Diez claves para entender el derecho del medio ambiente

CARLOS PÉREZ VAQUERO* : Con la creación de la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998, se perdió una oportunidad magnífica para enjuiciar los crímenes ecológicos –daños graves al medio ambiente, causados deliberadamente o por negligencia culpable– que aunque sí que se previeron en los primeros borradores realizados por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, acabaron desapareciendo del texto definitivo al igual que le sucedió a otros delitos, como el tráfico de estupefacientes o el de órganos humanos; de esta forma, la competencia de la Corte se centró, exclusivamente, en los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

1. Antes de nada, ¿qué es el derecho del medio ambiente?

En 1835, el naturalista francés Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire utilizó la expresión “milieu ambiance” para referirse al entorno físico que rodea a los seres vivos.

Desde entonces, este concepto se ha generalizado en el uso habitual de cada idioma pero con diversos criterios; por ejemplo, en el castellano de España se habla del redundante medio ambiente, como sucede en el portugués de Brasil (meio ambiente), en francés (environnement), inglés (environment) o catalán (medi ambient); sin embargo, en Hispanoamérica y Portugal –al contrario– tan sólo se dice ambiente, igual que en italiano o gallego (probablemente, la opción más adecuada) mientras que otras lenguas ponen el acento en el medio como el rumano (mediu), sueco (miljö) u holandés (milieu).

Más allá de cómo debamos llamarlo, su primera dificultad aparece a la hora de definir el Derecho del Medio Ambiente; tarea que no resulta nada fácil si tenemos en cuenta que se trata de un concepto tan complejo y multidisciplinar que cualquier aspecto se pueden plantear desde un punto de vista medioambiental; por eso hablamos de la responsabilidad civil de un vertido, la tipificación penal del delito ecológico, la declaración administrativa de impacto ambiental o los impuestos ecológicos creados a la sombra del principio “quien contamina, paga”, por citar tan sólo cuatro ejemplos de distintas disciplinas del ordenamiento jurídico (conjunto de normas vigentes en un país) afectadas por un fin medioambiental.

Si prescindimos de la (sobria, simple, escasa…) definición de medio ambiente que va a proponer el diccionario de la RAE, en su nueva edición, como conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo, podemos buscar otras propuestas:

• Para el Ministerio del Medio Ambiente español, nos encontramos ante el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras;

• La sentencia del Tribunal Constitucional español 102/1995, de 26 de junio, señaló que el medio ambiente no puede reducirse a la mera suma o yuxtaposición de los recursos naturales y su base física, sino que es el entramado complejo de las relaciones de todos esos elementos que, por sí mismos, tienen existencia propia y anterior, pero cuya interconexión les dota de un significado trascendente, más allá del individual de cada uno (...) ha sido configurado, desde una perspectiva netamente jurídica, como la asociación de elementos cuyas relaciones mutuas determinan el ámbito y las condiciones de vida, reales o ideales de las personas y de las sociedades; y, finalmente,

• La Unión Europea lo ha definido como la combinación de elementos cuyas complejas interrelaciones constituyen la configuración, el entorno y las condiciones de vida del individuo y de la sociedad, como son o como son sentidas.

Teniendo en cuenta que todas las actividades que realizamos tienen –para bien o para mal– un indudable impacto en nuestro entorno, desde un punto de vista jurídico, puede que lo mejor sea definir el Derecho del Medio Ambiente por los fines que persigue el legislador cuando dicta estas disposiciones. De esta forma, hablaríamos del conjunto de normas que regulan los efectos de la actividad humana en la conservación y protección de la vida en la Tierra.

Dentro del ordenamiento jurídico, la normativa medioambiental se encuadra en el Derecho Administrativo pero debe estar en perfecta coordinación con otros sectores –Derecho Civil, Penal, Tributario, Constitucional, Europeo, etc.– que también tutelan otros aspectos relacionados con el Medio Ambiente.

2. ¿Cuándo surgió esa preocupación legal por el medio ambiente?

Aunque existe algún antecedente legislativo que se remonta al siglo XIX –cuando se crearon los parques de Yosemite y Yellowstone (EE.UU.) en 1864 y 1872, respectivamente [en el caso español, el 8 de diciembre de 1916, la Gaceta de Madrid (antecedente histórico del actual BOE) publicó la Ley de creación de los Parques Nacionales “con el exclusivo objeto de (...) respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora (...) evitando de este modo con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro ó desfiguración por la mano del hombre”]– su origen se sitúa bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

Por ese motivo, no encontraremos ninguna referencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948, ni al medio ambiente ni a ningún otro derecho de los que ahora conocemos como tercera generación (solidaridad); porque, en aquel momento, el mundo aún se encontraba en una etapa anterior, proclamando los derechos civiles y políticos (primera generación: basada en el concepto de libertad) y los económicos, sociales y culturales (segunda generación: igualdad); y el medio ambiente apenas se reguló en la legislación de aquel tiempo o en alguna Constitución de la época –salvo honrosas excepciones pioneras como el Art. 9.2 de la Carta Magna italiana de 1947, al hablar de la tutela del paisaje; o el Art. 89 de la Constitución de Costa Rica de 1949, protegiendo las bellezas naturales de la República– porque nada más concluir la II Guerra Mundial –el conflicto más destructivo que ha conocido la humanidad, con 70 países implicados, más de 40.000.000 de muertos y una cifra similar de heridos y desplazados– las naciones estaban más preocupadas por reconocer el derecho a la vida, la integridad o la dignidad del ser humano que por velar por nuestro entorno.

El cambio de actitud se produjo en los años 70.

Después de que 1970 fuera designado “Año de protección de la Naturaleza”, en 1972 se estableció un programa específico de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) y se celebró la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano donde se proclamó que “el hombre es a la vez obra y artífice del medio que le rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. (...) el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”. Ese mismo año, en España se aprobó la Ley 38/1972, de 22 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, en la que –expresamente– se reconocía que “la degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los problemas capitales que la Humanidad tiene planteados en esta segunda mitad del siglo”.

A raíz de aquel intenso 1972, el proceso de reconocimiento y concienciación internacional fue imparable: se estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1983); se aprobó la resolución 1990/41, de 6 de marzo, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, vinculando la conservación del medio ambiente con aquellos Derechos; se celebró la Cumbre para La Tierra, de Río de Janeiro (1992) con el objetivo de conjugar la protección medioambiental con el desarrollo económico y social, etc.

Asimismo, otro efecto colateral de la nueva orientación verde de los años 70 fue su tímido reflejo en los textos constitucionales de la época:

• Panamá. Arts. 114 a 117 de la Constitución de 1972: “Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.

• Nicaragua. Art. 194.27) de la Constitución de 1974: “Corresponde al Presidente de la República (...) velar por la conveniente explotación y conservación de las riquezas naturales y la preservación del medio ambiente”.

• Grecia. Art. 24 de la Constitución de 1975: “Constituye obligación del Estado la protección del ambiente natural y cultural”;

• Portugal. Art. 66 de la Constitución de 1976: “Todos tienen derecho a un medio ambiente de vida humano, salubre y ecológicamente equilibrado, y el deber de defenderlo”.

• Unión Soviética. Art. 18 de la Constitución de 1977: “En interés de la presente y de las futuras generaciones, se adoptan en la Unión Soviética las medidas necesarias para (...) el mejoramiento del medio ambiente”.

• España. Art. 45 de la Constitución de 1978: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

• Chile. Art. 19.8 de la Constitución de 1980: “La Constitución asegura a todas las personas (...) El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Lógicamente, en la última década del siglo pasado y a comienzos del XXI, la regulación constitucional del medio ambiente ha ido evolucionando de tal manera que, ahora, lo extraño sería no encontrarla reflejada en más de un precepto de cualquier Carta Magna. Veamos tres ejemplos:

• Colombia. Arts. 78 a 82 de la Constitución de 1991: “El deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (...) El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (...) Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”.

• Argentina. Los cuatro párrafos del Art. 41 de la Constitución de 1994: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. (...) Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

• Paraguay. Arts. 7 y 8 de la Constitución de 1996: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. (...) El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.

Incluso en la reciente Constitución de Angola de 21 de enero de 2010 –que yo sepa, la más joven del mundo– el Art. 39 establece que: “1. Todos tienen derecho a vivir en un ambiente sano y no contaminado, y asimismo el deber de defenderlo y preservarlo. 2. El Estado adoptará las medidas necesarias para la protección del medio ambiente y de las especies de la flora y de la fauna en todo el territorio nacional, para el mantenimiento del equilibrio ecológico, la correcta localización de las actividades económicas y la explotación y utilización racional de todos los recursos naturales, en el marco de un desarrollo sostenible y de respeto por los derechos de las generaciones futuras y de la preservación de las diferentes especies. 3. La ley castigará los actos que pongan en peligro o perjudiquen la preservación del medio ambiente”.

3. ¿Qué consecuencias tuvo aquella preocupación por el medio ambiente en el ámbito europeo?

Los días 19 y 20 de octubre de 1972 –como ves, fue un año emblemático– la Comunidad Económica Europea celebró en París una de sus habituales Cumbres pero ésta fue especial: la declaración final incluyó un punto 8º dedicado al medio ambiente con el siguiente texto: “Los Jefes de Estado y de Gobierno subrayan la importancia de una política del medio ambiente en la Comunidad. Con este fin, invitan a las instituciones de la Comunidad a establecer, antes del 31 de julio de 1973, un programa de acción ajustado a un calendario preciso”. Poco después, sus ministros del ramo se reunieron en la antigua capital alemana, Bonn, el 31 de octubre de 1972, para acordar los ocho principios generales en los que se sustentaba la política medioambiental de la Comunidad:

1. Evitar, desde un principio, la creación de contaminación o de perturbaciones en vez de combatir sus efectos ulteriormente.

2. Tener en cuenta la incidencia de todos los procesos técnicos de planificación y decisión sobre el medio ambiente.

3. Evitar toda explotación de los recursos y del medio natural que entrañen daños sensibles para el equilibrio ecológico.

4. Mejorar el nivel de los conocimientos científicos y tecnológicos en la Comunidad, con el fin de que pueda adoptarse una acción eficaz para la preservación y mejora del medio ambiente y de lucha contra la contaminación y las perturbaciones.

5. Los costes ocasionados por la prevención y la supresión de las perturbaciones de los daños incumbirán, por principio, al causante de la contaminación.

6. Cuidar que las actividades realizadas en un Estado no produzcan la degradación del medio ambiente en otro Estado.

7. Tener en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo.

8. La eficacia de los esfuerzos para fomentar una investigación y una política a escala internacional y mundial en materia de medio ambiente se verá reforzada mediante una concepción clara y a largo plazo de una política europea en este ámbito.

Como consecuencia, el Consejo aprobó el (I) Programa de Acción de las Comunidades Europeas en Materia de Medio Ambiente el 22 de noviembre de 1973 con el objetivo de “contribuir a poner la expansión al servicio del hombre procurándole un medio ambiente que le asegure las mejores condiciones de vida posibles y también conciliar dicha expansión con la necesidad cada vez más imperiosa de preservar el medio natural”.

Desde entonces, se han ido aprobando otros cinco nuevos programas marco: en 1977 (II), 1983 (III), 1987 (IV), 1993 (V) y –el actual– de 2001, que estará en vigor hasta el 21 de julio de 2012 (VI Programa “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos. 2001-2010”) centrado en la política de lucha contra el cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad, la reducción de los problemas de salud derivados de la contaminación y la utilización de los recursos naturales de la manera más responsable.

En todo este tiempo, desde la lejana directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres –que sentó las bases de la que sería su política de “acciones específicas” en materia medioambiental– la Unión Europea presume de tener “algunas de las normas de medio ambiente más estrictas del mundo”.

Actualmente, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009), la protección medioambiental figura tanto en el Tratado de la Unión Europea (TUE) como en su Tratado de Funcionamiento (TFUE) donde el medio ambiente es una de las competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros; así como en el Art. 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad) pero, ¡cuidado!, a pesar de lo que pueda parecer, no se trata de un verdadero derecho –como señalan las Explicaciones de la Carta– sino de un principio basado en los Arts. 2, 6 y 174 del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actuales Arts. 3.3 TUE y 11 y 191 TFUE) que se inspira en “las disposiciones de determinadas constituciones nacionales”. Como ahora veremos, en España se produjo una situación similar.

4. ¿Cómo se concibió el medio ambiente en la Constitución española de 1978?

A diferencia de los Derechos y deberes de los ciudadanos (propiedad, trabajo, libertad de empresa, matrimonio, etc.; regulados en los Arts. 30 a 38 de la Constitución Española; en adelante CE) y –sobre todo– de los Derechos fundamentales y libertades públicas (vida, libertades religiosa o de expresión, protección judicial, legalidad, etc. de los Arts. 15 a 29 CE), la Carta Magna menciona el medio ambiente en el Art. 45, encuadrando esta materia en los llamados principios rectores de la política socioeconómica.

Esta ubicación –que, en principio puede parecerte intranscendente– resulta, por el contrario, fundamental para entender la legislación española medioambiental.

Cuando los constituyentes lo regularon en el capítulo III del Título I –en lugar de incluirlo en el capítulo II– difuminaron sus garantías y no establecieron un derecho fundamental; a decir verdad, ni tan siquiera reconocieron un derecho sino una directriz –como le sucede a la salud o a la vivienda–, un mero principio que se debe tener en cuenta a la hora de legislar, en la práctica judicial o en la actuación de los poderes públicos.

De esta forma, el medio ambiente sólo puede alegarse ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollan; es decir, no puedo acudir a un juzgado y pedir, sin más, acceso a un medio ambiente limpio –ni tampoco a la cultura, una vivienda digna o una pensión que le permita a mi abuelo llegar a fin de mes– ni interponer un recurso de amparo en su defensa porque este capítulo III sólo establece una pauta, la línea que debe perseguir el Estado. Nada más. Este régimen jurídico permite al legislador contar con una mayor libertad a la hora de configurar el medio ambiente, pudiéndolo regular mediante reglamentos [a diferencia de una ley, que emana del poder legislativo (Cortes o parlamentos autonómicos); aquellos son el resultado de la potestad reglamentaria que ejerce cualquier Gobierno (poder ejecutivo)].

Aun así, el propio Tribunal Constitucional ha recordado (sentencia 199/1996, de 3 de diciembre) que aunque “(...) no puede ignorarse que el Art. 45 de la Constitución enuncia un principio rector, no un derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitucional”.

Como consecuencia práctica, lo habitual es tratar de enlazar el medio ambiente con algún derecho fundamental más genérico como, por ejemplo, los derechos a la vida, la intimidad personal y familiar o la integridad física y moral; este fue el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 24 de mayo, al señalar que “cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el Art. 15 CE” (se refiere al derecho a la integridad física y moral).

Todo ello, reconociendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su interpretación y tutela de los derechos fundamentales (continuando con el anterior ejemplo de la contaminación acústica, las conocidas sentencias de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra España; y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia).

5. ¿Qué papel desempeñan los tribunales internacionales de justicia en la proteccón del medio ambiente?

Con la creación de la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998, se perdió una oportunidad magnífica para enjuiciar los crímenes ecológicos –daños graves al medio ambiente, causados deliberadamente o por negligencia culpable– que aunque sí que se previeron en los primeros borradores realizados por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, acabaron desapareciendo del texto definitivo al igual que le sucedió a otros delitos, como el tráfico de estupefacientes o el de órganos humanos; de esta forma, la competencia de la Corte se centró, exclusivamente, en los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la ONU sí que trabaja para proteger el medio ambiente. Desde 1993 dispone de una sala específica dedicada a resolver los conflictos medioambientales que se originan entre países. Su primer caso fue el que enfrentó a Eslovaquia y Hungría, en 1997, por la construcción de dos presas en el río Danubio.

En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 no se incluyó ninguna disposición relativa a un derecho al medio ambiente o a su protección (algo comprensible, como hemos visto, tratándose de mediados del siglo XX); por ese motivo, la jurisprudencia del TEDH ha terminado reconduciendo algunos derechos (vida, integridad, intimidad o la inviolabilidad del domicilio) a lo que podríamos denominar su “dimensión medioambiental” para lograr su protección.

De igual forma –invocando los derechos fundamentales para lograr que el derecho a un medio ambiente sano acabe siendo competencia de un tribunal internacional; aunque sea, de forma indirecta porque no estaba previsto de ese modo– otro órgano que también ha contribuido al reconocimiento legal del medio ambiente ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; especialmente para reconocer y asegurar los derechos de las comunidades indígenas y la protección de sus recursos naturales.

6. ¿Cómo se regula el delito medioambiental?

Sin perder de vista que el Derecho del Medio Ambiente forma parte del Derecho Administrativo aunque –directa o indirectamente, como ya vimos, afecte a todo el ordenamiento jurídico– cada legislador nacional puede desarrollar la normativa sobre los delitos medioambientales de acuerdo con tres grandes criterios:

1. Aprobar leyes especiales (sobre caza, pesca, agua, urbanismo, patrimonio, energía, incendios forestales, etc.) donde se regulen los diversos impactos de la conducta humana en el medio ambiente, como sucede en Nicaragua, Portugal, Italia o Francia; en este caso, por ejemplo, su Code Pénal no incluye ninguna referencia al environnement;

2. Reunir todas aquellas conductas y tipificarlas como delitos contra el medio ambiente dentro del Código Penal. Es el caso de Alemania, Colombia, Argentina, México o Costa Rica; y

3. Finalmente, una solución mixta: los delitos relacionados con el medio ambiente no se codifican en el Código Penal sino en una única ley especial, como ocurre en Perú, Brasil o en la región belga de Valonia.

¿Qué regulación es mejor? Todas tienen sus ventajas e inconvenientes: reunir las normas en un único cuerpo legal facilita que no se dispersen y que se puedan conocer y aplicar con mayor facilidad, pero las leyes especiales también son más efectivas y concretas que muchos preceptos codificados que pueden dejar –digamos– demasiados campos en blanco, abiertos a la interpretación, con todo lo que esto conlleva (donde yo deduzco que algo está permitido, tú opinas que se prohíbe); por el contrario, estas leyes pueden primar intereses extra-medioambientales (lúdicos, deportivos o económicos) a la hora de regular, por ejemplo, quién, cómo, dónde y cuándo se puede cazar o pescar, antes que proteger a la propia fauna, de modo que sólo se estaría protegiendo el medio ambiente por una vía indirecta.

En el caso español, los delitos medioambientales se tipificaron en el Código Penal tomando como referencia la regulación de Alemania.

Cómo estaría el panorama en la España de los años 80 para que el propio legislador dijera que “(…) la protección jurídico-penal del medio ambiente, a pesar del rango constitucional que este bien de todos tiene, era prácticamente nula. La urgencia del tema viene dada por lo irreversibles que resultan frecuentemente los daños causados”.

Con ese carácter de “reforma urgente”, la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, modificó parcialmente el Código Penal para introducir el nuevo Art. 347 bis: “Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas el que, contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques espacios naturales o plantaciones útiles (…)”.

Dicho con otras palabras, la reforma de 1983 se limitó a tipificar un simple delito de contaminación; imponiendo una pena mayor si la industria contaminante funcionaba clandestinamente o si el deterioro causado fuese “irreversible o catastrófico”.

El 1 de enero de 1986, Portugal y España se convirtieron en Estados miembro de las –por aquel entonces– Comunidades Europeas y, a partir de ese momento, la mayor parte de la legislación medioambiental empezó a llegar desde Bruselas.

Aquel único delito de contaminación establecido en 1983, dio paso a una nueva reforma en 1995 (retocada, posteriormente, en 2003): el Título XVI del vigente Código Penal español reguló los delitos relativos a la ordenación del territorio (¡con lo fácil que habría sido llamarlo urbanismo!) y la protección del patrimonio histórico (¿no había otro sitio para regular los edificios singularmente protegidos por su interés histórico o artístico?) y del medio ambiente; dedicando, específicamente, el capítulo III a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (Arts. 325 a 331) y el IV a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (Arts. 332 a 337).

Curiosamente, el legislador español tipificó otros importantes crímenes ecológicos fuera de ese apartado: en el Título XVII, los relativos a la energía nuclear, radiaciones ionizantes y los incendios forestales, regulados junto a los delitos contra la seguridad vial o los estragos causados por la manipulación de explosivos (¿?); y en los Arts. 631 y 632 –dentro de las faltas contra los intereses generales del Libro III– encontramos el abandono y el maltrato de animales domésticos y la corta, tala, quema, arranque o recolección de flora amenazada.

Una peculiar –e inconexa– distribución que ha sido muy criticada por la doctrina.

En el ámbito europeo, es importante que mencionemos la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, porque establece medidas relacionadas con el Derecho Penal para proteger el medio ambiente con mayor eficacia; aplicando sanciones más disuasorias a las actividades que “causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas, incluida la conservación de especies”. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen que asegurarse de que las conductas –que ahora veremos– sean constitutivas de delito, cuando son ilícitas y se cometen dolosamente (adrede) o, al menos, por imprudencia grave:

• El vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que cause, o pueda causar, la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

• La recogida, transporte, valoración o eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estos procedimientos, así como la posterior reparación de instalaciones de eliminación, e incluidas las operaciones efectuadas por los comerciantes o intermediarios (aprovechamiento de residuos), que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

• El traslado de residuos, cuando dicha actividad esté incluida en el ámbito de aplicación del Art. 2.35) del Reglamento (CE) 1013/2006, de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos y se realice en cantidad no desdeñable, tanto si se ha efectuado en un único traslado como si se ha efectuado en varios traslados que parezcan vinculados;

• La explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa, o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que –fuera de dichas instalaciones– causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire,

• La calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o plantas;

• La producción, transformación, tratamiento, utilización, posesión, almacenamiento, transporte, importación, exportación y eliminación de materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen, o puedan causar, la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas o a animales o plantas;

• La matanza, destrucción, posesión o apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie;

• El comercio de ejemplares de especies protegidas de fauna y flora silvestres o de sus partes o derivados, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie;

• Cualquier conducta que cause el deterioro significativo de un hábitat dentro de un área protegida;

• La producción, importación, exportación, comercialización o utilización de sustancias destructoras del ozono.

Partiendo de esa base común, los 27 Estados tienen libertad para adoptar o mantener medidas más estrictas siempre que sean compatibles con este fin: proteger eficazmente el medio ambiente, mediante sanciones penales “eficaces, proporcionadas y disuasorias”.

8. ¿Qué administración pública es competente, en España, en materia de medio ambiente?

Si a la organización territorial de España en 8.168 municipios, 50 provincias, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas le sumamos su pertenencia a la Unión Europea, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla: todas las administraciones (europea, nacional, autonómicas y locales) tienen competencias en materia de medio ambiente.

La primera porque los Tratados europeos establecen que el medio ambiente es una de las competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros; el segundo, porque el Estado español –según el Art. 149.1.23) CE– tiene competencia exclusiva en materias de legislación básica sobre protección del medio ambiente, pero “sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección” (es decir, que la legislación básica le corresponde al Estado y su desarrollo adicional a las autonomías); y, finalmente, para complicar aún más este panorama legislativo, el Art. 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, estableció que una de las competencias de los municipios “en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas” es, precisamente, la protección del medio ambiente; junto a otras materias que tienen una indudable trascendencia medioambiental (ordenación del tráfico de vehículos, prevención y extinción de incendios, ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, parques y jardines, protección de la salubridad pública, suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, etc.). Esto da lugar a multitud de ordenanzas, edictos, planes, reglamentos, etc. que afectan a la regulación del medio ambiente, en cada municipio.

Un buen ejemplo de la importancia que ha logrado el medio ambiente en la política española lo tenemos con la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Su tramitación parlamentaria desde el 1 de febrero de 2007 (hace ya más de tres años; para que te hagas una idea, el polémico Estatuto de Cataluña, recurrido al Constitucional, se aprobó en apenas 8 meses) corre serios problemas por culpa de / o gracias a –según se mire– el agua y su transvase entre distintas cuencas hidrográficas (que afecta a otras regiones del Levante).

9. ¿Desde cuándo existen los impuestos ecológicos?

Cualquier administración pública tiene que satisfacer unas necesidades de los ciudadanos que éstos, por su propia cuenta, no pueden atender: sanidad, educación, defensa, cultura, pensiones, becas, autovías, etc. Con los tributos que pagamos obligatoriamente –en función de nuestra capacidad económica– se recauda el dinero que financia esas necesidades colectivas gracias a los recursos que obtienen las administraciones.

Aquí nos encontramos con un primer dilema: los tributos, en general (y los impuestos, en particular) se establecen con un evidente objetivo recaudatorio; sin embargo, el fin último de los impuestos ecológicos no es obtener dinero (aunque al final sí que se recaude, como es lógico) sino conservar el medio ambiente, mejorarlo, protegerlo y prevenir que se dañe; incluso podríamos decir que tienen una evidente pretensión ética, un factor moral, al que los expertos denominan uso extrafiscal –o ultrafiscal– de la imposición. En el caso de España, el propio Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse, en 1987, a favor de la constitucionalidad de un impuesto que no tuviera un fin recaudatorio.

Según la doctrina, el padre de estos impuestos fue el economista británico Arthur Cecil Pigou y su concepto de la externalidad formulado en su obra “Economía del bienestar”, en 1920. De ahí que algunos autores también denominen a los impuestos ecológicos, impuestos pigouvianos. En cuanto al famoso principio de “quien contamina, paga”, fue una recomendación que se formuló –como no podía ser de otro modo– en 1972, en el seno de un Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; tres años más tarde, se introdujo plenamente en el argot europeo.

La tributación medioambiental –tal y como hoy la conocemos– surgió a comienzos de la pasada década de los años 90 en diversos países escandinavos, preocupados por las emisiones a la atmósfera de dióxidos de carbono y de azufre. En 1993, la OCDE comenzó a marcar unas líneas básicas sobre fiscalidad y medio ambiente de forma que, hoy en día, casi todos sus Estados miembros disponen de esta imposición ambiental como, por ejemplo, Bélgica, donde el impuesto ecológico se introdujo aquel mismo año como “un impuesto (...) que grava un producto despachado al consumo, por el daño ecológico que se estima que ocasiona”; y en Estados Unidos, Australia o el resto de la Unión Europea, cuyos tratados y programas de acción han apostado decididamente por esta fiscalidad. Actualmente, el debate se está planteando en México, Colombia, Chile, Argentina y otros países iberoamericanos.

En España, junto a impuestos de ámbito nacional con trascendencia medioambiental –como los que gravan los hidrocarburos o la electricidad– la fiscalidad verde se ha centrado en las administraciones autonómica y local.

El Art. 156 CE establece el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas al señalar que éstas “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. Entre los recursos que integran las haciendas autonómicas se encuentran tanto los tributos estatales cedidos (Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales, etc.) como los tributos propios; ámbito donde casi todas las comunidades han creado una desigual suerte de cánones, impuestos, gravámenes, ecotasas y tarifas que gravan el uso del agua, los residuos, la emisión de gases, los vertidos, etc. y que, para 2010, se concreta en los siguientes tributos:

• Cataluña: Canon del agua, Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales, Canon sobre la incineración de residuos municipales y Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción.

• Galicia: Canon de saneamiento, Impuesto sobre contaminación atmosférica, Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada y Canon eólico.

• Andalucía: Impuesto sobre tierras infrautilizadas, Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos e Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos.

• Principado de Asturias: Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas y Canon de saneamiento.

• Cantabria: Canon de saneamiento e Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos.

• La Rioja: Canon de saneamiento.

• Región de Murcia: Canon de saneamiento, Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos, Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera e Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales.

• Comunidad Valenciana: Canon de saneamiento.

• Aragón: Canon de saneamiento de aguas, Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable e Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.

• Castilla-La Mancha: Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.

• Canarias: Canon de vertido e Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo.

• Extremadura: Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente e Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas.

• Islas Baleares: Canon de saneamiento de aguas.

• Comunidad de Madrid: Tarifa de depuración de aguas residuales e Impuesto sobre depósito de residuos.

En cuanto a las demás autonomías: el País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal distinto al común que rige en el resto de España; Castilla y León no ha creado ningún impuesto autonómico (ni medioambiental ni de ninguna otra materia) y Ceuta y Melilla tienen el mismo sistema tributario que la legislación del Estado prevé para los municipios y provincias.

En las Haciendas Locales, se suele adoptar la figura de las otras dos clases de tributos que existen –las tasas y las contribuciones especiales– que recaen, normalmente, sobre los residuos urbanos y las aguas (saneamiento y depuración). En cuanto a los impuestos, no hay duda de que se centrará en el “impuesto de circulación” (Vehículos de Tracción Mecánica) donde los ayuntamientos y diputaciones provinciales ya han empezado a establecer bonificaciones en los vehículos híbridos, eléctricos o ecológicos.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la fiscalidad medioambiental? Probablemente, su mayor incentivo es que las empresas traten de invertir en tecnologías menos contaminantes (aunque sólo sea para tener que pagar menos impuestos) y que, realmente, éstos pueden llegar a ser muy efectivos a la hora de reducir los niveles de contaminación; asimismo, a las administraciones públicas les resulta mucho más sencillo e inmediato gravar con un impuesto genérico a todas las empresas de un determinado sector que supervisar la situación particular de cada una de ellas. Por el contrario, se les critica que las empresas acabarán repercutiendo la carga fiscal en los consumidores finales, que su configuración legal es poco flexible, que las administraciones son muy lentas a la hora de establecerlos (supone un coste político frente a los electores) y que éstos pueden percibirlos como un nuevo coste en sus maltrechas economías domésticas.

Junto a la fiscalidad ecológica, la OCDE también prevé la utilización de otros instrumentos económicos para defender el medio ambiente, como ayudas financieras, subsidios, cánones o sistemas de consignación.

10. ¿Qué son la información y participación en materia de medio ambiente?

Platón estaba convencido de que gobernar era una ciencia y que los políticos debían ser los mejores hombres de su clase, gobernando con habilidad para “no hacer naufragar” su “morada común” –la ciudad– y procurando el interés público como si se tratara del suyo propio. En su diálogo “Las Leyes” habló –metafóricamente– de las diferencias entre lo que denominó “la urdimbre y la trama”; es decir, los gobernantes y los gobernados.

Hasta ahora, el hilo conductor de las 9 primeras claves para entender el Derecho del Medio Ambiente se ha centrado en la figura de los Gobernantes; esta última, la dedicaremos a los Gobernados; es decir, a ti y a mi.

El principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) estableció que “la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos”. De esta forma, se empezó a reconocer que tanto éstos como las ONG y el sector privado pueden desempeñar un importante papel en la protección del medio ambiente.

Ese “papel” se perfiló en el Convenio de Aarhus (Dinamarca), de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Un Convenio Internacional –adoptado por la Comisión Económica para Europa de la ONU– que entró en vigor en octubre de 2001 y que ha sido ratificado por 40 países. En 2003, la Unión Europea lo adaptó al Derecho Comunitario mediante dos disposiciones:

- La Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa al acceso del público a la información medioambiental; y

- La Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

En cuanto al tercer pilar –el acceso a la justicia en materia de medio ambiente– hubo una propuesta de Directiva de la Comisión Europea en 2003 que acabó durmiendo el sueño de los justos. Por ese motivo, sorprende aún más la postura de España. Un país que no se caracteriza, precisamente, por cumplir los plazos de trasposición de la normativa comunitaria al ordenamiento interno (más bien, al revés, nos suelen dar un toque de atención) defendió el Conveniuo de Aarhus con la fe del converso y aprobó la Ley 27/2006, de 18 de julio, para regular los derechos de acceso a la información, de participación pública y –curiosamente– también el de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (que ni la propia Unió Europea ha sido capaz de sacar adelante).

¿En qué consisten todos estos Derechos? A grandes rasgos, son:

1) En relación con el acceso a la información, tenemos:

- Derecho a acceder a la información ambiental que esté en poder de las autoridades públicas.
- A ser informados de los derechos que otorga esta normativa y a que nos asesoren para ejercer estos derechos correctamente.
- A que nos ayuden a buscar dicha información.
- A recibirla en el plazo de un mes (dos, si fuera muy complejo) en el formato que prefiera; que se reproduzca fácilmente (por medios informáticos o electrónicos).
- A saber por qué no se facilita esa información, total o parcialmente, en la forma o el formato solicitados.
- Y a conocer las tasas y precios que –en su caso– tendría que pagar para recibir dicha información.
Todo ello, salvo que la información solicitada a la autoridad pública no esté en su poder; que la solicitud sea irrazonable, se haya formulado de manera muy general o si pudiera tener efectos negativos revelarla.
2) En cuanto a la participación pública:
- Derecho a participar en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente; de manera efectiva y real.
- Acceder –con antelación suficiente– a la información relevante relativa a aquellos documentos.
- Alegar y formular observaciones dentro de los plazos; y que sean tenidas en cuenta, debidamente, por la Administración Pública correspondiente.
- Que se publique el resultado del procedimiento en el que se ha participado, informando de los motivos en que se ha basado la decisión adoptada.
- Participar de manera efectiva y real en diversos procedimientos administrativos relacionados con el medio ambiente (como las famosas evaluaciones de impacto ambiental).

3) Y, finalmente, sobre el acceso a la justicia y a la tutela administrativa:

- Derecho a recurrir los actos y omisiones de las autoridades públicas que fueran en contra de los anteriores derechos (de información y de participación pública).
- A ejercer la acción popular para recurrir esos actos y omisiones. Puede cualquier persona jurídica, sin ánimo de lucro, que acredite el cumplimiento de estos requisitos:

* Que la protección del medio ambiente figure en sus estatutos.
* Que se hubieran constituido, al menos, 2 años antes y que vengan ejerciéndola activamente.
* Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación administrativa.

Lógicamente, como ocurre con todos los derechos, éstos tienen su correspondiente deber: nos impone a todos la obligación de preservar y respetar el medio ambiente.

Esperemos que así sea. www.ecoportal.net

* Carlos Pérez Vaquero - Escritor y jurista - Doctorando en Integración Europea (Universidad de Valladolid | España)




* Ecoportal - 29.04.10
Foto: ecoportal.net

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Especulación contra el derecho a la vivienda - Ada Colau 2



* YouTube - sicomtv — 19 de febrero de 2010

— ¿Cómo es posible que no haya políticas públicas en favor de la vivienda para todos?. ¿Cómo es posible que se haya favorecido la compra, con abundantes beneficios fiscales, en detrimento del alquiler o de otras tenencias como las cooperativas?.
Sólo se explica por la especulación desmedida con el apoyo de la administración. Ahora vivimos las consecuencias.


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Brasilia, una capital utópica construida en pleno desierto

ELMUNDO/Brasil* : Brasilia es la historia de una vieja aspiración. Pese a que su fundación no se hizo realidad hasta el 21 de abril de 1960, el sueño de levantar una nueva ciudad en el interior del gigante sudamericano ya se paseaba por la mente del 'patriarca' de la independencia, José Bonifacio de Andrada e Silva, en el primer cuarto del siglo XIX. Décadas más tarde, la Constitución de 1891 retomó la idea al plantear la búsqueda de "una zona de 14.400 kilómetros cuadrados en el Planalto Central" donde erigir la futura capital federal.

Pero tuvo que transcurrir más de medio siglo para que emergiera un líder resuelto a dar el paso definitivo. Fue Juscelino Kubitschek quien, nada más aterrizar en la Presidencia (1956-61), puso en marcha los planes para trasladar el centro del poder desde Río de Janeiro hasta un rincón por entonces deshabitado en el estado de Goiás.

Durante más de 1.000 días, unos 60.000 trabajadores tomaron la región y, guiados por las directrices de los arquitectos Lúcio Costa y Óscar Niemeyer, dieron forma a una ciudad atípica que hasta hoy sigue evocando desde el cielo la forma de un avión.
Construcciones emblemáticas

Los pioneros o 'candangos' -así eran conocidos los obreros llegados entonces hasta Brasilia- levantaron edificios monumentales que representan la cumbre del modernismo nacional, entre ellos los Palacios de la Alvorada y de Planalto, la Catedral Metropolitana y la nueva sede del Congreso, con dos torres gemelas acompañadas por una semiesfera para el Senado y otra para la Cámara de Diputados.

Crearon también de la nada el lago Paranoá, un enorme estanque destinado a incrementar la humedad de una zona casi desértica y convertido en la actualidad en el 'hogar' de la tercera mayor flota de embarcaciones deportivas del país, un dato que llama la atención si se tiene en cuenta que la urbe dista 1.200 kilómetros del océano Atlántico.
Crecimiento y desigualdad

En el año de su nacimiento, apenas 140.000 personas habían decidido llevar sus vidas a Brasilia. Hoy ya son más de 2.600.000 los habitantes de la capital, una décima parte de los cuales trabaja para el Gobierno o el Distrito Federal. Y entre todos, funcionarios o no, promedian un PIB per cápita muy superior al del conjunto del país: 40.696 frente a 16.400 reales (de 23.225 a 9.360 dólares).

Sin embargo, la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 queda lejos del idílico proyecto original que pretendía convertirla en un lugar sin división entre clases. Así lo demuestran informes oficiales donde salen a la luz las notables diferencias que separan, por ejemplo, el barrio elitista de Lago Sul -con una renta familiar equivalente a 20 salarios mínimos- y regiones pobres como Itapoã.

Desequilibrios que seguramente no estaban en el 'Plan Piloto' del urbanista Costa, como tampoco debía de figurar en las previsiones del presidente Kubitschek la plaga de corrupción que llegó a expandirse por los bajos fondos del Distrito Federal hasta llevarse por delante al gobernador -encarcelado durante dos meses- y a algunos de sus colaboradores.

Reducir las desigualdades y desinfectar la clase política son, por tanto, los desafíos pendientes para los siguientes 50 años. La utópica Brasilia camina ya hacia su centenario.




* El Mundo - Luis Tejero (Corresponsal) - 21.04.10
Foto: Brasilia, esplanada_dos_Ministérios - contemporaneo.mforos.com


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Totana: El juez imputa doce delitos a Morales y dice que cobraba de una empresa privada

LAVERDAD/Murcia* : El magistrado señala que el ex regidor y «sus secuaces» se iban a repartir 3,6 millones de una «sustanciosa comisión». Tres años y cuatro meses exactos han pasado desde el día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieron boca abajo el Ayuntamiento de Totana, en la primera gran redada contra la corrupción urbanística que se registraba en la Región. Ahora, el desenlace de una parte significativa del proceso judicial a que dio origen esa operación policial, bautizada como 'Tótem', empieza a estar muy cerca.

El magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez-Templado, notificó ayer el auto por el cual se inicia el procedimiento abreviado -la antesala del juicio- contra el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional -el PP lo expulsó tras ser imputado-, Juan Morales, y otras doce personas, tal y como ayer ya adelantó este periódico.
Lo más significativo del mencionado auto son los múltiples cargos que el magistrado imputa a Morales - dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos-, así como un resumen de los hechos que, no por conciso, resulta menos revelador. Así, señala el instructor que Juan Morales, «durante su mandato como alcalde entre 2003 y 2007, se ocupó de la gestión de numerosos convenios urbanísticos, y en concreto de uno que promovió la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias».
Relata que para llevar a buen puerto la operación, el entonces alcalde se involucró en la compraventa de terrenos, utilizando personas interpuestas -que también han resultado imputadas, como su ex esposa María del Carmen Jordán y la sociedad Gestoría Jordán, Juan Antonio Álvarez Moreno (Deitania Trading S.L.), Fulgencio Marín Bravo (Agroproducciones Integradas S.L.), Gabriel Martínez Navarro (Huevos Maryper), Joaquín Carmona Abellán (Nubia Inversiones), Domingo Sánchez Martínez (Visanfer S.A.) y Juan Antonio Alcántara, socio de Carmona-, y a cambio de esas gestiones iban a percibir, «Morales y sus secuaces», una «sustanciosa comisión» de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas).
La citada comisión se documentos, según el juez, «como reconocimiento de deuda de la empresa promotora Inmonuar a Nubia Inversiones», y se abonaría si la operación concluía de forma satisfactoria.
Otras presuntas ilegalidades
El resto de los delitos que el juez imputa al actual parlamentario proceden de su intervención en la venta de unos terrenos de una sociedad municipal, Provinvitosa, a la firma Huevos Maryper, con un supuesto perjuicio económico para el Consistorio; el hecho de que Morales estuviera dado de alta como trabajador de esa empresa privada, «cuando no tenía relación laboral alguna»; enviar dinero supuestamente ilícito a Brasil (unos 150.000 euros, según el fiscal), a través de su novia Vaneide Freita, para construirse una vivienda; hacer llamadas de teléfono a ésta y a otras amigas de Brasil a cargo del Ayuntamiento, y sustraer expedientes municipales.
Todo un cumulo de supuestos y muy variados hechos delictivos que podrían suponer una condena de varias decenas de años de prisión al ex alcalde popular.
Martínez Andreo, exculpado
Especialmente relevante es, asimismo, el hecho de que el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, haya quedado exculpado del presunto delito de cohecho o, en su defecto, de negociaciones prohibidas a los funcionarios, por el que ha permanecido en esta causa desde hace más de tres años. Pérez-Templado considera que de la conversación entre Martínez Andreo y un ex concejal totanero, Juan Francisco Casanova, que fue interceptada por la Guardia Civil, «no se deduce la existencia de un pacto para eliminar al antiguo alcalde Juan Morales de la percepción de comisiones ilegales para suplantarlo él». Sí afirma el instructor, sin embargo, que «si algo puede deducirse de la conversación telefónica con Casanova, queda en el arcano de las intenciones». Pero, tal y como recuerda el magistrado echando mano del latín, cogitaciones poenam nemo patitur'. O, traducido al castellano, que los pensamientos no son delito.
Añade, además, una razón procesal: de haber existido tal pacto para quitarle las comisiones a Morales, «la competencia no sería de esta Sala, al no tener relación directa con el aforado (Juan Morales) que motiva nuestra actuación», sino de un juzgado ordinario. De ahí que, por ambas razones, el instructor ordene el sobreseimiento provisional.
En el caso de Martínez Andreo, es previsible que el Ministerio Fiscal recurra en apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal, como ya hizo con un anterior sobreseimiento, con el fin de intentar sentar en el banquillo a Martínez Andreo. De hecho, en un escrito presentado el pasado día 9, el fiscal interesaba que se dictara auto de preparación de juicio oral contra Martínez Andreo y Casanova «por interesarse en la solicitud de la comisión que había realizado Morales a Inmonuar, al menos en grado de tentativa, o interesarse en una operación inmobiliaria que iba a generar una posible plusvalía a por unos terrenos propiedad del segundo». Unos hechos que, según el fiscal, podrían ser constitutivos de cohecho o de negociaciones prohibidas.
Otra causa abierta en Totana
En el caso de Martínez Andreo, el sobreseimiento provisional sólo afecta a la causa por supuesto cohecho, ya que en el juzgado de Totana está vigente la investigación por delitos como prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, malversación, violación de la correspondencia y, el más reciente, el de obstrucción a la justicia por presuntas coacciones a un testigo.
En la práctica, el auto de apertura de procedimiento abreviado dictado por Pérez-Templado supone que las diligencias han quedado concluídas y que, una vez sean resueltos los recursos que previsiblemente presentarán el fiscal y los letrados defensores, podrá procederse al señalamiento del juicio. La fecha de la vista estará fijada, previsiblemente, entre los meses de septiembre y diciembre próximos.
El tribunal estará constituído por el presidente de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, Juan Martínez Moya, y por los magistrados Manuel Abadía Vicente y Enrique Quiñonero Cervantes.




* La Verdad - 30.04.10
Foto: Totana, ayuntamiento - lomejordemurcia.com

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Todo el Gobierno de Camps amañó contratos con la trama de corrupción

ELPAÍS/Valencia* : El Gobierno que preside Francisco Camps, del PP, contrató de forma generalizada con la trama de corrupción que encabezaba Francisco Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel. El informe, del pasado 16 de abril, fue la bomba que ayer reveló el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, en plena sesión de control a Camps.

"Incumplió la ley en más de 50 ocasiones", le recriminó Luna al presidente valenciano, que se negó a pedir disculpas por la trama de corrupción y dijo, en relación con la decisión que el 12 de mayo tiene previsto adoptar el Tribunal Supremo sobre el caso de los trajes que le regaló la red Gürtel: "Confío en la justicia y la verdad, por eso estoy tranquilo".

El informe pericial aporta datos demoledores. Entre 2004 y 2009, el Ejecutivo valenciano adjudicó al menos 85 contratos con nueve empresas de la trama de corrupción, la principal de ellas la sociedad Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, cabeza visible de la red en Valencia. Sólo nueve de esos contratos se hicieron por concurso y, aun así, en varios casos se trató de concursos ficticios o con irregularidades. La propia Presidencia de la Generalitat, la Vicepresidencia, siete consejerías (Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura y Educación, Bienestar Social y Sanidad), y ocho organismos y empresas públicas contrataron con la trama por una cantidad global de 7,2 millones.

El fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo y evitar el concurso fue la práctica más habitual en un catálogo de irregularidades que incluye la adjudicación directa de contratos por encima de 12.000 euros, que prohíbe la ley, la vulneración del principio de concurrencia al solicitar ofertas a empresas de la misma trama, la duplicidad en el pago de servicios, el pago por trabajos no realizados y la adjudicación a empresas sin solvencia técnica.

La Abogacía de la Generalitat emitió anoche una nota en la que defiende que todos los contratos se ajustan a la legalidad y califica de "desproporcionadas, infundadas, y en algún caso falsas", las conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que integra a expertos de la Intervención del Estado, de la Agencia Tributaria y del Banco de España, entre otros.




* ELPAIS.com - 30.04.10
Foto: Generalitat (Valencia)-wikipedia.org


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La piqueta entra en Sanxenxo y empieza a derribar un edificio ilegal

LAVOZDEGALICIA* : El edificio Boavista de Sanxenxo ya enseña parte de sus entrañas. Esta mole de siete plantas levantada con una licencia de 1984 para dos casas pareadas se ha convertido en el símbolo de la lucha por restablecer la legalidad urbanística emprendida por el gobierno de este turístico municipio gallego. Tras su controvertido desalojo el día anterior -con la detención de su dueño, ya en libertad-, ayer entró la maquinaria para ejecutar el aleccionador derribo, que se inició con las labores de demolición de la techumbre.

Los obreros que ejecutan la orden judicial trabajan en dos turnos (de 8 a 15 horas y de 15 a 22) para completarla en el plazo de un mes. Tarea no les falta. Tienen por delante derribar los 1.079 metros cuadrados ilegales de los 1.713 de superficie global de esta controvertida construcción a escasos metros de la playa de Baltar, en un emplazamiento de alto valor paisajístico.
A lo largo de la jornada, los trabajadores cargaron carretas llenas de escombros procedentes de la planta bajo cubierta. Los cascotes eran transportados en una grúa hasta ser depositados en otros contendedores de mayor tamaño.
La empresa adjudicataria de la demolición, Saraiba Obras S.???L., pasará al Ayuntamiento una factura de más de 140.000 euros. Posteriormente, el Concello pretende que sean los dueños del Boavista los que asuman el coste de los trabajos.
El derribo iniciado ayer culmina un pleito judicial que se remonta a 1994. Fue entonces cuando el gobierno local interpuso la primera denuncia relativa al exceso de edificabilidad de esta construcción.
El litigio no está del todo concluido. El abogado de los dueños del Boavista, Carlos Corredoira, se personará hoy en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir la suspensión cautelar de la demolición.
Según detalló, no pretende evitar el derribo parcial del inmueble, pero sí busca que el Concello se ciña al estudio de viabilidad de reforma del edificio Boavista, acordado el 10 de agosto del 2005 por el entonces alcalde, Telmo Martín; la gerente de urbanismo, Encarnación Rivas, y el propietario, Pedro Prieto. Este plan, que nunca se llegó a realizar, suponía legalizar el inmueble con 12 viviendas y fue redactado por el arquitecto Manuel Antonio Silvares Fontenla.
Los dueños aseguran que no se oponen a la demolición de las tres últimas plantas (bajo cubierta, cuarta, tercera), pero reclaman salvar la planta baja, entreplanta, primera y segunda. Temen que la obra de demolición les deje el inmueble sin tejado, puesto que tras el derribo parcial deberán legalizar de igual forma la casa.
«El edificio seguirá siendo el Boavista, y mis padres seguirán alquilándolo. Hay permiso para disponer allí de doce viviendas», insistió el hijo.
Denuncias por allanamiento
Los dueños del Boavista, así como varios de los inquilinos, interpusieron el mismo martes denuncias por allanamiento ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados. El abogado de Pedro Prieto expone en la denuncia de su cliente: «Estaba en cama cuando oyó golpes en su vivienda y entraron en su habitación varios policías [...] Uno estuvo hora y media, y después llegaron unos ocho más. Lo vistieron por la fuerza porque le dijeron que no lo podían sacar desnudo».



* La Voz de Galicia - 29.04.10
Foto: Varios trabajadores se afanaban ayer en las tareas de demolición de la parte alta del edificio Boavista, en primera línea de playa en Portonovo - lavozdegalicia.es

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El Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí, sigue en pie gracias a Arenas

ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El empresario José María Rosell, imputado en la ‘Operación Jable’ por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, ha sido uno de los principales beneficiados del PGOU de Marbella. El Hotel Senator, del que es propietario, conocido como el emblema de la corrupción urbanística en Marbella, levantado sobre una parcela que iba destinada a la ampliación del Palacio de Congresos, y ahora legalizado por los nuevos regidores, ha destapado las iras de los ciudadanos.

La oposición, así como las asociaciones ecologistas, han denunciado públicamente el trato de favor que los ‘populares’ han dispensado al promotor de la empresa Hoteles Playa. Según ha sabido El Confidencial, las buenas relaciones entre el presidente del PP andaluz Javier Arenas y la esposa de Rosel, Mar Agüero, senadora y ex presidenta del PP de Almería, fue decisiva para la legalización definitiva del Hotel Senator. La empresa Hoteles Playa, dueña del establecimiento, ya ha contactado con el Ayuntamiento marbellí para acelerar los trámites e inaugurar el edificio próximamente.

Desde que se tuvo conocimiento de la imputación del empresario Rosell en la ‘Operación Jable’, que es una pieza separada del ‘Caso Unión’, en la que se investiga una red de corrupción urbanística y una trama de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en distintos puntos de Canarias y Almería, hay que hablar de nuevo capítulo en la enmarañada historia del urbanismo local y del hotel Senator, un inmueble que nunca debió dejar la calificación de equipamiento público como residencia de mayores.

Las asociaciones ecologistas de la ciudad han denunciado a este periódico que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, es la responsable directa de que se legalizase el hotel por completo, frustrándose la cesión de 99 apartamentos para su uso como residencia de mayores, tal y como se contemplaba en el avance del PGOU. Muñoz ha permitido que el hotel que gestiona el empresario afín a la línea de los populares, consiguiera la legalización a costa del interés general.


En la actualidad, la única contraprestación que recoge el PGOU para legalizar el hotel es la financiación del 50% de la ampliación del Palacio de Congresos, una actuación que servirá como un valor añadido para el hotel, que tendrá al Palacio pared con pared, lo que beneficiará sus opciones de negocio.

No cederán ningún apartamento

Según anunció la misma alcaldesa Ángeles Muñoz, uno de los primeros empresarios en pedir la normalización de su inmueble nada mas aprobarse el documento urbanístico el pasado 29 de enero fue el propietario de de las empresas Hoteles Playa junto con otros empresario del ladrillo, Nicolás Osuna. La regidora se refirió a que los dueños del hotel Senator, propiedad de Hoteles Playas, deseban abrir cuanto antes y para ello señaló que "tendrán que hacer una inversión importante para ceder una parcela anexa y destinarla a la ampliación del palacio" En total, y según el PGOU, destinarán 25 millones en ejecutar la ampliación del palacio y legalizar el hotel. Además, el 50% del coste lo sufraga la Junta de Andalucía.

La primera versión del nuevo planeamiento preveía la cesión de los 99 apartamentos que la empresa posee junto al hotel, que después se redujeron a 27. Finalmente, según el último documento aprobado, no tendrán que ceder ninguno.

Protesta de asociaciones de vecinos

Asociaciones de vecinos como el Banana Beach, que deberá ser demolido, consideran “muy grave el agravio comparativo, así como que la alcaldesa beneficie a Rosell, que infringió la legalidad urbanística en Marbella levantando un hotel donde tendrían que ubicarse equipamientos públicos”. Rosell es dueño también de Hotel Playa Verde, de Costa Teguise, así como de otro establecimiento en construcción en la misma zona turística que fue paralizado por orden judicial.

Los vecinos de Marbella ven insuficiente la compensación a la ciudad por haber construido su establecimiento en una parcela de 10.000 metros cuadrados destinados a equipamiento público, reservado ahora nada más que para la ampliación del actual Palacio de Ferias y Congresos. Pero la historia de los terrenos ya es complicada de por sí. Los ciudadanos aún recuerdan en la campaña electoral de abril de 2003, a la entonces socialista Isabel García Marcos, detenida posteriormente en la ‘Operación Malaya’, cómo en una rueda de prensa delante del establecimiento hotelero, denunció que lo primero que haría si llegaba a la alcaldía sería derribar el Hotel Senator.


Propiedad de la trama vasca de Malaya

El terreno donde hoy se levanta el Senator fue cedido en su día por los propietarios de la urbanización Alhambra del Mar al Ayuntamiento de Marbella para equipamiento público. En el año 1998, el Ayuntamiento lo vendió a la empresa Proinsa por 2,6 millones de euros. Esta sociedad Proinsa es una de las sociedades de Javier Arteche miembro de ‘la trama vasca’, socio de Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama de corrupción.

En el año 2000, Proinsa vendió el solar a Hoteles Playa S.A. por 15 millones de euros. Y dos años más tarde, el ex consejero de la Junta, Jaime Montaner Roselló, contratado en este caso por Hoteles Playa, presentó una modificación de dicho proyecto, no ya para construir 150 apartamentos, sino un centenar viviendas y un hotel de cuatro estrellas, sin que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga lo visara.

Julián Muñoz le concedió la licencia en tres días. Así, en el año 2006, el Senator y aledaños pasaron de ser un terreno cedido al Ayuntamiento para equipamiento público a venderse por casi nueve millones y medio de euros, con la inestimable ayuda del ex consejero de la Junta de Andalucía, el socialista Jaime Montaner y el empresario José María Rosell afín al Partido Popular y ahora imputado en el Caso Jable.

Hoteles Playa consiguió el nuevo proyecto, lo partió por la mitad y vendió las viviendas a la empresa sevillana Inmo S.L. (Inversiones Turísticas Hoteleras, S.L.) por el módico precio de 9.495.000 euros, en escritura ante el notario de Sevilla Victorio Magariños Blanco el 19 de diciembre de 2002.

A través de la sociedad EBM Alisma, cinco cajas de ahorro son propietarias del 5% de las acciones de la Sociedad Hoteles Playas. Estas cajas son: Caja de Ahorros de San Fernando, Caja Granada, Caja Sur, Caja Círculo y Caja de Castilla-La Mancha.




* El Confidencial . 29.04.10
Foto: Vista general del Hotel Senator en Marbella (A. De la Gama), elconfidencial.com


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Galicia: El PP rechaza en el Parlamento prorrogar la Ley de los 500 metros

LAVOZDEGALICIA* : El Parlamento gallego ha rechazado, con los votos del PPdeG, prorrogar las medidas de protección recogidas en la Ley 6/2007 de 11 de mayo, conocida como la ley de los 500 metros, hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral (POL). La Xunta prorrogó la suspensión temporal de la norma pero dicha prórroga caduca el próximo 15 de mayo.

Por ello, el grupo socialista presentó esta mañana una proposición no de ley en la que pedía que la Cámara autonómica instara a la Xunta a «prorrogar las medidas recogidas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 6/2007 hasta la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral», a la que se incorporó una enmienda del BNG que especificaba que la aprobación fuese la definitiva.
Por su parte, el grupo popular propuso una enmienda de sustitución en la que abogaba por «adoptar los mecanismos oportunos para garantizar las medidas de protección» recogidos en los preceptos citados «mientras no se apruebe de forma inicial» el POL, cuyo estudio será abordado desde mañana en comisión.
En sus intervenciones, los encargados de defender las posiciones de sus grupos se reprocharon la gestión territorial y urbanística de sus respectivos gobiernos y, en este sentido, la defensora de la proposición, Mar Barcón, pidió al PPdeG «lealtad con la costa y legalidad» liderando la protección de las zonas más débiles y sensibles de Galicia, como la franja de 500 metros de litoral.
Alegó que realiza esta solicitud en aras de preservar el patrimonio natural para que «no perezca bajo la presión de intereses particulares» o «la depredación en nombre de un malentendido progreso» y agregó que «no nos podemos fiar» del plan del PP por contener «avances oscuros, con errores y discrecionalidad».
Recordó que el gobierno bipartito abanderó una «defensa decidida» de la costa gallega con la Ley de Medidas Urgentes, y enfatizó que «cuando la política se aparta del urbanismo lo único que queda es el mercado», para concluir: «Que la política proteja el bien de todos y no regale lo que es de todos a unos pocos».
La diputada nacionalista Teresa Táboas lamentó que el POL sea la «caricatura» de lo «mal» que está hecho técnicamente «que tiene más que ver con la costa del Levante español y tan poco» con Galicia.
El parlamentario popular Román Rodríguez defendió la prórroga de un año «de veto» a la construcción en los 500 metros de franja litoral ante la «inseguridad jurídica» que acarrearía no hacerlo, y se mostró partidario de que dicha prohibición se mantenga hasta la aprobación inicial del POL «con información sobre espacios paralizados y diálogo directo con los ayuntamientos».
Rodríguez pidió por su parte al PSOE «responsabilidad y lealtad con Galicia» y al BNG que sea «coherente» en esta materia.




* La Voz de Galicia - 28.04.10
Foto: La costa de Carnota - lavozdegalicia.es

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«La crisis ha frenado un modelo urbanístico que era evidente que iba mal»

LNE/Gijón/Entrevista* : María Jesús González es la presidenta de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) que ha citado hoy a sus socios en el Paraninfo de la Laboral para presentar la Carta del Transcantábrico, un documento para la construcción de ciudades más habitables, sostenibles, plurales, solidarias, libres, diversas, creativas y participativas. Tras un viaje en el Transcantábrico debatiendo estas cuestiones, González reflexiona sobre algunas cuestiones de actualidad vinculadas al colectivo que representa.

-¿Cómo afecta el cambio climático a la arquitectura?

-El cambio climático y la utilización de los recursos naturales es un tema que preocupa y la actividad de los arquitectos creando un espacio donde el ser humano habita no puede dejarse libremente sin estudiar. La idea de hacer la Carta del Transcantábrico, una propuesta de Arturo Gutiérrez de Terán, nos pareció una idea interesante que se debe respaldar porque en estos momentos es especialmente oportuna, no sólo por la preocupación medioambiental sino también desde el punto de vista de la crisis. Todas las circunstancias confluyen en que sea necesario un debate en profundidad, participativo y abierto sobre sostenibilidad y arquitectura del que se saquen conclusiones para después actuar.

-¿A quién se hará llegar ese documento?

-La carta pretende ser un documento muy abierto. Está claro que sin apoyos desde las instituciones no se puede hacer nada pero al mismo tiempo también es necesaria la participación del ciudadano.

-¿Cuáles son los puntos básicos para el debate?

-Fundamentalmente se trata de dar un enfoque distinto al problema de la sostenibilidad. Decía Einstein que no se pueden resolver los problemas con la misma óptica con la que se han creado, eso quiere decir que tenemos que ponernos en un posición libre, externa, abierta, para sugerir soluciones nuevas. La sostenibilidad abarca muchísimos aspectos, no sólo lo meramente energético sino aspectos sociales, participativos, de manera que podamos estudiar el futuro de una forma muchísimo más abierta.

-¿Qué opina de los modelos de ordenación territorial basados en una feroz especulación del suelo?

-El problema visto desde fuera, tanto para Gijón como para cualquier otra ciudad es que los municipios participan de unos esquemas generales que se deben plantear de forma previa, es decir, es un problema del hombre con respecto a la naturaleza y de la huella ecológica respecto a nuestro estilo de vida. Cualquier ciudad debe plantearse solucionar sus problemas locales sin perder de vista otros más generales porque realmente los problemas de impacto ambiental no pueden estudiarse de forma local. Por eso los municipios deberán estudiar seriamente su Agenda XXI con criterios muy serios. El principio de pensar globalmente y actuar localmente es absolutamente vigente.

-¿Existe algún territorio modelo en cuanto a su planificación urbanística?

-No podría citar ninguno en concreto pero lo que sí está claro es que desde hace diez años para acá existe un evidente interés por la sostenibilidad. Empieza a haber muchos informes pero el camino que queda por recorrer es enorme.

-¿Cómo son las previsiones?

-Ahora mismo estamos trabajando para conocer qué elementos comunes pueden dar pautas para conseguir ciudades más sostenibles y habitables. El informe sobre sostenibilidad para el año 2050 dice unas cosas muy claras sobre qué a va ser del planeta si en pocas décadas no se corrigen las tendencias actuales.

-¿Cabe achacar el problema a la especulación urbanística?

-Esa situación nos indica que el modelo actual no es válido pero el problema es mucho más amplio, no sólo de una crisis económica. La crisis está señalando cosas pero el problema es mucho más profundo.

-¿Cómo ha afectado la crisis a la actividad profesional de los arquitectos?

-Ha frenado un proceso que era evidente que iba muy mal y que no tenía destino. Vamos a ver ahora cómo reaccionamos, por eso es muy oportuna la Carta del Transcantábrico.

-¿Cuáles son los objetivos de la asociación?

-Somos una asociación sin ánimo de lucro compuesta fundamentalmente por arquitectos cuyo objetivo es profundizar y debatir la relación entre sostenibilidad y arquitectura, que posee un gran número de socios pero abierta a otras disciplinas y refrendada por un comité multidisciplinar de gran solvencia que colabora en dar rigor, seriedad y fundamento a todas nuestras actividades.




* LNE - 24.04.10


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El ex presidente balear Cañellas declara como imputado por corrupción

ELPAÍS/Palma* : El primer presidente de Baleares, entre 1983 y 1995, Gabriel Cañellas (PP), declaró ayer como imputado, en la comisaría de policía de Palma de Mallorca, ante los fiscales anticorrupción que investigan una supuesta malversación en la empresa pública balear Caib Patrimoni. En este caso están también imputados Luis Ramis de Ayreflor, consejero de Economía bajo el mandato del presidente Jaume Matas, y dos ex directores generales del anterior Gobierno autónomo: Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol.

Gabriel Cañellas negó su relación con supuestos desvíos de fondos de la compañía pública y con pagos de comisiones por adjudicación de obras.

El ex presidente de Baleares facturó en 2006 cerca de 50.000 euros a la firma Atlas Capital, una comisión por una intermediación en una venta, según documentó. Dos ejecutivos de Atlas están imputados tras percibir 600.000 euros por asesoría y control de un concurso de Caib Patrimoni que la acusación cree amañado.




* ELPAIS.com - 29.04.10
Foto: Palma, Presidència del Govern Balear - epdlp.com

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Nuevo revés judicial a los planes de Barberá

PÚBLICO/Valencia* : Primero fue el Ministerio de Cultura a instancias del Tribunal Supremo. Más tarde el Tribunal Constitucional en dos ocasiones. Y ahora la Audiencia Nacional, a través de un auto fechado el 9 de abril y que trascendió ayer. Las tres instancias han puesto freno al plan del Ayuntamiento de Valencia de derruir cerca de 600 edificios de alto valor histórico en el barrio de El Cabanyal. Un proyecto que Cultura paralizó, tras calificarlo de "expolio patrimonial", el 29 de diciembre a través de una Orden que el consistorio recurrió ante la Audiencia Nacional, a la que solicitó su suspensión cautelar.

Esta última medida ha sido denegada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal a través de un auto en el que insta al equipo de Gobierno de Rita Barberá (PP) "a la suspensión inmediata de la ejecución" del plan urbanístico que prevé derruir El Cabanyal para prolongar una avenida, "en tanto se lleve a cabo una adaptación que garantice la protección de los valores histórico artísticos que motivaron la calificación como conjunto histórico".

El texto señala que, de no ser así, "podrían producirse perjuicios irreparables en dicho patrimonio histórico". Tras este auto, queda pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la totalidad del recurso presentado por el consistorio.
Satisfacción en el barrio

La decisión judicial fue recibida con enorme satisfacción por Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a las demoliciones. Para su portavoz, Maribel Doménech, supone "un nuevo varapalo jurídico para Barberá, que se ha declarado insumisa a la legalidad vigente". También denunció que la alcaldesa ya conocía el auto este lunes, cuando aprobó 18 licencias de derribo "que serían nulas de pleno derecho".

Barberá no se pronunció sobre este tema, aunque sí cargó contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a la que conminó a presentarse "como alcaldesa de Valencia si lo que pretende es hacer un planteamiento nuevo para El Cabanyal".





* Público - 29.04.10
Foto: Valencia, ayuntamiento - elmundo.es

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El fiscal pide ocho meses para el alcalde de Zurgena, dos concejales y cinco ex ediles

ELPAÍS/Almería* : El alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), dos concejales y cinco ex ediles que formaron parte de la anterior corporación se enfrentan a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación. La fiscalía les culpa de un delito de prevaricación por votar favorablemente en un pleno, en febrero de 2006, la concesión de licencias para la construcción de cinco viviendas en suelos no urbanizables del paraje El Cucador. Los permisos fueron otorgados "a sabiendas de su injusticia", afirma el fiscal en su escrito de acusación.

El fiscal hace extensible este reproche al técnico municipal que dio el visto bueno a las construcciones, para el que reclama la misma pena.

En esta causa figuran también como imputados el administrador de la promotora de la obra y su director técnico, quien realizó los proyectos siendo consciente de que ocuparían suelos no aptos para la construcción. Para ellos pide el ministerio público dos años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para desempeñar cualquier trabajo relacionado con la construcción por delitos continuados contra la ordenación del territorio. El administrador de la promotora, José T. C., deberá indemnizar, en caso de condena, a los compradores de sus casas, para las que se pide la demolición.

Además del primer edil, se sentarán en el banquillo el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), y la segunda teniente de alcalde, Emilia Jiménez (PA). Les acompañarán los ex ediles andalucistas Aniceto López y Miguel Marín. Completan la lista de acusados los ex concejales socialistas Juan Morales y José Antonio Ramos y el ex edil popular José Juan Sánchez, para los que su letrado pide la absolución. Todas estas personas se enfrentan a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación por contribuir al desorden urbanístico en el Valle del Almanzora, en el que se ubica este municipio de algo menos de 3.000 habitantes.

El letrado aduce en su escrito que la falta de formación jurídica y urbanística de Morales, Ramos y Sánchez les impedía conocer la ilegalidad de las licencias. Por ello, arguye el letrado, se limitaron a votar a favor de la propuesta, que avalaban los informes del técnico municipal y de la secretaria del Ayuntamiento. El alcalde fue arrestado junto a su mano derecha, el edil de Urbanismo, el 2 de abril de 2008 dentro de la operación Costurero. Además, en esta operación se incluyen otros 11 procesos que salpican a 10 de los 11 miembros de la anterior corporación, a la ex secretaria del Ayuntamiento, a varios empresarios y al cuñado del alcalde, que es promotor inmobiliario.

En la causa principal, que aún está pendiente de calificar, Trabalón figura como acusado de prevaricación, cohecho, delito contra la ordenación y falsedad por privilegiar a promotores, entre ellos su familiar, y por otorgar licencias sin cumplir los requisitos previstos por la ley.





* ELPAIS.com - 29.04.10
Foto: Zurgena - teleprensa.es

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El TSJA desestima el recurso que pedía desbloquear el campo de golf de Lucena

ELDÍA/Córdoba* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por Las Lomas del Duque SA y La Dehesa del Duque SA para tratar de desbloquear el proyecto de construcción de un campo de golf en Lucena promovido por las dos sociedades, tal y como se recoge en una sentencia del 6 de abril a la que el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lucena, Miguel Villa, hizo referencia en el transcurso del último pleno ordinario.

Villa preguntó al alcalde de la ciudad, José Luis Bergillos (PSOE), si conocía que el "TSJA no ha admitido a trámite el recurso porque los promotores no han acreditado que los órganos de dirección de ambas sociedades sean competentes para litigar contra la Junta de Andalucía". El regidor replicó que carecía de noticias al respecto y añadió que "por lo que sabemos sigue adelante" el proyecto, una afirmación que de inmediato rebatió Villa, quien indicó que "lo que sigue adelante es la solicitud de declaración de interés turístico del campo, no la construcción del proyecto", matizó el concejal de IU.

El consejero delegado de una de las promotoras del campo de golf -Dehesas del Duque-, Manuel García, indicó ayer a El Día que "el TSJA no ha valorado las cuestiones de fondo que plantea el recurso y lo ha desestimado por una cuestión meramente formal" y adelantó que "vamos a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo", aunque se lamentó de que "como la justicia es así, tendremos que esperar otros cuantos años para que esto se solucione".

El recurso que no ha sido admitido a trámite pretende recurrir el dictamen de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba que suspendió la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Lucena relativa a la creación de un nuevo sector de Suelo Urbanizable Ordenado Residencial denominado Las Lomas del Duque.

Esta posición del TSJA supone un nuevo revés para los accionistas, que en su última junta general escucharon por parte del Consejo de Administración "el hartazgo y el cansancio" que suponía tantos años de trámites. Tras plantear a los accionistas dos alternativas, por un lado renunciar al proyecto y liquidarlo definitivamente; y por otro, la opción elegida por unanimidad, que no es otra que efectuar una liquidación ordenadamente, sin desprenderse de los activos necesarios para materializar el proyecto, decidieron dejarlo todo en suspenso hasta junio del presente año, fecha en que de nuevo reunida la junta general, se decidiría si se continúa adelante o si la iniciativa queda cancelada sin más dilación.

Y es que se dependía de si la tramitación burocrática permite desbloquear el proyecto y de si el recurso contencioso-administrativo planteado por los promotores del campo de golf se falla a su favor, algo en lo que se mostraban muy esperanzados porque, tal y como indicó el consejero delegado, Aurelio García, el recurso está "muy bien armado" según los expertos. Ahora, la decisión del TSJA lo vuelve a dejar todo en el aire.

Los promotores ya aceptaron en su día las pretensiones de la Junta de Andalucía de rebajar el número de viviendas inicialmente previstas en la zona -670 frente a las 1.070 del plan original-, la reducciónde la prohibición de la toma de agua de la estación depuradora sólo a los meses de julio y agosto y utilizar la depuradora de Lucena para el tratamiento de las aguas residuales. Los primeros pasos dados para el desarrollo del campo de golf consistieron en la compra de los terrenos, una operación que se realizó en 2001 adquiriendo la finca La Blanca con una superficie de 235 hectáreas por más de 5,1 millonesde euros. Manuel García recordó que "el proyecto consiste en la ejecución de dos campos de golf de 18 y nueve hoyos, un hotel de cuatro estrellas con 100 habitaciones y una serie de instalaciones complementarias, como casa club y alojamientos turísticos y residenciales".




* El Día de Córdoba- 29.04.10
Foto: Lucena - spainonline.com

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