¿Qué reforma para qué ciudad?

JOAN SUBIRATS/Barcelona* : El debate sobre la reforma de una parte de la Diagonal se ha planteado como un asunto que compete a toda la ciudad. Estamos hablando de poco más de tres kilómetros de una de las vías más significativas y largas de la ciudad, pero de hecho el debate se plantea sobre una cuarta parte de su longitud. Estos días se ha cerrado al tráfico una parte significativa de la avenida de Roma, y son ya habituales las peatonalizaciones totales o parciales de muchas calles de la ciudad. La calle de Balmes está perdiendo uno de sus carriles de circulación. Ninguno de estos cambios se ha planteado con el mismo nivel de debate y de medios con que se está abordando la reforma de la parte central de la Diagonal.

Si bien en ciertos casos se procede a consultar de manera más o menos formal a vecinos y comerciantes, ello no es para nada comparable con la consulta ciudadana prevista para el próximo mes de mayo. ¿Qué hace de la reforma de la Diagonal algo distinto y significativo?

- La reforma. El planteamiento del Consistorio, más o menos explicitado, es convertir esta reforma en un caso emblemático sobre la concepción del espacio público, sobre las formas de movilidad, y plantear el futuro de uno de los espacios centrales más importantes y característicos de la ciudad y de su conurbación. De hecho, reformar la Diagonal permite replantear y discutir el papel de toda la malla del Eixample, redefinir modos de transporte y empezar a dibujar una nueva forma de ciudad, más adaptada a los retos de este inicio de siglo. Y todo ello tras colocar el tranvía a ambos lados y señalar así la necesidad de la conexión, tras potenciar el uso de la bicicleta y tras preparar la ciudad para la definitiva llegada del AVE, la remodelación de la Sagrera y la puesta en marcha de la línea 9 del metro. No es, pues, un asunto de distrito. Es un tema emblemático sobre el futuro de la ciudad.

- El proyecto. La gestación de los proyectos sobre los que decidir se ha hecho a partir de unos puntos previos no discutibles que expresan convicciones políticas de fondo: más y mejor espacio público, más movilidad en transporte público, recuperación de sentido social y de significado humano de un paseo que identifica a la ciudad. Las alternativas genéricas que se han presentado parten de esos supuestos. Una, la A, es más respetuosa con los fuertes componentes de memoria y de usos actuales, y significa un salto de calidad y de mejora desde los parámetros actuales. La otra, la B, parte de una mayor libertad formal, señalando un cambio flexible no exento de riesgos en cuanto a su actual configuración.

- La votación. Las alternativas técnicas planteadas se someterán a consulta ciudadana. ¿Es necesario? Estos días, de sectores profesionales vinculados a la arquitectura y al urbanismo surgen muchas voces que muestran su escepticismo o su rechazo ante la eventualidad de la votación. Se alude a que en otras épocas las grandes decisiones urbanas no se votaron. Ni las urbanas, ni ninguna otra. Otros añaden que la opinión ciudadana no aportará valor o más bien genera confusión. No es un tema nuevo. No acaban de entender que no se somete a votación la viabilidad técnica, que se supone, sino la viabilidad social. Y que cuanto más complejo es un problema desde el punto de vista social, cuantas más aristas y posibles desacuerdos plantea, más necesario es incorporar legitimidad y consenso para que su implementación sea posible. La deliberación y el debate social son cada vez más imprescindibles en temas de alcance estratégico

- La decisión. ¿Cómo acabará el tema? Una parte del objetivo ha sido ya alcanzada. El debate está servido. Los estudios técnicos complementarios confirman la viabilidad de las opciones. Y el propio proceso, en el que se consultó a todo tipo de actores y en distintos formatos, es ya una realidad insoslayable. Lo que vaya a hacer el Consistorio que salga elegido en mayo del 2011 con la decisión ciudadana no es un tema menor, pero no es el elemento decisivo en estos momentos. Lo que está en juego es quién quiere repensar la ciudad en una perspectiva de futuro (opciones A y B) y quién, por diversas y muy variadas razones, simplemente quiere que todo siga igual (opción C). Lo que tenemos que decidir es si queremos una nueva Diagonal para una Barcelona distinta.





* ELPAIS.com - Opinión - 10.04.10

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La corrupción sigue

ELLIBREPENSADOR* : Nadie puede creer que algo que conocen multitud de personas pueda mantenerse en secreto. Cierto que en cada operación solo participan unos cuantos, pero en conjunto en la gran cantidad de operaciones que se efectúan en muchos lugares es seguro que son no cientos sino posiblemente millares de personas las que saben al menos de un caso de corrupción y no la denuncian. Pero no es solo el caso Gürtel, o la corrupción en Baleares. También están pringados en la corrupción muchos socialistas y de otros partidos.

Resulta que en España hay cientos de acusados de corrupción en los tribunales y esto solo es una pequeña parte del total, la mayor parte esta impune, pasa el tiempo y los delitos prescriben. Pasa el tiempo y Hacienda se ve impotente para reclamar los impuestos que se deberían haber pagado y no se hizo.

Supongo que falta gente en la Inspección, pero habiendo miles de funcionarios mano sobre mano se podrían destinar más a esta función.

Posiblemente no se me crea, pero es así.

Resulta que antiguamente los jóvenes ambiciosos querían ser ingenieros, o banqueros, pero hoy quieren ser futbolistas o concejal de urbanismo.

Parece chiste pero no lo es, y lo peor es que hay muchísimos más que prefieren ser funcionarios en vez de empresarios, una pena.

La sociedad está corrupta y no me refiero solo a algunas personas sino a la masa toda de los ciudadanos, bueno mejor de los súbditos.

El esfuerzo y el sacrificio, el estudio y el trabajo ha pasado a ser cosa de tontos, lo importante es ser ricos y divertirse.

Por lo tanto no es extraño que la corrupción avance triunfalmente por nuestra sociedad.

Cualquier tráfico es valido si deja pingues beneficios, drogas, armas, información privilegiada, seres humanos, blanqueo de dinero, cualquier cosa que no de mucho trabajo y rinda cantidad.

Por eso no es de extrañar la facilidad con que Correa y los otros ejecutivos de la trama Gürtel encontraban gente que les seguía el juego.

Unos por dinero, otros por ambición política, algunos por ideología y tal vez incluso por estupidez, pero el hecho es que muchos les han seguido el juego y al mas puro estilo mafioso han mantenido la boca cerrada.

Y no se puede decir que Correa y los suyos fueran un ejemplo de discreción pues no lo eran, eran unos bocazas y Correa el que más.

Pero así son las cosas en España, incluso la corrupción está en manos de incapaces.

El nepotismo, el enchufe y la recomendación es tal entre los políticos, los regalos y los chanchullos están tan al orden del día que a nadie le preocupa ni extraña que se den estas cosas.

Muchos incluso las consideran parte del SISTEMA y tal vez tengan razón, tal vez son parte integrante del SISTEMA que nos explota y domina.

Pero no es parte de una democracia, no es parte de ningún estado de derecho, tal vez sea que España no es una democracia ni un estado de derecho y por eso pasan estas cosas impunemente.

Parece que son los corruptos los que hacen las leyes según sus necesidades, de una manera u otra se roba al pueblo y de pronto se encuentran millones de € para no entrar en la cárcel.

Los amigos de los amigos siempre ganan y el dinero de la corrupción rindiendo dividendos en un paraíso fiscal.

De vez en cuando uno que es el más tonto de la banda cae y a ese se le pasea por todos los medios de comunicación para que el pueblo crea que es el gran jefe y que se hace justicia, pero no es así solo se le castiga por imbécil, por no haber seguido las normas y no haber repartido con aquellos que brindan protección, que en realidad son la cúpula de la banda, los verdaderos jefes ocultos, los promotores de la corrupción.

Correa, el bigotes o Roldan solo son los cabezas de turco, tan solo eso.

Y la trama sigue operando.

japerezduval@gmail.com



* El Librepensador - Opinión - 10.04.10
Viñeta: ellibrepensador.com

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Nueva okupación en Zaragoza

ARAINFO* : El pasado 11 de marzo, varias decenas de antidisturbios desalojaron por la fuerza el centro social okupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo de Zaragoza. El edificio pertenecía a la Diputación General de Aragón, y llevaba más de cuatro años abandonado. Un grupo de jóvenes lo había convertido en un centro social para el barrio, dando vida a un espacio muerto, en el que se realizaron diversas actividades culturales. El centro social fue desalojado... pero no las ganas de seguir okupando.

En plena crisis económica capitalista, la DGA gastó dinero de tod@s l@s aragoneses/as en volver a inutilizar este espacio. Ladrillos y muros cubren las ventanas y puertas del antiguo centro social, que además tiene unos nuevos inquilinos: una empresa de seguridad privada. No creemos que esta actuación tenga sentido alguno. La crisis económica es la excusa perfecta de las instituciones para paralizar proyectos de casas de juventud, pero no les tiembla el pulso a la hora de cerrar espacios autogestionados y gastar dinero público en asegurarse que esos espacios sigan estando abandonados y en desuso. Queda clara la estrategia gubernamental: acallar cualquier voz crítica de la juventud, cualquier manifestación cultural que se escape a su control o cualquier forma de disidencia al capitalismo. Resulta sorprendente (o quizá no tanto) que dos días después del desalojo, se permita la apertura de un local de un partido de extrema derecha. Esta es la doble cara de la DGA.

Pero como dice el lema, escuchado en la manifestación en repulsa al desalojo del CSO El Adoquín: "Un desalojo, otra okupación". Porque pueden desalojar nuestros espacios, pero no nuestras ideas. Vamos a seguir denunciando las miles de casas abandonadas que hay en todo Aragón (cuando cientos de personas están siendo desahuciados por los bancos, unos de los principales responsables de la actual situación económica) la salvaje especulación que durante estos últimos años ha sufrido en especial nuestra ciudad, la falta de alternativas a esta sociedad capitalista que ofrecen las instituciones públicas (aunque de sobra sabemos que no les interesa hacerlo), la represión que los movimientos sociales sufren día a día y el continuo acoso de cualquier proyecto autogestionado y alternativo. Por todo ello, cada vez que nos desalojen vamos a volver, incluso con más fuerza que antes.

Tan solo un mes después, volvemos a okupar un espacio abandonado desde hace casi 5 años. Se trata del antiguo colegio Lestonnac en el camino de Cuarte, en el barrio de Torrero. Un colegio en el que sus "propietarios" pretendían recalificar sus terrenos, aunque finalmente eso no sucedió. Un caso más de especulación urbanística, que en este caso, dejó sin clase a 250 alumn@s y sin trabajo a varias personas.

Hoy, 9 de abril de 2010, el colegio vuelve a abrir sus puertas al barrio, con el nombre de Centro Social Okupado La Vieja Escuela. Queremos volver a darle uso a este espacio, como hicimos con el CSO El Adoquín, por eso vamos a continuar con las actividades que allí se realizaban. Desde la autogestión, habrá pases de documentales, películas, clases gratuitas de guitarra, cafetería, conciertos, teatro, comedores populares veganos, etc. Todos los días desde las 18:00 estará abierto el centro social. Os animamos a conocerlo.

Como decía el comunicado tras el último desalojo: Ni sus multas, ni detenciones, ni su acoso constante al movimiento okupa y a los movimientos sociales, ni por supuesto este último desalojo nos va a frenar.

Vamos a seguir okupando locales abandonados, públicos o privados, porque no queremos esta sociedad, porque intentamos cambiarla, porque queremos mejorarla, porque que sería de los de aquí abajo, si nadie les para los pies a los de ahí arriba.

ASAMBLEA DEL C.S.O. LA VIEJA ESCUELA

¡HEMOS VUELT0!




* Kaos en la Red - AraInfo - 9.04.10
Foto: AraInfo

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Barberá desata otra batalla campal en El Cabanyal con un nuevo derribo

ELPAÍS/Valencia* : La excavadora ganaba la esquina de la calle Francesc Eiximenis, en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, y alrededor de medio centenar de vecinos la esperaba sentado en el suelo, impidiéndole el paso. Su intención era evitar el derribo de la sexta casa de la semana, después de que el pasado martes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenara cinco demoliciones. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que custodiaban la excavadora llegaron, miraron y como allí nadie se apartaba, aporrearon. Sin que los que estaban sentados tuviesen tiempo siquiera de levantarse.

La Policía Local, que vigilaba el perímetro preparado para la excavadora, cargó también contra los vecinos. Un chico se miraba la mano ensangrentada, incrédulo. Un par de miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal -que nació hace 12 años para evitar que el Consistorio abriera una gran avenida hasta el mar a costa de partir en dos el barrio y demoler 450 edificios- se aupó a la excavadora mientras recibía los golpes de la autoridad. Bombalino el payaso, actor de títeres e histórico defensor del barrio, acabó detenido junto a su hijo y una ambulancia trasladó al hospital a dos vecinos, una señora de 49 años y un chico de 29, por las contusiones de los porrazos.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, arremetió contra Barberá por persistir en unos derribos sin urgencia. "Responden sólo a su voluntad contumaz de incumplir la orden del Ministerio de Cultura intentando proteger el barrio de El Cabanyal", dijo en un comunicado.

Los comentarios de los vecinos rebosaban incredulidad. No entendían que la Policía Nacional defendiese los derribos y actuase con tal contundencia. Criticaron que un cuerpo del que esperaban apoyo, por depender del Gobierno central, acabase custodiando los derribos. Fuentes de la Delegación del Gobierno insistieron en que el Cuerpo Nacional de Policía está obligada, por ser su competencia, a asistir a la local en cuestiones de orden público. A pesar de ello, varios partidos políticos pidieron la dimisión de Peralta.

El concejal de Seguridad del Consistorio valenciano, Miguel Domínguez, llamó a los concentrados "grupo de violentos" e insistió en que los derribos de estos días están amparados por una ley autonómica y varias resoluciones judiciales.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, pidió desde Córdoba tranquilidad a los vecinos. "Que tengan confianza, pues los tribunales están dándoles la razón", manifestó. Además, recordó que el Gobierno ha pedido al juez medidas cautelares ante estos derribos. El delegado del Gobierno requirió el miércoles a la alcaldesa de Valencia para que detuviera las demoliciones.

El conflicto por El Cabanyal es largo y se ha enquistado. Estalló hace más de una década cuando el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, redactó un plan urbanístico para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la misma playa de la capital a costa de demoler 450 edificios y desvertebrar este singular barrio marinero. Salvem, una plataforma creada por vecinos y ciudadanos contrarios a la ampliación, se organizó y ha conseguido hasta ahora paralizar el plan.

En contestación a esta resistencia, las Administraciones públicas han abandonado a su suerte un barrio que se ha degradado por la falta de inversiones y una creciente marginalidad social.

En estos años, Salvem ha perdido en los tribunales la batalla urbanística contra el plan, hasta que abrió la vía del expolio contra el patrimonio histórico, sobre la que tiene competencias el Gobierno central.

El Consistorio que preside Rita Barberá no ha estado de brazos cruzados. Conforme la marginalidad crecía en el barrio, la sociedad municipal compraba las casas a los vecinos que tiraban la toalla o cambiaban de vecindario. Que la prolongación de la avenida estuviese lejos por la batalla judicial, no ha sido un obstáculo para que el gobierno local del PP haya derribado cada vez que ha podido las casas que adquiría.

En 2009, Salvem se apuntó su primera gran victoria en los tribunales. El Supremo instó al Ministerio de Cultura a decidir si el plan suponía un expolio para el barrio y el departamento de González-Sinde concluyó que sí. El pasado 29 de diciembre paralizó con una orden el plan de la prolongación, y la Generalitat respondió con un decreto ley que la sorteaba. El Ejecutivo recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional y la Generalitat valenciana convirtió el decreto en ley, que entró en vigor el pasado martes. La alcaldesa valenciana se acoge a esa ley para justificar los últimos derribos.

Un largo conflicto

- 1993. El Gobierno valenciano, gobernado por el PSOE, declara una parte de El Cabanyal Bien de Interés Cultural (BIC)

- Abril de 2001. El PP aprueba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal.

- 2001. Salvem El Cabanyal empieza con los recursos contra el plan y logra paralizarlo hasta 2004.

- 2008. El Ayuntamiento consigue que los tribunales validen su plan. Salvem sigue la vía del expolio.

- 2009. El Tribunal Supremo insta al Ministerio de Cultura a que diga si hay expolio. Éste suspende el plan.

- 2010. La Generalitat aprueba un decreto contra la orden, que el Gobierno recurre al Constitucional. La Generalitat convierte el decreto en ley.




* ELPAIS.com - 9.04.10
Foto: Agentes del Cuerpo Nacional de Policía cargan contra manifestantes que cortan el paso a una excavadora en El Cabanyal.- TANIA CASTRO, elpais.com


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El Consell pagó el mismo servicio a tres empresas de la 'trama Gürtel'

ELPAÍS/Valencia* : El sumario del caso Gürtel reitera que todas las empresas de la trama corrupta que organizó Francisco Correa facturaban como un solo grupo organizado, una "unidad de acción" que sustenta una vocación criminal conjunta. Pero los detalles de los contratos de la Generalitat valenciana con todas las empresas corruptas relacionadas en el sumario revelan una clara connivencia de la Administración autonómica.

La Consejería de Infraestructuras, por ejemplo, pagó tres veces a tres empresas distintas de la trama por el mismo servicio. Las tres facturas se justificaron con tres informes idénticos y fechados el mismo día.

Orange Market, Boomerang Drive y Down Town Consulting fueron contratadas de urgencia por la Consejería de Infraestructuras para levantar un pequeño expositor de 18 metros cuadrados con ocasión de la XXV edición de Fitur en 2005, una feria celebrada en enero en Madrid.

Las dos primeras cobraron 11.900 euros. La tercera, 11.700. A partir de 12.000 euros, cualquier adjudicación pública requiere un concurso o algún tipo de procedimiento con publicidad y concurrencia.

Pilar Álvarez Montero, jefa del servicio de Costas de la Consejería de Infraestructuras, explica en la documentación remitida al juez que "la Consejería de Turismo invitó expresamente" a Infraestructuras "para que participase en el evento, dando a conocer el sector de las instalaciones náutico deportivas que se gestionan desde la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas".

De resultas de la invitación, se reservó un espacio de 18 metros cuadrados a la Consejería de Infraestructuras "recomendándosele la contratación de profesionales del lugar, especializados en los diseños y construcción de este tipo de instalaciones, para que su construcción, dentro del pabellón reservado a nuestra comunidad, se realizase del modo más homogéneo posible con el resto de expositores valencianos".

"Por estas razones", continúa el escrito tipo, "se encargó la realización del stand a Orange Market", factura 5/2005; "a Boomerang Drive", factura 7/2005 y "a Down Town Consulting", factura 31/05. Los tres informes están firmados el 15 de marzo de 2005.

Fitur se convirtió en la puerta de entrada de Orange Market como contratista de la Generalitat. La empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, constituida en julio de 2004, se adjudicó la instalación del expositor de la Comunidad Valenciana durante cinco años consecutivos, desde 2005 hasta 2009. Los tres primeros pabellones se adjudicaron cuando Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes, era consejera de Turismo. Los dos últimos los adjudicó Angélica Such.

Álvaro Pérez agasajó a Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas, con el regalo de un reloj de 2.400 euros en 2005, según consta en el sumario. El fiscal considera el oneroso detalle como prueba de un delito de cohecho, pero los hechos llegan a su conocimiento demasiado tarde, cuando ya habían prescrito.

Un paralelo informe pericial sobre la adjudicación a Orange Market de la instalación del pabellón de Fitur en 2009 revela la importancia que se concedió a "los elementos subjetivos" del pliego de condiciones.

La oferta económica se estimaba con 50 puntos. La creatividad y estética, con 20, la funcionalidad, con 20, la creación de un elemento unificador, con 15, y las mejoras, con cinco puntos. Los peritos destacan "el poco peso que tiene la propuesta económica, único criterio que supone la aplicación directa de fórmulas matemáticas respecto de los criterios objetivos no cuantificables". Y destacan la vaguedad de los criterios para valorar la creatividad y creación de un elemento unificador. "En el pliego sólo figura una descripción básica de las propuestas", dicen los técnicos al respecto.

El expediente del concurso revela que la oferta de Orange Market en 2009 era la más cara (789.000 euros frente a 706.400 la más barata). Optaron seis empresas. La mejor oferta económica no recibió los 50 puntos máximos previstos en el concurso, sino 49,5. Esa modificación alteró el reparto del resto puntos, aunque los peritos asumen que de forma menor, apenas 0,7 puntos. Orange Market recibió 44,3 puntos en la oferta económica, la peor calificación.

La empresa de Álvaro Pérez recibió el máximo de 20 puntos por creatividad, cinco puntos por encima de cualquier otra oferta. Ocupó el tercer lugar en funcionalidad, otro aspecto en el que ninguna oferta recibió la máxima puntuación. Recibió la segunda calificación en la valoración del elemento unificado. Y fue la única oferta que obtuvo puntos en el apartado de mejora, los gestores del concurso le otorgaron el máximo de cinco.

Los peritos subrayan en su informe que, salvo la puntuación del apartado de mejora, "la oferta más ventajosa" no sería la de Orange Market, sino otra que era 65.000 euros más barata. Y subrayan que Orange Market "recoge de forma casi literal las mejoras que figuran en el pliego de cláusulas administrativas", se limita a reproducirlas y recibe un punto por cada una.




* ELPAIS.com - 8.04.10
Foto: Generalitat valenciana - ebrisa.com

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Quince años de inhabilitación al alcalde de La Viñuela por dar licencias ilegales

SUR/Málaga* : La sentencia afirma que actuó de forma «más que arbitraria, aberrante e incompatible con el ejercicio del poder público. Nueva sentencia condenatoria contra un munícipe de la Axarquía. El alcalde de La Viñuela, el socialista Juan Millán, ha sido condenado a 15 años y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 13.515 euros por conceder tres licencias ilegales en 2001 y 2003.

La sentencia dictada por el titular del juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, Francisco Ontiveros, afirma que el alcalde actuó de forma «más que arbitraria», haciendo caso omiso a cualquier procedimiento y prescindiendo de la norma urbanística, «según su mejor parecer» o por la vía del «yo me lo guiso, yo me lo como». Un proceder que el magistrado califica de «aberrante y totalmente incompatible con en el ejercicio del poder público en un Estado de Derecho moderno».
Juan Millán concedió en 2001 dos licencias para la construcción de sendas viviendas unifamiliares en la zona del embalse de La Viñuela, en suelo no urbanizable de secano y en otra más en 2003, «según su propio parecer y sin recabar informe técnico o jurídico alguno, ni atender a las indicaciones del secretario de la corporación», afirma la sentencia. En el primero de los casos, la normativa vigente que impedía construir eran las Normas Subsidiarias de La Viñuela y en el segundo, la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA).
La sentencia condenatoria se basa en la propia declaración en el juicio de Millán, quien manifestó que el secretario hacía un informe tipo, pero que él no lo miraba. Así, la resolución recoge que el acusado llegó a afirmar de forma «tajante y palmaria» que era él quien decidía sí estaba o no en suelo protegido, «pues las licencias siempre las he concedido sin mirar informes técnicos» ya que, aunque no tenía conocimientos técnicos, al ser originario de La Viñuela conocía el terreno «como la palma de mi mano».
«Sapienza autóctona»
«Esta sapienza autóctona -añade la sentencia- no parecía estar reñida con un desconocimiento claro de la normativa urbanística», que dijo en el juicio que la idea que tenía de zona protegida era todo lo que estuviese a menos de 100 metros de la zona de cota máxima de embalse.
La declaración del secretario municipal también ha servido como prueba al juez, quien ha considerado que el funcionario ratificó la forma de proceder del munícipe «ajena a cualquier tipo de procediemiento y sin sujeción a norma alguna». También han sido consideradas decisivas las manifestaciones de los técnicos de la Junta de Andalucía que confirmaron que ninguna de las tres licencias concedidas en la zona se ajustaban a la legalidad urbanística vigente en su momento.
Los tres casos fueron un ejemplo de «flagrante arbitrariedad, contraria a los principios más básicos del recto ejercicio de poder público», ya que las tres licencias fueron concedidas, según la resolución, contraviniendo la ordenación urbanística vigente, en una la LOUA y en las otras dos, al estar impugnado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no haberse publicado las Normas Subsidiarias, resultaban de aplicación las normas generales, es decir, la ley estatal.
De esta forma, el magistrado subraya que «no cabe la existencia de una confusión sobre la normativa aplicable».
Además recuerda que el alcalde declaró en el juicio su forma de actuar fue una pauta normal hasta que en 2004 le dijo la Junta de Andalucía que no diera más licencias y no dio más y que todo el mundo era consciente de lo que se estaba haciendo, por lo que «no cabe justificar su actuación sobre la base de que se trata de una persona que es un simple albañil como argumenta la defensa», apostilla.
El juez considera que Juan Millán es autor de dos delitos urbanísticas, uno de ellos de manera continuada (porque las dos licencias que se concedieron en el mismo acto), por ello le condena a ocho años y seis meses de inhabilitación y 8.115 euros de multa por uno y a siete más de inhabilitación y otra multa de 5.400 euros por el segundo.




+ SUR - 9.04.10
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

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Urbanismo, sentencias y Estado de derecho

GONZALO CANALES/Cantabria* : El urbanismo es en teoría una disciplina encaminada a lograr los objetivos establecidos en la Constitución Española, dotar de vivienda a los ciudadanos y regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo en Cantabria ha sido y sigue siendo un reflejo de todo lo contrario, un instrumento al servicio exclusivo de intereses privados, y en especial de los intereses de partidos políticos, fundamental para financiar sus campañas electorales con las que perpetuarse. Pero sobre todo lo han convertido en el principal instrumento de su enriquecimiento personal, que ha tenido y tiene su principal referente en los ayuntamientos, verdaderos centros de la corrupción humana y política más obscena de esta región. En Cantabria, ‘meterse’ en política y en algo que tenga que ver con el urbanismo, al margen del partido al que uno se pueda afiliar, es utilizado como una manera de solucionarse la vida personal, de forma rápida y fácil.

Esta realidad, tiene una víctima clara, el territorio de esta comunidad, y más concretamente, los terrenos de la zona costera, los que más fácil y mayores plusvalías generan, pero también tiene otra víctima que es la propia Democracia y el Estado de Derecho en el que supuestamente se sustenta esta sociedad.

En medio de este saqueo generalizado, Arca lleva más de dos décadas defendiendo el territorio de esta región, combinando la capacidad de movilización social con la acción en los tribunales de justicia. El resultado es de sobra conocido por todos: múltiples sentencias de demolición de urbanizaciones y de anulación de planeamientos urbanísticos. Sin embargo, no se ha producido ni una sola dimisión o destitución política, y ningún responsable de todo este desastre ha sufrido condena penal alguna. No hay que olvidar al respecto de delimitar responsabilidades penales, ya que los que hacen las leyes son los propios políticos, que el código penal nunca va a ser especialmente concienzudo con delitos tales como la prevaricación. Tampoco es posible reclamar contra el patrimonio de los políticos responsables de tales desmanes urbanísticos, pues también se han encargado de que legalmente no se les puedan requerir responsabilidades patrimoniales personales. Sus desaguisados se solucionan con el dinero de todos los ciudadanos que ellos mismos gestionan.

Llegados a este punto, en Cantabria hemos avanzado un paso más, y lo que ahora pretende la clase política y cada vez de forma más descarada, con la colaboración del periódico más importante de Cantabria que utiliza como un ariete a los compradores afectados, es legalizar todas sus tropelías urbanísticas, explicable solo desde el conocimiento de que políticos y determinados medios de comunicación están guiados y defienden los mismos intereses que el lobby constructor, con el cual comparten negocios y beneficios. Incluso el Parlamento Regional aprobó una resolución instando al Gobierno Regional a solucionar los problemas de los particulares compradores, sin embargo, el interés general, representado por la defensa del paisaje, de la ordenación sostenible del territorio, del derecho a disfrutar de un medio ambiente bien conservado, y del derecho a una tutela jurídica efectiva, es decir a que se cumplan las sentencias, no han tenido cabida en dicha resolución.

El mensaje que estos políticos están transmitiendo a la sociedad es que las leyes son papel mojado, y su incumplimiento carece de consecuencias cuando interesa. El mensaje que se transmite a los especuladores es que se puede construir sin importar las leyes y los planes de urbanismo. El mensaje que se trasmite al poder judicial, es decir, a los jueces, es también muy claro, su trabajo no vale nada, sus sentencias son muy sesudas y acertadas, pero su destino es el contenedor de la basura.


* Gonzalo Canales es presidente de ARCA



* Diagonal - Opinión - Nº 18 Abril 2010

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Torrejón : El Fiscal pide 8 años de inhabilitación de cargo público para Trinidad Rollán

EUROPAPRESS/Madrid* : La Fiscalía de la Comunidad de Madrid reclama en un escrito de acusación, con fecha 30 de marzo, la inhabilitación de empleo o cargo público de la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la corporación municipal de Torrejón de Ardoz en el año 2001 por su implicación en el caso Patrimonio Siglo XXI.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, el vicepresidente regional, Ignacio González, aportó un escrito de acusación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de 30 de marzo de 2010, que dice que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encuentra Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".

El texto señala que en virtud del convenio la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio.

El escrito indica que el pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo".

Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir".

Por todo ello, el fiscal señala que los hechos "constituyen 14 delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local" y que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados".

Además, señala que "a cada acusado procede se le imponga la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".

Por su parte, desde el PSM afirmaron a Europa Press que el caso esta recurrido por parte de la corporación municipal y que los abogados de los implicados no tienen conocimiento ni han recibido el escrito.




* Europa Press - 8.04.10
Foto: Torrejón de Ardoz - tripadvisor.com

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El Tribunal de Xustiza anula las licencias para construir dos nuevos edificios en Finca do Conde

FARODEVIGO* : Después de la cascada de sentencias que ratificaron la ilegalidad de las dos torres y el centro comercial de Finca do Conde, el Concello ha recibido un fallo judicial positivo para sus intereses. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado las licencias que la promotora de la urbanización había obtenido para levantar dos edificios de diez y seis plantas con 60 viviendas.

La construcción, pese a que el permiso fue concedido en 2004, no llegó a comenzar, con la salvedad de una explanación del terreno, y el Concello, después de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia firme contra todo el ámbito, declaró la caducidad de las licencias en abril de 2007 ante el riesgo de tener que enfrentarse a indemnizaciones mayores. La empresa, Finca do Conde S.A., recurrió la resolución, y el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo le dio la razón. Ahora el TSXG se la devuelve al Ayuntamiento.
Este último dictamen del alto tribunal gallego señala que cuando el Concello suspendió los permisos "la obra ni siquiera había comenzado efectiva y materialmente, más que en lo que se refiere a meras tareas de balizamiento del terreno y eventual excavación y explanación que no cabe considerar relevantes". La ley, agrega el magistrado del TSXG, establece que transcurridos tres años desde el otorgamiento del la licencia sin que se iniciasen las obras, ésta "se entenderá caducada automáticamente", por lo que avala la decisión municipal. Contra el fallo judicial no cabe recurso ordinario.
El plan urbanístico de Finca do Conde, anulado en sentencia firme del Tribunal Supremo en diciembre de 2006, preveía dos torres, el centro comercial Gran Vía –estos ya construidos–, y otros cuatro edificios que no llegaron a levantarse. En julio de 2004 la Concejalía de Urbanismo dio la licencia para los dos bloques de seis y diez plantas. El fallo del Supremo, que vino a ratificar otros anteriores del TSXG, activó todas las alarmas, y el gobierno de Corina Porro, a instancias de una moción del PSOE que pedía decretar la suspensión inmediata de licencias por las consecuencias que podría acarrear la construcción de nuevos bloques de viviendas, decidió en 2007 resolver la caducidad amparándose en que las obras no habían empezado. Un informe de la Gerencia alertaba de que tras declararse ilegal la urbanización los permisos incurrían en "causa de nulidad", por lo que de levantarse los dos edificios aumentaría la indemnización que tendría que desembolsar el Concello a los afectados, –estimada ahora en torno a 300 millones si se llegasen a derribar las torres y el centro comercial–. Un inspector municipal visitó la parcela y constató que "no se observa maquinaria ni elemento que indique el inicio de la construcción", lo que dio pie a utilizar la fórmula de la caducidad.
La promotora presentó un recurso y el Juzgado de lo Contencioso número 2 revocó la decisión municipal, pero el TSXG la vuelve a amparar ahora. Las vías de la empresa para lograr nuevas licencias en Finca do Conde han sido tapadas, ya que el Concello declaró en febrero la suspensión de permisos en todo el ámbito.




* Faro de Vigo - 8.04.10
Foto: Imagen de la urbanización, donde se edificaron un centro comercial y dos torres. José Lores, farodevigo.es

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Correa compró con regalos de lujo los "favores" de alcaldes del PP en Madrid

ABC* : Esa fue la senda trazada en los municipios de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, donde, según se desprende de la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, Correa consiguió supuestamente los "favores" de los alcaldes que le facilitaban un notable volumen de negocios. El cobro de comisiones se realizaba mediante entregas de dinero en efectivo que personas de las empresas adjudicatarias entregaban a Correa, y en lugares que éste utilizaba habitualmente para sus reuniones por considerarlos "seguros", entre ellos el hotel Gran Meliá Fénix de Madrid.

Uno de los casos más llamativos es el del ex alcalde de Boadilla, González Panero, que habría recibido un total de 42.000 euros en 2002, otros 42.000 en 2003 y 510.000 más en 2007.

A su nombre figuran también facturas de los años 2002, 2003 y 2004 por billetes de avión, cargos de una tarjeta de crédito por gastos en el hotel Mandarín Oriental de Miami, el alquiler de un coche en la misma ciudad, más de 7.000 euros por gastos de comida, otros 2.329 por compras de calzado y ropa y la compra de una pantalla de plasma de más de 4.000 euros.

El montante total de los gastos anotados en la cuenta de la "caja B" de la red del ex alcalde de Boadilla entre 2002 y 2004 asciende a 48.941 euros.

Otro informe policial del pasado 12 de marzo concluye que dos de las empresas vinculadas a la organización de Correa -Constructora Hispánica y EOC de Obras y Servicios- recibieron en 2003 la adjudicación directa por parte de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla de varias obras de remodelación del municipio.

Por esas adjudicaciones, Correa recibió unos 288.000 euros en comisiones de estas empresas, que luego repartió entre distintos intermediarios, incluido Panero, a quien le entregó 12.000 euros.

En la "caja B" también aparece el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, a quien el juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira acusa de favorecer a las empresas de Correa desde el Ayuntamiento.

Ortega fue alcalde entre mayo de 2001 y febrero de 2005, periodo en el que la mujer de Correa -Carmen Rodríguez Quijano, también imputada- fue primero su asesora de relaciones institucionales y después su jefa de Gabinete.

El montante de la cantidades recibidas por Ortega es de 166.000 euros, según los informes judiciales, que también recogen que Correa regaló al ex alcalde un vehículo modelo Mini Cooper.

La investigación policial añade que el abogado Luis de Miguel, imputado como presunto responsable de haber diseñado el entramado para blanquear los fondos de Correa en paraísos fiscales, configuró una estructura societaria opaca para Ortega mediante la constitución de sociedades ubicadas en el Reino Unido, que a su vez eran accionistas de otras en España.

En Pozuelo de Alarcón, la persona de confianza de Correa era el ex alcalde Jesús Sepúlveda, entonces responsable de eventos del PP, que le ayudó a conseguir los contratos para la organización de numerosos actos del partido.

La Agencia Tributaria señala en otro informe que las empresas que han facturado un mayor volumen de negocio al Ayuntamiento de Pozuelo han sido Ortiz Construcciones y Proyectos y Constructora Hispánica, ambas relacionadas con la red investigada.

Y en Arganda del Rey, Correa consiguió el favor del entonces alcalde, Ginés López, así como del diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, que ocupaba la dirección de la empresa dedicada a la promoción del suelo urbano y a quien según el sumario las empresas de la trama financiaron parte de los gastos de su boda, incluido el viaje de novios a los Estados Unidos y la Polinesia.

Mientras tanto, Ginés López, que tenía una cuenta en la contabilidad opaca de la organización, intermedió para conseguir en Arganda del Rey adjudicaciones de proyectos a la empresa MARTINSA, que pagó comisiones a Correa por esa labor.

A cambio, la red "Gürtel" le sufragaba el alquiler de vehículos, billetes de avión y estancias en hoteles, cuyas facturas pagaba la empresa de Correa "Viajes Pasadena". EFE




* ABC - EFE - 7.04.10
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es

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"Se lo compré a la hija de puta de La Perla. ¿No se lo voy a comprar a esta?"

ELPAÍS/Valencia* : La ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes valencianas, cometió un delito de cohecho, según la Fiscalía Anticorrupción, al haber obtenido un regalo de Orange Market (la empresa de la trama Gürtel dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes), a la que adjudicó los contratos del pabellón de la Feria de Turismo (Fitur) de 2005 a 2007.

Martínez estuvo al frente de este departamento entre agosto de 2004 y junio de 2007, ocupando asimismo el cargo de presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, que era el organismo del que dependía la contratación del pabellón de la Consejería de Turismo. Orange Market se adjudicó asimismo los contratos de las ediciones de 2008 y 2009, siendo ya consejera de Turismo Angélica Such, ahora responsable de la Consejería de Bienestar Social.

El 3 de enero de 2009, en una conversación telefónica mantenida entre Álvaro Pérez y Cándido Herrero, contable de Orange Market, El Bigotes reconoce haber comprado un reloj a La Perla, apelativo por el que es conocida la actual presidenta de las Cortes Valencianas, por usar esa expresión coloquial de forma constante para designar a sus interlocutores. En esa conversación, Pérez indica a Herrero: "Y luego tenemos que comprar un reloj a la consejera de, porque se lo compré a la hija de puta de la Perla, ¿no se lo voy a comprar a la de ahora, a la de Turismo [en referencia a Such]...?".

En uno de los archivos informáticos intervenidos por la fiscalía en los registros a Orange Market, el 6 de febrero de 2009, se reflejan distintas anotaciones referidas a regalos de Navidad y Reyes realizados por la empresa entre diciembre de 2005 y enero de 2006. Uno de ellos hace referencia a un reloj de marca Hublot, adquirido en la Joyería Suárez para Milagrosa Martínez, por el que Orange Market pagó 2.400 euros. La joyería aportó a la fiscalía una factura emitida a nombre de la empresa con fecha de 9 de enero de 2006, coincidente con el apunte.

Según la fiscalía, el regalo a Milagrosa Martínez se habría entregado "en consideración a su función o por la realización de un acto relacionado con el ejercicio de su cargo", por lo que puede ser constitutivo de un delito de cohecho sancionado en los artículos 425 o 426 del Código Penal.

El problema es que la fiscalía accedió a estos datos en febrero de 2009, y, según la pena prevista, tipificada en los artículos 425 y 426, el delito habría prescrito a los tres años de la comisión, es decir, en enero de ese mismo año, apenas un mes antes. No obstante, la fiscalía considera que existían suficientes pruebas para la comisión del delito y la sombra del cohecho se proyecta sobre la presidencia de la Cortes Valencianas, cargo que ocupa en la actualidad. Martínez no quiso ayer hacer ningún comentario sobre el asunto.

La relación del departamento que ocupaba Martínez con la trama no se circunscribía a la consejera. También su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, fue obsequiado junto a otros cargos con trajes del sastre José Tomás por El Bigotes.





* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Madrid: Un centenar de contratos irregulares

ELPAÍS* : El día en que Esperanza Aguirre anunció el cese de Alberto López Viejo como consejero de Deportes, en febrero de 2009, ella aseguró: "Mi Gobierno no tiene ningún contrato con la trama". Pues bien, su Ejecutivo cerró 367 operaciones con las empresas de Francisco Correa. De ellas, casi un tercio son irregulares: se saltaron las normas de contratación, según el sumario desclasificado ayer.

El Gobierno de Aguirre contó de forma habitual con las empresas del entramado de corrupción vinculada al PP entre los años 2004 y 2008. Les encargaban eventos de todo tipo, desde galas a comparecencias públicas de la presidenta. Durante ese periodo se cerraron 367 operaciones por 3.189.565 euros.

Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, incluido entre los 50.000 folios del sumario desclasificados ayer, determina que hubo al menos 105 contratos, por un montante de 1.154.606, 39 euros, que no se ajustaron a la ley. Entre otros motivos, porque troceaban facturas sin necesidad, se otorgaban a dedo cuando debían ir por concurso o se ofrecían a empresas del grupo de Correa como si fueran entidades diferentes para simular un concurso negociado sin publicidad en los que se llama a distintas firmas elegidas por la Administración. Todo un abanico de triquiñuelas para garantizar un jugoso negocio a la red corrupta dirigida por Francisco Correa.

El informe remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revisa la documentación que la Comunidad de Madrid presentó ante el tribunal y que incluye facturas a cuatro empresas de la red (Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Easy Concept Comunicación, SL, y Servimadrid, SL). El técnico judicial estudió si la tramitación de expedientes se realizó de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y llegó a la conclusión de que casi un tercio de los casos no respetaron los principios de publicidad, concurrencia y transparencia exigibles a una Administración pública.

Una práctica habitual en la concesión de contratos a las empresas de la trama Gürtel era trocear las facturas para un mismo acto y una misma adjudicataria. Se emitían facturas diferentes por cantidades menores de 12.000 euros, el límite a partir del cual es necesario un concurso público. Esa fue la práctica que el Gobierno de Aguirre siguió, por ejemplo, para organizar en 2004 el homenaje a los profesionales de emergencias que trabajaron en los atentados del 11 de marzo de 2004. Una única empresa de la trama, Easy Concept, recibió 141.002 euros en 15 facturas. El técnico judicial señala que se produjo "un fraccionamiento intencionado" para no sacarlo a concurso.

La segunda parte del sumario hecho público ayer deja de nuevo en evidencia al Gobierno regional. La presidenta Esperanza Aguirre hizo unas declaraciones que se contradicen con lo que luego han dejado al descubierto los tomos del sumario.

Siete meses después, con la fase instruida por el juez Baltasar Garzón libre del secreto de sumario, la documentación evidenció que todas las consejerías de la Comunidad habían cerrado tratos con las empresas de Correa. Ahora, la nueva documentación constata un paso más en esa relación: no sólo contrataron a las empresas de la red de Correa, sino que en un centenar de casos ni siquiera lo hicieron de forma limpia.

El informe, que el técnico judicial remitió el pasado junio al TSJM, separa los contratos por consejerías y, dentro de estas, selecciona por áreas técnicas y organismos autónomos. Una de las más prolíficas en su relación con la red es la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Alberto López Viejo estuvo al frente de esta área desde 2007 hasta su marcha, tras hacerse cargo de la viceconsejería de Presidencia y figurar como el gran escenógrafo electoral de la presidenta Aguirre.

López Viejo, actualmente diputado no adscrito en la Asamblea de Madrid, fue definido por los miembros de la trama como "el muñidor de toda la operativa" en el Gobierno regional, la persona que manejaba la agenda de la presidenta Aguirre. El contable de la red creó un archivo personal para él, con su nombre, donde apuntaba meticulosamente los pagos en negro que cobraba en mano. La peculiar actividad de este diputado se remonta a su época de concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde contrató con algunas empresas reservándose una comisión del 3%.

En el informe del técnico judicial vuelve a aparecer su nombre. Sólo una vez. Al perito le llama la atención que en uno de los contratos de un acto organizado por la Consejería de Transportes, el expediente incluye de forma textual: "Se contrata por indicación de Don Alberto López Viejo". Son los actos de presentación de la Cumbre Flamenca (2006). La gala costó 21.480 euros y fue otorgada a dedo a la empresa Servimadrid. La adjudicación, según el técnico judicial, no estaba justificada.

El perito judicial incluye observaciones a dos de los contratos más cuantiosos entre el Gobierno regional y las empresas de la red. No los tilda de irregulares, no vulneran ningún principio. Pero incluye una advertencia. Se trata de la Gala de los Premios de la Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, que una de las firmas de la trama organizó dos años seguidos.

En 2005, la empresa Servimadrid ganó el concurso porque presentó la oferta más barata (162.000 euros). El segundo año concurrió en solitario y organiza el acto por 177.570 euros. El informe llama la atención sobre los criterios de valoración del concurso. Le extraña el poco peso que otorgan a la propuesta económica "respecto de criterios objetivos no cuantificables", como la calidad y creatividad de la propuesta y las mejoras, que tienen un "elevado carácter subjetivo" y para las que no especifican qué elementos concretos son los que suman puntos.

Otro truco: llamar a tres empresas con el mismo dueño. La Consejería de Inmigración sacó a concurso restringido en 2008 el montaje del stand de la Feria Integra Madrid de 2008. Invitó a tres empresas (Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación y Servimadrid Integral). Sólo la primera presentó una oferta y se le adjudicó el contrato por 60.020 euros. La trampa es que todas eran del mismo grupo. De nuevo se vulneraron los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.

El Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, usó una artimaña similar para organizar el acto de colocación de la primera piedra en el Parque Logístico Inditex en enero de 2006. Partió un contrato de 20.790 euros (que hubiera requerido concurso) en dos facturas a dos empresas de la trama (Servimadrid y Diseño Asimétrico). El perito se fija en un detalle: la factura de Servimadrid habla de "gastos de anulación del evento" (11.600 euros). Y la otra del pago (9.190 euros) por la celebración del acto, lo que puede suponer "un gasto indebido".

Al perito tampoco le convencen las razones "de urgencia" que alegó el área de Promoción Empresarial (de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) para organizar la visita de la presidenta al parque empresarial de La Carpetania o la presentación de la campaña del teléfono 012. No hay justificación para esa urgencia que les permitió seleccionar a una empresa de la trama y darle contratos a dedo por encima de los 12.000 euros, como ocurre también en otros ejemplos que recrimina el técnico judicial.




* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)

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Málaga, una provincia insostenible

LAOPINIÓN* : No es algo novedoso, sino más datos que vienen a reconfirmar una situación que dista mucho de ser la ideal: Málaga es una provincia insostenible y su ritmo de crecimiento la está alejando de los parámetros necesarios para tener un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y que le asegure recursos naturales. Así se desprende de los informes comarcales realizados por el Observatorio de la Sostenibilidad, dependiente de la Diputación. Presión urbanística, aguas subterráneos y caudales contaminados, avance de la desertización, consumos y residuos excesivos…

Problemas que se presentan con distinta cara en cada comarcas.
En el Valle del Guadalhorce, las aguas superficiales y subterráneas están degradadas, hasta ser las que en peor estado se encuentran de la provincia. El principal acuífero de la zona del bajo Guadalhorce soporta presiones por contaminación por nitratos, sobreexplotación, intrusión marina y otros impactos. Este aspecto resulta relevante en una comarca cuyo abastecimiento se realiza íntegramente por medio de aguas subterráneas. La contaminación de las aguas superficiales del Guadalhorce ha afectado principalmente al río Grande y al Guadalhorce a su paso por Álora y Pizarra y aproximadamente el 56% de la longitud fluvial de la comarca está en riesgo de incumplimiento de los objetivos de calidad que establece la Directiva Marco de Aguas para 2015.
En la comarca de Antequera, también el 81% de las aguas de los ríos está "altamente contaminada", por el vertido de residuos urbanos en los caudales y el uso de abonos diversos procedentes de la actividad agraria y ganadera. El caudal del Guadalhorce presenta la totalidad de su cuenca "severamente deteriorada", al que se unen el río Guadalteba y el arroyo Turón. La comarca recoge el mayor volumen de emanaciones de amoníaco: 550 toneladas al año. Ello es debido a la alta concentración en esta zona de granjas porcinas. De las 33 que hay en Málaga, 15 se localizan en Campillos, ocho en Almargen y cinco en Teba. Campillos es así el municipio de la provincia que más amoniaco emite por la ganadería.
No muy distinta es la situación en la Serranía de Ronda. Allí, sus ríos presentan igualmente niveles preocupantes de degradación. El 84% (206 km.) de la longitud fluvial presenta riesgo. La situación más grave es la de los ríos Guadiaro y Genal. Las aguas del Guadiaro presentan altos niveles de estreptococos y coliformes fecales, así como amonio y nitrógeno procedentes de los vertidos urbanos y de las granjas porcinas.
En la Axarquía, el riesgo principal es la desertización. Durante la primera mitad de la década pasada se perdieron 9.142 hectáreas de suelo agrícola y se ha puesto ya en riesgo de desertificación el 87% de las 6.035 hectáreas de tierras axárquicas. Mientras, el embalse de la Viñuela recoge restos de herbicidas, y 65,6 kilómetros de aguas fluviales en la comarca (40%) se encuentran en riesgo de incumplir la normativa, como ocurre en el río Vélez.
En la Costa del Sol, la presión urbanística ha hecho que se ocupen 1.737 hectáreas de nuevas construcciones entre 1999 y 2003. El 68% del primer kilómetro de la franja litoral está edificado. Por contra, se ha perdido un 27% de superficie agrícola. El 73% de la longitud fluvial de la comarca se halla en riesgo y los acuíferos están sobreexplotados. Además, tiene la mayor ratio de consumo eléctrico por habitante y día, con 6 megavatios, y la calidad del aire está afectada por el tráfico rodado.
Costa o interior, los problemas son similares y exigen una solución temprana y contundente.


* Información elaborada por Ana García, Lola Sánchez, Blas Gil, Fran Extremera y Princesa Sánchez



* La Opinión Málaga - 6.04.10
Foto: Los largos periodos de sequía que sufre la provincia, y una alta tendencia a la desertización, dejan imágenes como ésta, de archivo, en la comarca más oriental. F. Extremera, laopiniondemalaga.es


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Galicia: El fiscal acusa de un doble delito de prevaricación al presidente de Portos

ELPAÍS* : Con las elecciones autonómicas de 2005 ya perdidas, al último Gobierno de Manuel Fraga, del que Alberto Núñez Feijóo era vicepresidente primero, le entraron las prisas por dejar listo su plan de acuicultura, que amparaba 21 piscifactorías en distintos lugares de la costa. Mientras PSdeG y Bloque negociaban ya el reparto de carteras de la coalición, la Xunta en funciones de Fraga y Feijóo aprobó el 29 de julio de 2005 ese proyecto que aquel Gobierno del PP consideró "estratégico para la economía gallega".

Dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaban de tumbar uno de las plantas acuícolas más polémicas de aquel plan, la de Rinlo, en el entorno de As Catedrais, en la Mariña lucense, que contó además con el beneplácito del ayuntamiento socialista de Ribadeo. La empresa Acuinor, SL, ya no podrá construir allí su piscifactoría, después de que el TSXG haya anulado la preceptiva declaración de impacto ambiental. Y mucho menos después de que un segundo fallo invalidara aquel acuerdo de Fraga.

Pero las consecuencias jurídicas de autorizar una piscifactoría en un espacio protegido de la Red Natura con hábitats prioritarios pueden no terminar ahí. El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, acaba de presentar una denuncia penal contra el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental, José Manuel Álvarez-Campana, por el modo en que tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta acuícola en 2005. Campana es ahora presidente de Portos de Galicia.El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, que parte de una denuncia previa del colectivo ecologista Adega, atribuye a José Manuel Álvarez-Campana dos delitos de prevaricación medioambiental y prevaricación urbanística. En su denuncia, de nueve páginas, que ha presentado en los juzgados de instrucción de Santiago y que obra en poder de Adega, el fiscal explica que en la zona de Ribadeo donde la Xunta de Manuel Fraga pretendía instalar la piscifactoría, el Inventario Nacional de Hábitats detecta dos de carácter prioritario y un tercero de interés comunitario.

No sólo eso. Subraya el ministerio público que toda esta información la tenía ya en 2005 la Consellería de Medio Ambiente, que dirigía entonces Xosé Manuel Barreiro. Según consta en el escrito enviado al juez, la "Administración Medioambiental es consciente no sólo de la condición de LIC/ZEPVN [Lugares de Interés Comunitario / Zonas de Especial Protección de Valores Naturales] de As Catedrais, su inclusión en Red Natura 2000, sino también de la presencia, en los terrenos sobre los que se autorizan las obras, de hábitats prioritarios y no prioritario".

El fiscal de Medio Ambiente cita el Real Decreto 1997/1995, coincidente con la directiva comunitaria sobre hábitats, para recordar que, para autorizar proyectos sobre terrenos afectados por la Red Natura donde se detectan hábitats prioritarios, "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden".

El ministerio público va más lejos y concluye que la declaración de impacto ambiental firmada por el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental intentó eludir los controles de la Unión Europea sobre estos espacios protegidos, con el objetivo de salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica".

Todo ello figura en el texto de la denuncia que estudia ya el juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega: "Con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias, pese a la constancia de que se trataba de un espacio protegido, así determinado en la directiva y en los inventarios, y por si ello fuera poco, consignado con un asterisco en el numeral que los identificaba, no consultó a la Comisión Europea, tal y como establece el punto 4 del artículo 6 de la directiva, la inmisión en este espacio protegido, pues la aprobación del proyecto no se refería a consideraciones relacionadas con la vida humana y la seguridad pública, ni a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, sino simplemente, la respuesta a intereses ajenos y de naturaleza económica".

La denuncia cita las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que han anulado esa declaración de impacto ambiental y la autorización para la planta de Rinlo, y pide al juzgado que solicite a la Xunta el expediente completo sobre esta piscifactoría y tome declaración en calidad de imputado al actual presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, a quien atribuye los citados delitos de prevaricación medioambiental y urbanística. Portos es un ente adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

Ex concejal en A Coruña, la trayectoria política de Álvarez Campana siempre estuvo ligada a las siglas del Partido Popular. Con la Xunta de Manuel Fraga permaneció en el cargo de director general de Calidade e Avaliación Ambiental hasta que fue relevado en otoño de 2005 por el bipartito. Dio entonces el salto a la dirección de la Cámara minera, una patronal de empresas donde figuran representadas varias de las firmas energéticas con las que el propio Álvarez Campana había tratado en la Administración, desde el departamento que emitía los informes de impacto ambiental para canteras, minicentrales y otras obras susceptibles de dañar el medio ambiente. Sólo dejó la Cámara minera para concurrir a las elecciones autonómicas en las listas del PP en febrero de 2009. Con Feijóo de vuelta en la Xunta, recuperó su despacho en la Administración, ahora como presidente de Portos de Galicia.





* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: Piscifactoría Galicia - elpais.com

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La Junta respalda el proyecto que el Seprona denunció por "irregular"

MÁLAGAHOY* : El proyecto urbanístico que se está realizando en la antigua granja-escuela de Coín, que había suscitado una investigación por parte del juzgado n3 del municipio al tratarse, supuestamente, de una construcción irregular que se inició sin la correspondiente licencia municipal y sobre suelo rústico, ha recibido el respaldo de la Junta de Andalucía.

La Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido un informe técnico favorable sobre el proyecto de reforma y ampliación del complejo rural existente, al considerar que "se ajusta a la normativa urbanística" que rige el municipio. Ante este informe del ente autonómico, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Coín, Andrés Mérida (PA), al que se le imputan los presuntos delitos de prevaricación por omisión y falsedad documental, afirmó que este documento demuestra que los trámites seguidos por el área de Urbanismo han sido "correctos" en todo este asunto.

"Indudablemente, nos podemos equivocar, nos equivocaremos, pero de lo que sí estamos seguros es de que hacemos las cosas dentro de la más absoluta legalidad", agregó Mérida.

El concejal de Urbanismo se mostró satisfecho por el informe de la Junta y adelantó que tras este paso ahora sólo queda pendiente que el Pleno municipal apruebe definitivamente el proyecto. Un trámite que se prevé que se realice en la próxima sesión plenaria que se celebre en el ayuntamiento.

Asimismo, el primer teniente alcalde espera que la actuación reciba el respaldo del resto de los grupos políticos de la corporación, al igual que ocurrió cuando se catalogó el proyecto de ampliación de la granja escuela, situada en la zona conocida como Cerrillo del Molinero, junto a la carretera de Guaro, como Bien de Interés Social.

También habrá que esperar para conocer la evolución judicial del caso, ya que según las diligencias que investiga el juzgado de Coín, además de la imputación de Mérida y del secretario municipal al que se le acusa de un supuesto delito de falsedad documental, al promotor se le imputan varios presuntos delitos, uno contra la ordenación del territorio por construir sobre suelo rústico sin licencia y por desobediencia al no haber acatado la supuesta orden de paralización que emitió el Ayuntamiento el 14 de mayo de 2009.




* Málaga Hoy - 7.04.10
Foto: Granja escuela de la localidad de Coín. - malagahoy.es

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La corrupción masiva deja un aluvión de pruebas contra Bárcenas, Camps y Aguirre

ELPAÍS* : El sumario del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político que ha conocido la democracia, extiende sobre 200 tomos de documentación un aluvión de pruebas sobre la cooperación necesaria del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas; del Gobierno de Francisco Camps en Valencia y del Ejecutivo de Esperanza Aguirre en Madrid con la red de empresas que dirigía Francisco Correa.

Pese al aluvión de evidencias que ha destapado el sumario sobre las prácticas corruptas de la red Gürtel y de los distintos Gobiernos del PP, la formación de Mariano Rajoy decidió optar desde primera hora de la mañana de ayer, cuando era imposible haber leído los 291 tomos y 50.000 folios del sumario, por negar que hubiera nuevas pruebas y ratificar su confianza en Bárcenas, el ex tesorero del PP, al que no iba a suspender de militancia ni retirarle el pago de la defensa, único implicado con el que tienen esa deferencia.

La investigación policial atribuye a Bárcenas "sin ningún género de dudas" el cobro de comisiones ilegales -casi 1,3 millones de euros- a cambio de su intermediación con gobernantes del PP para la adjudicación de contratos a favor de la trama corrupta o de empresas constructoras afines.

Bárcenas asegura, según consta en el sumario, que el millón de euros que su mujer tiene en un banco, pese a carecer de trabajo e ingresos propios, son consecuencia de una venta de acciones de Endesa en la que ganó ese dinero. Además, cuenta al juez que pidió un préstamo de 330.000 euros y retiró el dinero en billetes de 500 porque el vendedor de un cuadro quería cobrar en efectivo. Y que devolvió el dinero al banco porque, en el último momento, el vendedor del cuadro subió el precio y la operación se frustró.

Por otra parte, los peritos judiciales han elaborado un informe sobre la contratación en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre amañó cientos de contratos en los últimos años para beneficiar a las empresas de Francisco Correa, según ese informe. El ex consejero de Deportes Alberto López Viejo cobró comisiones ilegales por encargarse de que los contratos fueran para la red ilegal.

En Valencia, el sumario arroja cientos de folios con pruebas de la supuesta financiación ilegal a través de Orange Market, la empresa valenciana de la red Gürtel, que supuestamente cobró 6,3 millones en dinero negro no declarado a Hacienda y facilitó la financiación de actos del PP a través de cinco empresas privadas contratistas de la Administración valenciana.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de las cinco empresas que supuestamente financiaron ilegalmente al Partido Popular.

Además, el sumario recoge numerosas conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, El Bigotes, con los principales dirigentes del Gobierno valenciano y del PP de esa comunidad. Además, Pérez charla con las mujeres del presidente valenciano, Francisco Camps; del vicepresidente, Vicente Rambla, y del ex vicepresidente Víctor Campos.

Las esposas de los principales dirigentes valencianos agradecen a El Bigotes los regalos que han recibido tanto ellas como sus hijos e hijas y le indican que son demasiado caros. Álvaro Pérez asegura que lo ha hecho porque las quiere mucho.

La empresa de Pérez logró 40 contratos a dedo de las distintas consejerías de la Comunidad Valenciana con el Gobierno de Francisco Camps, hasta que el juez Baltasar Garzón desarticuló la trama corrupta. Durante esos días, Pérez preparaba la llegada de los Grammy a Valencia, por lo que esperaba lograr una comisión millonaria. El vicepresidente Vicente Rambla estaba al tanto y avalaba todos los contactos, al igual que el presidente, Francisco Camps.

El sumario también revela una supuesta comisión millonaria pagada en torno a la adjudicación del contrato de limpieza del distrito de Moratalaz en Madrid. Según la investigación policial, Correa cobró 1,2 millones de euros de comisión por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de limpieza cuando el concejal del área en el Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo, al que Esperanza Aguirre repescó como candidato a la Comunidad de Madrid, le nombró viceconsejero de Presidencia y le encargó organizar todos sus actos institucionales, donde coló a las empresas de la trama corrupta.




* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: De izquierda a derecha: Mariano Rajoy, Jaume Matas, Francisco Camps y Esperanza Aguirre, en un acto del PP en Madrid en 2003.- LUIS MAGÁN, elpais.com

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La protesta urbanística de Mahora se mantiene firme

LAVERDAD/Albacete* : Los vecinos de Mahora afectados por un problema urbanístico relacionado con el área de reparto 6 de este municipio mantienen su encierro, y aseguran que seguirán con esta medida de protesta hasta que vean una solución real, porque ya están «hartos de buenas palabras».

Después de pasar la primera noche encerrados en la casa consistorial, uno de estos vecinos, Vicente Cuesta, declaró: «tenemos razón, y todo el mundo nos la da; tanto el alcalde como el delegado provincial de Urbanismo están de acuerdo con lo que planteamos y son partidarios de volver a dejar la situación como estaba antes. El problema -añadió este propietario- es que todos estamos de acuerdo, todo son buenas palabras, pero los hechos no llegan».
El problema es que la planificación urbanística, hace más de diez años, recogió en el AR6, en la zona de la calle del Reguerón y salida hacia las Navas, una serie de calificaciones del suelo que no se correspondían con la realidad, según estos vecinos, ya que en algunos casos consideraba como urbanizables lugares ya edificados y consolidados, a los que por tanto les corresponde el carácter de suelo urbano.
Vicente Cuesta indica que «estamos tan hartos porque las gestiones no se han realizado correctamente; no es que el caso leve diez años de trámites y esté a punto de acabar, no; es que después de diez años lo que estamos esperando es que se haga correctamente el primer paso, el envío del expediente desde el Ayuntamiento a la delegación de Urbanismo».
Anteriormente ya se había enviado, pero con algunos defectos que han provocado que se haya tenido que enviar de nuevo.
Los vecinos indican que seguirán con su protesta (que empezaron el pasado lunes) hasta que comprueben que esta gestión se ha hecho, «cuando ya tengamos hechos, no sólo buenas palabras».




* La Verdad - 7.04.10
Foto: Algunos de los encerrados, en la primera noche que pasaron encerrados en la casa consistorial. :: LV

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Salvem El Cabanyal dice que Barberá y el Consell "retan" al Gobierno y muestra su "rabia e impotencia"

20MINUTOS/Valencia* : La Plataforma Salvem El Cabanyal -Canyamelar, opuesta a la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio valenciano, consideró hoy, en un comunicado, que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Gobierno valenciano "retan" al Ejecutivo central al continuar con la ejecución de este plan. El Ministerio de Cultura emitió recientemente una orden en la que considera que el PEPRI supone expolio y ordena su paralización pero la administración valenciana ha avalado legalmente esta intervención urbanística y su continuidad.

Salvem El Cabanyal expresó también su "rabia e impotencia", después de que hoy se llevaran a cabo, en cumplimiento de la ejecución del PEPRI, cinco derribos en la zona de El Cabanyal afectada por este plan. Los miembros de la plataforma aseguraron estar "derrotados" por estas demoliciones y destacaron están "luchando por la vida de las personas y por la integridad de todo un barrio".

Esta entidad vecinal comentó que "las cinco casas eran del Ayuntamiento, es decir, de todos los valencianos" y apuntó que eso "es lo que vamos a seguir defendiendo mientras tengamos la razón y el proceso judicial esté abierto".

Salvem El Cabanyal señaló que desde hace doce años esta actuación urbanística se encuentra en los tribunales y dijo que "en el momento" en el que la vía legal "se pone en contra del PP valenciano, éste no duda, utilizando todas las armas que el poder le confiere, en avasallar al Estado de Derecho y a los ciudadanos, que intentan defenderlo".

"Hoy ha sido una lucha muy desigual, un partido prepotente y dictatorial contra una ciudadanía que intenta defender lo que es justo y de derecho", comentó Salvem El Cabanyal respecto a los incidentes registrados hoy en este barrio, entre políticos, vecinos y policía, durante los derribos.

La plataforma aseguró que su "resistencia está activa" y que seguirá "defendiendo las casas, abrazando las casas, contra el expolio y la degradación". Salvem El Cabanyal celebra esta tarde una asamblea para tratar estas cuestiones y la ejecución del PEPRI.

Por otro lado, esta entidad indica, respecto a la orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009, que considera que el PEPRI supone expolio, que este plan "determina la expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal".

Asimismo, destaca la "obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución de dicho plan, en tanto se garantice una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico- artísticos que motivaron su declaración como conjunto histórico".

La plataforma critica que "el Gobierno valenciano ha pretendido dejar sin efecto dicha orden mediante un decreto ley, que en este momento está suspendido por el Tribunal Constitucional ,tras la interposición contra él por parte del Gobierno de España de un recurso de inconstitucionalidad". Manifestó, tras ello, que "por tanto, la orden de Cultura está vigente, sin ningún género de dudas".DERRIBOS

De este modo, Salvem El Cabanyal sostiene que "los derribos realizados en el día de hoy por el Ayuntamiento han vulnerado la orden ministerial, la Ley de Patrimonio Histórico español, la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno a resolver sobre la existencia de expolio en El Cabanyal y el auto del Tribunal Constitucional que suspende la vigencia del decreto ley".




* 20 Minutos - E.P. - 6.04.10
Foto: Policías antidisturbios cargan contra vecinos de El Cabanyal que protestaban por las demoliciones.- C. FRANCESC, elpais.com

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Los Alcázares: La cuenta, al Ayuntamiento

LAVERDAD/Murcia* : La trama, de existir, actuaría como sigue. Una empresa constructora, adjudicataria de algunos de los principales proyectos del Ayuntamiento de Los Alcázares, habría realizado obras en domicilios de varios cargos públicos y altos funcionarios municipales de esa localidad. Después, para que éstos no tuvieran que pagar nada de esas reformas, o sólo una parte, la empresa habría incluido ese coste en las facturas que pasaba al Ayuntamiento, hinchando el montante de algunos conceptos, de forma que fueran las arcas públicas las que asumieran el precio de las obras particulares.

Y, como además eran los propios funcionarios municipales los que daban el visto bueno a las facturas de la constructora, pues el círculo quedaba completamente cerrado y redondo. Perfecto en su ejecución.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que desde hace más de dos años investigan las supuestas implicaciones de destacados integrantes del Consistorio de Los Alcázares en la trama de corrupción denominada 'caso Ninette', habían estado convencidos desde un primer momento de que la situación antes descrita se había producido.
La hipótesis cobra peso
Así se hace constar en un informe remitido al juzgado, sobre el que se acaba de levantar el secreto y que está en poder de 'La Verdad', que deja constancia de que «una de las hipótesis mantenida a lo largo de la investigación, y apoyada por documentación hallada en los registros practicados con motivo del operativo policial, es el hecho de que la empresa Garcerán Construcciones S.L. habría estado realizando trabajos para algunos miembros del Ayuntamiento de Los Alcázares, quienes no se habrían hecho cargo de los importes correspondientes, al menos en su totalidad, sino que dichos gastos habrían pasado a engrosar las facturas de obras municipales, acometidas también por Garcerán Construcciones».
«De ese modo -prosiguen los agentes-, incrementando las partidas correspondientes a trabajo de índole municipal, y por tanto financiadas con dinero público, se pagarían trabajos de carácter privado realizados para miembros del Consistorio».
En esa supuesta situación se encontraría el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, para quien la empresa mencionada construyó un albergue entre los años 2002 y 2003. Estas dependencias, que Escudero tiene alquiladas a la firma 'Animación y Aventura S.L.' y en las que se alojan -entre otros- los participantes en la Semana Internacional de la Huerta de Los Alcázares, tuvieron un coste de 33.380.577 pesetas, más otros 2.379.320 pesetas de IVA, según diversa documentación intervenida por la Policía en los registros.
De ese dinero, Escudero habría pagado 5 millones de pesetas, por lo que le habrían quedado por abonar 30.759.897 pesetas. O, lo que es lo mismo, 184.870,7 euros.
Pues bien, en varios documentos intervenidos sobre el proyecto de construcción de un nuevo ayuntamiento y de un aparcamiento subterráneo, que fue adjudicado a Garcerán Construcciones, existen diversas referencias a 'Albergue', con la partida de 184.870,7 euros (la misma que habría dejado a deber Escudero), que el constructor habría facturado al Consistorio inflando determinadas partidas.
De esta forma, los especialistas de la Policía han encontrado que las facturas expedidas por Garcerán Construcciones al Ayuntamiento, por conceptos como 'Movimientos de tierras', 'Urbanización', 'Cimentación', 'Albañilería' o 'Cubiertas', están duplicadas o sensiblemente hinchadas respecto al presupuesto inicial. Algo que demuestra, según el informe técnico, que «bien se ha facturado dos veces el mismo trabajo o bien se han aumentado los trabajos realizados realmente».
También el de Urbanismo
Algo muy parecido habría ocurrido en el caso del concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco Puras, también imputado en el 'caso Ninette' y que continúa ejerciendo como concejal, en cuyo domicilio la firma Garcerán habría hecho reformas por importe de 63.176,58 euros. Una partida que, junto a la referencia 'ALFREDO', aparece en diversos documentos y que también habría sido facturada a las arcas públicas.
Más llamativo es todavía el caso del durante muchos años secretario municipal, Diego Sánchez Gómez -también imputado en el caso-, pues la firma Garcerán fue la que construyó su chalé y también los de sus hijos Jesús Diego y Juan de Dios (éste último, jefe de los servicios jurídicos municipales).
Los documentos intervenidos en este supuesto por los miembros de la UDEV-BLA es que parte del coste de esas construcciones también se facturó al Ayuntamiento, hinchando en esta ocasión las partidas por la construcción del teatro municipal de Los Alcázares.
Así, en una pestaña anexa a un documento denominado 'Coste de la obra Teatro Ayuntamiento', se puede leer: «No se tienen en cuenta 70 mill. de casa de Jesús Diego, 9 mill. de casa de secretario, 9 mill. de casa de Juan de Dios». A continuación hay otra tabla en la que, según la Policía, «se incrementan casi todas las partidas o capítulos, sobre todo de albañilería, estructura y resto de trabajos que realiza directamente Garcerán Construcciones» y que habrían sido facturados al Consistorio.
Las facturas supuestamente hinchadas habrían pasado sin problemas el filtro fiscalizador del Ayuntamiento, pues no en vano el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, otro de los presuntos miembros de la trama, era el encargado de darles el visto bueno. Y él también se habría llevado su parte: aunque era arquitecto municipal, habría cobrado «cientos de miles de euros -más de 660.000- por dirigir la obra del nuevo consistorio y del aparcamiento».




* La Verdad - 5.04.10
Foto: Los Alcázares (Murcia), puerta ayuntamiento - laverdad.es

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Barcelona: Millet desvió 10 millones en las obras del Palau

ELPAÍS* : Las obras del Palau de la Música se iniciaron en 1999 con un presupuesto de 9,1 millones de euros pero acabaron costando 26 millones. Eso al menos es lo que figura sobre el papel, porque la auditoría de las cuentas llevada a cabo por la firma Deloitte ha determinado que en realidad costaron 16 millones de euros. Según fuentes conocedoras de la citada auditoría, el ex presidente de la institución, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, ambos imputados por falsedad documental y apropiación indebida, desviaron 10 millones en estas obras.

Las cifras eran ya en 1999 un verdadero galimatías. En enero de ese año, Millet anunció que rehabilitaría y ampliaría el emblemático edificio de Lluís Domènech i Montaner con un presupuesto de 9,1 millones de euros.

Diez meses después, cuando se presentó el proyecto de los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díaz, la reforma proyectada ya ascendía a 10,8 millones, de los cuales el Ministerio de Cultura se comprometió a asumir 9,6 millones.

Tres años después, ese dinero tampoco era suficiente, por lo que Millet solicitó personalmente al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tres millones más, aprovechando una visita que éste al Palau en octubre de 2002.

Un año más tarde, el Ministerio de Cultura dio luz verde a una nueva subvención por esa cantidad. Según dijo entonces Millet, el presupuesto escalaba hasta los 20,5 millones, el doble de lo estimado sólo cuatro años antes.

Esta escalada de costes no se quedó ahí. La inauguración del inmueble tuvo lugar finalmente en las vísperas del día de Sant Jordi de 2004. Entonces Millet aseguró en una rueda de prensa que las obras habían costado 24 millones de euros.

Sin embargo, la auditoría señala que Millet reunió fondos por valor de 26 millones para afrontar las obras del edificio, pese a que el coste real fue de 16 millones.

Las fuentes consultadas explican que una parte de los 10 millones que faltan se destinaron a mejoras en los domicilios particulares de las familias Millet y Montull, y resaltan que varias de las empresas acusadas de falsificar facturas son constructoras o pertenecen a un grupo del sector. Sin embargo, también recuerdan que se desconoce el destino de cerca de un tercio de los 35,6 millones que, según la auditoría, desviaron los saqueadores.

A pesar de que el informe de Deloitte no está cerrado, estas fuentes explicaron que Millet pudo duplicar certificados de obra para obtener financiación. Además de los 12,6 millones que logró arrancar al Ministerio de Cultura, también consiguió otros 2,4 millones de las Administraciones catalanas: la Generalitat aportó 1,2 millones; el Ayuntamiento de Barcelona, 900.000 euros; y la Diputación de Barcelona, 300.000 euros. En total, 15 millones en subvenciones para la reforma.

También hubo mecenas que aportaron cantidades para sufragar las obras. Aun así, Millet pidió además un crédito de 4,8 millones de euros a seis entidades financieras para cubrir los gastos del proyecto. Fuentes cercanas a la entidad explicaron que la institución todavía hoy está pagando ese préstamo. El consorcio, además, afronta otros dos créditos que Millet requirió al Instituto Catalán de Finanzas, el banco público de la Generalitat, entre 2004 y 2005, y que suman dos millones de euros en concepto de "instalaciones, inmuebles y otras construcciones".




* ELPAIS.com - 6.04.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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