* YouTube - sicomtv — 19 de febrero de 2010
— Iniciamos una seria dedicada a los precios, hipotecas, compra y alquileres de pisos..
Empezamos con el informe para España del "relator" de Naciones Unidas que ya detectó en 2007 el exceso en la construcción de vivienda, la especulación, la poca disposición de vivienda asequible, la gran cantidad de pisos vacíos y la corrupción.
Ada Colau, que trabaja en el "Observatori dels Derets Socials (DESC), nos analiza la ausencia de políticas gubernamentales de vivienda, en favor de los más débiles.
El crédito disparó el precio de la vivienda - Ada Colau 1
El precio de la vivienda
SERGIO GARCÍA GARCÍA* : Qué ganas tienen de que sea verdad el siguiente titular "El precio de la vivienda ha tocado fondo". Me despierto con esta noticia, de algún u otro modo, cada varias semanas en periódicos, radio, Internet... y pienso: ¿pero esto no había sucedido ya el mes pasado? Llevan tiempo queriéndonos convencer de lo mismo, pero usando distintos disfraces tipo "La compra de vivienda sube por primera vez en dos años", "la concesión de préstamos hipotecarios vuelve a crecer", "ya no puede bajar más la vivienda de segunda mano".... ¡Comprad!, ¡comprad, por Dios! creeros que "ahora" es el momento de comprar.
Entonces yo me lo creo porque quién me va a engañar ya por la mañana temprano, y me meto en páginas web especializadas en anuncios de compraventa de vivienda y busco un piso normal de 80 metros cuadrados, tanto nuevos como de segunda mano, en barrios periféricos de Madrid y cuál es mi sorpresa -no tanta la verdad, porque ya me la han intentado colar antes- cuando veo que los precios son exactamente los mismos que la última vez que entré. Pues nada, como se piensan que somos tontos y vamos a lanzarnos a comprar en masa y levantar esta crisis que ellos provocaron precisamente por trapichear con este sector...
Lo único que está aumentando es la adquisición de vivienda pero por parte de los bancos, ejecuciones de deuda debido a que los particulares no pueden pagar las hipotecas.
Si de verdad quieren empezar a vender casas prueben a bajar el precio de verdad, no a decirlo, porque el precio de la vivienda sigue estando insultantemente inflado teniendo en cuenta que alrededor del 65% de la población activa somos mileuristas.
* ELPAIS.com - Opinión - 18.04.10
Armilla: Un testigo dice que el alcalde leyó el informe del Nevada
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ELPAÍS/Granada* : El abogado del Ayuntamiento de Armilla (Granada) aseguró ayer que tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo conocían el informe desfavorable sobre el centro comercial Nevada antes de conceder la licencia de obras. Ambos políticos sostienen que no es así, pero el letrado municipal que declaró como testigo va más allá y dice que no sólo le conocían, sino que le "presionaron" para que lo modificara.
El informe, que no constaba en el expediente porque "no lo hizo" el letrado, según declararon los acusados, fue hallado en un registro ordenado por el juez instructor en dependencias municipales. Con su testimonio, el abogado desmonta la tesis que han sostenido dos de los principales acusados, el ex regidor y el ex edil de Urbanismo, que afirmaron que no tenían constancia del informe jurídico.
El abogado explicó en la cuarta sesión del juicio que ambos conocían el contenido del informe preceptivo porque habían mantenido varias reuniones en las que él les informó de que el Nevada incumplía la legalidad urbanística vigente. La fiscalía sostiene que fueron precisamente los propios dirigentes los que hicieron "desaparecer" el informe del letrado para seguir adelante con el proyecto.
El secretario municipal también avaló esta tesis y confirmó que ambos conocían el contenido del informe jurídico. El técnico redactó un escrito en el que advertía de dicha falta e informó oralmente a los ediles, que pese a todo decidieron aprobar la licencia del centro cuyas obras permanecen paralizadas desde hace años.
* ELPAIS.com - 24.04,10
Foto: Armilla (Granada) centro comercial Nevada - granadahoy.com
El TS admite el recurso contra el fallo que avala el hotel de 11 alturas junto al Botánico
LEVANTE/Valencia* : El futuro del solar de Jesuitas vuelve a los tribunales, en concreto, al Tribunal Supremo que acaba de admitir el recurso de casación de Salvem el Botànic contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que validaba el hotel de 11 plantas junto al jardín protegido. El fallo del tribunal valenciano de enero de 2009 recurrido por los vecinos suspende parcialmente la declaración como Bien de Interés Cultural del Jardín, en concreto, en el punto que obliga al dueño del solar, el empresario hotelero Antoni Mestre, a rebajar de 11 a cinco las alturas del edificio.
La Generalitat no recurrió el fallo del TSJ, que supuso un duro varapalo a su forma de actuar en el solar de Jesuitas, y dejó solos a los vecinos en la vía judicial. La plataforma siguió adelante y presentó un recurso contra el fallo del TSJ.
Salvem el Botànic, que aboga por liberar de edificabilidad el solar de Jesuitas y unirlo al jardín de las Hespérides, hizo ayer un llamamiento al Ayuntamiento de Valencia para que cierre la negociación con el dueño de Expohotel para trasladar el edificio. El ayuntamiento ofrece al hotelero terrenos en la revisión del plan general para trasladar el hotel.
Salvem el Botànic lleva 15 años litigando contra la construcción del hotel, lo que ha supuesto un elevado coste económico para los vecinos. Por eso ayer hicieron un llamamiento al acuerdo. "Es mejor un acuerdo que no continuar un litigio del que de manera colateral podría salir todavía más dañada la Generalitat después de que el TSJ planteara en la sentencia recurrida una grave descalificación de sus actos". La plataforma se ofrece en un comunicado a aportar propuestas concretas para una resolución favorable.
* Levante-EMV - 24.04.10
Foto: Valencia, el Botanic - hojadigital.com
Cáceres: La Zambomba recurrirá el nuevo plan general de urbanismo ante el TSJEx
ELPERIÓDICO/Extremadura* : Residentes de La Zambomba interpondrán un recurso contencioso-administrativo ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra la ordenación que el nuevo Plan General Municipal (PGM) de urbanismo prevé de terrenos colindantes a las casas de esta urbanización, que está entre la carretera de Casar y el paseo Alto. La ausencia de información a los afectados y la transformación de terrenos dotacionales en residenciales son dos de los argumentos en los que se apoyará el recurso, para cuya presentación se tiene de plazo hasta el 31 de mayo.
El nuevo plan de urbanismo afecta a la Zambomba con dos actuaciones. La primera, que es el motivo del recurso, incide en una superficie de 12.501 metros cuadrados, de los que 5.216 se dejan para red viaria, espacios libres y equipamientos, y el resto queda para residencial, que es el uso global que el nuevo plan general da a este ámbito de actuación en suelo urbano no consolidado, en el que el plan autoriza una edificabilidad residencial de 5.060 metros cuadrados para un número indicativo de 22 casas.
Residentes de la Zambomba rechazan que se hagan viviendas sobre terrenos que cuando se desarrolló la urbanización eran para dotación del barrio (un equipamiento deportivo), que quedasen como espacio de transición entre las casas y el paseo Alto.
La planificación de viviendas en esta zona se incluyó en la primera aprobación del plan (octubre del 2005) y generó un centenar de alegaciones, una de cada cinco reclamaciones que se presentaron durante el periodo de exposición posterior a esta aprobación eran por este motivo.
La corporación local aceptó la reclamación vecinal y decidió retirar la ficha, que sin embargo se volvió a meter en la última fase de la tramitación del plan, en un acuerdo de octubre del 2009 que se ratificó en noviembre.
Los cambios realizados en esta última fase del plan no tuvieron exposición pública al entenderse que no eran sustanciales, ya que en el caso de La Zambomba y de otros ámbitos que volvieron a convertirse en suelo urbanizable ya habían estado entre las planificaciones del plan general en aprobaciones anteriores.
PARTICIPACION Uno de los argumentos del recurso será que no se ha respetado el principio de participación ciudadana previsto en la legislación del suelo. Además se trata de una actuación que se excluyó del plan ante las numerosas alegaciones presentadas para incluirse con posterioridad y en una fase última en la que ya no hubo un nuevo proceso de exposición.
Cuando esta operación se incluyó por primera vez en el plan de urbanismo (octubre del 2005) se actuaba en una superficie de 2,4 hectáreas, que tras la aceptación de las alegaciones volvieron a quedar en el plan con la calificación de equipamiento deportivo de titularidad privada.
Pero en su nueva inclusión en el plan (noviembre del 2009) se dividió en dos ámbitos de actuación. El primero con una superficie de 12,5 hectáreas en las que el uso principal es el residencial (un potencial de 22 viviendas y una edificabilidad de 5.060 metros cuadrados --230 metros edificables por vivienda--). El segundo tiene una superficie de 10,5 hectáreas, que se tienen que ceder al ayuntamiento para equipamiento, y está vinculado a la operación urbanística prevista en la parcela de las Carmelitas.
* El Periódico Extremadura - 24.04.10
Foto: El terreno donde el nuevo plan permite la ejecución de viviendas está a continuación de las casas - RUFINO VIVAS, elperiodicoextremadura.com
Un testigo confirma que vio a José Luis Moreno entregar un soborno a Matas
LAVANGUARDIA/Palma* : Luis Velasco Ortiz, ex directivo de una productora de José Luis Moreno, se ha ratificado hoy ante el juez del "caso Palma Arena" en que vio cómo el productor televisivo entregó en 2005 un sobre con un soborno de 250.000 euros al entonces presidente balear Jaume Matas, informaron fuentes jurídicas. La entrega del sobre con el dinero del supuesto soborno se produjo, según su versión, durante la gala inaugural de la televisión autonómica celebrada en Palma. Velasco, que continuaba prestando declaración a primera hora de la tarde, ha confirmado, por tanto, la denuncia que en su día hizo a la fiscalía anticorrupción.
Con este y otros testimonios, los fiscales anticorrupción han acusado al ex presidente de Baleares de recibir dicho soborno de Moreno durante la gala de inauguración de IB3 "por las adjudicaciones de programas y decorados por el órgano de contratación de IB3 a mercantiles vinculadas" al productor.
Luis Velasco Ortiz, ex directivo de una productora de Moreno, llegó hoy a los juzgados de Palma para declarar como testigo, pero ante la petición de que se le imputara hecha por la fiscalía, su declaración se pospuso hasta que un abogado de oficio pudo asistirle, informaron a Efe fuentes jurídicas.
El ex productor de José Luis Moreno ya fue citado en marzo por el juez del "caso Palma-Arena", aunque no acudió a declarar entonces al encontrarse en Sudamérica.
A su salida de los Juzgados de Vía Alemania, Velasco afirmó que su comparecencia "ha ido muy bien" y en ella "he ratificado todo lo que dije", en relación con el presunto fraude cometido en la concesión de espacios televisivos. Hechos que se convirtieron en 2008 en una de las principales líneas de investigación dentro de las diligencias que la acusación pública remitió posteriormente al Juzgado, para que éste prosiguiese con las pesquisas en el marco de una pieza separada del caso Palma Arena.
Precisamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 advirtió, en el auto en el que el pasado 30 de marzo decretó prisión bajo fianza de tres millones de euros contra Matas, que la investigación en torno a los 250.000 euros "no ha hecho más que empezar", al igual que otras supuestas irregularidades denunciadas sobre la adjudicación de programas y el encargo de decorados a empresas vinculadas al empresario.
En la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez observa indicios del cobro de este soborno, un pago que guarda relación con el presunto fraude en los concursos y licitaciones de las empresas de Moreno con IB3, y que fue corroborado por la ex jefa de Producción del Ente autonómico, Nani Bohigas.
Castro reconoció que salvo la manifestación de Luis Velasco, "ningún dato objetivo existe sobre tal entrega, pero tan cierto como esto es también que las irregularidades denunciadas relativas a la adjudicación de programas tienen visos de ser ciertas", al aseverar que "han sido corroboradas por personas vinculadas a IB3 cuando supuestamente se produjeron". Es por ello que, abogó, "habrá de estarse a lo que arroje esta investigación que, en tanto judicializada, no ha hecho más que empezar", incidió el magistrado.
Se da la circunstancia de que el titular comenzó a interrogar a las 12.45 horas en calidad de imputado a Velasco después de que la Fiscalía Anticorrupción así lo solicitase, pese a que el juez le había citado como testigo. Y es que el fiscal Pedro Horrach pidió que Velasco compareciera como encausado ya que bajo esta condición ya depuso en sede del Ministerio Público -al autoinculparse por su presunta participación en las irregularidades investigadas en esta pieza-, circunstancia que retrasó el comienzo de la comparecencia.
El juez deniega suspender la declaración
Ante esto, el imputado solicitó en la vista ser asistido por un abogado de oficio, quien a su llegada al juzgado pidió la suspensión de la comparecencia para preparar la defensa y estudiar los numerosos tomos del caso en los que aparece el nombre de su patrocinado. Petición que fue desestimada por el juez Castro, por lo que Velasco y su abogado tan sólo pudieron entrevistarse durante media hora en una sala aparte para preparar la declaración.
Previamente a Velasco también prestaron declaración, en su caso como testigos, el que fuese contable de la cadena pública, Antonio Escribano, y el ex jefe de Contratación en el ente, Fernando Navarro.
* La Vanguardia - 23.04.10
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Imputado por prevaricación urbanística el alcalde de Rianxo
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XORNAL/A Coruña* : Según ha hecho saber la Fiscalía a través de un escrito, pide para el alcalde y los cuatro concejales una pena de un año y dos meses de prisión y una inhabilitación para empleo o cargo público de ocho años. Asimismo, para el acusado particular, la pena solicitada sería de un año y tres meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, al que habría que añadir otros nueve meses por uno de desobediencia, una multa de 36 euros diarios durante dieciocho meses, la inhabilitación por un año y nueve meses para profesión u oficio relacionado con el corte o el pulido de piedra, además de la obligación de demoler la obra y restaurar el terreno dejándolo en su estado primitivo.
La finca objeto del delito, informó la Fiscalía, es una nave industrial de 1.116 metros cuadrados situada en la parroquia de Santa María de Asados y dedicada a la talla y pulido de piedra.
El delito, explicó el Ministerio Fiscal, tiene su origen en que la nave está levantada en suelo calificado como no urbanizable, contando para ello con una licencia expedida por el Ayuntamiento de Rianxo en la comisión municipal de Gobierno del 19 de octubre de 2000.
Previamente a su aprobación, la licencia requería de la aprobación del delegado territorial de Obras Públicas, que denegó la solicitud el 13 de septiembre de 1999.
Sin embargo, el alcalde y los cuatro concejales acusados votaron a favor del otorgamiento de la licencia a este particular, con el que la habían acordado, amparándose en el pretexto legal de que la nave guardaba relación con la explotación de recursos naturales, vinculada a la extracción de piedra en la propia explotación.
Desde la Fiscalía recordaron que la empresa solicitante no contaba en el momento de la concesión con autorización ni previsión para realizar tal extracción por parte de los organismos competentes. Es más, en los ocho años de actividad de la compañía, nunca llegó a pedir permiso alguno para tal fin, apuntaron en el escrito.
Además, el alcalde desoyó, días después de transformar la licencia para evitar solicitar una nueva autorización a la Consellería, el requerimiento del conselleiro para suspender la licencia y paralizar las obras.
* Xornal - 23.04.10
Foto: Rianxo (A Coruña) - rurae.com
Detenidas otras 8 personas por la red de corrupción urbanística en Lanzarote
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20MINUTOS* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a otras ocho personas en el marco de la 'operación Jable', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Lanzarote, con lo que ya son 16 las personas detenidas por este caso. Fuentes de la investigación han explicado que las detenciones se han producido a lo largo de la mañana del viernes en Lanzarote, Gran Canaria y la Península, si bien hasta el momento no ha transcendido la identidad de las personas arrestadas.
Hasta ahora se habían detenido a ocho personas supuestamente relacionadas con esta red de corrupción, incluida la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, quien se encuentra en prisión provisional junto ingeniero jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y al técnico de la empresa de limpieza Urbaser Jacinto Álvarez.
Las otras cinco personas que ya han prestado declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Lanzarote, han quedado en libertad con cargos.
* 20 Minutos - EFE - 23.04.10
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET
Cantabria: ARCA pide al Parlamento que no legisle para "proteger" a los alcaldes condenados a derribar
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QUÉ* : La asociación ecologista ARCA pidió hoy al Parlamento de Cantabria que legisle a favor de la restauración del paisaje costero y "no para proteger a los alcaldes condenados a derribar urbanizaciones construidas con licencias ilegales". En un comunicado, ARCA consideró "insólito en términos democráticos" que los tres grupos parlamentarios "sigan alimentando" la propuesta de cambiar el articulado de las leyes del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) "para impedir que se ejecuten las sentencias firmes de derribo que han dictado los tribunales de justicia".
Según la asociación, "lo más grave es que la propuesta tiene como primer objetivo proteger a los alcaldes que concedieron licencias ilegales y para conseguirlo algunos parecen dispuestos a cualquier cosa", como, a su juicio, ha "demostrado el PP filtrando el borrador de cambios legales a un medio de comunicación para presionar al Gobierno".
Frente a estos "despropósitos", ARCA insiste en que "todos los responsables políticos de las sentencias de derribo deben dimitir o ser cesados de inmediato".
Además, recalca que "Gobierno y Parlamento tienen el deber de defender la aplicación de la legislación urbanística vigente" y que las sentencias firmes "deben ser ejecutadas de la forma menos lesiva a través de acuerdos entre el demandante y el Ayuntamiento condenado".
Por último, ARCA exige también la "justa compensación por los daños materiales y morales que sufren los propietarios afectados por las sentencias de derribo".
* Qué - E.P. - 23.04.10
Foto: Piélagos (Cantabria), viviendas Alto del Cuco - EFE
Madrid: Imputado un viceconsejero por construir en terreno protegido
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ELPAÍS* : El ex alcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio lleva más de siete años litigando por haber convertido un antiguo molino de piedra en un restaurante de lujo. Un vecino del municipio llevó el caso a los tribunales porque el molino, del siglo XVIII, está en una zona de máxima protección. El ex regidor, ahora viceconsejero de Empleo, ignoró las repetidas advertencias del Gobierno regional. La dirección general de Urbanismo llegó a pedirle que cerrase el restaurante. Pero nada. Fernández tenía intereses en la sociedad que gestionaba el local. Ahora "tras una larga y enojosa tramitación", según reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se le imputa un delito contra la ordenación del territorio.
El tribunal también declara nulos los anteriores autos judiciales porque en mitad del proceso Fernández Rubio alegó que era diputado, lo que le impedía ser juzgado por un tribunal ordinario. La estratagema provocó que el procedimiento tuviera que reiniciarse. Ahora el TSJM afea la conducta del alto cargo regional por pedir el aforamiento en mitad del proceso. "No parece que tal conducta, con base en, aparentemente, una deliberada ocultación, cuadre con las reglas de buena fe", sostiene el magistrado.
"Se inició en 2001 y se ha dilatado hasta ahora; parece que al acusado sólo le ha interesado preparar argucias legales para alargar el proceso", sostiene el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. Y sentencia: "La Comunidad de Madrid ha actuado de forma bochornosa intentando legalizar una situación irregular".
* ELPAIS.com - 23.04.10
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
Matas nunca fue tan rentable
DIARIODEMALLORCA* : Desde que depositó los tres millones de fianza que le libran por ahora de la cárcel, Jaume Matas es productivo para todos. No es que quiera, pero lo es. Justicia obliga: cada vez que una fianza entra en la Cuenta de Depósitos y Consignas que gestiona Banesto para el Ministerio de Justicia, el reloj de los intereses empieza a correr. No lo hace a velocidad de hipoteca de simple mortal, pero avanza inexorable incluso para el divino ex president del hágase. Su fianza de récord le concede el dudoso honor de ser el poliimputado más rentable de España: los tres millones de garantía con los que el Banco de Valencia le ayudó a eludir las rejas le reportan al bolsillo de todos más de 90.000 euros al año.
La cifra es gruesa si se compara con la de otros imputados célebres de la isla con más encausados por escaño cuadrado, pero se queda corta si se toma como referencia el agujero que dejó en las cuentas públicas el Palma Arena. A razón de 90.600 euros en intereses anuales, los mallorquines tardarían en recuperar los 62 millones extra que pagaron por un velódromo aún intransitable 688 años: casi una edad
geológica. La de Jaume Matas.
Y aún así el ex president del palacete y el Palma Arena nunca fue tan rentable para la cosa pública. Tampoco Maria Antònia Munar. Ni Nadal, Vicens, Buils, Ballester, Ayreflor o Flaquer, por citar solo a algunos de los políticos profesionales que durante lustros, presuntamente, se lucraron en cargos pagados con fondos públicos y hoy penan con patrimonio sus excesos en la gestión de los recursos ajenos. Entre unos y otros, han depositado fianzas penales por valor de 5,6 millones, una cifra que según los tipos de interés que confirma el ministerio de Justicia reporta a las arcas públicas 170.000 euros al año, que saben a poco por varias razones.
La primera y fundamental es que ese rendimiento está lejos de compensar el dinero público desaparecido, malversado o directamente robado. Los 688 años que se tardaría en pagar el desfase del Palma Arena con los intereses de la fianza Matas dejan clara la desproporción, que sería menor si no influyese un segundo factor: el euríbor. El índice que mantiene en vilo a todo hipotecado de bien rige también en el caso de las fianzas de los presuntos corruptos, que desde el 1 de enero rentan a la caja común un interés equivalente al euríbor más 1,8 puntos.
Y por ahí también sale perdiendo la hucha de todos. El índice está más encogido que nunca. Cotiza a un bajísimo 1,22% que da aire al presupuesto familiar pero hunde la rentabilidad de la cuenta de fianzas. Los tres millones de Matas que este año reportarán al Tesoro Público 90.600 euros en intereses habrían supuesto una tajada de casi 220.000 en tiempos no muy lejanos, allá por 2008, poco después de que el ex president se dejase el cargo en las urnas. Y lo mismo sucede con el resto de poliimputados que se asoman al gráfico que acompaña a esta página, en la que ninguno hace sombra a Matas en lo que a rentabilidad criminal se refiere.
Otra cosa es la responsabilidad civil. Ahí Matas cede el cetro de rey de las fianzas (aún no se le ha fijado cuantía de responsabilidad civil), aunque el liderazgo no va muy lejos. Queda en los dos mismos partidos: PP y UM, que colocan en lo más alto a tres de sus cargos de postín. El puesto de más fianza y menos lustre es para Miquel Ángel Flaquer, ex presidente de UM sobre el que pesa una caución de 38 millones de euros, tan gruesa que en el momento que se deposite generará más de un 1,1 millones de euros en intereses anuales. Después surge el nombre de un ilustre del PP, José Juan Cardona, al que su fianza de 4,8 millones no le impide mantener cargo y caché en el partido de Rajoy. Completa el podium la omnipresente Munar: como Matas, ha encontrado en las fianzas una forma de ser productiva para la sociedad, a la que agasaja con 86.000 euros al año en intereses no deseados. Munar, Nadal y Flaquer hacen de hecho de UM el partido más productivo en la industria de la corrupción política: los tres ex presidentes del partido generan sin quererlo casi 1,3 millones en intereses (bancarios, se entiende), la parte más generosa de las fianzas que revierten en la caja de todos.
Mallorca no ve un euro
O más que de todos, de algunos. Porque la Justicia mallorquina no se queda directamente ni un solo euro de los 1,66 millones que generan en intereses las fianzas de sus políticos más controvertidos. Ese dinero va al Tesoro Público y pasa a ser gestionado por el Gobierno, al que algunas autonomías han empezado a plantar batalla. Es el caso de Cataluña, que tras lograr la transferencia de competencias judiciales reclama beneficiarse de las fianzas de sus encausados. Peor lo tiene Balears, atascada en la fase más embrionaria de la reivindicación: la de reivindicar las competencias que otros ya ejercen.
La isla con más imputados por cargo electo queda así fuera del reparto de beneficios de la productiva industria local del presunto corrupto, que puede llegar a ser muy lucrativa. Sobre todo si a Matas y compañía se les ocurre darse a la fuga: en ese caso la fianza completa pasaría al Tesoro Público en menos tiempo del que tardan en inflarse las facturas del Palma Arena. Algo que con Matas podría llegar a ocurrir. O así lo cree el juez, que le aplicó la mayor fianza a su alcance ante el temor a que el ex president imputado por prevaricación, fraude, malversación y blanqueo desaparezca en busca del dorado que se le supone. Que Matas nunca fue tan rentable para lo público, pero según se teme el juez sí que se esforzó en serlo para sí mismo.
* Diario de Mallorca - 23.04.10
Foto: Palma, fachada palacete Matas - diariodemallorca.es
La Fiscalía está dispuesta a actuar contra el último hotel ilegal de Zahora
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DIARIODECÁDIZ/Barbate* : La Fiscalía de Medio Ambiente está dispuesta a intervenir contra el hotel Zahora Riad, construido de forma irregular en las proximidades del tómbolo de Trafalgar y abierto el año pasado al margen de cualquier normativa, según confirmaron fuentes de la institución judicial. La Fiscalía puso ayer a uno de sus trabajadores a revisar los registros de diligencias de investigación penal de los últimos años en materia de ordenación del territorio a fin de comprobar si hay alguna actuación en marcha.
"Una vez que nos aseguremos de que tuvimos o no diligencias sobre el asunto actuaremos en consecuencia. Si las tuvimos, veremos si formulamos denuncia en su día y en qué juzgado se tramita el asunto, y en qué situación se encuentra. Y si no hemos incoado diligencias, lo haremos de inmediato, requiriendo información a la Administración", explicaron las mismas fuentes.
El moderno establecimiento ha colmado el desastre urbanístico de Zahora, donde hay más de 800 casas y decenas de negocios irregulares a la expectativa de un proceso de regularización planteado en 1996 y que hoy está muy lejos de ser una realidad. En la zona no hay agua de la red general, ni saneamientos ni la mayoría de infraestructuras y servicios básicos.
La puesta en marcha de Zahora Riad no ha pasado desapercibida para la Consejería de Turismo. Los inspectores visitaron la instalación dos veces en el último año pero no detectaron actividad, según ha explicado el delegado de Turismo de la Junta en Cádiz, José María Reguera (PSOE). En los últimos días los inspectores han regresado a la zona, avanzó ayer Reguera, que sospecha que ahora el negocio "sólo está abriendo los fines de semana": "Puede que haya más negocios de este tipo y actuaremos contra los que incumplan la normativa de una forma tan notoria como en este caso, aunque insisto en que el problema de Zahora es un problema urbanístico que deben solventar el Ayuntamiento y Ordenación del Territorio", argumentó.
Ayer, el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, opinó que la solución llegará de la mano del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda, que será aprobado el día 27 después de varios años de trámites. "Va a ser un reglamento de disciplina urbanística que va a dotar de los instrumentos necesarios contra problemas como éste; el urbanismo ilegal tiene los días contados con la aprobación del POT", declaró Cabaña.
El POT de La Janda, sin embargo, apenas hace mención al rompecabezas de Zahora y a sus soluciones salvo la incorporación del núcleo rural a la llamada "área de oportunidad turística Trafalgar-San Ambrosio", en la que se propiciarán desarrollos hoteleros y residenciales. La ordenación del poblado barbateño está en manos del Ayuntamiento y de la Administración regional, que deberán desarrollar un plan especial.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, criticó ayer a la Junta por "haber utilizado la administración para bloquear proyectos legales y, sin embargo, haber hecho la vista gorda en otros sitios donde los hoteles no cumplían todas las normas por razones de partidismo y amiguismo".
"Barbate necesitaba unos planes alternativos desde el punto de vista económico para no depender de sectores cuyas dificultades todos conocemos. Pero, lamentablemente, el PSOE no ha sido sensible para encontrar esas alternativas, y cuando las ha tenido, las ha bloqueado", señaló Sanz, en referencia velada al plan hotelero de Hipotels y TUI en Trafalgar.
El presidente de la patronal de hostelería Horeca (800 asociados), Antonio de María, también se pronunció sobre la situación de Zahora Riad para reclamar unas "normas que lleguen lo antes posible y que propicien un marco legal que posibilite el desarrollo". De María, aun así, considera que deben diferenciarse los negocios que llevan muchos años trabajando en la zona y los que se abren ahora. "Hay que separar lo actual de lo anterior", dijo el representante de los hosteleros, antes de recordar que "todas las personas normales mayores de 18 años saben que no se puede construir y abrir un negocio sin permiso porque hablamos de un grave delito".
* Diario de Cádiz - 23.04.10
Foto: Entrada del hotel Zahora Riad, situado en el camino de la Aceitera, en Barbate. - diariodecadiz.com
Zorrozaurre, abierto en canal
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ELCORREO/Vizcaya* : La tensión generada por la sentencia que anula las bases del plan de Zorrozaurre afloró ayer en la comisión monográfica convocada en el Consejo de Distrito de Deusto. A la comisión gestora se la vio más preocupada que en las declaraciones oficiales por las repercusiones que puede tener el fallo en las obras de rehabilitación de las casas de la ribera de Deusto, así como en las de Idom y la clínica del Igualatorio, y por el retraso que supone para el conjunto del plan. Los vecinos dieron rienda suelta a su malestar por la «falta de participación ciudadana» y en algunos casos, como las asociaciones de la ribera de Deusto y El Canal, evidenciaron una gran distancia.
El gerente de la comisión gestora, Pablo Otaola, recordó que el acuerdo plenario anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es el origen de todo el proceso y, por lo tanto, «nos obliga a volver a la casilla de salida». Enseguida surgieron las preguntas sobre aspectos concretos como el impacto del tráfico generado por las 5.000 viviendas previstas y centros como los de Idom, el Igualatorio y la BBK en Deusto y San Ignacio. Él respondió que eso se concretará en el Plan Especial, cuya elaboración se ha visto interrumpida por la sentencia. Y, ante la insistencia de los residentes, les animó a «hablar con la asociación El Canal para que no recurran la modificación del plan y no tengamos que volver a empezar», lo que soliviantó a la concurrencia. «Lo que hemos hecho es ejercer un derecho y el juez nos ha dado la razón», respondió un miembro de la agrupación. Otro acusó a Otaola de «provocar» y soltó: «Ya os dijimos que os ibais a cagar».
Con los ánimos caldeados, empezaron a llover críticas al proceso de participación ciudadana. «No habéis escuchado nuestras propuestas ni habéis cambiado una coma», censuró una mujer. Otaola aseguró que es el proyecto de Bilbao que más se ha abierto a los vecinos y recordó que la mayor parte de las asociaciones del distrito «expresaron por escrito que estaban a favor del plan» en el otoño de 2008, cuando se celebraron varias comisiones monográficas sobre el tema.
Más allá de las críticas generales, que se centraron en los planes de construcción de viviendas, hubo dos puntos especialmente sensibles. Al responder a una pregunta sobre el IMQ, el gerente de la comisión afirmó que tanto el Igualatorio como Idom «están en una situación muy incómoda» porque la licencia de obras tiene su origen en el acuerdo anulado e incluso «están pensando si parar o no» los trabajos que ya han iniciado. Para que eso ocurriera tendrían que pasar dos cosas: que el Supremo no admita el recurso de casación que se ha presentado y que la asociación El Canal pida la ejecución de la sentencia, algo que nunca ha dicho que vaya a hacer. Ayer reiteró su voluntad de «hablar y llegar a un acuerdo» e hizo dos propuestas concretas: abrir un debate con las fuerzas políticas y habilitar una oficina de información sobre el proyecto en Deusto.
La tensión, sin embargo, estaba en el ambiente y se manifestó con la intervención de unas vecinas de la ribera de Deusto, donde residen 500 familias, que se mostraron muy preocupadas por el impacto que puede tener la sentencia en la rehabilitación de las casas, que acaba de comenzar. La representante del área de Urbanismo admitió que «legalmente tenemos un problema» mientras no se garantice la seguridad jurídica. Según explicó, hay tres edificios que estaban «fuera de ordenación expresa» -sin posibilidad de acometer reforma alguna- en el Plan General de 1995, por lo que habría que parar los trabajos si se llega a ejecutar la sentencia.
-«Seguís siendo rehenes», apostilló un miembro de la asociación El Canal.
-«¿De quién?».
-«Del Ayuntamiento».
-«¿Y de quién más?».
Txutxi González, que pertenece a la federación vecinal, llamó a «evitar enfrentamientos entre asociacones» y lanzó un mensaje constructivo. «El movimiento ciudadano no quiere tumbar Zorrozaurre ni poner zancadillas», aseguró. En su opinión, la sentencia ofrece una oportunidad de corregir errores y buscar «el equilibrio» del proyecto que no debe desperdiciarse. «Vamos a sentarnos, todos tenemos que ceder».
* El Correo - 23.04.10
Foto: Panorámica de Zorrozaurre. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ, elcorreo.com
Urbanismo: derribos y destrozos
ROBERTO BLANCO/Galicia* : Para que no haya duda alguna lo dejaré claro desde ya: creo, y así lo he escrito en este periódico en muchas ocasiones, que el problema del deterioro del espacio y del paisaje que desde hace décadas sufrimos en Galicia a consecuencia de un urbanismo salvaje y de nula calidad es una de las mayores tragedias a las que debemos hacer frente. Y porque lo creo, estoy convencido de que los instrumentos de disciplina urbanística -incluido el derribo de construcciones ilegales- son una exigencia inexcusable para poner coto a esa auténtica plaga de feísmo, «vai facendo» y «tú tranquilo, que al final todo se arregla».
Es, por tanto, desde esa convicción desde la que considero que la citada disciplina tiene que ser compatible, en todo caso, con un elemento esencial de cualquier Estado de derecho: hablo, claro está, de la seguridad jurídica.
Pues es la seguridad jurídica -sin la cual nuestros derechos se esfuman en el aire- la que exige no dar el mismo tratamiento al caso de una construcción ilegal levantada a la brava sin ningún tipo permiso (ni siquiera el de la inteligencia) y el de una que se declara ilegal tras haber sido edificada legalmente y tras haber sido vendida a propietarios que han comprado desde su más absoluta buena fe.
En el primero de esos casos, la reacción de la ley ha de ser implacable: el que edifica donde no se puede edificar ya sabe a lo que está: a que, antes o después, y salvo que tenga mucha suerte y buenos amigos entre los políticos de turno, se verá obligado a derribar lo construido ilegalmente. Lo más importante es aquí la generalidad de la reacción, pues es la extendida conciencia de que siempre hay excepciones la que anima a muchos a intentar colarse de matute dentro de ese grupo.
En el segundo de los casos -el del comprador de buena fe que ve de la noche a la mañana que lo que había sido legal durante años, porque contaba con todos los permisos necesarios, se convierte de pronto en ilegal y en objeto de orden de derribo-, el afectado no puede aspirar, desde luego, a que aquel no llegue a ejecutarse: la ley es dura, dice el brocardo latino, pero es la ley.
Sin embargo, un elemental sentido de la justicia hace necesario que el perjudicado de buena fe por tan escandaloso funcionamiento de una Administración que (haya actuado de forma delictiva o no, lo que es otra historia) resulta incapaz de hacer cumplir la ley en tiempo y forma, sea compensado no con los ridículos criterios indemnizatorios que suelen ser frecuentes, sino de un modo que de verdad repare su destrozo moral y material. Eso es lo que exige la seguridad jurídica: sin ello, los ciudadanos somos meros súbditos en manos de un poder que puede ser irresponsable y salirse de rositas.
* Roberto Blanco Valdés - El Ojo Público
* La Voz de Galicia - Opinión - 23.04.10
El fiscal pide 4,8 millones de fianza para otro cargo de Matas
ELPAÍS/Palma* : La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer que el juez imponga una fianza de responsabilidad civil de 4,87 millones de euros a José Juan Cardona, consejero de Industria del Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007), actual parlamentario y miembro de la cúpula del PP. Es el tercero de los consejeros de Matas imputados por supuesta corrupción.
El político negó haber participado en una supuesta trama de negocios clandestinos con dos ex altos cargos de su departamento en el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (Cdeib), en el llamado caso Scala-Cola Cao, en el que se indaga el desvío de cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007.
Un ex edil del PP y beneficiario de los contratos del consorcio, Felip Ferré -que pactó con la Fiscalía una reducción de pena- mantuvo la acusación contra el ex consejero. También involucró a Cardona el testimonio de una de las corruptas confesas, la ex gerente del Cdeib Antònia Ordinas, que entregó en 2008 más de 240.0000 euros apropiados y que tenía ocultos en una caja de Cola Cao enterrada en su jardín.
Tanto Ordinas como su supuesto socio, el ex director general de Industria Kurt J Viaene, y la esposa de la ex gerente, la soprano Isabel Rosselló, estuvieron en prisión preventiva más de dos meses al estallar el caso. La investigación ha documentado cobros de estudios inexistentes y repetidas autocontrataciones.
José Juan Cardona, abogado y dos veces consejero, firmó repetidas ampliaciones de crédito del Cdeib para financiar los gastos de promoción en numerosos países, desde China a Estados Unidos. El juez Antonio Capó le preguntó si no se extrañó de los reiterados incrementos para cubrir déficit, y él contestó que no.
En el caso Scala-Cola Cao, Cardona figura, además, en un episodio de supuesta financiación irregular del PP de Ibiza por haber exigido una supuesta dádiva en especie (propaganda) a un publicista que facturó contratos por más de cuatro millones a las arcas públicas.
El PP ibicenco, que lideró el imputado, no pagó la edición de las decenas de miles de ejemplates de revistas electorales, para los seis municipios de Ibiza y Formentera en mayo de 2007 que ejecutó el publicista Joan Rosselló.
* ELPAIS.com - 22.04.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
Cataluña: El Gobierno podrá forzar el alquiler de pisos vacíos en 432 municipios
ELPAÍS/Barcelona* : El Gobierno catalán tiene ya en sus manos el marco territorial que le permitirá desplegar la Ley de Vivienda, incluida la polémica medida del alquiler forzoso de pisos vacíos. La Generalitat podrá expropiar el usufructo de las viviendas vacías en 432 municipios catalanes, es decir, en casi la mitad del total, según fija el Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSV). Fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda recordaron que sólo se recurrirá a esta medida en determinados casos y una vez agotadas todas las vías para sacar estos pisos al mercado de alquiler.
El artículo 42 de la Ley de Vivienda, aprobada en 2007, establece que la Generalitat podrá declarar el "incumplimiento de la función social de la propiedad" de pisos que estén permanentemente vacíos. A partir de entonces, el dueño tiene dos años para alquilarlo. Si no lo hace, el Gobierno catalán podrá expropiar durante cinco años su usufructo para arrendarlo, aunque antes deben haberse agotado todas las medidas públicas de fomento del alquiler.
Después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat declarara inconstitucional este artículo por vulnerar el derecho de igualdad -puesto que los municipios podrían aplicar criterios dispares-, el Ejecutivo catalán previó que sólo se aplicaría en "áreas de demanda fuerte y acreditada". El PTSV, que ayer salió a información pública junto con el proyecto de decreto para aprobarlo, establece que el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda podrá ejercer esta potestad en 432 localidades distribuidas en 39 ámbitos territoriales.
El plan establece que la demanda es "fuerte" cuando en una zona urbana la demanda es seis veces superior a la oferta o bien hay unas necesidades de vivienda el 10% superiores a la media, y en áreas rurales, cuando se precisan más de 400 casas de las que hay o el mercado pide un 50% más que la media. El PTSV se centra en municipios o ámbitos territoriales, y en los gráficos (véase el de la página siguiente) la mancha más intensa está en la región metropolitana de Barcelona, la costa tarraconense y las zonas de Blanes-Lloret de Mar y Roses-L'Escala.
De los 432 municipios en los que se podrá ejercer el alquiler forzoso, 119 están en ámbitos metropolitanos, 210 en zonas urbanas y 103 en áreas rurales, según el documento. El director general de Promoción de la Vivienda, Joaquim Gascó, explicó ayer que estos ámbitos territoriales no sólo sirven para aplicar el alquiler forzoso, sino también otras dos medidas: la promoción de vivienda social en suelo urbano consolidado -es decir, las zonas residenciales ya construidas y el centro de las ciudades- y el ejercicio del derecho de compra preferente de inmuebles.
Gascó aseguró que el Gobierno catalán espera no tener que recurrir a algunas de estas medidas, sobre todo a la del alquiler forzoso, puesto que antes puede recurrirse al fomento de la rehabilitación, les redes de mediación y las ayudas públicas. "Aun así, el Gobierno debe estar preparado y debe poder ejercer esas medidas", aseguró. En todo caso, Gascó recordó que los afectados no serán familias que, por ejemplo, hayan heredado algún piso, sino grandes fortunas que han adquirido pisos para especular y que no tienen interés en sacar al mercado de alquiler sus inmuebles.El Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSV) es un extenso documento técnico y normativo que, según Joaquim Gascó, "constituye el marco orientador de las políticas" que prevé la Ley del Derecho a la Vivienda. "Es el último fundamento de la estructura de la política de vivienda de la Generalitat", asegura el director general de Promoción de Vivienda de la Generalitat.
Y uno de los pilares es que el 15% del parque de viviendas de las localidades catalanas con más de 5.000 habitantes sea protegido a los 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, en 2027. La Generalitat lo ha bautizado como Fondo de Solidaridad Urbana y se trata de un sistema por el que los municipios catalanes irán coordinando con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda las políticas necesarias para elevar su parque de vivienda social.
Si bien la Generalitat siempre ha considerado que la proporción de vivienda pública todavía es muy baja, dentro de la etiqueta de "vivienda social" se incluyen los alquileres de renta antigua con prórroga forzosa o los pisos de inclusión social. En total, el PTSV establece que los 207 municipios con más de 5.000 habitantes necesitan 163.343 viviendas sociales para llegar al objetivo de 2027.
Sólo la ciudad de Barcelona ya deberá procurar tener 40.312 pisos sociales más que ahora. La conurbación de Barcelona deberá hacerse con 31.049 viviendas; el resto del arco metropolitano, con 45.380; la provincia de Girona, con 15.252, y los municipios del Camp de Tarragona, con 14.225. Gascó explicó que hasta 2013 todos los municipios deberán acordar con la Generalitat cómo ampliar su parque social.
En los ámbitos territoriales con más demanda, además, la Generalitat promoverá la masoveria urbana, consistente en un acuerdo entre propietario e inquilino por el que el dueño cede su piso sin cobrar rentas al usuario a cambio de que éste lo rehabilite. El Ejecutivo catalán, además, destina ayudas para estas reformas.
* ELPAIS.com - 22.04.10
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
La ex alcaldesa de Arrecife y el jefe de la oficina técnica municipal ingresan en prisión por soborno
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DIARIODELANZAROTE* : La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento capitalino, Rafael Arrocha, ingresaron en prisión provisional tras prestar declaración ante el juez César Romero Pamparacuatro, que instruye el ‘caso Unión' y coordina la ‘operación Jable', en la que fueron detenidos Déniz y Arrocha el lunes. El juez ha determinado su ingreso en prisión provisional, al contrario de lo que ha sucedido con otros imputados como Stephani Jean Balverde, directivo de Urbaser, el ex consejero del Cabildo Miguel Ángel Leal y el empresario Francisco Armas, que quedaron en libertad con cargos este miércoles.
Tanto María Isabel Déniz como Rafael Arrocha –que ya estaba imputado en el ‘caso Unión' por revelación de información privilegiada- salieron del Palacio de Justicia a lo largo de la madrugada tras haber prestado declaración durante horas.
En la investigación se trata de determinar si se han producido delitos de cohecho, tráfico de influencias, alteración de concursos públicos, entre otros.
* Diario de Lanzarote - 22.04.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), exalcaldesa ingresa en prision - diariodelanzarote.com
El trueque de viviendas se pone de moda
20MINUTOS* : El trueque, primera forma de intercambio comercial entre humanos, se está poniendo de moda en el sector inmobiliario en algunas ciudades europeas como alternativa a la compraventa. La mayoría de trueques se formalizan mediante portales en Internet que ofrecen apartados en los que los propietarios de viviendas proponen el intercambio de sus casas por otras. Así, muchas familias pueden permutar sus viviendas por otras más baratas, en la mayoría de los casos por no poder hacerse cargo de los pagos de las hipotecas.
¿Quién puede?
El caso más habitual hoy en día es el de los que disponen de una vivienda que no pueden pagar. La adquirieron en bonanza económica, pero ahora tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Para este tipo de casos, el trueque se presenta como una solución para conseguir otra más modesta y que sí podrán pagar. Además, con el trueque finalizan la transacción en menos tiempo, ya que se evitan tener que colocar su piso en el mercado y esperar meses para venderlo.
Pueden beneficiarse también de las permutas los propietarios de una vivienda que, con el paso del tiempo, se les ha quedado pequeña. Es el caso de quienes compraron hace unos años su casa y la familia ha ido creciendo. Con el trueque pueden obtener una mayor, con las mismas ventajas que en el caso anterior: la compraventa simultánea en el menor espacio de tiempo.
Pioneros
Desde hace dos años, el departamento vasco de Vivienda impulsa un programa para facilitar el intercambio de casas de protección oficial (VPO) entre particulares. Gracias a este programa, pionero en España, un centenar de vascos ya ha conseguido mudarse. Su bolsa de interesados suma en la actualidad cerca de 650 propietarios y el índice de éxito ronda el 20%.
La vivienda protegida en Euskadi, en concreto la que se construyó a partir de 2002, siempre estará sujeta a los precios marcados para las viviendas de VPO. Esto impide cualquier intento de especulación, pero a la vez también dificulta que las familias puedan mudarse conforme se modifican sus propias necesidades. Ello ha obligado a la Administración a idear fórmulas para facilitar estos cambios de residencia.
En este sentido, el Etxebide, el Servicio Público de Adjudicación de Vivienda Protegida del Gobierno vasco, cuenta en su web con un espacio en el que facilita el encuentro de aquellas personas que tienen una vivienda de protección oficial y quieren intercambiarla por otra.
Los propietarios de viviendas interesados en el trueque que habiten en otras zonas o ciudades del territorio español pueden utilizar las webs de algunos portales inmobiliarios, como fotocasa.es, para anunciar su vivienda y describir la alternativa de sus deseos. Suerte.
* 20 Minutos - 22.04.10
Foto: Imagen de un edificio de viviendas de nueva construcción. (Europa Press)
Zahora no tiene remedio
DIARIODECÁDIZ* : En Zahora, en el término municipal de Barbate, hay más de 800 viviendas y varias decenas de negocios irregulares, en suelo rústico, agrupados frente al mar sin infraestructuras ni servicios mínimos: no hay una red general de abastecimiento de agua, ni saneamientos, ni transporte público, ni atención sanitaria ni una cobertura decente de TDT. Las casas y los negocios turísticos se mantienen al margen de la ley a la espera de un proceso de regularización que fue planteado por primera vez en 1996 pero que apenas ha avanzado desde entonces y que está muy lejos de ser una realidad.
En Zahora todo es ilegal pero hay expectativas de legalización, y, en este limbo urbanístico, es posible construir un hotel y abrirlo al público sin ningún tipo de licencia ante la incapacidad y dejadez de las administraciones públicas.
El ejemplo más reciente del descontrol del poblado barbateño -no el único- está en el camino de La Aceitera, en las proximidades del tómbolo de Trafalgar, donde se levanta Zahora Riad, un alojamiento de veinte habitaciones ("16 habitaciones y 4 suites") con vistas al faro que recrea la típica construcción marroquí. Es visible desde la carretera; color teja.
El negocio se inauguró el verano pasado. En su página web, activa hasta principios de esta semana, se promocionaba como "un hotel diferente donde el lujo de detalles y un paraje sin igual convierten su estancia en una experiencia única". Camas balinesas, amplias habitaciones y acabados de cinco estrellas. Un lugar único con precios por noche que oscilan entre los 90 y los 180 euros, pero fuera de cualquier ordenación, tal y como confirma una consulta a las administraciones.
El Ayuntamiento de Barbate, sobre el que recaen las competencias en primera instancia, confirma que el negocio no tiene licencia de apertura pero añade que "la situación es generalizada en la zona desde hace años". La búsqueda de un alojamiento en Zahora a través de internet arroja una lista nutrida de apartamentos en alquiler, algunos bungalows, casas rurales, y también algunos pequeños hoteles. Cortijo Miguelín, "doce magníficas casas rurales de dos y tres dormitorios", es sólo otro ejemplo.
Como Zahora Riad, la enorme mayoría de los negocios está fuera de ordenación, pero el primer caso sorprende por ser una obra recién finalizada y concebida como hotel de muy alta calidad. El alcalde barbateño, el socialista Rafael Quirós, explica que el Consistorio abrió un expediente a los promotores de Zahora Riad por infracción urbanística y que "poco más puede hacer". "Nosotros no tenemos permiso ni capacidad para tirar obras ilegales, el procedimiento no lo permite", sostiene el regidor barbateño.
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda no tiene constancia de que este inmueble exista. Tampoco hay expediente alguno en Disciplina Urbanística, según fuentes de la delegación. Y en la Consejería de Turismo, la respuesta es parecida. No hay ningún tipo de registro del hotel. "Sí se había detectado la posible infracción, pero la inspección ha ido un par de veces y no ha encontrado actividad", explica el delegado José María Reguera (PSOE).
Según Reguera, "no es normal" que un negocio así funcione en situación de "clandestinidad". La "clandestinidad" es una infracción grave que lleva aparejadas multas de entre 1.200 y 12.000 euros, pero este peaje es asumible por negocios a los que no le falta clientela durante el verano.
Los expedientes sancionadores también "pueden" derivar en el cierre del establecimiento, pero el delegado no cree que haya que llegar a ese extremo y recuerda que la base del problema "es urbanística, no turística". "No podemos ir cerrando todo lo que encontremos en zonas como ésta, es algo que se tiene que solucionar desde el punto de vista de la ordenación del territorio", opina José María Reguera.
Sea por incapacidad, por dejadez o por consideración de las administraciones, la situación urbanística de Zahora no atisba una solución, ni para los negocios turísticos ni para las viviendas.
La asociación de vecinos Costa de la Luz, que agrupa a unas 340 familias de Zahora, recuerda que los propietarios llevan soportando "falsas promesas" desde hace dos décadas. El Plan General de 1996 ya establecía la necesidad de reformar el núcleo de Zahora ante la proliferación de viviendas. En 2000, el Ayuntamiento, dirigido por Juan Manuel de Jesús (PP), suscribió un convenio de colaboración urbanística con la agrupación vecinal en la que se comprometía a idéntico objetivo y en el que reconocía las alrededor de 200 viviendas existentes para su futura legalización.
El equipo de De Jesús no cumplió. Los vecinos, muy activos, interpusieron un recurso contencioso-administrativo y, en 2007, consiguieron una sentencia favorable que obligaba al Consistorio a propiciar la legalización de las viviendas irregulares de Zahora y a solucionar la carencia de infraestructuras y servicios básicos.
Los propietarios se aferran desde entonces a esta sentencia judicial, pero desde su formulación apenas se han registrado avances. "Las viviendas y los negocios no estarían al margen de la ley si las administraciones competentes hubiesen cumplido su obligación de poner el marcha el Plan General", argumenta José Antonio Mármol, presidente del colectivo vecinal y residente en Zahora desde hace 22 años.
En 2007, Rafael Quirós se hizo con la alcaldía de Barbate y heredó todo un cúmulo de problemas entre los que se incluye la ordenación de Zahora, donde ya existían más de 800 viviendas, en pleno boom inmobiliario. El alcalde retomó el diseño del PGOU, que debe cambiar la calificación del suelo de la zona de rústico a urbano no consolidado. "Zahora es un barrio de Barbate. No se pueden derribar mil casas porque eso no tiene sentido y porque hay gente que vive allí desde hace más de treinta años", defendió entonces.
Hoy, el alcalde sigue en ese empeño pese a contar con más voluntad que recursos para afrontar la ordenación del núcleo rural. Hasta el momento, el PGOU de Barbate está en fase de aprobación inicial. La definitiva "llegará en 2011", calcula Quirós.
Es sólo el principio de un larguísimo camino. El Ayuntamiento tendrá que desarrollar un Plan Especial de Reforma, una normativa específica para la legalización de las casas y para la instalación de infraestructuras y servicios tasados en unos 20 millones.
La complejidad de este plan es extraordinaria desde los puntos de vista administrativo, técnico y de costes, pues los vecinos, como en Chiclana o El Palmar (Vejer), deberán pagar contribuciones especiales para sufragar el proceso y no todos están dispuestos. El Palmar es un precedente claro: su Plan Especial fue aprobado en 2006 y hoy todavía no se ha regularizado una sola casa.
* Diario de Cádiz - 22.04.10
Foto: El hotel Zahora Riad visto desde el hito de la Demarcación de Costas en la ensenada de Trafalgar. - diariodecadiz.es
Guadalajara: Un atropello histórico de la UAH
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DIARIODEALCALÁ* : El nuevo campus, que parece pensado para perjudicar a todos y beneficiar sólo a una constructora, ataca en la médula las opciones de asentar una industria del español. La presencia de la Universidad de Alcalá en Guadalajara es histórica, si por tal se entiende un periodo de dos décadas, y resulta de lo más razonable que se intensifique y mejore: eso es lo que siempre quiso la querida ciudad vecina. Y eso es, también, lo que siempre negó el Gobierno de Castilla-La Mancha en el único formato en que era razonable hacerlo: en el casco urbano, en edificios históricos, implicándose en el tejido social, impulsando en definitiva la vida universitaria y económica de la ciudad de acogida.
Ni Bono antes ni Barreda ahora aceptaron lo que pedían los alcaldes alcarreños sucesivos, y la Universidad tampoco peleó o quiso pelear por lograrlo: no es que fuera imprescindible, y hasta en esa hipótesis hubiera sido razonable preguntarse desde Alcalá si se iba a hacer allí lo que aquí no se ha conseguido pese al inmenso esfuerzo y la incalculable ayuda del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de los propios ciudadanos. Pero el caso es que no se hizo.
Utilizar una presencia menor tras haber abortado un desarrollo inteligente para justificar el innecesario y costosísimo campus que ahora quiere hacerse es, por ello, un ejercicio de cinismo cercano a la caradura: lo que se va a impulsar es, sin más, una operación urbanística en un páramo del extrarradio con el dinero de todos los castellanos que será muy rentable para la constructora –estaría bien saber cuál es la elegida para entender muchas cosas- y nada para los demás.
No para Guadalajara, que dispondrá de un campus fantasma alejado de su casco y de sus vecinos. No para la sede central de la UAH, que tiene dos campus muy mejorables y un patrimonio incalculable paralizado con los cuarteles como símbolo y síntoma de su incapacidad. Y no para la ciudad, desde luego, que asiste a un proceso absurdo de descapitalización al ver cómo dos estudios señeros para el desarrollo de la Plataforma del Español –Traducción y Comunicación Audiovisual- se fugan de mala manera a un páramo inerme.
Ante esto hay que rebelarse: no están en juego caprichos localistas ni identitarios; ni tampoco rivalidades comarcales. Lo que se dirime es el futuro de la Universidad, que no puede funcionar sin un criterio y un objetivo que le permita sobrevivir en un sector en crisis y con serios nubarrones en el futuro. Y también el de la Ciudad: la Alcalá que depositó en la UAH parte de su más valioso patrimonio histórico y de sus ahorros de suelo y que depositó implícitamente en la Cisneriana las inversiones regionales que en otros municipios madrileños se convirtieron en el Metro por ejemplo; tiene derecho a esperar una reversión decente. Que no es otra que acoger a una de las grandes universidades de España. Ahora no lo es y no tiene pinta de serlo si sigue por ese camino.
Por eso los responsables municipales y autonómicos, y con ellos todos los que ocupan otras entidades pero no ejercen el papel que de ello se deriva por su implicación personal en la UAH, deben dejar de mirar para otro lado y ponerse en marcha. Otra cosa les hará cómplices de un atropello histórico que, simplemente, no podemos permitirnos.
* Diario de Alcalá - Editorial - 22.04.10
Foto: Alcalá de Henares (Madrid), universidad - diariodealcala.es
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