La Nucia resucita tres grandes proyectos urbanísticos paralizados

ELPAÍS/Alicante* : El objetivo de Bernabé Cano, alcalde del PP de La Nucia, desde que accedió al cargo en 2001 ha sido su desarrollo urbanístico. Y como no podía reclasificar suelo no urbanizable por la falta de recursos hídricos, ha optado por la vía de la revisión del Plan General para poder sacar adelante la aprobación de los sectores de La Serreta, Pie de Monte y Algar, que suman casi 7 millones de metros cuadrados y prevén la construcción de 11.461 viviendas.

La semana pasada el pleno de La Nucia aprobó, con los votos del PP, el concierto previo de revisión y adaptación del PGOU, que ha redactado Salvador Muñoz Ramón, un ingeniero de Caminos del despacho de arquitectura Vetges Tu Mediterrània, de Valencia.

En el documento queda al descubierto que el consistorio también ha iniciado un procedimiento ante la CHJ para la concesión unificada de los recursos hídricos del municipio y la justificación ante el organismo de cuenca de la disponibilidad del agua suficiente que posibilite los desarrollos previstos, para lo que cursó dos solicitudes el 31 de julio de 2008 y el 15 de abril de 2009.

El anterior Plan General está agotado desde el año 2000, dado que ya se habían desarrollado 22 sectores residenciales y uno industrial hasta consumir el 27% del término municipal. Sin embargo, Cano optó entre 2002 y 2003 por reclasificar suelo, opción que favoreció a los adjudicatarios de la condición de agente urbanizador, quienes tras haber comprado varios millones de metros a precio de suelo rústico podrán conseguir, cuando se apruebe definitivamente la modificación del PGOU, más de 1,26 millones de metros de edificabilidad.

Los tres sectores presentan diferentes particularidades. El primero en aprobarse, a mediados de 2004, fue la Serreta, que estuvo paralizado cautelarmente entre mayo y noviembre de 2007 por el anuncio de Iniciativa Independiente de La Nucia de una demanda que después, sin mediar explicaciones, no formalizó. Actualmente está a expensas de la publicación del proyecto de reparcelación que necesita una financiación de más de 100 millones de euros.

En septiembre de 2004, se aprobó el PAI Pie de Monte, un proyecto en el punto de mira del caso Gürtel. Francisco Correa, todavía en la cárcel, envió a negociar su entrada en el reparto de 12.000 millones de pesetas a Jacobo Gordon, otro de los imputados, aunque finalmente la Consejería de Medio Ambiente impuso una condición insólita para otorgarle la declaración de impacto ambiental: que obtuviera un informe favorable de la CHJ que nunca llegó. Finalmente, en marzo de 2005 el Ayuntamiento aprobó el PAI del Algar, que con una rapidez inusitada fue validado por la Comisión Territorial de Urbanismo en noviembre de 2006, aunque ese acuerdo de la consejería fue anulado por el TSJ en mayo del año pasado por carecer de los recursos hídricos necesarios. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de La Nucia han presentado un recurso de casación.

La propuesta de revisión del PGOU aprobada este mes eleva el consumo de suelo urbanizado a casi el 50% del total. Otro 10% es paisaje protegido de la falda del Puig Campana o de especial protección de cauces. Si se suman el suelo de protección ambiental paisajística, las cinco vías pecuarias, los seis yacimientos arqueológicos, el patrimonio etnológico y las zonas con riesgo de erosión o contaminación de acuíferos, apenas quedará un 16% del término de La Nucia sin urbanizar.

La memoria justificativa de la propuesta de revisión aprobada parece un documento a la carta, con apuntes laudatorios a la gestión de Bernabé Cano. Aboga por el "modelo extensivo de crecimiento" para "consolidar La Nucia como destino turístico que no dependa de otros municipios del entorno". Entre 2001 y 2009 La Nucia multiplicó por tres su población (de 6.587 a 17.874 habitantes), operación que con el nuevo PGOU en marcha volverá a repetirse.





* ELPAIS.com - 11.03.10
Foto: La Nucia - tagarinet

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La Junta autoriza más de un millar de viviendas en Navahondilla

ÁVILADIGITAL* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila ha aprobado el expediente correspondiente al Plan Parcial ‘Cabeza de Caballo’, que incluía la construcción de un campo de golf y un millar de viviendas en una zona y que se encontraba suspendido desde febrero del año 2008.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó este lunes el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila de fecha 30 de abril de 2009 (casi un año después) en el que se aprueba el expediente de este plan parcial, contra el que se manifestaron varias organizaciones ecologistas por considerar que ocupaba, en parte, la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Cerro de Guisando’.

En el expediente se destaca el “potencial que actualmente tiene esta zona como lugar para la realización de actividades de ocio al aire libre, así como la influencia que, sobre ella, tendrá la ciudad de Madrid por las vías de comunicación realizadas y en proyecto”, por lo que, a mayores, en el plan se plantea la realización de “una zona deportiva y de ocio al aire libre que haga aún más atractiva la zona”.

Asimismo, se justifica el proceso urbanizador de la zona en la “creciente demanda de viviendas, principalmente como segunda residencia, pero sin descartar su uso principal”, de manera que “las casi 56 hectáreas que comprenden el sector constituyen una superficie de suelo suficiente para el desarrollo del equipamiento de carácter privativo, destinado a zona deportiva y de actividades al aire libre que se proyecta dentro del desarrollo urbanístico”.

Abastecimiento de Los Morales
Por lo que respecta al abastecimiento de la zona, en febrero del año 2007 se envió un informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), indicando que el recurso hidráulico “queda garantizado con el abastecimiento de la red municipal”, teniendo en cuenta que se refleja la inclusión de Navahondilla en el proyecto elaborado por la CHT para ser abastecido por la Presa de Los Morales, mientras que, en mayo, se solicitó verter residuos al arroyo Avellaneda de una población de 9.000 habitantes, procedente, entre otras urbanizaciones, de la de Cabeza de Caballo.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, se amplió la documentación con otro informe enviado a la CHT en el que se evidenciaba “la implicación de las diversas administraciones en la consecución, a corto plazo” del proyecto de Los Morales, por lo que se concluía que “la procedencia del recurso hidráulico del Plan Parcial ‘Cabeza de Caballo’ queda garantizada”.

Terrenos
El expediente aprobado especifica que, entre las dos lomas situadas al norte y al sur de la zona, se sitúa una “amplia zona despejada” que estará ocupada por las instalaciones de ocio y que, por ello, “se verá escasamente alterada”, mientras que la zona norte estará ocupada por la urbanización y “los árboles afectados serán trasplantados a la zona de ocio”.

En concreto, los terrenos se ubican entre la urbanización de Navahonda y el municipio de Navahondilla y la densidad de viviendas fijadas –preferentemente, unifamiliares, aunque también viviendas colectivas en bloque de baja altura- es de 20 viviendas por hectárea, lo que da un resultado de 1.116 viviendas. Se reservan, además, 16.504 metros cuadrados a equipamientos de titularidad pública y habrá tres zonas destinadas a uso comercial, ubicadas junto al acceso sur.

También se destina a equipamientos de ocio una superficie de 168.498 metros cuadrados, para el “diseño de una zona de ocio y actividades deportivas y lúdicas al aire libre”, además de asignar otros 3.000 metros cuadrados de superficie edificable a la construcción de un club social y las instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Finalmente, se calcula que habrá 3.293 plazas de aparcamiento, de las que 1.646 serán de uso privado y se localizarán en el interior de las parcelas y otras tantas serán de uso público y se ubicarán sobre el espacio reservado para aparcamiento en los distintos viales. Además, se localizan once parcelas de servicios urbanos, destinando una de ellas a ubicar un depósito de almacenamiento de agua para el abastecimiento de la urbanización.

Impacto ambiental
Según el expediente publicado en el Bocyl, la Delegación Territorial de la Junta en Ávila resolvió, el 21 de julio de 2006, la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto ‘Cabeza de Caballo’ en Navahondilla, informando “favorablemente” del desarrollo; una resolución que se publicó en el Bocyl en agosto de ese año, aunque exigía, como medidas correctoras, modificar los accesos al sector en el ámbito del Arroyo Perales, tras lo que se obtuvo un informe favorable de la Delegación Territorial.

Sin embargo, dicha declaración afectaba únicamente a la urbanización, no al campo de golf, que se tramitaba como “un proyecto independiente”, por lo que fue suspendido por la Comisión Territorial de Urbanismo, según se puso de manifiesto en su día, y sobre la que también votaron los vecinos del municipio, en el año 2004.

Hay que recordar que, en febrero del año pasado, la Audiencia Provincial estimó los recursos de apelación contra varias "irregularidades" urbanísticas en Navahondilla, interpuestos por la organización ecologista Sierra Oeste - Desarrollo SOStenible y por el Ministerio Fiscal contra el auto del Juzgado de Instrucción de Arenas de San Pedro, que acordaba el sobreseimiento de varias denuncias urbanísticas en la localidad.

Así y siguiendo la normativa vigente, el plazo que tiene la promotora para ejecutar el proyecto es de diez años, a contar desde la entrada en vigor del plan parcial, aunque ahora se abre un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada, ante el consejero de Fomento de la Junta, contra el acuerdo publicado en el Bocyl este lunes.




* Ávila Digital - 10.03.10
Foto: Navahondilla (Ávila) - nodo50.org

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Quequé Montesdeoca: corrupción urbanística



* YouTube - Nixia - 27.10.06

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Los Molinos: El TSJM anula las normas urbanísticas del año 2007

ELTELÉGRAFO/Madrid* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Normas Transitorias de Los Molinos aprobadas en el año 2007 y que permitían construir en suelo protegido 790 viviendas. Este planeamiento, tramitado siendo director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto Rey, pretendía autorizar actuaciones ya desestimadas por el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón.

Desde 1991 en el municipio de Los Molinos existía un planeamiento que limitaba la nueva urbanización a los sectores más próximos al casco. De esta forma se protegía el pie de monte serrano y el entorno del río Guadarrama. “Sin embargo, la Comunidad de Madrid quería declarar urbanizables, precisamente, el pie de monte de la Sierra, en concreto la ladera de La Peñota, (al noroeste y suroeste del casco) en plena Sierra de Guadarrama y dentro del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). También le interesaban los terrenos de pastizal situados al norte del casco y próximas al río Guadarrama”, explican en un comunicado Ecologistas en Acción.

Normas ilegales
“Para lograr su objetivo, en 2005, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio madrileña, argumentó que las normas de planeamiento de 1991 eran ilegales y que, por tanto, el plan urbanístico que había que aplicar era el de 1969, un planeamiento tremendamente desarrollista. A continuación, se subrogó las competencias municipales de planeamiento y redactó unas Normas Transitorias basadas en el Plan General de 1969. Estas Normas Transitorias se aprobaron definitivamente en diciembre de 2007”, continúa este colectivo.

Recursos
En 2006, Ecologistas en Acción recurrió ante los tribunales la decisión del consejero de Medio Ambiente por la que se declaraba vigente el Plan General del año 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento. La sentencia “afirmaba que la actuación no había sido conforme a derecho”.

Posteriormente, en febrero de 2008, Ecologistas en Acción recurrió la aprobación definitiva de las Normas Transitorias.

La sentencia

La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 9 de diciembre de 2009, dada a conocer recientemente por Ecologistas en Acción, reitera los mismos argumentos para anular las Normas Transitorias aprobadas en el año 2007.

Esta sentencia se suma a la de también ganada en junio de 2008 en Los Molinos “y supone un nuevo golpe a la política urbanística de Esperanza Aguirre”, señalan desde este colectivo.

Ecologistas en Acción valora esta sentencia muy positivamente, ya que “supone un fuerte varapalo a la política especuladora del Gobierno regional en la Sierra de Guadarrama”.




* El Telégrafo - 10.03.10
Foto: Los Molinos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es

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Lezama paga un sobreprecio a una constructora sin informes preceptivos

ELPAÍS/Vizcaya* : Las anomalías en el Ayuntamiento de Lezama siguen apareciendo. El último pleno municipal aprobó, sólo con los votos del PNV, la certificación final de una obra a la constructora Loroño S. A, que elevaba el presupuesto inicial en casi un 20%, sin la preceptiva aprobación por el órgano de contratación ni la aprobación de precios contradictorios. Estas carencias, que suponen el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, fueron advertidas en un documento de la secretaria municipal.

El acuerdo fue refrendado por la concejal peneuvista Olatz Arabiourrutia Loroño, sobrina de los propietarios de la constructora, lo que también incumple la Ley de Procedimiento Administrativo que obliga a los cargos públicos a abstenerse en los asuntos de familiares.

La edil Arabiourrutia ya votó en 2008 y 2009 a favor de dos contratos por seis millones a Loroño S. A pero en mayo pasado dejó de apoyarlas porque "no conocía la ley". Este caso se une al impulso por parte de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), de un plan urbanístico en terrenos de su familia, que lo refrendó hasta en tres ocasiones.

La certificación de obras a esta empresa, correspondientes a la urbanización de la plaza principal de Lezama y que concluyó el pasado diciembre, se aprobó con los votos del PNV -que tiene la mayoría absoluta, frente a una edil de EB, que se abstuvo, y otra del PSE, que lo rechazó- en la comisión de Urbanismo del pasado 19 de febrero, y posteriormente en el pleno del día 24. La edil Olatz Arabiourrutia, presente en el pleno, no se abstuvo. Los representantes del PNV no ofrecieron ninguna respuesta, a preguntas del PSE, sobre el importe de la adjudicación y qué órganos aprobaron el aumento del precio. "No tenemos nada que comentar", aseguró ayer un portavoz del consistorio de Lezama.

La secretaria municipal tampoco realizó ningún comentario, pese a que, en el expediente, figura una nota firmada por ella el pasado 1 de febrero: "Se hace constar que el importe total certificado supera el importe de adjudicación no constando la aprobación por el órgano de contratación de modificación contractual alguna ni la aprobación de precios contradictorios". Loroño S. A ganó la adjudicación de este proyecto hace casi un año por una oferta de 429.621 euros, frente a la propuesta del otro licitador, Viconsa, que la presentó por un importe de 493.817 euros. Con el cambio en la certificación, que sin esos informes incumple el artículo 217 de la ley de Contratos, Loroño S. A cobrará finalmente 515.270 euros, por encima de la propuesta de Viconsa, y un 19,56% más de lo que ofertó.

El aumento del coste no ha llegado al 20% por sólo 30 euros, un dato significativo porque si alcanza ese porcentaje la ley obliga a realizar una nueva licitación.





* ELPAIS.com - 10.03.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com

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El plan del litoral paraliza seis planes parciales en Muros y Boiro

LAVOZDEGALICIA* : Técnicos municipales, equipos redactores de los planeamientos urbanísticos y políticos llevan unas cuatro semanas ocupados en descifrar el borrador del Plan de Ordenación del Litoral (POL), una tarea que, al parecer, no está resultando nada sencilla. Entre los ayuntamientos que parecen tener las cosas más o menos claras y estar en disposición de elaborar las alegaciones se encuentran Ribeira, Boiro y Muros. En el caso de los dos últimos, responsables locales indicaron ayer que el documento paraliza el desarrollo de seis planes parciales.

Miembros del ejecutivo boirense se reunieron ayer con el director xeral de Sostenibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, quien les aclaró diversas dudas sobre la incidencia de la propuesta en su municipio. El concejal de Urbanismo, Xoán León, explicó que ateniéndose al planeamiento en vigor, el POL no afecta a los núcleos rurales ni al suelo urbano consolidado. Tampoco se ve afectado el plan parcial de Barraña, pero sí otros cuatro que no están aprobados definitivamente. Se trata de los que atañen a Cabo de Cruz, la zona del río Breiro, O Corrillo y al pazo de Goiáns.

Tras la entrevista, León señaló: «En principio, Borobio deunos a esperanza de que dependendo das circunstancias se mirará a situación e pode que nalgún caso si poidamos desenvolver actuacións».

Reparcelación

Uno de los lugares en los que posiblemente no llegará a ejecutarse el plan es en Cabo de Cruz. En este sentido, León señaló que en O Castro se está llevando a cabo la reparcelación de fincas y que, al mismo tiempo, se realiza una encuesta entre los propietarios para saber si quieren seguir adelante. Aunque el plazo para responder finaliza dentro de unos días, León cree que es probable que la mayoría de los afectados decidan que no se haga. Pese a todo, Xoán León apunta: «Intentaremos que no futuro se poida desenvolver porque entendemos que o crecemento de Cabo debe facerse cara esa zona».

Aunque el ejecutivo boirense comenzará a preparar ya las alegaciones, sus responsables indicaron a Borobio la conveniencia de ampliar plazos: «É posible que haxa modificacións», comentó León. Por lo menos, lo que sí han conseguido en Boiro son unos planos más nítidos.


El edil del bipartito también explicó que el lunes tuvo lugar una reunión con los partidos de la oposición para explicarles en qué medida afecta el plan del litoral. Además, en el Concello se dan planos e información a los vecinos que los pidan.

Por lo que respecta a Muros, el alcalde, Domingos Dosil, comentó que el POL, tal y como está redactado en la actualidad, afecta a dos polígonos de viviendas que están incluidos en el nuevo plan general. Se trata de zonas urbanizables ubicadas en Louro y en Serres.

Dosil considera que, si se aprueba el plan del litoral tal y como está redactado, se frena la expansión del término muradano: «Son as únicas áreas para medrar que hai».

El mandatario precisó que los equipos técnicos están estudiando la documentación y, al igual que sus homólogos en otros municipios, Dosil manifestó que las descripciones del texto elaborado por la Xunta «son confusas».

Reunión clarificadora

También los técnicos municipales ribeirenses están inmersos en las tareas de preparar las alegaciones para el POL. La entrevista que la pasada semana tuvieron con Manuel Borobio resultó, del mismo modo, muy clarificadora, a tenor de lo indicado por el alcalde. El arquitecto ya tiene en estos momentos definidas las líneas por las que deben discurrir las enmiendas a presentar.

Ateniéndose a los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente sobre la incidencia del POL en los municipios de la comarca, Boiro y Ribeira figuran entre los que más restricciones tienen.

Por lo que respecta a Ribeira, en el planeamiento en vigor figuran 118 hectáreas susceptibles de ser urbanizadas. Sin embargo, la Xunta deja la cifra en menos de la mitad. En concreto, en 27 hectáreas que, en todo caso, deberán estar sometidas a los criterios de ordenación que se establezcan. Otras 17,62 hectáreas figuran bajo la denominación Mellora Ambiental e Paisaxística (MAP). Esto significa, según explicaron desde Medio Ambiente, que solo se autorizarán intervenciones urbanísticas que ayuden a mejorar los elementos ya existentes.

Las áreas MAP

Las zonas clasificadas por la Xunta dentro del MAP «comprenden o territorio entre a área costeira e os primeiros eixos ou espazos que articulan o modelo de organización tradicional, comprendendo a paisaxe litoral máis próxima á costa».

Se trata de los espacios que han sido sometidos a las mayores transformaciones durante la última década y el objetivo de Medio Ambiente a la hora de darles una catalogación especial se debe, según indican, a la intención de «preservar a paisaxe como un valor natural e cultural reivindicando esa fronte como un trazo distintivo».

En el caso de los municipios de Lousame y A Pobra, los únicos de la comarca que tienen el planeamiento adaptado a la vigente Lei do Solo, no hay ninguna hectárea de terreno incluida en el ámbito de ordenación del MAP.





* La Voz de Galicia - 10.03.10
Foto: Boiro (A Coruña) - lavozdegalicia.es

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Los británicos nos sacan los colores

RAMÓN GÓMEZ CARRIÓN* : Como miembro de la Comunitat Valenciana me siento profundamente dolido por lo que significa que el Reino Unido envíe a funcionarios de Su Majestad al Consulado Británico de Alicante para, entre otras cosas, evitar que sean engañados cuando compren viviendas, con lo que denuncian, una vez más, que muchos compatriotas fueron víctimas de abusos urbanísticos. Esta información se produce justamente después de que se hayan denunciado nuevas estafas en venta de viviendas a extranjeros en Llíber y en varios municipios de la Vega Baja.

El Gobierno de Gordon Brown nos saca los colores y sería bueno conocer la respuesta que dará el Consell a esa iniciativa, aunque se me antojará insuficiente si va a ir en la línea de lo que ha declarado recientemente el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino: que tenemos la mejor legislación urbanística de España. No es la primera vez que desde el Gobierno de Camps se defiende el urbanismo. En años pasados nos llovieron los palos desde el Parlamento Europeo. ¿Hemos cambiado la legislación de tal forma que se impida (o se castigue ejemplarmente) a los especuladores y estafadores del sector inmobiliario? ¿Se vigila eficazmente, en coordinación con los ayuntamientos, para que sea imposible, en adelante, que se produzcan los abusos que nos han desacreditado no sólo en Gran Bretaña, sino en Alemania, Holanda, Noruega...?
Luego lloramos porque diversos medios de comunicación extranjeros (sobre todo británicos, el 'Financial Times' recientemente) lanzan ataques que no dejan de tener consistencia y que, nunca, que sepamos, son contrarrestados por campañas de la Generalitat sobre garantías a quienes vengan de esos países a invertir, aunque sólo sea en bienes inmuebles. En lugar de dejar que se hayan adelantado los británicos enviando asesores para sus compatriotas, la Generalitat, en unión de las patronales inmobiliarias y de la construcción hace tiempo que deberían haber ideado un mecanismo para atender consultas acerca de chalés o pisos en nuestra Comunitat, sobre todo en la Costa Blanca, tanto en la franja costera como en el interior. Nunca es tarde para acertar.
Reconozcamos que no siempre hemos sido serios. Cambiemos y hagamos el esfuerzo necesario para convencer a los países europeos más desarrollados de que tienen que volver a creer en nosotros. Nos va mucho en ello.





* La Verdad - Opinión - 10.03.10

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Cercle Obert exige al Valencia CF que devuelva los terrenos del nuevo estadio

LEVANTE/Valencia* : El colectivo "Cercle Obert" del barrio valenciano de Benicalap ha solicitado por escrito que el Valencia CF devuelva al municipio los terrenos públicos donde se construye el nuevo Mestalla, al considerar que esta sociedad anónima deportiva adeuda al ayuntamiento "mucho dinero y diecinueve parcelas". El colectivo ha remitido el escrito a las Corts Valencianes con copia a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Esta plataforma considera que el fútbol "es un negocio privado que se hace gracias al dinero público y a la pasividad de muchos ciudadanos" y que hace ya cinco años que el Valencia debía haber compensado a la ciudad por el terreno municipal donde se construye el estadio, en el barrio de Benicalap.
La asociación ciudadana recordó que la parcela se destinó a "equipamientos públicos deportivos y de ocio, para uso y disfrute de los vecinos de la zona" en el año 2000 y que hasta ahora el ayuntamiento no ha recibido ni los diecinueve solares previstos, ni los diecisiete millones de euros que debían aportar el Valencia CF. El colectivo explicó ayer que las obras de construcción del estadio llevan un año paradas "dada la situación de quiebra" del Valencia, entidad que ha recibido "un claro trato de favor" por parte de la Generalitat, Bancaja y Canal 9 y que todas las partes implicadas han declarado siempre que los terrenos son de titularidad pública.

Servicios públicos
Por ese motivo los vecinos solicitan la adopción de "medidas urgentes para recuperar los terrenos municipales donde se construye el Nuevo Mestalla", para que se destinen a "equipamientos y servicios públicos", ya que consideran que el trato de favor que recibe una empresa privada como el Valencia Club de Fútbol es "intolerable".
"No es admisible ni legal que una entidad privada, disponga de todo tipo de ayudas, prebendas, subvenciones y tratos de favor, mientras el resto de empresas privadas tiene que soportar todo tipo de problemas" concluyeron desde Cercle Obert.




* Levante-EMV - 8.03.10
Foto: Valencia, nuevo Mestalla (montaje) - kaosenlared.net

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La ONU condena a España por la opacidad ambiental

ELPAÍS* : La ONU ha condenado el incumplimiento español del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental. En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental y considera que en España se incumplen las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales.

La asociación denunció que un Ayuntamiento, el de Murcia, obligaba a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización. Además, los periodos de alegaciones cayeron en verano y navidad. Así, los vecinos que se oponían sufrieron trabas para alegar contra dicho plan urbano.

Este es un caso extremo, pero estas trabas son frecuentes en expedientes ambientales pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar el abogado que llevó el caso.




* ELPAIS.com - 9.03.10
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org

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'Operación Molinos': El juez sugiere que la Comisión de Ordenación sufrió presiones con éxito

ELPERIÓDICO/Aragón* : El magistrado del Juzgado nº1 de La Almunia, que instruye la Operación Molinos, señala en un auto que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) de Zaragoza "cambió el criterio que mantenía en el mes de julio" del 2008 sobre la sexta fase del polígono Centrovía, en La Muela, y adoptó "una nueva decisión completamente diferente" sobre ese plan urbanístico "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias".

La afirmación se incluye en un reciente auto por el que el juez deniega la petición de archivo de las diligencias para Patxi Aramburu, un ejecutivo de Construcciones Sagain en cuyas actuaciones aprecia indicios de los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La Fiscalía emitió hace unos días un informe en el que se mostraba contraria al sobreseimiento.

La defensa de Aramburu considera que no existen indicios para atribuir a su cliente esos delitos. En el caso del uso de información privilegiada, al entender que no queda acreditado que tratara de influir en órganos municipales o autonómicos para que adoptaran resoluciones favorables a la empresa para la que trabaja. Una de las operaciones que se encuentran bajo investigación es la sexta fase de Centrovía, impulsada por Sagain y que finalmente debía llevar a cabo Inbisa.

Sin embargo, el instructor señala que las intervenciones telefónicas que obran en la causa ponen de manifiesto "los numerosos contactos" que mantuvo Aramburu con "representantes del Ayuntamiento de La Muela" y de la CPOT "tendentes a la aprobación de la delimitación de la sexta fase del polígono Centrovía, contactos que se multiplicaron después del mes de julio del 2008", cuando el órgano autonómico denegó la solicitud. "A partir de ese momento", narra, el ejecutivo, "ya directamente o a través de terceros como el propio arquitecto municipal (Francisco Núñez, imputado en la causa) o la alcaldesa de La Muela (Mariví Pinilla, en libertad bajo fianza), trataron de influir sobre la comisión". La CPOT, añade, cambió de criterio y aprobó el expediente "pocos meses después" y "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias".

DATOS RESTRINGIDOS La defensa también niega que Aramburu hubiera dispuesto de soplos administrativos en sus negocios en el municipio zaragozano, ya que, "en su actividad empresarial tenía acceso a información de naturaleza urbanística del Ayuntamiento de La Muela como cualquier otro ciudadano".

El juez "no comparte" esa tesis al entender "que en la instrucción existen datos objetivos" que "demuestran" que el ejecutivo hizo para Sagain "numerosas operaciones" en La Muela que "le han reportado importantes beneficios económicos en muy poco tiempo" --pelotazos, en román paladino-- y en algunos de los cuales fue parte vendedora la Sociedad Urbanística de La Muela, una empresa pública municipal. Por otro lado, añade, las intervenciones telefónicas muestran que "tenía una estrecha relación" con Pinilla y Núñez.

El magistrado destaca en el mismo auto que La Muela y La Puebla de Alfindén, "localidades donde trabaja como arquitecto municipal" Nuñez, son "los únicos lugares" --se sobreentiende que de Zaragoza-- donde Sagain "ha realizado actividades de compra y venta de inmuebles".

HACIENDA Por último, la defensa de Aramburu mantiene que este no puede ser responsabilizado de un hipotético fraude fiscal cometido por los responsables de la constructora al no ostentar él cargo de administrador en ella.

En este punto, el juez se limita a recordar que José Miguel Mosteo, el imputado número 35, confesó que en el 2004 emitió dos facturas a nombre de Sagain por 716.768 y 348.000 euros "que obedecen a trabajos no realizados" ni cobrados por el emisor.






* El Periódico - 9.03.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org

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El hormigonado de la acequia de la Cartuja del Puig no tenía permiso local ni de Patrimonio

LEVANTE/Valencia* : La obra de modernización de la acequia que rodea el muro norte de la Cartuja del Puig, por la que se entubó con hormigón esta infraestructura y se destruyeron elementos del «Molí de Fora», no contó con licencia municipal ni tenía permiso de la dirección general de Patrimonio. Además la intervención, realizada por la Real Acequia de Moncada, no tuvo un estudio arqueológico previo, como establece la ley, a pesar de que el inmueble afectado tiene la más alta catalogación, la de Bien de Interés Cultural.

Así lo ha puesto de manifiesto el Ayuntamiento del Puig en un informe en respuesta a un requerimiento del Síndic de Greuges. El Centre d´Estudis de l´Horta Nord denunció ante esa institución diversas obras irregulares de la Cartuja. Éstas habían sido advertidas previamente por uno de los mayores expertos en esa cartuja, el profesor de Patrimonio Artístico de la Universitat de València, Albert Ferrer Orts, así como 30 de sus alumnos; y también por el investigador del Puig, Julio Badenes, que ha realizado numerosos trabajos sobre el patrimonio local.
A partir de la queja del Centre d´Estudis, el Síndic pidió a las partes implicadas —el ayuntamiento, la Conselleria de Cultura y la propiedad del inmueble— que justificaran estas obras. Y el consistorio ha respondido con un amplio informe en el que defiende muchas de las intervenciones porque contaban con la autorización de Patrimonio. La principal excepción es la colocació de tubos en la acequia, de la que se dice que si bien «no se ha demolido el molino» que data al menos del siglo XVI, se realizó «sin solicitar licencia, lo que le ha supuesto la incoación de un expediente de infracción urbanística».
La Real Acequia de Moncada realizó esta obra con una subvención de la Conselleria de Agricultura, según el informe, que ahora le ha supuesto un doble expediente —el municipal por falta de licencia y el de la Conselleria de Cultura— lo que comportará «la demolición total o parcial de las obras realizadas y la recuperación de lo que merezca ser recuperado», según el informe municipal. Sorprendentemente, el mismo documento dice que la Real Acequia «desconocía» que actuaba en un BIC y que «la infracción no ha sido intencionada».
Otra de las denuncias sobre la cartuja se refería a que los muros interiores de la iglesia, que fueron pintados de blanco tapando el color original. El informe municipal dice que el pigmento inicial «se encuentra protegido por una capa de pintura al temple y en el caso de que se deseara restaurar dicha pintura, el proceso es fácilmente reversible. El informe insiste en que sólo se ha utilizado pintura plástica «en la zona del zócalo que, en su día, disponía de azulejos que fueron expoliados y donde se ha colocado pladur». El documento municipal indica que toda la intervención tiene la «tutela» de Cultura, a pesar de que hace meses, a raíz de investigarse la primera denuncia de Albert Ferrer, se desentendieron de la intervención tanto Patrimonio —que llegó a enviar una inspección— como el propio arquitecto restaurador, que alegó que se había pintado sin su consentimiento aunque negó el daño al pigmento original.
Respecto a la tercera presunta agresión, el recrecimiento del tejado de la celda prioral del complejo, el informe del Ayuntamiento de Puig dice también que el proyecto técnico de ampliación de ese recinto tenía asimismo autorización de Patrimonio.

El Centre d´Estudis pide que se repongan los elementos afectados

Tras recibir la comunicación del Síndic, la respuesta del Centre d´Estudis de l´Horta Nord no se ha hecho esperar. La entidad recuerda que hace más de un año denunció ante Patrimonio los hechos y que, en todo este tiempo, no han recibido respuesta, a pesar de las inspecciones y los informes realizados. Por ello, pide al Síndic que inste a todas las partes implicadas —el ayuntamiento, la conselleria y la propiedad— que garanticen en las actuaciones el cumplimiento de la Ley de Patrimonio y, en ese sentido, se proteja de forma eficaz complejo y se restituyan los elementos afectados por las obras como son la celda prioral, los muros interiores de la iglesia, la acequia exterior y el primitivo molino hidráulico. La entidad sigue defendiendo que no se ajustan a la legislación por lo que pide que se pongan en marcha los mecanismos sancionadores que se establecen en la propia normativa.





* Levante-EMV - 9.03.10
Foto: Acequia histórica que se entubó hace meses sin licencia. f. martínez, levante-emv.com

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Corralejo: Freno al cemento

LAPROVINCIA/Fuerteventura* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha solicitado al Juzgado Contencioso Administrativo 2 de la capital grancanaria que paralice la construcción de más de tres mil viviendas en Corralejo, en la isla de Fuerteventura. La actuación del ministerio público en esta jurisdicción no tiene precedentes en Canarias, pues se trata de la tercera demanda que la Fiscalía presenta en España.

Los otros dos recursos fueron interpuestos en las comunidades de Castilla y León y de Cantabria. Además, es la primera vez que se solicita la anulación de un proyecto de urbanización de estas características. De ahí la importancia de la medida cautelar pedida por Javier Ródenas, a la sazón fiscal delegado de Medio Ambiente.

La ejecución del proyecto de urbanización del SAU-10 Panorama Tres Islas, en Corralejo, fue acordada por el Ayuntamiento de La Oliva el 16 de junio de 2005, pero dicha aprobación se realizó al amparo de un plan parcial que fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La sentencia fue dictada en 2000 y adquirió firmeza dos años después, pero el Ayuntamiento aprovechó ese lapso para modificar el plan parcial y dar el visto bueno al proyecto en base a ese cambio, que trasformaba el uso del suelo de turístico a residencial.

Sin embargo, el fiscal considera en su demanda que las obras iniciadas tras la aprobación de 2005 son ilegales, ya que la anulación del instrumento de planeamiento deja sin cobertura legal a los actos administrativos dictados y ejecutados con posterioridad. En otras palabras: la anulación del Plan Parcial provoca la nulidad del proyecto de urbanización.

El TSJC tumbó el instrumento de planeamiento porque fue aprobado por silencio administrativo y carecía de estudio de impacto ambiental, un informe que es indispensable cuando el terreno en cuestión supera las 25 hectáreas, tal como expuso el propio Gobierno de Canarias en el recurso que presentó ante el tribunal canario.

En ese sentido, la Fiscalía de Medio Ambiente justifica la medida cautelar interesada por el perjuicio "grave" e "irreparable" que se puede causar al paraje de Corralejo.

El fiscal también destaca la envergadura del proyecto de urbanización para reclamar la suspensión de las obras, pues "una vez terminadas sería imposible proceder a la demolición de las mismas". De ahí que el representante del ministerio público alerte del "riesgo de permitir la consolidación de unas actuaciones urbanísticas que pudieran ser ilegales".

Y es que la construcción de la urbanización ya está avanzada y abarca una superficie de 266.300 metros cuadrados. En ella está proyectada la edificación de más de 3.000 viviendas, según recoge la demanda, que fue presentada en el Juzgado a finales del año pasado. Ese es otro de los motivos por los que el fiscal pide la paralización cautelar del proyecto, pues podrían verse afectados los legítimos intereses de la empresa constructora y otras entidades.

El fiscal también ha solicitado al Ayuntamiento de la Oliva que remita copia testimoniada de todas las licencias concedidas a Isla Acuática Azul y Otros, sociedad responsable de la ejecución de las obras.

En cualquier caso, ésta no será la única acción pública en la jurisdicción contencioso administrativa. Medio Ambiente ya prepara otras dos demandas contra las construcciones en suelo rústico de Fuerteventura.





* La Provincia - 8.03.10
Foto: Imagen del estado actual de la construcción paralizada por la Fiscalía. GABRIEL FUSELLI, laprovincia.es

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Pacto de la vergüenza: PSOE-PP acuerdan en secreto no utilizar la corrupción como arma electoral

VEGAMEDIAPRESS* : La gran ganadora de los escándalos públicos es la abstención. La dimisión de la presidenta del Parlamento balear y la ausencia casi absoluta de reproches y palabras gruesas han sido la confirmación de un pacto secreto de PSOE y PP para no utilizar la corrupción como arma electoral, al menos de momento, tal como informa esta semana José María Vals en la revista Tiempo. ¿Es posible acabar con la corrupción en España? Esa es, probablemente, la pregunta del millón que se hacen miles de ciudadanos. Esos mismos españoles a los que, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), les preocupa ya más esta actividad incívica que el mismísimo terrorismo.

Ante este escalofriante cambio de prioridades en la ciudadanía, los políticos han comenzado a ver señales de peligro y dentro de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) han surgido en los últimos tiempos movimientos internos que urgen a adoptar medidas para terminar con la sensación de que a la política se llega con los bolsillos medio vacíos y se sale con cuentas millonarias.

Desde las directivas de los dos grupos mayoritarios no salen de su asombro con los resultados de las encuestas internas que manejan. Según fuentes de ambas formaciones consultadas por Tiempo, los datos que tienen sobre sus mesas dan como resultado dos constantes que se mantienen en los sondeos encargados por el PSOE y por el PP: el porcentaje de apoyos sobre el total de voto decidido no sufre modificaciones significativas en ninguno de ellos, pero el hastío de los ciudadanos hacia la política aumenta a pasos agigantados. En definitiva, cuando los expertos de ambos partidos mayoritarios miran la letra pequeña de las encuestas ven que el voto decidido baja y que aumentan los que no saben siquiera si van a ir a votar, y eso es un peligro cierto porque no saben a qué atenerse, ya que todo dependerá del estado de ánimo de los votantes el día de las elecciones.

Ante este panorama nada alentador, esos grupos de directivos y militantes socialistas y populares que piden mayor contundencia han comenzado también a barajar ideas para atajar la lacra de la corrupción. Desde el Partido Popular se hizo llegar al resto de partidos un documento con 50 propuestas. Desde el PSOE se propició la puesta en marcha de una comisión de trabajo, en la que están el resto de los grupos políticos, dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyas conclusiones quedaron plasmadas en el Código del Buen Gobierno Municipal aprobado por unanimidad a finales de diciembre. Ahora sólo queda que haya auténtica voluntad política de progresar en este camino y, a pesar de otros sonados de-sencuentros, parece que en este tema sí hay acuerdo entre los grandes partidos para aplicar la infinidad de medidas que ya existen pero que no se aplican.

Es decir, que la exigencia de mayor contundencia ha cambiado de lugar. Si antes había una especie de clamor popular interno en los partidos políticos para que los dirigentes de cada uno de ellos echaran en cara a los del contrario los escándalos en los que se veían envueltos, ahora se pide un esfuerzo similar, pero no para elaborar una lista de reproches, sino para evitar que haya más casos de corrupción.

Los partidos políticos –y sobre todo los grandes– han descubierto con pavor en los sondeos que hacen periódicamente para ver cómo les va desde el punto de vista electoral que la gran ganadora de los escándalos y de la bronca pública es la abstención, muy peligrosa para ambas formaciones.

No dar ventaja.
Mientras tanto, los contactos y las estrategias se mueven en dos niveles muy distintos y distantes porque nadie quiere dar ventaja al contrario. Antonio Hernando y Juan Manuel Moreno, responsables de política municipal de las ejecutivas de PSOE y PP, respectivamente, hablan entre sí de los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los populares y seguramente tendrán que hablar también de las elaboradas por la FEMP. Sus jefes, que son conscientes de que la corrupción les arrollará si no la atajan, no quieren ni oír hablar de pacto sobre un documento concreto, porque ninguna da las dos ejecutivas quiere dar el protagonismo a la contraria. Quizás estos dos políticos (Hernando y Moreno), que chupan bastantes menos minutos de televisión y muchísimas menos líneas de periódicos y revistas, acaben por ser los responsables de una propuesta de mínimos conjunta que lleve a un acuerdo final.

Esa propuesta de mínimos, si es que llega, deberá incluir necesariamente parte de las propuestas de ambas partes. Las del PP (50 en total) se agrupan en seis capítulos, denominados bases, que contienen fundamentalmente medidas para fortalecer las instituciones, hacer más transparente su gestión y la del gasto público, hacer públicos los bienes de los cargos electos y llevar a sus últimos términos el pacto antitransfuguismo, además de fijar reglas para los regalos a cargos públicos.





* Vegamedia Press - 8.03.10

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Condena de prisión por edificar en terrenos no urbanizables de Alcalá de Guadaíra

ELCORREO/Sevilla* : Es la segunda condena judicial por edificaciones en la Hacienda Clarevot. Los tres meses de prisión han sido sustituidos por otros seis meses de multa a tres euros por día y el pago de las costas. Nueva condena por construir en suelo no urbanizable en Alcalá de Guadaíra. Una sentencia del juzgado de lo penal nº10 de Sevilla condena a dos personas a pena de prisión como responsables de un delito contra la ordenación de territorio por levantar una construcción ilegal en la Hacienda Clarevot, próxima al municipio de Dos Hermanas.

El fallo del juzgado explica que los acusados, hombre y mujer, son condenados a una pena de tres meses de prisión y seis meses de multa a la razón de una cuota diaria de tres euros, aunque quedando sustituida la pena de prisión por otros seis meses de multa a razón de una cuota diaria de tres euros, más el pago de las costas procesales.

La jueza considera probado que estas dos personas, que estaban advertidas por un notario de que la finca que escrituraban era no urbanizable, procedieron a vallar la parcela y a edificar dos construcciones prefabricadas destinadas a vivienda con sus respectivas redes de saneamiento a fosa séptica, y suministros de agua que además obtenían de forma irregular.

La Hacienda Clarevot está calificada en el PGOU de Alcalá de Guadaíra como suelo no urbanizable común, no siendo las construcciones realizadas autorizables en ningún caso. Los acusados, no obstante, han reconocido los hechos y procedieron al derribo de las construcciones, además del vallado y la supresión de las redes de abastecimiento que se habían construido.

Cabaña. No se trata de la primera sentencia con pena de cárcel por una construcción ilegal ya que en diciembre otras dos personas fueron condenadas a seis meses de prisión y a pagar una multa de 2.160 euros por construir una cabaña prefabricada de madera de 25 metros cuadrados, en una finca situada también en el paraje de Cortijos de Clarevot.

En varias ocasiones el Consistorio también ha actuado en urbanizaciones como La Calerilla, La Ruana, Valdecabra, Clarevot, e incluso sobre construcciones de carácter industrial, también ilegales, por ejemplo en la zona de Palmete.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra explicó ayer, en un comunicado, que continuará actuando conforme a ley con las parcelaciones y construcciones ilegales en su término municipal tramitando los correspondientes expedientes.

Las construcciones ilegales carecen de licencia urbanística por que el suelo sobre el que se levantan es no urbanizable, y el Consistorio recuerda que debe actuar con igualdad para todos los ciudadanos, no permitiendo que "haya un grupo que sigue la ley y otro que no la acate y construya de forma ilegal".




* El Correoweb - 8.03.10
Foto: Una de las últimas construcciones demolidas por el Ayuntamiento de Alcalá por su ilegalidad. - M.J.C. - elcorreoweb.es

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Las 2.000 casas ilegales de Albalat dels Tarongers duplican su número de habitantes

LEVANTE/Valencia* : La proliferación de segundas residencias en una zona de montaña tan apreciada como la Sierra Calderona está en el origen de una ocupación del suelo en el interior de la comarca del Camp de Morvedre a menudo caótica y no pocas veces ilegal. Y si algún municipio es buena muestra de ello este es Albalat dels Tarongers. Nada menos que unas 2.000 viviendas se encuentran fuera de ordenamiento según las estimaciones del propio consistorio.

Una cifra que resulta llamativa por sí sola, pero que alcanza ya una dimensión de auténtico escándalo si se tiene en cuenta que este municipio de la subcomarca de la Baronia cuenta, según el último padrón, con 1.100 habitantes.
Esta situación, con todo, no preocupa al alcalde, Filiberto Prats (Bloc), quien ha reconocido su intención de regularizar cuantas casas sea posible, siempre que su construcción se remonte más allá del último lustro. En este sentido, el nacionalista asegura: "Todos los propietarios que han edificado fuera de ordenación desde que llegué a la alcaldía están en el juzgado".
En esta situación se encuentran seis construcciones que ya han sido derribadas, como otros cuarenta casos, la mayoría en la zona de influencia de la Sierra Calderona, cuyo expediente para tengan el mismo final se está tramitando.
Pero Albalat no es un caso aislado en la Baronia. Otra de las localidades donde se concentra un número significativo de casetas ilegales es Torres Torres, donde los servicios municipales han cuantificado en unas 150 las casas ilegales.
La falda de la montaña de Ponera en el término de Petrés es otro de los lugares donde se ubican edificaciones ilegales, unas 40. Mientras, en la otra montaña, la de la Rodana, existe una treintena de viviendas que esperan ser legalizadas una vez que concluyan los trámites del PGOU que desarrolla el gobierno socialista de Antonio Hernández. Otro municipio afectado por las construcciones ilegales es Algar de Palancia, donde en la zona de Els Planells se concentra cerca de una veintena de casas construidas fuera de ordenación urbana. Desde el ayuntamiento, sin embargo, no se tiene intención de actuar. El consistorio, mientras, sí ha intervenido contra tres casas de madera que se instalaron en parcelas protegidas urbanísticamente. En el caso de Alfara de la Baronia, la reciente aprobación del PGOU permitió regularizar cerca de 80 construcciones ilegales, un trámite que ha dejado la cuenta a cero. Por lo que respecta a Algímia d'Alfara o Gilet, este asunto está bastante controlado en los últimos tiempos.
En la primera existen sólo ocho expedientes abiertos, mientras que en Gilet, tres casetas están a la espera de resolver los expedientes de derribo, al igual que una casa de madera, que el consistorio no sabe dónde dejar una vez que se ha declarado la ilegalidad de su actual ubicación. En este apartado de buena práctica urbanística también destacan Estivella, donde no se levantan construcciones ilegales desde 1987, así como la subcomarca de la Vall de Segó -Faura, Benifairó, Quartell, Benavites y Quart.




* Levante-EMV - 8.03.10
Foto: Las 2.000 casas ilegales de Albalat dels Tarongers duplican su número de habitantes - cartociudad/fomento

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La cara y la cruz de las luchas vecinales

PÚBLICO* : Decenas de municipios se enfrentan al registro de propiedades y terrenos públicos por parte de la Iglesia. Desde la fortaleza de Xàbia, que el Arzobispado de Valencia hizo suya el año pasado –sin permiso municipal– hasta los 25.000 metros cuadrados que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, regaló al Arzobispado de Madrid para la construcción de un Minivaticano en terreno público, en una de las zonas más emblemáticas de la capital.

El clero católico ha engrosado su patrimonio en los últimos 12 años con centenares de propiedades y espacios públicos. La privatización de estos lugares en favor de una entidad religiosa ha encrespado a miles de vecinos, que denuncian que se les está robando parte de su “Historia”.

El registro de bienes públicos por parte de la Iglesia desata la polémica

La mayoría de las polémicas radican en que el clero ha registrado piezas artísticas, plazas o fincas públicas sin previo aviso, amparándose en una reforma legislativa impulsada por José María Aznar sin que la norma fuera refrendada en el Parlamento. Algunas, incluso, están salpicadas por la sombra de la especulación urbanística. A falta de un movimiento único organizado, las asociaciones vecinales han emprendido más de mil reclamaciones en los últimos tres años. El principal problema con el que se encuentran es la imposibilidad de demostrar que el dinero que se utilizó para la construcción o compra de muchas de estas propiedades ha salido históricamente de arcas municipales o de los bolsillos de particulares.

En algunos lugares, como la aldea de Ribadulla (A Coruña), el obispado castigó a los vecinos rebeldes con una denuncia y la retirada del sacerdote que impartió misa durante 30 años por la disputa de unos terrenos: o la misa o la propiedad. En la mayoría de los casos, el Registro de la Propiedad ha permitido a la Iglesia beneficiarse del trabajo, el esfuerzo y la inversión de los vecinos durante muchos años, que ahora califica de “donativos”.

ALICANTE
"El arzobispado nos ha robado la historia del pueblo"

Los vecinos de Xàbia (Alicante) sienten que les ha amputado una parte imprescindible de su historia: la que encierra los muros de la iglesia fortaleza de San Bartolomé. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo. Así de fácil. Siglos de historia pasaron de una mano a otra en el tiempo que tarda en efectuarse una rúbrica. Aunque sin el consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, que ya ha anunciado que irá a los tribunales.

El arzobispado se apropió de este inmueble haciendo uso de la Ley Hipotecaria. Juan Carlos Generoso, concejal de Patrimonio, cuenta que el templo “siempre ha pertenecido a la localidad”, pero que en 1960 desapareció “misteriosamente” del Catálogo de Bienes Municipales. Un hecho del que no se percataron hasta que la diócesis se embolsó el edificio. “No creo en conspiraciones, pero tampoco en casualidades. Medio siglo de espera no es nada para una institución milenaria como la Iglesia”, opina Generoso.
Argumentos místicos

Por su parte, las autoridades religiosas han dosificado sus explicaciones con argumentos más cercanos a la mística que al concepto terrenal de los bienes y su usufructo. “La finca pertenece desde tiempo inmemorial al pueblo de Dios”, aseguraron en su día, aunque sin aportar un solo documento. Todos los intentos de este diario por contactar con la diócesis y ampliar este punto de vista han sido en vano.

"El arzobispado nos ha robado la historia del pueblo"

El templo de San Bartolomé es algo más que una iglesia para Xàbia. Enclavado en la plaza principal, junto al ayuntamiento y el mercado, su origen nada tiene que ver con la religión. Así lo demuestra un documento de 1308 donde Jaime II ordena la construcción de una torre defensiva. La edificación formó parte, dos siglos después, de una línea de 58 torres vigías salpicadas por todo el litoral valenciano para advertir y repeler ataques de los piratas berberiscos. Sobre todo en las costas de Xàbia, cuyo perfil abrupto y repleto de calas favorecía los desembarcos clandestinos.

Posteriormente, el edificio fue ampliado y renovado hasta convertirse en una joya del gótico civil gracias al mecenazgo de los vecinos más pudientes de la localidad. El ayuntamiento también conserva en sus archivos pruebas que constatan deudas contraídas durante el siglo XVIII para la reforma del templo. La documentación está en manos de Manuel Ortells, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, a quien el consistorio ha encargado la elaboración de un dictamen que justifique la propiedad municipal del inmueble. Sus conclusiones serán la base del recurso que el ayuntamiento prevé presentar a principios de mayo contra el arzobispado.

Estupor e indignación

En 1960 desapareció "misteriosamente" del Catálogo de Bienes Municipales

La Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor contestación ha generado. Nada más conocer la noticia, sus habitantes reaccionaron con estupor e indignación. Espontáneamente surgió el Movimiento Ciudadano para la Recuperación del Patrimonio Local, que ha reunido por el momento mil firmas. Su portavoz, Antoni Espinós, lo atribuye a los “entresijos de la diplomacia sibilina vaticana” y lo considera “un robo de la historia del pueblo”.

Esta repulsa social motivó que la Diócesis de Valencia reinscribiese en diciembre el templo a nombre de la parroquia de San Bartolomé, pero sin ceder la propiedad al ayuntamiento. “Una maniobra de maquillaje y de confusión”, asegura Espinós, quien se pregunta si los intereses de la curia son “espirituales o económicos”, ya que Xàbia es uno de los municipios más turísticos de la Costa Blanca, y la iglesia de San Bartolomé, declarada Monumento Nacional en 1930, su principal valor cultural. “Si se da un uso comercial y se organizan visitas, ese dinero ya no será para la localidad”, se lamenta Espinós.

CÁCERES
La amenaza da la excomunión

El Obispado de Plasencia ha incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres): Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga y Pasarón de la Vera. La mayoría de las veces, el asunto pasó desapercibido, a excepción de dos casos: Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera.

En el primer pueblo, los vecinos abrieron un expediente, en julio de 2009, para reclamar la devolución de los terrenos colindantes a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio municipal. Se trataba de un área de 470 metros cuadrados que rodea el templo y donde ya se había edificado una casa parroquial. Esta iglesia data del siglo XV y, aunque ha sido reformada, mantiene la puerta de la Epístola como ejemplo de la arquitectura de esa época.

El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento

Llaman la atención dos óleos: uno de la Virgen de la Soledad, y otro de la Visión de San Antonio de Padua, que es copia decimonónica del original de Murillo. El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento, y el alcalde decidió “no continuar con el proceso” por dos motivos: la imposibilidad de demostrar que los terrenos fueran municipales y el uso que, desde hacía más de 20 años, hacía la Iglesia de los mismos, según explica Jesús Chaparro, secretario municipal.

En el segundo caso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera consiguió la devolución del atrio de la Iglesia Parroquial de Santa María de Fuentes Claras porque el templo se asienta sobre los restos de una fortaleza del siglo XIV. En algunas localidades, ha llegado a inscribir prácticamente toda la plaza que rodea a los templos. En Aldeanueva, incluso la casa parroquial. En Pasarón, los vecinos recogieron firmas pero fue el propio párroco de la localidad quien amainó la protesta al amenazar con la excomunión a los fieles.

A CORUÑA
El campo o la misa

Gran parte de las aldeas del norte de Galicia no tienen plaza central, por lo que cualquier encuentro vecinal, fiesta o romería se celebra en lo que se conoce como “el campo de la fiesta”. Este lugar va ligado a todas las celebraciones, a todos los recuerdos. El sentimiento es lo que movió a los 160 vecinos de Ribadulla, una aldea de Santiso (A Coruña), a enfrentarse al Obispado de Lugo por la propiedad de su “campo”, de 2.500 metros cuadrados.

‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García

Para su sorpresa, hace un año, un comunicado del obispado les informó de que se iba a vender la casa rectoral y “el campo de la fiesta”. “Nos dijeron: ‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García, portavoz de los vecinos. La indignación fue general. “Lo que esperaba era que chantajeándonos con la fe, los vecinos le diéramos el campo”, cuenta Benedicto García, de 77 años. Pero pudo más el sentido de justicia que la fe, y todos los vecinos se unieron. Como protesta, no acudieron a la siguiente misa, la vieron por televisión o se desplazaron a otra parroquia. El sacerdote, que llevaba 30 años en el pueblo, se fue.

La historia viene de lejos. La primera iglesia de Ribadulla quedó hundida bajo la presa de Portodemouros hace 41 años. A cambio, la hidroeléctrica les construyó otra y dio 15.000 pesetas al cura para que comprara un nuevo campo para los vecinos. Nunca se preocuparon de titular el terreno, excepto por una anotación en el catastro a nombre de la Asociación de Vecinos. ¿Para qué registrarlo? Al fin y al cabo, todos, incluido el sacerdote, sabían que era público.

Los afectados, al enterarse de que el obispado quería inscribir la finca a su nombre por el procedimiento de la matriculación de bienes sin titularidad, acudieron al Registro de la Propiedad y la anotaron a nombre de todos los vecinos. El obispado denunció a 59 de ellos por apropiación indebida. La primera vista en el juzgado será el 25 de marzo. Hacienda avala la titularidad vecinal. “Aunque ganemos, el obispado recurrirá porque no quiere que otros sigan nuestro ejemplo”, afirma García.
LEÓN
El clero se queda el bote vecinal

La libreta de María Encarnación, de 59 años, tiene anotadas todas y cada una de las donaciones que los vecinos de Pardesivil –una pedanía de León, con 25 empadronados– realizaron para limpiar y reconstruir la ermita. En total reunieron 6.000 euros y, ahora, sólo les falta reconstruir el tejado. “Llevaba 35 años abandonada y la maleza la había cubierto por completo”, explica María, de 64 años y hermana de la tesorera. Por las tardes, después de trabajar, se reunían en el monte de la ermita para limpiar sus cantos rodados y reconstruirla. Con la colecta, financiaron la contratación de un albañil.

No existe documentación sobre quién la construyó, sólo la fecha de su levantamiento: 1630. Tras el abandono, el templo fue expoliado y desaparecieron algunas de las tallas de su interior.En 2009, los vecinos descubrieron que el obispado había registrado la ermita como propia, “pese a que siempre había sido una propiedad común, de todos”, reivindica María. “Nos dijeron que las obras las tenía que autorizar entonces el Obispado. Nuestro error fue no haberla registrado antes”, denuncia.

MADRID
Parroquia antes que servicio social

En el barrio de Butarque (Madrid), el ayuntamiento regaló en 2008 a la Iglesia católica una nueva parcela para la construcción de una parroquia. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque e IU denunciaron que el consistorio regalaba espacio para templos en un barrio sin bibliotecas ni escuelas infantiles. En diez años, IU calcula que el ayuntamiento ha cedido al arzobispado suelo público por un valor de 120 millones de euros. Las críticas a estos privilegios de la Iglesia en la capital han tenido su máximo exponente en los últimos años en el polémico Minivaticano. Hace un año, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió 25.000 metros cuadrados.




* Público - 8.03.10
Foto: publico.es

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Un juez considera nulo el PGOU aplicado en Torremolinos desde 1996

ELPAÍS/Málaga* : Otro PGOU en el limbo jurídico. El contencioso particular y teóricamente menor entre el propietario de un edificio de apartamentos que en su momento fueron alquilados como alojamientos turísticos y el Ayuntamiento de Torremolinos, que le ha sancionado por supuesto cambio de uso indebido, ha deparado una resolución judicial con un alcance tan inesperado como trascendente, puesto que pone en cuestión el ordenamiento urbanístico aplicado en el municipio en los últimos 13 años.

Una sentencia dictada el pasado 19 de febrero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga considera que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos aprobado en 1996 no tiene vigencia puesto que no fue nunca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

No se trata de una sentencia anulatoria del PGOU, porque su vigencia no era el objeto del contencioso, sino que en los fundamentos jurídicos da por hecho que no es de aplicación. "Los planes urbanísticos, además de ser válidos han de estar vigentes, sin que tengan vigencia hasta su íntegra publicación en el Boletín correspondiente", argumenta el juez, que invoca una jurisprudencia al respecto "ampliamente consolidada".

El fallo anula un decreto del alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), por el que en junio de 2008 multó a Torrehermosa Propertires por haber cambiado el uso del edificio del apartotel Las Palomas a viviendas particulares. El alcalde invocó que las normas del PGOU de 1996, el teóricamente vigente, lo impedían porque la parcela tiene uso hotelero y no residencial.

Pero el juez considera no conforme a derecho el decreto porque el PGOU de aplicación debe ser el último publicado, el de Málaga de 1983, en el que el suelo es residencial. Entonces Torremolinos aún no se había segregado de la capital. El asunto adquiere más singularidad por cuanto, según la sentencia, el plan aplicable en Torremolinos debe ser el antiguo de Málaga que ya no rige en Málaga, que tiene uno de 1998, después de la segregación.

El alcance de la resolución está en teoría limitado al no tratarse de una sentencia anulatoria del plan, aunque sí puede servir de reclamo para nuevos litigios que pidieran la anulación de actuaciones basadas en el PGOU.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado de que los servicios jurídicos tienen en estudio la sentencia para determinar si es preceptiva alguna medida de garantías. Torremolinos tiene ya aprobado provisionalmente su nuevo PGOU, pendiente sólo del visto bueno definitivo de la Junta, que será en todo caso la solución definitiva.

Se trata del mismo caso de Marbella, cuando Jesús Gil no reconoció el PGOU de 1986 por no haber estado publicado para dar licencias de obras contrarias a él. Los tribunales lo admitieron y de hecho para evitar más confusión, la Junta publicó el plan de 1986 de Marbella en agosto de 2000.




* ELPAIS.com - 8.03.10
Foto: Torremolinos, vista aérea - SUR

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Ayamonte: La Fiscalía investiga un cambio de calificación de suelo en Isla Canela

HUELVAINFORMACIÓN* : La Fiscalía de Huelva ha abierto diligencias informativas para conocer la letra pequeña de un cambio de calificación de suelo que el Ayuntamiento de Ayamonte llevó a cabo en Isla Canela, en un espacio que el Plan de Ordenación Urbana en vigor establecía como zona verde (ubicada en primera línea de playa), y sobre el que actualmente asoman al mar varios conjuntos residenciales con aproximadamente unas 800 viviendas.

A alguna denuncia anónima que llegó a manos del Ministerio Público tras el verano de 2009 se sucedieron posteriormente otras que llevaban nombre y apellidos, como el de la organización ecologista Ojo con el Guadiana. Antes de iniciar cualquier proceso penal, la Fiscalía quiere confirmar (o descartar, en su caso) que existe algún indicio de delito, por lo que ya ha ordenado que se practiquen las primeras diligencias.

Fuentes de la investigación confirmaron que, de una parte, se ha encargado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que realice un informe que los expertos del Instituto Armado ya han comenzado (se han realizado vuelos sobre la zona). De otro lado, la Fiscalía ha solicitado a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Junta, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la documentación técnica del expediente.

Según ha podido confirmar este diario, a este departamento de la Junta llegaron las primeras noticias sobre el cambio de calificación de los terrenos en la primavera de 2008.

Las denuncias que tiene en sus manos la Fiscalía se retrotraen al anterior mandato, cuando el ex regidor Rafael González estaba al frente del Ayuntamiento.

En 2004, bajo el gobierno de González, se decidió junto la propietaria del suelo y promotora de la Junta de Compensación de la zona, la mercantil Isla Canela SA, que el espacio definido en el Plan General (en vigor desde su aprobación en 1993) como D-EL-1, con una superficie de 148.214 metros cuadrados y catalogada como zona verde, se destinara a uso residencial.

El cambio de calificación urbanística se llevó a cabo a través de un estudio de detalle (de ámbito municipal y que, por tanto, no llega a la Administración autonómica) en lugar de tramitar una modificación del Plan. Los denunciantes afirman que la Junta de Compensación encargó al arquitecto que redactara el referido estudio de la zona de Playa Central de Isla Canela, de la unidad en la que se encuentran los terrenos y que ocupa una extensión de 722.465 metros cuadrados.

El estudio vino a modificar, remarca la denuncia, tanto la situación física de las manzanas como la zonificación que contemplaba el plan vigente y, respecto a la zona verde D-EL-1, ubicada en primera línea de playa, la desplazaba y dejaba fragmentada para permitir la construcción de conjuntos residenciales.

El Ministerio Público tiene que constatar si el Ayuntamiento tomó la vía acertada con este instrumento urbanístico o sorteó las indicaciones que se establecen en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). "Han ignorado deliberadamente -afirman los denunciantes- todas las reglas de procedimiento establecidas en la LOUA y prescindido de cualquier intervención de la Administración andaluza en sus funciones de control de la legalidad urbanística".

En este punto, mantienen que los cambios que se llevaron a cabo hace seis años no cuentan con el dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene que dar todas las bendiciones en los supuestos de zonificación de suelo cuando se trata de espacios libres, parques o jardines.

A pesar de no pasar este filtro, el referido estudio de detalle contó con los informes favorables tanto de los servicios técnicos del Consistorio de Ayamonte, como de la Secretaría y de la asesoría jurídica. Finalmente, el grupo municipal que lideraba Rafael González (los diez concejales del PSOE) dio el visto bueno al documento, que fue aprobado en el Pleno en noviembre de 2004.

Abierto ya el camino para la construcción, en los meses siguientes el Consistorio concedió a la propietaria y promotora Isla Canela SA la licencia municipal de obras y se levantó en primera línea de playa un conjunto residencial, con espacios deportivos privados, en la zona que el Plan General de Isla Canela reservaba a espacios libres. La empresa consiguió del entonces equipo de gobierno ayamontino las licencias de ocupación.

Respecto al carácter vinculante de los dictámenes, el criterio establecido con carácter general por el Consejo Consultivo de Andalucía es que en los casos de modificaciones de figuras del planeamiento destinados a una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos previstos en un plan urbanístico, cuando la Administración consultante se aparta del dictamen, se puede contraer "una grave responsabilidad" por los efectos jurídicos que se pueden generar.





* Huelva Información - 8.03.10
Foto: Algunos de los edificios construidos en la zona. - huelvainformacion.es

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La colonia británica se blinda

ELPAÍS* : La colonia de residentes británicos en la Comunidad Valenciana, especialmente populosa en la provincia de Alicante, ha optado por reforzar su seguridad jurídica para prevenir posibles problemas en materia de urbanismo y sanidad. De esta forma, el consulado británico de Alicante contará a partir del próximo mes de abril con un funcionario español experto en legislación para proporcionarles asesoramiento en temas relacionados con el urbanismo, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esta iniciativa también se aplicará en el consulado británico de Málaga.

La medida es fruto de un acuerdo alcanzado por los gobiernos británicos y español con la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía, informa Efe. Con ello se pretende evitar casos como el de Albox (Almería) donde hay una orden para derribar ocho viviendas en suelo no urbanizable propiedad de residentes ingleses o el caso de la masiva estafa de casas ilegales de Llíber también levantadas sobre suelo no urbanizable.

El anuncio se realizó al termino de un encuentro celebrado ayer en Málaga entre el secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Chris Bryant; el secretario de Estado de Cooperación Territorial español, Gaspar Zarrías, y el consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Bryant, que animó los expatriados británicos a que se empadronen en España y ejerzan su derecho al voto, indicó que casi todos los países europeos han sufrido la crisis financiera mundial, y en España ha habido, además, un "problema con el mercado inmobiliario".

Tras definirse como "un británico que ama a España", Bryant expresó su voluntad de que los turistas "regresen", y apostilló: "Si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda". Y abogó por "buscar una solución antes de que los problemas lleguen al juzgado".





* ELPAIS.com - 8.03.10
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

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¿La resurrección del ladrillo?

FRANCISCO POVEDA BLANCO* : El esplendor desmedido de la construcción nos ha llevado al postrero lugar que ocupamos en el ranking de salida de la crisis para los países desarrollados. Todas las bendiciones que se le prodigaron durante catorce años como excepcional motor en el crecimiento económico que nos permitió adelantar a países vecinos, se tornaron en escarnecidas críticas al llegar la crisis y con ella el ocaso del ladrillo. Nuestros indicadores económicos mostraron valores inesperados, para sorpresa de quienes ejercían de gurús o estaban interesados en la obtención de beneficios antes que en la sostenibilidad del sector. De nada sirvió que lo advirtiéramos, se nos tachó de alarmistas, pero ahora que somos centro de atención criticado, entre otros por el Financial Times, se reconocen los excesos.

Se ha afirmado que el volumen de stocks en vivienda no aconseja ayudar a la construcción; que es preferible invertir todos los esfuerzos en otros sectores para diversificar y modernizar nuestro endeble modelo económico. De modo que al ladrillo, causante de nuestros males, ni agua. Un disparate de esta naturaleza, porque ambos objetivos son compatibles, se escucha repetidamente, siguiendo una pauta de comportamiento muy generalizada en nuestro país: pontificar al objeto de nuestros deseos hasta la santidad, primero, para satanizarlo después, como si no existiese el término medio en el orden de valores.
La importancia del sector inmobiliario es indiscutible: cuando la construcción va, todo va, señala el dicho francés, porque se trata de un sector claramente multiplicador de la inversión, en cuya órbita se despliegan y viven múltiples oficios que lo complementan y desarrollan: electricidad, fontanería, gas y energías renovables, carpintería, pintura, cristalería, cerrajería, muebles, APIS, administradores de fincas, etcétera, que confieren carácter preferencial a su recuperación, sobre todo si, como ocurre, contamos con medios y capital humano muy cualificados de los que sería un despilfarro injustificable renunciar.
Otra cosa es que la recuperación de la construcción exija un cambio de modelo, una adecuación de la oferta a las necesidades de la población, mayor especificidad, profesionalidad y mejora en la calidad y el precio del producto, en beneficio de su continuidad y sostenibilidad, evitando incurrir en los graves errores del pasado. Como decía el profesor Andrés Pedreño, el pasado domingo en este diario "la economía valenciana no puede salir a corto plazo sin la construcción, pero hay que reinventarla".
Así las cosas, el Gobierno ha apostado por la construcción como medida estrella para crear empleo y propone fomentar la rehabilitación de viviendas para recuperar 350.000 empleos. Como Zapatero, tan solo una semana antes, había hecho "culpable del paro al urbanismo salvaje emprendido bajo la protección del PP", para evitar la controversia, la ministra Salgado matizó la medida diciendo que "hemos querido acabar con el ladrillo especulativo, sí, pero no con el ladrillo, porque la construcción es un sector muy importante".
Como hilo conductor al objetivo previsto propone el Gobierno una reducción del IVA al 8% para toda clase de obras de reformas durante dos años a partir del 1 de julio, a la vez que elevaría el umbral de renta de los contribuyentes que se acogiesen, de 24.000 euros anuales a 33.007,20 euros. Aun siendo positivo, algo más se debería hacer en la incentivación del sector inmobiliario si se busca la eficacia, y para ello convendría eliminar la discriminación fiscal que recibe de las Administraciones públicas, que se sirven los inmuebles como si de un maná se tratara.
En efecto, un inmueble es un producto derivado de la actividad constructiva, y, respecto a cualquier otro, soporta el peso de la tributación estatal por la adquisición de sus componentes, por la construcción, venta, arrendamiento, beneficios, plusvalías, etcétera. Pero además, se les exige lo que no al resto de los bienes, ha de pagar a los ayuntamientos una Tasa por Licencia de Obras como autorización, y un Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la producción, además del Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE) de modo especial, porque sólo a la promoción de inmuebles se aplica, además de la cuota fija, una cuota variable por la superficie vendida. Tampoco a ningún otro producto se le exige por la venta un gravamen municipal sobre la plusvalía (IIVTNU), ni por el stock que, a su pesar, no se haya vendido el IBI, ni menos aún habrá de soportar el adquirente por su tenencia de forma vitalicia el mismo impuesto (IBI), ni cuando se repara o reforma, de nuevo el ICIO, ni tantas veces se transmita de nuevo la plusvalía municipal, aunque se obtengan pérdidas. Añádase la imposición autonómica por las transmisiones y formulación en escrituras públicas o por la suscripción de créditos hipotecarios.
Como no podía ser de otro modo esta sobreimposición diferencial, que se solapa con la estatal, motiva una incidencia desproporcionada en los precios finales. La grave situación del sector y la voluntad por recuperarlo, exigiría eliminar muchas de las cargas fiscales que sobredimensionan su precio, tanto más en el caso de viviendas cuyo derecho al disfrute viene dictado por nuestra Constitución. Es cierto que se habría de reformar la fiscalidad municipal, que se nutre básicamente de los inmuebles, pero eso ya se espera desde hace lustros, lo hemos denunciado y está reconocido por todos los gobiernos, que, pese a ello, han abandonado a la Hacienda local prestándole una escasa atención. Justo la contraria de la que merece.





* Información - Opinión - 7.03.10

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