ELPAÍS* : "Estamos profundamente preocupados por la escalada reciente de ataques políticos a los científicos en general y a los científicos del clima en particular". Así arranca una carta abierta firmada por 255 miembros de la Academia Nacional de Ciencias (EE UU), incluidos 11 premios Nobel, que publica hoy la revista Science. Los investigadores equiparan la solidez del cambio climático a las grandes teorías científicas, como la del origen de la Tierra, el Big Bang o la evolución.
Explican que es perfectamente normal que, en investigaciones que realizan miles de científicos, se produzcan algunos errores que se corrigen en cuanto se detectan, "pero no hay ni remotamente nada en los casos recientes que cambie las conclusiones fundamentales acerca del cambio climático". Especialmente, reafirman "las pruebas objetivas, consistentes, exhaustivas e irrefutables de que los seres humanos están cambiando el clima de modo que amenaza nuestras sociedades y los ecosistemas de los que dependemos".
Se refieren los 255 eminentes científicos a unos errores, no significativos y rectificados, que recoge el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y que han sido aireados por algunos para desautorizar todo el informe. Asimismo, se han denunciado actividades privadas del presidente del IPCC, con la pretensión de cuestionar la labor de los miles de científicos que participan en sus trabajos. Los firmantes de la carta piden "que terminen las amenazas -tipo McCarthy-", denuncias y acoso a científicos "por parte de políticos que buscan distraer la atención para no tener que actuar".
* ELPAIS.com - 7.05.10
Foto: La Manga del Mar Menor hundida (fotomontaje)- greenpeace
255 científicos denuncian el ataque político al cambio climático
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Costa Rica: Traspié de la planificación urbana
NACIÓN/Editorial* : Quince millones de euros y años de dedicación debieron producir los grandes lineamientos de la Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana (Prugam), con efectos sobre 31 cantones ubicados entre Paraíso de Cartago y Atenas de Alajuela. Proyectado a treinta años, el plan tuvo el ambicioso objetivo de normar la expansión urbana y reemplazar con criterios ordenadores lo que hasta hoy es un caos más o menos contenido por las regulaciones vigentes. Quince millones de euros y años de dedicación más tarde, el país cuenta con obras “demostrativas”, como el bulevar de la Unión Europea (Avenida 4) y la iluminación del parque de Zapote, amén de nuevos planes reguladores en 22 cantones, pero la guía maestra del desarrollo urbano topó con el rechazo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La institución señala diversas incongruencias en el proyecto, en particular la existencia de riesgos para las zonas de protección ambiental. También objeta la poca consideración brindada a factores como las fuentes de empleo y el crecimiento poblacional en zonas específicas. Como para no declarar el costoso intento fallido, la ministra de Vivienda, Clara Zomer, y el presidente ejecutivo del INVU, Alfredo Bolaños, sentenciaron que algunos elementos del plan son “rescatables” y podrían ser utilizados en el futuro.
“Del ahogado, el sombrero”, parecen decir las autoridades rectoras del desarrollo urbano, pero el sombrero habría costado, en este caso, millones de euros. No puede dejar de causar asombro la facilidad con que los responsables pasan la página más de un año después de haber recibido el estudio. Más asombrosa aún es la explicación del Ministerio de Vivienda sobre su participación en el enojoso tema.
Edgar Brenes, director del Prugam, fustiga al INVU por rechazar un proyecto en cuya ejecución fue invitado a participar como ente rector del desarrollo urbano. Según Brenes, la institución siempre argumentó falta de personal y recursos. El presidente ejecutivo del INVU, por su parte, simplemente niega tener las competencias necesarias para supervisar el desarrollo del proyecto. De entrada, llama la atención que la entidad con potestades suficientes para rechazar el plan no las haya tenido para participar en su desarrollo.
Por añadidura, la ministra Zomer contradice al presidente ejecutivo y tercia en la polémica para dejar en claro la obligada participación del INVU. Tan claro tiene la Ministra el deber de supervisar que se declara sorprendida por la omisión: “Teníamos la confianza de que estaba siendo supervisado. Posiblemente se vieron las cosas desde un punto de vista parcial. No se vieron en su conjunto. No se qué pudo haber pasado”.
Tampoco el país sabe lo que pudo haber pasado, pero debe llegar a saberlo. Si atendemos las explicaciones de la Ministra, solo es posible concluir que el INVU, una institución bajo su rectoría, no supervisó la elaboración de un costoso plan de planificación urbana, cuyos alcances se proyectan sobre las regiones más pobladas de Costa Rica. En consecuencia, se vio obligado a rechazarlo, y del costoso proyecto solo quedan algunos elementos “rescatables”. Esos elementos son apenas partes de un todo cuya regulación daba sentido al proyecto. Prugam nunca tuvo el propósito de ser un instrumento parcial y, si termina siéndolo, en el mejor de los casos, apenas justificará algo de la inversión.
Las deficiencias y fortalezas del proyecto rechazado por el INVU son objeto de debate, pero la omisión de las autoridades urbanísticas fue confesada y falta saber si el Estado reaccionará para establecer las responsabilidades.
* Nación - Opinión - 5.05.10
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Llanes: Una sentencia que da vía a invalidar la revisión del PGO, según los expertos
LNE/Asturias* : «Una sentencia impecable». Ha sido la frase más repetida por varios expertos en urbanismo consultados ayer por este periódico. Todos destacaron que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha acertado al declarar nulo el plan de La Talá, porque es un instrumento de desarrollo de un plan general, el de 2002, también declarado nulo. Han coincidido asimismo al señalar que la doctrina que justifica la sentencia y sus consecuencias son aplicables a todos los planes urbanísticos, como el de Gijón, también declarado nulo y en revisión. Finalmente, destacaron como «lo más importante» del fallo el hecho de que los jueces señalen que a partir de ahora podrán ser declaradas nulas todas las actuaciones urbanísticas basadas en el actual plan general de Llanes.
El abogado Gerardo de la Iglesia calificó la sentencia sobre La Talá de «fantástica», además de «fuerte, dura y valiente». Aseguró que «va al grano y zanja el debate». Destacó la diferencia entre declarar «nulo» o «anulable» un plan urbanístico. En las sentencias sobre Llanes el TSJA ha declarado nulo de pleno derecho el plan general; o sea, «es nulo desde su raíz, desde que nació», independientemente de que no se haya resuelto el recurso de casación. Así que, por el «principio de jerarquía urbanística», todo lo que derive de esa norma, incluidos los planes parciales y las licencias, «carece de cobertura jurídica» y será también declarado nulo, dado que lo contrario «quebraría la seguridad jurídica y la unidad de doctrina».
El abogado Javier Junceda tildó de «acertado» que el TSJA haya anulado el plan de la Talá, en especial, por las irregularidades observadas en el trámite de información pública y las obligaciones formales y materiales incumplidas. «Estas infracciones fueron ya adecuadamente advertidas por la sala en sus (anteriores) fallos sobre el PGOU de Llanes, que juzgo impecables», destacó Junceda, quien también comparte con la sentencia «que las mismas obligaciones que se predican del plan general son aplicables también a un plan parcial».
«Es impecable la decisión de declarar la nulidad del plan de La Talá por ser nulo el PGOU al que se adapta», señaló Javier Calzadilla, abogado de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes . «Técnicamente es difícil de rebatir (la sentencia), dado que el Supremo permite que los tribunales superiores utilicen los mismos argumentos para anular el plan general y los instrumentos de desarrollo de éste, aunque no haya sido resuelta la casación», añadió. En cuanto a los efectos prácticos de la sentencia, Calzadilla destacó que al ser declarado nulo el plan quedan en el aire las licencias, incluso las ya concedidas, expuestas a ser impugnadas por cualquier ciudadano».
* LNE - 8.05.10
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Asturias
Aledo: Un juez anula el Plan General y critica el modelo económico del ladrillo
LAOPINIÓN/Murcia* : Una sentencia de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del TSJ de Murcia ha anulado la orden de la consejería de Obras Públicas de 29 de septiembre de 2004 en la que se aprobaba de forma definitiva el Plan General Municipal de Ordenación de Aledo. La norma urbanística, que se encuentra en vigor, contenía tal cantidad de superficie urbanizable -cerca de 27 millones de metros cuadrados- que permitiría ampliar la población actual de Aledo (poco más de 1.000 habitantes) hasta los 150.000 vecinos.
La sentencia, dictada por el magistrado Mariano Espinosa, supone un duro golpe al modelo de crecimiento económico adoptado en los últimos años por la mayoría de municipios de la Región en sus planes generales -recalificando superficie como urbanizable para el desarrollo de complejos de viviendas y campos de golf-. El juez considera que para la realización del PGMO de Aledo "la Administración local ha adoptado soluciones que han de considerarse irracionales y arbitrarias, que no sólo no vienen impuestas por la realidad del terreno, sino que, por el contrario, ésta demandaba la necesidad de conjugar la protección de los valores agrícolas, ambientales y paisajísticos con las perspectivas de crecimiento y de una actividad turística".
Asimismo, la Sala critica al Ayuntamiento "por no establecer las adecuadas previsiones en lo que se refiere a infraestructuras, concretamente la disponibilidad de agua para abastecer a la población resultante de la superficie urbanizable contenida en el Plan General". El fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, viene tras una denuncia de una empresa local que exigía que sus terrenos, catalogados como protegidos, fueran urbanizables. La Sala ha rechazado, en cambio, la demanda de la compañía.
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Aledo, Fernando Martínez, dijo ayer desconocer esta sentencia.
* La Opinión Murcia - 7.05.10
Foto: Aledo (Murcia) - regmurcia.com
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Tema: NOTICIAS Murcia
Imputado concejal de Manilva que dice haber sido denunciado por no dar licencia a una obra sobre suelo público
20MINUTOS/Málaga* : El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manilva (Málaga), Salvador Zotano (PSOE) y el que fuera gerente de la gerencia de Urbanismo de la localidad, Juan Herrera, tendrán que declarar el próximo 30 de junio como imputados ante el titular del juzgado de instrucción nº2 de Estepona que investiga una causa urbanística relacionada con la construcción de un complejo de apartamentos turísticos. Se les imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Según explicó en declaraciones a Europa Press el propio Zotano, este caso parte "de una querella presentada por un promotor porque se le denegó la licencia de primera ocupación a una obra que ocupa, parcialmente, suelo público". Según el concejal y primer teniente de Alcalde, "hay quién se ha querellado contra dos cargos públicos por defender el interés público" e insistió en que no se concederá la licencia de primera ocupación a esta promoción "hasta que no se restituya el interés público".
Zotano explicó que la querella se interpuso en 2007 pero él no tuvo constancia de la misma hasta octubre de 2008 "cuando apareció publicada en los medios de comunicación". Según dijo "el juez decide ahora, en 2010, archivar la causa, pero el ministerio fiscal, para que no haya vicio en la instrucción pide que se nos llame a declarar a los inicialmente demandados si bien esta querella ha derivado en un enfrentamiento entre los dos socios de la promoción".
El concejal de Urbanismo aseguró que tanto él como el otro imputado han presentado un escrito en el juzgado número 2 de Estepona pidiendo "el sobreseimiento de la causa y que, en el caso de que nos tengan que llamar que sea cuanto antes".OPOSICION
Tras hacerse pública la imputación de Zotano y de Herrera el concejal de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM), Emilio López Berenguer, exigió que se actúe contra Zotano al igual que se ha hecho con otros concejales imputados en otros municipios si bien criticó "el doble lenguaje del PSOE y de sus dirigentes y la doble vara de medir que habitualmente ponen de manifiesto y aplican continuamente, lo que hará que ni el PSOE provincial ni el PSOE regional, actúen, tal y como ya nos tienen acostumbrados".
Del mismo modo la ASM exigió a la alcaldesa, Antonia Muñoz (IU), "el cese inmediato de todos sus cargos a ambos". Por su parte el concejal de Urbanismo respondió a López Berenguer señalando que "el problema está en la licencia de obra original que le permite construir un trozo en suelo público y esa licencia la dio Emilio López Berenguer".
Respecto a las responsabilidades políticas, Zotano señaló que toda la documentación de este caso "está en manos del PSOE desde el primer momento que me apoya porque estoy defendiendo el interés público".
* 20 Minutos - 8.05.10
Foto: Manilva - J.R. (El País)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Granada: Manifestación y Jornadas de lucha contra la especulación urbanística
SOLIDARIOSCASADELAIRE* : Hoy viernes 7 de Mayo han dado comienzo las jornadas de lucha contra la especulación urbanística.Durante toda la tarde se han acercado numerosas personas. Desde las 17.30 en los alrededores de la facultad de ciencias políticas y sociología de Granada, los diferentes colectivos invitados han colocado mesas informativas con material relacionado con sus respectivos conflictos.Así mismo acudieron varias distribuidoras antiautoritarias de Granada.
Sobre las 18.00 se ha realizado en el salón de conferencias del Centro de documentación Científica de Granada la presentación de las jornadas resaltando la motivación de relacionar los conflictos y resistencias generadas contra la especulación urbanística y la necesidad de intensificar el compartir la problemática. Todo ello con el fin de hacerla extensible a todas aquellas personas y grupos que se levantan contra la especulación de nuestras vidas,
Seguidamente la jornada ha concluido con una charla sobre la ciudad capitalista en la cual han participado compañeros/as de Granada, del barrio del Cabanyal (Valencia),de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad (Bilbao) y del colectivo La calle es de todos/as (Sevilla)
Finalizada la charla se hizo un llamamiento a la participación en las actividades para los próximos días, haciendo especial hincapié en la manifestación contra la especulación que tendrá lugar mañana sábado a las 18:00 desde la plaza del Triunfo.
PROGRAMA
Viernes 7 de mayo:
(Facultad de Ciencias Políticas, C/ Rector López Argüeta (Mapa))
17.30h Exposición de colectivos (stands informativos).
18.00h Presentación de las Jornadas de lucha contra la especulación urbanística
18.15h Charla: La ciudad capitalista
· Introducción a la ciudad
· La Reforma Urbana, el caso del Cabanyal (Valencia)
· La expansión urbanística y trasformación territorial, el caso del Tren de Alta Velocidad (Asamblea contra el TAV, Bilbao)
· La regulación del espacio público, el caso de la Ordenanza Cívica en Granada
· La ciudad capitalista: caso Granada
„ Sábado 8 de mayo:
(Callejón del Ave María s/n, Local “El apeadero”. Cerca C/ San Matías, Realejo. Mapa)
9.30h Exposición de colectivos (stands informativos).
10.00h Presentación de los colectivos
11.30h Descanso
12h Mesa redonda con participación de todos los colectivos.
14.30h Comida
15.30h Sobremesa: documentales de luchas
18.00h Manifestación “Paremos la especulación. Nuestra vida no está en venta” Parque del Triunfo.
„ Domingo 9 de mayo:
11h-16h Excursión por el territorio amenazado por la Ronda Este Metropolitana.
Lugar de encuentro: Plaza Nueva (Mapa). Paradas informativas a lo largo del recorrido donde se explicarán las consecuencias que tendría la construcción de esta nueva autovía, junto con el desdoblamiento de calzada de la Ctra. de la Sierra.
* http://solidarioscasadelaire.blogspot.com/
* Solidarios Casa del Aire - 7.05.10
Foto: solidarioscasadelaire.blogspot.com/
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
La dimisión de los arquitectos
LAROTONDA/ABC/Cataluña* : Del proceso de consulta de la Diagonal se pueden hacer varias lecturas, y una nada menor es la que implica, y no deja en demasiado buen lugar, a los profesionales que se dedican a la arquitectura y al urbanismo. Muchas voces han hecho notar la extraña dimisión que ha afectado a este colectivo durante el proceso, en la que la mal llamada participación ciudadana ha acabado por sustituir, en aras de intereses políticos que nada tienen que ver con la democracia participativa, lo que no debería haber sido otra cosa que una decisión técnica.
Luis Alonso, uno de los aspirantes a decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña -finalmente ganó Lluís Comerón- explicó que fraguó su candidatura precisamente como reacción a todo el proceso de la Diagonal, extrañado de que la profesión como colectivo no levantase la voz ante tamaño despropósito. Así ha sido.
El Colegio de Arquitectos no se ha pronunciado como tal, y sólo a título individual se ha conocido la opinión de algunos profesionales, empezando por el propio Alonso, que se atrevió a soltar algo tan sensato, pero políticamente incorrecto en los tiempos que corren, como que «el diseño de la Diagonal no puede ser democrático». Aunque se ha acusado a arquitectos y urbanistas, y no sin razón, de crear más pensando en ellos mismos que en los usuarios finales de sus dibujos, extender la democracia participativa como dogma a cualquier proyecto urbano sería algo tan insensato como que los músicos o los poetas acabasen apuntando tal nota o tal rima por votación popular.
De aquel despotismo ilustrado de los primeros ochenta, representado por un todo poderoso Oriol Bohigas, se ha pasado a una urbanismo pseudo asambleario, tan aparente en las formas como falso en el fondo. Ni una cosa ni otra.
Una buena aproximación a estas cuestiones, tanto a la reforma en sí como a su proceso de participación, es el libro «Diagonals». Opinions sobre la reforma de l´avinguda de la Diagonal», que ha editado el FAD (Foment de les Arts i del Disseny), y recoge la opinión tanto de urbanistas, arquitectos, líderes vecinales, políticos, expertos en movilidad... en definitiva, un compendio de opiniones fundadas que, más o menos coinciden en un asunto: consultar a los ciudadanos sí, usarlos como coartada para tomar decisiones, no.
* ABC - 8.05.10
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
"Correa me ofreció 350 millones de pesetas por el contrato de basuras"
ELPAÍS/Madrid* : Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, intentó sobornar en febrero de 2003 a Bonifacio de Santiago, del PP, alcalde de Las Rozas, un municipio de la periferia de Madrid con 86.300 habitantes. Correa, según explicó ayer el alcalde a este periódico, propuso a De Santiago ganar 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) por conceder el contrato de recogida de basuras y de limpieza urbana a la empresa SUFISA, uno de cuyos directivos aparece imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos en municipios gobernados por el PP y próximos a Las Rozas.
Correa también salía beneficiado por la operación, ya que ingresaría en su cuenta otros 50 millones de pesetas (300.000 euros). La historia, que hasta ahora sólo se conocía en pequeños círculos del Partido Popular y del Ayuntamiento de Las Rozas, no está en el sumario abierto contra los integrantes de la red, entre los que se encuentran tres diputados regionales y cuatro ex alcaldes.
El intento de soborno ocurrió en febrero de 2003, según comentaron ayer fuentes municipales. La secretaria de Bonifacio de Santiago le dijo al alcalde que Francisco Correa quería reunirse con él. El alcalde accedió al encuentro. La sorpresa llegó después. Correa mantuvo una corta conversación con el regidor. El empresario le preguntó si iban a sacar en breve el concurso para la recogida de basuras en el municipio. De Santiago le dijo que sí, que estaba a punto de convocarse. Entonces surgió la invitación de Correa. "Te ofrezco 350 millones de pesetas [2,1 millones de euros] para ti y otros 50 [300.000] si la que gana es la empresa SUFISA", le dijo el interlocutor, según la versión del alcalde. De Santiago le invitó a salir amablemente del despacho. También le dijo que no le fuera a ver nunca más. Además, dio órdenes a su equipo para que no le concertaran ninguna entrevista con él para evitar problemas.
En una charla con los lectores de ELPAIS.com, De Santiago confirmó estos extremos en una de sus respuestas: "Sí. En febrero de 2003, el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en conocimiento de mis concejales".
SUFISA, la empresa para la que supuestamente intermedió Correa, logró contratos en Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el sumario del caso. El anterior alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y el de Boadilla, Arturo González Panero, ambos del PP, adjudicaron en 2002 la limpieza viaria y recogida de basura a una unión temporal de empresas (UTE), formada por SUFISA y FCC. En ambos casos, los concursos salieron por un valor de dos millones de euros y un plazo de 10 años. Conforme pasó el tiempo, la cuantía se duplicó y superó los cuatro millones.
SUFISA logró en 2002 un jugoso contrato de limpieza del distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones en 10 años. El concejal de Limpieza era Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre e imputado en la causa. SUFISA logró en 2002 un jugoso contrato de limpieza del distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones en 10 años. El concejal de Limpieza era Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre e imputado en la causa. La empresa SUFISA, presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación gracias a una comisión millonaria que entregó a la red de Correa. Según un informe policial que consta en el sumario, la trama corrupta se habría embolsado el 3% de la operación (1,2 millones de euros).
La trama de Correa siguió intentando hacerse con negocios en Las Rozas en al menos otras dos ocasiones. Presentaron, según el gobierno municipal del PP, dos proyectos para dirigir la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio. Ambas fueron rechazadas por la intervención directa del alcalde Bonifacio de Santiago.
La trama se dirigió directamente al concejal del PP Javier Espadas, que era entonces máximo responsable del Área de Urbanismo y ahora es concejal de Seguridad y Protección Ciudadana. El grupo de Correa quería hacerse con la gestión de la Oficinal de Atención al Ciudadano. Para ello, le presentó un dosier en el que incluía un edificio con mármoles y diversos lujos. El equipo de gobierno municipal la rechazó con la idea de que la mejor Oficina de Atención al Ciudadano de Las Rozas era el propio Ayuntamiento.
La trama que dirigía Correa insistió con un nuevo proyecto semanas después, que resultaba todavía más ambicioso, según fuentes municipales. Y tentó a Espadas para que aceptara el contrato. Le ofreció pasar un fin de semana en el chalé de Marbella de Correa y salir a navegar en su yate. El alcalde de Las Rozas se lo dijo muy claro a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me entere de que te vas a Marbella, te quito todas las delegaciones de inmediato". Fuentes municipales confirmaron que el concejal no acudió nunca a la vivienda de Correa en el municipio malagueño.
Donde sí consiguió hacerse con la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) fue en Boadilla del Monte, con González Panero como alcalde, por 560.000 euros al año. En Majadahonda, fue el actual alcalde, Narciso de Foxá, el que desmontó esta oficina nada más acceder al cargo tras sustituir a Guillermo Ortega. Suponía un presupuesto anual de 625.053 euros para la adjudicataria del contrato, TCM, una empresa también de la red. En Pozuelo, el ex alcalde Jesús Sepúlveda, del PP al igual que todos los anteriores, compró el proyecto de OAC al entramado empresarial de Correa. Otro municipio investigado en la trama, Arganda, desechó a última hora la creación de este servicio al ciudadano. El ex alcalde Ginés López intentó privatizar este servicio, pero al final lo rechazó.
El alcalde de Las Rozas participó ayer en un encuentro digital con los lectores de EL PAÍS y se mostró muy satisfecho de que nadie de su equipo de gobierno esté implicado en el caso Gürtel. "Creo que cumplí", respondió De Santiago al ser felicitado por un vecino de que el Ayuntamiento roceño no se haya visto salpicado por esta supuesta red de corrupción.
"Como no tengo ningún político implicado, no me he parado a pensar qué haría al respecto", contestó a un lector que le preguntó si hubiera actuado como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (destituyó a López Viejo y expulsó de su grupo a tres diputados regionales), o como el presidente del PP, Mariano Rajoy.
* ELPAIS.com - 7.05.10
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
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Tema: NOTICIAS Madrid
El Juzgado tumba la mayor urbanización de Llanes
ELCOMERCIO/Asturias* : La joya de la corona del urbanismo llanisco, la finca de La Talá, está de nuevo en el ojo del huracán. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias daba razón en sentencia del 30 de abril de 2010 a la Asociación de Amigos y Vecinos de Llanes (Avall), que pedía que se anulase el Plan Parcial que ordena toda esa zona y en la que estaba previsto construir 480 pisos en bloque y unas 90 viviendas unifamiliares a la entrada de la capital del concejo de Llanes, en una gran franja de terreno paralela a la costa.
El Tribunal basa su sentencia en que dicho Plan Parcial es inválido al estar anulado el Plan General de Ordenación Urbano al que se adapta, y no entra a valorar otras posibles irregularidades denunciadas por Avall, como la falta de exposición pública, la falta de documentación, la falta de una evalución de impacto ambiental o la ocupación de una zona de protección costera. Así, el juez desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Llanes, la Junta de compensación del Plan Parcial de La Talá y la Dirección General de Costas, que solicitaban la desestimación del recurso de Avall, y anula el acuerdo de fecha 2 de septiembre de 2005 del Ayuntamiento de Llanes que aprobaba definitivamente dicho plan parcial.
En sus fundamentos de derecho, el tribunal considera que, aunque haya un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, el Plan General de Ordenación de Llanes está anulado por ese mismo juzgado, y además en dos ocasiones, en los años 2007 y 2008, así como las Normas Subsidiarias de 1992, que también fueron anuladas en su día. El juzgado recuerda que el Plan Parcial de La Talá fue introducido en el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes en lo que considera un intento de «convalidación» a través de una Disposición Adicional Única mediante la que se «declaran vigentes los instrumentos del planeamiento y gestión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este plan y que son los siguientes: Plan Parcial de La Talá, Plan Parcial de La Huertona, Plan Parcial de Llavandera, Plan Parcial del Polígono de Posada y Unidad de Actuación de El Sablón». Considera el juzgado que «no se ha respetado el procedimiento de elaboración de todos ellos, al no haber pasado el trámite de exposición pública».
Así, se da por sentado que al estar anulado el Plan General llanisco, «y sin necesidad de que se haya planteado un recurso o no», se «priva de de cobertura al planeamiento de desarrollo». Y basándose en diferentes sentencias, deja claro que «las sentencias anulatorias del Plan General producen efectos para el Ayuntamiento afectado aunque no hayan ganado firmeza, quedando aquél obligado a soportar sus consecuencias cuando se plantee un litigio y las partes invoquen la anulación», tal y como sucedió en el Plan Parcial de La Talá. Así, se explica en la sentencia que es más ajustado a derecho «resolver teniendo en cuenta la nulidad» del PGOU de Llanes, lo que lleva directamente a declarar la nulidad del Plan Parcial de La Talá.
Lo más preocupante para el municipio es que esta sentencia abre un horizonte peligroso, que Avall además ya está oteando: el resto de planes parciales y hasta las licencias urbanísticas concedidas podrían seguir el mismo camino que el Plan Parcial de La Talá y ser declaradas nulas si alguien así lo reclama. «A partir de ahora estudiaremos qué acciones tomar», explicaban desde la asociación vecinal. Y apuntaron hacia otro de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Llanes: el auditorio del Sablón. «Saben que ahí no se puede construir», advertían desde Avall, quienes no descartan «acudir a partir de ahora por la vía penal y denunciar a los responsables por prevaricación en cuanto sigan avanzando con estas actuaciones, porque todos los concejales y los miembros de la CUOTA fueron advertidos por escrito de que lo que estaban haciendo no se podía hacer, pero siguen en su insistencia de no hacer caso a los tribunales», advertían desde Avall.
E iban más allá, porque lo primero que harán es pedir que se ejecute la setencia «y que se restituya toda la finca de La Talá a su estado original». Esto es, que se derriben los dos chalés ya construidos, así como las aceras, viales y farolas que se han desarrollado en toda la finca como paso previo a su construcción. «Lamentablemente la zona ya está destruida a efectos paisajísticos», lamentaban. Contra esta sentencia aún cabe recurso, pero de hacerse firme pone en peligro todo el urbanismo llanisco, y más teniendo en cuenta que hay quien tiene muy claro que «llegaremos hasta donde haga falta», avisaban desde Avall. Y es que, en su opinión, el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes «caerá como una losa y todo lo que está bajo su paraguas caerá con él». Y recuerdan que «en Cantabria ya hubo derribos de urbanizaciones».
Por otro lado, Avall ya ha realizado una petición de agilidad al Tribunal Supremo -que está pendiente de dictar sentencia sobre el recurso presentado por Ayuntamiento de Llanes y Principado de Asturias sobre la anulación del Plan General de Ordenación Urbana-, puesto que «al estar elaborándose un nuevo Plan General, que no es otra cosa que el refrito del anulado, debería tenerse claro si el anterior queda anulado definitivamente o no».
Esta sentencia deja en el aire pues el destino de La Talá, una finca que, para Avall, es un ejemplo de «la especulación más podrida». Y es que la entidad asturiana Cajastur, a través de la sociedad Beyos y Ponga S. A. de la que es propietaria, adquirió la finca a la la inmobiliaria Nozar en 41 millones de euros, en un momento en el que la empresa tenía problemas de liquidez. Cincuenta años atrás, la finca se había vendido en 125.000 pesetas. Desde entonces, su precio se ha disparado, aunque parece que su valor puede quedarse en nada.
* El Comercio Digital - 7.05.10
Foto: Una imagen de la finca de La Talá, ya urbanizada, con los dos chalés ya construidos para los que Avall pedirá su demolición. :: ACEBAL, elcomerciodigital.com
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Tema: NOTICIAS Asturias
El actor Sean Connery, imputado por la recalificación de su parcela en Marbella
ELMUNDO/Málaga* : El actor escocés Sean Conney, junto a su mujer Micheline y cinco miembros del despacho de abogados Díaz-Bastien & Truan, han sido citados a declarar por la recalificación de la parcela Malibú en el término municipal de Marbella. Deberán desfilar por la sede judicial durante los días 27, 28 y 29 de mayo. En el marco de la operación 'Goldfinger', la Policía Nacional, a instancias del titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, Ricardo Puyol, procedió desde las 09.00 horas de la mañana del pasado miércoles a registrar las sedes del citado despacho de letrados en el edificio Marina Marbella de la localidad de la Costa del Sol y en la Torre Picasso de Madrid.
Los agentes se incautaron de más de 30.000 documentos, como precisaron a ELMUNDO fuentes de la investigación. Esos documentos han sido depositados en la sede judicial, que soporta ya una importante carga de trabajo al instruir el conocido como caso Convenios.
En dicho juzgado recayeron las 27 diligencias en las que se desglosó la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en 2006 por supuestas irregularidades en convenios urbanísticos sobre permutas y tasaciones de terrenos llevadas a cabo por el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca.
En concreto, la operación urbanística investigada fue amparada por el ex alcalde Jesús Gil, y en la misma se procedió a la recalificación de los terrenos donde se asentaba el famoso chalé marbellí del actor Sean Connery. De hecho, el juez investiga la presunta comisión de los delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales y blanqueo de capitales.
Dicha actuación municipal tendría continuidad en el tiempo, dado que se trata de una edificación consolidada entre 2004 y 2005, por lo que afectaría a sucesores de Gil en la Alcaldía como Julián Muñoz y Marisol Yagüe, en el marco del llamado caso Convenios que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella.
No se descarta la intervención de otras corporaciones municipales, mediante actos administrativos relacionados con dicho convenio, al margen de la de 1999-2003, presidida por Jesús Gil y por Julián Muñoz, tras la inhabilitación del primero. Entre agosto de 2003 y 2006 gobernó la ex alcaldesa Marisol Yagüe, junto a tránsfugas del PSOE y del PA como Isabel García Marcos y Carlos Fernández.
La operación policial conocida este jueves ha sido bautizada como 'Goldfinger', en referencia a la película de 1964 en la que el actor escocés interpretaba el papel del agente británico James Bond. Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, Connery residía con su mujer en el inmueble 'Malibú'. En la parcela del chalé, en primera línea de playa, actualmente se asienta un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005, también conocido comercialmente como 'Malibú', tal y como está reflejado en su fachada.
Fuentes conocedoras de dicha operación urbanística aseguraron a ELMUNDO que los abogados Díaz-Bastien & Truan negociaron con Gil y Roca la recalificación de los terrenos mediante un convenio. Los beneficios de dicha recalificación debieron ser considerables, si se tiene en cuenta que la zona era residencial de chalés y pasó a ser de cuatro alturas.
En el convenio urbanístico objeto de investigación habría participado, como asesora jurídica de Roca, la ex abogada municipal María Castañón, una habitual en la confección de los citados documentos urbanísticos. Figura, además, imputada en procedimientos urbanísticos.
* El Mundo - 7.05.10
Foto: Marbella es España (archivo) - nosevende.org
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Guardamar: Los técnicos ´no cuentan´
INFORMACIÓN/Alicante* : El conflicto surgido entre el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sobre quién tiene que asumir las consecuencias económicas o patrimoniales (que podrían alcanzar los 30 millones euros o su equivalente en suelo urbano) ante el recién aprobado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, que protege unos 70.000 metros cuadrados, hasta ahora urbanizables del SUP 8 en El Raso, pudo haberse resuelto hace 12 años.
En octubre de 1998 técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, un ingeniero de montes y un técnico de espacios naturales, firmaron un informe sobre el avance del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura (PGOU) que señalaba que, ese momento, no existía "obstáculo legal ni responsabilidad patrimonial exigible que impida la desclasificación del SUP 8 en el plan urbanístico del Raso, volviendo a su condición de Suelo No Urbanizable".
Ahora la administración local o la autonómica tendrán que indemnizar o ceder unos 70.000 metros cuadrados de terrenos urbanizables, valorados a precio de mercado en unos 30 millones de euros, (casi 5.000 millones de las antiguas pesetas), a los propietarios del suelo a cambio de los terrenos que se protegen ahora en el Raso ya que el PORN aumenta la zona protegida de manera definitiva del Parque Natural de 100 a 500 metros dejando sin efecto las directrices el último PGOU aprobado en 2003 por la propia conselleria y gobernando en el municipio el PP.
Incumplimientos
Los técnicos de la conselleria en su documento argumentaban la desclasificación del Raso en "los incumplimientos reiterados y evidentes (de los propietarios y urbanizador del Raso con el Ayuntamiento), causa bastante para la resolución de los convenios" (alcanzados por ambas partes) y además para fundamentar la desclasificación del SUP 8 por cuanto tal clasificación tenía como único fundamento el proceso de publicación de plusvalías (unos 500 millones de las antiguas pesetas hacia el Ayuntamiento) que según se aprecia resulta desatendido por la propiedad". En la actualidad con la aprobación del PORN, la Conselleria pretende obligar al Ayuntamiento de Guardamar a que asuma íntegramente las consecuencias derivadas de la protección de esa zona. Pero la administración local ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto autonómico del 31/2010 de 12 de febrero del Consell por el que se aprueba el PORN.
Responsabilidad del Consell
En el mismo se indica que el recurso no se debe a que el Consell aumente la protección de la zona natural del parque ampliando una franja de 100 a 500 metros. Se motiva en que estos terrenos, que suman un total de 70.000 metros ubicados en el Plan del Raso, están calificados en el PGOU como urbanizables y el Gobierno Valenciano pretende que el Ayuntamiento asuma la reubicación de los aprovechamientos urbanísticos en otros lugares del municipio.
El recurso del Ayuntamiento insta al Consell a que asuma todas las consecuencias derivadas del PORN ya que "de conformidad con la doctrina jurisprudencial de la responsabilidad del legislador dicha reubicación habría que situarla en el ámbito de las consecuencias de la norma que debe ser asumida por el autor de la misma lo que, por tanto exime al Ayuntamiento de cualquier obligación al respecto". El recurso municipal argumenta lo expuesto asegurando que "fue el propio Consell quien aprobó el PGOU con la zona urbanizable en el Raso y ahora la quita", por ello, "debe hacer frente a las consecuencias".
Los terrenos reclasificados pasan a ser zona verde con el PORN para que actue de colchón de amortiguación de impactos, liberándolos de edificación pese a que todas las infraestructuras (viales, iluminación, alcantarillado), están construidas.
* Información - 7.05.10
Foto: Una imagen de los terrenos desclasificados del Raso situados al norte de la laguna de la Mata tomada el pasado jueves - e.d.g., diarioinformacion.com
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Un político en prisión lideraba la trama corrupta de Lanzarote
PÚBLICO* : Políticos del Gobierno insular, los más importantes empresarios del tejido local y técnicos de la Administración componen el grupo de detenidos que ha dejado en Lanzarote el último desembarco de los agentes anticorrupción de la Guardia Civil. En total, 25 arrestos, incluido el del histórico líder del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, uno de los políticos que empezó a dar significado a la palabra corrupción en España y que ya cumplía condena en prisión.
La fase final de la operación Jable arrancó el 19 de abril y finalizó el pasado jueves, dividida en tres fases. Las pesquisas permiten dibujar una complicada madeja con todas las tipologías delictivas relacionadas con la corrupción y el blanqueo de capitales, que han hecho de Lanzarote una suerte de Monopoly para delincuentes de cuello blanco por cuyas casillas avanzan los investigadores.
La trama desbaratada el 23 de abril se había constituido para esconder los casi seis millones de euros que Martín debe al Estado por cuatro condenas dictadas contra él en 2004 y por las que aún cumple condena, según fuentes de la investigación. Sin embargo, su permanencia en prisión no impidió al político seguir dirigiendo la corrupción en la isla. "Desde una fría celda de la cárcel de Tahíche he sido el impulsor del Plan de Barrios", ha escrito sin pudor, en referencia a una obra pública de nueve millones.
Un amigo íntimo de Martín, Francisco Rodríguez Batllori, que fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias y valor destacado de Coalición Canaria, es uno de los detenidos, bajo la acusación de malversación y falsificación de documentación mercantil. Los investigadores creen que puso sus empresas a disposición de Martín en el proceso de ocultación del dinero, al que hay que sumar 48 propiedades dentro y fuera de la isla.
En la misma fase fue detenida Susana Martín, hija de Dimas y también colocada en la Administración. Junto a ellos, otros ocho arrestados por blanqueo de capitales e insolvencia punible, como se denomina el delito de traspaso de la titularidad de propiedades para declararse insolvente ante la Administración. También hay un arrestado que no reside en Lanzarote, el empresario andaluz dueño del Grupo Hoteles Playa, José María Rosell, vinculado a Martín desde hace décadas y marido de la senadora del PP por Almería María del Mar Agüero. El empresario más relevante de la isla, José Francisco Rosa, también ha sido detenido e imputado por cohecho.
El regreso de la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto patas arriba Lanzarote un año después de la operación Unión, origen de la actual investigación. Al frente de ambas, el juez César Rodríguez Pamparacuatro, de 34 años, que a las dos semanas de aterrizar en la isla se hizo cargo de la denuncia que acabaría golpeando al corazón del PIL. Todo había comenzado en mayo de 2008, cuando Carlos Espino, consejero socialista, denunció el intento de soborno por parte de un empresario. Un año después, Pamparacuatro acusaba a 32 personas por un total de 79 delitos. La documentación incautada y las declaraciones de los detenidos hicieron arrancar una nueva fase que iba a investigar una veintena de subtramas, entre ellas las desbaratadas ahora.
La ex alcaldesa, a prisión
Los ocho primeros arrestados en la operación Jable están vinculados a la adjudicación de la gestión de los residuos de la isla a una multinacional, Urbaser, que obtiene todos los años seis millones de las arcas públicas. Por su implicación en esta otra trama, el juez ha enviado a prisión a la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz, acusada de cohecho y prevaricación. Cuando ostentaba el cargo, Déniz militaba en el PIL, ahora lo hace en Coalición Canaria. La misma suerte ha corrido el presunto muñidor del entramado, el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, Rafael Arrocha, así como el gerente de Urbaser en la isla, Jacinto Álvarez. Completa la nómina de encarcelados, el concejal del PIL en Arrecife Antonio Machín, este por su vinculación al Plan de Barrios sobre el que escribió Dimas Martín desde la cárcel.
Pero quien ostentaba el cargo más importante entre los arrestados es María José Docal, consejera de Presidencia del Cabildo, acusada de cohecho en una tercera pata de la operación, dirigida contra una red de cobro de comisiones ilegales en grandes obras. Durante dos semanas, los agentes de la UCO han ido sacando de los registros, mientras eran jaleados por los vecinos, decenas de cajas repletas de documentos que se han llevado a Madrid. Su estudio promete continuidad a la operación Jable, bautizada así por la tierra volcánica que sirve de abono a las vides conejeras.
* Público - 6.05.10
Foto: Agentes de la UCO trasladan al abogado Francisco Rodríguez Batllori.- PÚBLICO
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El Seprona imputa tres delitos al alcalde de Oia y al edil de Urbanismo
LAVOZDEGALICIA/Pontevedra : El alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez, y el edil de Urbanismo, Camilo González, declararon ayer ante los agentes del Seprona que desconocían que hubiera restos arqueológicos en los terrenos de Burgueira donde se ha llevado a cabo el acondicionamiento de un terreno para la creación de una explotación de kiwis. La Guardia Civil les imputa unos presuntos delitos de prevaricación urbanística, contra el patrimonio histórico y contra la ordenación del territorio tras la destrucción de un importante yacimiento arqueológico en el alto do Sobral.
Los representantes municipales podrían tener que rendir cuentas ante un juzgado por haber consentido el acondicionamiento de terrenos para una plantación de kiwis en un suelo catalogado como rústico de especial protección careciendo de autorización.
Y a pesar de que tenían conocimiento de que las obras carecían de la correspondiente licencia, obviaron una solicitud de paralización de las obras emitida por la delegación provincial de Patrimonio Cultural.
Se da la circunstancia además de que el edil de Urbanismo es, a su vez, presidente de la comunidad de montes de Burgueira, la entidad propietaria de los terrenos, que lo alquila a la empresa promotora de la explotación agrícola.
El gobierno municipal había visto con buenos ojos la preparación del campo de cultivo por que emplea mano de obra del municipio en una actividad rentable.
La empresa explotadora de las fincas se denomina Kiwi Atlántico Fincas, que no tiene nada que ver con la compañía Kiwi Atlántico.
* La Voz de Galicia - 7.05.10
Foto: Los responsables municipales tuvieron que declarar en la Guardia Civil por la polémica actuación - lavozdegalicia.es
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Boadilla deja sin palacio a la SGAE, ya que el juez declarará ilegal su sede
20MINUTOS/Madrid* : La Sociedad General de Autores (SGAE) ya no podrá tener su nueva y faraónica sede en Boadilla del Monte. El Ayuntamiento de esta localidad (PP) ha decidido rescindir el contrato de cesión gratuita para que la SGAE convirtiera el Palacio del Infante Don Luis en sus nuevas oficinas. Y ha tomado esta decisión porque el Tribunal Superior de Madrid va a declarar ilegales en próximas fechas las obras que tenía previsto realizar la SGAE en este palacio.
El contrato de cesión fue firmado por el ex alcalde, Arturo González Panero (imputado en el caso Gürtel), y el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, en 2006. La cesión era durante 75 años y a cambio la SGAE invertiría 30 millones de euros en reformar el palacio. Este proyecto de rehabilitación no convenció ni a los vecinos ni a la oposición (Alternativa por Boadilla) ni a la Comunidad.
El 'no' de la Comunidad
En diciembre de 2009, el Gobierno regional emitió un informe en contra de las obras propuestas por la SGAE. El plan de restauración de Bautista preveía construir 3.500 m2 más de edificio sobre unos restos arqueológicos; y construir salas de conferencias, un auditorio y una biblioteca debajo de los jardines históricos. Además, peligraban varios elementos del antiguo Palacio de las Torres, sobre el que se hizo el del Infante Don Luis. La Comunidad no permitió las obras, ya que el palacio es Bien de Interés Cultural. El plan preveía construir 3.500 m2 más de edificio sobre unos restos arqueológicos
"El PP trata ahora de apartarse de la SGAE por oportunismo, no por legalidad. Hace tres años, el proyecto era igual de ilegal y entonces el actual alcalde, que participó en la concesión, se hacía fotos con Bautista. Ahora, como saben que ya no es viable, se desmarcan", señala Ángel Galindo, portavoz de Alternativa.
Primeras denuncias en 2003
Las obras previstas por la SGAE incumplen la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla, denuncia la oposición. Ya en 2003, los vecinos de este municipio consiguieron paralizar un proyecto similar cuando el Tribunal Superior de Madrid protegió el palacio tras un proceso judicial contra el Ministerio de Defensa, que quería instalar allí la Escuela Militar Ecuestre, proyecto que también fue declarado ilegal.
* 20 Minutos - 6.05.10
Foto: El Palacio del Infante Don Luis, construido en el siglo XVIII en Boadilla del Monte. (Imagen: ARCHIVO)
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Santa Cruz: Mil viviendas, mil problemas
ELDÍA/Tenerife* : Hay zonas de la capital tinerfeña donde, para sus vecinos, la sensación de sentirse como en un enclave "tercermundista" no es nada gratuito, pues como en el caso de la barriada conocida como Las Mil Viviendas, en la parte alta de La Salud, el abandono contribuye a que las condiciones de vida no sean las más adecuadas. Desde que el Plan de Mejora y Embellecimiento se paralizó a escasos cien metros de sus casas, puesto que el dinero del conocido plan de barrios no dio para más, esta zona que se ubica en la parte alta del monumento del Ancla ha entrado en una escalada de carencias, decadencia y deterioro imparables.
Los vecinos aseguran que ya no aguantan "más este olvido", pues la imagen predominante es la de la mayoría de las fachadas de los bloques con problemas de humedad y falta de pintado, incluso con trozos del enfoscado que se ha caído por falta de mantenimiento.
Isidro Rodríguez, vecino del lugar, va descubriendo, una a una, las carencias que se ven a simple vista, donde llama la atención el abandono extremo que presentan los jardines, con plantas y palmeras que se secan por falta de riego y la ausencia absoluta de cualquier tipo de vegetación ornamental en la mayoría de los jardines de los bloques.
En el espacio que se conoce como la plaza de toros -por su aspecto oval-, Rodríguez explica que es uno de los rincones más afectados por la falta de atención, donde algunos de los vecinos han tenido que asumir algún que otro arreglo para evitar el avance imparable de la humedad.
En las fachadas se aprecia que en décadas no se ha podido mejorar ninguno de sus elementos, "porque la gente es pobre o hay muchos que actualmente están en el paro". Así, los habitantes de este barrio señalan que la pregunta es: "¿Dónde está el plan de barrios". Además, también recuerdan que se mantuvo una reunión con la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, "para acometer una rehabilitación, pero, al igual que con el plan de barrios, ya nadie sabe dónde están esas promesas".
"Una porquería"
En este recorrido por Las Mil Viviendas, Paula responde de manera inmediata y contundente cuando se le pregunta por el estado del barrio: "Esto es una porquería, porque cuando se empezaron a arreglar otras zonas con el plan de barrios, pensábamos que también se iba a hacer algo aquí, pero, por lo que se ve, de esta zona se han olvidado", y recordó que ya han pasado varios años desde que se acondicionaron los edificios de la zona baja.
Paula señala que, "como todos los vecinos de Santa Cruz, pagamos los impuestos, pero aquí no no han dejado rampas de acceso y los jardines están peor que antes". Confiesa que tanto para ella como para las personas mayores y con problemas de movilidad "estas escaleras que nos han adecuado nos dificultan mucho salir y entrar de nuestras casas".
Isidro asegura que "todos los barrios están todos abandonados, y los políticos sólo están para ir a las fiestas, pero se olvidan de nosotros. Aquí pagamos lo mismo que en el centro, pero, sin embargo, las consecuencias con nosotros es que los responsables públicos se comportan como unos pasotas".
Los males de estas viviendas, que son de protección oficial, una vez que los ahora propietarios superaron el periodo de alquiler durante años, no sólo se centran en las estructuras, sino, como comentan algunos vecinos, "también está el problema de las ratas, que se cuelan por los huecos que han quedado de las obras inacabadas".
En Las Mil Viviendas habitan más de 3.000 personas, y según explican algunos de los que se concentran en la plaza central, "les recordamos a los políticos, de todos los partidos, que aquí los estamos esperando cuando vengan por las elecciones, para recordarles que hace ya muchos años nos quedamos fuera del plan de barrios y que desde esa época se han olvidado, sometiéndonos a una marginación que no nos merecemos".
* El Día - 6.05.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, vista - rinconcitocanario.com
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Piden tres años de cárcel para el alcalde de Ponga por arreglar pistas sin permiso
ELCOMERCIO/Asturias* : El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, pide una condena de tres años de prisión, el pago de una multa de 9.720 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años para el alcalde de Ponga, Cándido Vega, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, un delito de prevaricación y un delito continuado de desobediencia. Solicita además que pague una indemnización a la Administración del Principado de Asturias de 37.185 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Ponga.
El fiscal acusa además a dos operarios municipales, M. C. V. y E. R. M. de un delito continuado de desobediencia, y pide para ellos diez meses de prisión. El Gobierno del Principado está personado en la causa como acusación particular.
En sus conclusiones, el fiscal explica que el 5 de febrero de 2008 el alcalde solicitó a la Consejería de Medio Ambiente autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del caserío de Ventaniella hasta el puerto del mismo nombre y de La Guaranga a Arcenorio. Cuatro meses después, y al no haber obtenido respuesta, el Pleno aprueba a proposición del grupo de Cándido Vega que el propio Ayuntamiento ejecute los trabajos, siempre que se cuente con los permisos correspondientes.
El 31 de julio, la Consejería de Medio Rural comunica al Ayuntamiento que es enecesario un documento de evaluación medioambiental para saber si es necesario realizar un estudio de impacto previo a las obras, pero según el fiscal, pese a saber que no contaba con la autorización que él mismo había solicitado y que era necesario el estudio de impacto, Cándido Vega ordenó la ejecución de las obras.
El seis de agosto, un guarda de la Consejería de Medio Ambiente observó que se estaba ejecutando una obra en el puerto de Ventaniella, por un trabajador municipal. Éste ordenó al palista que detuviese los trabajos y levantó acta de la circunstancia. El trabajador se negó a detenerse porque él «sólo recibía órdenes del alcalde de Ponga». En los días siguientes, hasta el día 20, las obras continuaron a pesar de que la guardería había advertido al alcalde de la ilegalidad de los trabajos, al encontrarse éstos dentro del Parque Natural de Ponga.
Similar circunstancia se vivió en las obras de la pista entre La Guaranga y Arcenorio, donde también se ensanchó el vial por medio de una pala excavadora. De nuevo se ordenó al palista el día 18 de agosto que cesase en sus trabajos, aunque en este caso el trabajador sí abandonó el lugar. Sin embargo, con posterioridad los guardas comprobaron que, a pesar de haber advertido de nuevo al alcalde, los trabajos habían avanzado. Y el 23 de agosto de aquel año, sucedió de nuevo lo mismo en el camino de Calviado a Solafoz.
En los tres casos considera el fiscal que los trabajos se desarrollaron en zonas sensibles desde el punto de vista natural, pudiendo afectar a la flora y la fauna del lugar. Además, explica que las obras suponen un cambio en las condiciones de uso de los caminos, pasando de ser caminos estrechos y, en ocasiones, empedrados a pistas por las que puede circular un todoterreno, afectando a los hábitats de osos y urogallos, entre otras especies.
El juicio aún está sin señalar, y el alcalde de Ponga, Cándido Vega, prefirió ayer no hacer declaraciones, a la espera de estudiar con sus abogados la postura que adoptará a partir de ahora. El regidor pongueto siempre defendió que había realizado las obras ante la pasivididad del Gobierno regional, y que esos trabajos eran necesarios para los ganaderos del concejo. El enfrentamiento entre ambas administraciones es constante desde hace tiempo, y Vega hasta amenazó con un abandono del Parque Natural por parte del concejo. El regidor reclama compensaciones, más inversiones y facilidades para ejecutar obras en su territorio, que forma parte íntegramente del territorio protegido.
* El Comercio Digital - 6.05.10
Foto: Ponga (Asturias) - spainonline.com
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Armilla: Los peritos auguran un colapso del tráfico y abogan por el derribo parcial del Nevada
GRANADAHOY* : Los expertos calculan que sólo se han destinado a zonas verdes 4.000 metros cuadrados: 18.000 menos de los que debería tener un centro comercial de esas dimensiones que lo sitúan entre los 5 más grandes de Europa. Zonas verdes escasas, sótanos por encima del suelo y calles estrechas que provocarán un colapso diario de tráfico. Éstas son algunas de las irregularidades del Centro Comercial Nevada de Armilla que ayer resaltaron los peritos judiciales durante la octava sesión del juicio, en la que ratificaron todos los puntos del informe que emitieron por encargo del juez que instruyó la causa, Miguel Ángel del Arco.
Fue uno de los expertos, José Luis Gómez Ordóñez, catedrático de Urbanismo en la Universidad de Granada y Premio Nacional de Urbanismo en dos ocasiones, quien hizo de portavoz, exponiendo sus consideraciones con claridad y contundencia. La más importante de ellas: para restaurar la legalidad urbanística vulnerada por el Nevada habría que llevar a cabo "una demolición parcial".
Y es que aunque en su informe los peritos también plantearon la posibilidad de un derribo total, hay que tener en cuenta, como resaltó el portavoz, "la inversión realizada" y "las expectativas públicas de empleo" generadas, así como el indudable impacto que tendrá en la economía granadina un centro comercial de sus características.
Así, para los expertos, una reducción de la construcción sería un bien colectivo. "El Nevada no es una tarta que se pueda cortar con un cuchillo, pero un buen proyecto arquitectónico, que hiciera atractivo el edificio, podría perfectamente cortar zonas que dejen su parte útil", apostilló.
Aunque no llegó a especificar cuánto habría que demoler, el portavoz recordó que en la primera fase del Nevada -aprobación del plan parcial C- se preveía construir sólo 70.000 metros cuadrados y finalmente han sido 275.000. Una parte importante de lo construido son sótanos que están por encima del suelo, una circunstancia que suscitó la siguiente consideración del perito: "El plan parcial B (el de la segunda fase del Nevada) no puede aprovecharse de la laxitud de las normas para no computar 80.000 metros cuadrados que están por encima del suelo; no se puede llamar sótano a algo que está encima del suelo".
A juicio de los expertos, la actuación que se haga para legalizar el Nevada debería tratar especialmente de recuperar zonas verdes, pues sólo se han reservado 4.000 metros cuadrados de los 22.000 que "como mínimo" debería tener una superficie comercial de su dimensiones (el Nevada es uno de los cinco centros comerciales más grandes de Europa). Un eventual bulevar, tipo Paseo del Salón, podría ser una buena opción para la zona, opinaron.
Sobre el tráfico, sólo hay que imaginar un sábado a hora punta. Tratarán de acceder al centro comercial vehículos de la capital, del Cinturón y de provincias vecinas, con lo que se podrían concentrar en los accesos alrededor de 3.000 coches, una cifra de vehículos "que llenaría absolutamente la Gran Vía de Granada". En este contexto, el portavoz recordó que debió hacerse un estudio previo y vaticinó que si el centro abre sus puertas en las circunstancias actuales, "las rotondas estarán colapsadas" y habrá "graves problemas de tráfico" debido a la estrechez de las calles circundantes, que además tienen espacio reservado al Metro ligero.
Con respecto a la diferencia de alturas de las calles, los expertos consideran que la rasante se debió haber fijado en la esquina entre las calles Darwin e Hipócrates "e ir haciendo escalones", algo que en a su parecer "no hubiera sido difícil", pues "el edificio tiene recursos de arquitectura para solucionar este problema". Y es que la fijación que se hizo ha provocado, por ejemplo, que haya una calle que esté más baja que el suelo del sótano, o que el techo del sótano esté a la altura de un segundo piso.
Al final de su intervención, Gómez Ordóñez dijo, a modo de conclusión, que durante la tramitación del Nevada se produjo "una adaptación de las normas al proyecto, y no del proyecto a las normas". "En sus inicios, se modificaron las Normas Subsidiarias de Armilla para que se pusiera en marcha el proyecto, cuando se ideó que tenía que ocupar el doble de superficie, se volvieron a modificar y ahora el nuevo Plan General se está elaborando para hacer legalizable el Nevada", concluyó.
La sesión de ayer comenzó con algo de retraso porque hubo que acoplar en la sala a todos los integrantes del equipo de peritaje -siete profesionales de reconocido prestigio- y ubicar una gran pantalla para ilustrar con planos sus explicaciones. El juicio continúa hoy.
* Granada Hoy - 6.05.10
Foto: Imagen de archivo del Centro Comercial Nevada.- granadahoy.com
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El ex alcalde de Haría entra en la cárcel
LAPROVINCIA/Lanzarote* : El ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, ingresó ayer pasadas las diez de la noche en la cárcel de Tahíche para cumplir una pena de tres años y medio de prisión por falsedad en documento público al añadir cláusulas de manera fraudulenta a un contrato de arrendamiento al margen de lo aprobado en la sesión plenaria. La pena le acarrea también diez años de inhabilitación para cargos públicos. Ramírez, que también fue senador por la Isla y director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, había recibido el requerimiento para su presentación voluntaria en el plazo de un día en el centro penitenciario a las nueve y media de la mañana del lunes.
Su encarcelamiento es la culminación de un proceso penal que arrancó con la denuncia de prácticas irregulares alrededor de un caserón denominado Villa Dolores, situado en el pueblo de Haría. El pleno aprobó alquilarlo a su propietario por 900 euros al mes y por un periodo de cinco años para utilizar la vivienda y su parcela como mercado de artesanía, parque público y aparcamiento. Posteriormente, Ramírez y Pedro Rafael Perdomo, condenado a dos años de cárcel en la misma causa, añadieron dos cláusulas que establecían la posibilidad de prorrogar el contrato otros veinte años y, además, establecían un pago mensual de 3.000 euros. Los hechos se remontan al año 1995, con Ramírez de alcalde.
Los acusados fueron absueltos por la Audiencia Provincial, pero la Fiscalía decidió recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, que declaró el año pasado culpables tanto a Ramírez como a Perdomo. El actual regidor municipal, José Torres Stinga, retiró por decreto el acta a Ramírez, que ahora milita en el CCN (también ha pasado por las filas del PSOE, Coalición Canaria y Asamblea Conejera, fundada por él mismo). Ramírez recurrió esta decisión, que fue avalada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. También solicitó el indulto por el caso Villa Dolores al Consejo de Ministros, que decidió denegárselo el pasado 16 de abril. Ahí se abrieron para él las puertas de la cárcel.
* La Provincia - 5.05.10
Foto: Haría (Lanzarote) - flickr.com
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Condenan a Muñoz y a Roca a pagar 18 millones a Marbella
LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella podrá recuperar otros 18 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha condenado a varios ex concejales del Ayuntamiento y a antiguos responsables de la empresa municipal Gerencia de Compras y Contratación a devolverle a la ciudad esta suma. Entre ellos, al ex alcalde Julián Muñoz y al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. La sentencia, que no es firme, responde a una reclamación concreta englobada en el ´caso Monteverde´. Este procedimiento judicial investiga el desvío de 42 millones de euros desde las arcas públicas de Marbella a empresas relacionadas con el arquitecto madrileño Carlos Monteverde Gavilanes, en concepto de proyectos que nunca llegaron a ejecutarse.
Facturas. "La primera parte de los proyectos, que nunca se realizaron pero que se cobraron, se empezaron a facturar y a cobrar con cargo a esta sociedad", explicó ayer el portavoz municipal, Félix Romero. Posteriormente, los cargos se cobraron directamente al Consistorio, añadió.
El fallo judicial establece una condena de 12,8 millones de euros, que considera defraudados a esta sociedad. A esta cantidad, hay que sumarle otros cinco millones, en concepto de intereses generados durante la resolución de la causa.
El montante global, cercano a los 18 millones, es la cantidad que deberán abonar en total –además de Muñoz y Roca–: el abogado Modesto Perodia, el ex contable Antonio Callejas y los ex ediles Esteban Guzmán, Francisco Javier Lendínez y María Luisa Alcalá Duarte, entre otros, detalló.
Todos ellos "tenían a su disposición" los fondos de la sociedad municipal cuyo desembolso "no quedó debidamente justificado de acuerdo con la resolución judicial", afirmó el representante del gobierno municipal del PP.
Para recuperar este dinero, el Ayuntamiento de Marbella tiene previsto recurrir a la lista de bienes embargados en los distintos procedimientos judiciales que afectan a la localidad malagueña. Como pueden ser el ´caso Saqueo´ o la operación ´Malaya´.
"Comenzaremos la traba de embargos de bienes localizados para lograr satisfacer ese dinero", señaló Romero. Eso sí, "siempre que no exista recurso por parte de los condenados", aclaró. Sobre esta sentencia cabe recurso de apelación.
Con o sin recurso, el gobierno municipal del PP mantiene un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria para saldar la deuda pública de la ciudad, que asciende a 280 millones de euros.
En virtud de este pacto, el Ayuntamiento cedía los derechos de cobro de todas aquellas sentencias que le resultaran favorables a sus intereses. Esta última es un claro ejemplo.
El portavoz municipal recordó que tanto la Seguridad Social como Hacienda cuentan con más medios para garantizar el cobro. No obstante, "hay que ponerse en el peor de los escenarios posibles", concluyó.
* La Opinión Málaga - 5.05.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
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Castellón: Patrimonio en la cuerda floja
LASPROVINCIAS* : No están todos los que son. Pero la lista roja del patrimonio elaborada por Hispania Nostra ofrece una pincelada de algunos de los monumentos más significativos del patrimonio castellonense que están en riesgo de desaparición. Cinco bienes de la provincia forman parte de un listado que «aspira a recoger aquellos elementos del patrimonio histórico español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores», informa la asociación sin ánimo de lucro a través de su página web.
La Lista Roja del Patrimonio, que se actualiza periódicamente, incluye los castillos de Almonecir, Azuébar y Montornés (en Benicàssim), la ermita del Calvario de Canet lo Roig y el recinto amurallado de Torralba del Pinar. Todos estos bienes están en grave deterioro y progresivo riesgo de desmoronamiento a excepción del Castillo de Almonecir, cuyas obras de rehabilitación se ajdudicaron en marzo de 2008.
El de Azuébar, catalogado desde 2006 como Bien de Interés Cultural, presenta un estado de «ruina» y sufre «un abandono y progresivo desmoronamiento», según Hispania Nostra. El castillo de Montornés, cuyos restos dominan el valle de Miravet, en Benicàssim, también está en ruina.
La ficha de la ermita del Calvario de Canet lo Roig advierte de que «parte de la cúpula y de un muro se han hundido» y que el exterior presenta «una grieta de grandes dimensiones» por lo que el inmuebe, un ejemplo de la arquitectura ilustrada barroca valenciana del siglo XVIII, «amenaza ruina». Del recinto amurallado de Torralba del Pinar, del que apenas quedan vestigios, indica que está catalogado como BIC desde 1998.
En el otro extremo de la cuerda se encuentra el monasterio cartujo de Vall de Crist, en Altura, que se retiró de la lista roja y pasó a la sección de patrimonio restaurado o en restauración tras la consolidación de los muros perimetrales, tratada la fachada y recompuestos arcos de la iglesia en 2007-2008 con cargo al 1% cultural.
Hispania Nostra cuenta con la colaboración de más de una decena de entidades y asociaciones y numerosas personas a título individual interesadas en la defensa del patrimonio que contribuyen a la elaboración de esta lista roja.
La asociación nació en 1976 con motivo de la celebración del Año del Patrimonio Arquitectónico Europeo y en sintonía con la organización Europa Nostra, para la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español. La entidad presidida por Alfredo Pérez de Armiñán ha desarrollado multitud de programas con las asociaciones y entidades relacionadas con el patrimonio cultural; conferencias y ciclos para concienciar a la sociedad.
* Las Provincias - 21.02.10
Foto: Torralba (Castellón), recinto amurallado en peligro - levante-emv.com
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6.5.10
por UrbanismoPatasArriba
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