DIARIOCÓRDOBA* : Expertos en arquitectura y urbanismo han solicitado una mayor implicación social en las intervenciones arquitectónicas que se realicen en el conjunto histórico. Consideran que los proyectos emblemáticos deben ser "transparentes", es decir, tienen que contar con la participación ciudadana.
Esa fue una de las conclusiones que sacaron el medio centenar de expertos que se han reunido durante dos días en Córdoba para perfilar las normas que deberán regir las actuaciones que se realicen en las trece ciudades con conjuntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, tal y como exige la Unesco. Las propuestas que han salido de este encuentro se irán puliendo de aquí al 12 de diciembre, momento en el que se reunirá en Cáceres la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad para consensuar esa guía.
La principal filosofía de estas jornadas, que pretenden integrar la arquitectura contemporánea en los cascos históricos con la idea de evitar polémicas, es que no existe un momento más histórico que otro y que la realidad es la suma de distintas épocas y el reflejo de la sociedad. Por ello, los participantes piensan que las ordenanzas de los planes especiales de protección no deben obligar a reproducir un determinado momento como si fuera el único posible. Tal y como explicó en la clausura de las jornadas el presidente de Urbanismo, Francisco Tejada, "son ciudades vivas en las que hay que seguir interactuando".
El responsable de la oficina del casco histórico, Pedro Caro, resumió las propuestas en las que coinciden todas las ciudades participantes. Entre ellas, que hay que tener en cuenta la aparición de fenómenos como el botellón o la inmigración en la adaptación de los espacios públicos. Además, hay que incluir las nuevas tecnologías como el wifi, las medidas de ahorro energético, desterrar del paisaje urbano las redes de suministro y reducir al mínimo el tráfico, eso sí, favoreciendo la accesibilidad al centro.
Los participantes piensan que los planes especiales deben distinguir entre las edificaciones privadas --viviendas--, que deben dar respuesta a las nuevas demandas sociales, y los edificios monumentales. Además, consideran que tanto estos planes, como los generales de ordenación --que deben incluir análisis paisajísticos y no solo planos--, se redacten de manera coordinada "teniendo en cuenta que la ciudad es continua y única". Los asistentes reclaman un plan director que vea de forma global los espacios públicos, ya que piensan que también se les debe exigir criterios de calidad como a la edificación. Piden, además, que las administraciones se coordinen. Al turismo le dedican especial atención como "actividad económica que debe convivir de forma equilibrada con los residentes". Por último, exigen a los ayuntamientos que creen equipos multidisciplinares.
* Diario Córdoba - 08/11/2009 ISABEL LEÑA
Foto: Mezquita Córdoba - tripadvisor.com
Córdoba: Expertos piden más implicación social en los proyectos del casco histórico
La Cañada Real Galiana entre un problema social y una nueva oportunidad especulativa
KAOSENLARED/Madrid* : Intereses cruzados en la Cañada Real. ¿Es la Cañada Real Galiana un problema social que requiere soluciones inmediatas o se trata de una oportunidad de negocio? Por definición es un camino que no se puede vender ni ocupar, en el que hoy viven cerca de 40.000 personas. Hay bolsas de pobreza, pero también negocios, restaurantes, naves industriales y chalés. El proyecto de la Comunidad de Madrid, que no ha especificado el coste de la operación de desafectación, que permitirá la venta de este suelo público, es respaldado por vecinos de la Cañada y los ayuntamientos, aunque desde Ecologistas en Acción denuncian que esta recalificación no solucionará los problemas sociales.
Riccardo Valletti. Madrid
Jueves 5 de noviembre de 2009. Número 112
Casi no quedan campesinos de aquellos que llegaron en los ‘60 a la Cañada Real Galiana. Ahora en el tramo que transcurre en torno a los municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada viven entre 30.000 y 40.000 personas, lo que lo convierte en el asentamiento ilegal más grande de la Unión Europea. Todo este flujo de gente, que aparentemente ha pasado desapercibida por las autoridades a lo largo de las últimas cuatro décadas, es ahora el objeto de la gran pregunta: ¿Y ahora, qué hacemos con ellos? En julio, la Comunidad de Madrid presentó un anteproyecto de ley, que es ahora proyecto de ley después de su aprobación el 24 de septiembre, en el que se establece la desafectación del suelo de un tramo de 14,2 km de la Cañada Real Galiana con el argumento de que no es “adecuado al tránsito ganadero”. Hasta el momento, el proyecto ha encontrado el beneplácito de PSOE, IU y del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, formado por sindicatos y patronal. El proyecto de ley ha sido aprobado en su planteamiento general, y sólo se han levantado 22 enmiendas parciales. Previsiblemente, a finales de noviembre, la ley será aprobada y entonces comenzará una carrera a contrarreloj de 24 meses para la actuación de los Ayuntamientos sobre los tramos de su competencia. El proyecto de ley plantea que los terrenos se pongan en manos de los tres Ayuntamientos interesados, para que busquen una solución. De esta manera, según diversas fuentes, la Comunidad de Madrid está intentando “lavarse las manos” en los problemas que supondrá recalificar estos tramos de Cañada.
LAS GRÚAS LLAMAN A LA PUERTA. El ensanche de Vallecas ya se encuentra sólo a unos pocos metros del comienzo del tramo madrileño de la Cañada. David Fernández
Distintas posturas
Los vecinos de la Cañada, que desde hace más de diez años se han organizado en cuatro asociaciones, y que han mandado estudios autofinanciados a arquitectos y biólogos para conseguir bases documentales de apoyo a su legalización, consideran el proyecto un acuerdo histórico y agradecen “la valentía demostrada por Esperanza Aguirre y su consejera de Medio Ambiente [Ana Isabel Mariño]”. En una nota de prensa del 4 de octubre exigen que una representación vecinal de las cuatro asociaciones “tenga también voz y voto en la propuesta y decisión final”; califican la desafectación como el inicio de una solución y señalan que los habitantes de la Cañada quieren ser ciudadanos de Madrid con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano: “No queremos que se nos regale nada, y de la misma forma que hemos invertido ilusiones y mucho dinero en levantar nuestras casas, estamos dispuestos a adquirir estos terrenos”. Uno de los aspectos claves de todo este tema es la disparidad de los afectados. Históricamente los asentamientos han crecido de norte a sur. En Coslada, las viviendas no se distinguen del resto del entramado de calles del municipio: tienen asfalto, iluminación pública y los vecinos llevan años pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se han establecido comercios, restaurantes y naves industriales, y el Ayuntamiento ha declarado que es un despropósito que todo se derribe para dejar espacio a un parque, algo que ha sido aplaudido por las asociaciones de vecinos de la Cañada Real. A medida que se llega al sur, las condiciones empeoran, sobre todo por lo que se refiere al estado de urbanización de la calle. Rivas no ha proporcionado iluminación, ni asfalto, ni servicio de correos; pero las viviendas, en su mayoría, son dignas y la población es trabajadora, con una mayoría de sin papeles y migrantes del Magreb, Rumanía o Bulgaria. Es en el sector 6 donde el paisaje cambia radicalmente. Hay chabolas, basura junto a un camino de barro, fuegos encendidos en barriles de hierro y evidentes problemas sociales; allí se ha establecido el tráfico de droga y se vive en condiciones sanitarias e higiénicas al borde de la supervivencia. El sector 6 de la vía pecuaria está junto al vertedero y la incineradora de Valdemingómez, una zona que el Ayuntamiento no duda que recalificará como “no apta para uso residencial”. Los Ayuntamientos de Rivas y Madrid han anunciado su intención de derribar los tramos que les corresponden para construir un ‘corredor verde’, que prevé la creación de un parque urbano y que comportará el derribo de toda vivienda a lo largo de tres cuartos del tramo afectado por la ley. Esta postura es rechazada por distintos motivos tanto por las asociaciones de vecinos, que consideran responsables a ambos Ayuntamientos de la situación generada a lo largo de cuatro décadas en este espacio, como por Ecologistas en Acción, que alega que para devolver a esta vía pecuaria a su uso original no es necesario desafectar el dominio público, sino desalojar a los ocupantes con los medios legales a disposición de la Comunidad y recurrir al Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) para el realojo e integración de la población que lo precise. Para esta organización la reclasificación de este tramo de la Cañada “podría esconder una importante operación urbanística, favorecida por el oscurantismo que la Ley introduce al eliminar todo tipo de control público y social sobre el proceso”.
¿Quién puede comprar su casa?
Económicamente tampoco hay certezas, lo que ha causado enfrentamientos entre los Ayuntamientos y la Comunidad a cuenta de quién costeará los gastos de eventuales realojos de la población. Pero no se trata sólo de los realojos, Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto de ley no especifica cuánto costará la adecuación y el mantenimiento de la “ciudad lineal” de la Cañada Real ni quién cubrirá servicios como el abastecimiento de agua, el desagüe de aguas residuales, la adecuación de las carreteras, la recogida de basuras o el servicio de correos. Para esta organización, la desafectación de este tramo ha creado nuevas expectativas inmobiliarias que crearán tensiones entre los habitantes con más medios y el resto, “muy posiblemente la población más marginal acabe expulsada del tramo afectado por la ley y se asiente en otras zonas de la Cañada Real Galiana, actualmente no ocupadas, esperando tal vez, que en un futuro próximo ellos corran la misma suerte que sus vecinos”. Las asociaciones de vecinos recuerdan que muchos de los que viven en este tramo pagaron en su día por la compra de sus parcelas a los antiguos ocupantes. Estas transacciones, ilegales, se han llevado a cabo mediante contratos de cesión que nada tienen que ver con una compra efectiva. Según las investigaciones de este periódico, el precio para tales cesiones ha llegado este año a cien euros por metro cuadrado. José Fariña, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid, descarta que los Ayuntamientos de Madrid y Rivas dejen las parcelas en manos de quien las ocupa actualmente y añade que, “en caso de que se decidan a urbanizar las parcelas ocupadas, tan sólo un 10% de los vecinos podrá permitirse rescatar la tierra, ya que ahora tiene un precio de mercado muy alto”. El motivo es que los Ayuntamientos se encuentran “presionados por evidentes intereses económicos”, explica Fariña a DIAGONAL. “Hasta hace unos años era una zona rural de escaso interés, pero con el crecimiento de la ciudad, del PAU de Vallecas y de las urbanizaciones de Rivas Vaciamadrid, ha cobrado una importancia estratégica de cara a futuras expansiones”.
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107 HECTÁREAS MUY GOLOSAS
Con la ley, 107 hectáreas pasarán a depender de la Comunidad. La intención de su presidenta es dar potestad a los Ayuntamientos. “Que quieren hacer zonas verdes y echar a todo el mundo, pues lo harán, no vamos a decir que no”, ha explicado Esperanza Aguirre. Los consistorios por su parte critican que pasados dos años se podrá vender el suelo ocupado aunque no se haya solucionado el tema de los realojos.
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MARCO LEGAL
Los bienes de dominio público son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, explica José Fariña. Esto quiere decir que no se pueden ocupar, ni vender, ni regalar, ni están sujetos a las normas de usucapión (prescripción de los derechos de propiedad de los bienes pasados 30 años de uso ajeno). Son bienes del Estado, que están en manos de las Comunidades Autónomas para su mantenimiento y gestión. Por este motivo, el procedimiento de desafectación de la Cañada Real Galiana transformará los bienes de dominio público en bienes patrimoniales de forma que la Comunidad Autónoma podrá disponer de ellos para venderlos si así lo desea.
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RESIDUOS TÓXICOS
La Guardia Civil ha informado de la presencia de 4.500 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en la Cañada, que los ocupantes de algunas parcelas habrían aceptado a cambio de compensaciones económicas por parte de empresas y fábricas.
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UNA HISTORIA DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE SUELO
Nunca se ha deslindado el trazado de la Cañada en esta zona del sureste de Madrid. Algunas fuentes señalan que urbanizaciones legales como Covibar, en Rivas Vaciamadrid, han ocupado hasta 17.000 m2 de suelo de la Cañada. Durante el Franquismo varias órdenes ministeriales permitieron reducir en varios tramos los 75,2 metros de anchura hasta 14, sin embargo nunca se usó el término ‘desafectación’.
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POSTURAS DISTINTAS RESPECTO AL USO
La ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid eludió tratar el tema de los asentamientos e instaba a proteger la biodiversidad, la flora y la fauna. La desafectación, en palabras de Esperanza Aguirre, pretende “acabar con la hipocresía del uso ganadero y reconocer que allí no lo hay desde hace más de 50 años”.
* Kaos en la Red - Diagonal - 5.11.09
Puente Genil: La jueza ve indicios de delito en el caso del nuevo cuartel
INFORMACIÓN/Córdoba* : El procedimiento judicial abierto para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil seguirá adelante. Así se desprende del auto judicial hecho público esta semana por el que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Puente Genil ha decidido iniciar un proceso penal contra el alcalde, Manuel Baena, y otros nueve concejales más pertenecientes a diferentes partidos políticos...
(Alberto Gómez, Asunción Gallego, José María Campos y Juan Perales (IU), Andrés Pérez, Francisco Esojo y Francisco Barrios (PSOE), Francisco Velasco (PP) y José Luis Borrego (PA), todos ellos integrantes de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo que dio el visto bueno a la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento en abril de 2005. Alcalde y concejales se sentarán en el banquillo acusados de un delito contra la ordenación del territorio, pero no serán los únicos, ya que sobre el promotor de las obras, Manuel Cosano, también pesa este mismo cargo además de otro delito de tráfico de influencias, mientras que el arquitecto de la Guardia Civil y Jefe de la Sección Técnica de Andalucía, Salvador Salmerón, será procesado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Además, la jueza exculpa al general José Píriz, de cuya actuación no se aprecian “indicios de criminalidad”.
Según se desprende del auto, el promotor contactó con la Guardia Civil en 2002 ofreciéndose para construir el cuartel. En esa reunión estaba presente Salmerón, que posteriormente comunicó al Ayuntamiento el interés del Instituto Armado en construir un nuevo acuartelamiento en la localidad, algo a lo que fue receptivo el Consistorio pontanés que se mostró “dispuesto a modificar el PGOU, si fuera preciso, de la zona elegida". La jueza también entiende que “existen indicios” de que el empresario tenía información privilegiada sobre los terrenos en los que se iba a construir el nuevo cuartel, de hecho en el auto aparece que en el año 2004 Cosano compró una parcela en esa zona tan sólo unos días después de que Salmerón enviase un fax al Ayuntamiento de Puente Genil en el que designaba la misma como el lugar elegido para la construcción del cuartel.
Un año después, en abril de 2005, tiene lugar la reunión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo en la que se debate la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento. En principio, todos se muestran de acuerdo para otorgarla, aunque esa decisión se toma en contra del criterio de la arquitecta técnica municipal que presenta un informe negativo. En abril del 2005 se hace constar que la concesión de licencia podría incurrir en ilegalidad. Pese a todo, según el auto, el 28 de abril del 2005 el alcalde, Manuel Baena, concedió la licencia de obras provisional para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en el paraje conocido como Las Flores “a sabiendas de que ese terreno era no urbanizable, algo que todos los imputados (los concejales de la Comisión de Obras) conocían”.
Posteriormente, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes informó desfavorablemente sobre la modificación del PGOU llevada a cabo por el Consistorio pontanés, si bien, los problemas administrativos quedaron definitivamente resueltos en 2007 una vez que la propia Consejería dio el visto bueno la modificación de la calificación urbanística de los terrenos sobre los que había comenzado a construirse el edificio, que en principio estaban clasificados como rústicos. A consecuencia de esa modificación del PGOU, los terrenos del nuevo cuartel ubicado en el polígono de Las Flores pasaron de suelo no urbanizable a sistema general adscrito a suelo urbanizable para la construcción del nuevo acuartelamiento, mientras que los terrenos de la calle Miguel Romero, donde actualmente se sitúa el actual cuartel, cambiaron su calificación pasando de ser sistema general a uso residencial.
Los acusados por un delito contra la ordenación del territorio se enfrentan ahora a penas de prisión que pueden oscilar entre los seis meses y los dos años.
primeras reacciones
Ante la decisión adoptada por la jueza, los representantes políticos de nuestra localidad optaron por redactar un documento consensuado.
El texto, firmado por el alcalde, Manuel Baena, y por los portavoces de IU (Alberto Gómez), PSOE (Esteban Morales) y PA (José Luis Borrego) señala lo siguiente:
“En relación con el auto decretado por la titular del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil por el que se mantiene la imputación de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción del Cuartel de la Guardia Civil en el procedimiento abierto a 10 miembros de la Comisión de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, los Grupos Políticos de Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Andalucista, que forman parte de este Ayuntamiento quieren manifestar lo siguiente:
1.- No hay ningún político municipal al que se hayan adjudicado algún tipo de delito ligado a la corrupción.
2.- El auto en cuestión omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil disponen actualmente de una calificación urbanística adecuada.
3.- Los políticos del Ayuntamiento de Puente Genil intentamos facilitar la instalación de un servicio público esencial para la localidad, mejorando la seguridad y la habitabilidad del establecimiento donde se tiene que ubicar la Guardia Civil. Éramos conscientes que la aprobación inicial de esa modificación sería la aprobada finalmente y, de hecho, nunca hubo ningún obstáculo a la recalificación del solar en el que se asienta actualmente el nuevo cuartel de la Guardia Civil.
4.- La defensa va a presentar un auto de reforma respecto al de procesamiento, en la medida en que ésta omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil están calificados de manera correcta como sistema general urbano, hecho que entendemos fundamental”.
El único partido que no suscribió el comunicado fue el PP. Su presidente local, Manuel Jesús Torrús, explicó que “el procedimiento judicial está abierto y, por tanto, entendemos que no es el momento adecuado para hacer notas de prensa o realizar declaraciones”. “Nosotros -añadió Torrús-, al igual que todos los grupos políticos, queremos que este tema se aclare cuanto antes, nuestro gabinete jurídico está trabajando para demostrar la inocencia de nuestro concejal, y más allá de las formas o de lo que se pueda decir, eso es lo único que ahora mismo nos preocupa”.
* Información - 6.11.09
Foto: Cuartel en obras - Información
El Supremo anula un macrorrelleno en Marín por su daño ecológico
ELPAÍS/Pontevedra* : El relleno de Placeres, en Marín, uno de los más grandes de Galicia, es ilegal. Tras muchos años de litigios, los vecinos de la zona han logrado que el Tribunal Supremo revoque una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y anule la actuación, que ocupa una superficie superior a los 300.000 metros cuadrados en una zona de notable valor marisquero de la ría de Pontevedra.
El fallo, del pasado 30 de octubre, no sólo declara ilegal el relleno, sino que anula el Plan Especial del Puerto de Marín-Pontevedra que lo sustenta, y obliga a Xunta, Diputación y Autoridad Portuaria a restituir la zona a su estado anterior.
La razón principal de la sentencia es la ausencia de un estudio de impacto ambiental que sustente el proyecto. La Autoridad Portuaria, que no ha querido comentar la sentencia a la espera de que la analice su equipo jurídico, presentó para avalar las obras un informe de 1994, encargado para evaluar un relleno anterior de 95.000 metros cuadrados, superado ampliamente por el que después se ejecutó.
Otra de las objeciones vecinales aceptada por el Supremo es la falta de justificación de la ampliación mediante rellenos en la ría. El recurso al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que en 2005 había dado la razón a la Autoridad Portuaria, también argumenta que el Plan Especial que aprobó la Consellería de Política Territorial en octubre de 2000 y ahora anulado se arroga competencias propias del Plan General, argumento que respalda el Supremo.
Pese al valor ecológico de la zona afectada, no han sido los recursos de las cofradías ni de los colectivos de defensa de la ría los que han conseguido la contundente victoria judicial, sino el de una asociación creada para rechazar el paso del tren por una plaza pública de la misma parroquia marinense de Placeres. La infraestructura ferroviaria está prevista en el Plan Especial para dar servicio a los nuevos muelles, por lo que la asociación llevó las obras a los tribunales. El TSXG falló en su contra. Cuatro años más tarde, el Supremo les ha dado la razón con una sentencia contra la que ya no cabe recurso. El alto tribunal también falló a favor de la misma asociación años atrás al ilegalizar el paso del tren por Placeres, aunque la sentencia todavía no ha sido ejecutada.
En el caso del relleno, el Tribunal Supremo sostiene que las administraciones demandadas "no han aclarado nada" sobre la disposición "que legitime tan extraordinaria obra de relleno del mar", lo que considera "incomprensible". Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo, que dicta el fallo, confiesan su "perplejidad" con los argumentos sostenidos por la Autoridad Portuaria. "Queda claro que el Plan Especial en cuestión debió someterse a evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación definitiva", añaden en la sentencia, "mayormente considerando la incidencia de la obra en un espacio de alto valor medioambiental y ecólógico como es la ría de Pontevedra".
Las dimensiones del relleno no quedan claras en los documentos aportados por la Autoridad Portuaria, que en algunas ocasiones hablan de "más de 300.000 metros cuadrados" y, en otros, de 441.349. El estudio económico financiero presenta un presupuesto total de 24,13 millones de euros. Pese a la difícil reversibilidad de la obra, el Tribunal Supremo obliga a Xunta, Diputación y Puerto a "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado", con un reparto del 30%, 20% y 50%, respectivamente. La asociación demandante expresó su satisfacción por el fallo e instó a las administraciones afectadas a negociar una solución.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 07/11/2009
Foto: Marín - mma.es
El juez registra las viviendas de Matas en Palma y Madrid
ELPAÍS* : El juez del caso Palma Arena llevó a cabo ayer una espectacular acción al registrar durante toda la jornada las propiedades del ex presidente balear Jaume Matas, imputado en la causa del sobrecoste del velódromo de la capital balear. Matas está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de cohecho impropio por supuesto enriquecimiento irregular.
La operación comenzó por la mañana en Madrid, donde la Guardia Civil registró e inventarió los bienes del piso de la familia Matas. Por la tarde, los agentes acompañaron al juez José Castro y al fiscal Pedro Horrach en el minucioso examen y valoración del piso palacio que Matas adquirió por un millón de euros en el centro de Palma y que Hacienda valoró en dos veces y media más de su valor de compra.
El registro en Palma concluyó pasadas las nueve de la noche. Un arquitecto experto en peritaje judicial tasó la vivienda de 425 metros cuadrados hábiles. También se valoraron las obras de arte de ambos inmuebles. En la primera inspección, los peritos constataron la gran inversión para la reforma interior del piso-palacio. "Una gran fortuna", según los investigadores. El abogado de Matas, Rafael Perera, señaló, tras concluir el registro, que se incautaron de documentos y facturas, y que buscaron la caja fuerte y los joyeros.
Matas tendrá que declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo junto a su esposa Maite Areal y su cuñado, Fernando Areal. Éste está encausado por un presunto pago de gastos electorales del PP con 72.000 euros en dinero negro. El juez sostiene que esos fondos procedían de empresas de la obra del velódromo balear, cuyo presupuesto se disparó de 40 a 110 millones.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 07/11/2009
Foto: elconfidencial
Ribadesella. El club La Rasa deberá demoler parte de sus construcciones del campo de golf
LNE/Asturias* : La casa club y la caseta de oficinas que el Club de Golf La Rasa de Berbes construyó en el campo de golf de Ribadesella son ilegales. Además, a estas edificaciones se suman una caseta metálica destinada a almacenar maquinaria, otra barraca usada como almacén y una excavación para el acopio de agua y su posterior uso como riego que ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados. Todas estas obras se encuentran fuera de la legalidad y, por tanto, deben ser demolidas.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Principado de Asturias (CUOTA), cuyo dictamen recibió ayer el Ayuntamiento de Ribadesella.
«Todo esto se podía haber evitado si hubiesen seguido la ley y hubieran construido con licencia municipal», destaca Francisco Vázquez, concejal de Urbanismo de Ribadesella.
La CUOTA es tajante. Sobre la casa club y la barraca de oficinas, dice textualmente que son ilegalizables «por estar situadas fuera de las zonas que el Plan Especial para el Campo de Golf define para este tipo de actividades y edificaciones». Este dictamen es el final de un proceso que se inició el pasado mes de mayo, cuando el Ayuntamiento abrió un expediente al club de golf por realizar obras sin licencia municipal. Ante esta situación, la directiva de La Rasa decidió presentar a la Administración local un expediente de legalización.
Los terrenos en los que se ubica el campo de golf están catalogados de especial protección, ya que es zona de influencia de la reserva natural del Sueve. Por este motivo, el consistorio trasladó a la CUOTA el citado expediente. Cinco meses más tarde la Comisión de Urbanismo se ha pronunciado. De las cinco construcciones que La Rasa pretendía legalizar, la CUOTA da el visto bueno a tres: la caseta de salida, un tiradero de prácticas y una caseta para la maquinaria de mantenimiento. La casa club y las oficinas no son legalizables, según la CUOTA.
Además, la Comisión advierte que existen otras obras que no se recogen en el expediente de legalización presentado por el Club de La Rasa, que deberá proceder a su demolición: la caseta para maquinaria, el almacén y la balsa de captación de agua.
* La Nueva España - Bárbara MORÁN - 5.11.09
Foto: La caseta que se va a demoler, con el campo de golf al fondo. lópez de arenosa, lne.es
Santa Coloma se echa a la calle para protestar contra la corrupción
ELPAÍS/Barcelona* : Desde que el pasado 27 de octubre la Audiencia Nacional destapó el caso Pretoria, en Santa Coloma de Gramenet se han ido sucediendo improvisadas protestas. Esta tarde, sin embargo, la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam convocó una manifestación para denunciar en firme la corrupción urbanística.
Fue la más multitudinaria en la ciudad en los últimos años y en torno a 1.500 vecinos se echaron a la calle bajo el lema Fora polítics corruptes! Ara, el poble!. Aunque al inicio de la marcha se encendieron un poco los ánimos, la manifestación transcurrió sin incidentes.
La plataforma organizadora, que agrupa a una treintena de asociaciones vecinales y entidades culturales colomenses, reclamó "la disolución del actual Consistorio y el nombramiento de una junta gestora hasta las próximas elecciones municipales". Aunque por el momento son únicamente tres los imputados en Santa Coloma por el caso Pretoria -el alcalde, Bartomeu Muñoz, el concejal de urbanismo, Manuel Dobarco, y el director de servicios municipales, Pascual Vela-, los convocantes de la protesta responsabilizan de lo sucedido a todo el Ayuntamiento.
"Este gobierno ha tenido mayoría absoluta y ha legitimado proyectos de especulación urbanística, porque no tienen otro nombre. Ni los compañeros del alcalde han hecho nada para evitarlo por disciplina de partido ni tampoco la oposición ha hecho su papel", denunciaba su portavoz, Jordi Pastor. La plataforma reclamó, además, una moratoria para las obras que hay en la ciudad en proyecto y en ejecución, y que los miembros del Gobierno municipal publiquen las declaraciones de patrimonio que hicieron antes de entrar en el Consistorio y las actuales.
Entre las pancartas que portaban los vecinos había continuas referencias a las reformas urbanísticas más polémicas de Muñoz: el proyecto Cubics, la recuperación del parque de Can Zam y las expropiaciones en el barrio de Safaretjos y Singuerlín Nord. Algunas asociaciones vecinales aseguran que llevaban años remitiendo sus denuncias en materia de urbanismo al Consistorio, pero que no había forma de negociar con el gobierno municipal.
"A pesar de que aquí siempre habíamos dicho que hacían falta más equipamientos y parques, y menos pisos, algo nos sorprendimos cuando se destapó todo. La respuesta que nos daban era que se iba a esponjar Santa Coloma y luego nada de nada. Mire el parque de Can Zam. Tenía 13 hectáreas y poco a poco se lo van comiendo", comentaba un vecino, Ángel Nogales. "El gobierno y la oposición conocían nuestras quejas desde hace 10 años", añadía Jaume Torrent, que con pesimismo remachaba: "el problema no es poner un alcalde u otro, es el sistema el que está podrido".
A lo largo de la marcha, que concluyó en la plaza de la Vila, se sucedían los corrillos. Había vecinos que a modo de protesta portaban ensartadas en una caña ristras de chorizos, una corbata, y una receta de cómo preparar el "pollo al Ayuntamiento", que incluía "un pollo, un despacho, y varios chorizos". No todo el mundo estaba para sarcasmos, había quien contaba al pie del Ayuntamiento lo mal que lo está pasando por culpa de la crisis y lo duro que se le hace ver en las noticias este caso de corrupción.
En Santa Coloma el paro se ha duplicado con la recesión y está en torno al 17%. Muchos de los nuevos desempleados no trabajaban en la ciudad, sino en empresas de la construcción o del sector de la automoción del área metropolitana.
* ELPAIS.com - FERMÍN ROBLES - Santa Coloma de Gramenet - 05/11/2009
Foto: Varios centenares de ciudadanos de Santa Coloma protestan contra la corrupción y contra la acción del ex alcalde Bartomeu Muñoz- MARCEL·LÍ SÀENZ, elpais.com
Imputado el alcalde y el secretario general del PSOE de Punta Umbría por el caso Ibercons
EUROPAPRESS/Huelva* : El alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE); el secretario general del PSOE en la localidad, Juan Pomares; el concejal de Urbanismo, Juan Iglesias Lago, y el técnico municipal José Antonio Gómez Jiménez han sido imputados tras una querella interpuesta por la empresa Ibercons Ingeniería y Construcciones, afincada en Huelva capital, ya que presuntamente uno de los miembros del equipo de Gobierno le pidió a la citada compañía que "se retirase, como un favor político, de la licitación de unas obras en la plaza de la Sal de El Portil".
En la citación del juez del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Provincial de Huelva, al que tuvo acceso Europa Press, estas personas declararán en calidad de imputados el próximo 16 de febrero.
También declararán dos días después y en la misma calidad, la primera teniente de alcalde, Aurora Águedo Borrero; la concejala de Cultura, Antonia Hernández Galloso; la concejala delegada de El Portil, Beatriz Román Ramírez, y el Economía y Hacienda, Manuel Castillo Guerrero.
Por otro lado, el director técnico de Ibercons, Juan Carlos Trigueros, prestará declaración a su vez, pero en calidad de testigo.
Por su parte, el presidente del PP de Punta Umbría y letrado de Trigueros, José Carlos Hernández Cansino, indicó que en este caso existen "indicios de delitos de amenazas, alteración del precio de concursos públicos, prevaricación, fraude en contratación y falsedad documental", ya que según explicó el popular, el secretario del PSOE de Punta, Juan Pomares, "solicitó a Ibercons, empresa que había presentado el proyecto de obra más barato y de menor duración, un favor político y que se retirara de la licitación porque tenía un compromiso con una empresa de la localidad".
Del mismo modo, Hernández señaló que atribuyéndole las obras a la empresa local Punta Enebro, "una empresa que no tiene historia porque se creó a los tres meses de que el PSOE ganara las elecciones municipales, no se beneficia a la localidad sino a una empresa", por lo que el PP "quiere llegar a las últimas consecuencias y aclarar en todas las instancias este asunto".
* EUROPA PRESS - 5.11.09
Foto: Punta Umbría - turismoandaluz
Tres sicarios mataron en 2007 al alcalde de Polop por motivos urbanísticos
ELPAÍS/Alicante* : Dos años y dos semanas después, la Guardia Civil ha esclarecido el enigmático asesinato a tiros del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP. Los agentes arrestaron el jueves a un ciudadano español, integrante de una banda de tres asesinos a sueldo, por su supuesta implicación en el crimen. Los otros dos miembros del grupo, radicado en el sur de la provincia, son checos. La investigación, según fuentes del caso, sostiene que la orden a los sicarios tiene su origen en temas urbanísticos.
Alejandro Ponsoda fue tiroteado la noche del 19 de octubre de 2007 a las puertas de su vivienda. El regidor recibió varios impactos de dos armas distintas. Uno de los balazos le atravesó el cráneo y le provocó un coma irreversible. Ponsoda falleció una semana más tarde, a los 55 años de edad, en el hospital General de Alicante.
Desde el principio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil centró la investigación para esclarecer el asesinato de Ponsoda en cuestiones relacionadas con programas urbanísticos en el municipio, dadas las tensiones que había generado el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Junto a esta línea, la policía indagó en el ámbito privado del regidor, aunque finalmente descartó este aspecto como posible móvil del crimen.
Polop (en el prelitoral de Alicante, a 30 kilómetros de Benidorm) no alcanza los 4.000 habitantes censados y un tercio de su población es extranjera. En 1999 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que fue homologado en 2003. En esa fecha, el responsable del área de Urbanismo era Juan Cano, luego sustituto de Ponsoda en la alcaldía. El planeamiento, vigente, prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete la población.
Además de en el urbanismo, la gestión de Ponsoda al frente del Consistorio también fue cuestionada en el apartado de la contabilidad. En septiembre pasado, Cano presentó al pleno un informe para aprobar las cuentas de 2008 que incluía un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,62 millones de euros por facturas impagadas en 2007 y ejercicios anteriores, bajo el mandato del alcalde asesinado. En el documento se responsabilizaba a Ponsoda de poner en marcha "diversas obras municipales que no contaron con la adecuada financiación y que se ejecutaban en función de presupuestos incorrectos". "Se estaban admitiendo facturas con cargo a dichas obras que no se correspondían ni con el valor ni con los conceptos de las mismas", recogía el documento. El informe reflejaba llamadas de proveedores reclamando el pago de facturas pendientes de cobro que, sin embargo, no constaban en el programa de contabilidad del consistorio.
El alcalde, que se enteró por los medios de comunicación del arresto de uno de los presuntos asesinos de Ponsoda, declaró: "Es una satisfacción que caiga sobre los culpables el peso de la ley". La alegría de Cano era también compartida por los vecinos de pueblo, cuyo devenir ha estado mediatizado en estos dos últimos años por el hasta ayer misterioso crimen de su ex alcalde.
* ELPAIS.com - R. LLORENTE / A. BALAGUER - Alicante / Benidorm - 06/11/2009
Foto: Agentes de la Policía Judicial inspeccionan el vehículo del alcalde de Polop en 2007 tras su asesinato.- R. FUSTER, elpais.com
Se destruye yacimiento arqueológico del neolítico
ECOLOGISTASENACCIÓN/Aragón* : Hace unos meses se tuvo conocimiento de la destrucción prácticamente total del yacimiento arqueológico Neolítico de la cueva de Chaves, el segundo en importancia en la Península Ibérica tras la cueva de Or (Valencia). La cueva, situada en el término municipal de Casbas de Huesca, se encuentra situada en el interior de una finca cinegética vallada en su totalidad, propiedad de FIMBAS S.A., empresa presunta responsable de la destrucción, al pretender convertir el espacio en un pesebre y construir un abrevadero para el ganado.
La superficie excavada de la cueva por parte de los arqueólogos de la Universidad de Zaragoza y del Museo Arqueológico Provincial no llegaba al 10 %, pero el yacimiento ya era un referente sobre la neotilización de la Europa Meridional, una información y un patrimonio arqueológico y cultural que, por desgracia, se ha perdido para siempre, tal y como se ha afirmado públicamente desde el Museo Arqueológico de Huesca.
Ecologistas en Acción había denunciado en numerosas ocasiones obras ilegales que se venían desarrollando en el entorno de la cueva. De hecho, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro abrieron incluso expedientes sancionadores que se saldaron con multas ridículas, pero en ningún momento llegaron a paralizar las obras, que finalmente arrasaron el yacimiento. Por otra parte, el hecho de que la destrucción de la cueva pudo producirse varios meses (incluso un año) antes de hacerse pública la noticia, da también una idea de la pasividad de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, entidad que tenía la obligación de velar por la conservación de esta joya del neolítico. Finalmente, señalar que la cueva se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, lo cual agrava aún más este hecho.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio de Cultura que, dada la inoperancia de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y de acuerdo con la legislación vigente, inicie directamente las acciones legales necesarias, y se persone en las ya abiertas (como consecuencia de las denuncias que se interpusieron desde diferentes sectores tras conocer su destrucción), con el fin de que se sancione como corresponde a los responsables de este atentado contra el patrimonio histórico y arqueológico. Asimismo, se le ha solicitado que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación y recuperación de los restos arqueológicos que todavía no han sido destruidos en la zona. En este sentido, Ecologistas en Acción considera que deberían expropiarse aquellas áreas que albergaban o albergan valores arqueológicos en la zona, como mejor garantía para su conservación.
Imanat films y Ecologistas en Acción se ha elaborado un documental, en el que se describe de manera pormenorizada como ha sido el proceso que ha culminado con la destrucción del yacimiento arqueológico de Chaves.
* E.A. Área de Patrimonio Histórico y Arqueológico - 3-11-09
La juez imputa en el 'caso Mercasevilla' al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento
ELPAÍS/Sevilla* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha citado a declarar como imputado a Domingo Enrique Castaño, ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista, dentro de las diligencias abiertas por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga.
En el auto, fechado el pasado miércoles, la juez Alaya cita a declarar en calidad de imputado a Domingo Enrique Castaño el próximo día 17 de diciembre, a las 10.30, dentro de unas diligencias por las que se encuentran también imputados el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; el ex director general de
Mercasvilla Fernando Mellet; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
De igual modo, dispone que se libre oficio a la Policía Judicial a fin de recordarle la remisión al Juzgado de los contenidos del resto de los correos electrónicos del servidor de la Gerencia Municipal de
Urbanismo que podrían ayudar a esclarecer esta presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando, mientras también pide que se expida un nuevo oficio a la Policía Judicial para que informe sobre el directivo o los directivos de Sando en Andalucía que hubieran intervenido en la subrogación del derecho de superficie.
Asimismo, la juez instructora del caso también dispone que el jefe de la Policía Judicial adscrita informe de los derechos de superficie y arrendamientos que hubiere en los terrenos de Mercasevilla antes de la convocatoria del concurso público y el tiempo de su duración. Además, retrasa al día 30 de noviembre las declaraciones, en calidad de testigos, del profesor adscrito al Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad de Sevilla Antonio Pajares Ruiz, y de Antonio Barba
Ruiz, quien en nombre del grupo de inversiones Noga asistió a la apertura de ofertas efectuada el día 9 de febrero de 2006 ante la mesa de contratación del concurso para la adjudicación de derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, cuyas declaraciones estaban previstas inicialmente el día 23 del presente mes.
Patrimonio de los imputados
Por último, recuerda que el imputado Fernando Mellet ha presentado ya el escrito en el que adjunta el correo electrónico aludido en su declaración judicial, concretamente el que envío a María Victoria Bustamante el 10 de noviembre de 2005, en el que, según Mellet, se le remitía el pliego de condiciones aprobado en la comisión ejecutiva del 8 de noviembre.
Por otro lado, y en relación con la instrucción que la juez desarrolla para investigar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, la juez solicita a la Policía Judicial ampliar la información patrimonial de los cuatro imputados en esta causa -los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Antonio Ponce; el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y la funcionaria Regla Pereira-, así como de otras 14 personas pertenecientes a "su entorno familiar más directo".
En este auto, la juez Alaya mantiene para el 16 de noviembre el señalamiento para la declaración como imputado del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.
* ELPAIS.com - EP - Sevilla - 05/11/2009
Foto: Mercasevilla - elcorreoweb.es
"Pretoria": Los comisionistas ganaron cinco millones en una operación de 28
ELPERIÓDICO/Barcelona: Si el juez Baltasar Garzón no se equivoca en sus imputaciones, trabajar para la trama del caso Pretoria era un auténtico negocio. Uno de los casos más ejemplares es el del solar que vendió la sociedad pública Marina Badalona a finales del 2002 a la empresa Badalona Building Waterfront (BBW) y que esta revendió 15 meses más tarde a Espais Catalunya Inversions Immobiliàries por 28 millones de euros.
En el tiempo transcurrido entre la operación inicial y la final, los intermediarios y comisionistas cobraron cinco millones de euros, casi un 18% del precio final. En el solar aún no se ha edificado nada y varias fuentes apuntan al presunto blanqueo de dinero como el objetivo real de la operación.
Espais Catalunya está participada en un 51% por Caixa Catalunya, y el resto, por Espais, la inmobiliaria que dirige Lluis Casamitjana, imputado por Garzón. Según el auto, esta empresa mixta pagó a Poliafers, una compañía de Lluís Prenafeta (exsecretario general de la Presidencia con Jordi Pujol y ahora en prisión provisional sin fianza) 1.461.599 euros por la compra del solar «tras el cambio de usos» del proyecto. Prenafeta se repartió esta comisión con Luis García (Luigi) y Macià Alavedra.
Esta es la última comisión que consta en la resolución judicial por esta operación. Aunque el magistrado destaca que antes hubo otras dos. BBW compró el solar a finales del 2002, cuando estaba controlada por Alejandro Pretus (el abogado que aparece en casi todas las operaciones del caso Pretoria), Agustín Peñarroja y Jeff Schroeder.
NEGOCIO LIOSO / «Cuando se produjo la operación» de venta «BBW pagó a Kundry Blau 2,551 millones en concepto de rescisión de un contrato de gestión». Los administradores mancomunados de Kundry eran precisamente el citado Schroeder y Lluís Renau, exdirector general de Seguretat Ciutadana en el Govern a las órdenes de Alavedra. Garzón apunta, sin embargo, que el destino final de esos 2,5 millones fue Luigi, Este, además, cobró otra comisión más a cargo de BBW por valor de 1.046.993 euros. Para acabar de liar la operación, parte de esa última cantidad fue a parar de nuevo a manos de Schroeder y de Renau, según el juez.
La suma de las tres comisiones asciende a los citados cinco millones de euros, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que todavía no se ha construido nada en el solar en cuestión. La situación contrasta, además, con las del resto de parcelas del frente marítimo de Badalona.
Caixa Catalunya ha puesto en marcha una auditoría para aclarar todos los extremos de su participación en la operación de Badalona y sus relaciones con Espais, responsable de la gestión del proyecto. La entidad de ahorro destaca que no le consta ningún pago irregular por parte de su filial y asegura que desde que compró el terreno la calificación de este no ha variado.
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS / Espais y Procam han mantenido parado el solar durante estos años. No solicitaron la primera licencia de obras hasta octubre del 2007, según fuentes municipales. El ayuntamiento se la denegó por deficiencias en los expedientes. No se registró otro movimiento hasta el pasado 16 de octubre, cuando los servicios municipales requirieron nuevos informes técnicos. Por si los problemas de la obra no eran suficientes, tras la detención de Casamitjana el ayuntamiento ordenó la suspensión de todas las licencias relacionadas con esta parcela hasta que se aclare la situación.
El ayuntamiento envió ayer a Garzón toda la documentación sobre esta parcela, un millar de folios.
* El Periódico - 5.11.09
Foto: Cartel publicitario de una de las obras previstas en el nuevo frente marítimo de Badalona, el mayor cambio urbanístico de la ciudad. - JOSEP GARCIA, elperiodico.com
Santa Coloma adjudicó la misma obra a dos empresas de la trama corrupta
ELPAÍS/Barcelona* : La investigación del caso Pretoria sigue extendiéndose a otras localidades y llega ya a Arenys de Mar (Maresme), aunque sigue sin abandonar su epicentro. Dos empresas relacionadas con la trama corrupta han sido las adjudicatarias de una misma obra en Santa Coloma de Gramenet. Se trata del mercado de Fondo, uno de los mayores equipamientos de la ciudad, que se licitó en 2007 por más de 20 millones de euros. La adjudicación, que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón, recayó en la constructora Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
La constructora presentó el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado mes de enero, por lo que el Ayuntamiento tuvo que licitar otra vez la obra. Esta vez, el precio de salida eran 11,9 millones porque Edisan había realizado ya algunos trabajos, como la demolición del antiguo mercado. El pleno del Consistorio adjudicó el contrato el pasado 26 de octubre —un día antes de la intervención policial— por 9,8 millones de euros a Grupo Ánfora, en cuyo consejo de administración está Antonio Jiménez Gómez, el ex concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) que Garzón investiga por considerarlo uno de los contactos del presunto cerebro de la trama, Luigi.
Fuentes del Ayuntamiento admitieron que la obra se adjudicó dos veces seguidas a dos empresas de la trama, pero aseguraron que todos los contratos de Gramepark y los que aparecen en el auto de Garzón están siendo revisados. Ánfora es un grupo de Mataró que ahora está promoviendo viviendas en Montcada i Reixac y Sant Andreu de Llavaneres. Jiménez Gómez tuvo responsabilidades urbanísticas en ambas localidades, y empezó en la inmobiliaria justo después de dejar su cargo en Montcada. Además, fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma.
Garzón sigue rastreando, no obstante, todas las operaciones vinculadas con la trama. El pasado martes el Ayuntamiento de Arenys de Mar le entregó la documentación de un convenio privado entre Edisan, de Luigi, y la congregación de monjas de Vila Betània. Según el acuerdo, de 2005, Luigi se comprometía a ampliar el geriátrico de la comunidad a cambio de un solar donde edificar.
Fuentes municipales confirmaron ayer que en esa época, cuando gobernaban CiU y PP, el jefe de Planeamiento del Consistorio era Genís Carbó, militante de CDC y directivo del último Gobierno de Jordi Pujol. Carbó está citado en el auto por cobrar una comisión de 244.011 euros tras un pelotazo urbanístico.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER / A. TRILLAS - Barcelona - 05/11/2009
Foto: Construcción en Santa Coloma de Gramenet, origen del pelotazo urbanístico.- EDU BAYER
Ayuntamiento de Carboneras mantiene como suelo urbanizable El Algarrobico al adaptar sus normas subsidiarias
EUROPAPRESS/Almería* : El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado de manera definitiva la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico al considerar que no puede dársele categoría de suelo no urbanizable de especial protección al estar suspendido cautelarmente por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En el documento, publicado en BOP y contra el que los colectivos conservacionistas han anunciado la interposición tanto de recurso de reposición ante el Consistorio como de recurso contencioso-administrativo, recoge la recomendación del informe de la Comisión Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística y alega que debe mantener el anterior grado de proyección --D2-- en el sector ST-1 --Algarrobico-- a la vista de la resolución judicial.
Al tiempo, el Ayuntamiento carbonero, que preside Cristóbal Fernández (PSOE), señala para justificar su decisión, contra la que presentaron alegaciones el PP, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, que la citada comisión resaltó que la adaptación de las NNSS a la LOUA se trata de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento, por lo que no se puede alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
El decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula el procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento municipal a la ley anteriormente mencionada establece, sin embargo, tal y como se apunta en el documento y subrayan los colectivos ecologistas, que esta deberá clasificar como suelos no urbanizables de especial protección aquellos sectores sometidos a una aplicación directa por deslindes y planes sectoriales en materia de medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han interpretado la decisión del equipo de gobierno de Carboneras "y de la Administración autonómica" como un apuesta por la "legalización" del hotel de Azata del Sol que, según aseguraron, les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición del hotel y por otro aprueba "actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
NÍJAR
Al hilo de esto, invitaron al municipio a seguir el ejemplo del Consistorio de Níjar que, en el mismo procedimiento, clasificó como suelo no urbanizable de especial protección los parajes de La Fabriquilla y Aguamarga, donde estaban proyectadas dos macrourbanizaciones declaradas no conforme a derecho por el TSJA y en cumplimiento con lo establecido en el PORN del parque natural de Cabo de Gata.
Este plan, que también afecta a los sectores ST-2 y ST-3 con el mismo tratamiento en la adaptación de las NNSS de Carboneras, ubica el primero de ellos como B1 y B2, áreas de interés natural donde el uso urbano se prohíbe mientras que fija para el suelo donde se asienta el hotel de Azata del Sol la calificación C1 que motivó, precisamente, su suspensión cautelar ya que el Alto Tribunal Andaluz estimó que "podía suponer la reactivación del inmueble con uso turístico".
Con respecto al sector ST-3 o Torre del Rayo, que en el nuevo planeamiento aprobado por el Ayuntamiento también tiene un uso residencial, los dos colectivos ecologistas han subrayado que está catalogada como Habitats Prioritario y Exclusivo, monte público y zona de especial protección por la ubicación del Bien de Interés Cultural (BIC) que da nombre al paraje.
* Europa Presss - 5.11.09
Foto: El Algarrobico (Archivo) - greenpeace
Chiclana: Delito a vista de pájaro
LAVOZ/Cádiz: Desde el aire, los pagos rurales de Chiclana aparecen como una colmena de parcelas irregulares, llenas de piscinas y tejados de chalés. Una inmensa ciudad de viviendas levantada de forma ilegal, a golpe de ladrillazo durante los años del boom inmobiliario, amparándose en la impunidad que les daba el caos. Y es que era imposible comprobar la construcción de cada casa, una por una, en aquella maraña urbanística.
Hace dos años, sin embargo, se logró solventar el problema, ya que la Policía y la Guardia Civil comenzaron a usar un novedoso sistema de fotografía por satélite que permitía comprobar cada año si se levantan allí nuevas casas.
Gracias a él, la Policía ha imputado esta semana a cinco promotores y constructores, denunciados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Se les imputa la construcción de varias viviendas en los pagos del Pinar de los Guisos y de Majadillas, y de falsificar los documentos de obra nueva presentadas en el Registro de Propiedad para hacerlas pasar por antiguas. Esto es un procedimiento habitual para enmascarar la irregularidad, ya que este tipo de delitos prescribe a los cinco años.
El truco de la obra nueva
Las viviendas estaban siendo investigadas desde el pasado verano por los jueces mixtos Número 3 y Número Cuatro de Chiclana, que pidieron que se comprobara si, efectivamente, existían los chalés en las fechas que indican las escrituras. El cotejo de las fotografías por satélites desvelaron, en cambio, que se construyeron tiempo después.
En la primera de las parcelas investigadas, en el Pago de los Guisos, los policías comprobaron que en 2005 desapareció una casa pequeña, y fue sustituida por otra edificación de 90 metros cuadrados con piscina incluida. Dos años después, la parcela se dividió con un muro y se construyó un segundo chalé. Todo ello, sin licencias municipales. Además, según informó ayer la Junta de Andalucía, «para hacer las obras se talaron los árboles de la parcela sin la preceptiva autorización ambiental».
La segunda vivienda investigada, bajo la tutela del juzgado Número 4 de Chiclana, se encuentra en el Pago de Majadillas. Se trata de un chalé de dos plantas y 120 metros cuadrados, más otro edificio de 50 metros que fueron construidos en 2005. En el certificado de obra nueva, en cambio, se indicaba que la casa se había construido antes.
* La Voz Digital - 05.11.09 - M. D. GARCÍA
Foto: Una de las viviendas construidas de forma supuestamente ilegal. / LA VOZ
Millones sin control
ANXO GUERREIRO* : Los numerosos casos de corrupción que salpican la vida pública española han terminado por producir un fuerte impacto en la opinión pública y amenazan con provocar el desencanto ciudadano con la democracia. Ante tal situación, el discurso políticamente correcto consiste en afirmar que el corrosivo fenómeno de la corrupción es minoritario y que la gran mayoría de los cargos públicos son gente honesta, y hasta sacrificada, que trabaja por el bien común y el interés general. Es posible que así sea y, desde luego, no seré yo quien extienda la sospecha sobre el funcionamiento del sistema democrático en nuestro país. Pero es preciso reconocer, al menos, que la extensión de las tramas corruptas ha alcanzado tal nivel que ya no permite considerar esta cuestión como algo irrelevante o marginal.
Una de las características de la delincuencia en el siglo XXI es su organización en grandes carteles que se dedican a actividades criminales muy lucrativas gracias al uso a gran escala de las nuevas tecnologías del transporte y la comunicación. La cantidad de dinero negro, de millones sin control, que tales organizaciones manejan entre paraísos fiscales, bancos legales y diversos centros que configuran la economía sumergida se ha calculado que es el doble del producto nacional bruto de Japón.
Pues bien, ingentes cantidades de ese dinero sucio, que circula en las bodegas malolientes de la globalización, se blanquea en España. Es tan intenso el tráfico de esos capitales en nuestro país que hasta los notarios han detectado, ¡por fin!, miles de operaciones sospechosas y en muchos casos han encontrado claros indicios delictivos.
El problema reside en el hecho de que quienes manejan miles de millones de euros procedentes de las más diversas actividades irregulares no carecen de proyecto político. Al contrario, necesitan la complicidad del poder -o de los poderes- para extender su devastadora metástasis. Por eso los casos de corrupción se multiplican por doquier; por eso muchos advertimos en su día que Marbella no era un caso excepcional o aislado, aunque fuera, debido a sus pintorescos protagonistas, el más espectacular. En efecto, dos docenas de alcaldes detenidos en los últimos años, varios consejeros del anterior Gobierno balear procesados, el expresidente de esa Comunidad y la actual presidenta del Parlamento de las Illes imputados en el caso Palma Arena, la referencia de Maragall al famoso 3% desde la solemnidad de la tribuna parlamentaria o el hecho de que en Madrid, para vergüenza de nuestra democracia, hubiese que repetir unas elecciones debido a la felonía de dos diputados convenientemente incentivados por las tramas inmobiliarias, dan cuenta de la profundidad y gravedad del fenómeno al que nos enfrentamos.
Convendría, pues, que en Galicia tomásemos buena nota de lo que está sucediendo. Porque, aunque las normas cautelares sobre el litoral tomadas por el bipartito y la crisis de la construcción residencial han ralentizado los planes urbanísticos que tramitaban los concellos costeros, contamos con una ley urbanística similar a la que está vigente en Valencia, norma que ha merecido las más duras críticas de la Unión Europea, y está pendiente todavía la elaboración del Plan de Ordenación del Litoral. Y, desde luego, no es de recibo mirar para otro lado cuando determinadas familias de la Camorra anuncian planes para instalarse en Galicia, con el fin de compensar con el negocio del narcotráfico sus pérdidas en el sector inmobiliario.
Así pues, las tres fuerzas políticas gallegas, en vez de utilizar de forma partidista y grosera el fenómeno de la corrupción, deberían conjurarse para evitar la especulación urbanística, porque con el urbanismo salvaje no sólo está en juego nuestro patrimonio natural, sino la salud de nuestra democracia. Y, por supuesto, para impedir la instalación de las mafias en nuestro territorio, hecho que una vez consumado es muy difícil de erradicar.
Por su parte el Gobierno central y las diversas fuerzas de la oposición no pueden limitarse a repetir fórmulas retóricas de condena a la corrupción o a reproducir el discurso políticamente correcto. Están obligadas a diseñar conjuntamente una auténtica batalla política contra esta lacra que asfixia nuestra democracia.
* ELPAIS.com - Opinión Galicia - 4.11.09
Ayuntamiento Las Palmas pagaría 44,1 millones por operaciones urbanísticas
ABC* : El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debería hacer frente al pago de 44,1 millones de euros por el coste de algunas operaciones urbanísticas de mandatos pasados que habría que pagar en 2010, informó hoy la corporación insular. Estos 44,1 millones de euros se sumarían a los 33,4 millones ya abonados en los dos primeros años del presente mandato, mientras la previsión para el Presupuesto municipal de 2010 es a la baja.
Los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) descienden 17 millones de euros para la capital grancanaria, además de otras partidas.
Muchas de las sentencias firmes que se reciben incluyen la advertencia de que si no se satisfacen los plazos determinados por dichas sentencias, se sumará una multa y la posibilidad de iniciar otro proceso contra el Ayuntamiento.
"El Ayuntamiento no está en condiciones de afrontar esta cantidad" a lo largo del próximo ejercicio, explica el concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández.
"Ya está bien; alguien tendrá que dar explicaciones políticas en algún momento y desde luego deben ser los que tomaron las decisiones", indica en un comunicado.
En su opinión, la política urbanística que se desarrolló en la capital grancanaria en los últimos mandatos fue una "huida hacia delante en una época, además, que era de bonanza económica". EFE
* ABC - EFE _ 4.11.09
Foto: turismolaspalmas.com
"Todos lo saben", incluso los fiscales
E-NOTÍCIES/Barcelona* : El ex fiscal jefe de Catalunya y ex miembro de la fiscalía anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, declaró hace días a ComRàdio, sobre los últimos casos de corrupción, que "muchos ayuntamientos advierten a los constructores de que, si no pagan comisiones, no pueden construir. Todos lo saben". Lo que no dijo es que también lo sabían los fiscales. Porque la fiscalía archivó en 2007 una denuncia sobre "movimientos especulativos" en Sant Andreu de Llavaneres, que ahora ha revelado el juez Garzón.
Según informa el diario El Mundo, "algunas de las irregularidades urbanísticas que investiga ahora el juez Baltasar Garzón ya fueron detectadas por la fiscalía de Catalunya en 2007, pero ante la ausencia de información concluyente por parte de los denunciantes -la Plataforma SOS Llavaneres-, decidió archivar dos de los casos".
Añade que "se trataba de los proyectos urbanísticos del parque y viviendas en la zona de Can Rivière, y el edificio antiguo conocido como La Bodega cuyas reformas, a juicio de SOS Llavaneres, eran agresivas con el medio ambiente y sospechosas de esconder sendos pelotazos".
En este caso, dice el diario se movieron "millones de euros debido a la recalificación, un plan presuntamente urdido por el ex diputado del PSC Luis Andrés García, conocido entre sus allegados como Luigi".
La plataforma SOS Llavaneres denunció varios proyectos urbanísticos de esta localidad, y actualmente algunos de ellos se están instruyendo en el juzgado de instrucción número 1 de Mataró. Se refieren a la construcción de una guardería y a una zona deportiva. En estos dos casos están imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos el ex alcalde de Llavaneres, Víctor Ros, y el ex concejal de urbanismo, Antoni Jiménez, que aparece en la resolución de Garzón sobre la red Pretoria, y que se ha dado de baja en el PSC".
* E-NOTÍCIES - 3.11.09
Foto: e-noticies.es
España: La cifra de imputados por corrupción alcanza los 800 en apenas unas semanas
InSurGente* : Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios. El sistema está infectado hasta sus entrañas.
La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es 'Gürtel', la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como 'trama eólica', pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado 'caso Faycán', que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.
Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es 'Gürtel', presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.
El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, 'Gürtel' ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés.
Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.
La imputación de Matas está relacionada con el caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está
relacionada con el caso 'Can Domenge'. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.
Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el 'caso Scala', que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).
Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso 'Zerrichera' llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.
En Cataluña, la operación 'Pretoria' en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.
Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.
En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.
* INSURGENTE - 1.11.09
Viñeta: insurgente.org
La corrupción ahoga España
PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO* : «Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes.
De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.
Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.
Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.
Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.
En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.
Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.
En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.
* ABC - Madrid - 1.11.09
