VDEVIVIENDA* : Existen soluciones para el problema de la vivienda, para alcanzarlas no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que lo han causado. Desde VdeVivienda exigimos que se acabe con la vergüenza de las viviendas vacías, más de 4 millones en España, y que se les dé un uso social; Que se deje de dar dinero público a las constructoras, inmobiliarias, etc, ni con el ICO ni promocionando VPO; Que no se condene a los hipotecados a la miseria cuando el banco subaste su casa y les requise la nómina para pagar el resto de la deuda; Que no sea delito usar casas abandonadas para sobrevivir o para abrir espacios sociales.
Porque ya estés sin casa o en la de tus padres, o hipotecado con el agua al cuello, o conviviendo con alguien a la fuerza, vengas de otro país y no puedas ni trabajar ni vivir, nuestro problema es el mismo, en este país unos pocos se han enriquecido muchísimo a costa de hacer la vida imposible a los trabajadores, impidiéndonos acceso a la vivienda o endeudándonos de por vida para acceder a una.
VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
¿Qué es una vivienda vacía?
Las viviendas no ocupadas que se encuentren en zonas en las que existe necesidad de vivienda a las que su propietario no da uso durante al menos un año. Por ello, proponemos elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda para optar a habitar estos pisos desocupados con un alquiler social
¿Qué es el uso social de una vivienda?
Uso social es la puesta a disposición de una vivienda vacía a favor de la persona o familia que no tenga este derecho básico cubierto, que tendrá que pagar únicamente los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, gastos a los que se limitaba la renta del alquiler en su origen.
¿Qué es una expropiación por uso?
El uso social no es una expropiación de la propiedad de la vivienda, sino que se trata de una limitación del derecho de uso durante un periodo determinado de tiempo durante el cual la vivienda será habitada por una persona o familia que haya acreditado su necesidad de vivienda.
Transcurridos dicho periodo el propietario podrá recuperar el uso de la vivienda siempre que se comprometa a ocuparlo y lo acredite posteriormente.
¿Qué viviendas formarán el Parque Público?
El Parque Público lo formarán principalmente las viviendas en propiedad de los grandes especuladores: bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, constructoras, etc.
Estas empresas privadas son los mayores propietarios de viviendas vacías, que han fomentado durante los años la burbuja inmobiliaria y la circulación de grandes cantidades de ‘dinero negro’ que habitualmente se “lavaba” con la compra especulativa de inmuebles.
¿Qué beneficios tiene el alquiler social universal?
El primero de ellos y más importante es que garantizará el acceso a una vivienda digna en condiciones justas a la población actualmente excluida. La vivienda pasará a ser un derecho y no un privilegio de los más favorecidos.
Disminuiría de manera notable el número de viviendas construidas por lo que acabaría con la destrucción ambiental que el crecimiento urbanístico ha ocasionado en los últimos años.
El alquiler no supone una carga para la administración pública, ya que el demandante de vivienda será quien sufrague los gastos mínimos para mantener la vivienda en buenas condiciones.
El alquiler social universal eliminaría el lucro de los banqueros que se han hecho ricos cobrando intereses abusivos a los millones de hipotecados, así como el endeudamiento de la población.
Por otro lado la eliminación de ayudas fiscales y subvenciones a la adquisición de vivienda y la financiación pública a su construcción, permitirá destinar este dinero a otros fines más justos que reviertan en beneficio de la sociedad y no en el de los especuladores, así como la inversión en servicios públicos.
Permite la elección del lugar de residencia evitando el traslado forzoso hacia barrios o poblaciones alejadas del entorno social o del centro de trabajo en busca de una vivienda asequible, al que en la actualidad obliga a presión especulativa.
Alquiler Social Universal frente a Vivienda Protegida
El sistema de vivienda protegida lleva funcionando décadas en España desde que fue implantado por el franquismo sin que haya solucionado el problema del acceso a la vivienda.
El eje del sistema de vivienda protegida de promoción privada es la concesión de ayudas públicas para la financiación de la adquisición y subvenciones, a cambio de limitar el precio de venta de la vivienda durante unos años. Pero las ayudas acaban en el bolsillo del constructor o gestor, que ponen en práctica innumerables abusos para incrementar el precio de las viviendas muy por encima de su coste, e incluso del precio legal. Precisamente la subida del límite máximo del precio de venta de este tipo de vivienda en los últimos años la ha hecho inaccesible para buena parte de la población, por lo que mientras que en su origen la vivienda protegida estaba destinada a las rentas más bajas, ahora sólo pueden acceder a ella rentas medias-altas.
Tampoco la vivienda protegida de promoción pública es una solución al problema, puesto que además de haberse equiparado su precio a la de promoción privada, excluyendo por lo tanto a las rentas medias-bajas, no se adjudican a todos los demandantes de vivienda sino a una muy pequeña parte por sorteo.
Además la vivienda protegida pasa a al mercado libre en unos años, integrándose en la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto en el futuro la vivienda protegida de promoción privada debe desaparecer, mientras que la de promoción pública debe dar paso a un parque de viviendas de titularidad pública que serán destinadas en su integridad al alquiler social universal.
¿Hipoteca basura o hipoteca usura?
La legislación hipotecaria debe modificarse para que la subasta de la vivienda suponga la cancelación de la deuda pendiente de abonar al banco, de forma que sean las entidades prestamistas quienes asuman las consecuencias de la crisis que han generado concediendo préstamos basados en tasaciones fraudulentas y prácticas abusivas para obtener el máximo beneficio posible. La política de préstamos hipotecarios es pieza clave sin la cual no se hubiese producido la burbuja inmobiliaria y los hipotecados no deben pagar sus consecuencias.
¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas?
Hace ya meses que venimos asistiendo a la inyección de dinero público a constructuras, promotoras, inmobiliarias y por supuesto, a los bancos, nuevas formas de dar dinero público a empresas empeorando el problema de acceso a la vivienda. Por eso exigimos que ni un euro público
¿Por qué hay que despenalizar la okupación?
La okupación de viviendas vacías no genera ningún daño a la sociedad, al revés, es la existencia de viviendas vacías la que ha provocado una enorme injusticia social, debiéndose en todo caso considerar delincuentes a los grandes acaparadores de vivienda vacía con fines especulativos.
La okupación de viviendas está considerada delito por nuestra legislación, criminalización que supone una excepción a la regla general puesto que en muchos países europeos se ampara como un obstáculo sano a la libre especulación. La okupación de viviendas vacías debe ser despenalizada.”
Ver También:
http://www.asambleaporunaviviendadigna.org/
* V de Vivienda Madrid - 2009
Viviendas vacías para el alquiler social universal
Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de cárcel y 9 de inhabilitación por delito urbanístico
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EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, al regidor de la localidad malagueña de Sayalonga, José Luis Navas, por un delito urbanístico, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, posteriormente, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de la legalidad.
En la sentencia, contra la que se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena a Navas por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, mientras que se absuelve al constructor que había sido acusado por el fiscal por el mismo delito. Además, se declara la nulidad de la licencia concedida al promotor.
La resolución considera probado que el Ayuntamiento aprobó la concesión de licencias de obra para la construcción de vivienda unifamiliar en una parcela de la zona de 'Pago Batahiz' mediante decreto de marzo de 2000 en el que se condicionaba el inicio a la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa.
En ese expediente, el técnico municipal emitió un informe desfavorable al ser terreno no urbanizable. En octubre de 2006, se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad, aunque en febrero de 2007, el alcalde dictó otro decreto en el que acordaba el archivo del de disciplina, que se emitió con la disconformidad del secretario municipal.
Para el juzgador, el alcalde "prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad", por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma "palmaria" las normas urbanísticas vigentes.
En este caso, la sentencia indica que se infringió el ordenamiento jurídico "puesto que se otorgó una licencia al margen de cualquier planeamiento". Así, se apunta que conforme a la Ley del Suelo vigente en ese momento "no se cumplen los parámetros urbanísticos ni la obra es susceptible de legalización al no encontrarse afecta a un destino agrícola".
Por otro lado, señala que "no queda constancia" de un informe jurídico externo en el que se apoya el archivo del expediente de disciplina urbanística. El juez considera adecuada la petición de pena hecha por el fiscal, al indicar que "no sólo se concedió una licencia ilegal sino que, posteriormente, se archivó sin justificación alguna el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística".
Respecto al constructor, queda absuelto, y el juez se muestra contrario al criterio del fiscal, que entendía que cuando se iniciaron las obras en 2005 la licencia había caducado. En este sentido, dice que el permiso existía y la caducidad de la misma "ha de ser declarada por la administración concedente". Además, determina que en la licencia no aparecen los parámetros.
* Europa Press - 11.11.09
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
El Ayuntamiento de El Ejido pagó 24.500 euros por un trabajo que cuesta 2.000
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ELMUNDO/Almería* : Técnicos de las subcontratas de la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, pertenecientes a algunos de los empresarios encarcelados en la operación Poniente, se dedicaban a eliminar los partes de trabajo que presentaba cada operario al finalizar su jornada y a cambiarlos por facturas infladas muy por encima del coste real para conseguir que las obras de las empresas alcanzaran las cantidades de los convenios fijados, según se desprende de las primeras declaraciones judiciales y de la documentación conseguida por la Fiscalía Anticorrupción.
Ésta investiga a la trama corrupta de El Ejido, que burló los controles del Plan E con una empresa fantasma.
Con el inflado de las facturas, las subcontratas conseguían alcanzar las astronómicas cantidades consignadas en los convenios anuales firmados por Elsur, que solían ascender a más de seis millones de euros por empresa, aunque también se hacían un gran número de trabajos fuera de canon, lo que incrementaba aún más el dinero recibido desde el Ayuntamiento.
Además de las declaraciones de testigos, la investigación ha conseguido reunir un gran número de pruebas físicas del inflado de las facturas, que fueron 'salvadas' en un gran número de carpetas y archivos a tiempo, antes de que pudieran ser eliminadas. Asimismo, existen al menos dos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que responsables de las empresas dejarían meridianamente claro su modo de funcionamiento y la virtualidad de las mismas, pues en la práctica no aportaban material ni vehículos, lo que les permitía conseguir beneficios de hasta el 80% del canon fijado por Elsur para sus obras.
Entre las facturas que han llegado a la Fiscalía se encuentra, por ejemplo, la de un paso de peatones elevados en el bulevar de El Ejido, por las que una de las subcontratas facturó, fuera de canon, es decir, aparte del jugoso convenio anual, más de 27.000 euros. No obstante, el Ayuntamiento la revisó y la rebajó ligeramente, hasta los 24.509 euros, también muy por encima del coste real. El documento está fechado el 13 de marzo de 2006 y se justifica por parte del área de Obras Públicas, que es la que hace el encargo, en el hecho de que «hay un paso de peatones frente a Congelados Express y por ser una vía de mucha longitud los vehículos pasan a gran velocidad. Hacer paso elevado urgente».
En esta factura habría trabajado, según el parte de la empresa, un peón ordinario durante 304,17 horas, es decir, más de 38 días en caso de jornadas laborales de ocho horas. Pero es más, puesto que, junto a él se cobra el trabajo de dos oficiales durante nada más y nada menos que 146 y 149 horas, respectivamente, lo que supone más de 19 días, y un peón especial que habría empleado en la obra 51 horas, o sea más de seis días. En total, sólo la mano de obra durante este largo periodo de tiempo supuso 8.563,79 euros.
ELMUNDO.es ha consultado a empresas del sector que han asegurado que ofrecen a sus clientes la construcción de pasos de peatones elevados por no mucho más de 2.000 euros para un ancho de calzada de cuatro metros. En la factura de la subcontrata también llama la atención el uso de 9.400 adoquines de hormigón gris, con un coste de 1.880 euros, o la instalación de una señal por 1.104,48 euros.
Pero éste no es un caso aislado, puesto que ELMUNDO.es ha tenido acceso a una segunda factura de otros dos pasos de peatones elevados en el barrio de San Agustín por un coste total de más de 32.000 euros, con mano de obra y material muy similar a la anterior. De la misma forma, en el Consistorio fue rebajada también, hasta poco más de 24.110 euros.
A pesar de todo el material que se ha conseguido reunir, todavía se espera lograr más pruebas y testimonios sobre el funcionamiento de las subcontratas. Para ello está previsto que declaren testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, que son muy temidas entre quienes conocen a fondo el funcionamiento del Ayuntamiento.
«Aunque cueste creerlo, hay verdadero miedo a que cualquier día regresen quienes han mandado aquí y se tomen medidas contra los que hayan salido en la foto», explican fuentes de una de las partes. A este miedo habrían contribuido declaraciones de abogados según los cuales sus clientes podrían quedar en libertad pronto.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 11.11.09
Foto: El Ejido (Almería), mar de plásticos - J.Rojas (El País)
Arenas: El fiscal pide al Supremo la imputación de una senadora del PP
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EUROPAPRESS/Ávila* : El fiscal de la Audiencia Provincial de Ávila ha solicitado que la senadora del PP Carmen Aragón sea imputada por un delito de prevaricación urbanística presuntamente cometido cuando era alcaldesa de Arenas de San Pedro, por lo que pide que la Audiencia Provincial envíe el caso al Tribunal Supremo, por su condición de aforada.
En la resolución de un recurso, el fiscal indica que tanto ella como el resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local, como el arquitecto municipal, pudieron cometer ese delito al autorizar que un edificio levantase más altura que la permitida en las Normas Subsidiarias de planeamiento, lo que no fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, que había suspendido la tramitación de la modificación puntual de las normas.
El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortes, aprecia "la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación urbanística tipificados en el artículo 320 del Código Penal", ya que el Consistorio no ejerció "sus facultades de disciplina urbanística", y es "flagrante" la ilegalidad del acuerdo.
También la fiscalía subraya que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad". El Procurador del Común había solicitado "infructuosamente" informes sobre el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento requirió informes sobre el recurso de reposición del querellante.
La denuncia fue presentada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas, Javier Soler, de IU, cuando en 2006 era concejal en la oposición.
La senadora se la ofreció declarar de forma voluntaria, indica el fiscal, pero "declinó" hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, "prefiriendo mantener su privilegio procesal", por lo que cree que "es el Tribunal Supremo el competente para el conocimiento del asunto y además para enjuiciar también a los no aforados".
Junto a la senadora y ex alcaldesa, ahora concejala, en la denuncia figuran Valentín de León, Alejandro Blázquez, José F. Núñez y Benito Martín de Blas, siendo el último el único que se mantiene como edil.
* Europa Press - 10.11.09
Foto: Arenas de San Pedro (Ávila) - mundofotos.net
Caso Calero: La investigación no descarta nuevos imputados por el desarrollo de una urbanización de 78 viviendas en Telde
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TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria* : Agentes policiales detuvieron ayer al menos a 7 personas por supuesta corrupción urbanística en el marco de la Operación Calero, que investiga presuntas irregularidades en el desarrollo de una urbanización en Telde. Entre los imputados, dos funcionarios, un empresario y el ex registrador y el ex alcalde, Valido.
Sobre la acción policial existen versiones contradictorias, toda vez que, fuentes próximas a los afectados, rechazan la versión de que algunos fueran detenidos, sino simplemente citados a declarar en la Jefatura Superior, tras lo que se fueron a su casa.En cualquier caso, no se descartan nuevos imputados. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
Un nutrido grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer al menos a 7 personas vinculadas con el desarrollo de una urbanización en El Calero Alto donde se iban a construir 78 viviendas, según una información de Canarias7 en la que se abunda en la noticia que saltó ayer por la tarde a la primera plana de los periódicos digitales del Archipiélago.
Anoche, al filo de las 23.30 horas, cinco permanecían en la Jefatura Superior de Policía, en la capital, y dos fueron detenidos, declararon y se les dejó ir. El ex alcalde, Francisco Valido, no fue detenido, pero declaró como imputado y para hoy están previstas nuevas citaciones.
Según la información del rotativo de Inforcasa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento y cochecho en la reparcelación de esa parcela en 2005, donde se encontraban las instalaciones de Telpan, al pie de la vía de El Calero. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
En la noticia se señala además que entre los imputados figura el empresario Félix Machín; un trabajador suyo, Ignacio Calandria; el ex registrador de la propiedad en Telde y actual registrador mercantil, Adolfo Calandria, hermano del anterior; el abogado Miguel Ángel Martín Zurita; el arquitecto y ex redactor del Plan General de Ordenación de Telde, en vigor desde 2002, Jesús Álvarez; el ex jefe de Patrimonio Municipal, el abogado Pedro Pablo Santana; y el ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena.
Felíx Machín hijo aclara que su padre no fue detenido
No obstante, Félix Machín, de igual nombre, negó ayer que su padre fuera detenido por orden de la jueza, resaltando que en todo caso su progenitor es un afectado por el caso. No obstante, fuentes policiales consultadas por Canarias7 aseguraron a este medio que el empresario fue detenido en sus oficinas y conducido a la comisaría para declarar como imputado en la trama de corrupción desvelada, tras lo cual pudo volver a su casa. Se lamenta Félix Machín hijo de que este trajín afecta a la reputación de su padre, largamente cosechada.
En el marco de esta operación Calero se registraron ayer las oficinas de Félix Machín, en San Gregorio, y el despacho de arquitectos de Jesús Álvarez en la capital. Este último arrancó pasadas las 10.00 y se prolongó más de siete horas.
* Telde Actualidad - 11.11.09
Foto: Solar de Telpan - TELDEACTUALIDAD
Andalucía: Chamizo pide una moratoria que prohíba la edificación en zonas de influencia del litoral
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DIARIODESEVILLA* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió este martes que el valor "excepcional" del litoral andaluz y su "extraordinaria" fragilidad se han visto dañados por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que pidió a las poderes públicos que apruebe una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
De este modo, Chamizo, quien entregó el informe Ordenación del Territorio y Urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz realizado por la institución a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, explicó que esta moratoria debería de servir para que los poderes públicos y agentes sociales decidan "cuál es el modelo de ordenación del litoral" que se va ofrecer a las generaciones futuras.
Según lamentó el Defensor, a pesar de la "desaceleración" del ritmo de construcción motivado por la crisis económica, la situación en el litoral andaluz es de "tal gravedad que sus valores naturales no son ya reconocibles en la mayoría de su trazado". No obstante, apuntó que aún quedan algunas franjas del litoral, sobre todo en la provincia de Cádiz, que aún están libres de la especulación y manifestó su temor de que este modelo de desarrollo presente en la costa se extienda al interior "donde el 90 por ciento del territorio es aún recuperable".
Asimismo, recordó que, 20 años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, "todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20 por ciento de nuestro litoral", por lo que instó a las administraciones a "impulsar" el mismo y adoptar "cuanta medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado", contemplando las compensaciones necesarias.
Igualmente, destacó como otras de las cuestiones "más urgentes" en esta materia desveladas a partir del citado informe, es la "ausencia de respeto a la legalidad urbanística y la impunidad con la que se actúa", advirtiendo de que la institución ha podido comprobar "cómo las corporaciones municipales inician expedientes sancionadoras que luego no concluyen o no ejecutan sus resoluciones".
Por ello, solicitó que se "refuercen" los servicios técnicos de los Ayuntamientos a través de convenios con Diputaciones Provinciales y la Junta, así como que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) realice una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Además, incidió en la "necesidad" de abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio".
Asimismo, hizo hincapié en que los ayuntamientos impidan que, al amparo de licencias para la construcción de aperos o edificios similares, se construyan viviendas para uso residencial violando la legalidad urbanística e insistió en que, en los procedimientos judiciales en que las administraciones públicas sean parte demandante, soliciten "como norma general la demolición de lo indebidamente construido".
Urbanizaciones ilegales
En cuanto a las urbanizaciones ilegales, de la que existen en Andalucía "al menos unas 1.000", Chamizo reprochó que, pese a tratarse de un problema de "extraordinaria entidad", "muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario". Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades "impidan la consolidación de las infracciones", llegando incluso a su demolición si fuera necesario.
En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones "nunca las arcas municipales".
Por otro lado, criticó que "no haya una respuesta suficiente a la extraordinaria demanda de vivienda protegida que existe en la actualidad", advirtiendo de que "si se hubieran asumido los planes en vigor en época de bonanza económica, el problema de la vivienda en Andalucía ofrecería un perfil muy diferente del que ahora tiene", y pidiendo que se procure el acceso a una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía.
No obstante, afirmó que "estamos demasiados obsesionados con la propiedad", apostando por "fomentar el régimen de alquiler para determinadas edades o situaciones de la vida".
Pervivencia del chabolismo
El Defensor alertó de que "aún perviven tres grandes asentamientos chabolistas en Andalucía, como son Torreblanca y El Vacie en Sevilla y los Asperones en Málaga y apuntó que "la mayoría de los que han desaparecido lo han hecho más por acción de la presión urbanística que por un plan que haya atendido a las necesidades de sus habitantes".
Así, recomendó que en los respectivos planeamientos urbanísticos, se contemple la supresión de estos grandes asentamientos, financiando su demolición y el realojo en viviendas normalizadas con cargo a los promotores de su ejecución, poniendo en práctica los poderes públicos "programas de tutela de intervención social que ayuden a los chabolistas a salir de su situación y que contemplen aspectos laborales y educativos".
De otro lado, Chamizo reprochó que "hay que tener en cuenta" de que la "mayoría de los planeamientos urbanísticos aprobados que hoy se consideran insostenibles incluso por los propios responsables de las Administraciones, obtuvieron en su día el beneplácito de sus órganos más representativos, como los plenos de los ayuntamientos y la aprobación de los órganos autonómicos", por lo que recomendó que, de modo previo a la ratificación de planes urbanísticos se "evalúen sus previsiones en términos ambientales y sostenibles".
También subrayó que es "fundamental" que los municipios de Andalucía digitalicen la documentación urbanística a fin de ponerla a disposición de toda la ciudadanía y fomentar un urbanismo "más participativo y de transparencia absoluta".
Por otro lado, consideró "lamentable que todavía existan vertidos agrícolas y urbanos sin depurar adecuadamente", por lo que demandó la realización de un estudio de las instalaciones existentes de depuración de aguas residuales en los municipios del litoral, las características de los emisarios y le número y entidad de los vertidos directos al mar para sanear las playas andaluzas.
Además, señaló la pervivencia todavía en suelo andaluz de muchos pasos a nivel, por lo que recomendó que se supriman con "la mayor rapidez posible", priorizando aquellos de mayor riesgo.
En general, el Defensor lamentó que los "continuos cambios del régimen jurídico de la ordenación urbanística han dificultado la creación de un escenario normativo permanente", por lo que sugirió que las próximas modificaciones "se aborden esforzándose por conseguir las máximas cotas de consenso".
* Diario de Sevilla - E. P. - 10.11.09
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
Sedesa, salpicada por el ‘Gürtel’, exige 4,8 millones a Sanxenxo
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XORNAL/Pontevedra* : El grupo valenciano Sedesa, investigado por su posible vinculación al caso Gürtel, reclama 4,8 millones de euros al Concello de Sanxenxo. La cantidad fue abonada por la empresa por una “exención de obligación” de construir viviendas protegidas en una promoción urbanística en el municipio.
El pasado lunes, la alcaldesa, Catalina González, firmó la “inadmisión del recurso” de la compañía y llevará el tema a un pleno que se celebrará este lunes a las 9.30 horas.
Los precedentes del caso arrancan en 2003, cuando el PXOM de Sanxenxo aprueba dos promociones urbanísticas en Monte Faro. El alcalde era por entonces Telmo Martín. No sería hasta 2006 cuando Mirador de Sanxenxo, filial de Sedesa, recibe la autorización para el proyecto. Ambas partes llegan a un acuerdo por el cual la empresa abonó la cantidad de 4.797.796 euros por “la exención de obligación de reserva de edificabilidad destinada a vivienda sujeta a protección”.
La promoción se demoró con posterioridad, debido entre otras cosas a la paralización de la misma por parte de la Consellería de Medio Ambiente del bipartito. La Xunta consideró que el proyecto carecía de un plan de saneamiento y depuración de aguas adecuado.
El pasado 10 de septiembre, el Ejecutivo del PP sí dio luz verde a la urbanización, pero la compañía se encuentra con un nuevo problema. La Consellería de Vivenda, cuando estaba en manos de la nacionalista Teresa Táboas, modificó la normativa vigente para que, de forma obligatoria, el 20% de cada promoción se destinase a vivienda protegida.
DEVOLUCIÓN DEL DINERO
Ante esta nueva obligación legal, Mirador de Sanxenxo presentó el pasado mes de septiembre un recurso en el que se solicita la devolución de los casi cinco millones de euros. “De hecho, por medio de la presente, solicitamos el reembolso de dicha cantidad por cuanto la misma fue entregada para modalizar el cumplimiento de tal obligación que inicialmente, antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2008, podía ser objeto de exención”, sostiene la empresa.
El texto continúa: “Esta parte no logra comprender en virtud de qué hechos y fundamentos esta administración supone que tal importe no debe reintegrarse a quien lo aportó, como consecuencia de que no cabe ahora tramitar un plan parcial que no incorpore la reserva del 20% para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”.
En el recurso, la filial de Sedesa acusa al Concello de Sanxenxo de “un enriquecimiento sin causa alguna y, por tanto, un enriquecimiento injusto, puesto que la causa de la entrega de la modalización se fundamentó en no reservar el 20% del suelo para la construcción de viviendas sujetas a protección”.
RESPUESTA MUNICIPAL
En la contestación de la alcaldesa a la empresa, el pasado lunes día 2, el grupo de gobierno propone al pleno municipal la “inadmisión” del recurso de reposición de Mirador de Sanxenxo.
“Non caben os recursos en vía administrativa contra o acordo de Aprobación Definitiva do Plan Parcial de Solo Urbanizable número 14 (SU-14) do vixente PXOM de Sanxenxo; sendo unicamente viable, de conformidade co referido art. 107 LPC e a xurisprudencia do máis Alto Tribunal ó respecto, o recurso ante a xurisdicción contencioso-administrativa”, sostiene el texto firmado por la alcaldesa, que además apunta: “Obvio é dicir, que a inadmisión do recurso, en boa técnica forense, imposibilita entrar no fondo do asunto”. Si en el pleno del lunes se confirma el rechazo, la empresa no descarta tomar otro tipo de medidas.
* Xornal - Pablo G. Quintas - 07/11/2009
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Palma: Jaume Matas solo ha justificado el pago del 5% de la reforma de su ´palacete´
DIARIODEMALLORCA* : Jaume Matas, ex president del Govern del Partido Popular (PP) e imputado en el sumario por la presunta corrupción en torno al velódromo Palma Arena, solo justificó con facturas menos del 5 por ciento del coste de dos millones de euros de la rehabilitación de su vivienda en la calle San Felio 8 de Palma, bautizada coloquialmente como el ´palacete´.
Juan Serra Cladera, el constructor que hizo la reforma de la planta noble de la antigua casa señorial de Can Sales Menor para Matas, simultaneó estos trabajos con las obras de la nueva sede del PP en la calle Palau Real.
Una primera estimación de los peritos que el pasado viernes asistieron al registro de la casa de Matas en San Felio elevó a unos dos millones de euros el coste de la reforma y adaptación de la planta primera de la antigua Can Sales Menor.
Este primer peritaje ha sido cuestionado por algunos expertos en reformas inmobiliarias que, sin haber visto la casa de Matas y partiendo de una superficie de vivienda útil de unos 500 metros cuadrados, han tachado de exagerado el precio de cuatro mil euros por metro cuadrado de rehabilitación.
No obstante, los datos recogidos en la dilatada inspección ocular del pasado viernes tendrán que ser plasmados en un informe, que se redactará con otros elementos y pruebas periciales.
Cuando la vivienda de San Felio fue comprada, en abril de 2004, por el entonces president del Govern y su familia, el inmueble estaba en un estado muy deplorable y era casi inhabitable. En las pesquisas realizadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil únicamente han aparecido facturas por unos 92.000 euros, de la reforma tasada en 2 millones de euros.
Estos documentos han sido entregados a los investigadores por Juan Serra Cladera, vecino de sa Pobla, conocido de los ex presidentes del Govern Gabriel Cañellas y Jaume Matas, y único constructor identificado dentro de la rehabilitación del ´palacete´.
Arquitectos del Palma Arena
Serra ha manifestado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que, a mediados de 2004, estaba realizando las obras de la nueva sede del PP en la calle Palau Reial. Estos trabajos fueron dirigidos por los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, que luego fueron fichados verbalmente por Jaume Matas para acabar el velódromo Palma Arena. Los dos técnicos y el ex dirigente conservador se hallan entre los principales imputados por el sumario del Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno a la construcción y primeros eventos celebrados en dicho velódromo.
El constructor de sa Pobla ha explicado que disponía de una cuadrilla de unos once obreros, que trabajaban en Palau Reial. Sin embargo, y de forma no permanente, el industrial destinó tres o cuatro albañiles para que fueran adelantado trabajo en San Felio.
"Maite Areal (esposa de Matas y también encausada) nos daba las instrucciones sobre la reforma integral que hicimos en el inmueble", ha señalado el testigo Serra.
El constructor dijo que inicialmente desmontaron y acondicionaron la primera planta de la vieja casa señorial y tomaron catas para determinar el estado real del inmueble. Según Serra, las obras del ´palacete´ estuvieron paradas unos meses y se prolongaron durante cerca de dos años, entre 2004 y 2006.
El testigo sostiene que su tarea consistió en "desmontar dos chimeneas antiguas"; hacer tres baños en otras tantas habitaciones; "reformar otros dos baños que ya había en la casa"; "picar varias paredes y volverlas a enlucir"; embaldosar una cocina y una terraza anexa; y realizar todas las obras de albañilería requeridas por fontaneros, electricistas, especialistas en climatización y otros profesionales.
Serra cobró a Matas y Areal un poco más de 92.000 euros por sus servicios. El industrial ha reconocido que hasta finales del 2006 no facturó sus trabajos y recibió ese dinero, pero ha explicado que el entonces president del Govern era una persona que ofrecía todas las garantías para poder aplazar el cobro.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. - 10.11.09
Foto: Un instante del registro en el número 8 de San Felio. - Efe
Sevilla: El TSJA da un revés a los dueños de Tablada al impedirles construir
ELPAÍS* : Los dueños de Tablada, la mayor bolsa de suelo virgen de Sevilla (367,4 hectáreas), han recibido el primer gran varapalo judicial desde que el Ayuntamiento inició, hace más de ocho años, la batalla para impedir que se urbanice la dehesa. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por los propietarios, unidos en la agrupación Tablada Híspalis, contra la resolución de la Consejería de Obras Públicas que aprobó definitivamente el nuevo PGOU de Sevilla.
En concreto, los empresarios pedían que se anularan los puntos del plan referidos a la calificación de Tablada como suelo no urbanizable de especial protección.
Los jueces, sin embargo, consideran que la Administración es la que tiene "la potestad del planeamiento". Pero más allá de los aspectos formales, los jueces consideran que la Junta y el Ayuntamiento tienen razón al calificar Tablada como no urbanizable para poder preservar "el carácter natural o rural de los suelos de la dehesa". También queda en entredicho la decisión de los empresarios de impugnar la revisión del PGOU justo en un aspecto, la calificación de Tablada como no urbanizable, que no se ha modificado en el nuevo plan. "Se impugna la revisión del plan general, pero en lo que se refiere a los terrenos objeto de las actuaciones, la revisión del plan general no ha variado la clasificación del suelo, pues en el Plan General del 87, la clasificación correspondía a la categoría de no urbanizables, la que se mantiene".
Tampoco dan los jueces la razón a los empresarios cuando tratan de esgrimir un convenio firmado en 1999 entre el Ayuntamiento y las cajas de ahorro El Monte y San Fernando (entonces dueñas de los suelos) para declarar urbanizable la zona cuando se revisara el PGOU. "Sabido es que los convenios urbanísticos no vinculan las potestades de planeamiento", advierte la sentencia, que también desestima la intención de los empresarios de utilizar para combatir la actual clasificación del suelo las dos sentencias en contra que ha recibido la intención municipal de expropiar Tablada.
A lo largo del texto, los jueces avalan en varias ocasiones la adecuación del PGOU a la normativa estatal y autonómica "sin vulneración en la clasificación de precepto estatal ni autonómico alguno". Pero quizás los argumentos que más implicaciones pueden tener para el futuro de Tablada sean los que advierten de la imposibilidad de llevar a cabo en estos terrenos los proyectos urbanísticos de los actuales propietarios y respaldan los planes municipales.
Este espaldarazo del TSJA llama la atención, sobre todo, porque supone un cambio de criterio respecto al último fallo del alto tribunal sobre la dehesa y ello a pesar de que dos de los tres jueces que firman esta sentencia son los mismos que redactaron la anterior. Los magistrados dan ahora la vuelta a alguno de sus argumentos para concluir que Tablada no podrá acoger edificios, pero sí el parque periurbano que planea el Ayuntamiento o incluso el recinto de la Feria de Abril, otra de las posibilidades que ha sugerido el gobierno local.
La sentencia favorece sin duda al Ayuntamiento. Con todo, según el fallo anterior del TSJA, la condición de no urbanizable impide la expropiación, por lo que las dos partes están condenadas a negociar. En ese diálogo, la calificación de Tablada como no urbanizable abarata el coste de los suelos y favorece al gobierno.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 10/11/2009
Foto: Vista aérea de los terrenos de Tablada, con Sevilla al fondo, tomada desde la Punta del Verde. - diariodesevilla.es
Málaga: Urbanismo privatiza Echeverría
LAOPINIÓN* : El Ayuntamiento de Málaga ha decidido declarar como privado uno de los dos conjuntos que forman la urbanización Echeverría de El Palo, que desde su construcción en 1975 tienen el carácter de público, haciendo caso omiso para ello de varios decretos y resoluciones municipales, además de dos sentencias judiciales que a lo largo de estos 34 años han promulgado el carácter público de estos dos conjuntos.
El carácter privado de esta urbanización que tiene 464 viviendas y 51 locales lo firmó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el pasado mes de agosto.
Frente a un importante número de vecinos que han aplaudido la medida, hay otros que se muestran en contra y la han recurrido. Estos últimos muestran su extrañeza de que el Ayuntamiento haya tomado una decisión que consideran que va en contra de anteriores medidas municipales y de fallos judiciales y además es contradictoria, ya que ha decretado la privacidad de uno solo de los dos conjuntos mientras que el otro, de idénticas características, permanece con su carácter público.
A la cabeza de los vecinos que se oponen a dar carácter privado a este recinto se encuentra Luis Gutiérrez, presidente de uno de los bloques de viviendas. Gutiérrez ha presentado un recurso administrativo contra la decisión municipal. Argumenta que la consideración de pública de la zona viene reflejada en el Plan General (PGOU), que aprobó el pleno municipal, por lo que algo aprobado en sesión plenaria no puede ser "cambiado diametralmente" por un simple decreto.
Alega igualmente el perjuicio que acarreará a muchos de los locales comerciales del recinto y que también va a suponer para los vecinos "un desembolso económico muy importante" para costear su mantenimiento, "al que muchos no podrán hacer frente". La documentación aportada por el Ayuntamiento sobre esta urbanización permite constatar cómo desde su inicio, según reflejan sus propias escrituras de constitución, la zona está considerada pública.
Antecedentes
En 1990, siendo alcalde el socialista Pedro Aparicio, éste envió al juzgado número 4 un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que afirmaba que "la totalidad de los terrenos ocupados por la denominada plaza Miramar de El Palo tienen y han tenido desde el momento en que acabó su construcción la consideración de públicos", y añadía más adelante que el PGOU "no recoge el suelo que ocupa la plaza como patio interior de la urbanización, sino como viario". En 1996, con Celia Villalobos (PP) de alcaldesa, ésta contestó a una pregunta afirmando en su respuesta que "según los datos obrantes en el servicio de planeamiento y gestión urbanística del patrimonio municipal, la parcela que forma el Pasaje Miramar de El Palo es pública".
También la justicia ha sido clara. En 1991, el juzgado número 2 falló en contra de la comunidad de propietarios, que había exigido a los dueños de locales que tenían puertas abiertas en la parte interior del recinto que las cerrasen al ser un recinto privado. El juez consideró esa exigencia "contraria a la ley" al concluir que los locales están en lugares comunes (públicos).
Las críticas
Luis Gutiérrez y los otros vecinos contrarios al carácter privado del recinto señalan a Ricardo Abá, el presidente del conjunto de bloques de la urbanización, como el "instigador" que ha hecho posible el cambio de postura del Ayuntamiento.
Gutiérrez explica que Ricardo Abá "siempre ha considerado la urbanización como privada sin serlo, y ha actuado en consecuencia". Así, cuentan que el presidente "ordenó quitar y guardar todas las papeleras que había en el recinto porque llevaban grabado el escudo y el emblema del Ayuntamiento".
También critican que Abá ha sido el que ha logrado introducir la seguridad privada en el recinto, "que supone un coste mensual de unos 7.000 euros y que sería innecesaria ya que si la zona es pública debía estar bajo control de la Policía Local".
Para estos vecinos contrarios a la privacidad del recinto, detrás de la obtención del carácter privado "hay otros intereses" y apuntan al proyecto que está preparando Ricardo Abá para renovar toda la solería, jardinería y el patio interior que "tiene un primer presupuesto de 1,3 millones de euros que al ser ahora un recinto privado deberemos costear todos los vecinos".
A éstas y otras críticas no ha querido responder Ricardo Abá, que ha declinado, pese a la insistencia, hacer declaraciones al respecto.
* La Opinión de Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 10.11.09
Foto: Enjaulados. La urbanización está rodeada por una verja con puertas que se cierran de noche y los fines de semana - G. Torres, laopiniondemalaga.es
El Puerto de Marín alega que es imposible demoler el relleno ilegal
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ELPAÍS/Pontevedra* : El presidente del Puerto de Marín-Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, convocó ayer un consejo de administración extraordinario para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de Placeres, uno de los mayores de Galicia. El fallo, que anula todo el Plan Especial portuario, cuestiona seriamente la legalidad de los rellenos ejecutados en la ría pontevedresa, que tantas veces han denunciado ecologistas y mariscadores.
Suárez Costa se desmarcó con una advertencia: desmontar el relleno puede tener un coste ambiental más agresivo que el propio relleno. Su aviso no ha hecho mella en la asociación que recurrió el relleno, que ayer anunció que irá a por la ejecución de la sentencia "con todas las consecuencias".
Suárez Costa defendió que "todas las obras que ha hecho esta Autoridad Portuaria cuentan con una declaración de impacto ambiental", por lo que sostiene: "Desde ese punto de vista, no hay ningún fallo". El hecho es que la sentencia se basa precisamente en la ausencia de ese estudio para el relleno, de más de 300.000 metros cuadrados de superficie. El futuro pasa ahora, dijo el presidente del Puerto, por pedir consejo al jefe de la Abogacía del Estado para determinar los próximos pasos. Suárez Costa también tiene previsto reunirse con el director del ente portuario para conocer los trámites realizados en este sentido, ya que hace sólo unos meses que ocupa la presidencia.
Ante las graves repercusiones que podría tener la reposición de la legalidad (dos empresas se asientan en ese suelo: Pérez Torres y Gonvarri), advirtió que el daño ambiental de esa actuación para devolver los terrenos a su estado original podría ser mayor que al ya realizado. La sentencia obliga a Xunta, Diputación de Pontevedra y Autoridad Portuaria a efectuar "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado". El Supremo establece un reparto del coste de esta reposición del 30% para la Administración autonómica, 20% para la provincial y 50% para el Puerto.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recordó ayer que el Partido Popular gobernaba entonces en la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento, tres instituciones directamente afectadas por el fallo judicial, mientras que el BNG local ya votó en contra del relleno a fin de evitar convertir el puerto "en un polígono industrial". "Se saltaron los informes municipales", pese que "se advirtió claramente la necesidad de declaración de impacto ambiental".
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha decidido esperar a tener la sentencia en sus manos para pronunciarse. De momento, sin embargo, ha descargado responsabilidades, ya que la aprobación del Plan Especial se produjo en el 1993, cuando la presidencia provincial la ocupaba César Mera, "y de cuya corporación Louzán no formaba parte", puntualizan fuentes del organismo. El documento, insistió ayer Louzán, fue respaldado por todos los grupos (PP, BNG y PSOE) con excepción del independiente Antonio Nieto Figueroa, Leri.
Además, el presidente de la institución provincial puso sobre la mesa que éste es un ejemplo de cómo la "lentitud" de los propios procesos judiciales puede conllevar prejuicios a terceros. Ahora, señaló, "16 años después tendrán que sentarse todas las administraciones implicadas y ver qué puede ejecutarse de la sentencia", ya que "habrá cosas inejecutables" para las que deberá establecerse alguna fórmula compensatoria.
La asociación que presentó la demanda, una plataforma vecinal de Placeres, se apresuró a anunciar que considera que todo el fallo del alto tribunal puede ejecutarse. "Hasta se establecen los porcentajes del gasto", señala Manuel García, portavoz de la organización.
La plataforma estudia con su equipo jurídico una petición formal al Supremo para que inste a las administraciones a desmontar el relleno, "tenga el coste económico que tenga", y recelan del argumento del mayor daño ambiental que supondría la obra.
Pero la sentencia tiene más vertientes que la propia ejecución del relleno. Al ilegalizar la ampliación y el Plan Especial que lo sustenta, las licencias que amparan a las industrias allí instaladas "deben ser revocadas", sostienen los vecinos de Placeres. "Lamentamos que no sea el mejor momento económico para que ocurra esto, pero defenderemos la legalidad", asegura Manuel García. "Todo lo que está encima del relleno es tan ilegal como el propio relleno. No hay vuelta de hoja: pediremos que se ejecute la anulación de las licencias".
La otra administración implicada, la Xunta, que en octubre de 2000 aprobó el Plan Especial del Puerto pese a las deficiencias señaladas por el Tribunal Supremo, eludió comentar la sentencia.
Fuentes próximas a Urbanismo de la administración autonómica coincidieron con el presidente del Puerto en considerar que la sentencia es de difícil ejecución y que los daños ambientales pueden ser relevantes.
Porro sigue adelante con el Areal
La sentencia del Tribunal Supremo no altera los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo. El puerto vigués carece, como el de Marín-Pontevedra, de un Plan de Utilización de Espacios Portuarios que avale el crecimiento sobre el mar, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declara ilegal la ampliación de Placeres. Pero la presidenta, Corina Porro, cree que son casos totalmente distintos, por lo que anunció que sigue adelante con sus proyectos.
Entre estos planes se encuentra el relleno del Areal, que en su primera fase ganará 40.000 metros al mar. Porro rechaza que se trate de un relleno, dado el sistema de sustentación por pilotes de la nueva plataforma. "No voy a autorizar ni un metro cuadrado de relleno en Vigo", sostiene. Y sobre el Plan Especial que ampara las obras -un documento que, según el Supremo, no puede prever actuaciones de este tipo-, señala que "cuenta con todas las bendiciones ambientales". "Siempre que hemos ido a los tribunales, la justicia ha acabado dando la razón al Puerto", asegura.
El denominado plan de usos de Vigo, en tramitación, tardará al menos año y medio en entrar en vigor, según cálculos de la Autoridad Portuaria. Y sin ese documento, "la totalidad de los terrenos y láminas de agua del puerto vigués sigue en la más estricta ilegalidad", sostiene la asociación A ría non se vende, que denuncia "el paralelismo entre los casos de Marín y Vigo". La organización ecologista no detiene en Areal los efectos de la sentencia, sino que los extiende al resto de proyectos. Entre ellos, el puerto deportivo de Massó, en Cangas.
* ELPAIS.com - L. VARELA / P. LÓPEZ - Santiago / Vigo - 10/11/2009
Foto: Puerto de Marín-Pontevedra- XURXO LOBATO, elpais.com
Vecinos de Las Huertas vuelven a defender su tierra delante de las palas
ELDÍA/Tenerife* : Los que defienden su derecho a la titularidad de la parcela 92 del Polígono que urbaniza Desurcic, filial de Mapfre, obligaron ayer a retirar una excavadora que trabajaba en el límite con el solar más cercano a la entrada al barrio de El Suculum. Vuelven a reclamar "nuestra tierra, no queremos negociar otra cosa". La de ayer fue otra mañana movida en el Valle de las Huertas.
En esta ocasión no en la zona de casi siempre, la baja, sino en la alta, camino de Igueste de San Andrés y muy cerca del llamado "chalet del francés" y de la entrada al barrio de El Suculum. Allí, Jaime Govea García, su esposa, Lourdes Cabrera Pérez, y una sobrina, Macarena, se opusieron al trabajo de una pala de Desurcic, filial de Mapfre, que desde las siete de la mañana trabajaba y a las diez estaba a punto de cruzar el límite, marcado con cal en la pared de piedra, de la parcela 92 que entienden propiedad de Lourdes y su hermana Juana, producto de la herencia de su madre, Juana Pérez Mesa.
Fue Macarena la que se puso delante de la pala, retirada posteriormente sobre el mediodía después de a primera hora tener un cambio de impresiones con la representante de la empresa. Le dijeron al palista que parara y lo hizo de inmediato. Lourdes Cabrera recuerda "una batalla que viene desde hace 45 años. Ya otra vez intentaron entrar por arriba y tuve que coger un taxi con la escritura de propiedad". Añade que "ahí encima está la primera casa que se hizo en El Suculum, en un solar que mi madre le vendió a un vecino, José Belén, para hacer un gallinero. Si no nos ponemos delante hubieran entrado".
"Queremos la tierra".- Jaime Govea fue concluyente: "Queremos nuestra tierra, sin más negociación y este mensaje se lo mandamos a quien lo está intentando. Nuestro caso lo lleva el abogado Juan José Rodríguez y tenemos muy claro lo que queremos. Aquí hay 14.000 metros cuadrados aproximadamente que son herencia de mi mujer y mi cuñada de su madre. Que den la cara los que vendieron a Mapfre. Estamos un poco cansados, pero dispuestos a seguir defendiendo lo que es nuestro. Y hay nuevas generaciones, hijos, nietos y biznietos, dispuestos a mantener la memoria de sus ancestros. Seguro que si no nos oponemos como hemos otras veces se hubieran metido seguro en nuestra parcela".
La depuradora tampoco.- Por otro lado, una comisión creada por la Gerencia de Urbanismo buscará una nueva ubicación a la Estación Depuradora (EDAR) que se pretendía construir en el Valle de Las Huertas, en la zona de La Roseta, a 350 metros del barrio y a unos 30 del campo de fútbol del CD San Andrés. Eso se resolvió tras la reunión celebrada entre el gerente, Eduardo Risueño, y la AAVV Los Pedacillos, junto a su representante legal, Pedro Fernández Arcila al que agradecen "su esfuerzo, igual que a los que han colaborado en esta lucha". La primera cita está prevista el 25 de noviembre. Formarán el grupo de trabajo técnicos municipales, asociaciones vecinales y representantes de la Dirección Técnica de Mapfre. Decidirán una nueva ubicación, fuera de Las Huertas y San Andrés, con alternativas como Jagua o el solar del antiguo Instituto Oceanográfico.
* El Día - JOSÉ D. MÉNDEZ, S/C de Tfe. - 10.11.09
Foto: Zona del Valle de Las Huertas - Tony Cuadrado, eldigitaldecanarias.net
Crónica de una especulación anunciada
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : El genial García Márquez, a partir de un hecho real sucedido en 1951, comienza su novela Crónica de una muerte anunciada por el final: Santiago Nasar, que tranquilamente pasea por el pueblo, “está muerto”. Todos sus vecinos lo sabían, menos él. Guardando las proporciones –faltaba más– algo parecido sucede en Sevilla siglo XXI. (Tablada)
Acerca de una especulación anunciada (Ed. Padilla 2003)
Todos lo saben, menos los ‘poderes públicos’ que, según el art. 47 de la Constitución, tienen la obligación de impedirla. La cronología lo corrobora. Tablada es el único suelo virgen en Andalucía que, desde hace 12.000 años, nunca ha sido arado. Sólo por este hecho debería estar especialmente protegido. ¿Por qué el Parlamento ha resuelto no incluirlo en el Inventario de Espacios Protegidos y la Consejería de Medio Ambiente calla?
Mal Lara en 1.570 por primera vez menciona Tablada. En estos terrenos tenía su Huerta Merlina.
La Federación Aérea Guadalquivir quiere hacer un museo con
motivo del 1er Centenario del aeropuerto(2.010). En Tablada dejó de
estar operativo por la construcción del Puente del V Centenario.
Para la Base Militar, en 1.935 el Ministerio compró la dehesa cedida previamente por el Ayuntamiento –según Nicolás Salas, propietario desde 1.252– a la Compañía
aérea CETA. Por esta razón precisamente, cuando el Ministerio, tomando en cuenta el derecho preferente en 1.996, ofrece la venta al Ayuntamiento y obtiene respuesta negativa de Soledad Becerril y Alejando Rojas Marcos, a la fecha alcalde y vicealcalde, saca a subasta pública esos terrenos.
Serán adquiridos por una entidad financiera sobre cuyos orígenes y finalidad Manuel Titos dice: El siglo XIX alumbró en Andalucía dieciséis Cajas de Ahorros y Montes de Piedad con distintos orígenes fundacionales pero con idénticos objetivos: el fomento del ahorro como regenerador moral, económico y social y el combate contra la usura.
El Monte, contradiciendo lo dicho, adquiere 356,8 Hs. de suelo rústico inundable en 48 millones de euros y, cinco años después sin invertir ni un solo “duro”, lo vende
a nueve inmobiliarias dedicadas a la edificación, en 78 millones. Se desata así un proceso de pura y dura especulación que todavía no ha terminado. Los poderes públicos quieren pero no pueden integrarse en él: los propietarios, ya en 2.004, exigían 210 millones.
Con respaldo del Tribunal Superior de Justicia y del Parlamento Andaluz que ha rechazado la solicitud del Pleno del Ayuntamiento para declarar espacio protegido
al Parque Metropolitano que consta en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla Potaus (aprobado por la Junta) ahora, los propietarios exigen que si les expropian el suelo para dedicarlo a Parque Periurbano como sugiere el PGOU y ordena el Potaus, el justiprecio deberá ser el de suelo urbano.
En esas condiciones, tomando en cuenta expropiaciones similares realizadas, el precio podría ascender a 240 millones; una cantidad de euros superior a la que el
Ayuntamiento ha gastado para hacer tres obras: el Metrocentro (90 mill.), los Champiñones de la Encarnación (54 mill.) y el servicio con mayor rentabilidad social, SEVICI (18 mill.)
Sin invertir ni un solo duro, las inmobiliarias exigen tener un beneficio de entre
162 y 192 millones. Y claro, como los ‘poderes públicos’ no encuentran cómo salir de este proceso, han comenzado a ver con simpatía, pero sin comprometerse, la
tercera vía presentada por los dueños de Tablada a través de una empresa de expertos: primero, inundar el suelo para crear el Charco de Tablada (azul) con el
fin de atraer a los flamencos y a otros pajaritos que están en Doñana; segundo, hacer el Parque Metropolitano (POTAUS, verde) y tercero, con el fin de generar puestos de trabajo, edificar en su borde (gris) con proyectos de los más destacados arquitectos del mundo.
Están agotando posibilidades. Ya lo intentaron en diciembre de 2002: los siete propietarios de Tablada presentaron sendos proyectos en un ámbito de 700 hectáreas
(250 más que la superficie de propiedad del Consorcio) para colonizar el parque de Tablada.
Según se deduce, a partir del justiprecio para la expropiación, lo que finalmente exigen es firmar otro Convenio Urbanístico con una edificabilidad equivalente, al menos a la de un conjunto de 15.000 viviendas, claro está, con una dotación verde (parque equipado) y otra azul (suelo inundado). Como a todas luces las dos iniciativas propuestas por los propietarios de Tablada son claramente inaceptables porque el artículo 47 de la Constitución así ordena a los ‘poderes públicos’; el
Ayuntamiento tendría que pensar en la posibilidad de usar un recurso técnico y legal que cae en su competencia: reclasificar el suelo de Tablada y ponerlo en el PGOU como espacio natural protegido no urbanizable. Y todos contentos. Digo, toda la ciudad y todo el Aljarafe. Los únicos recursos habría que dedicarlos a la redacción, a la ejecución y a la futura gestión de los contenidos de un Plan Especial. Para la gestión habría que contar con la positiva experiencia de quienes están al frente del Alamillo. Alguna vez le escuché a su director la sugerencia de que todos los espacios verdes (partes) deberían convertirse en un Sistema Verde: partes, todo y entorno inter-relacionados.
Hacer ciudad también es construir la civilidad y, ésta desde luego, no es posible si los ciudadanos no quieren o son indiferentes frente a nuestros delegados en el
gobierno que proponen y deciden.
Tablada: verde. ¿Y usted qué dice?
* Profesor Titular de la ETSA
* El Correo de Andalucía - La Tribuna - 31.10.09
El Algarrobico, 25 años atrás
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ELMUNDO/Almería* : La reciente aprobación definitiva del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el socialista Cristóbal Fernández, de la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de El Algarrobico, ha retrotraído de un plumazo la situación legal del terreno a 25 años atrás, cuando en 1984 se redactaron las normas urbanísticas del municipio, salvo que por el camino ha quedado un hotel de cuatro estrellas prácticamente concluido, pero abandonado.
En el camino ha quedado también una inversión millonaria de Azata del Sol, la empresa que lo construyó con el beneplácito de todas las administraciones, desde el Ayuntamiento al Gobierno, pasando por la Junta de Andalucía, que promocionaron, autorizaron y subvencionaron su construcción en razón del interés general, dentro del Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar.
Este plan fue, en su día, auspiciado por la Junta de Andalucía para crear actividad y empleo en la zona. Sin embargo, amparándose también en el interés general, las mismas administraciones que habían promocionado el proyecto desde 2002 dieron en 2006 una drástica vuelta de timón a su actuación, y pasaron a presentar el hotel de El Algarrobico como el buque insignia de la lucha contra la especulación urbanística.
En 2006, y pese a que el Ministerio de Medio Ambiente había autorizado la edificación en esos terrenos años antes, su titular, Cristina Narbona, tomó la iniciativa política de derribar el hotel y devolver el terreno a su estado natural.
El entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, secundó la decisión, a pesar de que la Junta había gestionado la subvención del Ministerio de Economía para su construcción en 2002, de que las consejerías de Turismo y Salud resolvieron favorablemente a su instalación en 2003, de que la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto en mayo de ese mismo año, y de que la Junta aprobó en enero de 2004 el Plan de Desarrollo Sostenible que promovía la construcción de hoteles en la zona.
El Ministerio de Medio Ambiente anunció que iniciaba "de forma inmediata el expediente de expropiación para la restauración paisajística de la zona", después de que Greenpeace denunciara su ilegalidad por encontrarse en terreno protegido y por construirse dentro de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.
Ley de Costas
Las administraciones habían respaldado hasta entonces el proyecto del hotel a pesar de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque calificó los terrenos como protegidos desde 1994 y de que en 1988 la Ley de Costas aumentaba a 100 metros la zona de servidumbre, que antes era de 20 metros.
La empresa constructora siempre ha mantenido que no tenía por qué acogerse a esta nueva legislación, al entrar en vigor después de la aprobación del plan parcial. Azata del Sol también afirma que la protección del terreno fue un error de la Administración autonómica a la hora de hacer los planos. De hecho, la Junta había entendido hasta que se tomó la decisión política de derribar el hotel, que El Algarrobico era zona urbanizable.
El 23 de febrero de 2006, cuando el hotel estaba ya prácticamente construido, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización de las obras. El hotel tenía previsto abrir en junio de ese mismo año y ya había iniciado la contratación de unas 500 personas. Según la empresa Azata, la demolición y la restauración paisajística de la zona podía costar 300 millones de euros.
Azata del Sol sigue considerando ahora totalmente inviable la demolición del edificio. Es más, el portavoz de la empresa, Antonio Baena, asegura que la demolición es "técnica y físicamente imposible, tal y como han certificado los arquitectos de la constructora, debido a que para la construcción del hotel se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse".
Baena afirma que este 'detalle' impedirá devolver el paraje a su estado inicial, con lo que el hotel estaría condenado a permanecer como una ruina perpetua en plena playa de El Algarrobico.
Ahora, los grupos ecologistas han interpretado la decisión del Ayuntamiento de Carboneras de clasificar el suelo como edificable y de la Administración autonómica como "una apuesta por la legalización" del hotel, que les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición y por otro aprueba actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
Por su parte, la actual ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha decidido desestimar el procedimiento de expropiación iniciado, inhibiéndose, de esta forma, de la resolución de su antecesora en el cargo.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 9.11.09
Foto: Aspecto que presenta en estos momentos el hotel que se levantó en la playa de El Algarrobico. | Miguel Cabrera, elmundo.es
Santa Cruz: Colectivos exigen no gastar nada más en el ´mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : La lista de declaraciones que se están produciendo dentro del conocido como caso mamotreto ha causado ya reacciones. Así los colectivos, Amigos de Las Teresitas y la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz han mostrado su indignación por alguno de los aspectos que van trascendiendo. Consideran inaudito que se plantee la posibilidad de gastar 300.000 euros más en encargar un nuevo proyecto al arquitecto francés, Dominique Perrault para proceder a la autorización de un edificio que probablemente va a ser derribado después.
La portavoz de la Asociación, Lola Redbrow y de la Plataforma, Cándido Quintana, dejan claro que no se debe gastar ni un duro más en mantener en pié esta obra y que las cantidades a invertir se hagan únicamente en la demolición.
Centro comercial. La asociación indica que de las declaraciones llevadas a cabo se desprende que efectivamente "el proyecto jamás tuvo el destino inicial de plazas de aparcamiento, sino más bien de centro comercial, porque de las 400 plazas previstas ahora se dicen que 160 son obligatorias para el centro comercial, quedando tan sólo 240 para los usuarios de la playa". Frente a las más de mil que existen ahora a lo largo de Las Teresitas cuyo uso es además gratuito.
Recuerdan los miembros de estos colectivos que el pasado mes de junio se adecuaron 240 plazas por encima del Infobox, en apenas un día y sin que supusiera un coste significativo de dinero público. "El derribo del mamotreto y descartar el proyecto del arquitecto francés, Dominique Perrault se decidió en el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 18 de septiembre por mayoría y de ningún modo se debe desoír la voluntad de los ciudadanos. Mucho menos gastar un sólo euro más en este desastroso proyecto salvo para su demolición".
Rebrow recuerda que las obras se han llevado a cabo careciendo de las autorizaciones mínimas que a cualquier ciudadano se exige para iniciar los trabajos. Así se han construidos 10.000 metros cuadrados sobre un solar de 4.000, en el que tan sólo estaban previstos 3.000 metros cuadrados. Todo ello según las estimaciones de los técnicos de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que han declarado ya en dos ocasiones como testigos y que han elaborado hasta tres informes a petición del Juzgado.
"Este desaguisado se debe a la incomprensible actuación de los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo, Luz Reverón y Manuel Parejo y es por eso que están siendo requeridos judicialmente. Está claro que detrás de toda esta operación se encuentra el equipo gobernante del Ayuntamiento de Santa Cruz, que es Coalición Canaria (CC) a cuyo frente está Miguel Zerolo. Y ésta es la punta del iceberg de todo lo que se ha estado planeando en la playa de Las Teresitas y en el entorno de San Andrés. Como viene sucediendo en todos estos casos, tan sólo hay que buscar a quién beneficia para saber quiénes son los responsables principales".
En las investigaciones del caso mamotreto declararon recientemente también diversos técnicos de la Gerencia de Urbanismo como Candelaria Benítez o el interventor, José Luis Roca, entre otros varios.
"Este deslinde debe caer"
Cándido Quintana recuerda que su colectivo presentó en su momento un recurso contra el deslinde de Las Teresitas. Arremete especialmente contra las declaraciones como testigo del jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González, de quien dice que sus palabras ante la jueza, "no tienen ni pies ni cabeza". Recuerda junto con Redbrow que el deslinde aprobado a principios de este año no es firme ya que ha sido objeto de múltiples recursos. Estos colectivos creen que no será definitivo hasta que el juez se pronuncie sobre los mismos. Tanto Quintana como Rebrow recuerdan que el deslinde lo marca el mar y no las personas. "Y nosotros sabemos exactamente hasta donde llegaba en su momento el mar". Estos vecinos habrían presentado pruebas en este sentido durante el proceso judicial abierto. De prosperar su punto de vista, entonces quedaría claro que el edificio conocido como mamotreto, efectivamente invade terrenos de Costas, en contra de lo indicado por el jefe de este Departamento. Por todo ello, ambos dirigentes sociales consideran que "este deslinde debe caer". Señalan que hace poco el mar entró y llegó por el barranco a la altura del parking.
* La Opinión Tenerife - 9.11.07
Foto: El edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto. delia padrón, laopinion.es
Vigo: El Casco Vello arrastra desde hace una década 150 edificios en estado ruinoso
FARODEVIGO* : El término gallego que mejor define la situación del Casco Vello es esmorecer, pues los vecinos ven cómo desfallecen decenas de construcciones abandonadas desde hace décadas. El mayor problema del barrio es que el 57 por ciento de los inmuebles están desocupados, lo que explica la escasa aportación de la iniciativa privada a su esperada rehabilitación.
El primer intento serio de hacer frente al problema fue la aprobación en 2007 del Plan Especial de Reforma Interior (Pepri), la radiografía más exacta de su situación urbanística hecha hasta el momento y que incluye alrededor de 150 construcciones en estado ruinoso y otras 50 con necesidad de reformas.
Los tres incidentes registrados en apenas una semana en Bouzas, con un herido grave tras el derrumbe de una vivienda, y calle Real y Herrería, cerradas todavía al tránsito de peatones, han puesto en alerta a los vecinos y al Gobierno local, que reconoció públicamente tener sometidas a vigilancia 12 casas con riesgo serio de desprendimientos. No son los únicos pero sí los casos más graves, a los que se suman decenas por todo el conjunto histórico, desde el Berbés hasta San Sebastián.
El Pepri Casco Vello contabiliza 930 construcciones repartidas en 73 calles. Fuera de los núcleos de actividad como Porta do Sol, Praza da Constitución, Cabral o el Paseo de Alfonso, son excepciones los viales con todos sus edificios en buen estado. Apenas una docena. En el extremo opuesto por su grave deterioro figuran calles como Herrería, con una veintena de inmuebles en "muy mal estado-ruina" o Santiago, con otros trece, a los que se suman viejos edificios apuntalados en San Sebastián, Subida ao Castelo, Perigos o Canellón do Estreito, entre otras muchas.
Frente al despegue de los cascos históricos de Ourense o Pontevedra, el de Vigo ha tardado en tomar protagonismo. Un intento claro por sacarlo del ostracismo urbanístico fue la creación en 2005 del Consorcio Casco Vello, una iniciativa pública de la que empiezan a verse ahora sus frutos. En cuatro años ha colaborado económicamente en la rehabilitación de catorce edificios y acaba de conceder subvenciones a otros ocho, mientras continúa con la compra de viviendas en ruinas para recuperarlas.
Muy lentamente, la iniciativa pública avanza, mientras la privada apenas se percibe. El mismo teniente de alcalde, Santiago Domínguez, hacía esta semana un llamamiento a los particulares para que reformen sus inmuebles o al menos garanticen la seguridad de los mismos, pues el Concello no puede asumir la expropiación de todas las construcciones en mal estado.
Degradado y con una población muy mayor, el barrio se fue vaciando por zonas y los antiguos inquilinos apenas se molestaron por conservar sus casas. Prueba de esta desidia son los datos de la Oficina de Rehabilitación, donde sólo consta la reforma de 23 edificios completos en once años a iniciativa de particulares, cuatro desde 2005. El número total de ayudas tramitadas en el centro desde 1998 son 495, que se reparten entre reformas interiores en viviendas, rehabilitaciones integrales y mejoras en elementos comunes.
Los particulares acometen trabajos de mejora en edificios ocupados, pero resta otra mitad de inmuebles vacíos en los que hasta ahora son el Concello y la Xunta a través del Consorcio los que actúan, y muy poco a poco por la escasez de fondos. Este año la oficina viguesa de rehabilitación cuenta con 513.078 euros en ayudas para obras de mejora de las que se han completado 39.
* Faro de Vigo - A. MÉNDEZ - 8.11.09
Foto: Grupo de viviendas en ruinas y semiderruidas en la Subida ao Castelo. Rircardo Grobas - farodevigo.es
El ex alcalde de Pinto vendió las casas que el Consistorio financió en Argentina
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ELPAÍS/Madrid* : Antonio Fernández, alcalde socialista de Pinto de 1995 a 2005, vendió a particulares las 18 casas que se construyeron con dinero del Ayuntamiento en la ciudad homónima de Argentina. Afirma haber ingresado los réditos de esos inmuebles, que él estima en 60.000 euros, en la cuenta de una fundación presidida por él mismo.
Documentos a los que ha tenido acceso este periódico y que forman parte del proceso judicial por malversación de fondos contra Fernández, su hija Patricia (ex concejal de Pinto) y Juan Tendero (su sucesor en la alcaldía, también del PSOE), demuestran que la ciudad argentina cedió a la Fundación Pinares, presidida por el ex alcalde, el cobro de la venta de las viviendas. Fernández lo reconoce.
En el Ayuntamiento de la localidad madrileña (PSOE) afirman desconocer que las casas que se construyeron con parte del millón y medio de euros destinados al Pinto argentino, dentro de un convenio de cooperación, fueran a ser objeto de transacciones inmobiliarias.
Los dos Pinto habían firmado en diciembre de 2004 un convenio por el cual la localidad española construiría viviendas destinadas "a personas necesitadas". A mitad de partido, las reglas de juego cambiaron. Una vez que Fernández dejó la alcaldía de Pinto, en junio de 2005, creó la fundación, de la que era vicepresidente Emilio Rached, entonces alcalde de Pinto Argentina y actual senador nacional. Ese mismo septiembre, Antonio Fernández, en nombre de su fundación, y Guillermo Ganón, que sustituyó a Rached como alcalde, firmaron un convenio que fijaba un cambio de criterio en la adjudicación de las viviendas. No serían para necesitados sino para personas con ingresos no inferiores a 1.000 pesos argentinos (176 euros), una cantidad que excluiría, según reconoce Fernández, a la mayoría de habitantes de Pinto, porque "el 95% de la gente son pobres". El precio de las viviendas se fijaba en 50.000 pesos (8.800 euros), con una entrada de 10.000 pesos.
Ganón ha explicado en medios argentinos el cambio de criterio afirmando que el objetivo era atraer profesionales que contribuyeran al desarrollo del pueblo. Según Fernández, algunos son médicos y educadores. El Ayuntamiento madrileño afirma que no tenía constancia de cambios y que no los habría autorizado. Ganón y Fernández sostienen que todos los partidos de la localidad española lo supieron en una reunión en octubre de 2005, pero el Partido Popular y la formación independiente Juntos por Pinto lo niegan. Fernández dice que los nuevos criterios no se registraron por escrito "porque nadie cayó. A veces la burocracia es complicada." El actual alcalde, Juan José Martín (PSOE), declaró la semana pasada que espera una notificación de Argentina sobre el criterio de reparto de las viviendas antes de reclamar el dinero.
En mayo de 2006, otro convenio de Fernández y Ganón delegó en la Fundación Pinares "el cobro de todas las cuotas que se produzcan por la venta de las viviendas durante el año 2007, 2008, 2009, 2010", así como el de "las entradas pertinentes, para que [la fundación] destine el equipamento a su sede". La sede es la Casa España, un chalé edificado en terrenos cedidos.
Desde ese momento, Fernández, en nombre de su fundación, firma los contratos de las casas como "el vendedor". Entre quienes adquirieron una se encuentran la hija menor de edad de Rached, político y vicepresidente de la fundación, y Juan Manuel Rodríguez Sguario, abogado que Fernández admite que le representó en Argentina. "Estoy harto que se hable de 'hijos de'. Si la gente cumple los requisitos, tiene derechos", protesta el ex alcalde.
Fernández admite que su fundación ha percibido por los pagos de las viviendas 60.000 euros, aunque sumar la venta de las 18 supondría más de 150.000. Afirma que su intención era reinvertirlos "en proyectos socioculturales en Argentina". Por el momento, estos proyectos se han limitado a "dos fiestas para los niños el día de Reyes".
En respuesta a la polémica surgida en Argentina, Fernández remitió a este periódico un escrito dirigido a Ganón en el que renuncia a la gestión de las viviendas. El Ayuntamiento madrileño declaró ayer que, si se comprueba que se han realizado operaciones comerciales con viviendas pagadas con sus fondos, tomará medidas legales.
El periplo argentino de Fernández ha levantado ampollas. En la inauguración de la Casa España se gastaron 3.547 euros, y 63.649 en amueblarla, según sus cuentas. No se tiene constancia de que el chalé tenga ninguna función aparte de alojar al ex alcalde en sus visitas. La fundación ha recibido a lo largo de los años donaciones de miles de euros de políticos e industriales de Pinto de España.
* ELPAIS.com - JERÓNIMO ANDREU - Madrid - 09/11/200
Foto: Pinto (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
Infructuosa lucha contra el expolio
ELPAÍS/Andalucía* : 300.000 piezas arqueológicas, 31 yacimientos expoliados, 52 detenidos, 70 registros, 200 agentes movilizados... Finalmente, a la espera de la completa devolución de las piezas, las cifras gruesas han quedado difuminadas hasta casi borrarse por el archivo judicial. La operación Tertis era un golpe monumental contra el expolio en Andalucía.
Saltó en febrero de 2007, cuando, después de meses de investigación, la Guardia Civil anunció la detención de 52 personas a las que acusaba de haber expoliado y dañado 31 yacimientos arqueológicos de Sevilla, Badajoz, Málaga, Cádiz, Huelva y Jaén. Se realizaron casi 70 registros y se incautaron cerca de 300.000 piezas. Una parte importante eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, íbero, romano, visigodo y árabe. "Había sacos con trozos de cerámicas y cada trozo se contó como una pieza, no eran completas", sostiene Miguel Gómez de la Rosa, abogado de 26 de los 52 acusados y especialista en este tipo de casos.
Dos años y medio después, la operación se ha quedado en nada en primera instancia. Los 52 detenidos han sido absueltos y una parte de las piezas, alrededor de un 30%, les han sido devueltas. La Junta de Andalucía guerrea ahora para que el resto, que está depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, pase a ser propiedad pública. El juzgado de primera instancia 2 de Marchena ya ha rechazado esta posibilidad. A la Consejería de Cultura le queda el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial.
El artículo 44 de la Ley de Patrimonio establece que son "bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar". Es el descubridor de los restos el que debe comunicárselo a la Administración. El problema en este caso, tal y como señala el juez de Marchena en sus autos, es que "no ha resultado acreditado" que las piezas fueran descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma ni que procedan de un yacimiento concreto. Por eso, el juez ordena la devolución de las piezas.
En Andalucía existen 13.000 yacimientos arqueológicos documentados. El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años alertando del expolio que sufren. En 2007 solicitó que se acotara la venta, tenencia y uso de detectores de metales. La Ley de Patrimonio de Andalucía restringe el uso de este tipo de aparatos. Pero no ha frenado los ataques a los yacimientos. Algunos de los detenidos en la operación Tertis pertenecían a la asociación de detectores de metales Corduba-Al Andalus.
Esta operación arrancó en octubre de 2006. La Guardia Civil reclamó al juzgado de Marchena que abriese una investigación sobre un presunto expolio llevado a cabo en el yacimiento de Montemelín, ubicado en esta localidad sevillana. Se intervinieron los telefonos de los supuestos expoliadores. La Guardia Civil dijo haber descubierto a más implicados y los ataques a los yacimientos no sólo eran en Marchena. Los agentes identificaron tres tipos de implicados: los expoliadores, los intermediarios y los coleccionistas: 52 personas en total. Que, tras las pesquisas, han quedado en libertad al haberse archivado la causa. Pero, ¿qué ha fallado en esta operación?
"Es escandaloso que se les devuelva las piezas a los expoliadores porque está acreditado que son patrimonio histórico. Pero las investigaciones deben ser más prudentes y en este caso se fue demasiado ambicioso. Las escuchas son útiles pero insuficientes", explican fuentes del caso. El juez aclara que la investigación fracasó al determinar cuándo y de que modo se obtuvieron las piezas, lo que motivó la absolución de los implicados. "No han podido determinar una relación de causalidad entre piezas concretas y su modo de obtención", detalla el magistrado Juan José Toscano en un auto.
A pesar de que las escuchas se prolongaron durante meses, las conversaciones no desvelaban las conexiones entre los acusados de 17 ciudades distintas y los yacimientos, y menos aún en qué fecha concreta se expoliaron. La absolución ha supuesto un duro golpe en la moral del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil.
La operación Tertis ha sido el altavoz de un problema de fondo que comparten las investigaciones de delitos contra el patrimonio. Los expertos coinciden en que la legislación es insuficiente. Los delitos prescriben tras sólo tres años y la diferenciación entre delito o falta estriba en que su valor supere los 400 euros, cuando una joya de museo tiene un valor incalculable. Además, la apropiación clandestina de los restos arqueológicos hace muy difícil su persecución.
Este cóctel impide que las operaciones policiales fructifiquen. "Los piteros [aquellos que usan detectores] responden siempre que compraron las piezas en un mercadillo, que son de una herencia o, en último caso, saben que prescriben muy pronto. A veces es casi imposible acreditar el delito", ilustran fuentes policiales.
Las redes que expolian no siempre son inofensivos aficionados a la numismática con detectores de metales. Las escuchas de la operación Dioniso desvelaron que los comerciantes detenidos, que vendieron dos esculturas de una Venus y una cabeza de diosa en 100.000 euros, habían roto una escultura para vender sus piezas por separado.
+ ELPAIS.com - M. PLANELLES / J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 08/11/2009
Foto: Algunas de las piezas mostradas por la Guardia Civil en 2007.- PÉREZ CABO, elpais.com
Montaña Rayada: crónica de otro pelotazo
LAPROVINCIA/Fuerteventura* : Los vaivenes en la ordenación territorial de la dictadura a la democracia, un marco jurídico favorable a las promotoras, los errores del principal órgano de control del Gobierno canario y las técnicas especulativas de unos empresarios han desencadenado uno de los casos más increíbles de la historia reciente de las Islas...
gracias a una decisión judicial, una promotora va a cobrar 33 millones de euros (es decir, 5.498 millones de las antiguas pesetas) a cuenta de las arcas públicas por algo que le costó 55.534 euros (9.252.000 pesetas). Lo va a hacer, y va a ver así multiplicado por 6.000 el valor inicial de los terrenos adquiridos, sin haber presentado un solo proyecto, sin haber movido una sola piedra.
¿Qué es Montaña Rayada? ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué semejante pago sin que la promotora moviera un grano de arena? Montaña Rayada es la sociedad que compró, entre finales de los 60 y principios de los 70, 2.313.000 metros cuadrados en un paraje del que tomó la denominación. Se sitúa al sur del hotel Los Gorriones, lindando con la Playa de Sotavento, en Jandía: dunas y montículos de gran valor medioambiental que se mantenían vírgenes. Montaña Rayada SA paga en ese momento cuatro pesetas por metro cuadrado porque los terrenos eran rústicos y no se podía construir. Se trataba de la típica maniobra cazapelotazos.
La parcela de Jandía encajaba perfectamente en la filosofía desarrollista del franquismo. Así, la Comisión Provincial de Urbanismo aprueba en octubre de 1974 el Plan Especial de Ordenación Turística (PEOT) de Montaña Rayada, que la sociedad había elevado dos años antes. El PEOT conlleva que el suelo pasa a urbanizable, con lo que la promotora cumple con su propósito. Sin embargo, Montaña Rayada SA no eleva ningún proyecto en los siguientes tres años, con lo que no hace valer sus derechos. Por eso, el Ayuntamiento de Pájara rebaja en 1977 la calificación a "suelo urbanizable no programado" en el Plan General de Ordenación (PGO), un paso que limita su maniobrabilidad de la empresa.
Lo peor estaba por llegar. En diciembre de 1993, el Ayuntamiento de Pájara aprueba provisionalmente el PGO, teniendo que adaptarlo a la Ley de Espacios Naturales de 1987, que incluye Montaña Rayada en el Parque Natural de Jandía. El nuevo marco municipal, así como el Plan de Ordenación de Fuerteventura aprobado inicialmente en 1999 y ratificado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), cambian otra vez la calificación: de "suelo urbanizable no programado" pasa a "Zona A-Suelo Rústico Especialmente Protegido".
La sociedad Montaña Rayada pierde toda opción de urbanizar los dos millones de metros cuadrados. Primero pide por vía judicial que la parcela recupere su antigua calificación, pero ya es imposible. Le queda el derecho a reivindicar una indemnización. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias accede y evalúa en 29.352.289 euros, más intereses, la compensación.
* La Provincia - DANIEL MILLET - 8-11-09
FoTo: Imagen del paraje de Montaña Rayada, en Jandía, donde la empresa del mismo nombre compró en los 70. LP / DLP
