 puntos supera a Italia y Portugal.
Este año el Consejo de Europa alzaba su dedo para señalar a España. "En los últimos 10 años (...) parece que la corrupción sigue siendo un problema evidente, especialmente a nivel local", según los evaluadores del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción).
El documento, elaborado en mayo de 2009 y publicado en febrero de 2010, es demoledor con el sector público: este "complejo marco legal es especialmente deficiente", afea el organismo. Los síntomas muestran con claridad cuál es el problema: España se duele de tramas locales asociadas al desarrollo urbanístico.
El mapa más negro
Aunque ningún enclave queda a salvo de los tramposos, hay autonomías más castigadas que otras. Javier García Sotoca, decano de los Juzgados de Las Palmas, confirmó en enero que su comunidad se ha colocado en segundo puesto en lo que a causas de prevaricación se refiere.
Dos centenares de imputados y casos como el Faycán de Telde también han situado a Canarias como la tercera zona con más casos de corrupción urbanística, sólo superada por Madrid y Andalucía.
Ubicua pero no generalizada
Las corruptelas tampoco distinguen de siglas. El PSOE y el PP acumulan 464 de estas causas, 264 asociadas a Ferraz y 200 a Génova. En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumula 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal 17, Unió Mallorquina siete, Esquerra Republicana de Catalunya cinco, el Bloque Nacionalista Galego tres y el PNV otras tres, según informó el fiscal general, Candido Conde-Pumpido, en una comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
A estos casos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro a uno de Eusko Alkartasuna, así como 67 investigaciones seguidas contra miembros de otras asociaciones locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación de los sospechosos. En definitiva: no hay partidos más corruptos que otros.
Pese a estas actuaciones tan extendidas (594 procedimientos judiciales abiertos y 136 diligencias), los chorizos y pícaros que se tuestan bajo el sol no abundan tanto como parece: no es un fenómeno generalizado, aunque el ciudadano lo percibe así. De hecho, en diciembre de 2006, un 53,3% de los encuestados por Sigma Dos para El Mundo pensaban que en el ayuntamiento de su ciudad había corrupción.
Sin embargo, existen "más de 66.000 concejales y alcaldes, 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado" y estos casos de podredumbre institucional no llegan "al 1%", según Conde-Pumpido.
¿Percepción o realidad?
La sombra negra se cierne sobre todos por igual. Socialistas, populares y nacionalistas, ciudades y pueblos. Nadie escapa de las garras de la prevaricación, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, nadie burla su largo etcétera.
El fantasma del fraude cabalga de nuevo, pero sus rasgos presentan sutiles diferencias con los desfalcos de la década de los ochenta y noventa. Si Filesa, Naseiro o Casinos se urdieron para financiar al PSOE, PP y CiU, respectivamente, los nuevos corruptos pretenden llenarse los bolsillos.
Aunque España no tiene una corrupción masiva, el 'todos roban' y el 'son unos mangantes' se escucha a diario. Para el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, la paradoja española es que, mientras muy pocos españoles declaran tener una experiencia directa con la corrupción, un alto porcentaje considera que está creciendo (un 48%) y una abrumadora mayoría opina que afecta "muy significativamente" a la vida política (un 66%).
Las expertas Betty A. Dobratz y Stephanie Whitfield alegan que, "aunque algunos podrían sugerir que idealmente los escándalos por sí solos pueden derribar gobiernos", los electores tienen en mente más de una cuestión a la hora de depositar su papeleta.
En cualquier caso, las naciones latinas son más permisivas con esta plaga. Incluso "se admira al pillo y al que mejor defrauda", apostilla Jesús Lizcano, presidente de TI. Ésta puede ser la razón por la que las urnas acostumbran a perdonar a los implicados. IUL
* Informativos Telecinco - 24.05.10
Foto: La operación Malaya destapó la caja de Pandora. En la imagen, Juan Antonio Roca sale de un furgón de la Guardia Civil (archivo) - telecinco.es
Dos hoteles amenazan uno de los últimos paraísos andaluces
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PÚBLICO/Cádiz* : La empresa sevillana Chival Promociones prevé la construcción de dos hoteles de cuatro y cinco estrellas a unos 500 metros de la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz, 13.000 habitantes), una de las pocas del litoral andaluz libres de la invasión masiva del ladrillo. La Plataforma Contra el Macroproyecto Hotelero en El Palmar (PELP), articulada en torno a turistas y grupos ecologistas, suma ya más de 67.000 adhesiones.
El proyecto cuenta con el apoyo expreso del ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pese a que supondrá la pérdida del carácter único de El Palmar, una playa casi virgen, excepcional en un litoral andaluz masificado. "Cumplimos los trámites y tenemos los avales legales. Es un proyecto de turismo de excelencia y creará 150 empleos directos", afirma el alcalde de Vejer, Antonio Verdú (PSOE).
En unas recientes declaraciones, Verdú afirmó que El Palmar no debía quedar para un turismo de "bocadillo de mortadela". Sus palabras, que el alcalde denuncia que "se sacaron de contexto", retratan su interés por alejar el perfil de turista hippie que se asocia a la zona, en la antítesis del cliente ideal de resorts destinados para las rentas medias y alta.
Los portavoces locales de PP, José Ortiz, e Izquierda Unida, José Antonio Bello, también apoyan sin fisuras el proyecto. Incluso los detractores del mismo admiten que los vejeriegos, que sufren alrededor de un 30% de paro, respaldan la iniciativa. El regidor socialista no oculta que los hoteles serán puerta de entrada a otros proyectos mayores, e incluso afirma que servirá para frenar la proliferación de pequeñas construcciones ilegales, incluyendo chiringuitos y alojamientos piratas.
"Es de risa que ahora digan que los hoteles van a solucionar un problema que es culpa suya por no controlar el territorio", protesta Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción. "Esta zona es de los pocos paraísos que quedan. No la convirtamos en un calco de lo demás", añade. Sobre el empleo, Yllescas advierte: "Al final trabajarán pocos, sólo en verano y sin cualificación".
Paisaje protegido
PELP, que se presentará hoy en Sevilla, solicita a la Junta de Andalucía que declare la zona paisaje protegido y que emita, por tanto, un informe de impacto ambiental. La sevillana Chival, que asumió el proyecto el año pasado tras abandonarlo la promotora Riera Marsá en concurso de acreedores, ya ha depositado 180.000 euros en el ayuntamiento como aval, según confirman en la empresa. Pese a que el alcalde considera que las obras podrían comenzar antes de 2011, Chival evita dar fechas.
Juan Muñoz, presidente de Chival, y su hermano Fernando, apoderado, están imputados por cohecho en un auto de 2009 del juzgado 2 de Santa Fe en el marco del caso Alhendín. El juzgado investiga las irregularidades urbanísticas en el pueblo granadino, que provocaron la dimisión de los anteriores alcalde y concejal de Urbanismo (PP).
Fuentes de la máxima representación de Chival defienden la “inocencia” de ambos, desligan lo ocurrido de El Palmar y subrayan que han pedido el archivo de la causa. El alcalde de Vejer no ve motivos de recelo: “Aquí han llegado cumpliendo con todos los trámites”.
* Público - 24.05.10
Foto: El Palmar, una de las pocas playas salvajes que quedan en el litoral andaluz. - Laura león, publico.es
San Lorenzo aprueba un centro comercial en una zona protegida
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ELPAÍS/Madrid* : Una plataforma vecinal denuncia graves irregularidades en el proyecto. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP) ha aprobado la construcción de un polígono comercial dentro del perímetro de la Cerca Histórica de Felipe II, en el denominado Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid en junio de 2006.
El Consistorio de este municipio, de 17.889 habitantes, ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización del sector SAU-2, que según la denuncia realizada por la Plataforma Ciudadana Escurialense consta de 440.000 metros cuadrados, "pese a que la ficha urbanística señala que el terreno mide 384.000 metros, por lo que creemos que se ha incluido suelo no urbanizable", explicó una de las portavoces de la plataforma, Magoga Piñas, que indicó que este territorio también está incluido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque de la Sierra de Guadarrama.
El "desfase" de la superficie promovida y "el incumplimiento" del decreto de la Comunidad por el que se declaró Bien de Interés Cultural, según la Plataforma, les han convencido para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de permitir el inicio de las obras."La declaración de un Bien de Interés Cultural prevalecerá sobre los planes y normas urbanísticas que afecten al inmueble, debiendo ajustarse dichos planes y normas a las resoluciones o bien si estaban vigentes ajustarse también mediante las modificaciones oportunas", recuerda la portavoz de la Plataforma, consciente de que el Plan Parcial referente al polígono fue aprobado antes de la declaración del Bien de Interés Cultural, "por lo que tendría que ser modificado y el proyecto de urbanización debería quedar en suspenso".
Para los miembros de la plataforma el acceso planteado a lo que denominan "un macrocentro comercial" implica también la destrucción de 11 metros de la cerca, "en clara contradicción con lo establecido en el decreto que lo protege, que prohíbe la eliminación de partes del bien".
No obstante, reconocen que los empresarios que promueven este proyecto se han visto obligados por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid a recuperar toda la Cerca, "que es muy importante", indica Magoga Piñas.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Comunicación, Gonzalo Cuesta, defendió la importancia de esta iniciativa urbanística, al tiempo que negó que esta promoción sea un centro comercial, tal y como denuncia el colectivo ciudadano: "Este proyecto tiene más de 10 años. Es vital para la economía local y no es un centro comercial, sino que hay zonas industriales, de ocio y talleres". Asimismo, negó que haya un desfase de superficie con respecto a lo previsto en el plan parcial.
Finalmente, restó importancia al hecho de que la empresa encargada del proyecto de reparcelación sea Arnaiz Consultores, cuyo propietario, Leopoldo Arnaiz, fue llamado a declarar por la fiscalía en relación al tamayazo en 2003, que impidió la formación de un Gobierno de coalición entre PSOE e IU en la Comunidad de Madrid. El nombre de Arnaiz apareció en la investigación que se seguía sobre Francisco Bravo y Francisco Vázquez, los empresarios que pagaron la habitación del hotel en el que se refugió el ex diputado tránsfuga del PSOE Eduardo Tamayo, y cuya traición impidió la investidura del entonces candidato socialista Rafael Simancas.
* ELPAIS.com - 24.05.10
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde monte Abantos - madridiario.es
Argentina: En La Plata y aquí también
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PÁGINA12/Buenos Aires* : El plan tan rentable para destruir la ciudad de La Plata alzando edificios en altura en su casco histórico –que allá es el casco fundacional– está generando un verdadero escándalo político. La reunión de vecinos del fin de semana pasado reunió a 150 personas frente al Teatro Argentino, que se constituyeron en el núcleo de una futura ONG por el patrimonio. El modo en que se aprobó la ordenanza que permite demoler todo también creó su escándalo. Como fue aprobada sobre tablas, sin debate ni estudios públicos, y como revierte completamente un sistema que baja las alturas en el centro, la movida huele a negocio.
Los bloques de oposición están furibundos con uno de los ediles que entró al recinto y dio quórum para tratar el tema. Varios de sus colegas lo describen con lenguaje irreproducible como un idiota terminal, otros varios como un vivo excesivo, también en lenguaje no apto para la página.
Mientras, en Ciudad Gótica, ya se nota la parálisis de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura porteña. El cuerpo sigue votando proyectos de patrimonio que llevan la firma de Teresa de Anchorena, que dejó la asamblea ya en diciembre. Y no hay nada más que tratar, porque la comisión todavía no envió ni un proyecto en lo que va del año. Nada, zilch, niets. Lo que hace muy felices a enemigos del patrimonio como Silvina Pedreira y Alvaro Gómez, de la Comisión de Planeamiento, claramente dedicada a representar a los intereses económicos de los depredadores y no al pueblo porteño que los votó. Lo mismo que hace el Ejecutivo porteño desde la Dirección General de Interpretación Urbanística, obviamente a cargo de un gran actor. Resulta que ese ente tiene el encargo de girar a la Legislatura los expedientes que el CAAP –el Consejo Asesor en Asuntos de Patrimonio– considere a preservar. Ya son más de 600, pero la Dirección General se hace la sueca y no envió siquiera uno. El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, ya se interesó en el asunto y va a preguntarle al Ejecutivo las razones de la larga siesta de su director general cuando se trata de patrimonio.
* Página 12 - 22.05.10
Foto: La Plata (Argentina) - diariohoy.net
Lanzarote: La isla tendrá una asociación contra la corrupción
LAPROVINCIA* : El próximo martes, 25 de mayo, coincidiendo con el primer aniversario de la operación Unión, se presentará en el hotel Lancelot de Arrecife, a partir de las 20.00 horas, una nueva asociación en Lanzarote denominada Transparencia Urbanística. Después de este acto se desarrollará una mesa redonda bajo el título de Cómo afecta la corrupción al bolsillo de los ciudadanos, en la que intervendrán David Hammerstein, ex eurodiputado de Los Verdes, Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional-España, y Enrique Climent, de Abusos Urbanísticos No.
La lucha contra la corrupción y sus estrechos vínculos con el urbanismo salvaje, así como la promoción de un modelo de desarrollo sostenible, han inspirado la creación de Transparencia Urbanística, una asociación cuyo ámbito territorial abarcará también a toda Canarias.
Según los promotores de esta asociación las personas implicadas en el proyecto llevan años de lucha en el ámbito del territorio, el urbanismo y el medio ambiente.
Según Transparencia Urbanística sus objetivos se resumen "en la prevención y lucha contra las diversas formas de corrupción en el ámbito de la ordenación y gestión territorial, urbanística y de los recursos naturales, recopilando información sobre supuestos concretos, poniéndola en conocimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos, promoviendo la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, y movilizando a la sociedad civil".
* La Provincia - 22.05.10
No a la requalificació del Miniestadi - Informe assemblea 22 d'abril
COORDINADORA d’AAVV* : L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el tràmit administratiu per a requalificar el Miniestadi mitjançant una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) fet a la mida del demandant (el Sr. Laporta en nom del Barça) sense fer cas de la llei que mana la conservació dels equipaments i zones verdes de la ciutat. Hem entrat en el procés de rebatre la MPGM mitjançant arguments legals i en el tribunal de justícia que correspongui, i per això ja hem presentat les al·legacions a l’ajuntament.
La representat de l’AA VV del barri de Gràcia ens va explicar que ells van guanyar davant dels tribunals el cas de la requalificació dels terrenys de la clínica Quirón, evitant que si facin pisos i mantenint-ho com a equipaments pel barri. Com a primícia ens va explicar que han presentat l’expedient a la FISCALIA ANTICORRUPCIÓ perquè obri una investigació i que els hi han admès a tràmit, cosa gens fàcil. Els propers dies en sentirem a parlar. Aquest cas també l’està portant el nostre advocat Eduard Moreno.
Com podeu veure, RES ESTÀ FET, encara que voldrien que ens desaniméssim, cada vegada hi ha més motius per pensar que no ho aconseguiran i que ELS EQUIPAMENTS SEGUIRAN AL BARRI, perquè, tal com va dir el representant de la FAVB , aquest projecte té molts punts febles
Així les coses, i sabent que la via judicial és llarga, ens cal pensar en una organització a curt i llarg termini per assegurar mitjans informatius i econòmics corresponents a la nova etapa. De moment ens sembla important mantenir setmanalment la taula informativa, impulsar la venda de motxilles que vam iniciar a l’assemblea i la difusió de la nostra reivindicació ciutadana en tots els àmbits de la societat: entitats culturals, revistes, diaris, escoles, associacions, universitats,etc
És per això que demanem la vostra col·laboració. Ens reunim cada dilluns al local de la Travessera de les Corts 94 a les 19,30h i voldríem comptar amb la vostra presencia i els vostres suggeriments.
Si ens envieu un mail amb el text PARTICIPAR us afegirem a la llista de les persones convocades a les reunions de treball.
Moltes gràcies pel vostre interès i fins aviat.
* Coordinadora d’AA VV i Entitats de Les Corts - maig 14, 2010
Foto: Barcelona, Coordinadora d’AA VV
