Imputado el alcalde de Estepona por prevaricación urbanística

LAOPINIÓN/Málaga* : El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), ha sido imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Estepona por presuntos delitos de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito, en una causa donde hay otras dos personas imputadas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de la imputación de Valadez, quien ha conocido esta decisión judicial a través de los medios de comunicación.

A este respecto, fuentes judiciales han precisado que ha habido un problema por el que el alcalde de Estepona no ha recibido la notificación, que está previsto que se haga efectiva mañana.

Este caso se deriva de la denuncia ante la Fiscalía del actual concejal no adscrito y ex integrante del Partido Estepona (PES), Juan Manuel Rodríguez, contra el jefe de Gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, por construir una vivienda en suelo rústico.

La parcela, calificada como rústica y con 5.000 metros cuadrados de extensión, cuenta con una vivienda compuesta de una sola planta que ocupa algo más de 115 metros cuadrados.

David Valadez fue elegido alcalde de Estepona en julio de 2008 tras la detención del anterior regidor socialista, Antonio Barrientos, quien fue encarcelado por su presunta relación con el caso "Astapa" contra la corrupción urbanística y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.








* La Opinión Málaga - Agencias - 10.12.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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Murcia: La Plataforma exige medidas urgentes de protección y la declaración como Bien de Interés Cultural

LAVERDAD* : La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Yacimiento Arqueológico de San Esteban pidió hoy a las administraciones pertinentes, frente a los restos del Siglo XIII hallados y tras conseguir el desmontaje de los mismos --paralizados por orden judicial--, así como del parking subterráneo previsto en la zona, "que se adopten medidas urgentes de protección".

Y es que, según explicó una de las portavoces de la agrupación, Maite Luengo, "las lluvias de los próximos días pueden destruir elementos importantes". Si mañana la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de Murcia no adoptan estas medidas, sentenció, "estamos dispuestos a adoptarlas como ciudadanos amparados por la ley, con el asesoramiento de los expertos, y, si es necesario, entraremos en el yacimiento para protegerlo lonas".
Luengo aseguró con la lectura de un comunicado que seguirán con las movilizaciones previstas y con la recogida de firmas, "ya que ahora más que nunca exigimos que se declare el yacimiento Bien de Interés Cultural (BIC), para que quede realmente protegido el expolio y como primer paso a su conservación y puesta en valor".
Asimismo solicitó, acompañada de otros tantos miembros de la plataforma, que el proyecto de musealización, al que hizo ayer referencia el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se desarrolle de manera abierta, transparente y con participación ciudadana.
Al hilo, la agrupación manifestó que seguirá atentamente todo el proceso judicial "para que se depuren responsabilidades por los tres intentos ilegítimos de expolio que esta Plataforma ha evitado con su presencia, presión y denuncias".
Otros miembros de la Plataforma expertos en el sector cultural se preguntaron cómo se pudo firmar una autorización para proceder al desmonte de los restos del yacimiento el 30 de noviembre, cuando el día anterior, la asociación pro-patrimonio Huermur había solicitado ya la declaración de BIC para el yacimiento.
"SILENCIO COMPLICE" DE UNIVERSIDAD Y ACADEMIAS
En este sentido, Luengo lamentó "el silencio cómplice" de instituciones como la Universidad de Murcia o la Academia Alfonso X, "lo que nos hace plantearnos que ahora más que nunca es imprescindible la creación de un órgano consultivo de participación ciudadana como es el Consejo Asesor de Patrimonio".
Además la Plataforma Ciudadana recordó que la paralización de las obras de desmontaje del yacimiento no ha procedido ni del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, ni del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, sino de las denuncias interpuestas por los ciudadanos y la Fiscalía.
Por último la plataforma ciudadana, que se mostró "muy satisfecha" por la paralización de las obras del parking, advirtió que su trabajo "no ha hecho más que empezar" y aclaró que la denuncia de los ciudadanos y la intervención de la Fiscalía "fue lo que realmente paralizó el expolio de San Esteban". Además, ha agradecido y felicitado de forma especial a la Fiscalía de Murcia, así como a los arqueólogos que han trabajado de forma "impecable" en el yacimiento y han mostrado en todo momento su responsabilidad en la protección de los hallazgos.
Al tiempo que destacaron que "los trabajos de desmontaje que se empezaron ayer, se desarrollaron incluso ante la presencia de una dotación del Seprona, que se personó por la denuncia que hicimos los ciudadanos".
Tras lo que animó a la ciudadanía a que compartan esta causa y se unan a ella a través de la web 'www.abrazasanesteban.blogspot.com' y en el correo electrónico 'abrazasanesteban@gmail.com'.
Las movilizaciones están previstas el domingo día 13 a las 11.00 horas con una 'bicifestación cultural', coordinada por Murcia No se Vende, y a las 17.00 horas con una clase popular del profesor Javier García del Toro.
El sábado, día 19, tendrá lugar una manifestación festivo-reivindicativa para pedir la declaración de BIC y la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de San Esteban. La marcha saldrá a las 17.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Murcia. "Va a ser una fiesta en el sentido de celebración ciudadana, porque la paralización la hemos conseguido entre todos", dijo Laura More, miembro de la Plataforma.







* La Verdad - Agencias - 10.12.09
Foto: Murcia, yacimiento S. Esteban - laverdad.es

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Piden que la Junta asuma las competencias urbanísticas de la Axarquía

INFOAXARQUÍA/Malaga* : El colectivo Nueva Cultura del Territorio de Málaga ha pedido a la Junta de Andalucía que asuma las competencias urbanísticas en la Axarquía y que se exijan responsabilidades penales por los delitos urbanísticos cometidos. Según han argumentado en un comunicado, en la comarca de la Axarquía se calcula que se han construido unas 22.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable, “la mitad de las cuales se han construido en los últimos diez años de manera ilegal y es imposible este volumen de construcción sin la complicidad de los responsables municipales de urbanismo”.

Para Nueva Cultura este modelo territorial “que consiste en parcelar el campo construir y vender, provoca un enorme coste ambiental y es una presunta estafa para los Ayuntamientos que al final tienen que asumir los costes de urbanización y servicios que no asumen los nuevos residentes del suelo rural, además de escamotear las obligadas dotaciones y cesiones de suelo como toda urbanización en regla”.

Así consideran que se han dejado de ingresar “decenas de millones de euros” y que se han utilizando carreteras, abastecimiento de agua, tendidos eléctricos “con el dinero de todos para dar cobertura a la población rural, que debe permanecer en el campo en condiciones dignas, y en su lugar se utilizan para dar servicio a las construcciones ilegales”.

“Debemos poner fin la manifiesta incompetencia de estos responsables municipales que han dejado patente que son incapaces de gestionar el urbanismo: hay más de 16 municipios que no cuentan ni con Normas Subsidiarias, y aún los pocos que tienen PGOU, no han impedido la construcción de cientos de viviendas irregulares”, expone en el comunicado a través del que piden “sensatez” en la retirada de las competencias urbanísticas con la consiguiente recuperación de la Junta de Andalucía. También creen que se debería crear una oficina que ejerza la autoridad urbanística y gestione estos recursos, que “la mala gestión de los ediles de la comarca de la Axarquía, ha dilapidado”.

Sobre la Mesa por el Urbanismo auspiciada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, consideran que es “antidemocrática” y que merece llamar “la Mesa por la Impunidad Urbanística”. Para este colectivo debería ser disuelta, “porque sus miembros han dejado constancia de que no han cumplido, ni han sido capaces de hacer cumplir la ley, perdiendo toda la autoridad ante la sociedad en esta materia”. Por eso creen que la única manera de recuperar “la credibilidad es que los infractores pierdan las competencias urbanísticas y que el dinero del urbanismo lo gestione una entidad supra municipal dependiente de la autoridad urbanística de la Junta de Andalucía”.

La coordinadora NCT se dirigirá al Señor Consejero de Ordenación del Territorio con esta petición, con el propósito de que sea una llamada de atención “para todos los ediles de los pequeños municipios de Andalucía que pueden verse tentados a utilizar el urbanismo para crear una red clientelar de afectados o hacer dinero fácil violentando la legalidad, destrozando el territorio y malversando los recursos públicos”.

El colectivo está integrado por plataformas ecologistas de toda la provincia de Málaga.






* InfoAxarquía - 10.12.09
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es

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Casi 1.000 detenidos por corrupción en España en los últimos cinco años

ABC* : La Policía Nacional ha detenido a 943 personas por corrupción desde 2004 en España, período en el que se han desarrollado 232 operaciones en este ámbito y se han intervenido bienes por valor de más de 3.000 millones de euros.Estos datos fueron aportados por la Policía con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra este miércoles convocado por la ONU.

La Policía explicó que los casi 1.000 detenidos en los últimos cinco años tienen que ver con investigaciones que engloban delitos como cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedades.
En este período se han intervenido bienes valorados en más de 3.000 millones de euros, entre los que destacan inmuebles, vehículos de alta gama, embarcaciones, helicópteros, obras de arte e incluso toros de lidia.
Más medios
Asimismo, la Policía destaca que, en estos años, el Ministerio del Interior ha reforzado progresivamente a las unidades dedicadas a la investigación de estas modalidades delictivas con más efectivos, una intensa formación específica y mejores medios materiales. Además, se han creado nuevos grupos, como la Brigada Central de Blanqueo.
Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares son las que más investigaciones policiales contra la corrupción han concentrado, ya más de la mitad de los detenidos en estos cinco años -un total de 560- lo han sido en estos lugares.
Además, en la Comunidad de Madrid se han efectuado 80 operaciones que han concluido con la detención de 193 personas; otros 200 individuos han sido arrestados en Málaga en alguna de las 25 operaciones policiales; en Baleares se han llevado a cabo 21 investigaciones con 110 detenciones, y en Sevilla se ha detenido a otras 57 personas en las 24 operaciones realizadas.
Frente a los 10 detenidos de las 15 investigaciones de 2004, en los últimos años se han multiplicado los operativos contra la corrupción como consecuencia del refuerzo material y personal de las distintas unidades especializadas. Sólo en 2009 se han efectuado 252 detenciones en 54 operaciones policiales.







* ABC - Servimedia - 9.12.09
Viñeta corrupción urbanística, ayuntamiento

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El polémico plan urbanístico de La Pobla de Benifassà llega al pleno

ELPAÍS/Castellón* : El Ayuntamiento de La Pobla de Benifassà tiene previsto llevar hoy a pleno la aprobación de un polémico Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, en el caso de salir adelante, será recurrido, al menos, por la Asociación por la Recuperación de la Tinença de Benifassà, que lo ha calificado de "ilegal".

La Pobla de Benifassà, gobernada por el Partido Socialdemócrata (PSD), presentó en julio el documento inicial del plan, que fue sometido a exposición pública y al correspondiente plazo de presentación de alegaciones. Muchas de ellas fueron rubricadas por miembros del colectivo y se refirieron a la recalificación de zonas incendiadas, las afecciones sobre bienes culturales y la falta de recursos hídricos para el planeamiento que preveía el equipo de gobierno. Sin embargo, ninguna de las alegaciones presentadas por la asociación y por sus miembros fue admitida.

Entre otras cosas, el PGOU que pretende aprobar el PSD califica de "bajo" o "muy bajo" el interés del paisaje de la Tinença de Benifassà, un parque natural de cerca de 5.000 hectáreas de superficie.

La Asociación por la Recuperación de la Tinença afirmó ayer que hará valer en las vías contencioso-administrativa y penal los valores culturales, ambientales y paisajísticos que tiene esta comarca, "que cuenta con figuras legales de protección como Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves y Red Natura 2000".

Además, advirtió a la Consejería de Medio Ambiente, de quien depende la aprobación definitiva del PGOU, y manifestó su confianza en que "en cuanto llegue la desmesurada propuesta urbanística cumpla con la legalidad vigente, no apruebe y devuelva al Ayuntamiento un PGOU que es contrario a derecho por incumplir la legislación que protege el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico".

La fiscalía ya llevó al juzgado la realización de unas obras en Ballestar, pedanía de La Pobla de Benifassà, ante la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Posteriormente, el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) llevó a la fiscalía el polémico PGOU, en el que, según el escrito remitido al fiscal, se pretende "reclasificar los terrenos afectados por las obras ilegales de no urbanizables a urbanizables". Además, el plan prevé la construcción de 240 adosados en una zona afectada por un incendio forestal en 2001.







+ ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 10/12/2009
Foto: benifassa (castelló) - vuelaviajes.com

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La ciénaga de la corrupción

EMILIO SÁNCHEZ ULLED* : Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro. El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular. No es una conducta novedosa.

Encontramos ejemplos extremos en la Italia de Il Cavaliere: reformas legales destinadas a restringir hasta la inoperancia práctica las intervenciones telefónicas, en cuanto éstas han puesto en apuros al gobernante; persecución infamante de fiscales y jueces activos en las investigaciones de la corrupción gubernamental; recorte de los plazos legales de prescripción de los delitos de cuello blanco.

En España tenemos una muestra reciente de esta actitud en la polémica suscitada sobre el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), avanzada tecnología que sustituye los antiguos medios de interceptación de líneas telefónicas y grabación magnetofónica de conversaciones. Algunos han intentado presentar dicho sistema como una intromisión ilegítima y arbitraria del Ejecutivo en las vidas de los ciudadanos, cuando en realidad su utilización, como la del sistema anterior, sólo es posible para delitos graves con autorización y control judicial y en las debidas condiciones de fundamentación, proporcionalidad, necesidad y autenticidad. Cumpliéndose tales requisitos la intervención resulta irreprochable, como el Tribunal Supremo ha declarado. Otra cosa es que ya sea hora de mejorar y modernizar la definición legal de requisitos y procedimientos, necesidad que ya existía con las tecnologías anteriores y que sigue abandonada en la práctica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Volviendo al principio, estamos ante un fenómeno que va más allá de la tradicional mordida, es algo distinto y más sutil. Algo que presenta dimensiones cualitativa y cuantitativamente muy peligrosas y, desgraciadamente, también cierta vocación estructural. Se trata de corrupción de alto nivel, de la utilización ilícita de las potestades, la información -privilegiada- y los recursos públicos para aplicarlos a finalidades particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general. No es algo que deba sorprendernos especialmente a estas alturas del desarrollo político-social, pero lo cierto es que hasta ahora su verdadera magnitud resultaba inversamente proporcional a su visibilidad para los ciudadanos. Es una corrupción que fluye larvada bajo la superficie de las actividades económicas corporativas cuando éstas entran en contacto con el desarrollo de las políticas públicas. Sus objetivos son diversos: puede ser el mero saqueo de los fondos públicos, pero también la desactivación práctica de los controles oficiales sobre los negocios para que no entorpezcan las metas operativas de las corporaciones privadas. Y no hay que descartar algo tan prosaico como el blindaje de un estatus social privilegiado.

La situación se ha visto perversamente exacerbada por las crecientes necesidades de financiación, fuera de los límites legales, de las complejas estructuras sobre las que hoy se asientan los partidos políticos, verdaderos engranajes de funcionamiento de los Estados democráticos actuales. Bien pronto se descubrió que unos mismos cauces de aprovechamiento ilegítimo de la actividad pública podían ser utilizados tanto para el enriquecimiento personal o corporativo como para financiar las actividades de los partidos políticos. O para ambas cosas a la vez, generando curiosas concomitancias de intereses. Ya conocemos prácticas que son verdaderos "clásicos" en la materia: la facturación por servicios inexistentes o descaradamente inútiles -informes o estudios, por ejemplo-; la interposición de sociedades pantalla destinadas a hinchar o rellenar los costes de una determinada actuación pública, o a justificar una subvención; el desvío de dinero público a entidades -muy señaladamente fundaciones- vinculadas a formaciones políticas y a su puro servicio más que al de las finalidades formales de aquéllas; la degeneración de los convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas -urbanísticos, por ejemplo- a fin de encubrir simples procesos de enriquecimiento.

El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; descontrol de la economía especulativa; urbanización salvaje (agravada en este caso por una excesiva concentración en el nivel municipal del poder decisorio sobre el suelo sin un correlativo incremento de los controles externos); daño medioambiental; lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.

En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.

El peligro de esta última dinámica lo conocemos bien en Europa. Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas. Poco ayuda en este clima la interesada confusión que los dirigentes políticos suscitan al vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con la transparente finalidad de eludir la adopción inmediata de medidas políticas correctoras mientras no acaben los procesos penales, a ver qué pasa.

La persecución de la corrupción pública en España nace en serio con la democracia. Hemos visto iniciarse relevantes procesos por corrupción en los años 90 en el ámbito de grandes obras públicas, en cuya concesión se detectaron diversos sobornos (básicamente mediante facturación por sociedades pantalla que no respondía a trabajos reales), dinero que enriquecía a cargos públicos o acababa en su partido político. Pronto se adoptaron medidas al respecto, como la introducción del delito de tráfico de influencias en 1991, o la reforma de la legislación sobre contratación pública en 1995 y la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción en 1996. El Código Penal de 1995, si bien contiene algún avance en la materia, se ha revelado como técnicamente muy deficiente a la hora de penalizar las formas modernas de corrupción pública, lo cual está conduciendo a la impunidad de muchas conductas que son objetivamente merecedoras de reproche penal.

Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal. También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: "Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo".



*Emilio Sánchez Ulled es presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona.






* ELPAIS.com - Opinión - EMILIO SÁNCHEZ ULLED - 09/12/2009


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El juzgado paraliza los trabajos de desmontaje en el yacimiento de San Esteban

LAVERDAD/Murcia* : El juzgado nº1 de Murcia, en funciones de guardia, ha ordenado a instancias de la Fiscalía de Murcia, la paralización cautelar de los trabajos de desmonte que se realizan en el yacimiento encontrado en el centro de Murcia, donde se ha localizado la traza de un barrio islámico de los siglos XII y XIII. El secretario judicial se ha personado con la Policía Nacional en el yacimiento cerca de las 16:30, orden judicial en mano para detener los trabajos.

La Fiscalía solicitó esta mañana como medida cautelar que se paralizase de forma urgente el desmontaje de los restos. El fiscal general Manuel López Bernal mostró su esperanza de "que el juez competente se pronuncie con prontitud acerca de las medidas", y así ha sido.
Esta mañana comenzó el desmontaje de los restos hallados en el yacimiento andalusí de San Esteban, tal y como lo han confirmado fuentes de la Consejería Cultura. Desde este departamento se insiste en que dicha operación es un proceso lógico que responde a "la búsqueda de los posibles restos existentes del siglo XII". La excavación se ha reanudado tras el visto bueno de la Consejería al proyecto de conservación presentado por la empresa constructora del parking.
Los técnicos de la empresa Arqueotec, contratada por el grupo La Generala, concesionaria del parking, han iniciado los trabajos a las 9 de la mañana de hoy, según ha informado Cultura. Las tareas de desmontaje se están llevando a cabo, sobre el llamado Palacio 1, y por tanto sobre aquellas una de las partes del yacimiento que se pretenden reconstruir y conservar tras su elevación a la cota cero.
A las puertas del yacimiento se han concentrado durante la jornada de hoy unas 100 personas, en su mayoría pertenecientes a la Plataforma 'Proteger los restos arqueológicos de San Esteban', acompañados también por vecinos y representates de algunas organizaciones políticas, entre ellos la portavoz del grupo municipal socialista, María José Alarcón, y la edil de IU+LV, Esther Herguedas. Según Pedro Luengo, uno de sus miembros, el grupo tenía la intención de evitar la salida de camiones del recinto donde se encuentran los restos. "Hemos formado dos cadenas humanas alrededor de ambas puertas para evitar que entre o salga nada. Si es necesario, nos meteremos dentro, pero lo que está claro es que de aquí sólo nos mueve la policía". Luengo aseguraba así que permanecerán todo el día junto al yacimiento.
No obstante, Luengo apuntaba que "están explorando todas las vías posibles para frenar los trabajos, incluidas gestiones legales para intentar que se paralice judicialmente el desmontaje como medida cautelar", concluía. De hecho, en torno a la una del mediodía, agentes del Seprona se han personado en la excavación, donde han permanecido unos 40 minutos, durante los que han realizado fotografías y han solicitado a los operarios los permisos pertinentes, ya que según señalaba Luengo, "podríamos estar ante un delito de expolio si no se dispone de esta documentación". Pedro Fernández, integrante también de la plataforma, se mostraba esperanzado tras esta visita de la Guardia Civil y espera que "la justicia mueva ficha en breve".
Ya, a primera hora varias personas impidieron la entrada de un camión de palets por uno de accesos, poniéndose ante del vehículo, que acabó accediendo al yacimiento por otra de las puertas, actualmente también cerrada por la cadena humana que se ha colocado delante.
Esta actuación motivó la llegada de cuatro agentes motorizados de la Policía Nacional, ya que los responsables de la obra reclamaron su presencia por alteración del orden público. Sin embargo, los agentes, pese a permanecer en el lugar, no llegaron a actuar, pese a que con un megáfono las personas congregadas allí les gritaban 'se está produciendo un delito contra el patrimonio, actúen por favor'.
Una cámara instalada frente al jardín de San Esteban permite ver en tiempo real a través de una página web los trabajos de excavación que se realizan en la obra. La página es http://livestream.com/restosdesanesteban .








* La Verdad - LV/AGENCIAS - 9.12.09
Foto: Murcia, yacimiento san-esteban - vegamediapress.es

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El diputado que da la mayoría en Baleares, a juicio por corrupción

ELPAÍS* : En plena crisis política en Baleares por los escándalos por corrupción hoy se inicia el juicio contra un diputado clave del Parlamento balear. El fiscal presenta una petición de cuatro años y medio de cárcel, por prevaricación y malversación de fondos públicos y ocho de inhabilitación, para Tomeu Vicens. Elegido por Unió Mallorquina (UM), su voto da la mayoría al Gobierno multipartito de centro izquierda, con 30 parlamentarios frente a los 29 del PP.

Días atrás, Vicens ayudó al PP a derrotar al pacto de centro izquierda de Francesc Antich. La derecha le descalifica como el "voto de la corrupción" para desmerecer al Ejecutivo balear. El parlamentario está imputado en cinco casos distintos por corrupción, urbanística. No piensa dejar el escaño aunque sea condenado porque recurrirá al Tribunal Supremo. No le será aplicable el código anticorrupción que negocia Antich con sus PSOE-UM-Bloc porque UM le suspendió de militancia, aunque no le expulsó.

Damià Nicolau, ex secretario general de UM, que fue director insular del Territorio de Mallorca cuando Tomeu Vicens era consejero del Territorio (2003-2007), se sentará a su lado en el banquillo y afrontará una petición de más de tres años de cárcel. Ambos, que fueron secretarios general de UM, participaron en una supuesta trama ilegal para abonar 12.020 euros públicos al contable de Vicens por un informe copiado en Internet e innecesario.

Ese gestor económico, Tomás Martín, narró al juez que facilitó particularmente al diputado bisagra facturas falsas para simular pagos con el supuesto fin de blanquear partidas de comisiones de 295.000 euros de un pelotazo urbanístico de la conversión de suelo rústico en un industrial, al lado del aeropuerto de Palma. Vicens se lo agradeció desde el presupuesto del Consell de Mallorca. Martín se beneficia por haber confesado el caso y devuelto el dinero y el fiscal le pide nueve meses de cárcel.

Vicens, aun suspendido en UM sigue ligado a la formación. El líder del partido Miquel Àngel Flaquer aseguró la semana pasada que el diputado apoyaría los presupuestos del Ejecutivo y que daba estabilidad a la alianza PSOE-UM-Bloc (IU-Verds- PSM-Esquerra). Vicens lo aseveró "estoy donde estaba".






* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 09/12/2009
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org

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Valencia: Un tapón de 20 años

LASPROVINCIAS* : En el barrio de Ayora están que trinan. Hace casi 20 años les 'vendieron' un proyecto que preveía la eliminación de un tapón urbanístico con 130 nuevas viviendas de protección oficial y de renta libre en la calle Guillem de Anglesola. El tapón urbanístico se ha anquilosado.


La propuesta llevó años en danza, pero fue en el último pleno municipal de 2003 cuando se aprobó el Plan de Actuación Integrada (PAI). El tiempo ha pasado para todos: vecinos, propietarios de viviendas que negociaron su venta y empresa adjudicataria de la urbanización, y la realidad es que las viejas casas de dos alturas se degradan a marchas forzadas, a la espera del derribo.
Los residentes argumentan que el problema principal no es sólo de planeamiento, sino la falta de seguridad de un barrio que ha visto cómo población marginal ha ocupado la calle del tapón urbanístico.
«Da miedo pasar por aquí, junto al jardín de Ayora. Las familias que ocupan las más de 40 casas que hay en esta zona la han convertido en un gheto muy peligroso y antihigiénico», detalla José Luis Sanchis.
El último 'espectáculo' que han tenido que contemplar con impotencia es un tiroteo. «Como es una zona donde se vende droga, pues el otro día hubo un ajuste de cuentas entre rivales», añade.
Los vecinos aseguran que están a favor de que se limpie la fachada marítima, «nos parece fantásticos eventos como la Copa América, la Fórmula 1 o que se seamos capital europea del Deporte, pero digo yo que también tenemos derecho a que se nos erradiquen los focos marginales que degradan el barrio», explica Sanchis.
Este residente exige que se desbloquee el proyecto. Ha enviado una carta a la alcaldesa Rita Barberá para que conozca el caso. La asociación de vecinos Marítimo-Ayora, que preside Pedro Llorca, confirma que la calle se ha convertido en un foco «de tráfico de droga. Acumulan fardos de objetos que no sabemos si son robados o no y que luego se llevan al rastro. Y la falta de seguridad es total, con tiros incluidos», asevera.
Insalubre
A esta problema se suma la falta de higiene, «los olores son terribles. Meten los orines y defecaciones en bolsas de plástico y las tiran por el suelo o en contenedores. Es un foco insalubre», añade Llorca.
Esta asociación asegura estar harta de pedir por registro de entrada al Ayuntamiento que inste a la empresa urbanizadora a desbloquear el tema. Desde Urbanismo confirman que el Plan de Actuación Integrada tiene pendiente la aprobación de la reparcelación. «El promotor tiene que presentar documentación con modificaciones señaladas por los técnicos».
Después, se aprobará la reparcelación. «Tras la firma de las actas de replanteo podrán comenzar las obras», resaltan. La empresa detalla que ya ha entregado las modificaciones, pero que el PAI no se hará de forma inmediata porque hay muchos propietarios y los trámites son largos.







* Las Provincias - LOLA SORIANO - 9.12.09
Foto: Viviendas degradadas de la calle Guillem de Anglesola, junto al jardín de Ayora. :: PEPE SOTO, lasprovincias.es.

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El obispado denuncia a vecinos de Santiso por unos terrenos

LAVOZ/A Coruña* : El obispado de Lugo ha denunciado a la práctica totalidad de los vecinos de Ribadulla, parroquia del municipio coruñés de Santiso, para dirimir la propiedad de unos terrenos anexos a la iglesia y rectoral, tradicionalmente utilizados como campo de fiesta y reuniones vecinales, según informó a Efe el portavoz de la AA.VV., Luís García.

La animadversión entre vecinos y clero se remonta a hace un año, cuando los parroquianos abortaron un intento de venta por parte del obispado de la casa rectoral, que también incluía el campo de la fiesta que está justo enfrente del inmueble.

La oposición vecinal y el miedo que esgrimió el párroco de entonces, llevó al prelado de la diócesis, Alfonso Carrasco Rouco, a dejarlos sin misa y cerrar el templo.

Desde entonces, pasaron por Ribadulla hasta 3 sacerdotes diferentes, -uno se murió y el otro fue rechazado por los feligreses-, hasta que se acabaron regularizando los oficios religiosos, aunque no concluyeron las desavenencias.

El Obispado insiste en la titularidad del campo de la fiesta y ha demandado a todos los vecinos, al instar una «acción declarante de propiedad» ante el juzgado de Arzúa.

Hasta allí se tendrán que desplazar, este jueves, a las 13:00 horas, más de 60 vecinos de esta localidad que fueron denunciados nominalmente por el Obispado para participar en una audiencia previa de lo que puede acabar en un largo pleito judicial.

Los denunciados son todos los que en su día vendieron a la asociación de vecinos los terrenos ahora en litigio.

En un principio la demanda abarcaba a 57 vecinos, pero como consecuencia de la muerte de uno de ellos, la Diócesis luguesa no dudó en ampliar la cita judicial a sus herederos.

La situación es tal, que el propio García, reconoce que pueden tener problemas para encontrar testigos. De momento, vecinos y Obispado ya ratificaron su distanciamiento cuando se vieron hace poco de un acto de conciliación en el que no hubo acuerdo entre los litigantes.

Para reclamar la propiedad, el Obispado, exhibe una escritura, hasta ahora desconocida para los vecinos, del año 1967, cuando esta parroquia quedó parcialmente inundada por el embalse de Portodemouros.

Frente a esta prueba, los vecinos de Ribadulla no solo exhiben la posesión continuada de este espacio de algo más de 2.000 metros cuadrados, sino que aporta documentación catastral a su nombre, una escritura pública y un informe municipal del PGOM, en todos los cuales la propiedad figura a su nombre.

El domingo fue la última misa en Ribadulla previa a la cita judicial.

Mientras tanto, el verde césped del campo de la fiesta, un palco en desuso, los dos focos que heredaron de Fenosa y los manzanos plantados por los feligreses quedarán a la espera de saber a quien pertenece.








* La Voz de Galicia - EFE - 8.12.09
Foto: Santiso (A Coruña) - NATALIA RODRIGUEZ NOGUEROL, lavozdegalicia.es

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Las tres tramas de Marbella han ´lavado´ 1.000 millones de euros

LAOPINIÓN/Málaga* : Las tres grandes tramas criminales desarticuladas en Marbella desde el año 2005, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´ e ´Hidalgo´, lograron blanquear supuestamente más de 1.000 millones de euros, según los informes que constan en los respectivos sumarios. El montante económico ´lavado´ más importante lo ostenta la trama de corrupción administrativa y urbanística generada en torno al Ayuntamiento, que estalló en marzo de 2006.

Los 26 testaferros de Juan Antonio Roca lograron inyectar presuntamente en el mercado económico legal más de 670 millones de euros, un beneficio generado gracias a los sobornos que muchos promotores y constructores que querían hacer negocio, incluso al margen de la ley, en la villa mediterránea entregaron al Consistorio.

Esta cifra se conoció a finales de octubre, una vez que el juez instructor, Óscar Pérez Corrales, entregó a los defensores los informes de blanqueo elaborados por la policía. El ´modus operandi´ es sencillo: varios testaferros crean una interminable maraña de sociedades a cuyo nombre se encuentran los diferentes bienes del supuesto ´cerebro´ de la trama.

Pero hay más: la cifra de 670 millones es sólo una aproximación inicial, pues nuevos informes la corregirán al alza en breve. El despacho madrileño que más le ayudó en su carrera blanqueó presuntamente hasta 211 millones de euros, mientras que uno de sus ´hombres de paja´ alcanza una cifra de hasta 111 millones.

En el ´caso Hidalgo´, que estalló en enero de 2007, la policía investiga cómo una firma de abogados ´lavaba´ el dinero procedente de actividades delictivas efectuadas por criminales de fama internacional. Esta red habría introducido alrededor de 220 millones de euros de dinero negro en el circuito económico legal (la investigación continúa y estos datos son de julio de 2008), sumando las cantidades de las diferentes conexiones que convergen en el bufete.

En sólo siete años, las salidas de fondos producidas en operaciones asociadas a delitos fiscales por parte de las empresas de uno de los imputados suman 198 millones de euros, mientras que entraron 55,7. A través de una red de mercantiles interpuestas que siempre acaba en paraísos fiscales, el dinero sigue una estela ascendente o descendente, según el caso, beneficiándose el implicado de regulaciones fiscales muy laxas.

El experto que realizó en informe entiende que se dan las tres condiciones para el ´lavado´ de dinero. "Colocación, ensombrecimiento y ocultación", apunta el técnico de Hacienda. Sin embargo, el experto en blanqueo hace la salvedad de que no todo el montante (198 millones) es dinero ilícito, habiéndose generado una parte del mismo en operaciones legales. "La compañía es una máquina de lavar dinero negro", afirma.
Otra organización de la trama es conocida por dedicarse al tráfico de drogas, el blanqueo y el fraude. A través de sociedades creadas supuestamente por el bufete marbellí, llegaron a moverse hasta 16 millones de euros. La conexión belga blanqueó 3,7 millones; 1,07 la tunecina y 2,5 la francesa.

El primer caso que estalló es ´Ballena Blanca´. Lo hizo a finales de 2005 y el fiscal Anticorrupción solicita 65 años y 86 millones de euros en multas para los 21 imputados. Funcionaba de manera similar a las anteriores redes, aunque los delitos antecedentes al blanqueo, según el fiscal, son el narcotráfico o la trata de blancas.

En total, el fiscal considera que los supuestos criminales lograron blanquear, a través de un despacho, más de 150 millones.







* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 8.1209
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

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Movilización a través de Facebook contra la corrupción en Baleares

ELMUNDO/Palma* : Todo tiene un límite y la paciencia de los baleares para con sus políticos ya lo ha alcanzado. La última crisis del Pacte provocada por las diversas imputaciones de los socios en casos de corrupción ha sido el detonante. Un grupo creado en la red social Facebook, que ya cuenta con más de 800 miembros, ha convocado en Palma una concentración "puramente ciudadana al margen de todos los partidos políticos" el próximo día 12 de diciembre , entre las 12 del mediodía y las tres de la tarde, para protestar contra la corrupción política.

Un grupo creado en la red social Facebook, que ya cuenta con más de 800 miembros, ha convocado en Palma una concentración "puramente ciudadana al margen de todos los partidos políticos" el próximo día 12 de diciembre , entre las 12 del mediodía y las tres de la tarde, para protestar contra la corrupción política.

"Por un día, podemos y debemos estar de acuerdo los votantes de izquierdas o derechas, los que somos nacionalistas y los que no", clama la página web de esta convocatoria, que pretende reunir al máximo número de personas en la plaza Mayor de Palma a las 12.00 horas del próximo sábado.

Bajo la premisa "¡Exigimos honradez en la gestión de lo nuestro!", este grupo ciudadano ya ha conseguido más de 800 adhesiones, una cifra que aumenta minuto a minuto de personas que claman que la corrupción "no se puede consentir más".
Voto en blanco

Una de las premisas para subrayar el carácter ciudadano y apolítico del evento es que todos los participantes acudan con vestimenta de color blanco y sin banderas para reivindicar además el voto en blanco contra la corrupción. "Creemos que es muy importante que la gente acuda a la concentración con el blanco como color principal. Con esta idea pretendemos evitar los conflictos de ideologías y banderas (que normalmente enfrentan a la gente) y enseñarles a los políticos cuál es nuestra arma frente a la corrupción; el voto en blanco."

Entre las personas que se han unido a él, hay gran cantidad de periodistas y también personajes públicos como el escritor Miquel López Crespí o el director general de Movilidad, Antoni Verger, así como asociaciones tan dispares como Attac Mallorca, Som Revetlers o la Peña Mallorquinista de Aviación. Asimismo destaca la disparidad de perfiles y edades, entre los que destacan estudiantes de casi todos los institutos de secundaria de las Islas.
'El despertar ciudadano'

En la página se pueden leer numerosos comentarios de los que apoyan la causa, como uno en el que se da las gracias a las personas que han fundado la iniciativa, que supone "despertar de un letargo" ciudadano.

"Me alegra ver que en esta isla de mansos todavía queda algo de rabia y agallas", afirma otro de los miembros, mientras que un tercero opina que "debería ser la manifestación más numerosa de la historia de Mallorca".

Otros proponen soluciones: " ¡Ya está bien de silencio! ¡Qué se nos oiga! y al corrupto, 100 años de trabajos comunitarios y que devuelva lo robado."

Otro miembro de la página saluda a los mallorquines que apoyan la concentración y afirma: "A 10.000 kilómetros de distancia y siete horas de diferencia horaria, estaré allá".

No faltan los que hacen un guiño a la música contemporánea y aluden a Macaco "Acción-Reacción-Repercusión" y por supuesto los que preferirían "plantarnos en la puerta de sus casas y gritarles ¡ladrones!".







* El Mundo - EFE - 7.12.09
Foto: elmundo.es

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Última oportunidad en el paraíso

ELPAÍS/Cádiz* : La carta navega por Internet. "Formo parte de los miles y miles de personas que aman la belleza y virginidad de la playa de El Palmar. Y con esa autoridad moral, le escribo mi firme y total oposición al megaproyecto hotelero que una promotora quiere construir en la zona de Malcucaña con su apoyo". Es una misiva al alcalde de Vejer (Cádiz), el socialista Antonio Jesús Verdú, en contra de las intenciones de la sociedad andaluza Chival Promociones de retomar los planes turísticos que la cadena Riera Marsá había abandonado en esta zona del litoral gaditano.

Para el regidor local es el revulsivo económico y laboral que se necesitaba, todo un bálsamo en plena crisis. Pero para muchos, agrupados gracias a las nuevas tecnologías, es el fin de un espacio natural único. El Palmar es uno de los pocos espacios sin construir que quedan en la costa de Cádiz. Ha vencido al ladrillo en todo el tramo que va desde Conil a Vejer. La parte más próxima a Conil, Castilnovo, ha conseguido preservarse de las construcciones gracias al empeño del Ayuntamiento, de IU, que finalmente consiguió del Gobierno central la protección necesaria para evitar el levantamiento de cualquier edificación.

Pero el siguiente tramo hacia el sur, Malcucaña, ya en el término municipal de Vejer, queda a expensas de sus posibles usos hoteleros, promovidos por el Ayuntamiento y autorizados por la Junta de Andalucía.

La cadena Riera Marsá, que mostró su interés en levantar dos apartahoteles turísticos con casi 700 habitaciones, de cuatro y cinco estrellas, se desentendió del proyecto este mismo año y ahora ha sido retomado por la promotora Chival, que está auspiciada por el grupo Tarje, de capital andaluz, con el apoyo de Cajasol. La empresa mallorquina explicó que no había encontrado financiación para sus planes de gran resort que sí parece haber hallado este grupo inversor, que ya ha depositado en el Consistorio una fianza de 180.000 euros a modo de aval. El grupo, liderado por el empresario Juan Leocadio Muñoz, ha desarrollado inversiones en Sotogrande, Rota o Jerez.

Esta confirmación no ha podido ser mejor recibida por el alcalde del municipio, quien considera la inversión como todo un ejemplo de que se puede remontar de la crisis. "Ilusiona especialmente si tenemos en cuenta la actual situación económica", ha explicado Verdú. "Ahora los planes son los mismos que los de Riera Marsá. Se va a respetar el entorno privilegiado en el que se van a levantar los hoteles, no van a tener impacto visual y ayudará a impulsar el empleo y a generar riqueza". La previsión inicial fue la de creación de 300 puestos de trabajo. La idea original contemplaba un diseño en blanco, similar a la arquitectura que impera en el pueblo.

Pero la buena noticia difundida por el propio alcalde no ha sido bien recibida por todos. Ecologistas en Acción ya ha anunciado que pondrá todas sus herramientas para frenar el proyecto. "Destruye una de las zonas vírgenes que nos quedan en el litoral gaditano, uno de los espacios abiertos en los que la playa y el campo se unen proporcionando un paisaje único. Ni siquiera son hoteles, que es lo que recomienda la Junta, son apartahoteles, que dan menos empleo. Y supone una nueva dependencia hacia el ladrillo", critica la portavoz, Lola Yllescas.

Antes de que la asociación conservacionista emitiese un comunicado en contra del desarrollo hotelero de El Palmar y anunciase protestas, ya Internet estaba en pie de guerra. "Le pedimos que detenga de forma inmediata esta barbaridad y que se rinda ante la evidencia de que El Palmar sólo tiene un destino posible: convertirse en un ejemplo y un modelo de turismo para todos". Es lo que dice la carta al alcalde difundida en redes sociales como Facebook, donde se ha creado la Plataforma contra el Macroproyecto hotelero en El Palmar. Ayer tenía casi 19.000 miembros. El regidor local mantiene que es una oportunidad única. Los otros dicen que frenar los hoteles es la última que les queda para salvar un paraíso.








* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 08/12/2009
Foto: Surfistas pasean frente al paraje de El Palmar donde se proyectan los apartahoteles.- EDUARDO RUIZ, elpais.com

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Se retoma la instrucción del caso Ciudad del Golf

ÁVILADIGITAL* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Ávila retoma este miércoles las declaraciones por el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, en el que hay 19 imputados. Los informes elaborados por Centaurea, SEO/BirdLife y WWF tendrán que ser ratificados ante el juez, con la declaración también de un testigo de la defensa.

Después de desestimarse todos los recursos que las defensas de los imputados presentaron ante el Juzgado número 2 de Ávila y, posteriormente, ante la Audiencia Provincial, contra las últimas decisiones judiciales –entre ellas la de dividir el caso en cuatro piezas separadas-, el caso Las Navas, cuyo sumario ocupa 6.000 folios distribuidos en 22 tomos, vuelve a retomarse.

Así, este miércoles, a las 12 horas, declararán los peritos de Centaurea, Seo/BirdLife y WWF en relación al informe pericial presentado en junio de 2008 por la representación legal de estas organizaciones.

Estas declaraciones se señalaron inicialmente para el pasado 7 de septiembre, pero se suspendieron a petición de la defensa de José Angel Arranz, que solicitó que se aclarase si dicho informe sería parte de la pieza separada número 1, sobre posible prevaricación y falsedad de los informes de medio ambiente. A consecuencia de ello, el juzgado determinó que las declaraciones de los peritos debían practicarse para su unión a todas las piezas seguidas en el mismo, y en su caso, a la pieza número 1.

Antes de las declaraciones de los peritos, comparecerá un vocal en la Comisión Territorial de Urbanismo, citado por la defensa de Ignacio Rodríguez Ley, suplente del anterior en la Comisión y que intervino en una de las reuniones en la que se aprobó la recalificación de los terrenos de la Ciudad del Golf.

19 imputados
Con 1.600 viviendas, dos hoteles y un campo de golf, la Ciudad del Golf pretendía construirse en 210 hectáreas de pinar en Zona de Importancia para la cigüeña negra, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y doce hectáreas de Área Crítica para la cigüeña negra que fueron recalificadas después de una permuta entre el Ayuntamiento y Montes de Las Navas, la sociedad encargada de la compraventa de los terrenos -adquirieron los terrenos a la Unión Resinera y se los vendieron a Residencial Aguas Nuevas- y de la que formaban parte el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta.

Una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano, en octubre de 2006, la promotora, Residencial Aguas Nuevas, ordenó la tala de cientos de pinos.

Han transcurrido ya tres años desde que el 13 de noviembre de 2006 las organizaciones Centaurea, CC.OO. de Ávila, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Cantueso y Grama, presentaran una denuncia penal sobre las irregularidades que consideran que se cometieron en relación con proyecto de macrourbanización “Ciudad del Golf”.

Son ahora 19 imputados, entre los que se encuentran el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; su antecesor en el cargo, Mariano Torre; y el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez.







* Ávila Digital - María Cuenca - 7-12.09
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com

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Vecinos de Santa María del Mar sufren cómo Urbanismo les toma el pelo

ELDÍA/Tenerife* : Los vecinos de Santa María del Mar consideran "una tomadura de pelo" los retrasos que se están produciendo en el comienzo de las obras en 56 viviendas de las 112 incluidas en el Área de Rehabilitación Integral (ARI). Los responsables de las cinco comunidades que forman esta parte de la primera fase afirman que "la concejal de Urbanismo, Luz Reverón (CC), se había comprometido con nosotros a comenzar los trabajos en el último trimestre del año, pero diciembre ha comenzado y no vemos ninguna obra".

Así, Fidel Coello Cruz, presidente de la comunidad del bloque 40, incluido en esta fase junto a los bloques 44, 41, 10 y 4, anunció que "no nos va a quedar más remedio que acudir a los tribunales para exigir el comienzo de la rehabilitación". Al respecto, señaló que los vecinos "tenemos un contrato firmado con Viviendas Municipales, y alguien nos tendrá que arreglar los bloques, porque además corremos el riesgo de perder muchas subvenciones".

Los vecinos de este barrio del Suroeste ponen de relieve que el proyecto de rehabilitación se inició en el ejercicio de 2006, "con un remanente del Ministerio de Vivienda del ejercicio anterior", cuyo dinero, señalan, "se encontraba en las arcas municipales, pero el principal problema, confirmado por la propia concejal, era que el ayuntamiento no lo derivaba de sus propias arcas hacia Viviendas Municipales para poder licitar las obras".

Un compromiso

Así, señalan que, en mayo de este año, "Reverón se comprometió con todos los vecinos a que las obras comenzarían en el último trimestre del año, pero estamos en estas fechas y aún no se ha derivado ese dinero". Por ello, Coello remarcó que los presidentes de las comunidades de propietarios "estamos hartos de que nos engañen y nos den largas, porque o los responsables de que esas cantidades se destinen a Viviendas Municipales se ponen las pilas o pediremos su dimisión para que el equipo de esta área municipal se ponga a trabajar".

Los primeros contratos para la rehabilitación de los cinco primeros bloques se firmaron en junio de 2007, pero no fue hasta julio de 2009 cuando el Consejo Rector de Urbanismo abordó que ese dinero se derivara a Viviendas Municipales, algo que luego fue respaldado por la Junta de Gobierno, "pero la sorpresa es que las trabas que se ponen surgen por parte de Intervención, reclamando nuevos trámites y condiciones".

Hay muchos vecinos de estas 112 viviendas de Santa María del Mar que "están pagando créditos para hacer frente a los 1.125 euros que les supone el 10% del coste de la rehabilitación por cada una de las viviendas, pues se venía con muchas prisas, pero hasta ahora no se ha hecho nada y ya va siendo hora de que sepamos por qué no está ese dinero en Viviendas Municipales".

Es más, este responsable vecinal explica que los cinco bloques de la primera fase ya han entregado el dinero -en total 56 familias-, mientras que de los otros cinco bloques, también con 56 viviendas, ya tienen dispuestas las cantidades para cuando comience a ejecutarse la rehabilitación, aunque explica Coello que "ya en uno de los bloques se ha devuelto el dinero a los propietarios, cansados de esperar". En este sentido, señaló que "es inexplicable que teniendo el dinero y con la situación de crisis actual, no comienzan las obras, con las que se podrían generar puestos de trabajo y ayudar a las empresas, al margen de que muchos vecinos han hecho un gran esfuerzo económico para asumir su parte y, por ello, ya va siendo hora de pedir responsabilidades, porque da la impresión de que alguien está boicoteando el plan para que no salga adelante".

Asimismo, Coello explicó que a pesar de las dificultades económicas de muchos de los habitantes de esta zona, "sólo se han concedido unas dos ayudas sociales para hacer frente al 10% del coste de cada domicilio".

El presupuesto total de la rehabilitación, que se destinará a la mejora de los espacios comunes, fachadas, cubiertas o canalizaciones, entre otras medidas, es de alrededor de un millón de euros, a razón de 100.000 euros por bloque.







* El Día - TACHI IZQUIERDO - 8.12.09
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

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¿Qué ha faltado para ordenar la Axarquía?

INFOAXARQUÍA/Málaga* : A raíz de la actual problemática del urbanismo en la Axarquía, surge una cuestión que no debemos obviar. Se nos plantea la tesitura de si es más importante el respeto y la conservación de nuestro entorno natural o el desarrollo económico de los pueblos del interior, así como si se da un equilibrio deseable o no. ¿Es compatible una cosa y otra? El Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTAX), publicado en 2006, reconoce las características que hacen singular a la comarca.

Por un lado, plantea la rotunda diferencia entre el litoral y el interior del territorio: “La Axarquía (…) tiene una clara dicotomía entre los situados en el interior, de pequeño tamaño, y los litorales o influencia próxima que se han desarrollado rápidamente como consecuencia de las actividades turísticas y de segunda residencia”.

Según el POTAX, la elevada fragilidad del medio físico de la comarca, su orografía complicada y de fuertes pendientes, un medio natural limitado y marginal en términos productivos y proclives a la erosión, a los que se le une la difícil mecanización del campo, el envejecimiento de la población rural y el predominio del minifundismo, son factores explicativos del declive del modelo agrario tradicional. Sin embargo, la complementariedad de los aprovechamientos agrarios y el sostén de su rentabilidad gracias a las ayudas de la política agrícola común (PAC) contribuyen al mantenimiento de esta agricultura de secano.
Además, este planeamiento manifiesta la necesidad de potenciar un turismo pero de una forma sostenible. A lo que afirma que este deterioro del medio se está realizando bajo la forma de residencia rural, la aparición de una nueva identidad paisajística y territorial confeccionada por un “modelo de desarrollo rural regulado por la insensibilidad cultural y ambiental y por la especulación como factor de competitividad y uso del territorio”.
Recientemente, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA- Ecologistas en Acción) comparaba la situación de la comarca con la rebelión de los moriscos. “Hoy, cinco siglos más tarde, se está gestando una nueva rebelión, esta vez de cristianos, pero por los mismos motivos políticos y el mismo marco geográfico”, afirman.
Según el censo de viviendas elaborado por GENA, basado los datos del Registro de la Propiedad, en cinco años se han construido 26.544 viviendas en la Axarquía. De ellas, afirma su coordinador, Rafael Yus, “3.858 viviendas están en suelo no urbanizable, un promedio de unas 771 viviendas por año”.
Mediante la creación de la Mesa de Urbanismo de la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía, los 31 alcaldes de la comarca se han rebelado por un objetivo común, pese a las discrepancias partidistas: la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2002.
El presidente de la Mancomunidad, José Domínguez Palma, ha afirmado “hay algo que está fallando y las leyes deben estar hechas no para ponerse en contra de los ciudadanos, sino para resolver sus problemas”.
La respuesta de la Junta de Andalucía ante esta situación ha sido dar un ultimátum a los municipios de la comarca que a día de hoy siguen sin tener herramientas con las que regular la actividad urbanística y sobre los que se asientan miles de construcciones levantadas de forma irregular sobre suelo no urbanizable.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas informó de que su departamento asumirá las tareas de redacción de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) de los 16 pueblos de esta zona que carecen de los mismos, ya sea por la vía del acuerdo o de la actuación unilateral.
La acción puesta sobre la mesa por Espadas, y comunicada a los responsables de la Mancomunidad, tiene por objeto dotar de “seguridad jurídica” al urbanismo de este territorio antes de que acabe 2010 e “inyectar velocidad de crucero” a unos trabajos postergados desde hace años en Alfarnate, Almáchar, Árchez, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Arenas, Canillas del Aceituno, Comares, Iznate y Moclinejo, en muchos de los cuales fue la Diputación provincial la que se comprometió a impulsar los instrumentos.
Sobre la reclamación de los alcaldes, consideró “un error plantear revisiones jurídicas, imposibles respecto al pasado y no aceptables respecto al futuro” de la LOUA. Y recordó que su contenido “está meridianamente claro”.
El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha acusado a Juan Espadas, de “ningunear” a los alcaldes de la Axarquía “con su ultimátum para que ordenen sus PGOU”, cuando, tal y como ha subrayado, “la Junta es la única responsable de la paralización del urbanismo en la provincia”.
Por su parte, el presidente de la Diputación provincial, Salvador Pendón (PSOE), conociendo la situación de los pueblos, ha apoyado desde un primer momento a los alcaldes de la Axarquía, pidiendo una reforma de ley o el desarrollo de la misma, mediante reglamentos. Fue el primero que puso sobre la mesa acciones coherentes para salir del atolladero, apostando por la aprobación de los planes generales como fórmula de regularización más importante, la adopción de acuerdos como los que se han dado en otros territorios y la aplicación de la disciplina donde no hubiera otras alternativas.
Los ciudadanos también han sido parte activa en esta situación, ya que como se ha visto patente en el caso de José Luis Navas, ex alcalde de Sayalonga, su pueblo se ha movilizado en pro de su defensa y destacando que este siempre ha querido lo mejor para el desarrollo del municipio.
Otro grupo de presión fundamental en este entramado está siendo la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA), formada por 70 dueños de inmuebles situados en suelo rústico. Estos piden “una amnistía general” para las edificaciones ilegales ya construidas. “Sería el curso de acción con más sentido”, ha declarado Phillip Smalley, quien recuerda que el presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, ha declarado públicamente: “Cómo es posible que el nuevo PGOU de Marbella legalice 30.000 viviendas y en la Axarquía los fiscales estén imputando a los alcaldes”.








* InfoAxarquía - Carmen del Pino - 7.12.09
Foto: infoaxarquía.es

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¿Quién tiene la culpa del atasco?

ELPAÍS/Madrid* : Llueve y la niebla cubre la carretera a primera hora de la mañana. Se ve mal y algunos coches chocan levemente con otros. Sólo en una hora, de 7.30 a 8.30, se producen casi una decena de colisiones en puntos distintos de Madrid. Y en pocos minutos, las retenciones en las principales vías de acceso a la capital, además de la M-40, suman 180 kilómetros de colas, el equivalente al camino de ida y vuelta de Madrid a Toledo. El atasco se extiende como una mancha de petróleo por la ciudad, donde también hay conductores varados, colisiones y caos. La hora punta se alarga, dura el doble, hasta las 12.00.

En síntesis, eso fue lo que ocurrió ayer. El que quedó atrapado lo sabe. Y es probable que, mientras avanzaban poco (o nada), miles de conductores se preguntaran por qué. ¿Cómo es posible que una decena de accidentes colapse Madrid? ¿Hay responsables? ¿Quiénes son? Y lo más importante, ¿cuál es la solución?

En un gran atasco, las responsabilidades se reparten. Empiezan por el conductor. No sabemos conducir con lluvia (o lo hacemos peor). En esto coindicen las asociaciones de conductores, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento. Circulamos más despacio, pero sin guardar la distancia de seguridad, añaden. Las primeras lluvias del otoño forman una placa deslizante con la tierra y ¡zas!, se producen los accidentes de chapa, esos que no tienen víctimas pero sí consecuencias.

Y ahí empieza la perdición. En una gran ciudad, "si se produce un accidente en hora punta, cada minuto que se pierde en despejar la vía supone un kilómetro más de atasco", explica Federico Fernández, subdirector de Gestión de Tráfico y Movilidad de la DGT. Para atravesar ese kilómetro de colas se necesitan 10 minutos. Es decir, que, con el conductor tardará una hora en llegar a su destino. Por eso es importante actuar rápido para despejar la vía, como pide Antonio Lucas, portavoz del club de automovilistas RACE. "Sí, la retirada de vehículos debería ser más ágil", admite Pedro Ayuso, director general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que asume que se necesita más coordinación para retirar los vehículos accidentados.

Porque se puede conducir con más atención, evitar el coche cuando llueve o no bajar la velocidad para mirar el accidente del carril de al lado (lo que algunos expertos llaman "el atasco del cotilla") u ojear qué tiempo hace antes de coger el coche. Planificar el itinerario. Pero hay soluciones que no dependen del conductor y que las administraciones no necesariamente ponen en marcha.

Las carreteras no van a crecer más, coinciden los expertos, porque no se puede redimensionar toda la red para la excepción: los embotellamientos. "La demanda del tráfico es ilimitada, cuantas más carreteras pongas, más coches saldrán a la calle, ampliar las infraestructuras no es la solución", zanja Vicente Vilanova, jefe de Demarcación de Carreteras en Madrid del Ministerio de Fomento. Pero sí admite que necesitan arreglos, sobre todo en las intersecciones. Y pone el ejemplo del cruce de la M-40 con la M-511, donde hay una glorieta "que crea grandes retenciones" y que sustituirán por ramales rectos.

El responsable de la DGT va un paso más allá. El atasco -el de ayer de la lluvia y el que cada mañana sorprende a miles de conductores en Madrid- no acabará fácilmente. "Tendríamos que cambiar las pautas de movilidad, modificar y pensar de otra manera la planificación del crecimiento de las ciudades", asegura Federico Fernández. El subdirector de Gestión de Tráfico y Movilidad de la DGT considera que "ni en Madrid ni en general" se ha tenido en cuenta el tráfico a la hora de construir un nuevo barrio o los desarrollos urbanísticos de la corona metropolitana.

Anatomía de un atasco

- En días laborables, la red de carreteras de Madrid sufre lo que se llama un "atasco recurrente", en palabras de la DGT. Supone unos 90 kilómetros de retenciones de media a primeras horas de la mañana, según estima ese organismo.

- En días como ayer, al atasco normal de la mañana se le suma otro tipo de embotellamiento, el "no recurrente", según la DGT. Se produce por causas iniesperadas, como la decena de colisiones ocasionadas por la lluvia y repartidas por la red que tuvieron lugar en las vías de acceso, y otras ochos colisiones más que se registraron en el interior de la ciudad.

- Cuando al atasco habitual se suma el imprevisto, las retenciones son mucho mayores. ayer hubo 180 kilómetors de atascos, que afectaron sobre todo la M-40, con retenciones de hasta 12 kilómetros entre los puntos kilométricos 12 y 24 y otros nueve kilómetros más en el kilómetro 55, siempre en dirección a la carretera de Burgos. Otras vías muy afectadas fueron la A-6, la A-2 y la A-1.








* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 03/12/2009
Foto: Atasco en Madrid - EFE

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En tiempos de crisis, despilfarro

ELPAÍS/Madrid* : Los ayuntamientos apenas tienen dinero. Algunos, como el de El Álamo, incluso se han declarado en quiebra en los últimos meses. La Comunidad también se ajusta el cinturón, constriñe sus cuentas. Predica austeridad. Mientras tanto, un reguero de edificios públicos, escuelas, residencias, se quedan abandonados después de haber supuesto inversiones millonarias a sus consistorios y a las arcas regionales a través del Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid (Prisma) u otras subvenciones.

No hay dinero o no hay acuerdo para poner en marcha esas infraestructuras que sólo muestran el esqueleto. Terminadas pero vacías, se van deteriorando. Una forma de despilfarro del que EL PAÍS ha escogido cinco ejemplos que suman cerca de 20 millones de inversión, por el momento, inútil. Las administraciones implicadas se echan las culpas unas a las otras. El resultado es que muchos vecinos no pueden disfrutar de esos servicios, algunos de ellos con gran demanda, por lo que tienen que acudir al sector privado.

Rosa Alcalá, diputada regional socialista, exclama no sentirse extrañada por esta circunstancia. Y aún va más allá. "Todas las actuaciones del plan Prisma 2008-2011 están paralizadas. Ningún Ayuntamiento está recibiendo ingresos", explica. "El Gobierno regional dice que el problema es de los consistorios porque no han preparado bien los proyectos, pero lo cierto es que aún no lo han iniciado".

El director general de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada, asegura que el Prisma que va entre los años 2006 y 2007 y que asciende a 300 millones de euros está ejecutado en un 99,7%. Tan sólo se han producido problemas en 14 obras que estaban ejecutando empresas constructoras que han quebrado con la crisis económica. Eso ha motivado, según González Taboada, que algunos ayuntamientos hayan pedido prórrogas en los plazos de ejecución, con el consiguiente retraso.

Y pone algunos ejemplos, como el del parque de bomberos de Fuenlabrada, cuya inversión asciende a nueve millones de euros. Ha estado cerrado unos seis meses porque el Consistorio fuenlabreño se ha retrasado en la adjudicación del mobiliario de este edificio. Otro edificio con problemas es una minirresidencia en Las Rozas de Puerto Real, cuyo Ayuntamiento ha tenido problemas con la acometida eléctrica. "La obra ya está entregada y pondremos solución para que abra cuanto antes", recuerda el director de Cooperación con la Administración Local.

González Taboada asegura que se trata de casos muy concretos y problemáticos que deben ser solucionados a la mayor brevedad con la participación de todas las administraciones implicadas.

"Desde luego, ver un edificio cerrado resulta muy difícil de entender para el ciudadano, pero en todos los casos, nosotros, como Gobierno regional, no podemos hacer nada que no venga recogido en el proyecto. Si hay fallos, se deben subsanar cuanto antes, pero sin incumplir el contrato de obra", concluye el director general.







* ELPAIS.com - D. BORASTEROS / F. J. BARROSO - Madrid - 07/12/2009
Foto: El Álamo (Madrid), ayuntamiento - .wikimedia.org

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Expertos en urbanismo detectan «ambigüedad jurídica» en el documento de prioridades del PGOU

LNE/Gijón* : El Ayuntamiento insiste en que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue en vigor, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo haya anulado hasta en 23 ocasiones. La revisión propiciada por estos fallos desfavorables toma, sin embargo, como «planeamiento básico de partida el PGOU de 1999». Así lo recoge el documento de prioridades sobre el que se sustenta esta nueva tramitación, en lo que algunos urbanistas locales consideran «una gran ambigüedad jurídica».

De algunos apartados del documento, se desprende que «es preciso pronunciarse sobre la necesidad de revisión del PGOU de 1999» o que «próximo ya el año 2010 es evidente que el Plan de 1999 debe ser revisado». Un planeamiento diseñado por Ramón Fernández-Rañada al que ha sido necesario incorporar las modificaciones relativas al suelo genérico, en aplicación de la Ley del Suelo de 2002, y las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas, que promueve el Principado y no se han visto afectadas por la anulación judicial.

Se trata del Área Residencial de Roces, del polígono de Lloreda y de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) prevista en San Andrés de los Tacones. Del Plan General de 2005, recientemente invalidado y pendiente del recurso de casación que el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal Supremo, sólo se incluyen «los suelos con planeamiento de desarrollo con aprobación definitiva». Esto es, la actuación residencial de Castiello de Bernueces.

«Parece como si el Ayuntamiento se estuviera desmintiendo a sí mismo», entienden expertos en urbanismo que ya conocen las líneas generales de un documento que el concejal de Urbanismo presentaba públicamente el pasado viernes, y que se someterá a una primera información pública a partir del 2 de enero. Si lo que se revisa es el PGOU de 1999, «no pueden estar en vigor las actuaciones derivadas del planeamiento que se aprobó en 2005; ni Cabueñes, ni el Infanzón, ni Granda... Ninguna».

Dicho planeamiento fue el resultado de adaptar el llamado Plan Rañada a la nueva Ley del Suelo. Un trabajo que se adjudicó al equipo del arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor y que ahora pone en entredicho el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sus sentencias anulatorias consideran que este PGOU es contrario a derecho, fundamentalmente, por cuestiones medioambientales y de participación ciudadana. El equipo de gobierno interpreta que estos fallos judiciales cuestionan la forma, pero no el fondo del actual planeamiento urbanístico. Sostiene, asimismo, que las sentencias no serán definitivas hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

«No quieren reconocer lo evidente, pero el PGOU de 2005 está tumbado. Y, en el fondo, el documento de prioridades lo están poniendo de relieve», consideran técnicos independientes de la ciudad. El abogado que consiguió la primera anulación, a mediados del mes de julio, ya advertía entonces de que «lo más prudente es suspender la tramitación de los planes parciales». Lo cierto es que en los últimos meses no han experimentado ningún avance, pero desde el Ayuntamiento se insiste en que «el urbanismo no se parará en Gijón».

Aún así, algunas entidades bancarias se suman al análisis de «ambigüedad jurídica» y se muestran reticentes a la hora de avalar los desarrollos edificatorias de determinadas zonas del concejo, cuya expansión está directamente vinculada al Plan redactado por Teixidor. La situación tampoco pasa desapercibida para los vecinos de la zona rural -uno de los colectivos más beligerantes con la política urbanística municipal- ni para quienes los asesoran técnica y legalmente; lo tendrán en cuenta en sus alegaciones.

Documentación de base

l La revisión se cimienta sobre un documento de prioridades (antes denominado Avance del Plan), elaborado por la concejalía de Urbanismo, con el asesoramiento de otros servicios técnicos municipales y de la empresa Dolmen.

l Este texto, de 140 páginas, hace una radiografía del municipio, de su pasado (se remonta a 1942), de sus necesidades presentes y de sus perspectivas de futuro.

l Se toma como planeamiento básico de partida el Plan Rañada del 99, al que se incorporan las áreas sujetas a actuaciones concertadas y los desarrollos que ya cuentan con aprobación definitiva.

Propuestas de diseño

l Alternativa 0. Su mapa está formado por las directrices del Plan Rañada, el Área de Roces, el polígono de Lloreda, la zona logística y el plan parcial de Castiello.

l Alternativa 1. A todo lo anterior se suman los desarrollos del Infanzón, Granda, Cabueñes y Porceyo (derivados del PGOU de 2005); el plan de vivienda concertada de Jove; y suelo industrial para rematar el polígono de Roces.

l Alternativa 2. Incluye las otras dos opciones, más una bolsa de suelo urbanizable al sur del Área de Roces, más superficie edificable en Porceyo y 3.000 viviendas en Vega-La Camocha.

Primeras opiniones

l Constructores. Se decantan por la alternativa 1, que es la que más se aproxima al Plan anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

l Arquitectos. A la espera de analizar más a fondo el documento de prioridades, consideran que todas las opciones planteadas «son matizables».

l Zona rural. Ni les convencía el Plan de 2005 ni les convence el planteamiento de la revisión. De tener que elegir, los vecinos prefieren la alternativa 0. Consideran que no están justificadas las previsiones municipales que apuntan hacia un PGOU con capacidad para generar 17.200 (alternativa 1) o 24.200 (alternativa 2).








* La Nueva España - Miriam SUÁREZ - 7.12.09
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com

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Vecinos ha denunciado deshaucios en viviendas públicas de Torrelodones

DIARIODELASIERRA/Madrid* : “El PP de Torrelodones creó la empresa pública Sumtosa (Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones) con el objetivo de gestionar el parque de viviendas municipales en alquiler que construyó el Ayuntamientos frente al Instituto. Lo que se creó para gestionar el patrimonio público de forma más ágil, ha acabado siendo un ejemplo más de ineficiencia y ausencia de formas en la relación entre los gobernantes municipales y los ciudadanos”, informan representantes de Vecinos.

“El equipo del señor Carlos Galbeño, tras olvidarse de las viviendas durante años (dos de ellas llevan vacías mucho tiempo), decidió liquidar la sociedad, y en un Consejo de Administración aprobó también que se venderían todos los inmuebles otorgando preferencia a los actuales inquilinos (cita textual)”, aseguran.

“Mientras tanto, los contratos de arrendamiento fueron expirando, y la mayoría de los inquilinos continuaron pagando el alquiler a la sociedad. La sociedad nada aclaraba sobre el futuro de las viviendas. El Alcalde no respondía a los requerimientos de los inquilinos. Tampoco a Vecinos por Torrelodones, que solicitó, por escrito y en persona, afrontar con urgencia la situación de Sumtosa y conocer las intenciones del regidor respecto a las viviendas. A lo largo del pasado mes de noviembre los inquilinos han comenzado a recibir citaciones de desahucio del juzgado de Villalba, sin que previamente el Alcalde o cualquier otro representante del PP de Torrelodones se pusieran en contacto con ellos”, han denunciado.

Desde Vecinos se estima que el “PP de Torrelodones no ha actuado con las formas mínimas exigibles a una administración respecto a sus ciudadanos y más en un asunto como este que afecta de una forma tan importante a la vida de muchas familias, algunas de ellas en situaciones muy complicadas. Han dado todo tipo de expectativas y luego las han cortado mediante un mandamiento judicial. Antes del vencimiento de los contratos el Alcalde debería haberse reunido con los inquilinos y se debería haber explicado claramente las decisiones tomadas respecto a las viviendas sin incertidumbre “alguna”.

“¿Cómo es posible que nadie, tampoco los grupos municipales, consigamos saber qué quiere hacer el Alcalde con unas viviendas propiedad de todos los ciudadanos de Torrelodones?”, se preguntan.

“En Vecinos nos oponemos a que se vendan las casas de Sumtosa. Defendemos que se vuelva a convocar un concurso para concederlas en alquiler en función de criterios sociales. Con dos años y medio de retraso, el PP de Torrelodones nos acaba de permitir incorporar una persona al Consejo de Administración de Sumtosa que se encargará de defender esta posición y de exigir otras formas con los inquilinos. Otra forma de gestionar el imprescindible patrimonio municipal de viviendas en alquiler no sólo es posible, sino indispensable. Otra forma de relación entre el Ayuntamiento y los vecinos es urgente”, concluyen.






* Diario de la Sierra - 5.12.09
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es

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