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ELMUNDO/Almería* : La reciente aprobación definitiva del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el socialista Cristóbal Fernández, de la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de El Algarrobico, ha retrotraído de un plumazo la situación legal del terreno a 25 años atrás, cuando en 1984 se redactaron las normas urbanísticas del municipio, salvo que por el camino ha quedado un hotel de cuatro estrellas prácticamente concluido, pero abandonado.
En el camino ha quedado también una inversión millonaria de Azata del Sol, la empresa que lo construyó con el beneplácito de todas las administraciones, desde el Ayuntamiento al Gobierno, pasando por la Junta de Andalucía, que promocionaron, autorizaron y subvencionaron su construcción en razón del interés general, dentro del Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar.
Este plan fue, en su día, auspiciado por la Junta de Andalucía para crear actividad y empleo en la zona. Sin embargo, amparándose también en el interés general, las mismas administraciones que habían promocionado el proyecto desde 2002 dieron en 2006 una drástica vuelta de timón a su actuación, y pasaron a presentar el hotel de El Algarrobico como el buque insignia de la lucha contra la especulación urbanística.
En 2006, y pese a que el Ministerio de Medio Ambiente había autorizado la edificación en esos terrenos años antes, su titular, Cristina Narbona, tomó la iniciativa política de derribar el hotel y devolver el terreno a su estado natural.
El entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, secundó la decisión, a pesar de que la Junta había gestionado la subvención del Ministerio de Economía para su construcción en 2002, de que las consejerías de Turismo y Salud resolvieron favorablemente a su instalación en 2003, de que la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto en mayo de ese mismo año, y de que la Junta aprobó en enero de 2004 el Plan de Desarrollo Sostenible que promovía la construcción de hoteles en la zona.
El Ministerio de Medio Ambiente anunció que iniciaba "de forma inmediata el expediente de expropiación para la restauración paisajística de la zona", después de que Greenpeace denunciara su ilegalidad por encontrarse en terreno protegido y por construirse dentro de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.
Ley de Costas
Las administraciones habían respaldado hasta entonces el proyecto del hotel a pesar de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque calificó los terrenos como protegidos desde 1994 y de que en 1988 la Ley de Costas aumentaba a 100 metros la zona de servidumbre, que antes era de 20 metros.
La empresa constructora siempre ha mantenido que no tenía por qué acogerse a esta nueva legislación, al entrar en vigor después de la aprobación del plan parcial. Azata del Sol también afirma que la protección del terreno fue un error de la Administración autonómica a la hora de hacer los planos. De hecho, la Junta había entendido hasta que se tomó la decisión política de derribar el hotel, que El Algarrobico era zona urbanizable.
El 23 de febrero de 2006, cuando el hotel estaba ya prácticamente construido, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización de las obras. El hotel tenía previsto abrir en junio de ese mismo año y ya había iniciado la contratación de unas 500 personas. Según la empresa Azata, la demolición y la restauración paisajística de la zona podía costar 300 millones de euros.
Azata del Sol sigue considerando ahora totalmente inviable la demolición del edificio. Es más, el portavoz de la empresa, Antonio Baena, asegura que la demolición es "técnica y físicamente imposible, tal y como han certificado los arquitectos de la constructora, debido a que para la construcción del hotel se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse".
Baena afirma que este 'detalle' impedirá devolver el paraje a su estado inicial, con lo que el hotel estaría condenado a permanecer como una ruina perpetua en plena playa de El Algarrobico.
Ahora, los grupos ecologistas han interpretado la decisión del Ayuntamiento de Carboneras de clasificar el suelo como edificable y de la Administración autonómica como "una apuesta por la legalización" del hotel, que les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición y por otro aprueba actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
Por su parte, la actual ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha decidido desestimar el procedimiento de expropiación iniciado, inhibiéndose, de esta forma, de la resolución de su antecesora en el cargo.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 9.11.09
Foto: Aspecto que presenta en estos momentos el hotel que se levantó en la playa de El Algarrobico. | Miguel Cabrera, elmundo.es
El Algarrobico, 25 años atrás
Santa Cruz: Colectivos exigen no gastar nada más en el ´mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : La lista de declaraciones que se están produciendo dentro del conocido como caso mamotreto ha causado ya reacciones. Así los colectivos, Amigos de Las Teresitas y la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz han mostrado su indignación por alguno de los aspectos que van trascendiendo. Consideran inaudito que se plantee la posibilidad de gastar 300.000 euros más en encargar un nuevo proyecto al arquitecto francés, Dominique Perrault para proceder a la autorización de un edificio que probablemente va a ser derribado después.
La portavoz de la Asociación, Lola Redbrow y de la Plataforma, Cándido Quintana, dejan claro que no se debe gastar ni un duro más en mantener en pié esta obra y que las cantidades a invertir se hagan únicamente en la demolición.
Centro comercial. La asociación indica que de las declaraciones llevadas a cabo se desprende que efectivamente "el proyecto jamás tuvo el destino inicial de plazas de aparcamiento, sino más bien de centro comercial, porque de las 400 plazas previstas ahora se dicen que 160 son obligatorias para el centro comercial, quedando tan sólo 240 para los usuarios de la playa". Frente a las más de mil que existen ahora a lo largo de Las Teresitas cuyo uso es además gratuito.
Recuerdan los miembros de estos colectivos que el pasado mes de junio se adecuaron 240 plazas por encima del Infobox, en apenas un día y sin que supusiera un coste significativo de dinero público. "El derribo del mamotreto y descartar el proyecto del arquitecto francés, Dominique Perrault se decidió en el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 18 de septiembre por mayoría y de ningún modo se debe desoír la voluntad de los ciudadanos. Mucho menos gastar un sólo euro más en este desastroso proyecto salvo para su demolición".
Rebrow recuerda que las obras se han llevado a cabo careciendo de las autorizaciones mínimas que a cualquier ciudadano se exige para iniciar los trabajos. Así se han construidos 10.000 metros cuadrados sobre un solar de 4.000, en el que tan sólo estaban previstos 3.000 metros cuadrados. Todo ello según las estimaciones de los técnicos de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que han declarado ya en dos ocasiones como testigos y que han elaborado hasta tres informes a petición del Juzgado.
"Este desaguisado se debe a la incomprensible actuación de los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo, Luz Reverón y Manuel Parejo y es por eso que están siendo requeridos judicialmente. Está claro que detrás de toda esta operación se encuentra el equipo gobernante del Ayuntamiento de Santa Cruz, que es Coalición Canaria (CC) a cuyo frente está Miguel Zerolo. Y ésta es la punta del iceberg de todo lo que se ha estado planeando en la playa de Las Teresitas y en el entorno de San Andrés. Como viene sucediendo en todos estos casos, tan sólo hay que buscar a quién beneficia para saber quiénes son los responsables principales".
En las investigaciones del caso mamotreto declararon recientemente también diversos técnicos de la Gerencia de Urbanismo como Candelaria Benítez o el interventor, José Luis Roca, entre otros varios.
"Este deslinde debe caer"
Cándido Quintana recuerda que su colectivo presentó en su momento un recurso contra el deslinde de Las Teresitas. Arremete especialmente contra las declaraciones como testigo del jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González, de quien dice que sus palabras ante la jueza, "no tienen ni pies ni cabeza". Recuerda junto con Redbrow que el deslinde aprobado a principios de este año no es firme ya que ha sido objeto de múltiples recursos. Estos colectivos creen que no será definitivo hasta que el juez se pronuncie sobre los mismos. Tanto Quintana como Rebrow recuerdan que el deslinde lo marca el mar y no las personas. "Y nosotros sabemos exactamente hasta donde llegaba en su momento el mar". Estos vecinos habrían presentado pruebas en este sentido durante el proceso judicial abierto. De prosperar su punto de vista, entonces quedaría claro que el edificio conocido como mamotreto, efectivamente invade terrenos de Costas, en contra de lo indicado por el jefe de este Departamento. Por todo ello, ambos dirigentes sociales consideran que "este deslinde debe caer". Señalan que hace poco el mar entró y llegó por el barranco a la altura del parking.
* La Opinión Tenerife - 9.11.07
Foto: El edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto. delia padrón, laopinion.es
Vigo: El Casco Vello arrastra desde hace una década 150 edificios en estado ruinoso
FARODEVIGO* : El término gallego que mejor define la situación del Casco Vello es esmorecer, pues los vecinos ven cómo desfallecen decenas de construcciones abandonadas desde hace décadas. El mayor problema del barrio es que el 57 por ciento de los inmuebles están desocupados, lo que explica la escasa aportación de la iniciativa privada a su esperada rehabilitación.
El primer intento serio de hacer frente al problema fue la aprobación en 2007 del Plan Especial de Reforma Interior (Pepri), la radiografía más exacta de su situación urbanística hecha hasta el momento y que incluye alrededor de 150 construcciones en estado ruinoso y otras 50 con necesidad de reformas.
Los tres incidentes registrados en apenas una semana en Bouzas, con un herido grave tras el derrumbe de una vivienda, y calle Real y Herrería, cerradas todavía al tránsito de peatones, han puesto en alerta a los vecinos y al Gobierno local, que reconoció públicamente tener sometidas a vigilancia 12 casas con riesgo serio de desprendimientos. No son los únicos pero sí los casos más graves, a los que se suman decenas por todo el conjunto histórico, desde el Berbés hasta San Sebastián.
El Pepri Casco Vello contabiliza 930 construcciones repartidas en 73 calles. Fuera de los núcleos de actividad como Porta do Sol, Praza da Constitución, Cabral o el Paseo de Alfonso, son excepciones los viales con todos sus edificios en buen estado. Apenas una docena. En el extremo opuesto por su grave deterioro figuran calles como Herrería, con una veintena de inmuebles en "muy mal estado-ruina" o Santiago, con otros trece, a los que se suman viejos edificios apuntalados en San Sebastián, Subida ao Castelo, Perigos o Canellón do Estreito, entre otras muchas.
Frente al despegue de los cascos históricos de Ourense o Pontevedra, el de Vigo ha tardado en tomar protagonismo. Un intento claro por sacarlo del ostracismo urbanístico fue la creación en 2005 del Consorcio Casco Vello, una iniciativa pública de la que empiezan a verse ahora sus frutos. En cuatro años ha colaborado económicamente en la rehabilitación de catorce edificios y acaba de conceder subvenciones a otros ocho, mientras continúa con la compra de viviendas en ruinas para recuperarlas.
Muy lentamente, la iniciativa pública avanza, mientras la privada apenas se percibe. El mismo teniente de alcalde, Santiago Domínguez, hacía esta semana un llamamiento a los particulares para que reformen sus inmuebles o al menos garanticen la seguridad de los mismos, pues el Concello no puede asumir la expropiación de todas las construcciones en mal estado.
Degradado y con una población muy mayor, el barrio se fue vaciando por zonas y los antiguos inquilinos apenas se molestaron por conservar sus casas. Prueba de esta desidia son los datos de la Oficina de Rehabilitación, donde sólo consta la reforma de 23 edificios completos en once años a iniciativa de particulares, cuatro desde 2005. El número total de ayudas tramitadas en el centro desde 1998 son 495, que se reparten entre reformas interiores en viviendas, rehabilitaciones integrales y mejoras en elementos comunes.
Los particulares acometen trabajos de mejora en edificios ocupados, pero resta otra mitad de inmuebles vacíos en los que hasta ahora son el Concello y la Xunta a través del Consorcio los que actúan, y muy poco a poco por la escasez de fondos. Este año la oficina viguesa de rehabilitación cuenta con 513.078 euros en ayudas para obras de mejora de las que se han completado 39.
* Faro de Vigo - A. MÉNDEZ - 8.11.09
Foto: Grupo de viviendas en ruinas y semiderruidas en la Subida ao Castelo. Rircardo Grobas - farodevigo.es
El ex alcalde de Pinto vendió las casas que el Consistorio financió en Argentina
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ELPAÍS/Madrid* : Antonio Fernández, alcalde socialista de Pinto de 1995 a 2005, vendió a particulares las 18 casas que se construyeron con dinero del Ayuntamiento en la ciudad homónima de Argentina. Afirma haber ingresado los réditos de esos inmuebles, que él estima en 60.000 euros, en la cuenta de una fundación presidida por él mismo.
Documentos a los que ha tenido acceso este periódico y que forman parte del proceso judicial por malversación de fondos contra Fernández, su hija Patricia (ex concejal de Pinto) y Juan Tendero (su sucesor en la alcaldía, también del PSOE), demuestran que la ciudad argentina cedió a la Fundación Pinares, presidida por el ex alcalde, el cobro de la venta de las viviendas. Fernández lo reconoce.
En el Ayuntamiento de la localidad madrileña (PSOE) afirman desconocer que las casas que se construyeron con parte del millón y medio de euros destinados al Pinto argentino, dentro de un convenio de cooperación, fueran a ser objeto de transacciones inmobiliarias.
Los dos Pinto habían firmado en diciembre de 2004 un convenio por el cual la localidad española construiría viviendas destinadas "a personas necesitadas". A mitad de partido, las reglas de juego cambiaron. Una vez que Fernández dejó la alcaldía de Pinto, en junio de 2005, creó la fundación, de la que era vicepresidente Emilio Rached, entonces alcalde de Pinto Argentina y actual senador nacional. Ese mismo septiembre, Antonio Fernández, en nombre de su fundación, y Guillermo Ganón, que sustituyó a Rached como alcalde, firmaron un convenio que fijaba un cambio de criterio en la adjudicación de las viviendas. No serían para necesitados sino para personas con ingresos no inferiores a 1.000 pesos argentinos (176 euros), una cantidad que excluiría, según reconoce Fernández, a la mayoría de habitantes de Pinto, porque "el 95% de la gente son pobres". El precio de las viviendas se fijaba en 50.000 pesos (8.800 euros), con una entrada de 10.000 pesos.
Ganón ha explicado en medios argentinos el cambio de criterio afirmando que el objetivo era atraer profesionales que contribuyeran al desarrollo del pueblo. Según Fernández, algunos son médicos y educadores. El Ayuntamiento madrileño afirma que no tenía constancia de cambios y que no los habría autorizado. Ganón y Fernández sostienen que todos los partidos de la localidad española lo supieron en una reunión en octubre de 2005, pero el Partido Popular y la formación independiente Juntos por Pinto lo niegan. Fernández dice que los nuevos criterios no se registraron por escrito "porque nadie cayó. A veces la burocracia es complicada." El actual alcalde, Juan José Martín (PSOE), declaró la semana pasada que espera una notificación de Argentina sobre el criterio de reparto de las viviendas antes de reclamar el dinero.
En mayo de 2006, otro convenio de Fernández y Ganón delegó en la Fundación Pinares "el cobro de todas las cuotas que se produzcan por la venta de las viviendas durante el año 2007, 2008, 2009, 2010", así como el de "las entradas pertinentes, para que [la fundación] destine el equipamento a su sede". La sede es la Casa España, un chalé edificado en terrenos cedidos.
Desde ese momento, Fernández, en nombre de su fundación, firma los contratos de las casas como "el vendedor". Entre quienes adquirieron una se encuentran la hija menor de edad de Rached, político y vicepresidente de la fundación, y Juan Manuel Rodríguez Sguario, abogado que Fernández admite que le representó en Argentina. "Estoy harto que se hable de 'hijos de'. Si la gente cumple los requisitos, tiene derechos", protesta el ex alcalde.
Fernández admite que su fundación ha percibido por los pagos de las viviendas 60.000 euros, aunque sumar la venta de las 18 supondría más de 150.000. Afirma que su intención era reinvertirlos "en proyectos socioculturales en Argentina". Por el momento, estos proyectos se han limitado a "dos fiestas para los niños el día de Reyes".
En respuesta a la polémica surgida en Argentina, Fernández remitió a este periódico un escrito dirigido a Ganón en el que renuncia a la gestión de las viviendas. El Ayuntamiento madrileño declaró ayer que, si se comprueba que se han realizado operaciones comerciales con viviendas pagadas con sus fondos, tomará medidas legales.
El periplo argentino de Fernández ha levantado ampollas. En la inauguración de la Casa España se gastaron 3.547 euros, y 63.649 en amueblarla, según sus cuentas. No se tiene constancia de que el chalé tenga ninguna función aparte de alojar al ex alcalde en sus visitas. La fundación ha recibido a lo largo de los años donaciones de miles de euros de políticos e industriales de Pinto de España.
* ELPAIS.com - JERÓNIMO ANDREU - Madrid - 09/11/200
Foto: Pinto (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
Infructuosa lucha contra el expolio
ELPAÍS/Andalucía* : 300.000 piezas arqueológicas, 31 yacimientos expoliados, 52 detenidos, 70 registros, 200 agentes movilizados... Finalmente, a la espera de la completa devolución de las piezas, las cifras gruesas han quedado difuminadas hasta casi borrarse por el archivo judicial. La operación Tertis era un golpe monumental contra el expolio en Andalucía.
Saltó en febrero de 2007, cuando, después de meses de investigación, la Guardia Civil anunció la detención de 52 personas a las que acusaba de haber expoliado y dañado 31 yacimientos arqueológicos de Sevilla, Badajoz, Málaga, Cádiz, Huelva y Jaén. Se realizaron casi 70 registros y se incautaron cerca de 300.000 piezas. Una parte importante eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, íbero, romano, visigodo y árabe. "Había sacos con trozos de cerámicas y cada trozo se contó como una pieza, no eran completas", sostiene Miguel Gómez de la Rosa, abogado de 26 de los 52 acusados y especialista en este tipo de casos.
Dos años y medio después, la operación se ha quedado en nada en primera instancia. Los 52 detenidos han sido absueltos y una parte de las piezas, alrededor de un 30%, les han sido devueltas. La Junta de Andalucía guerrea ahora para que el resto, que está depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, pase a ser propiedad pública. El juzgado de primera instancia 2 de Marchena ya ha rechazado esta posibilidad. A la Consejería de Cultura le queda el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial.
El artículo 44 de la Ley de Patrimonio establece que son "bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar". Es el descubridor de los restos el que debe comunicárselo a la Administración. El problema en este caso, tal y como señala el juez de Marchena en sus autos, es que "no ha resultado acreditado" que las piezas fueran descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma ni que procedan de un yacimiento concreto. Por eso, el juez ordena la devolución de las piezas.
En Andalucía existen 13.000 yacimientos arqueológicos documentados. El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años alertando del expolio que sufren. En 2007 solicitó que se acotara la venta, tenencia y uso de detectores de metales. La Ley de Patrimonio de Andalucía restringe el uso de este tipo de aparatos. Pero no ha frenado los ataques a los yacimientos. Algunos de los detenidos en la operación Tertis pertenecían a la asociación de detectores de metales Corduba-Al Andalus.
Esta operación arrancó en octubre de 2006. La Guardia Civil reclamó al juzgado de Marchena que abriese una investigación sobre un presunto expolio llevado a cabo en el yacimiento de Montemelín, ubicado en esta localidad sevillana. Se intervinieron los telefonos de los supuestos expoliadores. La Guardia Civil dijo haber descubierto a más implicados y los ataques a los yacimientos no sólo eran en Marchena. Los agentes identificaron tres tipos de implicados: los expoliadores, los intermediarios y los coleccionistas: 52 personas en total. Que, tras las pesquisas, han quedado en libertad al haberse archivado la causa. Pero, ¿qué ha fallado en esta operación?
"Es escandaloso que se les devuelva las piezas a los expoliadores porque está acreditado que son patrimonio histórico. Pero las investigaciones deben ser más prudentes y en este caso se fue demasiado ambicioso. Las escuchas son útiles pero insuficientes", explican fuentes del caso. El juez aclara que la investigación fracasó al determinar cuándo y de que modo se obtuvieron las piezas, lo que motivó la absolución de los implicados. "No han podido determinar una relación de causalidad entre piezas concretas y su modo de obtención", detalla el magistrado Juan José Toscano en un auto.
A pesar de que las escuchas se prolongaron durante meses, las conversaciones no desvelaban las conexiones entre los acusados de 17 ciudades distintas y los yacimientos, y menos aún en qué fecha concreta se expoliaron. La absolución ha supuesto un duro golpe en la moral del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil.
La operación Tertis ha sido el altavoz de un problema de fondo que comparten las investigaciones de delitos contra el patrimonio. Los expertos coinciden en que la legislación es insuficiente. Los delitos prescriben tras sólo tres años y la diferenciación entre delito o falta estriba en que su valor supere los 400 euros, cuando una joya de museo tiene un valor incalculable. Además, la apropiación clandestina de los restos arqueológicos hace muy difícil su persecución.
Este cóctel impide que las operaciones policiales fructifiquen. "Los piteros [aquellos que usan detectores] responden siempre que compraron las piezas en un mercadillo, que son de una herencia o, en último caso, saben que prescriben muy pronto. A veces es casi imposible acreditar el delito", ilustran fuentes policiales.
Las redes que expolian no siempre son inofensivos aficionados a la numismática con detectores de metales. Las escuchas de la operación Dioniso desvelaron que los comerciantes detenidos, que vendieron dos esculturas de una Venus y una cabeza de diosa en 100.000 euros, habían roto una escultura para vender sus piezas por separado.
+ ELPAIS.com - M. PLANELLES / J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 08/11/2009
Foto: Algunas de las piezas mostradas por la Guardia Civil en 2007.- PÉREZ CABO, elpais.com
Montaña Rayada: crónica de otro pelotazo
LAPROVINCIA/Fuerteventura* : Los vaivenes en la ordenación territorial de la dictadura a la democracia, un marco jurídico favorable a las promotoras, los errores del principal órgano de control del Gobierno canario y las técnicas especulativas de unos empresarios han desencadenado uno de los casos más increíbles de la historia reciente de las Islas...
gracias a una decisión judicial, una promotora va a cobrar 33 millones de euros (es decir, 5.498 millones de las antiguas pesetas) a cuenta de las arcas públicas por algo que le costó 55.534 euros (9.252.000 pesetas). Lo va a hacer, y va a ver así multiplicado por 6.000 el valor inicial de los terrenos adquiridos, sin haber presentado un solo proyecto, sin haber movido una sola piedra.
¿Qué es Montaña Rayada? ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué semejante pago sin que la promotora moviera un grano de arena? Montaña Rayada es la sociedad que compró, entre finales de los 60 y principios de los 70, 2.313.000 metros cuadrados en un paraje del que tomó la denominación. Se sitúa al sur del hotel Los Gorriones, lindando con la Playa de Sotavento, en Jandía: dunas y montículos de gran valor medioambiental que se mantenían vírgenes. Montaña Rayada SA paga en ese momento cuatro pesetas por metro cuadrado porque los terrenos eran rústicos y no se podía construir. Se trataba de la típica maniobra cazapelotazos.
La parcela de Jandía encajaba perfectamente en la filosofía desarrollista del franquismo. Así, la Comisión Provincial de Urbanismo aprueba en octubre de 1974 el Plan Especial de Ordenación Turística (PEOT) de Montaña Rayada, que la sociedad había elevado dos años antes. El PEOT conlleva que el suelo pasa a urbanizable, con lo que la promotora cumple con su propósito. Sin embargo, Montaña Rayada SA no eleva ningún proyecto en los siguientes tres años, con lo que no hace valer sus derechos. Por eso, el Ayuntamiento de Pájara rebaja en 1977 la calificación a "suelo urbanizable no programado" en el Plan General de Ordenación (PGO), un paso que limita su maniobrabilidad de la empresa.
Lo peor estaba por llegar. En diciembre de 1993, el Ayuntamiento de Pájara aprueba provisionalmente el PGO, teniendo que adaptarlo a la Ley de Espacios Naturales de 1987, que incluye Montaña Rayada en el Parque Natural de Jandía. El nuevo marco municipal, así como el Plan de Ordenación de Fuerteventura aprobado inicialmente en 1999 y ratificado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), cambian otra vez la calificación: de "suelo urbanizable no programado" pasa a "Zona A-Suelo Rústico Especialmente Protegido".
La sociedad Montaña Rayada pierde toda opción de urbanizar los dos millones de metros cuadrados. Primero pide por vía judicial que la parcela recupere su antigua calificación, pero ya es imposible. Le queda el derecho a reivindicar una indemnización. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias accede y evalúa en 29.352.289 euros, más intereses, la compensación.
* La Provincia - DANIEL MILLET - 8-11-09
FoTo: Imagen del paraje de Montaña Rayada, en Jandía, donde la empresa del mismo nombre compró en los 70. LP / DLP
Córdoba: Expertos piden más implicación social en los proyectos del casco histórico
DIARIOCÓRDOBA* : Expertos en arquitectura y urbanismo han solicitado una mayor implicación social en las intervenciones arquitectónicas que se realicen en el conjunto histórico. Consideran que los proyectos emblemáticos deben ser "transparentes", es decir, tienen que contar con la participación ciudadana.
Esa fue una de las conclusiones que sacaron el medio centenar de expertos que se han reunido durante dos días en Córdoba para perfilar las normas que deberán regir las actuaciones que se realicen en las trece ciudades con conjuntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, tal y como exige la Unesco. Las propuestas que han salido de este encuentro se irán puliendo de aquí al 12 de diciembre, momento en el que se reunirá en Cáceres la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad para consensuar esa guía.
La principal filosofía de estas jornadas, que pretenden integrar la arquitectura contemporánea en los cascos históricos con la idea de evitar polémicas, es que no existe un momento más histórico que otro y que la realidad es la suma de distintas épocas y el reflejo de la sociedad. Por ello, los participantes piensan que las ordenanzas de los planes especiales de protección no deben obligar a reproducir un determinado momento como si fuera el único posible. Tal y como explicó en la clausura de las jornadas el presidente de Urbanismo, Francisco Tejada, "son ciudades vivas en las que hay que seguir interactuando".
El responsable de la oficina del casco histórico, Pedro Caro, resumió las propuestas en las que coinciden todas las ciudades participantes. Entre ellas, que hay que tener en cuenta la aparición de fenómenos como el botellón o la inmigración en la adaptación de los espacios públicos. Además, hay que incluir las nuevas tecnologías como el wifi, las medidas de ahorro energético, desterrar del paisaje urbano las redes de suministro y reducir al mínimo el tráfico, eso sí, favoreciendo la accesibilidad al centro.
Los participantes piensan que los planes especiales deben distinguir entre las edificaciones privadas --viviendas--, que deben dar respuesta a las nuevas demandas sociales, y los edificios monumentales. Además, consideran que tanto estos planes, como los generales de ordenación --que deben incluir análisis paisajísticos y no solo planos--, se redacten de manera coordinada "teniendo en cuenta que la ciudad es continua y única". Los asistentes reclaman un plan director que vea de forma global los espacios públicos, ya que piensan que también se les debe exigir criterios de calidad como a la edificación. Piden, además, que las administraciones se coordinen. Al turismo le dedican especial atención como "actividad económica que debe convivir de forma equilibrada con los residentes". Por último, exigen a los ayuntamientos que creen equipos multidisciplinares.
* Diario Córdoba - 08/11/2009 ISABEL LEÑA
Foto: Mezquita Córdoba - tripadvisor.com
La Cañada Real Galiana entre un problema social y una nueva oportunidad especulativa
KAOSENLARED/Madrid* : Intereses cruzados en la Cañada Real. ¿Es la Cañada Real Galiana un problema social que requiere soluciones inmediatas o se trata de una oportunidad de negocio? Por definición es un camino que no se puede vender ni ocupar, en el que hoy viven cerca de 40.000 personas. Hay bolsas de pobreza, pero también negocios, restaurantes, naves industriales y chalés. El proyecto de la Comunidad de Madrid, que no ha especificado el coste de la operación de desafectación, que permitirá la venta de este suelo público, es respaldado por vecinos de la Cañada y los ayuntamientos, aunque desde Ecologistas en Acción denuncian que esta recalificación no solucionará los problemas sociales.
Riccardo Valletti. Madrid
Jueves 5 de noviembre de 2009. Número 112
Casi no quedan campesinos de aquellos que llegaron en los ‘60 a la Cañada Real Galiana. Ahora en el tramo que transcurre en torno a los municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada viven entre 30.000 y 40.000 personas, lo que lo convierte en el asentamiento ilegal más grande de la Unión Europea. Todo este flujo de gente, que aparentemente ha pasado desapercibida por las autoridades a lo largo de las últimas cuatro décadas, es ahora el objeto de la gran pregunta: ¿Y ahora, qué hacemos con ellos? En julio, la Comunidad de Madrid presentó un anteproyecto de ley, que es ahora proyecto de ley después de su aprobación el 24 de septiembre, en el que se establece la desafectación del suelo de un tramo de 14,2 km de la Cañada Real Galiana con el argumento de que no es “adecuado al tránsito ganadero”. Hasta el momento, el proyecto ha encontrado el beneplácito de PSOE, IU y del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, formado por sindicatos y patronal. El proyecto de ley ha sido aprobado en su planteamiento general, y sólo se han levantado 22 enmiendas parciales. Previsiblemente, a finales de noviembre, la ley será aprobada y entonces comenzará una carrera a contrarreloj de 24 meses para la actuación de los Ayuntamientos sobre los tramos de su competencia. El proyecto de ley plantea que los terrenos se pongan en manos de los tres Ayuntamientos interesados, para que busquen una solución. De esta manera, según diversas fuentes, la Comunidad de Madrid está intentando “lavarse las manos” en los problemas que supondrá recalificar estos tramos de Cañada.
LAS GRÚAS LLAMAN A LA PUERTA. El ensanche de Vallecas ya se encuentra sólo a unos pocos metros del comienzo del tramo madrileño de la Cañada. David Fernández
Distintas posturas
Los vecinos de la Cañada, que desde hace más de diez años se han organizado en cuatro asociaciones, y que han mandado estudios autofinanciados a arquitectos y biólogos para conseguir bases documentales de apoyo a su legalización, consideran el proyecto un acuerdo histórico y agradecen “la valentía demostrada por Esperanza Aguirre y su consejera de Medio Ambiente [Ana Isabel Mariño]”. En una nota de prensa del 4 de octubre exigen que una representación vecinal de las cuatro asociaciones “tenga también voz y voto en la propuesta y decisión final”; califican la desafectación como el inicio de una solución y señalan que los habitantes de la Cañada quieren ser ciudadanos de Madrid con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano: “No queremos que se nos regale nada, y de la misma forma que hemos invertido ilusiones y mucho dinero en levantar nuestras casas, estamos dispuestos a adquirir estos terrenos”. Uno de los aspectos claves de todo este tema es la disparidad de los afectados. Históricamente los asentamientos han crecido de norte a sur. En Coslada, las viviendas no se distinguen del resto del entramado de calles del municipio: tienen asfalto, iluminación pública y los vecinos llevan años pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se han establecido comercios, restaurantes y naves industriales, y el Ayuntamiento ha declarado que es un despropósito que todo se derribe para dejar espacio a un parque, algo que ha sido aplaudido por las asociaciones de vecinos de la Cañada Real. A medida que se llega al sur, las condiciones empeoran, sobre todo por lo que se refiere al estado de urbanización de la calle. Rivas no ha proporcionado iluminación, ni asfalto, ni servicio de correos; pero las viviendas, en su mayoría, son dignas y la población es trabajadora, con una mayoría de sin papeles y migrantes del Magreb, Rumanía o Bulgaria. Es en el sector 6 donde el paisaje cambia radicalmente. Hay chabolas, basura junto a un camino de barro, fuegos encendidos en barriles de hierro y evidentes problemas sociales; allí se ha establecido el tráfico de droga y se vive en condiciones sanitarias e higiénicas al borde de la supervivencia. El sector 6 de la vía pecuaria está junto al vertedero y la incineradora de Valdemingómez, una zona que el Ayuntamiento no duda que recalificará como “no apta para uso residencial”. Los Ayuntamientos de Rivas y Madrid han anunciado su intención de derribar los tramos que les corresponden para construir un ‘corredor verde’, que prevé la creación de un parque urbano y que comportará el derribo de toda vivienda a lo largo de tres cuartos del tramo afectado por la ley. Esta postura es rechazada por distintos motivos tanto por las asociaciones de vecinos, que consideran responsables a ambos Ayuntamientos de la situación generada a lo largo de cuatro décadas en este espacio, como por Ecologistas en Acción, que alega que para devolver a esta vía pecuaria a su uso original no es necesario desafectar el dominio público, sino desalojar a los ocupantes con los medios legales a disposición de la Comunidad y recurrir al Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) para el realojo e integración de la población que lo precise. Para esta organización la reclasificación de este tramo de la Cañada “podría esconder una importante operación urbanística, favorecida por el oscurantismo que la Ley introduce al eliminar todo tipo de control público y social sobre el proceso”.
¿Quién puede comprar su casa?
Económicamente tampoco hay certezas, lo que ha causado enfrentamientos entre los Ayuntamientos y la Comunidad a cuenta de quién costeará los gastos de eventuales realojos de la población. Pero no se trata sólo de los realojos, Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto de ley no especifica cuánto costará la adecuación y el mantenimiento de la “ciudad lineal” de la Cañada Real ni quién cubrirá servicios como el abastecimiento de agua, el desagüe de aguas residuales, la adecuación de las carreteras, la recogida de basuras o el servicio de correos. Para esta organización, la desafectación de este tramo ha creado nuevas expectativas inmobiliarias que crearán tensiones entre los habitantes con más medios y el resto, “muy posiblemente la población más marginal acabe expulsada del tramo afectado por la ley y se asiente en otras zonas de la Cañada Real Galiana, actualmente no ocupadas, esperando tal vez, que en un futuro próximo ellos corran la misma suerte que sus vecinos”. Las asociaciones de vecinos recuerdan que muchos de los que viven en este tramo pagaron en su día por la compra de sus parcelas a los antiguos ocupantes. Estas transacciones, ilegales, se han llevado a cabo mediante contratos de cesión que nada tienen que ver con una compra efectiva. Según las investigaciones de este periódico, el precio para tales cesiones ha llegado este año a cien euros por metro cuadrado. José Fariña, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid, descarta que los Ayuntamientos de Madrid y Rivas dejen las parcelas en manos de quien las ocupa actualmente y añade que, “en caso de que se decidan a urbanizar las parcelas ocupadas, tan sólo un 10% de los vecinos podrá permitirse rescatar la tierra, ya que ahora tiene un precio de mercado muy alto”. El motivo es que los Ayuntamientos se encuentran “presionados por evidentes intereses económicos”, explica Fariña a DIAGONAL. “Hasta hace unos años era una zona rural de escaso interés, pero con el crecimiento de la ciudad, del PAU de Vallecas y de las urbanizaciones de Rivas Vaciamadrid, ha cobrado una importancia estratégica de cara a futuras expansiones”.
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107 HECTÁREAS MUY GOLOSAS
Con la ley, 107 hectáreas pasarán a depender de la Comunidad. La intención de su presidenta es dar potestad a los Ayuntamientos. “Que quieren hacer zonas verdes y echar a todo el mundo, pues lo harán, no vamos a decir que no”, ha explicado Esperanza Aguirre. Los consistorios por su parte critican que pasados dos años se podrá vender el suelo ocupado aunque no se haya solucionado el tema de los realojos.
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MARCO LEGAL
Los bienes de dominio público son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, explica José Fariña. Esto quiere decir que no se pueden ocupar, ni vender, ni regalar, ni están sujetos a las normas de usucapión (prescripción de los derechos de propiedad de los bienes pasados 30 años de uso ajeno). Son bienes del Estado, que están en manos de las Comunidades Autónomas para su mantenimiento y gestión. Por este motivo, el procedimiento de desafectación de la Cañada Real Galiana transformará los bienes de dominio público en bienes patrimoniales de forma que la Comunidad Autónoma podrá disponer de ellos para venderlos si así lo desea.
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RESIDUOS TÓXICOS
La Guardia Civil ha informado de la presencia de 4.500 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en la Cañada, que los ocupantes de algunas parcelas habrían aceptado a cambio de compensaciones económicas por parte de empresas y fábricas.
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UNA HISTORIA DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE SUELO
Nunca se ha deslindado el trazado de la Cañada en esta zona del sureste de Madrid. Algunas fuentes señalan que urbanizaciones legales como Covibar, en Rivas Vaciamadrid, han ocupado hasta 17.000 m2 de suelo de la Cañada. Durante el Franquismo varias órdenes ministeriales permitieron reducir en varios tramos los 75,2 metros de anchura hasta 14, sin embargo nunca se usó el término ‘desafectación’.
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POSTURAS DISTINTAS RESPECTO AL USO
La ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid eludió tratar el tema de los asentamientos e instaba a proteger la biodiversidad, la flora y la fauna. La desafectación, en palabras de Esperanza Aguirre, pretende “acabar con la hipocresía del uso ganadero y reconocer que allí no lo hay desde hace más de 50 años”.
* Kaos en la Red - Diagonal - 5.11.09
Puente Genil: La jueza ve indicios de delito en el caso del nuevo cuartel
INFORMACIÓN/Córdoba* : El procedimiento judicial abierto para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil seguirá adelante. Así se desprende del auto judicial hecho público esta semana por el que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Puente Genil ha decidido iniciar un proceso penal contra el alcalde, Manuel Baena, y otros nueve concejales más pertenecientes a diferentes partidos políticos...
(Alberto Gómez, Asunción Gallego, José María Campos y Juan Perales (IU), Andrés Pérez, Francisco Esojo y Francisco Barrios (PSOE), Francisco Velasco (PP) y José Luis Borrego (PA), todos ellos integrantes de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo que dio el visto bueno a la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento en abril de 2005. Alcalde y concejales se sentarán en el banquillo acusados de un delito contra la ordenación del territorio, pero no serán los únicos, ya que sobre el promotor de las obras, Manuel Cosano, también pesa este mismo cargo además de otro delito de tráfico de influencias, mientras que el arquitecto de la Guardia Civil y Jefe de la Sección Técnica de Andalucía, Salvador Salmerón, será procesado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Además, la jueza exculpa al general José Píriz, de cuya actuación no se aprecian “indicios de criminalidad”.
Según se desprende del auto, el promotor contactó con la Guardia Civil en 2002 ofreciéndose para construir el cuartel. En esa reunión estaba presente Salmerón, que posteriormente comunicó al Ayuntamiento el interés del Instituto Armado en construir un nuevo acuartelamiento en la localidad, algo a lo que fue receptivo el Consistorio pontanés que se mostró “dispuesto a modificar el PGOU, si fuera preciso, de la zona elegida". La jueza también entiende que “existen indicios” de que el empresario tenía información privilegiada sobre los terrenos en los que se iba a construir el nuevo cuartel, de hecho en el auto aparece que en el año 2004 Cosano compró una parcela en esa zona tan sólo unos días después de que Salmerón enviase un fax al Ayuntamiento de Puente Genil en el que designaba la misma como el lugar elegido para la construcción del cuartel.
Un año después, en abril de 2005, tiene lugar la reunión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo en la que se debate la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento. En principio, todos se muestran de acuerdo para otorgarla, aunque esa decisión se toma en contra del criterio de la arquitecta técnica municipal que presenta un informe negativo. En abril del 2005 se hace constar que la concesión de licencia podría incurrir en ilegalidad. Pese a todo, según el auto, el 28 de abril del 2005 el alcalde, Manuel Baena, concedió la licencia de obras provisional para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en el paraje conocido como Las Flores “a sabiendas de que ese terreno era no urbanizable, algo que todos los imputados (los concejales de la Comisión de Obras) conocían”.
Posteriormente, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes informó desfavorablemente sobre la modificación del PGOU llevada a cabo por el Consistorio pontanés, si bien, los problemas administrativos quedaron definitivamente resueltos en 2007 una vez que la propia Consejería dio el visto bueno la modificación de la calificación urbanística de los terrenos sobre los que había comenzado a construirse el edificio, que en principio estaban clasificados como rústicos. A consecuencia de esa modificación del PGOU, los terrenos del nuevo cuartel ubicado en el polígono de Las Flores pasaron de suelo no urbanizable a sistema general adscrito a suelo urbanizable para la construcción del nuevo acuartelamiento, mientras que los terrenos de la calle Miguel Romero, donde actualmente se sitúa el actual cuartel, cambiaron su calificación pasando de ser sistema general a uso residencial.
Los acusados por un delito contra la ordenación del territorio se enfrentan ahora a penas de prisión que pueden oscilar entre los seis meses y los dos años.
primeras reacciones
Ante la decisión adoptada por la jueza, los representantes políticos de nuestra localidad optaron por redactar un documento consensuado.
El texto, firmado por el alcalde, Manuel Baena, y por los portavoces de IU (Alberto Gómez), PSOE (Esteban Morales) y PA (José Luis Borrego) señala lo siguiente:
“En relación con el auto decretado por la titular del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil por el que se mantiene la imputación de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción del Cuartel de la Guardia Civil en el procedimiento abierto a 10 miembros de la Comisión de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, los Grupos Políticos de Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Andalucista, que forman parte de este Ayuntamiento quieren manifestar lo siguiente:
1.- No hay ningún político municipal al que se hayan adjudicado algún tipo de delito ligado a la corrupción.
2.- El auto en cuestión omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil disponen actualmente de una calificación urbanística adecuada.
3.- Los políticos del Ayuntamiento de Puente Genil intentamos facilitar la instalación de un servicio público esencial para la localidad, mejorando la seguridad y la habitabilidad del establecimiento donde se tiene que ubicar la Guardia Civil. Éramos conscientes que la aprobación inicial de esa modificación sería la aprobada finalmente y, de hecho, nunca hubo ningún obstáculo a la recalificación del solar en el que se asienta actualmente el nuevo cuartel de la Guardia Civil.
4.- La defensa va a presentar un auto de reforma respecto al de procesamiento, en la medida en que ésta omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil están calificados de manera correcta como sistema general urbano, hecho que entendemos fundamental”.
El único partido que no suscribió el comunicado fue el PP. Su presidente local, Manuel Jesús Torrús, explicó que “el procedimiento judicial está abierto y, por tanto, entendemos que no es el momento adecuado para hacer notas de prensa o realizar declaraciones”. “Nosotros -añadió Torrús-, al igual que todos los grupos políticos, queremos que este tema se aclare cuanto antes, nuestro gabinete jurídico está trabajando para demostrar la inocencia de nuestro concejal, y más allá de las formas o de lo que se pueda decir, eso es lo único que ahora mismo nos preocupa”.
* Información - 6.11.09
Foto: Cuartel en obras - Información
El Supremo anula un macrorrelleno en Marín por su daño ecológico
ELPAÍS/Pontevedra* : El relleno de Placeres, en Marín, uno de los más grandes de Galicia, es ilegal. Tras muchos años de litigios, los vecinos de la zona han logrado que el Tribunal Supremo revoque una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y anule la actuación, que ocupa una superficie superior a los 300.000 metros cuadrados en una zona de notable valor marisquero de la ría de Pontevedra.
El fallo, del pasado 30 de octubre, no sólo declara ilegal el relleno, sino que anula el Plan Especial del Puerto de Marín-Pontevedra que lo sustenta, y obliga a Xunta, Diputación y Autoridad Portuaria a restituir la zona a su estado anterior.
La razón principal de la sentencia es la ausencia de un estudio de impacto ambiental que sustente el proyecto. La Autoridad Portuaria, que no ha querido comentar la sentencia a la espera de que la analice su equipo jurídico, presentó para avalar las obras un informe de 1994, encargado para evaluar un relleno anterior de 95.000 metros cuadrados, superado ampliamente por el que después se ejecutó.
Otra de las objeciones vecinales aceptada por el Supremo es la falta de justificación de la ampliación mediante rellenos en la ría. El recurso al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que en 2005 había dado la razón a la Autoridad Portuaria, también argumenta que el Plan Especial que aprobó la Consellería de Política Territorial en octubre de 2000 y ahora anulado se arroga competencias propias del Plan General, argumento que respalda el Supremo.
Pese al valor ecológico de la zona afectada, no han sido los recursos de las cofradías ni de los colectivos de defensa de la ría los que han conseguido la contundente victoria judicial, sino el de una asociación creada para rechazar el paso del tren por una plaza pública de la misma parroquia marinense de Placeres. La infraestructura ferroviaria está prevista en el Plan Especial para dar servicio a los nuevos muelles, por lo que la asociación llevó las obras a los tribunales. El TSXG falló en su contra. Cuatro años más tarde, el Supremo les ha dado la razón con una sentencia contra la que ya no cabe recurso. El alto tribunal también falló a favor de la misma asociación años atrás al ilegalizar el paso del tren por Placeres, aunque la sentencia todavía no ha sido ejecutada.
En el caso del relleno, el Tribunal Supremo sostiene que las administraciones demandadas "no han aclarado nada" sobre la disposición "que legitime tan extraordinaria obra de relleno del mar", lo que considera "incomprensible". Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo, que dicta el fallo, confiesan su "perplejidad" con los argumentos sostenidos por la Autoridad Portuaria. "Queda claro que el Plan Especial en cuestión debió someterse a evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación definitiva", añaden en la sentencia, "mayormente considerando la incidencia de la obra en un espacio de alto valor medioambiental y ecólógico como es la ría de Pontevedra".
Las dimensiones del relleno no quedan claras en los documentos aportados por la Autoridad Portuaria, que en algunas ocasiones hablan de "más de 300.000 metros cuadrados" y, en otros, de 441.349. El estudio económico financiero presenta un presupuesto total de 24,13 millones de euros. Pese a la difícil reversibilidad de la obra, el Tribunal Supremo obliga a Xunta, Diputación y Puerto a "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado", con un reparto del 30%, 20% y 50%, respectivamente. La asociación demandante expresó su satisfacción por el fallo e instó a las administraciones afectadas a negociar una solución.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 07/11/2009
Foto: Marín - mma.es
El juez registra las viviendas de Matas en Palma y Madrid
ELPAÍS* : El juez del caso Palma Arena llevó a cabo ayer una espectacular acción al registrar durante toda la jornada las propiedades del ex presidente balear Jaume Matas, imputado en la causa del sobrecoste del velódromo de la capital balear. Matas está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de cohecho impropio por supuesto enriquecimiento irregular.
La operación comenzó por la mañana en Madrid, donde la Guardia Civil registró e inventarió los bienes del piso de la familia Matas. Por la tarde, los agentes acompañaron al juez José Castro y al fiscal Pedro Horrach en el minucioso examen y valoración del piso palacio que Matas adquirió por un millón de euros en el centro de Palma y que Hacienda valoró en dos veces y media más de su valor de compra.
El registro en Palma concluyó pasadas las nueve de la noche. Un arquitecto experto en peritaje judicial tasó la vivienda de 425 metros cuadrados hábiles. También se valoraron las obras de arte de ambos inmuebles. En la primera inspección, los peritos constataron la gran inversión para la reforma interior del piso-palacio. "Una gran fortuna", según los investigadores. El abogado de Matas, Rafael Perera, señaló, tras concluir el registro, que se incautaron de documentos y facturas, y que buscaron la caja fuerte y los joyeros.
Matas tendrá que declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo junto a su esposa Maite Areal y su cuñado, Fernando Areal. Éste está encausado por un presunto pago de gastos electorales del PP con 72.000 euros en dinero negro. El juez sostiene que esos fondos procedían de empresas de la obra del velódromo balear, cuyo presupuesto se disparó de 40 a 110 millones.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 07/11/2009
Foto: elconfidencial
Ribadesella. El club La Rasa deberá demoler parte de sus construcciones del campo de golf
LNE/Asturias* : La casa club y la caseta de oficinas que el Club de Golf La Rasa de Berbes construyó en el campo de golf de Ribadesella son ilegales. Además, a estas edificaciones se suman una caseta metálica destinada a almacenar maquinaria, otra barraca usada como almacén y una excavación para el acopio de agua y su posterior uso como riego que ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados. Todas estas obras se encuentran fuera de la legalidad y, por tanto, deben ser demolidas.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Principado de Asturias (CUOTA), cuyo dictamen recibió ayer el Ayuntamiento de Ribadesella.
«Todo esto se podía haber evitado si hubiesen seguido la ley y hubieran construido con licencia municipal», destaca Francisco Vázquez, concejal de Urbanismo de Ribadesella.
La CUOTA es tajante. Sobre la casa club y la barraca de oficinas, dice textualmente que son ilegalizables «por estar situadas fuera de las zonas que el Plan Especial para el Campo de Golf define para este tipo de actividades y edificaciones». Este dictamen es el final de un proceso que se inició el pasado mes de mayo, cuando el Ayuntamiento abrió un expediente al club de golf por realizar obras sin licencia municipal. Ante esta situación, la directiva de La Rasa decidió presentar a la Administración local un expediente de legalización.
Los terrenos en los que se ubica el campo de golf están catalogados de especial protección, ya que es zona de influencia de la reserva natural del Sueve. Por este motivo, el consistorio trasladó a la CUOTA el citado expediente. Cinco meses más tarde la Comisión de Urbanismo se ha pronunciado. De las cinco construcciones que La Rasa pretendía legalizar, la CUOTA da el visto bueno a tres: la caseta de salida, un tiradero de prácticas y una caseta para la maquinaria de mantenimiento. La casa club y las oficinas no son legalizables, según la CUOTA.
Además, la Comisión advierte que existen otras obras que no se recogen en el expediente de legalización presentado por el Club de La Rasa, que deberá proceder a su demolición: la caseta para maquinaria, el almacén y la balsa de captación de agua.
* La Nueva España - Bárbara MORÁN - 5.11.09
Foto: La caseta que se va a demoler, con el campo de golf al fondo. lópez de arenosa, lne.es
Santa Coloma se echa a la calle para protestar contra la corrupción
ELPAÍS/Barcelona* : Desde que el pasado 27 de octubre la Audiencia Nacional destapó el caso Pretoria, en Santa Coloma de Gramenet se han ido sucediendo improvisadas protestas. Esta tarde, sin embargo, la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam convocó una manifestación para denunciar en firme la corrupción urbanística.
Fue la más multitudinaria en la ciudad en los últimos años y en torno a 1.500 vecinos se echaron a la calle bajo el lema Fora polítics corruptes! Ara, el poble!. Aunque al inicio de la marcha se encendieron un poco los ánimos, la manifestación transcurrió sin incidentes.
La plataforma organizadora, que agrupa a una treintena de asociaciones vecinales y entidades culturales colomenses, reclamó "la disolución del actual Consistorio y el nombramiento de una junta gestora hasta las próximas elecciones municipales". Aunque por el momento son únicamente tres los imputados en Santa Coloma por el caso Pretoria -el alcalde, Bartomeu Muñoz, el concejal de urbanismo, Manuel Dobarco, y el director de servicios municipales, Pascual Vela-, los convocantes de la protesta responsabilizan de lo sucedido a todo el Ayuntamiento.
"Este gobierno ha tenido mayoría absoluta y ha legitimado proyectos de especulación urbanística, porque no tienen otro nombre. Ni los compañeros del alcalde han hecho nada para evitarlo por disciplina de partido ni tampoco la oposición ha hecho su papel", denunciaba su portavoz, Jordi Pastor. La plataforma reclamó, además, una moratoria para las obras que hay en la ciudad en proyecto y en ejecución, y que los miembros del Gobierno municipal publiquen las declaraciones de patrimonio que hicieron antes de entrar en el Consistorio y las actuales.
Entre las pancartas que portaban los vecinos había continuas referencias a las reformas urbanísticas más polémicas de Muñoz: el proyecto Cubics, la recuperación del parque de Can Zam y las expropiaciones en el barrio de Safaretjos y Singuerlín Nord. Algunas asociaciones vecinales aseguran que llevaban años remitiendo sus denuncias en materia de urbanismo al Consistorio, pero que no había forma de negociar con el gobierno municipal.
"A pesar de que aquí siempre habíamos dicho que hacían falta más equipamientos y parques, y menos pisos, algo nos sorprendimos cuando se destapó todo. La respuesta que nos daban era que se iba a esponjar Santa Coloma y luego nada de nada. Mire el parque de Can Zam. Tenía 13 hectáreas y poco a poco se lo van comiendo", comentaba un vecino, Ángel Nogales. "El gobierno y la oposición conocían nuestras quejas desde hace 10 años", añadía Jaume Torrent, que con pesimismo remachaba: "el problema no es poner un alcalde u otro, es el sistema el que está podrido".
A lo largo de la marcha, que concluyó en la plaza de la Vila, se sucedían los corrillos. Había vecinos que a modo de protesta portaban ensartadas en una caña ristras de chorizos, una corbata, y una receta de cómo preparar el "pollo al Ayuntamiento", que incluía "un pollo, un despacho, y varios chorizos". No todo el mundo estaba para sarcasmos, había quien contaba al pie del Ayuntamiento lo mal que lo está pasando por culpa de la crisis y lo duro que se le hace ver en las noticias este caso de corrupción.
En Santa Coloma el paro se ha duplicado con la recesión y está en torno al 17%. Muchos de los nuevos desempleados no trabajaban en la ciudad, sino en empresas de la construcción o del sector de la automoción del área metropolitana.
* ELPAIS.com - FERMÍN ROBLES - Santa Coloma de Gramenet - 05/11/2009
Foto: Varios centenares de ciudadanos de Santa Coloma protestan contra la corrupción y contra la acción del ex alcalde Bartomeu Muñoz- MARCEL·LÍ SÀENZ, elpais.com
Imputado el alcalde y el secretario general del PSOE de Punta Umbría por el caso Ibercons
EUROPAPRESS/Huelva* : El alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE); el secretario general del PSOE en la localidad, Juan Pomares; el concejal de Urbanismo, Juan Iglesias Lago, y el técnico municipal José Antonio Gómez Jiménez han sido imputados tras una querella interpuesta por la empresa Ibercons Ingeniería y Construcciones, afincada en Huelva capital, ya que presuntamente uno de los miembros del equipo de Gobierno le pidió a la citada compañía que "se retirase, como un favor político, de la licitación de unas obras en la plaza de la Sal de El Portil".
En la citación del juez del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Provincial de Huelva, al que tuvo acceso Europa Press, estas personas declararán en calidad de imputados el próximo 16 de febrero.
También declararán dos días después y en la misma calidad, la primera teniente de alcalde, Aurora Águedo Borrero; la concejala de Cultura, Antonia Hernández Galloso; la concejala delegada de El Portil, Beatriz Román Ramírez, y el Economía y Hacienda, Manuel Castillo Guerrero.
Por otro lado, el director técnico de Ibercons, Juan Carlos Trigueros, prestará declaración a su vez, pero en calidad de testigo.
Por su parte, el presidente del PP de Punta Umbría y letrado de Trigueros, José Carlos Hernández Cansino, indicó que en este caso existen "indicios de delitos de amenazas, alteración del precio de concursos públicos, prevaricación, fraude en contratación y falsedad documental", ya que según explicó el popular, el secretario del PSOE de Punta, Juan Pomares, "solicitó a Ibercons, empresa que había presentado el proyecto de obra más barato y de menor duración, un favor político y que se retirara de la licitación porque tenía un compromiso con una empresa de la localidad".
Del mismo modo, Hernández señaló que atribuyéndole las obras a la empresa local Punta Enebro, "una empresa que no tiene historia porque se creó a los tres meses de que el PSOE ganara las elecciones municipales, no se beneficia a la localidad sino a una empresa", por lo que el PP "quiere llegar a las últimas consecuencias y aclarar en todas las instancias este asunto".
* EUROPA PRESS - 5.11.09
Foto: Punta Umbría - turismoandaluz
Tres sicarios mataron en 2007 al alcalde de Polop por motivos urbanísticos
ELPAÍS/Alicante* : Dos años y dos semanas después, la Guardia Civil ha esclarecido el enigmático asesinato a tiros del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP. Los agentes arrestaron el jueves a un ciudadano español, integrante de una banda de tres asesinos a sueldo, por su supuesta implicación en el crimen. Los otros dos miembros del grupo, radicado en el sur de la provincia, son checos. La investigación, según fuentes del caso, sostiene que la orden a los sicarios tiene su origen en temas urbanísticos.
Alejandro Ponsoda fue tiroteado la noche del 19 de octubre de 2007 a las puertas de su vivienda. El regidor recibió varios impactos de dos armas distintas. Uno de los balazos le atravesó el cráneo y le provocó un coma irreversible. Ponsoda falleció una semana más tarde, a los 55 años de edad, en el hospital General de Alicante.
Desde el principio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil centró la investigación para esclarecer el asesinato de Ponsoda en cuestiones relacionadas con programas urbanísticos en el municipio, dadas las tensiones que había generado el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Junto a esta línea, la policía indagó en el ámbito privado del regidor, aunque finalmente descartó este aspecto como posible móvil del crimen.
Polop (en el prelitoral de Alicante, a 30 kilómetros de Benidorm) no alcanza los 4.000 habitantes censados y un tercio de su población es extranjera. En 1999 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que fue homologado en 2003. En esa fecha, el responsable del área de Urbanismo era Juan Cano, luego sustituto de Ponsoda en la alcaldía. El planeamiento, vigente, prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete la población.
Además de en el urbanismo, la gestión de Ponsoda al frente del Consistorio también fue cuestionada en el apartado de la contabilidad. En septiembre pasado, Cano presentó al pleno un informe para aprobar las cuentas de 2008 que incluía un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,62 millones de euros por facturas impagadas en 2007 y ejercicios anteriores, bajo el mandato del alcalde asesinado. En el documento se responsabilizaba a Ponsoda de poner en marcha "diversas obras municipales que no contaron con la adecuada financiación y que se ejecutaban en función de presupuestos incorrectos". "Se estaban admitiendo facturas con cargo a dichas obras que no se correspondían ni con el valor ni con los conceptos de las mismas", recogía el documento. El informe reflejaba llamadas de proveedores reclamando el pago de facturas pendientes de cobro que, sin embargo, no constaban en el programa de contabilidad del consistorio.
El alcalde, que se enteró por los medios de comunicación del arresto de uno de los presuntos asesinos de Ponsoda, declaró: "Es una satisfacción que caiga sobre los culpables el peso de la ley". La alegría de Cano era también compartida por los vecinos de pueblo, cuyo devenir ha estado mediatizado en estos dos últimos años por el hasta ayer misterioso crimen de su ex alcalde.
* ELPAIS.com - R. LLORENTE / A. BALAGUER - Alicante / Benidorm - 06/11/2009
Foto: Agentes de la Policía Judicial inspeccionan el vehículo del alcalde de Polop en 2007 tras su asesinato.- R. FUSTER, elpais.com
Se destruye yacimiento arqueológico del neolítico
ECOLOGISTASENACCIÓN/Aragón* : Hace unos meses se tuvo conocimiento de la destrucción prácticamente total del yacimiento arqueológico Neolítico de la cueva de Chaves, el segundo en importancia en la Península Ibérica tras la cueva de Or (Valencia). La cueva, situada en el término municipal de Casbas de Huesca, se encuentra situada en el interior de una finca cinegética vallada en su totalidad, propiedad de FIMBAS S.A., empresa presunta responsable de la destrucción, al pretender convertir el espacio en un pesebre y construir un abrevadero para el ganado.
La superficie excavada de la cueva por parte de los arqueólogos de la Universidad de Zaragoza y del Museo Arqueológico Provincial no llegaba al 10 %, pero el yacimiento ya era un referente sobre la neotilización de la Europa Meridional, una información y un patrimonio arqueológico y cultural que, por desgracia, se ha perdido para siempre, tal y como se ha afirmado públicamente desde el Museo Arqueológico de Huesca.
Ecologistas en Acción había denunciado en numerosas ocasiones obras ilegales que se venían desarrollando en el entorno de la cueva. De hecho, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro abrieron incluso expedientes sancionadores que se saldaron con multas ridículas, pero en ningún momento llegaron a paralizar las obras, que finalmente arrasaron el yacimiento. Por otra parte, el hecho de que la destrucción de la cueva pudo producirse varios meses (incluso un año) antes de hacerse pública la noticia, da también una idea de la pasividad de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, entidad que tenía la obligación de velar por la conservación de esta joya del neolítico. Finalmente, señalar que la cueva se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, lo cual agrava aún más este hecho.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio de Cultura que, dada la inoperancia de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y de acuerdo con la legislación vigente, inicie directamente las acciones legales necesarias, y se persone en las ya abiertas (como consecuencia de las denuncias que se interpusieron desde diferentes sectores tras conocer su destrucción), con el fin de que se sancione como corresponde a los responsables de este atentado contra el patrimonio histórico y arqueológico. Asimismo, se le ha solicitado que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación y recuperación de los restos arqueológicos que todavía no han sido destruidos en la zona. En este sentido, Ecologistas en Acción considera que deberían expropiarse aquellas áreas que albergaban o albergan valores arqueológicos en la zona, como mejor garantía para su conservación.
Imanat films y Ecologistas en Acción se ha elaborado un documental, en el que se describe de manera pormenorizada como ha sido el proceso que ha culminado con la destrucción del yacimiento arqueológico de Chaves.
* E.A. Área de Patrimonio Histórico y Arqueológico - 3-11-09
La juez imputa en el 'caso Mercasevilla' al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento
ELPAÍS/Sevilla* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha citado a declarar como imputado a Domingo Enrique Castaño, ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista, dentro de las diligencias abiertas por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga.
En el auto, fechado el pasado miércoles, la juez Alaya cita a declarar en calidad de imputado a Domingo Enrique Castaño el próximo día 17 de diciembre, a las 10.30, dentro de unas diligencias por las que se encuentran también imputados el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; el ex director general de
Mercasvilla Fernando Mellet; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
De igual modo, dispone que se libre oficio a la Policía Judicial a fin de recordarle la remisión al Juzgado de los contenidos del resto de los correos electrónicos del servidor de la Gerencia Municipal de
Urbanismo que podrían ayudar a esclarecer esta presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando, mientras también pide que se expida un nuevo oficio a la Policía Judicial para que informe sobre el directivo o los directivos de Sando en Andalucía que hubieran intervenido en la subrogación del derecho de superficie.
Asimismo, la juez instructora del caso también dispone que el jefe de la Policía Judicial adscrita informe de los derechos de superficie y arrendamientos que hubiere en los terrenos de Mercasevilla antes de la convocatoria del concurso público y el tiempo de su duración. Además, retrasa al día 30 de noviembre las declaraciones, en calidad de testigos, del profesor adscrito al Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad de Sevilla Antonio Pajares Ruiz, y de Antonio Barba
Ruiz, quien en nombre del grupo de inversiones Noga asistió a la apertura de ofertas efectuada el día 9 de febrero de 2006 ante la mesa de contratación del concurso para la adjudicación de derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, cuyas declaraciones estaban previstas inicialmente el día 23 del presente mes.
Patrimonio de los imputados
Por último, recuerda que el imputado Fernando Mellet ha presentado ya el escrito en el que adjunta el correo electrónico aludido en su declaración judicial, concretamente el que envío a María Victoria Bustamante el 10 de noviembre de 2005, en el que, según Mellet, se le remitía el pliego de condiciones aprobado en la comisión ejecutiva del 8 de noviembre.
Por otro lado, y en relación con la instrucción que la juez desarrolla para investigar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, la juez solicita a la Policía Judicial ampliar la información patrimonial de los cuatro imputados en esta causa -los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Antonio Ponce; el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y la funcionaria Regla Pereira-, así como de otras 14 personas pertenecientes a "su entorno familiar más directo".
En este auto, la juez Alaya mantiene para el 16 de noviembre el señalamiento para la declaración como imputado del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.
* ELPAIS.com - EP - Sevilla - 05/11/2009
Foto: Mercasevilla - elcorreoweb.es
"Pretoria": Los comisionistas ganaron cinco millones en una operación de 28
ELPERIÓDICO/Barcelona: Si el juez Baltasar Garzón no se equivoca en sus imputaciones, trabajar para la trama del caso Pretoria era un auténtico negocio. Uno de los casos más ejemplares es el del solar que vendió la sociedad pública Marina Badalona a finales del 2002 a la empresa Badalona Building Waterfront (BBW) y que esta revendió 15 meses más tarde a Espais Catalunya Inversions Immobiliàries por 28 millones de euros.
En el tiempo transcurrido entre la operación inicial y la final, los intermediarios y comisionistas cobraron cinco millones de euros, casi un 18% del precio final. En el solar aún no se ha edificado nada y varias fuentes apuntan al presunto blanqueo de dinero como el objetivo real de la operación.
Espais Catalunya está participada en un 51% por Caixa Catalunya, y el resto, por Espais, la inmobiliaria que dirige Lluis Casamitjana, imputado por Garzón. Según el auto, esta empresa mixta pagó a Poliafers, una compañía de Lluís Prenafeta (exsecretario general de la Presidencia con Jordi Pujol y ahora en prisión provisional sin fianza) 1.461.599 euros por la compra del solar «tras el cambio de usos» del proyecto. Prenafeta se repartió esta comisión con Luis García (Luigi) y Macià Alavedra.
Esta es la última comisión que consta en la resolución judicial por esta operación. Aunque el magistrado destaca que antes hubo otras dos. BBW compró el solar a finales del 2002, cuando estaba controlada por Alejandro Pretus (el abogado que aparece en casi todas las operaciones del caso Pretoria), Agustín Peñarroja y Jeff Schroeder.
NEGOCIO LIOSO / «Cuando se produjo la operación» de venta «BBW pagó a Kundry Blau 2,551 millones en concepto de rescisión de un contrato de gestión». Los administradores mancomunados de Kundry eran precisamente el citado Schroeder y Lluís Renau, exdirector general de Seguretat Ciutadana en el Govern a las órdenes de Alavedra. Garzón apunta, sin embargo, que el destino final de esos 2,5 millones fue Luigi, Este, además, cobró otra comisión más a cargo de BBW por valor de 1.046.993 euros. Para acabar de liar la operación, parte de esa última cantidad fue a parar de nuevo a manos de Schroeder y de Renau, según el juez.
La suma de las tres comisiones asciende a los citados cinco millones de euros, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que todavía no se ha construido nada en el solar en cuestión. La situación contrasta, además, con las del resto de parcelas del frente marítimo de Badalona.
Caixa Catalunya ha puesto en marcha una auditoría para aclarar todos los extremos de su participación en la operación de Badalona y sus relaciones con Espais, responsable de la gestión del proyecto. La entidad de ahorro destaca que no le consta ningún pago irregular por parte de su filial y asegura que desde que compró el terreno la calificación de este no ha variado.
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS / Espais y Procam han mantenido parado el solar durante estos años. No solicitaron la primera licencia de obras hasta octubre del 2007, según fuentes municipales. El ayuntamiento se la denegó por deficiencias en los expedientes. No se registró otro movimiento hasta el pasado 16 de octubre, cuando los servicios municipales requirieron nuevos informes técnicos. Por si los problemas de la obra no eran suficientes, tras la detención de Casamitjana el ayuntamiento ordenó la suspensión de todas las licencias relacionadas con esta parcela hasta que se aclare la situación.
El ayuntamiento envió ayer a Garzón toda la documentación sobre esta parcela, un millar de folios.
* El Periódico - 5.11.09
Foto: Cartel publicitario de una de las obras previstas en el nuevo frente marítimo de Badalona, el mayor cambio urbanístico de la ciudad. - JOSEP GARCIA, elperiodico.com
Santa Coloma adjudicó la misma obra a dos empresas de la trama corrupta
ELPAÍS/Barcelona* : La investigación del caso Pretoria sigue extendiéndose a otras localidades y llega ya a Arenys de Mar (Maresme), aunque sigue sin abandonar su epicentro. Dos empresas relacionadas con la trama corrupta han sido las adjudicatarias de una misma obra en Santa Coloma de Gramenet. Se trata del mercado de Fondo, uno de los mayores equipamientos de la ciudad, que se licitó en 2007 por más de 20 millones de euros. La adjudicación, que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón, recayó en la constructora Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
La constructora presentó el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado mes de enero, por lo que el Ayuntamiento tuvo que licitar otra vez la obra. Esta vez, el precio de salida eran 11,9 millones porque Edisan había realizado ya algunos trabajos, como la demolición del antiguo mercado. El pleno del Consistorio adjudicó el contrato el pasado 26 de octubre —un día antes de la intervención policial— por 9,8 millones de euros a Grupo Ánfora, en cuyo consejo de administración está Antonio Jiménez Gómez, el ex concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) que Garzón investiga por considerarlo uno de los contactos del presunto cerebro de la trama, Luigi.
Fuentes del Ayuntamiento admitieron que la obra se adjudicó dos veces seguidas a dos empresas de la trama, pero aseguraron que todos los contratos de Gramepark y los que aparecen en el auto de Garzón están siendo revisados. Ánfora es un grupo de Mataró que ahora está promoviendo viviendas en Montcada i Reixac y Sant Andreu de Llavaneres. Jiménez Gómez tuvo responsabilidades urbanísticas en ambas localidades, y empezó en la inmobiliaria justo después de dejar su cargo en Montcada. Además, fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma.
Garzón sigue rastreando, no obstante, todas las operaciones vinculadas con la trama. El pasado martes el Ayuntamiento de Arenys de Mar le entregó la documentación de un convenio privado entre Edisan, de Luigi, y la congregación de monjas de Vila Betània. Según el acuerdo, de 2005, Luigi se comprometía a ampliar el geriátrico de la comunidad a cambio de un solar donde edificar.
Fuentes municipales confirmaron ayer que en esa época, cuando gobernaban CiU y PP, el jefe de Planeamiento del Consistorio era Genís Carbó, militante de CDC y directivo del último Gobierno de Jordi Pujol. Carbó está citado en el auto por cobrar una comisión de 244.011 euros tras un pelotazo urbanístico.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER / A. TRILLAS - Barcelona - 05/11/2009
Foto: Construcción en Santa Coloma de Gramenet, origen del pelotazo urbanístico.- EDU BAYER
Ayuntamiento de Carboneras mantiene como suelo urbanizable El Algarrobico al adaptar sus normas subsidiarias
EUROPAPRESS/Almería* : El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado de manera definitiva la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico al considerar que no puede dársele categoría de suelo no urbanizable de especial protección al estar suspendido cautelarmente por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En el documento, publicado en BOP y contra el que los colectivos conservacionistas han anunciado la interposición tanto de recurso de reposición ante el Consistorio como de recurso contencioso-administrativo, recoge la recomendación del informe de la Comisión Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística y alega que debe mantener el anterior grado de proyección --D2-- en el sector ST-1 --Algarrobico-- a la vista de la resolución judicial.
Al tiempo, el Ayuntamiento carbonero, que preside Cristóbal Fernández (PSOE), señala para justificar su decisión, contra la que presentaron alegaciones el PP, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, que la citada comisión resaltó que la adaptación de las NNSS a la LOUA se trata de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento, por lo que no se puede alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
El decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula el procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento municipal a la ley anteriormente mencionada establece, sin embargo, tal y como se apunta en el documento y subrayan los colectivos ecologistas, que esta deberá clasificar como suelos no urbanizables de especial protección aquellos sectores sometidos a una aplicación directa por deslindes y planes sectoriales en materia de medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han interpretado la decisión del equipo de gobierno de Carboneras "y de la Administración autonómica" como un apuesta por la "legalización" del hotel de Azata del Sol que, según aseguraron, les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición del hotel y por otro aprueba "actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
NÍJAR
Al hilo de esto, invitaron al municipio a seguir el ejemplo del Consistorio de Níjar que, en el mismo procedimiento, clasificó como suelo no urbanizable de especial protección los parajes de La Fabriquilla y Aguamarga, donde estaban proyectadas dos macrourbanizaciones declaradas no conforme a derecho por el TSJA y en cumplimiento con lo establecido en el PORN del parque natural de Cabo de Gata.
Este plan, que también afecta a los sectores ST-2 y ST-3 con el mismo tratamiento en la adaptación de las NNSS de Carboneras, ubica el primero de ellos como B1 y B2, áreas de interés natural donde el uso urbano se prohíbe mientras que fija para el suelo donde se asienta el hotel de Azata del Sol la calificación C1 que motivó, precisamente, su suspensión cautelar ya que el Alto Tribunal Andaluz estimó que "podía suponer la reactivación del inmueble con uso turístico".
Con respecto al sector ST-3 o Torre del Rayo, que en el nuevo planeamiento aprobado por el Ayuntamiento también tiene un uso residencial, los dos colectivos ecologistas han subrayado que está catalogada como Habitats Prioritario y Exclusivo, monte público y zona de especial protección por la ubicación del Bien de Interés Cultural (BIC) que da nombre al paraje.
* Europa Presss - 5.11.09
Foto: El Algarrobico (Archivo) - greenpeace
