JESÚS LIZCANO, ANTONIO GARRIGUES WALKER, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS Y MANUEL VILLORIA* : La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política.
Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.
* Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.
* ELPAIS.com- Opinión - 11.11.09
No debemos resignarnos a la corrupción
Lorca: Urbanismo legaliza la edificación sin licencia que un juez ordenó demoler
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LAVERDAD/Murcia: La Gerencia de Urbanismo ha concedido «licencia de obras y subsiguiente regularización administrativa y terminación de obras» a la edificación ejecutada sin licencia por la que un juez condenó al Ayuntamiento por no haberla demolido.
El acuerdo se tomó en la sesión que el consejo de gerencia celebró el pasado martes con los votos favorables de todos sus miembros, a excepción de uno, el del concejal de Izquierda Unida, José García Murcia, quien mostró su preocupación «porque se concediese licencia a una edificación que un juez obligaba a demoler mediante sentencia, ratificada por el TSJ».
El juez Indalecio Cassinello Gómez Pardo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Murcia, dictó sentencia firme el 26 de febrero de 2007, que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el día 21 de noviembre de 2008. A pesar de ello, aún no se ha procedido a la «ejecución subsidiaria con cargo a los obligados», según reza en el texto del juzgado.
El pasado día 22 de octubre el magistrado daba un plazo de 15 días para derribar la construcción y advertía en el fallo que podría exigir responsabilidades penales si no se ejecuta la sentencia. Hace unos días, «se demolió por parte de la propiedad parte de la construcción, la ejecutada sobre lindero y que afectaba a una servidumbre de paso», según aseguraron ayer tarde fuentes municipales. Tras ello, admiten las mismas fuentes, el dueño de la propiedad habría solicitado «licencia de obras», algo que según el Ayuntamiento «no se le puede negar, ya que los informes de los técnicos se ajustan a la normativa, al haber demolido la parte construida sobre la propiedad vecinal».
Preguntado si se iba a cumplir la sentencia que obliga a la demolición de la construcción, el Consistorio señaló que «si no hay novedad por parte del juez se echará abajo en el plazo previsto». Y agregó que «la vía administrativa no interfiere a la judicial. En todo momento acatamos las sentencias judiciales, pero si no le hubiésemos concedico la licencia de obras estaríamos prevaricando». El denunciante solicitará que se aperture la vía penal si el martes no se ha cumplido la sentencia.
* La Verdad - 12.11.09 -
P. W. R. | LORCA
Foto: Lorca (Murcia), vista término - laverdad.es
El gobierno de CiU de Roda de Barà dio solares por 4,6 millones de forma irregular
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ELPAÍS/Tarragona* : Roda de Barà no sólo está en números rojos por la crisis inmobiliaria, que ha asfixiado las arcas del municipio. También por los excesos cometidos a base de irregularidades. Entre 2004 y 2007, bajo el mandato de CiU, se adjudicaron solares y contratos por 4,6 millones de euros, según una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento.
El rastreo de las cuentas de 2008, que recogen adjudicaciones desde 2004, arroja prácticas anómalas, contratos nulos, obras encargadas sin que hubiera proyecto e invitaciones formales a empresas de concejales para que participaran en los concursos públicos. El actual gobierno, encabezado por la socialista Mayte Huerta, estudia llevar estas irregularidades al juez.
El informe elaborado por Faura-Casas, al que ha tenido acceso este diario, examina cuatro paquetes de adjudicaciones realizadas entre 2004 y 2007. En todos hay irregularidades, algunas de las cuales suponen que los contratos puedan considerarse "nulos de pleno derecho". El primer bloque consta de 16 terrenos que salieron a subasta en 2004 y que sumaban 1,94 millones. Para empezar, la voluminosa cantidad a la que ascendía el concurso requería la autorización previa del Gobierno catalán, un trámite que se omitió.
La auditoría señala que una misma persona se presentó a través de dos sociedades diferentes con ofertas distintas, por lo que jugaba con ventaja respecto a las otras dos empresas que pujaron por los terrenos. Pero, además, estas dos sociedades, que se llevaron 12 de los 16 solares, no estaban inscritas en la Tesorería General de la Seguridad Social. Por último, otra de las ajudicaciones debe considerarse, según la auditoría, "nula de pleno derecho" porque la empresa en la que recayó el terreno no se había presentado a la subasta.
El segundo paquete, de 2005, ascendía a 1,96 millones. En este caso, los auditores han hallado un documento según el cual el Ayuntamiento encabezado por Pere Compte (CiU) cursó una "invitación formal" a 19 empresas para que participaran en la subasta. Una de ellas era Consbarà, cuyo administrador era el concejal de Urbanismo de entonces, Pere Virgili. Otra sociedad era Construcciones Donoso, propiedad del regidor de Hacienda, José Donoso. Ninguna de ellas ganó la puja.
En 2006 se preparó la subasta de otro conjunto de solares, valorado en 895.770 euros. Los auditores han hallado en este lote una entrega irregular de un terreno valorado en 149.600 euros. La empresa Naxos no estaba inscrita en la Seguridad Social. Según los auditores, la inmobiliaria renunció al solar, aunque nunca lo hizo formalmente y ahora el Ayuntamiento tiene los derechos de cobro de esa cantidad.
El último expediente examinado por los auditores corresponde a otro paquete de solares valorado en 1,77 millones. Al concurso no se presentó nadie, por lo que el alcalde los adjudicó directamente a Nou Mil·lenni Roda, que luego solicitó escriturar un terreno de 540.000 euros (el más caro) a nombre de otra empresa. Los aditores son claros: la operación es "nula de pleno derecho".
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 12/11/2009
Foto: Urbanización El Francaset, en Roda de Barà.- JOSEP LLUÍS SELLART, elpais.com
Palma: Munar otorgó ante notario la escritura del 'pelotazo' de Can Domenge
ELMUNDO* : Maria Antònia Munar otorgó ante notario en representación del Consell de Mallorca la escritura de compraventa del solar de Can Domenge. Lo hizo el 19 de julio de 2006 en la Notaría palmesana de Catalina Nadal Reus con el número de protocolo 1.803. A la hora de materializar la venta a mitad de precio de la parcela pública de 52.000 metros cuadrados situada entre el Camí de Jesús y la calle General Riera de Palma fue ella y no ninguno de sus técnicos o subordinados quien acabó haciendo efectivo el pelotazo urbanístico de 30 millones de euros.
Y es que en estos momentos la actual presidenta del Parlament balear prepara una estrategia de defensa encaminada a sostener el próximo lunes en calidad de imputada ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que los responsables de la operación que se saldó con la venta por 30 millones de euros de un solar que valía el doble, fueron sus consellers de Unió Mallorquina (UM) y los funcionarios que tramitaron el expediente de contratación así como recalcar que la operación acabó siendo votada en el Pleno de la institución.
No obstante, su participación personal en la escritura de compraventa pulveriza su nuevo intento por diluir su responsabilidad en este escándalo. Máxime cuando el catedrático de Derecho Civil Miguel Coca Payeras no sólo recalcó en el informe que elaboró hace varios meses a petición del Consell de Mallorca sobre el caso Can Domenge la intervención de Munar en la escritura definitiva, sino que concluyó que dicho otorgamiento es ilegal.
Y es que aquel acto protagonizado por la presidenta de honor de UM, "revela que quien compró las dos fincas registrales no fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria Construcciones Pedro Ferrá Tur, S.A.-Sacresa Terrenos Promoción, S.L., sino que la primera compró una cuota indivisa del 5% sobre cada uno de los dos inmuebles, y la segunda sociedad adquirió la restante cuota indivisa del 95%".
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom - 12.11.09
Foto: Palma, Can Domenge - concatel
Badajoz: El Supremo obliga a cumplir la sentencia de Biblioteconomía
LACRÓNICADEBADAJOZ* : La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia que atiende el recurso que presentó la Asociación Amigos de Badajoz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de abril del año pasado. Ese fallo paralizó la ejecución de otra sentencia dictada en el 2003, que consideró ilegal la actuación desarrollada en el antiguo Hospital Militar, en el interior de la Alcazaba, para la construcción de la Facultad de Biblioteconomía.
Esa sentencia la corroboró el TS en el 2006 y la mandó ejecutar el propio TSJEx un año más tarde.
El alto tribunal estima que "ha lugar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Asociación Amigos de Badajoz, contra el auto del 10 de abril del 2008, dictado por la sala de lo Contencioso Administrativo (SEcción Primera) del TSJEx".
NO IMPOSIBILIDAD Asimismo, indica el fallo que "no concurre imposibilidad legal de ejecutar la sentencia de 24 de febrero del 2003". Deja, por tanto, claro en su último fundamento jurídico que "se ha aprobado la variación del plan --Plan General Municipal (PGM)-- con el objeto de impedir que la sentencia se cumpliera en sus propios términos".
Y añade "el citado plan se concreta cuando ya se ha dictado la sentencia que se pretende ejecutar, que, recordemos, es del 24 de febrero del 2003, lo que pone de manifiesto que la secuencia de los hechos avala que la modificación del planeamiento tenía por finalidad esquivar el cumplimiento de la sentencia".
El TS indica en otra parte del texto judicial: "Repárese que en la ejecución de la sentencia se encuentra presente un interés público esencial, No estamos ante el mero interés particular de una asociación para que se ejecute un pronunciamiento judicial, sino que se trata de evitar que se comprometa la tutela judicial del artículo 24.1 de la Constitución española, que abarca la ejecución de lo juzgado en relación con el artículo 117.3 del mismo texto, como sustento básico de nuestro Estado de derecho".
NO BURLAR EL FALLO Por otro lado, el tribunal añade que conviene recordar "que el ejercicio de las potestades administrativas en el orden urbanístico ha de responder a las exigencias propias del interés general, entre las que no se encuentra desde luego burlar lo acordado en sentencia judicial firme".
El caso de Biblioteconomía comenzó en el año 2000, con una serie de denuncias públicas y por la vía judicial, que concluyeron con la citada sentencia del 24 de febrero del 2003, posteriormente recurrida por el ayuntamiento, y más tarde por la mencionada asociación, que reconoció haberse equivocado al no oponerse al proyecto en la Comisión de Patrimonio a la que asistió y en la que se aprobó el proyecto.
La directiva de Amigos de Badajoz asistió a una reunión la tarde de ayer en el ayuntamiento, donde se puso de manifiesto que éste acata la sentencia y que ordenará a los técnicos municipales que elabore un proyecto técnico para ver cómo se procede al derribo y qué parte del edificio no se ajusta a la legalidad, así como las actuaciones que habrá que realizar para dejar el inmueble en uso. Actualmente, el edificio alberga la Facultad de Biblioteconomía.
Amigos de Badajoz se mostró ayer satisfecha con el fallo del TS, "por demostrarse que el colectivo tenía razón desde que en el 2000 intentamos, durante seis meses, que se reformase el proyecto de construcción de un edificio de hormigón blanco que impactaba de forma incontestable en una Alcazaba del siglo XII, sin que nadie hiciera caso".
SATISFACCION Y TRISTEZA El colectivo no oculta, por otra parte, "la tristeza, como ciudadanos, al ver cómo se ha malgastado el dinero público del bolsillo de todos los extremeños en una obra construida por la junta de Extremadura, que era una barbaridad, que resulta ser ilegal y que ahora habrá que reformar, una vez más con el dinero de todos mientras los políticos que decidieron en su momento, eluden sus responsabilidades".
Amigos de Badajoz pide que no se demonice a la asociación por denunciar "una ilegalidad y por intentar que el patrimonio no siga siendo atropellado con cualquier excusa". Y que esto sirva "para que comprobemos que la ley está hecha para todos, ciudadanos y administraciones, siendo éstas las que deben dar ejemplo de su cumplimiento".
* La Crónica de Badajoz - 12/11/2009 F. LEÓN
Foto: El cubo de Biblioteconomía junto a la Torre de Espantaperros. - lacronicabadajoz.com
La Guardia Civil cita a otros dos imputados por el ‘caso Pretoria’
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Un exedil del PSC de Llavaneres y un técnico del Govern de CiU deberán declarar. La Guardia Civil ha citado a declarar esta semana a otros dos imputados del caso Pretoria, por el que ya están en prisión el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Múñoz, y los exaltos cargos del Govern de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, entre otros.
Uno de los dos nuevos investigados en esta presunta trama de corrupción urbanística, tráfico de influencias y blanqueo de capitales es el exconcejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez Gómez, que fue teniente de alcalde de Urbanismo cuando Víctor Ros (PP) era alcalde del municipio. El otro es Genís Carbó, excoordinador del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en el 2002 en la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, en el último Govern de Jordi Pujol. De momento, Carbó ya ha acudido a declarar a las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. Y ayer mismo el ayuntamiento de Mataró solicitó que renuncie al cargo de asesor urbanístico que ocupa actualmente en este consistorio.
A pesar de que Carbó declaró en calidad de imputado ante los agentes, a fecha de hoy ninguno de estos dos excargos públicos ha sido imputado todavía por el juez Garzón, quien en los próximos días decidirá sobre la situación procesal de cada uno. Eso sí, ante la Guardia Civil acuden como imputados para poder declarar acompañados de un abogado. Fuentes judiciales daban por hecho anoche que Garzón no solo imputará en los próximos días a Jiménez y a Carbó, sino que citará también al exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres y exdiputado autonómico Víctor Ros (PP) –a quién Garzón no menciona en el auto–, al consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y a otras personas sin cargos públicos, presuntamente implicadas.
Carbó y Jiménez aparecen vinculados con el pelotazo de Sant Andreu de Llavaneres, al que Garzón denomina operación Niesma. Del primero se afirma en el auto que su sociedad GCB cobró 244.011 euros. Los investigadores atribuyen a Jiménez la función de «lugarteniente» de Luis García, cerebro de la trama .
RENUNCIA / El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exteniente de alcalde de Urbanismo Manuel Dobarco firmaron ayer en la cárcel de Soto del Real su renuncia al acta de concejales, lo que facilitará su relevo en el consistorio. En la pugna por suceder a Muñoz, ha quedado en las últimas horas prácticamente descartada la opción del presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, .
* El Periódico - MAYKA NAVARRO - 12.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info
Viviendas vacías para el alquiler social universal
VDEVIVIENDA* : Existen soluciones para el problema de la vivienda, para alcanzarlas no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que lo han causado. Desde VdeVivienda exigimos que se acabe con la vergüenza de las viviendas vacías, más de 4 millones en España, y que se les dé un uso social; Que se deje de dar dinero público a las constructoras, inmobiliarias, etc, ni con el ICO ni promocionando VPO; Que no se condene a los hipotecados a la miseria cuando el banco subaste su casa y les requise la nómina para pagar el resto de la deuda; Que no sea delito usar casas abandonadas para sobrevivir o para abrir espacios sociales.
Porque ya estés sin casa o en la de tus padres, o hipotecado con el agua al cuello, o conviviendo con alguien a la fuerza, vengas de otro país y no puedas ni trabajar ni vivir, nuestro problema es el mismo, en este país unos pocos se han enriquecido muchísimo a costa de hacer la vida imposible a los trabajadores, impidiéndonos acceso a la vivienda o endeudándonos de por vida para acceder a una.
VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
¿Qué es una vivienda vacía?
Las viviendas no ocupadas que se encuentren en zonas en las que existe necesidad de vivienda a las que su propietario no da uso durante al menos un año. Por ello, proponemos elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda para optar a habitar estos pisos desocupados con un alquiler social
¿Qué es el uso social de una vivienda?
Uso social es la puesta a disposición de una vivienda vacía a favor de la persona o familia que no tenga este derecho básico cubierto, que tendrá que pagar únicamente los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, gastos a los que se limitaba la renta del alquiler en su origen.
¿Qué es una expropiación por uso?
El uso social no es una expropiación de la propiedad de la vivienda, sino que se trata de una limitación del derecho de uso durante un periodo determinado de tiempo durante el cual la vivienda será habitada por una persona o familia que haya acreditado su necesidad de vivienda.
Transcurridos dicho periodo el propietario podrá recuperar el uso de la vivienda siempre que se comprometa a ocuparlo y lo acredite posteriormente.
¿Qué viviendas formarán el Parque Público?
El Parque Público lo formarán principalmente las viviendas en propiedad de los grandes especuladores: bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, constructoras, etc.
Estas empresas privadas son los mayores propietarios de viviendas vacías, que han fomentado durante los años la burbuja inmobiliaria y la circulación de grandes cantidades de ‘dinero negro’ que habitualmente se “lavaba” con la compra especulativa de inmuebles.
¿Qué beneficios tiene el alquiler social universal?
El primero de ellos y más importante es que garantizará el acceso a una vivienda digna en condiciones justas a la población actualmente excluida. La vivienda pasará a ser un derecho y no un privilegio de los más favorecidos.
Disminuiría de manera notable el número de viviendas construidas por lo que acabaría con la destrucción ambiental que el crecimiento urbanístico ha ocasionado en los últimos años.
El alquiler no supone una carga para la administración pública, ya que el demandante de vivienda será quien sufrague los gastos mínimos para mantener la vivienda en buenas condiciones.
El alquiler social universal eliminaría el lucro de los banqueros que se han hecho ricos cobrando intereses abusivos a los millones de hipotecados, así como el endeudamiento de la población.
Por otro lado la eliminación de ayudas fiscales y subvenciones a la adquisición de vivienda y la financiación pública a su construcción, permitirá destinar este dinero a otros fines más justos que reviertan en beneficio de la sociedad y no en el de los especuladores, así como la inversión en servicios públicos.
Permite la elección del lugar de residencia evitando el traslado forzoso hacia barrios o poblaciones alejadas del entorno social o del centro de trabajo en busca de una vivienda asequible, al que en la actualidad obliga a presión especulativa.
Alquiler Social Universal frente a Vivienda Protegida
El sistema de vivienda protegida lleva funcionando décadas en España desde que fue implantado por el franquismo sin que haya solucionado el problema del acceso a la vivienda.
El eje del sistema de vivienda protegida de promoción privada es la concesión de ayudas públicas para la financiación de la adquisición y subvenciones, a cambio de limitar el precio de venta de la vivienda durante unos años. Pero las ayudas acaban en el bolsillo del constructor o gestor, que ponen en práctica innumerables abusos para incrementar el precio de las viviendas muy por encima de su coste, e incluso del precio legal. Precisamente la subida del límite máximo del precio de venta de este tipo de vivienda en los últimos años la ha hecho inaccesible para buena parte de la población, por lo que mientras que en su origen la vivienda protegida estaba destinada a las rentas más bajas, ahora sólo pueden acceder a ella rentas medias-altas.
Tampoco la vivienda protegida de promoción pública es una solución al problema, puesto que además de haberse equiparado su precio a la de promoción privada, excluyendo por lo tanto a las rentas medias-bajas, no se adjudican a todos los demandantes de vivienda sino a una muy pequeña parte por sorteo.
Además la vivienda protegida pasa a al mercado libre en unos años, integrándose en la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto en el futuro la vivienda protegida de promoción privada debe desaparecer, mientras que la de promoción pública debe dar paso a un parque de viviendas de titularidad pública que serán destinadas en su integridad al alquiler social universal.
¿Hipoteca basura o hipoteca usura?
La legislación hipotecaria debe modificarse para que la subasta de la vivienda suponga la cancelación de la deuda pendiente de abonar al banco, de forma que sean las entidades prestamistas quienes asuman las consecuencias de la crisis que han generado concediendo préstamos basados en tasaciones fraudulentas y prácticas abusivas para obtener el máximo beneficio posible. La política de préstamos hipotecarios es pieza clave sin la cual no se hubiese producido la burbuja inmobiliaria y los hipotecados no deben pagar sus consecuencias.
¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas?
Hace ya meses que venimos asistiendo a la inyección de dinero público a constructuras, promotoras, inmobiliarias y por supuesto, a los bancos, nuevas formas de dar dinero público a empresas empeorando el problema de acceso a la vivienda. Por eso exigimos que ni un euro público
¿Por qué hay que despenalizar la okupación?
La okupación de viviendas vacías no genera ningún daño a la sociedad, al revés, es la existencia de viviendas vacías la que ha provocado una enorme injusticia social, debiéndose en todo caso considerar delincuentes a los grandes acaparadores de vivienda vacía con fines especulativos.
La okupación de viviendas está considerada delito por nuestra legislación, criminalización que supone una excepción a la regla general puesto que en muchos países europeos se ampara como un obstáculo sano a la libre especulación. La okupación de viviendas vacías debe ser despenalizada.”
Ver También:
http://www.asambleaporunaviviendadigna.org/
* V de Vivienda Madrid - 2009
Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de cárcel y 9 de inhabilitación por delito urbanístico
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EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, al regidor de la localidad malagueña de Sayalonga, José Luis Navas, por un delito urbanístico, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, posteriormente, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de la legalidad.
En la sentencia, contra la que se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena a Navas por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, mientras que se absuelve al constructor que había sido acusado por el fiscal por el mismo delito. Además, se declara la nulidad de la licencia concedida al promotor.
La resolución considera probado que el Ayuntamiento aprobó la concesión de licencias de obra para la construcción de vivienda unifamiliar en una parcela de la zona de 'Pago Batahiz' mediante decreto de marzo de 2000 en el que se condicionaba el inicio a la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa.
En ese expediente, el técnico municipal emitió un informe desfavorable al ser terreno no urbanizable. En octubre de 2006, se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad, aunque en febrero de 2007, el alcalde dictó otro decreto en el que acordaba el archivo del de disciplina, que se emitió con la disconformidad del secretario municipal.
Para el juzgador, el alcalde "prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad", por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma "palmaria" las normas urbanísticas vigentes.
En este caso, la sentencia indica que se infringió el ordenamiento jurídico "puesto que se otorgó una licencia al margen de cualquier planeamiento". Así, se apunta que conforme a la Ley del Suelo vigente en ese momento "no se cumplen los parámetros urbanísticos ni la obra es susceptible de legalización al no encontrarse afecta a un destino agrícola".
Por otro lado, señala que "no queda constancia" de un informe jurídico externo en el que se apoya el archivo del expediente de disciplina urbanística. El juez considera adecuada la petición de pena hecha por el fiscal, al indicar que "no sólo se concedió una licencia ilegal sino que, posteriormente, se archivó sin justificación alguna el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística".
Respecto al constructor, queda absuelto, y el juez se muestra contrario al criterio del fiscal, que entendía que cuando se iniciaron las obras en 2005 la licencia había caducado. En este sentido, dice que el permiso existía y la caducidad de la misma "ha de ser declarada por la administración concedente". Además, determina que en la licencia no aparecen los parámetros.
* Europa Press - 11.11.09
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
El Ayuntamiento de El Ejido pagó 24.500 euros por un trabajo que cuesta 2.000
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ELMUNDO/Almería* : Técnicos de las subcontratas de la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, pertenecientes a algunos de los empresarios encarcelados en la operación Poniente, se dedicaban a eliminar los partes de trabajo que presentaba cada operario al finalizar su jornada y a cambiarlos por facturas infladas muy por encima del coste real para conseguir que las obras de las empresas alcanzaran las cantidades de los convenios fijados, según se desprende de las primeras declaraciones judiciales y de la documentación conseguida por la Fiscalía Anticorrupción.
Ésta investiga a la trama corrupta de El Ejido, que burló los controles del Plan E con una empresa fantasma.
Con el inflado de las facturas, las subcontratas conseguían alcanzar las astronómicas cantidades consignadas en los convenios anuales firmados por Elsur, que solían ascender a más de seis millones de euros por empresa, aunque también se hacían un gran número de trabajos fuera de canon, lo que incrementaba aún más el dinero recibido desde el Ayuntamiento.
Además de las declaraciones de testigos, la investigación ha conseguido reunir un gran número de pruebas físicas del inflado de las facturas, que fueron 'salvadas' en un gran número de carpetas y archivos a tiempo, antes de que pudieran ser eliminadas. Asimismo, existen al menos dos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que responsables de las empresas dejarían meridianamente claro su modo de funcionamiento y la virtualidad de las mismas, pues en la práctica no aportaban material ni vehículos, lo que les permitía conseguir beneficios de hasta el 80% del canon fijado por Elsur para sus obras.
Entre las facturas que han llegado a la Fiscalía se encuentra, por ejemplo, la de un paso de peatones elevados en el bulevar de El Ejido, por las que una de las subcontratas facturó, fuera de canon, es decir, aparte del jugoso convenio anual, más de 27.000 euros. No obstante, el Ayuntamiento la revisó y la rebajó ligeramente, hasta los 24.509 euros, también muy por encima del coste real. El documento está fechado el 13 de marzo de 2006 y se justifica por parte del área de Obras Públicas, que es la que hace el encargo, en el hecho de que «hay un paso de peatones frente a Congelados Express y por ser una vía de mucha longitud los vehículos pasan a gran velocidad. Hacer paso elevado urgente».
En esta factura habría trabajado, según el parte de la empresa, un peón ordinario durante 304,17 horas, es decir, más de 38 días en caso de jornadas laborales de ocho horas. Pero es más, puesto que, junto a él se cobra el trabajo de dos oficiales durante nada más y nada menos que 146 y 149 horas, respectivamente, lo que supone más de 19 días, y un peón especial que habría empleado en la obra 51 horas, o sea más de seis días. En total, sólo la mano de obra durante este largo periodo de tiempo supuso 8.563,79 euros.
ELMUNDO.es ha consultado a empresas del sector que han asegurado que ofrecen a sus clientes la construcción de pasos de peatones elevados por no mucho más de 2.000 euros para un ancho de calzada de cuatro metros. En la factura de la subcontrata también llama la atención el uso de 9.400 adoquines de hormigón gris, con un coste de 1.880 euros, o la instalación de una señal por 1.104,48 euros.
Pero éste no es un caso aislado, puesto que ELMUNDO.es ha tenido acceso a una segunda factura de otros dos pasos de peatones elevados en el barrio de San Agustín por un coste total de más de 32.000 euros, con mano de obra y material muy similar a la anterior. De la misma forma, en el Consistorio fue rebajada también, hasta poco más de 24.110 euros.
A pesar de todo el material que se ha conseguido reunir, todavía se espera lograr más pruebas y testimonios sobre el funcionamiento de las subcontratas. Para ello está previsto que declaren testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, que son muy temidas entre quienes conocen a fondo el funcionamiento del Ayuntamiento.
«Aunque cueste creerlo, hay verdadero miedo a que cualquier día regresen quienes han mandado aquí y se tomen medidas contra los que hayan salido en la foto», explican fuentes de una de las partes. A este miedo habrían contribuido declaraciones de abogados según los cuales sus clientes podrían quedar en libertad pronto.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 11.11.09
Foto: El Ejido (Almería), mar de plásticos - J.Rojas (El País)
Arenas: El fiscal pide al Supremo la imputación de una senadora del PP
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EUROPAPRESS/Ávila* : El fiscal de la Audiencia Provincial de Ávila ha solicitado que la senadora del PP Carmen Aragón sea imputada por un delito de prevaricación urbanística presuntamente cometido cuando era alcaldesa de Arenas de San Pedro, por lo que pide que la Audiencia Provincial envíe el caso al Tribunal Supremo, por su condición de aforada.
En la resolución de un recurso, el fiscal indica que tanto ella como el resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local, como el arquitecto municipal, pudieron cometer ese delito al autorizar que un edificio levantase más altura que la permitida en las Normas Subsidiarias de planeamiento, lo que no fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, que había suspendido la tramitación de la modificación puntual de las normas.
El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortes, aprecia "la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación urbanística tipificados en el artículo 320 del Código Penal", ya que el Consistorio no ejerció "sus facultades de disciplina urbanística", y es "flagrante" la ilegalidad del acuerdo.
También la fiscalía subraya que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad". El Procurador del Común había solicitado "infructuosamente" informes sobre el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento requirió informes sobre el recurso de reposición del querellante.
La denuncia fue presentada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas, Javier Soler, de IU, cuando en 2006 era concejal en la oposición.
La senadora se la ofreció declarar de forma voluntaria, indica el fiscal, pero "declinó" hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, "prefiriendo mantener su privilegio procesal", por lo que cree que "es el Tribunal Supremo el competente para el conocimiento del asunto y además para enjuiciar también a los no aforados".
Junto a la senadora y ex alcaldesa, ahora concejala, en la denuncia figuran Valentín de León, Alejandro Blázquez, José F. Núñez y Benito Martín de Blas, siendo el último el único que se mantiene como edil.
* Europa Press - 10.11.09
Foto: Arenas de San Pedro (Ávila) - mundofotos.net
Caso Calero: La investigación no descarta nuevos imputados por el desarrollo de una urbanización de 78 viviendas en Telde
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TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria* : Agentes policiales detuvieron ayer al menos a 7 personas por supuesta corrupción urbanística en el marco de la Operación Calero, que investiga presuntas irregularidades en el desarrollo de una urbanización en Telde. Entre los imputados, dos funcionarios, un empresario y el ex registrador y el ex alcalde, Valido.
Sobre la acción policial existen versiones contradictorias, toda vez que, fuentes próximas a los afectados, rechazan la versión de que algunos fueran detenidos, sino simplemente citados a declarar en la Jefatura Superior, tras lo que se fueron a su casa.En cualquier caso, no se descartan nuevos imputados. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
Un nutrido grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer al menos a 7 personas vinculadas con el desarrollo de una urbanización en El Calero Alto donde se iban a construir 78 viviendas, según una información de Canarias7 en la que se abunda en la noticia que saltó ayer por la tarde a la primera plana de los periódicos digitales del Archipiélago.
Anoche, al filo de las 23.30 horas, cinco permanecían en la Jefatura Superior de Policía, en la capital, y dos fueron detenidos, declararon y se les dejó ir. El ex alcalde, Francisco Valido, no fue detenido, pero declaró como imputado y para hoy están previstas nuevas citaciones.
Según la información del rotativo de Inforcasa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento y cochecho en la reparcelación de esa parcela en 2005, donde se encontraban las instalaciones de Telpan, al pie de la vía de El Calero. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
En la noticia se señala además que entre los imputados figura el empresario Félix Machín; un trabajador suyo, Ignacio Calandria; el ex registrador de la propiedad en Telde y actual registrador mercantil, Adolfo Calandria, hermano del anterior; el abogado Miguel Ángel Martín Zurita; el arquitecto y ex redactor del Plan General de Ordenación de Telde, en vigor desde 2002, Jesús Álvarez; el ex jefe de Patrimonio Municipal, el abogado Pedro Pablo Santana; y el ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena.
Felíx Machín hijo aclara que su padre no fue detenido
No obstante, Félix Machín, de igual nombre, negó ayer que su padre fuera detenido por orden de la jueza, resaltando que en todo caso su progenitor es un afectado por el caso. No obstante, fuentes policiales consultadas por Canarias7 aseguraron a este medio que el empresario fue detenido en sus oficinas y conducido a la comisaría para declarar como imputado en la trama de corrupción desvelada, tras lo cual pudo volver a su casa. Se lamenta Félix Machín hijo de que este trajín afecta a la reputación de su padre, largamente cosechada.
En el marco de esta operación Calero se registraron ayer las oficinas de Félix Machín, en San Gregorio, y el despacho de arquitectos de Jesús Álvarez en la capital. Este último arrancó pasadas las 10.00 y se prolongó más de siete horas.
* Telde Actualidad - 11.11.09
Foto: Solar de Telpan - TELDEACTUALIDAD
Andalucía: Chamizo pide una moratoria que prohíba la edificación en zonas de influencia del litoral
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DIARIODESEVILLA* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió este martes que el valor "excepcional" del litoral andaluz y su "extraordinaria" fragilidad se han visto dañados por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que pidió a las poderes públicos que apruebe una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
De este modo, Chamizo, quien entregó el informe Ordenación del Territorio y Urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz realizado por la institución a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, explicó que esta moratoria debería de servir para que los poderes públicos y agentes sociales decidan "cuál es el modelo de ordenación del litoral" que se va ofrecer a las generaciones futuras.
Según lamentó el Defensor, a pesar de la "desaceleración" del ritmo de construcción motivado por la crisis económica, la situación en el litoral andaluz es de "tal gravedad que sus valores naturales no son ya reconocibles en la mayoría de su trazado". No obstante, apuntó que aún quedan algunas franjas del litoral, sobre todo en la provincia de Cádiz, que aún están libres de la especulación y manifestó su temor de que este modelo de desarrollo presente en la costa se extienda al interior "donde el 90 por ciento del territorio es aún recuperable".
Asimismo, recordó que, 20 años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, "todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20 por ciento de nuestro litoral", por lo que instó a las administraciones a "impulsar" el mismo y adoptar "cuanta medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado", contemplando las compensaciones necesarias.
Igualmente, destacó como otras de las cuestiones "más urgentes" en esta materia desveladas a partir del citado informe, es la "ausencia de respeto a la legalidad urbanística y la impunidad con la que se actúa", advirtiendo de que la institución ha podido comprobar "cómo las corporaciones municipales inician expedientes sancionadoras que luego no concluyen o no ejecutan sus resoluciones".
Por ello, solicitó que se "refuercen" los servicios técnicos de los Ayuntamientos a través de convenios con Diputaciones Provinciales y la Junta, así como que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) realice una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Además, incidió en la "necesidad" de abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio".
Asimismo, hizo hincapié en que los ayuntamientos impidan que, al amparo de licencias para la construcción de aperos o edificios similares, se construyan viviendas para uso residencial violando la legalidad urbanística e insistió en que, en los procedimientos judiciales en que las administraciones públicas sean parte demandante, soliciten "como norma general la demolición de lo indebidamente construido".
Urbanizaciones ilegales
En cuanto a las urbanizaciones ilegales, de la que existen en Andalucía "al menos unas 1.000", Chamizo reprochó que, pese a tratarse de un problema de "extraordinaria entidad", "muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario". Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades "impidan la consolidación de las infracciones", llegando incluso a su demolición si fuera necesario.
En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones "nunca las arcas municipales".
Por otro lado, criticó que "no haya una respuesta suficiente a la extraordinaria demanda de vivienda protegida que existe en la actualidad", advirtiendo de que "si se hubieran asumido los planes en vigor en época de bonanza económica, el problema de la vivienda en Andalucía ofrecería un perfil muy diferente del que ahora tiene", y pidiendo que se procure el acceso a una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía.
No obstante, afirmó que "estamos demasiados obsesionados con la propiedad", apostando por "fomentar el régimen de alquiler para determinadas edades o situaciones de la vida".
Pervivencia del chabolismo
El Defensor alertó de que "aún perviven tres grandes asentamientos chabolistas en Andalucía, como son Torreblanca y El Vacie en Sevilla y los Asperones en Málaga y apuntó que "la mayoría de los que han desaparecido lo han hecho más por acción de la presión urbanística que por un plan que haya atendido a las necesidades de sus habitantes".
Así, recomendó que en los respectivos planeamientos urbanísticos, se contemple la supresión de estos grandes asentamientos, financiando su demolición y el realojo en viviendas normalizadas con cargo a los promotores de su ejecución, poniendo en práctica los poderes públicos "programas de tutela de intervención social que ayuden a los chabolistas a salir de su situación y que contemplen aspectos laborales y educativos".
De otro lado, Chamizo reprochó que "hay que tener en cuenta" de que la "mayoría de los planeamientos urbanísticos aprobados que hoy se consideran insostenibles incluso por los propios responsables de las Administraciones, obtuvieron en su día el beneplácito de sus órganos más representativos, como los plenos de los ayuntamientos y la aprobación de los órganos autonómicos", por lo que recomendó que, de modo previo a la ratificación de planes urbanísticos se "evalúen sus previsiones en términos ambientales y sostenibles".
También subrayó que es "fundamental" que los municipios de Andalucía digitalicen la documentación urbanística a fin de ponerla a disposición de toda la ciudadanía y fomentar un urbanismo "más participativo y de transparencia absoluta".
Por otro lado, consideró "lamentable que todavía existan vertidos agrícolas y urbanos sin depurar adecuadamente", por lo que demandó la realización de un estudio de las instalaciones existentes de depuración de aguas residuales en los municipios del litoral, las características de los emisarios y le número y entidad de los vertidos directos al mar para sanear las playas andaluzas.
Además, señaló la pervivencia todavía en suelo andaluz de muchos pasos a nivel, por lo que recomendó que se supriman con "la mayor rapidez posible", priorizando aquellos de mayor riesgo.
En general, el Defensor lamentó que los "continuos cambios del régimen jurídico de la ordenación urbanística han dificultado la creación de un escenario normativo permanente", por lo que sugirió que las próximas modificaciones "se aborden esforzándose por conseguir las máximas cotas de consenso".
* Diario de Sevilla - E. P. - 10.11.09
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
Sedesa, salpicada por el ‘Gürtel’, exige 4,8 millones a Sanxenxo
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XORNAL/Pontevedra* : El grupo valenciano Sedesa, investigado por su posible vinculación al caso Gürtel, reclama 4,8 millones de euros al Concello de Sanxenxo. La cantidad fue abonada por la empresa por una “exención de obligación” de construir viviendas protegidas en una promoción urbanística en el municipio.
El pasado lunes, la alcaldesa, Catalina González, firmó la “inadmisión del recurso” de la compañía y llevará el tema a un pleno que se celebrará este lunes a las 9.30 horas.
Los precedentes del caso arrancan en 2003, cuando el PXOM de Sanxenxo aprueba dos promociones urbanísticas en Monte Faro. El alcalde era por entonces Telmo Martín. No sería hasta 2006 cuando Mirador de Sanxenxo, filial de Sedesa, recibe la autorización para el proyecto. Ambas partes llegan a un acuerdo por el cual la empresa abonó la cantidad de 4.797.796 euros por “la exención de obligación de reserva de edificabilidad destinada a vivienda sujeta a protección”.
La promoción se demoró con posterioridad, debido entre otras cosas a la paralización de la misma por parte de la Consellería de Medio Ambiente del bipartito. La Xunta consideró que el proyecto carecía de un plan de saneamiento y depuración de aguas adecuado.
El pasado 10 de septiembre, el Ejecutivo del PP sí dio luz verde a la urbanización, pero la compañía se encuentra con un nuevo problema. La Consellería de Vivenda, cuando estaba en manos de la nacionalista Teresa Táboas, modificó la normativa vigente para que, de forma obligatoria, el 20% de cada promoción se destinase a vivienda protegida.
DEVOLUCIÓN DEL DINERO
Ante esta nueva obligación legal, Mirador de Sanxenxo presentó el pasado mes de septiembre un recurso en el que se solicita la devolución de los casi cinco millones de euros. “De hecho, por medio de la presente, solicitamos el reembolso de dicha cantidad por cuanto la misma fue entregada para modalizar el cumplimiento de tal obligación que inicialmente, antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2008, podía ser objeto de exención”, sostiene la empresa.
El texto continúa: “Esta parte no logra comprender en virtud de qué hechos y fundamentos esta administración supone que tal importe no debe reintegrarse a quien lo aportó, como consecuencia de que no cabe ahora tramitar un plan parcial que no incorpore la reserva del 20% para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”.
En el recurso, la filial de Sedesa acusa al Concello de Sanxenxo de “un enriquecimiento sin causa alguna y, por tanto, un enriquecimiento injusto, puesto que la causa de la entrega de la modalización se fundamentó en no reservar el 20% del suelo para la construcción de viviendas sujetas a protección”.
RESPUESTA MUNICIPAL
En la contestación de la alcaldesa a la empresa, el pasado lunes día 2, el grupo de gobierno propone al pleno municipal la “inadmisión” del recurso de reposición de Mirador de Sanxenxo.
“Non caben os recursos en vía administrativa contra o acordo de Aprobación Definitiva do Plan Parcial de Solo Urbanizable número 14 (SU-14) do vixente PXOM de Sanxenxo; sendo unicamente viable, de conformidade co referido art. 107 LPC e a xurisprudencia do máis Alto Tribunal ó respecto, o recurso ante a xurisdicción contencioso-administrativa”, sostiene el texto firmado por la alcaldesa, que además apunta: “Obvio é dicir, que a inadmisión do recurso, en boa técnica forense, imposibilita entrar no fondo do asunto”. Si en el pleno del lunes se confirma el rechazo, la empresa no descarta tomar otro tipo de medidas.
* Xornal - Pablo G. Quintas - 07/11/2009
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Palma: Jaume Matas solo ha justificado el pago del 5% de la reforma de su ´palacete´
DIARIODEMALLORCA* : Jaume Matas, ex president del Govern del Partido Popular (PP) e imputado en el sumario por la presunta corrupción en torno al velódromo Palma Arena, solo justificó con facturas menos del 5 por ciento del coste de dos millones de euros de la rehabilitación de su vivienda en la calle San Felio 8 de Palma, bautizada coloquialmente como el ´palacete´.
Juan Serra Cladera, el constructor que hizo la reforma de la planta noble de la antigua casa señorial de Can Sales Menor para Matas, simultaneó estos trabajos con las obras de la nueva sede del PP en la calle Palau Real.
Una primera estimación de los peritos que el pasado viernes asistieron al registro de la casa de Matas en San Felio elevó a unos dos millones de euros el coste de la reforma y adaptación de la planta primera de la antigua Can Sales Menor.
Este primer peritaje ha sido cuestionado por algunos expertos en reformas inmobiliarias que, sin haber visto la casa de Matas y partiendo de una superficie de vivienda útil de unos 500 metros cuadrados, han tachado de exagerado el precio de cuatro mil euros por metro cuadrado de rehabilitación.
No obstante, los datos recogidos en la dilatada inspección ocular del pasado viernes tendrán que ser plasmados en un informe, que se redactará con otros elementos y pruebas periciales.
Cuando la vivienda de San Felio fue comprada, en abril de 2004, por el entonces president del Govern y su familia, el inmueble estaba en un estado muy deplorable y era casi inhabitable. En las pesquisas realizadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil únicamente han aparecido facturas por unos 92.000 euros, de la reforma tasada en 2 millones de euros.
Estos documentos han sido entregados a los investigadores por Juan Serra Cladera, vecino de sa Pobla, conocido de los ex presidentes del Govern Gabriel Cañellas y Jaume Matas, y único constructor identificado dentro de la rehabilitación del ´palacete´.
Arquitectos del Palma Arena
Serra ha manifestado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que, a mediados de 2004, estaba realizando las obras de la nueva sede del PP en la calle Palau Reial. Estos trabajos fueron dirigidos por los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, que luego fueron fichados verbalmente por Jaume Matas para acabar el velódromo Palma Arena. Los dos técnicos y el ex dirigente conservador se hallan entre los principales imputados por el sumario del Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno a la construcción y primeros eventos celebrados en dicho velódromo.
El constructor de sa Pobla ha explicado que disponía de una cuadrilla de unos once obreros, que trabajaban en Palau Reial. Sin embargo, y de forma no permanente, el industrial destinó tres o cuatro albañiles para que fueran adelantado trabajo en San Felio.
"Maite Areal (esposa de Matas y también encausada) nos daba las instrucciones sobre la reforma integral que hicimos en el inmueble", ha señalado el testigo Serra.
El constructor dijo que inicialmente desmontaron y acondicionaron la primera planta de la vieja casa señorial y tomaron catas para determinar el estado real del inmueble. Según Serra, las obras del ´palacete´ estuvieron paradas unos meses y se prolongaron durante cerca de dos años, entre 2004 y 2006.
El testigo sostiene que su tarea consistió en "desmontar dos chimeneas antiguas"; hacer tres baños en otras tantas habitaciones; "reformar otros dos baños que ya había en la casa"; "picar varias paredes y volverlas a enlucir"; embaldosar una cocina y una terraza anexa; y realizar todas las obras de albañilería requeridas por fontaneros, electricistas, especialistas en climatización y otros profesionales.
Serra cobró a Matas y Areal un poco más de 92.000 euros por sus servicios. El industrial ha reconocido que hasta finales del 2006 no facturó sus trabajos y recibió ese dinero, pero ha explicado que el entonces president del Govern era una persona que ofrecía todas las garantías para poder aplazar el cobro.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. - 10.11.09
Foto: Un instante del registro en el número 8 de San Felio. - Efe
Sevilla: El TSJA da un revés a los dueños de Tablada al impedirles construir
ELPAÍS* : Los dueños de Tablada, la mayor bolsa de suelo virgen de Sevilla (367,4 hectáreas), han recibido el primer gran varapalo judicial desde que el Ayuntamiento inició, hace más de ocho años, la batalla para impedir que se urbanice la dehesa. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por los propietarios, unidos en la agrupación Tablada Híspalis, contra la resolución de la Consejería de Obras Públicas que aprobó definitivamente el nuevo PGOU de Sevilla.
En concreto, los empresarios pedían que se anularan los puntos del plan referidos a la calificación de Tablada como suelo no urbanizable de especial protección.
Los jueces, sin embargo, consideran que la Administración es la que tiene "la potestad del planeamiento". Pero más allá de los aspectos formales, los jueces consideran que la Junta y el Ayuntamiento tienen razón al calificar Tablada como no urbanizable para poder preservar "el carácter natural o rural de los suelos de la dehesa". También queda en entredicho la decisión de los empresarios de impugnar la revisión del PGOU justo en un aspecto, la calificación de Tablada como no urbanizable, que no se ha modificado en el nuevo plan. "Se impugna la revisión del plan general, pero en lo que se refiere a los terrenos objeto de las actuaciones, la revisión del plan general no ha variado la clasificación del suelo, pues en el Plan General del 87, la clasificación correspondía a la categoría de no urbanizables, la que se mantiene".
Tampoco dan los jueces la razón a los empresarios cuando tratan de esgrimir un convenio firmado en 1999 entre el Ayuntamiento y las cajas de ahorro El Monte y San Fernando (entonces dueñas de los suelos) para declarar urbanizable la zona cuando se revisara el PGOU. "Sabido es que los convenios urbanísticos no vinculan las potestades de planeamiento", advierte la sentencia, que también desestima la intención de los empresarios de utilizar para combatir la actual clasificación del suelo las dos sentencias en contra que ha recibido la intención municipal de expropiar Tablada.
A lo largo del texto, los jueces avalan en varias ocasiones la adecuación del PGOU a la normativa estatal y autonómica "sin vulneración en la clasificación de precepto estatal ni autonómico alguno". Pero quizás los argumentos que más implicaciones pueden tener para el futuro de Tablada sean los que advierten de la imposibilidad de llevar a cabo en estos terrenos los proyectos urbanísticos de los actuales propietarios y respaldan los planes municipales.
Este espaldarazo del TSJA llama la atención, sobre todo, porque supone un cambio de criterio respecto al último fallo del alto tribunal sobre la dehesa y ello a pesar de que dos de los tres jueces que firman esta sentencia son los mismos que redactaron la anterior. Los magistrados dan ahora la vuelta a alguno de sus argumentos para concluir que Tablada no podrá acoger edificios, pero sí el parque periurbano que planea el Ayuntamiento o incluso el recinto de la Feria de Abril, otra de las posibilidades que ha sugerido el gobierno local.
La sentencia favorece sin duda al Ayuntamiento. Con todo, según el fallo anterior del TSJA, la condición de no urbanizable impide la expropiación, por lo que las dos partes están condenadas a negociar. En ese diálogo, la calificación de Tablada como no urbanizable abarata el coste de los suelos y favorece al gobierno.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 10/11/2009
Foto: Vista aérea de los terrenos de Tablada, con Sevilla al fondo, tomada desde la Punta del Verde. - diariodesevilla.es
Málaga: Urbanismo privatiza Echeverría
LAOPINIÓN* : El Ayuntamiento de Málaga ha decidido declarar como privado uno de los dos conjuntos que forman la urbanización Echeverría de El Palo, que desde su construcción en 1975 tienen el carácter de público, haciendo caso omiso para ello de varios decretos y resoluciones municipales, además de dos sentencias judiciales que a lo largo de estos 34 años han promulgado el carácter público de estos dos conjuntos.
El carácter privado de esta urbanización que tiene 464 viviendas y 51 locales lo firmó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el pasado mes de agosto.
Frente a un importante número de vecinos que han aplaudido la medida, hay otros que se muestran en contra y la han recurrido. Estos últimos muestran su extrañeza de que el Ayuntamiento haya tomado una decisión que consideran que va en contra de anteriores medidas municipales y de fallos judiciales y además es contradictoria, ya que ha decretado la privacidad de uno solo de los dos conjuntos mientras que el otro, de idénticas características, permanece con su carácter público.
A la cabeza de los vecinos que se oponen a dar carácter privado a este recinto se encuentra Luis Gutiérrez, presidente de uno de los bloques de viviendas. Gutiérrez ha presentado un recurso administrativo contra la decisión municipal. Argumenta que la consideración de pública de la zona viene reflejada en el Plan General (PGOU), que aprobó el pleno municipal, por lo que algo aprobado en sesión plenaria no puede ser "cambiado diametralmente" por un simple decreto.
Alega igualmente el perjuicio que acarreará a muchos de los locales comerciales del recinto y que también va a suponer para los vecinos "un desembolso económico muy importante" para costear su mantenimiento, "al que muchos no podrán hacer frente". La documentación aportada por el Ayuntamiento sobre esta urbanización permite constatar cómo desde su inicio, según reflejan sus propias escrituras de constitución, la zona está considerada pública.
Antecedentes
En 1990, siendo alcalde el socialista Pedro Aparicio, éste envió al juzgado número 4 un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que afirmaba que "la totalidad de los terrenos ocupados por la denominada plaza Miramar de El Palo tienen y han tenido desde el momento en que acabó su construcción la consideración de públicos", y añadía más adelante que el PGOU "no recoge el suelo que ocupa la plaza como patio interior de la urbanización, sino como viario". En 1996, con Celia Villalobos (PP) de alcaldesa, ésta contestó a una pregunta afirmando en su respuesta que "según los datos obrantes en el servicio de planeamiento y gestión urbanística del patrimonio municipal, la parcela que forma el Pasaje Miramar de El Palo es pública".
También la justicia ha sido clara. En 1991, el juzgado número 2 falló en contra de la comunidad de propietarios, que había exigido a los dueños de locales que tenían puertas abiertas en la parte interior del recinto que las cerrasen al ser un recinto privado. El juez consideró esa exigencia "contraria a la ley" al concluir que los locales están en lugares comunes (públicos).
Las críticas
Luis Gutiérrez y los otros vecinos contrarios al carácter privado del recinto señalan a Ricardo Abá, el presidente del conjunto de bloques de la urbanización, como el "instigador" que ha hecho posible el cambio de postura del Ayuntamiento.
Gutiérrez explica que Ricardo Abá "siempre ha considerado la urbanización como privada sin serlo, y ha actuado en consecuencia". Así, cuentan que el presidente "ordenó quitar y guardar todas las papeleras que había en el recinto porque llevaban grabado el escudo y el emblema del Ayuntamiento".
También critican que Abá ha sido el que ha logrado introducir la seguridad privada en el recinto, "que supone un coste mensual de unos 7.000 euros y que sería innecesaria ya que si la zona es pública debía estar bajo control de la Policía Local".
Para estos vecinos contrarios a la privacidad del recinto, detrás de la obtención del carácter privado "hay otros intereses" y apuntan al proyecto que está preparando Ricardo Abá para renovar toda la solería, jardinería y el patio interior que "tiene un primer presupuesto de 1,3 millones de euros que al ser ahora un recinto privado deberemos costear todos los vecinos".
A éstas y otras críticas no ha querido responder Ricardo Abá, que ha declinado, pese a la insistencia, hacer declaraciones al respecto.
* La Opinión de Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 10.11.09
Foto: Enjaulados. La urbanización está rodeada por una verja con puertas que se cierran de noche y los fines de semana - G. Torres, laopiniondemalaga.es
El Puerto de Marín alega que es imposible demoler el relleno ilegal
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ELPAÍS/Pontevedra* : El presidente del Puerto de Marín-Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, convocó ayer un consejo de administración extraordinario para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de Placeres, uno de los mayores de Galicia. El fallo, que anula todo el Plan Especial portuario, cuestiona seriamente la legalidad de los rellenos ejecutados en la ría pontevedresa, que tantas veces han denunciado ecologistas y mariscadores.
Suárez Costa se desmarcó con una advertencia: desmontar el relleno puede tener un coste ambiental más agresivo que el propio relleno. Su aviso no ha hecho mella en la asociación que recurrió el relleno, que ayer anunció que irá a por la ejecución de la sentencia "con todas las consecuencias".
Suárez Costa defendió que "todas las obras que ha hecho esta Autoridad Portuaria cuentan con una declaración de impacto ambiental", por lo que sostiene: "Desde ese punto de vista, no hay ningún fallo". El hecho es que la sentencia se basa precisamente en la ausencia de ese estudio para el relleno, de más de 300.000 metros cuadrados de superficie. El futuro pasa ahora, dijo el presidente del Puerto, por pedir consejo al jefe de la Abogacía del Estado para determinar los próximos pasos. Suárez Costa también tiene previsto reunirse con el director del ente portuario para conocer los trámites realizados en este sentido, ya que hace sólo unos meses que ocupa la presidencia.
Ante las graves repercusiones que podría tener la reposición de la legalidad (dos empresas se asientan en ese suelo: Pérez Torres y Gonvarri), advirtió que el daño ambiental de esa actuación para devolver los terrenos a su estado original podría ser mayor que al ya realizado. La sentencia obliga a Xunta, Diputación de Pontevedra y Autoridad Portuaria a efectuar "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado". El Supremo establece un reparto del coste de esta reposición del 30% para la Administración autonómica, 20% para la provincial y 50% para el Puerto.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recordó ayer que el Partido Popular gobernaba entonces en la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento, tres instituciones directamente afectadas por el fallo judicial, mientras que el BNG local ya votó en contra del relleno a fin de evitar convertir el puerto "en un polígono industrial". "Se saltaron los informes municipales", pese que "se advirtió claramente la necesidad de declaración de impacto ambiental".
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha decidido esperar a tener la sentencia en sus manos para pronunciarse. De momento, sin embargo, ha descargado responsabilidades, ya que la aprobación del Plan Especial se produjo en el 1993, cuando la presidencia provincial la ocupaba César Mera, "y de cuya corporación Louzán no formaba parte", puntualizan fuentes del organismo. El documento, insistió ayer Louzán, fue respaldado por todos los grupos (PP, BNG y PSOE) con excepción del independiente Antonio Nieto Figueroa, Leri.
Además, el presidente de la institución provincial puso sobre la mesa que éste es un ejemplo de cómo la "lentitud" de los propios procesos judiciales puede conllevar prejuicios a terceros. Ahora, señaló, "16 años después tendrán que sentarse todas las administraciones implicadas y ver qué puede ejecutarse de la sentencia", ya que "habrá cosas inejecutables" para las que deberá establecerse alguna fórmula compensatoria.
La asociación que presentó la demanda, una plataforma vecinal de Placeres, se apresuró a anunciar que considera que todo el fallo del alto tribunal puede ejecutarse. "Hasta se establecen los porcentajes del gasto", señala Manuel García, portavoz de la organización.
La plataforma estudia con su equipo jurídico una petición formal al Supremo para que inste a las administraciones a desmontar el relleno, "tenga el coste económico que tenga", y recelan del argumento del mayor daño ambiental que supondría la obra.
Pero la sentencia tiene más vertientes que la propia ejecución del relleno. Al ilegalizar la ampliación y el Plan Especial que lo sustenta, las licencias que amparan a las industrias allí instaladas "deben ser revocadas", sostienen los vecinos de Placeres. "Lamentamos que no sea el mejor momento económico para que ocurra esto, pero defenderemos la legalidad", asegura Manuel García. "Todo lo que está encima del relleno es tan ilegal como el propio relleno. No hay vuelta de hoja: pediremos que se ejecute la anulación de las licencias".
La otra administración implicada, la Xunta, que en octubre de 2000 aprobó el Plan Especial del Puerto pese a las deficiencias señaladas por el Tribunal Supremo, eludió comentar la sentencia.
Fuentes próximas a Urbanismo de la administración autonómica coincidieron con el presidente del Puerto en considerar que la sentencia es de difícil ejecución y que los daños ambientales pueden ser relevantes.
Porro sigue adelante con el Areal
La sentencia del Tribunal Supremo no altera los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo. El puerto vigués carece, como el de Marín-Pontevedra, de un Plan de Utilización de Espacios Portuarios que avale el crecimiento sobre el mar, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declara ilegal la ampliación de Placeres. Pero la presidenta, Corina Porro, cree que son casos totalmente distintos, por lo que anunció que sigue adelante con sus proyectos.
Entre estos planes se encuentra el relleno del Areal, que en su primera fase ganará 40.000 metros al mar. Porro rechaza que se trate de un relleno, dado el sistema de sustentación por pilotes de la nueva plataforma. "No voy a autorizar ni un metro cuadrado de relleno en Vigo", sostiene. Y sobre el Plan Especial que ampara las obras -un documento que, según el Supremo, no puede prever actuaciones de este tipo-, señala que "cuenta con todas las bendiciones ambientales". "Siempre que hemos ido a los tribunales, la justicia ha acabado dando la razón al Puerto", asegura.
El denominado plan de usos de Vigo, en tramitación, tardará al menos año y medio en entrar en vigor, según cálculos de la Autoridad Portuaria. Y sin ese documento, "la totalidad de los terrenos y láminas de agua del puerto vigués sigue en la más estricta ilegalidad", sostiene la asociación A ría non se vende, que denuncia "el paralelismo entre los casos de Marín y Vigo". La organización ecologista no detiene en Areal los efectos de la sentencia, sino que los extiende al resto de proyectos. Entre ellos, el puerto deportivo de Massó, en Cangas.
* ELPAIS.com - L. VARELA / P. LÓPEZ - Santiago / Vigo - 10/11/2009
Foto: Puerto de Marín-Pontevedra- XURXO LOBATO, elpais.com
Vecinos de Las Huertas vuelven a defender su tierra delante de las palas
ELDÍA/Tenerife* : Los que defienden su derecho a la titularidad de la parcela 92 del Polígono que urbaniza Desurcic, filial de Mapfre, obligaron ayer a retirar una excavadora que trabajaba en el límite con el solar más cercano a la entrada al barrio de El Suculum. Vuelven a reclamar "nuestra tierra, no queremos negociar otra cosa". La de ayer fue otra mañana movida en el Valle de las Huertas.
En esta ocasión no en la zona de casi siempre, la baja, sino en la alta, camino de Igueste de San Andrés y muy cerca del llamado "chalet del francés" y de la entrada al barrio de El Suculum. Allí, Jaime Govea García, su esposa, Lourdes Cabrera Pérez, y una sobrina, Macarena, se opusieron al trabajo de una pala de Desurcic, filial de Mapfre, que desde las siete de la mañana trabajaba y a las diez estaba a punto de cruzar el límite, marcado con cal en la pared de piedra, de la parcela 92 que entienden propiedad de Lourdes y su hermana Juana, producto de la herencia de su madre, Juana Pérez Mesa.
Fue Macarena la que se puso delante de la pala, retirada posteriormente sobre el mediodía después de a primera hora tener un cambio de impresiones con la representante de la empresa. Le dijeron al palista que parara y lo hizo de inmediato. Lourdes Cabrera recuerda "una batalla que viene desde hace 45 años. Ya otra vez intentaron entrar por arriba y tuve que coger un taxi con la escritura de propiedad". Añade que "ahí encima está la primera casa que se hizo en El Suculum, en un solar que mi madre le vendió a un vecino, José Belén, para hacer un gallinero. Si no nos ponemos delante hubieran entrado".
"Queremos la tierra".- Jaime Govea fue concluyente: "Queremos nuestra tierra, sin más negociación y este mensaje se lo mandamos a quien lo está intentando. Nuestro caso lo lleva el abogado Juan José Rodríguez y tenemos muy claro lo que queremos. Aquí hay 14.000 metros cuadrados aproximadamente que son herencia de mi mujer y mi cuñada de su madre. Que den la cara los que vendieron a Mapfre. Estamos un poco cansados, pero dispuestos a seguir defendiendo lo que es nuestro. Y hay nuevas generaciones, hijos, nietos y biznietos, dispuestos a mantener la memoria de sus ancestros. Seguro que si no nos oponemos como hemos otras veces se hubieran metido seguro en nuestra parcela".
La depuradora tampoco.- Por otro lado, una comisión creada por la Gerencia de Urbanismo buscará una nueva ubicación a la Estación Depuradora (EDAR) que se pretendía construir en el Valle de Las Huertas, en la zona de La Roseta, a 350 metros del barrio y a unos 30 del campo de fútbol del CD San Andrés. Eso se resolvió tras la reunión celebrada entre el gerente, Eduardo Risueño, y la AAVV Los Pedacillos, junto a su representante legal, Pedro Fernández Arcila al que agradecen "su esfuerzo, igual que a los que han colaborado en esta lucha". La primera cita está prevista el 25 de noviembre. Formarán el grupo de trabajo técnicos municipales, asociaciones vecinales y representantes de la Dirección Técnica de Mapfre. Decidirán una nueva ubicación, fuera de Las Huertas y San Andrés, con alternativas como Jagua o el solar del antiguo Instituto Oceanográfico.
* El Día - JOSÉ D. MÉNDEZ, S/C de Tfe. - 10.11.09
Foto: Zona del Valle de Las Huertas - Tony Cuadrado, eldigitaldecanarias.net
Crónica de una especulación anunciada
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : El genial García Márquez, a partir de un hecho real sucedido en 1951, comienza su novela Crónica de una muerte anunciada por el final: Santiago Nasar, que tranquilamente pasea por el pueblo, “está muerto”. Todos sus vecinos lo sabían, menos él. Guardando las proporciones –faltaba más– algo parecido sucede en Sevilla siglo XXI. (Tablada)
Acerca de una especulación anunciada (Ed. Padilla 2003)
Todos lo saben, menos los ‘poderes públicos’ que, según el art. 47 de la Constitución, tienen la obligación de impedirla. La cronología lo corrobora. Tablada es el único suelo virgen en Andalucía que, desde hace 12.000 años, nunca ha sido arado. Sólo por este hecho debería estar especialmente protegido. ¿Por qué el Parlamento ha resuelto no incluirlo en el Inventario de Espacios Protegidos y la Consejería de Medio Ambiente calla?
Mal Lara en 1.570 por primera vez menciona Tablada. En estos terrenos tenía su Huerta Merlina.
La Federación Aérea Guadalquivir quiere hacer un museo con
motivo del 1er Centenario del aeropuerto(2.010). En Tablada dejó de
estar operativo por la construcción del Puente del V Centenario.
Para la Base Militar, en 1.935 el Ministerio compró la dehesa cedida previamente por el Ayuntamiento –según Nicolás Salas, propietario desde 1.252– a la Compañía
aérea CETA. Por esta razón precisamente, cuando el Ministerio, tomando en cuenta el derecho preferente en 1.996, ofrece la venta al Ayuntamiento y obtiene respuesta negativa de Soledad Becerril y Alejando Rojas Marcos, a la fecha alcalde y vicealcalde, saca a subasta pública esos terrenos.
Serán adquiridos por una entidad financiera sobre cuyos orígenes y finalidad Manuel Titos dice: El siglo XIX alumbró en Andalucía dieciséis Cajas de Ahorros y Montes de Piedad con distintos orígenes fundacionales pero con idénticos objetivos: el fomento del ahorro como regenerador moral, económico y social y el combate contra la usura.
El Monte, contradiciendo lo dicho, adquiere 356,8 Hs. de suelo rústico inundable en 48 millones de euros y, cinco años después sin invertir ni un solo “duro”, lo vende
a nueve inmobiliarias dedicadas a la edificación, en 78 millones. Se desata así un proceso de pura y dura especulación que todavía no ha terminado. Los poderes públicos quieren pero no pueden integrarse en él: los propietarios, ya en 2.004, exigían 210 millones.
Con respaldo del Tribunal Superior de Justicia y del Parlamento Andaluz que ha rechazado la solicitud del Pleno del Ayuntamiento para declarar espacio protegido
al Parque Metropolitano que consta en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla Potaus (aprobado por la Junta) ahora, los propietarios exigen que si les expropian el suelo para dedicarlo a Parque Periurbano como sugiere el PGOU y ordena el Potaus, el justiprecio deberá ser el de suelo urbano.
En esas condiciones, tomando en cuenta expropiaciones similares realizadas, el precio podría ascender a 240 millones; una cantidad de euros superior a la que el
Ayuntamiento ha gastado para hacer tres obras: el Metrocentro (90 mill.), los Champiñones de la Encarnación (54 mill.) y el servicio con mayor rentabilidad social, SEVICI (18 mill.)
Sin invertir ni un solo duro, las inmobiliarias exigen tener un beneficio de entre
162 y 192 millones. Y claro, como los ‘poderes públicos’ no encuentran cómo salir de este proceso, han comenzado a ver con simpatía, pero sin comprometerse, la
tercera vía presentada por los dueños de Tablada a través de una empresa de expertos: primero, inundar el suelo para crear el Charco de Tablada (azul) con el
fin de atraer a los flamencos y a otros pajaritos que están en Doñana; segundo, hacer el Parque Metropolitano (POTAUS, verde) y tercero, con el fin de generar puestos de trabajo, edificar en su borde (gris) con proyectos de los más destacados arquitectos del mundo.
Están agotando posibilidades. Ya lo intentaron en diciembre de 2002: los siete propietarios de Tablada presentaron sendos proyectos en un ámbito de 700 hectáreas
(250 más que la superficie de propiedad del Consorcio) para colonizar el parque de Tablada.
Según se deduce, a partir del justiprecio para la expropiación, lo que finalmente exigen es firmar otro Convenio Urbanístico con una edificabilidad equivalente, al menos a la de un conjunto de 15.000 viviendas, claro está, con una dotación verde (parque equipado) y otra azul (suelo inundado). Como a todas luces las dos iniciativas propuestas por los propietarios de Tablada son claramente inaceptables porque el artículo 47 de la Constitución así ordena a los ‘poderes públicos’; el
Ayuntamiento tendría que pensar en la posibilidad de usar un recurso técnico y legal que cae en su competencia: reclasificar el suelo de Tablada y ponerlo en el PGOU como espacio natural protegido no urbanizable. Y todos contentos. Digo, toda la ciudad y todo el Aljarafe. Los únicos recursos habría que dedicarlos a la redacción, a la ejecución y a la futura gestión de los contenidos de un Plan Especial. Para la gestión habría que contar con la positiva experiencia de quienes están al frente del Alamillo. Alguna vez le escuché a su director la sugerencia de que todos los espacios verdes (partes) deberían convertirse en un Sistema Verde: partes, todo y entorno inter-relacionados.
Hacer ciudad también es construir la civilidad y, ésta desde luego, no es posible si los ciudadanos no quieren o son indiferentes frente a nuestros delegados en el
gobierno que proponen y deciden.
Tablada: verde. ¿Y usted qué dice?
* Profesor Titular de la ETSA
* El Correo de Andalucía - La Tribuna - 31.10.09
