ELPAÍS/Barcelona* : Desde que el pasado 27 de octubre la Audiencia Nacional destapó el caso Pretoria, en Santa Coloma de Gramenet se han ido sucediendo improvisadas protestas. Esta tarde, sin embargo, la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam convocó una manifestación para denunciar en firme la corrupción urbanística.
Fue la más multitudinaria en la ciudad en los últimos años y en torno a 1.500 vecinos se echaron a la calle bajo el lema Fora polítics corruptes! Ara, el poble!. Aunque al inicio de la marcha se encendieron un poco los ánimos, la manifestación transcurrió sin incidentes.
La plataforma organizadora, que agrupa a una treintena de asociaciones vecinales y entidades culturales colomenses, reclamó "la disolución del actual Consistorio y el nombramiento de una junta gestora hasta las próximas elecciones municipales". Aunque por el momento son únicamente tres los imputados en Santa Coloma por el caso Pretoria -el alcalde, Bartomeu Muñoz, el concejal de urbanismo, Manuel Dobarco, y el director de servicios municipales, Pascual Vela-, los convocantes de la protesta responsabilizan de lo sucedido a todo el Ayuntamiento.
"Este gobierno ha tenido mayoría absoluta y ha legitimado proyectos de especulación urbanística, porque no tienen otro nombre. Ni los compañeros del alcalde han hecho nada para evitarlo por disciplina de partido ni tampoco la oposición ha hecho su papel", denunciaba su portavoz, Jordi Pastor. La plataforma reclamó, además, una moratoria para las obras que hay en la ciudad en proyecto y en ejecución, y que los miembros del Gobierno municipal publiquen las declaraciones de patrimonio que hicieron antes de entrar en el Consistorio y las actuales.
Entre las pancartas que portaban los vecinos había continuas referencias a las reformas urbanísticas más polémicas de Muñoz: el proyecto Cubics, la recuperación del parque de Can Zam y las expropiaciones en el barrio de Safaretjos y Singuerlín Nord. Algunas asociaciones vecinales aseguran que llevaban años remitiendo sus denuncias en materia de urbanismo al Consistorio, pero que no había forma de negociar con el gobierno municipal.
"A pesar de que aquí siempre habíamos dicho que hacían falta más equipamientos y parques, y menos pisos, algo nos sorprendimos cuando se destapó todo. La respuesta que nos daban era que se iba a esponjar Santa Coloma y luego nada de nada. Mire el parque de Can Zam. Tenía 13 hectáreas y poco a poco se lo van comiendo", comentaba un vecino, Ángel Nogales. "El gobierno y la oposición conocían nuestras quejas desde hace 10 años", añadía Jaume Torrent, que con pesimismo remachaba: "el problema no es poner un alcalde u otro, es el sistema el que está podrido".
A lo largo de la marcha, que concluyó en la plaza de la Vila, se sucedían los corrillos. Había vecinos que a modo de protesta portaban ensartadas en una caña ristras de chorizos, una corbata, y una receta de cómo preparar el "pollo al Ayuntamiento", que incluía "un pollo, un despacho, y varios chorizos". No todo el mundo estaba para sarcasmos, había quien contaba al pie del Ayuntamiento lo mal que lo está pasando por culpa de la crisis y lo duro que se le hace ver en las noticias este caso de corrupción.
En Santa Coloma el paro se ha duplicado con la recesión y está en torno al 17%. Muchos de los nuevos desempleados no trabajaban en la ciudad, sino en empresas de la construcción o del sector de la automoción del área metropolitana.
* ELPAIS.com - FERMÍN ROBLES - Santa Coloma de Gramenet - 05/11/2009
Foto: Varios centenares de ciudadanos de Santa Coloma protestan contra la corrupción y contra la acción del ex alcalde Bartomeu Muñoz- MARCEL·LÍ SÀENZ, elpais.com
Santa Coloma se echa a la calle para protestar contra la corrupción
Imputado el alcalde y el secretario general del PSOE de Punta Umbría por el caso Ibercons
EUROPAPRESS/Huelva* : El alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE); el secretario general del PSOE en la localidad, Juan Pomares; el concejal de Urbanismo, Juan Iglesias Lago, y el técnico municipal José Antonio Gómez Jiménez han sido imputados tras una querella interpuesta por la empresa Ibercons Ingeniería y Construcciones, afincada en Huelva capital, ya que presuntamente uno de los miembros del equipo de Gobierno le pidió a la citada compañía que "se retirase, como un favor político, de la licitación de unas obras en la plaza de la Sal de El Portil".
En la citación del juez del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Provincial de Huelva, al que tuvo acceso Europa Press, estas personas declararán en calidad de imputados el próximo 16 de febrero.
También declararán dos días después y en la misma calidad, la primera teniente de alcalde, Aurora Águedo Borrero; la concejala de Cultura, Antonia Hernández Galloso; la concejala delegada de El Portil, Beatriz Román Ramírez, y el Economía y Hacienda, Manuel Castillo Guerrero.
Por otro lado, el director técnico de Ibercons, Juan Carlos Trigueros, prestará declaración a su vez, pero en calidad de testigo.
Por su parte, el presidente del PP de Punta Umbría y letrado de Trigueros, José Carlos Hernández Cansino, indicó que en este caso existen "indicios de delitos de amenazas, alteración del precio de concursos públicos, prevaricación, fraude en contratación y falsedad documental", ya que según explicó el popular, el secretario del PSOE de Punta, Juan Pomares, "solicitó a Ibercons, empresa que había presentado el proyecto de obra más barato y de menor duración, un favor político y que se retirara de la licitación porque tenía un compromiso con una empresa de la localidad".
Del mismo modo, Hernández señaló que atribuyéndole las obras a la empresa local Punta Enebro, "una empresa que no tiene historia porque se creó a los tres meses de que el PSOE ganara las elecciones municipales, no se beneficia a la localidad sino a una empresa", por lo que el PP "quiere llegar a las últimas consecuencias y aclarar en todas las instancias este asunto".
* EUROPA PRESS - 5.11.09
Foto: Punta Umbría - turismoandaluz
Tres sicarios mataron en 2007 al alcalde de Polop por motivos urbanísticos
ELPAÍS/Alicante* : Dos años y dos semanas después, la Guardia Civil ha esclarecido el enigmático asesinato a tiros del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP. Los agentes arrestaron el jueves a un ciudadano español, integrante de una banda de tres asesinos a sueldo, por su supuesta implicación en el crimen. Los otros dos miembros del grupo, radicado en el sur de la provincia, son checos. La investigación, según fuentes del caso, sostiene que la orden a los sicarios tiene su origen en temas urbanísticos.
Alejandro Ponsoda fue tiroteado la noche del 19 de octubre de 2007 a las puertas de su vivienda. El regidor recibió varios impactos de dos armas distintas. Uno de los balazos le atravesó el cráneo y le provocó un coma irreversible. Ponsoda falleció una semana más tarde, a los 55 años de edad, en el hospital General de Alicante.
Desde el principio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil centró la investigación para esclarecer el asesinato de Ponsoda en cuestiones relacionadas con programas urbanísticos en el municipio, dadas las tensiones que había generado el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Junto a esta línea, la policía indagó en el ámbito privado del regidor, aunque finalmente descartó este aspecto como posible móvil del crimen.
Polop (en el prelitoral de Alicante, a 30 kilómetros de Benidorm) no alcanza los 4.000 habitantes censados y un tercio de su población es extranjera. En 1999 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que fue homologado en 2003. En esa fecha, el responsable del área de Urbanismo era Juan Cano, luego sustituto de Ponsoda en la alcaldía. El planeamiento, vigente, prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete la población.
Además de en el urbanismo, la gestión de Ponsoda al frente del Consistorio también fue cuestionada en el apartado de la contabilidad. En septiembre pasado, Cano presentó al pleno un informe para aprobar las cuentas de 2008 que incluía un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,62 millones de euros por facturas impagadas en 2007 y ejercicios anteriores, bajo el mandato del alcalde asesinado. En el documento se responsabilizaba a Ponsoda de poner en marcha "diversas obras municipales que no contaron con la adecuada financiación y que se ejecutaban en función de presupuestos incorrectos". "Se estaban admitiendo facturas con cargo a dichas obras que no se correspondían ni con el valor ni con los conceptos de las mismas", recogía el documento. El informe reflejaba llamadas de proveedores reclamando el pago de facturas pendientes de cobro que, sin embargo, no constaban en el programa de contabilidad del consistorio.
El alcalde, que se enteró por los medios de comunicación del arresto de uno de los presuntos asesinos de Ponsoda, declaró: "Es una satisfacción que caiga sobre los culpables el peso de la ley". La alegría de Cano era también compartida por los vecinos de pueblo, cuyo devenir ha estado mediatizado en estos dos últimos años por el hasta ayer misterioso crimen de su ex alcalde.
* ELPAIS.com - R. LLORENTE / A. BALAGUER - Alicante / Benidorm - 06/11/2009
Foto: Agentes de la Policía Judicial inspeccionan el vehículo del alcalde de Polop en 2007 tras su asesinato.- R. FUSTER, elpais.com
Se destruye yacimiento arqueológico del neolítico
ECOLOGISTASENACCIÓN/Aragón* : Hace unos meses se tuvo conocimiento de la destrucción prácticamente total del yacimiento arqueológico Neolítico de la cueva de Chaves, el segundo en importancia en la Península Ibérica tras la cueva de Or (Valencia). La cueva, situada en el término municipal de Casbas de Huesca, se encuentra situada en el interior de una finca cinegética vallada en su totalidad, propiedad de FIMBAS S.A., empresa presunta responsable de la destrucción, al pretender convertir el espacio en un pesebre y construir un abrevadero para el ganado.
La superficie excavada de la cueva por parte de los arqueólogos de la Universidad de Zaragoza y del Museo Arqueológico Provincial no llegaba al 10 %, pero el yacimiento ya era un referente sobre la neotilización de la Europa Meridional, una información y un patrimonio arqueológico y cultural que, por desgracia, se ha perdido para siempre, tal y como se ha afirmado públicamente desde el Museo Arqueológico de Huesca.
Ecologistas en Acción había denunciado en numerosas ocasiones obras ilegales que se venían desarrollando en el entorno de la cueva. De hecho, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro abrieron incluso expedientes sancionadores que se saldaron con multas ridículas, pero en ningún momento llegaron a paralizar las obras, que finalmente arrasaron el yacimiento. Por otra parte, el hecho de que la destrucción de la cueva pudo producirse varios meses (incluso un año) antes de hacerse pública la noticia, da también una idea de la pasividad de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, entidad que tenía la obligación de velar por la conservación de esta joya del neolítico. Finalmente, señalar que la cueva se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, lo cual agrava aún más este hecho.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio de Cultura que, dada la inoperancia de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y de acuerdo con la legislación vigente, inicie directamente las acciones legales necesarias, y se persone en las ya abiertas (como consecuencia de las denuncias que se interpusieron desde diferentes sectores tras conocer su destrucción), con el fin de que se sancione como corresponde a los responsables de este atentado contra el patrimonio histórico y arqueológico. Asimismo, se le ha solicitado que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación y recuperación de los restos arqueológicos que todavía no han sido destruidos en la zona. En este sentido, Ecologistas en Acción considera que deberían expropiarse aquellas áreas que albergaban o albergan valores arqueológicos en la zona, como mejor garantía para su conservación.
Imanat films y Ecologistas en Acción se ha elaborado un documental, en el que se describe de manera pormenorizada como ha sido el proceso que ha culminado con la destrucción del yacimiento arqueológico de Chaves.
* E.A. Área de Patrimonio Histórico y Arqueológico - 3-11-09
La juez imputa en el 'caso Mercasevilla' al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento
ELPAÍS/Sevilla* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha citado a declarar como imputado a Domingo Enrique Castaño, ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista, dentro de las diligencias abiertas por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga.
En el auto, fechado el pasado miércoles, la juez Alaya cita a declarar en calidad de imputado a Domingo Enrique Castaño el próximo día 17 de diciembre, a las 10.30, dentro de unas diligencias por las que se encuentran también imputados el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; el ex director general de
Mercasvilla Fernando Mellet; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
De igual modo, dispone que se libre oficio a la Policía Judicial a fin de recordarle la remisión al Juzgado de los contenidos del resto de los correos electrónicos del servidor de la Gerencia Municipal de
Urbanismo que podrían ayudar a esclarecer esta presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sando, mientras también pide que se expida un nuevo oficio a la Policía Judicial para que informe sobre el directivo o los directivos de Sando en Andalucía que hubieran intervenido en la subrogación del derecho de superficie.
Asimismo, la juez instructora del caso también dispone que el jefe de la Policía Judicial adscrita informe de los derechos de superficie y arrendamientos que hubiere en los terrenos de Mercasevilla antes de la convocatoria del concurso público y el tiempo de su duración. Además, retrasa al día 30 de noviembre las declaraciones, en calidad de testigos, del profesor adscrito al Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad de Sevilla Antonio Pajares Ruiz, y de Antonio Barba
Ruiz, quien en nombre del grupo de inversiones Noga asistió a la apertura de ofertas efectuada el día 9 de febrero de 2006 ante la mesa de contratación del concurso para la adjudicación de derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, cuyas declaraciones estaban previstas inicialmente el día 23 del presente mes.
Patrimonio de los imputados
Por último, recuerda que el imputado Fernando Mellet ha presentado ya el escrito en el que adjunta el correo electrónico aludido en su declaración judicial, concretamente el que envío a María Victoria Bustamante el 10 de noviembre de 2005, en el que, según Mellet, se le remitía el pliego de condiciones aprobado en la comisión ejecutiva del 8 de noviembre.
Por otro lado, y en relación con la instrucción que la juez desarrolla para investigar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, la juez solicita a la Policía Judicial ampliar la información patrimonial de los cuatro imputados en esta causa -los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Antonio Ponce; el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y la funcionaria Regla Pereira-, así como de otras 14 personas pertenecientes a "su entorno familiar más directo".
En este auto, la juez Alaya mantiene para el 16 de noviembre el señalamiento para la declaración como imputado del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.
* ELPAIS.com - EP - Sevilla - 05/11/2009
Foto: Mercasevilla - elcorreoweb.es
"Pretoria": Los comisionistas ganaron cinco millones en una operación de 28
ELPERIÓDICO/Barcelona: Si el juez Baltasar Garzón no se equivoca en sus imputaciones, trabajar para la trama del caso Pretoria era un auténtico negocio. Uno de los casos más ejemplares es el del solar que vendió la sociedad pública Marina Badalona a finales del 2002 a la empresa Badalona Building Waterfront (BBW) y que esta revendió 15 meses más tarde a Espais Catalunya Inversions Immobiliàries por 28 millones de euros.
En el tiempo transcurrido entre la operación inicial y la final, los intermediarios y comisionistas cobraron cinco millones de euros, casi un 18% del precio final. En el solar aún no se ha edificado nada y varias fuentes apuntan al presunto blanqueo de dinero como el objetivo real de la operación.
Espais Catalunya está participada en un 51% por Caixa Catalunya, y el resto, por Espais, la inmobiliaria que dirige Lluis Casamitjana, imputado por Garzón. Según el auto, esta empresa mixta pagó a Poliafers, una compañía de Lluís Prenafeta (exsecretario general de la Presidencia con Jordi Pujol y ahora en prisión provisional sin fianza) 1.461.599 euros por la compra del solar «tras el cambio de usos» del proyecto. Prenafeta se repartió esta comisión con Luis García (Luigi) y Macià Alavedra.
Esta es la última comisión que consta en la resolución judicial por esta operación. Aunque el magistrado destaca que antes hubo otras dos. BBW compró el solar a finales del 2002, cuando estaba controlada por Alejandro Pretus (el abogado que aparece en casi todas las operaciones del caso Pretoria), Agustín Peñarroja y Jeff Schroeder.
NEGOCIO LIOSO / «Cuando se produjo la operación» de venta «BBW pagó a Kundry Blau 2,551 millones en concepto de rescisión de un contrato de gestión». Los administradores mancomunados de Kundry eran precisamente el citado Schroeder y Lluís Renau, exdirector general de Seguretat Ciutadana en el Govern a las órdenes de Alavedra. Garzón apunta, sin embargo, que el destino final de esos 2,5 millones fue Luigi, Este, además, cobró otra comisión más a cargo de BBW por valor de 1.046.993 euros. Para acabar de liar la operación, parte de esa última cantidad fue a parar de nuevo a manos de Schroeder y de Renau, según el juez.
La suma de las tres comisiones asciende a los citados cinco millones de euros, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que todavía no se ha construido nada en el solar en cuestión. La situación contrasta, además, con las del resto de parcelas del frente marítimo de Badalona.
Caixa Catalunya ha puesto en marcha una auditoría para aclarar todos los extremos de su participación en la operación de Badalona y sus relaciones con Espais, responsable de la gestión del proyecto. La entidad de ahorro destaca que no le consta ningún pago irregular por parte de su filial y asegura que desde que compró el terreno la calificación de este no ha variado.
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS / Espais y Procam han mantenido parado el solar durante estos años. No solicitaron la primera licencia de obras hasta octubre del 2007, según fuentes municipales. El ayuntamiento se la denegó por deficiencias en los expedientes. No se registró otro movimiento hasta el pasado 16 de octubre, cuando los servicios municipales requirieron nuevos informes técnicos. Por si los problemas de la obra no eran suficientes, tras la detención de Casamitjana el ayuntamiento ordenó la suspensión de todas las licencias relacionadas con esta parcela hasta que se aclare la situación.
El ayuntamiento envió ayer a Garzón toda la documentación sobre esta parcela, un millar de folios.
* El Periódico - 5.11.09
Foto: Cartel publicitario de una de las obras previstas en el nuevo frente marítimo de Badalona, el mayor cambio urbanístico de la ciudad. - JOSEP GARCIA, elperiodico.com
Santa Coloma adjudicó la misma obra a dos empresas de la trama corrupta
ELPAÍS/Barcelona* : La investigación del caso Pretoria sigue extendiéndose a otras localidades y llega ya a Arenys de Mar (Maresme), aunque sigue sin abandonar su epicentro. Dos empresas relacionadas con la trama corrupta han sido las adjudicatarias de una misma obra en Santa Coloma de Gramenet. Se trata del mercado de Fondo, uno de los mayores equipamientos de la ciudad, que se licitó en 2007 por más de 20 millones de euros. La adjudicación, que está siendo investigada por el juez Baltasar Garzón, recayó en la constructora Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
La constructora presentó el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado mes de enero, por lo que el Ayuntamiento tuvo que licitar otra vez la obra. Esta vez, el precio de salida eran 11,9 millones porque Edisan había realizado ya algunos trabajos, como la demolición del antiguo mercado. El pleno del Consistorio adjudicó el contrato el pasado 26 de octubre —un día antes de la intervención policial— por 9,8 millones de euros a Grupo Ánfora, en cuyo consejo de administración está Antonio Jiménez Gómez, el ex concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) que Garzón investiga por considerarlo uno de los contactos del presunto cerebro de la trama, Luigi.
Fuentes del Ayuntamiento admitieron que la obra se adjudicó dos veces seguidas a dos empresas de la trama, pero aseguraron que todos los contratos de Gramepark y los que aparecen en el auto de Garzón están siendo revisados. Ánfora es un grupo de Mataró que ahora está promoviendo viviendas en Montcada i Reixac y Sant Andreu de Llavaneres. Jiménez Gómez tuvo responsabilidades urbanísticas en ambas localidades, y empezó en la inmobiliaria justo después de dejar su cargo en Montcada. Además, fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma.
Garzón sigue rastreando, no obstante, todas las operaciones vinculadas con la trama. El pasado martes el Ayuntamiento de Arenys de Mar le entregó la documentación de un convenio privado entre Edisan, de Luigi, y la congregación de monjas de Vila Betània. Según el acuerdo, de 2005, Luigi se comprometía a ampliar el geriátrico de la comunidad a cambio de un solar donde edificar.
Fuentes municipales confirmaron ayer que en esa época, cuando gobernaban CiU y PP, el jefe de Planeamiento del Consistorio era Genís Carbó, militante de CDC y directivo del último Gobierno de Jordi Pujol. Carbó está citado en el auto por cobrar una comisión de 244.011 euros tras un pelotazo urbanístico.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER / A. TRILLAS - Barcelona - 05/11/2009
Foto: Construcción en Santa Coloma de Gramenet, origen del pelotazo urbanístico.- EDU BAYER
Ayuntamiento de Carboneras mantiene como suelo urbanizable El Algarrobico al adaptar sus normas subsidiarias
EUROPAPRESS/Almería* : El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado de manera definitiva la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico al considerar que no puede dársele categoría de suelo no urbanizable de especial protección al estar suspendido cautelarmente por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En el documento, publicado en BOP y contra el que los colectivos conservacionistas han anunciado la interposición tanto de recurso de reposición ante el Consistorio como de recurso contencioso-administrativo, recoge la recomendación del informe de la Comisión Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística y alega que debe mantener el anterior grado de proyección --D2-- en el sector ST-1 --Algarrobico-- a la vista de la resolución judicial.
Al tiempo, el Ayuntamiento carbonero, que preside Cristóbal Fernández (PSOE), señala para justificar su decisión, contra la que presentaron alegaciones el PP, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, que la citada comisión resaltó que la adaptación de las NNSS a la LOUA se trata de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento, por lo que no se puede alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
El decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula el procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento municipal a la ley anteriormente mencionada establece, sin embargo, tal y como se apunta en el documento y subrayan los colectivos ecologistas, que esta deberá clasificar como suelos no urbanizables de especial protección aquellos sectores sometidos a una aplicación directa por deslindes y planes sectoriales en materia de medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han interpretado la decisión del equipo de gobierno de Carboneras "y de la Administración autonómica" como un apuesta por la "legalización" del hotel de Azata del Sol que, según aseguraron, les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición del hotel y por otro aprueba "actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
NÍJAR
Al hilo de esto, invitaron al municipio a seguir el ejemplo del Consistorio de Níjar que, en el mismo procedimiento, clasificó como suelo no urbanizable de especial protección los parajes de La Fabriquilla y Aguamarga, donde estaban proyectadas dos macrourbanizaciones declaradas no conforme a derecho por el TSJA y en cumplimiento con lo establecido en el PORN del parque natural de Cabo de Gata.
Este plan, que también afecta a los sectores ST-2 y ST-3 con el mismo tratamiento en la adaptación de las NNSS de Carboneras, ubica el primero de ellos como B1 y B2, áreas de interés natural donde el uso urbano se prohíbe mientras que fija para el suelo donde se asienta el hotel de Azata del Sol la calificación C1 que motivó, precisamente, su suspensión cautelar ya que el Alto Tribunal Andaluz estimó que "podía suponer la reactivación del inmueble con uso turístico".
Con respecto al sector ST-3 o Torre del Rayo, que en el nuevo planeamiento aprobado por el Ayuntamiento también tiene un uso residencial, los dos colectivos ecologistas han subrayado que está catalogada como Habitats Prioritario y Exclusivo, monte público y zona de especial protección por la ubicación del Bien de Interés Cultural (BIC) que da nombre al paraje.
* Europa Presss - 5.11.09
Foto: El Algarrobico (Archivo) - greenpeace
Chiclana: Delito a vista de pájaro
LAVOZ/Cádiz: Desde el aire, los pagos rurales de Chiclana aparecen como una colmena de parcelas irregulares, llenas de piscinas y tejados de chalés. Una inmensa ciudad de viviendas levantada de forma ilegal, a golpe de ladrillazo durante los años del boom inmobiliario, amparándose en la impunidad que les daba el caos. Y es que era imposible comprobar la construcción de cada casa, una por una, en aquella maraña urbanística.
Hace dos años, sin embargo, se logró solventar el problema, ya que la Policía y la Guardia Civil comenzaron a usar un novedoso sistema de fotografía por satélite que permitía comprobar cada año si se levantan allí nuevas casas.
Gracias a él, la Policía ha imputado esta semana a cinco promotores y constructores, denunciados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Se les imputa la construcción de varias viviendas en los pagos del Pinar de los Guisos y de Majadillas, y de falsificar los documentos de obra nueva presentadas en el Registro de Propiedad para hacerlas pasar por antiguas. Esto es un procedimiento habitual para enmascarar la irregularidad, ya que este tipo de delitos prescribe a los cinco años.
El truco de la obra nueva
Las viviendas estaban siendo investigadas desde el pasado verano por los jueces mixtos Número 3 y Número Cuatro de Chiclana, que pidieron que se comprobara si, efectivamente, existían los chalés en las fechas que indican las escrituras. El cotejo de las fotografías por satélites desvelaron, en cambio, que se construyeron tiempo después.
En la primera de las parcelas investigadas, en el Pago de los Guisos, los policías comprobaron que en 2005 desapareció una casa pequeña, y fue sustituida por otra edificación de 90 metros cuadrados con piscina incluida. Dos años después, la parcela se dividió con un muro y se construyó un segundo chalé. Todo ello, sin licencias municipales. Además, según informó ayer la Junta de Andalucía, «para hacer las obras se talaron los árboles de la parcela sin la preceptiva autorización ambiental».
La segunda vivienda investigada, bajo la tutela del juzgado Número 4 de Chiclana, se encuentra en el Pago de Majadillas. Se trata de un chalé de dos plantas y 120 metros cuadrados, más otro edificio de 50 metros que fueron construidos en 2005. En el certificado de obra nueva, en cambio, se indicaba que la casa se había construido antes.
* La Voz Digital - 05.11.09 - M. D. GARCÍA
Foto: Una de las viviendas construidas de forma supuestamente ilegal. / LA VOZ
Millones sin control
ANXO GUERREIRO* : Los numerosos casos de corrupción que salpican la vida pública española han terminado por producir un fuerte impacto en la opinión pública y amenazan con provocar el desencanto ciudadano con la democracia. Ante tal situación, el discurso políticamente correcto consiste en afirmar que el corrosivo fenómeno de la corrupción es minoritario y que la gran mayoría de los cargos públicos son gente honesta, y hasta sacrificada, que trabaja por el bien común y el interés general. Es posible que así sea y, desde luego, no seré yo quien extienda la sospecha sobre el funcionamiento del sistema democrático en nuestro país. Pero es preciso reconocer, al menos, que la extensión de las tramas corruptas ha alcanzado tal nivel que ya no permite considerar esta cuestión como algo irrelevante o marginal.
Una de las características de la delincuencia en el siglo XXI es su organización en grandes carteles que se dedican a actividades criminales muy lucrativas gracias al uso a gran escala de las nuevas tecnologías del transporte y la comunicación. La cantidad de dinero negro, de millones sin control, que tales organizaciones manejan entre paraísos fiscales, bancos legales y diversos centros que configuran la economía sumergida se ha calculado que es el doble del producto nacional bruto de Japón.
Pues bien, ingentes cantidades de ese dinero sucio, que circula en las bodegas malolientes de la globalización, se blanquea en España. Es tan intenso el tráfico de esos capitales en nuestro país que hasta los notarios han detectado, ¡por fin!, miles de operaciones sospechosas y en muchos casos han encontrado claros indicios delictivos.
El problema reside en el hecho de que quienes manejan miles de millones de euros procedentes de las más diversas actividades irregulares no carecen de proyecto político. Al contrario, necesitan la complicidad del poder -o de los poderes- para extender su devastadora metástasis. Por eso los casos de corrupción se multiplican por doquier; por eso muchos advertimos en su día que Marbella no era un caso excepcional o aislado, aunque fuera, debido a sus pintorescos protagonistas, el más espectacular. En efecto, dos docenas de alcaldes detenidos en los últimos años, varios consejeros del anterior Gobierno balear procesados, el expresidente de esa Comunidad y la actual presidenta del Parlamento de las Illes imputados en el caso Palma Arena, la referencia de Maragall al famoso 3% desde la solemnidad de la tribuna parlamentaria o el hecho de que en Madrid, para vergüenza de nuestra democracia, hubiese que repetir unas elecciones debido a la felonía de dos diputados convenientemente incentivados por las tramas inmobiliarias, dan cuenta de la profundidad y gravedad del fenómeno al que nos enfrentamos.
Convendría, pues, que en Galicia tomásemos buena nota de lo que está sucediendo. Porque, aunque las normas cautelares sobre el litoral tomadas por el bipartito y la crisis de la construcción residencial han ralentizado los planes urbanísticos que tramitaban los concellos costeros, contamos con una ley urbanística similar a la que está vigente en Valencia, norma que ha merecido las más duras críticas de la Unión Europea, y está pendiente todavía la elaboración del Plan de Ordenación del Litoral. Y, desde luego, no es de recibo mirar para otro lado cuando determinadas familias de la Camorra anuncian planes para instalarse en Galicia, con el fin de compensar con el negocio del narcotráfico sus pérdidas en el sector inmobiliario.
Así pues, las tres fuerzas políticas gallegas, en vez de utilizar de forma partidista y grosera el fenómeno de la corrupción, deberían conjurarse para evitar la especulación urbanística, porque con el urbanismo salvaje no sólo está en juego nuestro patrimonio natural, sino la salud de nuestra democracia. Y, por supuesto, para impedir la instalación de las mafias en nuestro territorio, hecho que una vez consumado es muy difícil de erradicar.
Por su parte el Gobierno central y las diversas fuerzas de la oposición no pueden limitarse a repetir fórmulas retóricas de condena a la corrupción o a reproducir el discurso políticamente correcto. Están obligadas a diseñar conjuntamente una auténtica batalla política contra esta lacra que asfixia nuestra democracia.
* ELPAIS.com - Opinión Galicia - 4.11.09
Ayuntamiento Las Palmas pagaría 44,1 millones por operaciones urbanísticas
ABC* : El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debería hacer frente al pago de 44,1 millones de euros por el coste de algunas operaciones urbanísticas de mandatos pasados que habría que pagar en 2010, informó hoy la corporación insular. Estos 44,1 millones de euros se sumarían a los 33,4 millones ya abonados en los dos primeros años del presente mandato, mientras la previsión para el Presupuesto municipal de 2010 es a la baja.
Los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) descienden 17 millones de euros para la capital grancanaria, además de otras partidas.
Muchas de las sentencias firmes que se reciben incluyen la advertencia de que si no se satisfacen los plazos determinados por dichas sentencias, se sumará una multa y la posibilidad de iniciar otro proceso contra el Ayuntamiento.
"El Ayuntamiento no está en condiciones de afrontar esta cantidad" a lo largo del próximo ejercicio, explica el concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández.
"Ya está bien; alguien tendrá que dar explicaciones políticas en algún momento y desde luego deben ser los que tomaron las decisiones", indica en un comunicado.
En su opinión, la política urbanística que se desarrolló en la capital grancanaria en los últimos mandatos fue una "huida hacia delante en una época, además, que era de bonanza económica". EFE
* ABC - EFE _ 4.11.09
Foto: turismolaspalmas.com
"Todos lo saben", incluso los fiscales
E-NOTÍCIES/Barcelona* : El ex fiscal jefe de Catalunya y ex miembro de la fiscalía anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, declaró hace días a ComRàdio, sobre los últimos casos de corrupción, que "muchos ayuntamientos advierten a los constructores de que, si no pagan comisiones, no pueden construir. Todos lo saben". Lo que no dijo es que también lo sabían los fiscales. Porque la fiscalía archivó en 2007 una denuncia sobre "movimientos especulativos" en Sant Andreu de Llavaneres, que ahora ha revelado el juez Garzón.
Según informa el diario El Mundo, "algunas de las irregularidades urbanísticas que investiga ahora el juez Baltasar Garzón ya fueron detectadas por la fiscalía de Catalunya en 2007, pero ante la ausencia de información concluyente por parte de los denunciantes -la Plataforma SOS Llavaneres-, decidió archivar dos de los casos".
Añade que "se trataba de los proyectos urbanísticos del parque y viviendas en la zona de Can Rivière, y el edificio antiguo conocido como La Bodega cuyas reformas, a juicio de SOS Llavaneres, eran agresivas con el medio ambiente y sospechosas de esconder sendos pelotazos".
En este caso, dice el diario se movieron "millones de euros debido a la recalificación, un plan presuntamente urdido por el ex diputado del PSC Luis Andrés García, conocido entre sus allegados como Luigi".
La plataforma SOS Llavaneres denunció varios proyectos urbanísticos de esta localidad, y actualmente algunos de ellos se están instruyendo en el juzgado de instrucción número 1 de Mataró. Se refieren a la construcción de una guardería y a una zona deportiva. En estos dos casos están imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos el ex alcalde de Llavaneres, Víctor Ros, y el ex concejal de urbanismo, Antoni Jiménez, que aparece en la resolución de Garzón sobre la red Pretoria, y que se ha dado de baja en el PSC".
* E-NOTÍCIES - 3.11.09
Foto: e-noticies.es
España: La cifra de imputados por corrupción alcanza los 800 en apenas unas semanas
InSurGente* : Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios. El sistema está infectado hasta sus entrañas.
La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es 'Gürtel', la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como 'trama eólica', pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado 'caso Faycán', que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.
Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es 'Gürtel', presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.
El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, 'Gürtel' ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés.
Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.
La imputación de Matas está relacionada con el caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está
relacionada con el caso 'Can Domenge'. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.
Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el 'caso Scala', que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).
Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso 'Zerrichera' llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.
En Cataluña, la operación 'Pretoria' en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.
Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.
En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.
* INSURGENTE - 1.11.09
Viñeta: insurgente.org
La corrupción ahoga España
PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO* : «Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes.
De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.
Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.
Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.
Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.
En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.
Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.
En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.
* ABC - Madrid - 1.11.09
Los Alcázares: Ayuso se valió de su cargo municipal para copar el 90% de los proyectos de urbanismo locales
LAVERDAD/Murcia : Como el ave carroñera que daba nombre a su despacho profesional -bautizado como Gyps Fulvus S.L., nombre latino del buitre común-, Mariano Ayuso no desperdiciaba ni las sobras. A raíz de que en el año 1997 asumió el puesto de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Los Alcázares, este profesional se habría aprovechado de su cargo público para ir desviando hacia el citado despacho «un número «enorme y desproporcionado» de proyectos urbanísticos de la localidad, haciendo una competencia desleal al resto de arquitectos de la zona y con el evidente objetivo de enriquecerse.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), que ha realizado a lo largo de meses una exhaustiva investigación, considera que a la vez que supervisaba formalmente el urbanismo municipal, llegó a diseñar desde Gyps Fulvus S.L. los proyectos de media docena de hoteles, más de 2.500 viviendas de nueva planta (colectivas, unifamiliares, apartamentos...), más de 220 ampliaciones de viviendas ya existentes, multitud de reformas y rehabilitaciones, demoliciones...
Para soslayar la clara incompatibilidad profesional en la que estaría incurriendo al compaginar su cargo público con los encargos privados, Ayuso habría puesto su despacho profesional a nombre de su hermano Juan Ignacio, y además contaba con un grupo de arquitectos que, a cambio de remuneraciones económicas, le prestaban su firma para que no fuera él quien figurara en los proyectos.
El arquitecto municipal fue detenido en enero del 2008 por su implicación en la denominada Operación Ninette contra la corrupción urbanística en Los Alcázares, y se le imputa una infinidad de delitos, entre los que figuran blanqueo de capitales, evasión de impuestos, cohecho, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias, entre otros. También fue arrestado su hermano Juan Ignacio y varios de los arquitectos que vendían su firma permanecen imputados.
Múltiples infracciones
El resultado de la investigación del COAMU se resume en más de 70 folios, que constituyen la resolución del expediente disciplinario que se le abrió a Ayuso y a otros cuatro arquitectos. El objetivo de este expediente, que nada tiene que ver con las diligencias judiciales, no era otro que depurar las responsabilidades que hubieran podido cometer como colegiados, por vulneración de los estatutos de la profesión y de las normas deontológicas.
En el caso del ex arquitecto municipal de Los Alcázares, el Colegio ha considerado probado que incurrió en una amplia serie de infracciones, algunas calificadas como «muy graves», como no someter al visado colegial los proyectos realizados para la Administración, incurrir en incompatibilidades por razón de su cargo público, no atender debidamente los encargos y causar perjuicio a los clientes debido al «enorme y desproporcionado» volumen de proyectos asumido, no actuar con honradez y veracidad en su cargo de arquitecto municipal y aprovecharse de ese puesto «para obtener situaciones de provecho propio y de terceros», haberse procurado trabajo profesional con ventaja y hacer una competencia desleal a sus compañeros de profesión, y haber fomentado la realización de trabajos de arquitectura por quien no reunía la cualificación necesaria para ello.
Desde su propio puesto municipal, Ayuso llegaba a «informar favorablemente sobre obras y proyectos realizados en su propio estudio profesional, firmados por otros arquitectos (que prestaban su nombre a cambio de dinero) y que han puesto en una situación de concurrencia de intereses particulares y generales de forma equívoca e irregular.
Curiosamente, el Colegio Oficial destaca que Mariano Ayuso fue nombrado arquitecto municipal por un tribunal constituido por personas que habían sido clientes suyos. Esto es, personas a quienes había redactado proyectos urbanísticos particulares, entre los que figuran quien era entonces el alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero; el secretario municipal, Diego Sánchez; su hijo, el jurídico municipal Juan de Dios Sánchez, el concejal de Urbanismo Alfredo Blanco y los hermanos de dos concejales socialistas.
Duras sanciones
Tras la investigación realizada, el Colegio considera que Ayuso infringió al menos 22 preceptos de los estatutos profesionales y de los códigos deontológicos, lo que constituye una infracción muy grave, y ha decidido su expulsión del COAMU. Por lo que se refiere a los arquitectos que según el colegio le prestaban la firma, con el fin de ocultar que era en realidad Ayuso quien realizaba los proyectos, ha impuesto duras sanciones a tres de ellos: Miguel Ángel G.I., suspendido del ejercicio profesional por un año y medio; José Antonio V.M., suspendido por seis meses, y el arquitecto municipal de Cartagena Enrique S.M., suspendido por dos años.
En parte, estos tres profesionales le deben haber sido sancionado al propio Ayuso. Fue éste quien, en una de las alegaciones presentadas en el expediente, señaló que «suponemos que todos los profesionales mencionados (los que le prestaban la firma) tendrán abiertas sus correspondientes diligencias, pues no tiene sentido que se nos acuse sólo a nosotros. El Colegio, en eso sí, le dio la razón.
* La Verdad -RICARDO FERNÁNDEZ - 3.11.09
Foto: Los Alcázares, ayuntamiento - laverdad.es
Un alto cargo de Pujol pagó 2,5 millones a Luigi tras un pelotazo
ELPAÍS/Barcelona* : La maraña de sociedades que intervienen en la trama corrupta del caso Pretoria, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, empieza a esclarecerse. El director de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 y ex diputado de Convergència Democràtica (CDC), Lluís Renau, pagó 2,5 millones de euros a empresas del presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, tras un pelotazo urbanístico en Badalona en el año 2003.
La adjudicación irregular de un solar de Badalona en primera línea de playa se saldó, según el auto del juez, con el reparto de tres comisiones. La sociedad Badalona Building Waterfront, que acabó en manos del presidente de Espais, Lluís Casamitjana, abonó 2,5 millones a Kundry Blau Inversions, cuyos administradores eran Renau y José Schroeder, que estaba en otras sociedades de la trama. Esta sociedad, a su vez, repartió esta cantidad a varias empresas a Luigi.
La segunda comisión que se dio por esa operación, de 1,04 millones, la cobró Luigi, aunque del auto se desprende que Renau luego recibió 120.000 euros por sus gestiones. La tercera, de 1,46 millones, se la repartieron Luigi y los ex altos cargos convergentes y también imputados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Renau y Luigi ya habían sido socios en dos empresas entre 1996 y 1998.
El auto de Garzón, además, menciona otra sociedad del entorno de CDC. Según el juez, Alavedra movió 1,2 millones a través de Promogrup Deu, presidida por Rafael Español, ex presidente del grupo La Seda y muy cercano a Pujol. Alavedra fue consejero de esta empresa hasta el 30 de enero de 2009 y se quedó cerca de la mitad del dinero que captó a raíz de su presunta participación en la trama. En esta sociedad patrimonialista, además, participan los empresarios Albert Costafreda (Panrico), José Espona (Gallo) y el directivo del Espanyol José Suñer.
A medida que avanza la investigación se le complican las cosas al PSC. La dirección del partido suspendió ayer de militancia al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, quien, ayer, desde la cárcel, renunció al cargo de alcalde, al acta de edil, al puesto de vicepresidente de la Diputación y a los cagos en el PSC; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales Pascual Vela. Antoni Jiménez, ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), también fue suspendido de militancia "a petición propia" según el PCS.Fuentes de la dirección del partido aseguraron que Jiménez deja temporalmente el partido no por aparecer en el sumario de Garzón por su "estrecha relación" con Luis García, sino por su imputación en otro caso que lleva el juzgado de Mataró (Maresme). En su etapa como concejal, Jiménez habría favorecido una recalificación de terrenos en Sant Andreu de Llavaneres que benefició a Proinosa, una de las empresas de los imputados por Garzón.
La ejecutiva del PSC que acordó las suspensiones de militancia se celebró ayer con un espeso silencio como protagonista. Hubo pocas intervenciones y todos los dirigentes dieron por buenos los argumentos del líder, José Montilla, quien defendió las drásticas medidas con el argumento de que la cirugía de guerra es el único remedio posible para salvaguardar la credibilidad del partido. Montilla también pidió tranquilidad y prudencia a los cargos municipales en un momento en que los nervios por la actuación judicial se han instalado en muchos ayuntamientos.
Una de las pocas intervenciones fue la del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Éste defendió al gerente del Incasòl, Emili Mas, del que Garzón asegura que participó con cuatro de los imputados en conversaciones centradas en la falsificación de facturas. Nadal dijo creer en la inocencia de Mas, aunque aseguró que el departamento revisará todas las actuaciones del Incasòl en Santa Coloma.
A los socialistas, sin embargo, se les presentó ayer un nuevo problema en este ayuntamiento. El director de Servicios Municipales, Pascual Vela, hasta ayer militante del PSC y en libertad bajo fianza desde el pasado viernes, se presentó ayer a su puesto de trabajo sin que nadie le impidiera ejercer sus funciones, informa Fermín Robles. Vela, imputado por delitos de fraude y encubrimiento, sigue, pues, en el ayuntamiento y con acceso a todo tipo de documentos mientras que el alcalde, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, están encarcelados, entre otros motivos, para evitar que destruyan pruebas.
Albert Gadea, jefe de alcaldía, justificó ayer la presencia de Vela en el ayuntamiento. Gadea señaló que Vela, quien gestiona los servicios municipales en Santa Coloma, es un funcionario con categoría de "alto directivo, no un cargo de confianza", y que las circunstancias actuales no implican su despido. "Está en libertad bajo fianza, no sólo tiene derecho a venir a trabajar, sino que tiene que venir". La dirección del PSC no concretó si ha dado algún tipo de orden a sus representantes locales en Santa Coloma para apartar a Vela.
Por otra parte, el comité ejecutivo de CDC acordó ayer suspender temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Artur Mas afirmó que la decisión fue unánime. "Ha sido una decisión dolorosa pero necesaria. Yo mismo tengo con ellos relación de afecto y amistad. Ni reniego ni me escondo", señaló.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER / M.NOGUER - Barcelona - 03/11/2009
Foto: Badalona - geodominios.info
Canarias. El cáncer salpica a nueve municipios, dos cabildos y al Gobierno regional
LAOPINIÓN* : En Gran Canaria, cinco municipios están implicados en casos de corrupción: Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria. En Telde se cruzan al menos tres investigaciones distintas donde están implicados toda clase de cargos públicos por adjudicación de contratos, comisiones y permutas presuntamente perjudiciales para las arcas públicas del consistorio.
En cuanto al número de delitos, el alcalde Mogán es el que más acumula: media docena de ellos entre los que se encuentra la malversación de caudales, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En la capital grancanaria, el juez investiga si en torno a la licencia municipal de las torres del Canódromo, anuladas por la Justicia la pasada semana, se esconde al menos un delito de prevaricación presuntamente cometido por la ex alcaldesa de la ciudad, Josefa Luzardo, y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber. Y también está la operación Paraíso, en San Bartolomé de Tirajana, y Brisan, en Santa Brígida, además de un caso de falsificación de certificaciones de obra en el Cabildo de Gran Canaria que ha costado seis millones de euros a las arcas públicas.
En Tenerife hay dos municipios relacionados con casos de corrupción, Arona y Santa Cruz, mientras que en Lanzarote se ven afectados Arrecife, Yaiza y Teguise, además del Cabildo insular. El caso eólico, por su parte, salpica a la Consejería de Industria del Gobierno canario.
Una causa gigantesca. Tres ayuntamientos y el Cabildo se unen en la operación Unión, en Lanzarote, donde además de la corporación insular se ven afectados los municipios de Arrecife, Yaiza y Teguise. Esta macrocausa que saltó a la luz pública en mayo del presente año suma ya 29 imputados, de los que diez son cargos públicos. El cabecilla de la red es Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
* La Opinión Tenerife - P.G. - 3.11.09
Foto: Telde - canarias24horas.com
Vilamartín: La Fiscalía se querella contra Manuel Candal por un delito de prevaricación urbanística
LAREGIÓN/Ourense* : Manuel Candal volverá al Juzgado, un año después de renunciar como alcalde de Vilamartín. Declarará en el procedimiento iniciado ante la querella que la Fiscalía ourensana presentó contra el ex regidor por un delito de prevaricación urbanística. Le atribuye la firma de las 15 licencias municipales que le presentaron sus propietarios buscando legalizarlas, a pesar de las órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial del anterior Ejecutivo. Estos hechos desembocaron en la renuncia de Candal a la Alcaldía.
El ex alcalde de Vilamartín Manuel Candal volverá a pisar el Juzgado número Uno de O Barco casi un año después de haber renunciado a la Alcaldía. Lo hará para declarar en el procedimiento abierto por una querella de la Fiscalía de Ourense. Le atribuye un delito de prevaricación urbanística, que basa en la firma del escrito de concesión de 15 licencias municipales que le presentaron sus propietarios, en un intento de regularizar la situación de sus casas y naves.
Sobre las construcciones pesan las órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes del anterior Ejecutivo autonómico. Todas carecían de licencia municipal, por lo que los afectados apremiaron a Manuel Candal para que firmase un escrito otorgando las licencias de obra. Este documento dotaba a este trámite con un carácter retroactivo, hasta el inicio de las obras, según dijo en aquellos momentos el portavoz de la “Asociación contra os Derribos de Vivendas”, Juan Francisco Rodríguez, que había tildado a Candal de “alcalde heroico”.
Trámites
El ex regidor rubricó los documentos en la Casa Consistorial vilamartinesa el 18 de noviembre de 2008, rodeado de los propietarios de las viviendas, quienes previamente habían cubierto las solicitudes de licencia municipal en las oficinas generales del Concello.
Horas después, Política Territorial descartaba cualquier validez a las licencias firmadas, al estimar que fueron concedidas “de xeito irregular”.
Todos estos documentos fueron recopilados por la Fiscalía en el momento de presentar la querella contra el ex alcalde. Manuel Candal fue citado para que el próximo jueves se persone en el Juzgado de O Barco para prestar declaración en relación con todos estos hechos.
Los hechos hicieron dimitir al alcalde
La firma de las polémicas licencias ocurrió el 17 de noviembre de 2008, después de una caótica sesión plenaria, en la que los compañeros de Manuel Candal en el equipo de gobierno “popular” le dejaban sólo para aprobar la propuesta del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Al final, este punto quedaba sobre la mesa.
La situación apenas varió desde entonces. Las diferentes propuestas de normas urbanísticas fueron rechazadas una y otra vez por la Xunta, al no ajustarse a sus peticiones. Ante esta situación, el pleno municipal que ahora preside María Jesusa Candal, hija del ex alcalde, acordaba rescindir el contrato con la consultora que las redactó, Servicat Arquitectura. Votaron a favor los ediles del PP, optando por la abstención el PSOE y posicionándose en contra el concejal del BNG.
La situación actual del Concello de Vilamartín difiere mucho de la existente hace un año. En esos momentos, el “plantón” de sus compañeros de grupo y la polémica surgida por la firma de las licencias de obra a los vecinos condujeron a Manuel Candal a presentar su renuncia a la Alcaldía. Ésta fue entregada en el Consistorio el 19 de noviembre, después de que los concejales “populares” le dejasen solo en el debate del Plan Xeral.
* La Región - L.R. - Vilamartín - 03-11-2009
Foto: Vilamartín - panoramio
El alto precio de las licencias ilegales
JOAN SERRA* : La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Antoni efectuada en 1997 sitúa al Ayuntamiento de Portmany ante un nuevo atolladero que le puede resultar muy gravoso. El fallo deja en evidencia la actuación de los responsables del Consistorio en esa época, que primero otorgaron una licencia ilegal para construir el edificio ´Sol Bahía´ y que, después, cuando el Tribunal Superior de Balears anuló ese permiso y obligó a demoler el inmueble ya edificado, se sacó de la manga una chapucera modificación del PGOU para legalizar varios edificios que se hallaban fuera de ordenación, entre ellos el ´Sol Bahía´.
Tan burda fue la maniobra que el Tribunal Superior de Balears y el Tribunal Supremo han subrayado claramente que el Ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico «con el único propósito de incumplir la sentencia [de demolición], o mejor, con la intención de que ésta no se ejecute».
Pero no es Sant Antoni el único municipio pitiuso que se enfrenta a posibles indemnizaciones por haber dado licencias ilegales basadas en interpretaciones forzadas de la legalidad para favorecer el interés de los promotores. En Formentera ha pasado algo parecido en ses Castellones y Sant Josep tiene también una demolición pendiente en el Puig d´en Serra con parecidos antecedentes, aunque con agravantes respecto a los casos anteriores. Sin embargo, todos tienen en común parecidas artimañas políticas y jurídicas, unidas a considerables dispendios económicos, para tratar de amparar esas ilegalidades y evitar las demoliciones; dicho de otro modo, todos esos ayuntamientos dedicaron mucho dinero público y muchas horas de trabajo de técnicos y funcionarios a la impropia finalidad de burlar la ley y las sentencias judiciales.
Dejando al margen las corruptelas o la infinidad de triquiñuelas empleadas o consentidas desde los ayuntamientos para hacer posible lo que legalmente no lo era, que ya de por sí conllevan una deliberada (y delictiva) voluntad de vulnerar la legalidad, podemos admitir que el urbanismo no es una ciencia exacta y que en ocasiones un proyecto puede suscitar dudas legales o interpretaciones divergentes sobre un mismo precepto, pero en esos casos la prudencia y el interés público aconsejan optar por la decisión más restrictiva, la que no comprometa el futuro colectivo. Siempre será mejor, y más barato para el erario, que los tribunales obliguen a un ayuntamiento a otorgar una licencia injustamente denegada que tener que afrontar las consecuencias de demoler e indemnizar por una edificación ilegalmente autorizada pero construida gracias a una licencia municipal que nunca debió otorgarse. Este elemental principio de prudencia fue sistemáticamente ignorado durante décadas, porque ediles y promotores confiaban en que los hechos consumados eran siempre irreversibles o en que nadie estaría dispuesto a asumir los costes de pleitear durante años en todas las instancias. Y ahora comenzamos a pagar las consecuencias de todos aquellos excesos, de los que nadie quiere responder ni asumir la menor responsabilidad.
* Diario de Ibiza - Opinión - 1.11.09
Cambios de ocupación del suelo en la costa 1987-2005 y pérdida acelerada de servicios de los ecosistemas y destrucción de un bien común
XAVIER FONTCUBERTA ESTRADA/ FERNANDO PRIETO* : La costa es un recurso totalmente estratégico para el país, tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental. Las fuertes presiones que gravitan sobre la costa han originado un importante y rápido deterioro de los ecosistemas que está ocasionando una fuerte disminución del capital natural y de los servicios que origina a la comunidad. Además está suponiendo una privatización de recursos comunes que beneficia solo a unos pocos y es además una grave amenaza para los propios sectores económicos afectados (una masiva construcción supone un grave riesgo para el turismo).
El litoral es un recurso de muy compleja gestión: comprende unos 500 municipios, 23 provincias y 10 Comunidades Autónomas. Los 8.000 kilómetros de litoral delimitan una pequeña franja territorial, del orden del 4,25% de la superficie del país (hasta los primeros 5 km.), pero que en cambio concentra el 30% de la población. Sobre esta franja descansan además varios sectores clave de nuestra economía, de los cuales el principal es el turismo (el 80% de los 55 millones de turistas que visitan España va al litoral), pero entre los que también están sectores como la pesca, la acuicultura, el uso recreativo, determinado tipo de agricultura, energías renovables, etc. Si se añade la existencia de algunos valiosos espacios protegidos (como Doñana o el delta del Ebro), estamos delante de uno de nuestros más valiosos recursos estratégicos.
Sin embargo en los últimos 20 años la presión sobre este recurso ha aumentando dramáticamente a través de la ocupación masiva del territorio, que ha avanzado a un ritmo frenético desde la Costa Brava hasta las de Cantabria y el País Vasco, afectando negativamente a la funcionalidad física y ecológica del litoral. En efecto, con los datos del proyecto Corine Land Cover obtenidos a partir de imágenes de los años 1987, 2000 y 2005 se observa que el ritmo de construcción en la costa en los dos primeros kilómetros de litoral se multiplicó por4 entre el periodo 1987-2000 y el periodo 2000-2005, pasándose de un crecimiento de superficie artificial de 1.520 ha. anuales en el primer caso (excluyendo las Islas Canarias) a uno de 6.152 ha. anuales en el siguiente periodo. La media entre 1987 y 2005 fue de 2.800 ha. anuales, o lo que es lo mismo un ritmo de 8 ha./día transformadas.
Para analizar este tipo de procesos se suele utilizar lo que se conoce como un modelo de presión-estado-respuestas, propuesto por la OCDE y la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) y que permite detallar y tener en cuenta las principales fuerzas motrices, los impactos -irreversibles en muchos casos-, las presiones, el papel del Estado y las respuestas de las administraciones y la sociedad civil. Partiendo de indicadores básicos para la franja del litoral, como el incremento de la superficie artificial o la pérdida o ganancia de ecosistemas clave, se analiza las respuestas y estrategias llevadas a cabo por los diferentes niveles de la administración.
Así, se observa como el modelo de ocupación del litoral se ha caracterizado por cinco fases, vinculadas al ciclo de desarrollo urbanístico en la costa:
exploración
creación de infraestructuras
expansión
intensificación
maduración y saturación,
donde políticas públicas como la realización de infraestructuras de alta capacidad, la habilitación de nuevos aeropuertos de bajo coste o de grandes superficies comerciales, o la declaración de espacios protegidos han jugado un papel clave en la configuración del espacio en gran parte del Mediterráneo (en comunidades como Catalunya o la Comunidad Valenciana la superficie artificial en los dos primeros kilómetros de litoral alcanza ya casi un 40% del total, mientras que entre 1987 y 2005 hay provincias como Huelva o Valencia que han más que duplicado su superficie artificial a lo largo de esos dos primeros kilómetros).
El mecanismo por el que se ha llegado a esta situación y que sigue amenazando una parte importante del litoral español es claro: aumento de presión de la construcción, aumento de presión turística, degradación del patrimonio ambiental y de la calidad de vida y finalmente abandono del turismo por otros entornos mejor conservados. Algunos municipios han multiplicado el número de viviendas por 10 o por 100 sin los necesarios servicios públicos existentes (guarderías, hospitales, centros de ocio) pero también sin depuradoras de aguas residuales, adecuada gestión de residuos, etc., situación que ha generado urbanizaciones que la mayor parte del año acaban quedando vacías.
Y la única alternativa desarrollada hasta el momento es también conocida: control de la construcción bajo parámetros razonables, mantenimiento de los recursos ambientales y de la calidad de vida también bajo estándares razonables, buscando el consiguiente mantenimiento del turismo y de los procesos productivos tradicionales (como la pesca).
Ha sido pues la falta de planificación, de transparencia y de rendición de cuentas el principal peligro para la sostenibilidad de este frágil ecosistema. Y si bien es cierto que podemos encontrar ejemplos de buenas prácticas en algunas CCAA, Consejos Insulares y municipios, es evidente que la mayor parte ha evolucionado hacia pautas menos sostenibles.
A estos hechos hay que añadir, en un escenario previsible de cambio climático, los procesos de “rigidización” del Mediterráneo y de “mediterranización” del Cantábrico, que pueden hacer peligrar importantes zonas urbanizadas en áreas con escasez de agua, así como los riesgos en urbanizaciones cercanas al mar producidos por una subida del nivel del mar y del cambio en la dinámica litoral. Será pues necesario estudiar zona a zona cuales pueden ser los impactos esperables.
Lúgubres perspectivas futuras
Aunque la actual crisis económica ha motivado una fuerte reducción en el ritmo de urbanización y construcción del litoral, existe un importante riesgo de que el propio proceso de recuperación económica, tal como ha sido concebido, vuelva a poner en marcha un mecanismo de privatización y apropiación de nuestra costa, pues la principal amenaza para su futuro es la superficie recalificada y ya declarada como urbanizable (aunque no esté urbanizada) y la realización de nuevas y mayores infraestructuras – casi siempre públicas – que permiten posteriormente la colonización mediante desarrollos urbanísticos.
Si, a modo de ejercicio de simulación, se proyecta hacia el futuro las tasas de cementación del litoral mencionadas al inicio de este artículo, se observa como transcurridos solamente 104 años será la totalidad de la costa mediterránea la que ya estará 100% edificada, escenario que alcanzará a la costa atlántica-sur tras 184 años y a la atlántico-cantábrica tras 457.
El peligro de estos rápidos aumentos de la superficie artificial, que implican una superación de la capacidad de carga en numerosos puntos concretos, tiene además una materialización bien clara en términos de la pérdida de las funciones y los servicios que producen estos ecosistemas. Se trata de una amenaza directa a la sostenibilidad futura de nuestro entorno: a la sostenibilidad social (con la desconexión y la falta de servicios públicos en las urbanizaciones salidas de la nada), económica (agotamiento y destrucción de un recurso finito en el plazo de unas pocas generaciones, el sector turístico enfrentado y eventualmente expulsado por el de la construcción) y ambiental (cambios en la dinámica litoral, “rigidización” de la costa, pérdida de biodiversidad, etc.).
España tiene todavía una de las costas más diversas y excepcionalmente valiosas de Europa. El potencial de uso de los recursos naturales, la biodiversidad, el propio desarrollo de los sectores económicos y también la calidad de vida de las generaciones actuales y venideras están determinados por el alcance y los modos de esta ocupación del litoral, razones más que suficientes para cargarnos con la responsabilidad de llevar a cabo una gestión racional e inteligente. Dicha gestión implicaría una consideración del recurso como público, una coordinación de los diferentes niveles administrativos, una integración de políticas que afectan al litoral, un aumento de zonas protegidas (tanto en superficie terrestre como marina), de limitación de superficies a construir y, en definitiva, una visión basada en la sostenibilidad que considerara el litoral no como un recurso a explotar pero que no es renovable, sino como una recurso que es necesario conservar para las generaciones futuras bajo determinados criterios de funcionalidad, diversidad y justicia.
*Fernando Prieto del Campo es profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá y asesor científico de SOS Paisajes de Mar. Xavier Fontcuberta Estrada es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, experto en evaluación de políticas públicas y miembro de la Red Renta Básica.
* Rebelión/Sin Permiso - 26.10.09
