MADRIDIARIO* : La privatización de la gestión y explotación del Parque de Valdebernardo no tiene vuelta atrás. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Anabel Mariño, anunció este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la concesión del tercer pulmón verde de Madrid no tiene vuelta atrás, a pesar de que al mismo tiempo una concentración recorría Valdebernardo para impedirlo.
Según Mariño, la fórmula de 'colaboración público privada' es la mejor. "Es lo que vamos a hacer en este parque y en otras actuaciones que tenemos en la Comunidad de Madrid", advirtió la responsable de Medio Ambiente respecto al futuro próximo. "Se va a hacer una gestión integral. La empresa lo explotará para darle servicios a los vecinos sin ningún perjuicio para las arcas públicas, porque no pagamos ningún canon".
En concreto, la concesión que prepara la Comunidad supone que el adjudicatario tome durante 40 años el mando del vivero del parque, los cinco kioscos, la depuradora, las instalaciones deportivas y, especialmente, de dos parcelas en las que podrá instalar negocios para aumentar la rentabilidad.
El parque hoy, como recordó la diputada de IU Reyes Montiel, está gestionado todavía por el Consorcio Urbanístico Valdebernardo PAU4. El Ayuntamiento de Madrid se ofreció a gestionarlo en 2007, pero no hubo acuerdo y el Consorcio se mantuvo. Tampoco se atendieron las peticiones de la oposición de que en las dos parcelas de la discordia se construyesen equipamientos sociales públicos para los vecinos de Vicálvaro, como un colegio, un centro cultural, una biblioteca o un centro de salud.
Según Elena Almazán, diputada del PSOE, quien se lleve la gestión lograrán un lucro de 162 millones de euros en los próximos 40 años gracias a un parque construido con 17 millones de euros de los impuestos de los ciudadanos. Eso o grandes indemnizaciones si la concesionaria no llega a un nivel de ganancias previsto en los pliegos. Reyes Montiel denunció que, además de todo eso, el Consorcio que lo construyó "no ha dado cuenta de sus actividades" a pesar de haberse mantenido una vez finalizado el parque y que es "totalmente opaco". El PSOE lo calificó de "saqueo del patrimonio a beneficio de unos pocos".
Todos privatizan
Las 300 personas que se manifestaban en Vicálvaro -entre ellas la propia Almazán, los representantes de la FRAVM, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés o la concejal municipal Raquel López- al grito de "Privatización no" o "No queremos un parque privado" no hacen cambiar de opinión a la Consejería de Medio Ambiente. Entre sus argumentos, la consejera Anabel Mariño cuenta con que la gestión privada mejore el parque.
Según Mariño, los argumentos en contra de su actuación en Valdebernardo son "elucubraciones pseudopolíticas" que usan el argumento "torticero" de la privatización para "manipular a los vecinos". "La colaboración público privada lo mejor para el beneficio general. Eso sí que es social, y no que suban los impuestos como hacen ustedes" espetó en alusión al aumento de tributos aprobado por el Gobierno de Zapatero.
"El parque es y será siendo público. La gestión será privada pero el parque seguirá siendo público. ¿O es que acaso la limpieza o los servicios de parques y jardines o de deportes de Getafe, Leganés y Parla, donde Gobiernan ustedes no están externalizados? Claro que sí, y están en pecado. Voy a tener que ir a Getafe y Rivas y decirles a sus vecinos que privatizan", zanjó la consejera.
* Madridiario - Ángel Calleja - 2.10.09
Foto: Juan Luis Jaén, madridiario.es
Madrid: El Parque de Valdebernardo será de gestión privada y no será el único
La CHJ cree que nadie está a salvo de riadas por el caos urbanístico
ELPAÍS/Valencia* : Nada más aterrizar ayer en Beniarbeig, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, vecinos, concejales y periodistas le hicieron la misma pregunta: "¿Cómo es posible que después de tantas gotas frías las poblaciones de la cuenca del Girona sigan sin sentirse seguras?" La respuesta de Moragues fue contundente: "Hemos de desterrar el concepto de seguridad porque entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces y a los barrancos sino que se queda estancada en las ciudades".
Según el presidente de la CHJ, así ha sucedido durante este último episodio de lluvias, en las que se llegaron a alcanzar precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en periodos de una hora: "Mientras en los cauces apenas se han producido desbordamientos, veíamos ciudades anegadas como Burriana o como los núcleos urbanos de La Ribera". También en Dénia, el martes por la mañana el caos se adueñó del litoral de Les Marines, fuertemente urbanizado. En los próximos años, la situación irá a peor, vaticina Moragues: "Aunque no quiero hablar de cambio climático, la frecuencia de las lluvias torrenciales durante los otoños es ahora mucho mayor que hace 20 o 30 años".
No obstante, Moragues mostró su confianza en el plan de emergencias para las dos comarcas de La Marina que está a punto de adjudicarse y cuya redacción ha costado tres millones. El documento, que se pactará con municipios, plataformas vecinales y Generalitat, no sólo incluirá encauzamientos, reforestaciones, limpieza de las vegetaciones de los ríos o nuevas infraestructuras, sino que marcará las pautas de un crecimiento urbanístico más ordenado. Ese plan, que según Moragues "a algunos les gustará más y a otros no les gustará", también mejorará los índices de riesgo de riadas y obligará a las poblaciones a dotarse de planes de emergencia.
Ni siquiera en una cuestión tan grave como ésta se libra de la brega política entre PP y PSPV. En la visita del presidente de la CHJ a Beniarbeig faltaron los alcaldes populares de la cuenca del Girona, como es el caso de los de Ondara, El Verger o Els Poblets.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 02/10/2009
La Policía requisa archivos informáticos en Urbanismo vinculados a Mercasevilla
DIARIODESEVILLA* : El registro se llevó a cabo durante cinco horas después de que una técnico imputada informara de que le iban a retirar el ordenador donde había "correos electrónicos y comunicaciones" de interés para el caso. La Policía Judicial, siguiendo las instrucciones de la juez que investiga el caso Mercasevilla, irrumpió ayer en la sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y requisó archivos informáticos que están relacionados con la investigación judicial.
La intervención policial se llevó a cabo ayer después de que la técnico de Urbanismo que ha sido imputada en la causa, María Victoria Bustamante, comunicara el pasado martes a la Policía que iban a proceder a retirarle el ordenador que usa en el trabajo y que, según la funcionaria, contiene "correos electrónicos y comunicaciones" relacionadas con la investigación por la supuesta adjudicación "ilegal" a la constructora Sando del derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, a pesar de que existía una oferta económica superior realizada por el grupo Noga. La trabajadora explicó a los agentes que la Gerencia de Urbanismo había esgrimido, para retirarle el equipo informático, el proceso de "reordenación y actualización de elementos informáticos" que se está llevando a cabo en este organismo público.
La Policía Judicial comunicó de inmediato a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la información que le había facilitado la funcionaria de Urbanismo. La juez ordenó ese mismo día a la Policía que se incautara del ordenador de la empleada y al día siguiente, que se procediera a la apertura y examen de los archivos, al entender que "existen indicios de que mediante la intervención y examen de la CPU entregada por la citada imputada de forma voluntaria, pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de los delitos que están siendo investigados y la identidad de las personas que han intervenido en los mismos".
Una vez analizada la torre informática y los archivos, el siguiente paso que dio ayer la magistrada fue ordenar la inspección del servidor de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, una decisión que razonó con la misma argumentación: la posibilidad de "descubrir" hechos y circunstancias de interés sobre los delitos que se investigan. Con el mandamiento de la instructora en su poder, la Policía Judicial se personó ayer en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, donde por espacio de unas cinco horas se procedió al registro del servidor informático del organismo, una diligencia que se llevó a cabo en presencia de representantes de Urbanismo.
La comisión judicial se personó sobre la una de la tarde en la Gerencia y no finalizó su labor hasta las 18:00 aproximadamente. Durante ese tiempo, los agentes procedieron a incautarse de diversos archivos del servidor, aunque no ha trascendido el volumen de información que ha podido ser recopilada y de la que ahora se dará traslado a la juez.
Fuentes municipales confirmaron ayer que desde Urbanismo se ha colaborado en todo momento con el mandato judicial e incluso se ha informado a la comisión de que pueden ofrecer la instructora los archivos que necesiten de los últimos cinco años, dado que existen copias de seguridad de este periodo a pesar de que la ley sólo exige que se guarden los archivos de los dos últimos años.
Las mismas fuentes han explicado que la decisión de retirar el ordenador de la técnico María Victoria Bustamante se enmarca dentro de un proceso de renovación de los equipos informáticos que se ejecuta desde hace un año en la Gerencia de Urbanismo. En la actualidad, sólo quedaban por cambiar unos 40 puestos informáticos, uno de ellos el de la funcionaria imputada en el caso.
* Diario de Sevilla - Jorge Muñoz - 2.10.09
Foto: La sede de la Gerencia de Urbanismo hasta la que ayer se desplazó la comisión judicial. - diariodesevilla.es
Vigo: Ruidos y urbanismo agobian a los "valedores"
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FARODEVIGO* : Son mediadores entre administraciones locales y ciudadanos, y su objetivo se centra en garantizar los derechos de los vecinos para lograr la mejor convivencia posible. Se trata de los Defensores Locales. Más de sesenta Valedores de todo el territorio español se reunieron ayer en Vigo con motivo de su segundo encuentro estatal, donde intercambiaron impresiones y casos concretos ocurridos en cada uno de los municipios donde trabajan.
El Valedor en Vigo, Luis Espada, señala que las principales quejas de los vigueses "responden a temas urbanísticos, sobre todo en lo relativo a las licencias, y también medioambientales". "El ruido generado por el ocio en la vía pública es uno de los motivos que genera un mayor número de reclamaciones", añade el Defensor en Málaga, Francisco Gutiérrez. Por su parte, el responsable en Sabadell, Josep Escartín, aconseja a los concellos españoles que "trabajen en la proximidad para crear una administración más eficaz". "La inmensa mayoría de las quejas que llegan a nuestros despachos se deben a la falta de comunicación entre los gobiernos locales y los ciudadanos", asegura.
La figura del Defensor del Ciudadano a nivel local es relativamente reciente en nuestro país, pues no llega a las dos décadas de existencia; sin embargo, en Suecia ya funciona desde 1809. Más de la mitad de los Valedores de España ejercen en Cataluña, donde incluso existe un fórum que los aglutina. En la comunidad gallega, la única ciudad que cuenta con este "árbitro" entre vecinos y gobierno local es Vigo. El Encuentro Estatal continúa hoy en el auditorio del antiguo Rectorado de Areal durante todo el día.
* Faro de Vigo - M. LÓPEZ - 2.10.09
Foto: Vigo, puente Rande - G.Rivas (La Voz)
Antonio Banderas tendrá que demoler una parte de su casa de Marbella
ELMUNDO* : El TSJA no ha aceptado la petición del Ayuntamiento de Marbella para posponer la demolición parcial de la casa de Antonio Banderas en la urbanización de Los Monteros, en Marbella, tal y como había pedido el Ayuntamiento dado que el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad legalizaba la edificación, construida en parte en una zona de equipamiento, según ha adelantado EL MUNDO de Málaga.
Fuentes del consistorio han señalado que todavía no se habían leído el auto pero que, en cualquier caso, recurrirán en casación al Supremo. El acuerdo de la sala, después de una amplia argumentación, es escueto: «La sala acuerda no haber lugar a la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que alcance aprobación definitiva del PGOU de Marbella».
El tribunal, en un auto bastante duro contra las alegaciones expresadas por el Ayuntamiento, da la razón a la abogada de Los Monteros, Inmaculada Gálvez, que ya advertía que «la demora injustificada sin fijar un plazo máximo para ejecutar la sentencia es un grave fraude al sistema». Según la sala, no se puede justificar alegar el futuro PGOU para hacer imposible la ejecución de una sentencia firme como la que pesa contra la casa del actor, comprada a la fallecida locutora de radio Encarna Sánchez. Así, el tribunal se muestra en contra de un PGOU nacido con vocación de indultar a muchas de las edificaciones ilegales.
Este auto deja en evidencia los acuerdos alcanzados por la Junta y el Ayuntamiento en materia de suspensión de demoliciones y para ello argumenta que existen perjudicados que llevan años pleiteando contras las construcciones ilegales. Cabe recordar que la Administración autonómica y el Ayuntamiento acordaron paralizar las sentencias en los casos en los que la Junta era la parte que acusaba y las licencias de urbanismo no estaban impugnadas por terceros.
Jurisprudencia
El auto aporta una amplia jurisprudencia, sobre un caso en Vigo y otro en Asturias, para justificar su postura. Es la primera vez que el TSJA se pronuncia ante las peticiones del Ayuntamiento para posponer las demoliciones acordadas por los tribunales. Pero es que incluso en las sentencias recientes, como se vio en Guadalmina, la misma sala está ordenando las demoliciones, un paso más allá al frecuente «restablecimiento de la legalidad urbanística». En el caso de Guadalmina, donde se declara ilegal un hotel en funcionamiento y unos adosados que construyó Fadesa, el Ayuntamiento también ha recurrido al Supremo. En todos estos procesos las costas, obviamente, irán subiendo.
En la jurisprudencia aportada, se habla de la posibilidad de que, al no poder ejecutar la sentencia porque la construcción haya sido legalizada a posteriori, el fallo se puede transformar en «una indemnización de daños y perjucios». De todas maneras, sigue aportando sentencias--el auto consta de 22 páginas-- en las que se dice que una legalización postfacto de la vivienda no implica que no se pueda demoler e incluso califica de «magistral» la sentencia del Supremo en la que basa buena parte del escrito.
La sala incluso se sale de lo que se tenía que pronunciar estrictamente y opina sobre las intenciones que han llevado al Ayuntamiento a redactar un PGOU que legaliza casi todas las viviendas sobre las que pesan sentencias.
Los magistrados dudan de que el PGOU obedezca a satisfacer el «interés general» o «acomodar la norma a la situación creada en esa ciudad ante la serie de sentencias que han anulado licencias urbanísticas». La abogada de Los Monteros ahora va a pedir la ejecución forzosa para que se aperciba bajo la advertencia de un delito de desobediencia a la alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz. Sería un caso insólito, según la abogada, que el Ayuntamiento no se hiciera cargo de la ejecución de la sentencia.
* El Mundo - Berta González de Vega - 2.10.09
Foto: Imagen aérea de la casa marbellí de Antonio Banderas. | elmundo.es
"Abusos Urbanísticos, NO"
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ECOTICIAS/Alicante* : Las intervenciones urbanísticas masivas en las zonas turísticas han sido tan corrientes en estos últimos años, que han provocado una destrucción del territorio implacable, nunca se ha podido justificar tal agresión, reñida con el mínimo concepto de sostenibilidad, de manera razonable. Es más, en este momento, cuando las viviendas desocupados superan el millón setecientos mil en España, no tiene sentido plantear intervenciones urbanísticas a gran escala.
Verdes del Mediterráneo asistimos al numeroso acto del sábado pasado en el salón de actos del Hotel Sun Palace, Alfaz del Pi, c/ Hércules 1, El Albir , invitados por nuestra compañera y eurodiputada verde danesa Margrete Auken autora del “informe Auken” aprobado por mayoría absoluta por el parlamento Europeo condenando a España por abusos urbanísticos.
Organizado el acto por "Abusos Urbanísticos, NO", la Asociación de Vecinos de L´Alfaz del Pí y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas por los que también fuimos invitados a participar al debate “El Futuro desarrollo urbano en la Comunitat Valenciana y como nos afecta”
Para Verdes del Mediterráneo la verdad de todo el “tsunami urbanizador y destructor” no es nada complejo y si muy sencillo y esclarecedor para acabar definitivamente y de raíz con este mal cuasi endémico del urbanismo en España y sobre todo en las costas mediterráneas: los dos grandes partidos, PSOE y PP, de han creado y mantienen las leyes que favorecen la especulación urbanística, las agresiones al territorio y al medioambiente”
Las intervenciones urbanísticas masivas en las zonas turísticas han sido tan corrientes en estos últimos años, que han provocado una destrucción del territorio implacable, nunca se ha podido justificar tal agresión, reñida con el mínimo concepto de sostenibilidad, de manera razonable. Es más, en este momento, cuando las viviendas desocupados superan el millón setecientos mil en España, no tiene sentido plantear intervenciones urbanísticas a gran escala.
Por otra parte, la legislación urbanística valenciana y española tan consentidora con los movimientos especulativos e impulsora de la figura del "agente urbanizador" nace al amparo de los dos grandes partidos, PP y PSOE, como un perverso elemento, útil casi en exclusividad, para impulsar proyectos que no respetan los intereses naturales del entorno, ni de las personas que lo habitan. Verdes del Mediterráneo “exigimos un cambio inmediato de la legislación urbanística, generadora además de migajas de pan para hoy a los trabajadores y hambre para mañana, y trufas y champan para los ricos y especuladores”
Dicha legislación ha sido criticada por todos los movimientos ecologistas locales, nacionales e internacionales y también por las directivas europeas, se ha manifestado como una legislación al servicio de los intereses ajenos a la mayoría abrumadora de la sociedad española
Verdes del Mediterráneo animamos a movimientos como "Abusos Urbanísticos, NO" y la Asociación de Vecinos de L´Alfaz del Pí a continuar actuando contra las intervenciones urbanísticas masivas y, por otra parte, agradecemos a nuestra compañera Margrete Auken los esfuerzos demostrados en su trabajo parlamentario en Europa, en defensa de la naturaleza y de los intereses de sus habitantes.
* Ecoticias.com - 1.10.09
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es
La gota fría deja otra vez en evidencia la ubicación y diseño de las obras públicas
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LEVANTE/Valencia* : Las inundaciones que en los últimos días han afectado a la comarca han vuelto a poner en evidencia la imprevisión con la que muchas veces actúan las administraciones a la hora de construir infraestructuras públicas en una comarca tan vulnerable a las lluvias torrenciales como la Ribera.
La inundación del instituto de Carcaixent o de la nueva estación de ferrocarril l'Ènova-Manuel, obras inauguradas hace apenas unos meses, son paradigma de la muchas veces ineficaz gestión en el diseño o ubicación de las obras públicas. Esa actuación es una constante en la Ribera, bien por parte de los ayuntamientos que no alertan a otras administraciones, la autonómica o la estatal, o por obviar el peligro de construir en unas zonas que después se muestran indefensas ante la fuerza del agua. Carcaixent es un caso palmario. Es una de las ciudades que con mayor dureza ha sufrido el embate de las aguas. Sin embargo, a pesar de los antecedentes, algunos de los más graves aún muy recientes en la memoria de la ciudad, el nuevo instituto se construyó en medio de una torrentera que canaliza las aguas que bajan de la montaña de la urbanización San Blas.
Otro ejemplo clamoroso, esta vez por el retraso en dar una solución, es el de la pedanía de Cogullada, también en Carcaixent, que sufre inundaciones casi cada año sin que se haya puesto remedio. Ayer, la alcaldesa de Carcaixent, Lola Botella, preguntada por ello, aseguró ayer que el caso de Cogullada es recurrente porque se encuentra "en una zona muy baja. Lo único que nosotros hemos podido hacer es una acera de emergencia para que cuando haya necesidad de entrar alimentos a ambulancias poder hacerlo. Pero evitar que el agua vaya a las zonas más bajas de Carcaixent, eso nosotros aún no sabemos hacerlo", añadió Botella.
Tampoco ha resistido el primer temporal la estación de ferrocarril de l'Ènova-Manuel, cuyo aparcamiento y el paso subterráneo se inundaron el lunes mientras el agua entraba varios centímetros en el edificio central. Los colectores se demostraron insuficientes ante la cantidad de agua. La estación se abrió en julio. Otro caso similar es el de las obras del centro comercial Vilella. El solar ha vuelto a inundarse por completo cuando la ampliación del barranco está prácticamente culminada. En Alzira también es inunda de forma cíclica la carretera de Albalat, por la que se accede a uno de los principales polígonos, sin que llegue la solución, que pasa por encauzar definitivamente el barranco de la Murta.
El río Xúquer llegó a registrar un caudal máximo de 306 metros cúbicos por segundo en la desembocadura de Cullera. El registro máximo se produjo a las 5 de la mañana del martes. El día anterior a la misma hora el caudal era de 44 metros cúbicos y dos días antes de 10. Las lluvias de la pasada semana elevaron las aportaciones a 60 metros cúbicos, pero esta semana se han multiplicado por cinco.
El Xúquer y sus afluentes, que se desbordaron entre el lunes y el martes, recuperaron ayer la calma tras la tempestad de los últimos días. Con ello, la comarca recobró la normalidad y todos los colegios reabrieron sus puertas. Algunos caminos rurales seguían cerrados en las poblaciones más afectadas por el temporal, pero se reabrieron al tráfico las 7 vías secundarias cerradas.
* Levante-EMV - CARLOS ALÓS -1.10.09
Foto: Carcaixent (Valencia) - portaldexativa.es
Cort autorizó el derribo de las casas históricas de Son Santiscle
ÚLTIMAHORA/Palma* : El Ajuntament argumenta que se trata de un error administrativo y ARCA lo considera un escándalo. El Ajuntament de Palma dio licencia de derribo a las casas de Son Santiscle, también conocida como Casa Blanca, pese a que en un primero momento aseguró que se habían derribado sin permiso. Sin embargo, Ultima Hora ha podido saber que el equipo de Gobierno de Aina Calvo reconoció en la última comisión de Urbanismo que «por un error administrativo» se les otorgó la licencia de derribo.
Por su parte, fuentes municipales han puntualizado que una de las partes de las casas de Son Santiscle no tenían licencia de derribo y el Ajuntament ha abierto un expediente por este motivo.
El portavoz de la Asociación para la Recuperación de los Centros Antiguos (ARCA), Joan Pascual considera que el derribo de estas casas de los siglos XVIII y XIX es «un escándalo propio de una maquinaria municipal totalmente desquiciada que no sabe lo que firman o bien nos mentían».
En este sentido, cabe recordar que el actual equipo de Gobierno, encabezado por la socialista de Aina Calvo aseguró que las casas de Son Santiscle no contaban con licencia de derribo.
Pascual reitera que se trata de «un escándalo, es una pérdida para todos». Por ello, asegura que en Arca «estamos horrorizados, no hay palabras para describir cuánta ineficacia hay».
El portavoz de ARCA señala que formalmente no han tenido conocimiento de estos hechos por parte del Ajuntament, «pero es un secreto a voces, que las casas de Son Santiscle tenían licencia de derribo».
Pascual destaca que estos edificios que datan de los siglos XVIII y XIX tenían un gran valor y estaban «pre-protegidas por un acuerdo entre caballeros. Se acordó que no se daría ningún permiso de demolición a estas casas».
El portavoz de Arca manifiesta su impotencia ante los hechos ocurridos y explica que no pueden tomar medidas legales porque pese al acuerdo que tenían con el equipo de Gobierno de Aina Calvo oficialmente las casas de Son Santiscle no estaban protegidas. «¿En manos de quién está el patrimonio?», se preguntó el portavoz de ARCA.
En lo referente al motivo del derribo, Pascual explica que se debe a la ampliación del Polígono de Can Valero, ya que estas casas se encontraban en sus inmediaciones. Sin embargo, recuerda que desde ARCA propusieron, cuando conocieron los planes de ampliación del citado polígono industrial, que las casas de Son Santiscle fuesen utilizadas como oficinas con la finalidad de que continuase siendo visible lo que hubo antes en este lugar. Además, solicitaron la ampliación del Catálogo de Protección de Edificios de Palma.
* Última Hora Digital - ALICIA MATEOS - 1.10.09
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
Espacios públicos urbanos, prostitución y ordenanzas cívicas
GEMMA GALDÓN* : Las imágenes publicadas la semana pasada en diversos medios de comunicación, denunciando la prostitución callejera en los alrededores de la Boquería han recrudecido el debate sobre le efectividad de la ordenanza cívica de Barcelona y la persistencia de las actitudes incívicas cinco años después de su aprobación. Casualmente, este debate coincide con el encargo por parte del Home Office británico a un grupo de académicos de la Universidad de Glasgow de un estudio sobre el fracaso de las medidas de control del comportamiento en el espacio público.
En el Reino Unido, dónde el Estado ha financiado la instalación de más de cuatro millones de cámaras de videovigilancia y las ordenanzas de comportamientos anti-sociales, como allí las llaman, hacen que cualquier ordenanza cívica de nuestro entorno parezca un juego de niños (limitan la libre asociación de más de dos mayores de seis años en la calle, por ejemplo, que deben dispersarse si así les es requerido), los gestores públicos confiesan su incredulidad y desorientación: tras años de seguir a rajatabla las doctrinas de ventanas rotas (Broken Windows) y de monitorizar y reglamentar los comportamientos en el espacio público, tanto el incivismo como la sensación de inseguridad no han ni siquiera disminuido.
No estaría de más que desde aquí también empezáramos a plantearnos estas mismas preguntas: tras cinco años de ordenanza en Barcelona, la mayor parte de las sanciones no llegan a cobrarse y los comportamientos que se pretenden censurar persisten (o empeoran, según algunas voces). Desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, es evidente que algo está fallando.
Sin embargo, a día de hoy la única propuesta en firme que ha salido del consistorio de la ciudad condal es la petición de instalar más cámaras de videovigilancia en el barrio del Raval, con el fin de atajar la “inseguridad, la prostitución y los comportamientos incívicos”. En 1984 la localidad de Bournemouth tuvo el honor de acoger la primera cámara instalada en Inglaterra; desde entonces, éstas se han generalizado hasta tal punto que se dice que las más de cuatro millones de cámaras del país filman a cada ciudadano una media de 300 veces al día (una cifra difícil de demostrar, pero quizás plausible teniendo en cuenta que la relación es de una cámara por cada 14 personas). Inglaterra, con el 1% de la población mundial, concentra el 20% de las cámaras de todo el mundo. No obstante, en Inglaterra, como aquí, los comportamientos que se pretendía atajar persisten.
Pero concentrémonos por unos segundos en las cámaras: en todas y cada una de las noticias que han aparecido en las últimas semanas sobre el tema de la videovigilancia en el Raval, las cámaras se proponen como elemento disuasorio de la actividad incívica/criminal, cuando en realidad la utilización de las imágenes se produce siempre a posteriori (y aún así, sólo son útiles en la resolución de 1 de cada 1000 delitos, según reconoció la Metropolitan Police londinense hace sólo unos días). Este efecto disuasorio es a veces atribuido a la creencia de que el incívico/delincuente dejará de actuar ante la presencia de cámaras, o a que los vecinos tendrán una mejor percepción (subjetiva) del nivel de inseguridad en la calle. La realidad, sin embargo, es que no disponemos de ningún dato que refuerce estas opiniones: los delitos y actos incívicos se cometen igual (en la calle de al lado o delante de la cámara con casco o capucha), en los casos en que las cámaras tienen algún impacto éste tiende a ser sobre los delitos contra la propiedad (robo de coches principalmente) y no contra las personas, y la percepción de seguridad sólo mejora en casos aislados y a corto plazo. A medio y largo plazo, pues, seguimos igual de asustados, los delitos se cometen igualmente y las arcas públicas se vacían (el sistema público de videovigilancia de Londres ha costado 200 millones de libras: es decir, cada caso resuelto gracias a las cámaras le cuesta al erario público 20,000 libras).
La creciente demanda de seguridad, sobre todo en el espacio público, por parte de la ciudadanía se ha convertido en uno de los ejes de las políticas públicas municipales de los últimos años. No puede negarse que disponer de espacios públicos abiertos y seguros es una de las condiciones que debería cumplir cualquier sociedad democrática –sobre todo porque los espacios públicos inseguros expulsan siempre a los más débiles. Pero esa demanda no puede convertirse en excusa para llevar adelante políticas que no resuelven problemas, que no tienen en cuenta la relación coste-beneficio y que no son evaluadas de forma regular para que la ciudadanía pueda determinar si mantenerlas tiene sentido. El debate actual puede ser un buen momento para poner todo esto sobre la mesa y explorar estrategias de verdadera recuperación del espacio público urbano, evitando la extensión por repetición en todo el país de unas ordenanzas que todos los actores implicados coinciden en que no funcionan, y que en otros países se está ya camino de replantear.
*Gemma Galdon Clavell, investigadora en seguridad y espacio público en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
* Revista Sin Permiso - 27.09.09
Detenidos el ex alcalde de Yaiza y dos hijos suyos por corrupción urbanística
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EFE/Lanzarote* : El ex alcalde de del municipio lanzaroteño de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y dos de sus hijos fueron detenidos hoy acusados de presunta corrupción urbanística por agentes de la Policía Nacional que registraron su domicilio de Femés.
Fuentes próximas al caso señalaron a Efe que los agentes irrumpieron por sorpresa en el domicilio del político sobre las 10 horas de esta mañana para proceder a un registro ordenado por la autoridad judicial.
Testigos presenciales indicaron que Reyes, que ya fue detenido también en el marco de la Operación Unión, que investiga una trama de corrupción urbanística en Lanzarote, salió de la vivienda esposado, mientras que al menos uno de sus hijos permaneció retenido por los agentes en el interior de un vehículo policial durante el registro domiciliario.
La detención del ex alcalde y sus dos hijos está relacionada con una denuncia que en su día presentó el ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.
Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC, a partir de un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos urbanísticos por parte de los citados regidores municipales.
En vista de ese informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales, para denunciar los hechos supuestamente delictivos.
* EFE - 30.09.09
Foto: Yaiza (Lanzarote) - lanzarote-virtual.com
La investigación busca en paraísos fiscales 40 millones de la trama Gürtel
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ELPAÍS* : Los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.
El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.
En el auto dictado ayer por Pedreira, el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez.
El juez se queja en el auto de que algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que Correa oculta buena parte del dinero blanqueado. Testimonios de testigos e imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP, autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas.
Otro de los motivos por los que el juez mantiene secretas el resto de las diligencias es que aún está sin analizar, según explica en su auto, abundante documentación requisada en empresas y oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez desvela en su auto quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa, Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas que se habían visto salpicadas.
La esposa de Bárcenas tendrá que declarar para explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una cuenta a su nombre. Otros imputados son los ex alcaldes de importantes municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos del PP.
Los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto serán entregados a los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre. También se entregarán las diligencias a los abogados del PP y del PSOE, que están personados como acción popular en la causa.
Por otro lado, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia esperanzadora", puesto que a partir de este momento se sabrá qué personas "están acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento", "las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas".
Fotografías comprometedoras
El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, indica en el auto en el que levanta parcialmente el secreto sumarial que ha ordenado que se eliminen de las diligencias documentos obrantes en ellas que afectan a la intimidad de algunos imputados y que no aportan nada a la investigación criminal. Pedreira no especifica en el auto el contenido de esos documentos, aunque fuentes de la investigación señalan que en la mastodóntica causa de la trama Gürtel había numerosas fotografías de algunos cabecillas de la trama de tinte sexual y muy comprometedoras. "La decisión del juez me parece muy correcta: si todo eso se entrega a las partes y termina saliendo a la luz, es probable que se hubieran producido algunos divorcios", señalan fuentes cercanas a la investigación.
Y es que hay decenas de fotografías, algunas captadas a la entrada de burdeles y otras decomisadas a los propios afectados -incluso del interior de esos locales, tomadas con cámaras de teléfonos móviles-. Y no sólo hay fotografías. También hay conversaciones grabadas a algunos de los cabecillas de la trama, entre ellos y con terceras personas, de fuerte contenido sexual, relativas a fiestas celebradas en prostíbulos.
El juez Pedreira explica al respecto en el auto: "Entre la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacerse públicos se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mismas, por lo que dicho derecho fundamental debe ser preservado". El juez también ha eliminado de las diligencias datos fiscales y privados de empresas que no afectan a la investigación y que constaban en el sumario.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 30/09/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Estepona dejó de ingresar 49 millones al valorarse sus suelos a la baja
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MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Estepona habría dejado de ingresar hasta 49 millones de euros por valorar a la baja los terrenos objeto de nueve convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias, según consta en la denuncia realizada a la Policía por el actual alcalde y entonces edil socialista, David Valadez, que desencadenó la operación Astapa contra la corrupción el Consistorio malagueño y llevó a la cárcel a Antonio Barrientos y gran parte de su equipo de gobierno.
En la parte del sumario del caso cuyo secreto fue levantado por el juez instructor, se incluye un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se pone de relieve que "por medio de esas irregulares valoraciones a favor del empresario se estaría obviando una gran cantidad de ingresos, que revertirían en beneficio del municipio, de haberse cobrado. Estas operaciones, lejos de ser el resultado de una cierta desidia o altruismo por parte de los ediles y técnicos implicados, tendrían como consecuencia el pago a los mismos de cantidades de dinero camufladas bajo las más diversas formas, véase patrocinio, pagos en especie, etc., que sin embargo encajarían en la tipología del cohecho".
Los investigadores constatan que "muchas de las valoraciones de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona se han realizado a precio inferior al de mercado". El caso más flagrante de ello, aunque afortunadamente no llegó a ser aprobado en el pleno, sería el del convenio de 'Mundo Estudio' de Cancelada, en el que habría habido un perjuicio para las arcas del Consistorio de 15,9 millones de euros. De hecho, según los denunciantes, el concejal de Infraestructuras Rafael Montesinos habría incluso manifestado que la empresa le había llamado para que votara a favor "porque estaban hartos de soltar dinero".
Pero otros muchos convenios sí llegaron a concretarse, siendo 9,5 millones de euros el máximo quebranto sufrido por el Consistorio. Es el caso del convenio Arroyo Vaquero, firmado con la sociedad Chamartín Sur.
Pero no sólo la información aportada por los denunciantes hace referencia a la infravaloración de los terrenos, sino que el que fuera concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, en una conversación con el ex alcalde, Antonio Barrientos, intervenida por la Policía asegura que "como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo Dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva ley del suelo".
Según otras informaciones aportadas por los denunciantes y recogidas en el sumario, Duarte les habría asegurado que "lo más fuerte" que ha venido pasando en el Ayuntamiento de Estepona han sido las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos.
Según la información de los denunciantes, Duarte llegó a asegurar que hay gente que se ha hecho multimillonaria con esto, pues según dice "se ha llegado a vender el metro cuadrado a 250 euros, cuando el precio de mercado era de 1.000 euros".
En el sumario se recoge que "a pesar de esto las promotoras realmente pagaban a valor de mercado, pero la diferencia, y por tanto el perjuicio para el Ayuntamiento, iba para el bolsillo de unos pocos", poniendo Duarte como ejemplo el caso de Azata, según los denunciantes.
Los agentes de la UDEF aseguran en su informe que si se atiende "a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".
De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". "Los distintos empresarios con intereses urbanísticos en Estepona realizan contraprestaciones económicas para distintos fines como son los pagos relacionados con las distintas concejalías, eventos deportivos, conciertos, eventos culturales, pagos a Cruz Roja, aportaciones para financiar a los distintos partidos políticos (PES, PSOE, PA), ya sea para campañas electorales u otras cuestiones". La Policía tiene claro que las aportaciones son una contraprestación a la firma de convenios urbanísticos, licencias de primera ocupación, de apertura de establecimientos o por adjudicaciones de obras.
Los agentes apuntan a Xavier Witmeur, imputado en el caso, ingeniero técnico de Obras Públicas y trabajador de las empresas municipales de Estepona, como el autor de gran parte de las valoraciones a la baja de los terrenos, sus aprovechamientos y plusvalías: "Existiendo en el Ayuntamiento personal técnico capacitado para efectuar las valoraciones de los bienes y de los aprovechamientos urbanísticos, sin embargo son efectuadas por Xavier Witmeur sin que funcionario alguno participe. Xavier Witmeur es una persona que no ha realizado ningún proceso selectivo para acceder a su plaza en la empresa municipal y el único mérito alegado es su pertenencia a un partido político. Concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido de Estepona (PES)".
La propia directora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, habría manifestado a los denunciantes, según aseguran estos, que muchas de las valoraciones efectuadas por Witmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados.
La Policía también apunta la presunta responsabilidad del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, quien redacta la mayoría de los informes de viabilidad urbanística con que se acometen los convenios, y subraya que en algunos casos, las promotoras supuestamente beneficiadas, abonaron cantidades económicas a empresas participadas o propiedad del referido técnico municipal o a otras mercantiles para las que éste prestó servicio.
* Málaga Hoy - Encarna Jerez - 30.09.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Los vecinos piden al fiscal que suspenda la aprobación urbanística del hotel del Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : Los vecinos del Casc Antic y la plataforma de Defensa de la Barcelona Vella han pedido al fiscal que suspenda la tramitación urbanística del hotel del Palau de la Música, un proyecto promovido por Fèlix Millet y que contó con el beneplácito de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Los vecinos argumentan, en un escrito entregado en la fiscalía, que del conjunto de la tramitación urbanística se desprenden irregularidades que podrían ser constitutivas de algún tipo de delito. Por eso piden al fiscal que, a su vez, se dirija al juzgado para que éste suspenda la modificación del Plan General Metropolitano en las fincas de los números 13 bis, 15 y 17 de Sant Pere Més Alt.
El escrito plantea la necesidad de investigar judicialmente todo el intrincado camino que ha tenido el proyecto, pasando por la permuta de edificabilidad pactada por el consejero de Economía; Antoni Castells, y Félix Millet el 8 de marzo de 2006, por la transmisión de la propiedad de las tres fincas de la Fundacio del Palau a la sociedad Olivia Hotels ocultándolo al Ayuntamiento de Barcelona y por la opacidad de los convenios firmados entre las administraciones y Fèlix Millet.
'Fèlix Billet'
Por otra parte, uno o varios desconocidos han cambiado hoy el nombre de la plaza Lluís Millet de Barcelona, situada frente al Palau de la Música, por el de "Fèlix Billet", en alusión a la afición del ex presidente del Orfeó Català y responsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, a coleccionar billetes de 500 euros.
La nueva rotulación de la plaza, que para no alterrar la fonética los desconocidos han escrito con una falta de orotgrafía la palabra catalana bitllet (billete), no ha tapado la placa original con el nombre del fundador del Orfeó Català, Lluís Millet, tío abuelo de Fèlix, quien junto con Jordi Montull y la hija de éste están siendo investigados por falsedad documental y presunto desvío de 2,29 millones euros de las arcas de la institución en 2003 y 2004.
* ELPAIS.com - BLANCA CÍA - Barcelona - 29/09/2009
Foto: Nueva rotulación de la plaza Lluís Millet realizada por unos desconocidos.- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
Imputados y citados a declarar por el caso Hiconsa el alcalde de Cartaya y el teniente de alcalde
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EUROPAPRESS/Huelva* : El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Ayamonte (Huelva) ha imputado y citado a declarar el próximo 23 de noviembre al alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE), y al teniente de alcalde, Miguel Novoa, y al día siguiente al dueño de la empresa Hiconsa, y a un arquitecto de Cartaya, por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral.
En rueda de prensa, el portavoz de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Cartaya, Miguel Ángel Gea, señaló que la esposa de Novoa declaró el pasado 25 de agosto también en calidad de imputada. La denuncia, según explicó Gea, fue interpuesta al "existir claros indicios de delitos, tales como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio".
Por su parte, Gea recordó que la oposición ha sido admitida como acusación popular en este caso y que pedirá la declaración como testigos de la arquitecta y el secretario municipal.
Según los denunciantes, la construcción de viviendas en esos terrenos, que miden 21.000 metros cuadrados, comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales.
En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para esa empresa y para el Ayuntamiento. Sin embargo una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa.
En este sentido, la oposición pide que la investigación judicial aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".
DIMISIÓN
El portavoz del PA, Antonio Carro, indicó que espera que tanto el alcalde como el teniente de alcalde tengan "honestidad y presenten su dimisión, ya que esta imputación les incapacita para ocupar cargos públicos o dirigir instituciones", al tiempo que pidió al PSOE que "tome medidas y les aparte de sus responsabilidades públicas".
Por su parte, el concejal no adscrito en el Ayuntamiento cartayero, Juan Polo, apuntó que los dirigentes del PSOE "tendrán que dar una explicación" tras los hechos, a lo que añadió Gea que "ahora quien tiene que hablar es la justicia".
* Europa Press - 28.09.09
Foto: Cartaya (Huelva) - wikipedia.org
Los malos usos urbanísticos agravan los efectos de las lluvias en Murcia
ELMUNDO* : Los problemas de drenaje urbano y la planificación de algunas calles que se revela como deficiente en distintas zonas de Cartagena, Murcia y Mazarrón han agravado los problemas de las cuantiosas lluvias caídas en las últimas horas. Calles que permanecen embalsadas durante largo tiempo, coches atorados en mitad de la vía pública, y ciudadanos inmovilizados por el agua, es el paisaje que dejan las grandes precipitaciones que anegan la Región de Murcia desde hace varios días.
Por suerte, la Agencia Estatal de Meteorología ha reducido hoy el riesgo por importantes precipitaciones al Campo de Cartagena y Mazarrón, según consta en el último boletín de aviso de fenómenos meteorológicos adversos. La AEMET predice que hay una probabilidad del 40 al 70% de que caigan 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en el citado ámbito geográfico hasta las 20 horas.
La Dirección General de Emergencias recomienda a los ciudadanos de los municipios de Cartagena y Mazarrón que usen el transporte público y eviten los desplazamientos en vehículos particulares.
El mal tiempo ha entorpecido en gran medida el desplazamiento de miles de murcianos a sus centros de trabajo o estudio. En las últimas horas han caído hasta 144 litros por metros cuadrado en la ciudad de Cartagena, municipio en el que se han recogido también 124 l/m2 en Perín y 113 l/m2 en la rambla de Benipila.
El director general de Emergencias, Luis Gestoso ha recomendado a instancias de Guardia Civil de Tráfico, evitar el uso del coche en aquellas zonas que se están viendo especialmente afectadas por el temporal de lluvia que azota la Región. Esta recomendación se centra, principalmente, en las áreas del Campo de Cartagena y Mazarrón, debido a que la gran cantidad de agua caída en las últimas horas podría provocar el desbordamiento de varias ramblas, que se encuentran excesivamente cargadas. En cualquier caso y de forma general, se recomienda que en las zonas de lluvia se utilice el vehículo sólo lo imprescindible.
En cuanto al estado concreto de las carreteras, según la Dirección General de Tráfico, se encuentran cerradas al tráfico una decena de carreteras locales y en otras tres, además de en las autopistas principales A-30 y A-7, es preciso circular con precaución.
Además, la inundación de la carretera N-301, a la altura del nudo de Espinardo (Murcia), y un accidente han provocado retenciones de cinco kilómetros en la A-30.
También se han rescatado a primera hora de esta mañana a tres personas que habían quedado a atrapadas en sus vehículos al tratar de vadear, en Cartagena (Murcia), la rambla de Canteras, a la altura del Hospital Naval, así como a varios conductores en Tallante.
* El MUndo - 28.09.09
Foto: google
El ex alcalde de Gójar (PP), citado a declarar como imputado por supuesta falsificación del PGOU
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EUROPAPRESS/Granada* : El ex alcalde de Gójar y diputado provincial del PP, Francisco Javier Maldonado, ha sido a declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Granada el próximo 9 de octubre por la supuesta falsificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, por la posible comisión de un delito de falsedad documental y otro de prevaricación.
Los hechos se remontan a una anterior declaración ante el juez del propio Maldonado por una licencia otorgada de forma ilegal, con informe técnico en contra. En el curso de los interrogatorios, el ex alcalde, en "actitud arrogante", dijo que concedió la licencia porque, aunque el PGOU de Gójar -que no estaba aún publicado- no la permitía, se iba a publicar con algunas modificaciones, algo que ya sí posibilitaría que la licencia fuera legal.
Así lo aseguró hoy en rueda de prensa el actual alcalde socialista de Gójar, Pedro Clavero, quien señaló que a raíz de esas declaraciones el juez decidió abrir una investigación por la posible comisión de un delito en la publicación del PGOU del municipio.
"Maldonado se puede sentir orgulloso de representar a la perfección el perfil de la mayoría de los dirigentes político del PP: caminan con la sombra de la corrupción urbanística a sus espaldas, la ilegalidad, la prevaricación, priman los beneficios personales a los intereses generales toda una maraña con un final claro: el PP es el partido de la corrupción", mantuvo por su parte la secretaria de organización del PSOE, Mercedes González.
La dirigente socialista instó al diputado provincial a que explique qué intereses tenía en falsificar un documento ya aprobado como el PGOU y a quién pretendía beneficiar. "Ésta no es la única medalla de la gestión del Maldonado", aseveró González, quien recordó que el ex alcalde "cuenta en su currículum con procesos judiciales aún abiertos como el caso Cavifer", en el que está imputado por posible trato de favor a su hermano, prevaricación, tráfico de influencias y un delito contra la ordenación del territorio.
La dirigente socialista indicó también que el Ayuntamiento de Gójar está pendiente de una respuesta de la justicia tras remitir a la Fiscalía la auditoría realizada sobre el mandato del PP y que detecta irregularidades como la ocultación de facturas por valor de 2,2 millones de euros. "O la reciente investigación del caso Intralia, donde vuelve a haber un agujero contable, con facturas de servicios que no se han realizado", señaló la secretaria de organización.
"El PP vuelve a burlarse de la ley y de los ciudadanos", afirmó la dirigente socialista, quien censuró el "nulo respeto" del PP hacia la justicia y hacia el estado de derecho democrático.
"COMPLICIDAD" DE LA DIRECCIÓN DEL PP
Asimismo, Mercedes González criticó la "complicidad" de la dirección del PP no sólo por no ordenar la dimisión del diputado, sino por arroparlo y no tomar medidas. "Es un modo de proceder habitual, al que nos tiene acostumbrados el PP: premia a sus responsables políticos imputados con cargos como diputados o parlamentarios"
Desde el PSOE, se lamentó igualmente que la secretaria general del PP Luisa García Chamorro comparezca en una rueda de prensa amparando a Maldonado, "pues es consciente de que está siendo cómplice de la ilegalidad". "La dirección del PP debería ordenar la dimisión inmediata de Maldonado como diputado provincial, pues no es digno de representar a la provincia de Granada", concluyó Mercedes González.
* Europa Press - 28.09.09
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
La jueza pide al TSJB que impute a Nadal y Vicens por Can Domenge
DIARIODEMALLORCA* : La jueza de instrucción nº12 de Palma pidió ayer formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que asuma el caso Can Domenge, la presunta trama de corrupción político empresarial en torno a los solares del mismo nombre, al ver indicios de "prevaricación, falsedad, y malversación de caudales públicos", en la intervención del conseller de Turismo por Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, y del diputado en el grupo mixto del Parlament, Bartomeu Vicens, en la enajenación de dichos terrenos, entre 2005 y 2006 por el anterior Consell de Mallorca.
El Alto Tribunal tendrá que decidir si asume el sumario por el caso Can Domenge, con la consiguiente imputación de los aforados, o si rechaza la solicitud de la magistrada.
Como ya se había adelantado, la jueza decidió ayer elevar a la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB una exposición razonada, dando cuenta de los indicios que ve contra Nadal, que también es edil en Palma y su voto es clave para la continuidad del equipo de gobierno, y Vicens, aforados por su condición de conseller y miembro del Parlament.
A principios de septiembre la instructora dictó un auto donde requería a otros encausados en el sumario de Can Domenge a depositar una fianza de 38,5 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias. Días después rebajó un poco esa cantidad, alegando un error de cálculo. Estos imputados son el hoy presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; los ex ejecutivos de Sacresa, Mario Sanz Bernal y Joan Maria Pujals y el constructor mallorquín Ferrà Tur.
Básicamente, Nadal es sospechoso de haber favorecido, desde su puesto de vicepresidente del anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con apoyo del Partido Popular, a las empresas Sacresa Terrenos y Promociones y Construcciones Pedro Francisco Ferrà Tur.
Vicens era conseller de Territorio del Consell de Mallorca y Miquel Àngel Flaquer era titular del departamento de Economía y Hacienda en dicha institución. La jueza comparte las tesis de la fiscalía anticorrupción y de la acusación en nombre del empresario catalán, y ex presidente del Barça, José Luis Núñez y Navarro, partidarios de que el caso llegue a juicio.
La jueza sospecha que los inculpados adjudicaron los solares a la UTE Sacresa-Ferrá Tur "por un precio muy inferior al de mercado (60 millones de euros), mediante el artificio de poner (en el concurso) un precio máximo a la enajenación (30 millones)".
de euros)".
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - 29.09.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
El alcalde de Ronda declarará como imputado por Los Merinos
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LAOPINIÓN/Málaga* : Marín Lara está acusado de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y prevaricación. El alcalde de Ronda (el ex andalucista y actual militante socialista), Antonio Marín Lara, ha sido citado a declarar en calidad de imputado en el caso ´Los Merinos´, que instruye el Juzgado número 1 de Ronda y por el que se intenta averiguar si se pudo cometer alguna ilegalidad a la hora de autorizar este proyecto urbanístico, que contempla la construcción de 800 casas de lujo, dos campos de golf y tres hoteles de lujo, entre otras instalaciones turísticas y residenciales.
Concretamente, será el día 15 de octubre, a las diez de la mañana, cuando el regidor rondeño tenga que dar cuenta del procedimiento que siguió a la hora de autorizar por decreto la licencia urbanística de este macroproyecto.
En febrero de 2007, Izquierda Unida (IU) presentó ante la Fiscalía de Málaga una denuncia contra el alcalde al considerar que podría haber incurrido en un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haber aprobado el proyecto urbanístico de Los Merinos "en fraude de Ley", según informó el portavoz municipal de la coalición, Rafael Ruiz.
Una demanda a la que posteriormente se sumó la Junta de Andalucía, que remitió a la Fiscalía de Málaga dos informes sobre los impactos negativos de esta urbanización para que se agregase el delito de presunta prevaricación contra el alcalde a los ya planteados por IU.
En octubre del mismo año, la Fiscalía remitió al juzgado rondeño toda la documentación para que abriese una investigación, que inició seguidamente.
Durante todo este tiempo la juez que dirige el caso ha solicitado información sobre el proyecto de Los Merinos tanto al Ayuntamiento rondeño como a la Junta de Andalucía para cotejar toda la documentación.
En la denuncia planteada por IU, tanto Rafael Ruiz como el coordinador provincial de la coalición, José Antonio Castro, entendían que la actuación del alcalde podría tener un carácter delictivo ya que "se prevé una transformación del suelo mayor a lo permitido y no cuenta con los requisitos medioambientales".
Mientras, Marín siempre ha sostenido en sus distintas declaraciones realizadas en los últimos dos años que ha cumplido "escrupulosamente" la legalidad y lo establecido en el PGOU de 1993, que aún está vigente.
Es más, llegó a decir que si los tribunales le quieren reclamar a alguien "que le reclamen a la Junta de Andalucía, que fue la que aprobó el PGOU, donde ya aparecía este proyecto", al tiempo que matizó sentirse totalmente tranquilo, ya que "todo lo que he hecho es legal".
Ayer, el portavoz de IU afirmó sentirse satisfecho por la decisión de la juez de llamar a declarar al alcalde, ya que "es hora de que se aclare todo lo sucedido con este proyecto, que a nuestro parecer presenta muchas incógnitas y flecos, además de ilegalidades".
El pasado 20 de agosto, Marín también tuvo que acudir a declarar en calidad de imputado al Juzgado número 3 de Ronda por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por permitir el Ayuntamiento la edificación de una nave agrícola en la Hoya del Tajo, en suelo no urbanizable y de especial protección ambiental.
Los tres juzgados rondeños, así como la Fiscalía de Málaga, están investigando en estos momentos un total de diez actuaciones urbanísticas dentro del término municipal de Ronda, que han sido denunciadas por incumplir la Ley vigente, según han informado Ecologistas en Acción.
* La Opinión de Málaga - BLAS GIL - 29.09.09
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
Piden a Conde Pumpido y a la UE que investigue la permuta de Mestalla
DIARIOCRÍTICO/Valencia* : Cercle Obert de Benicalap ha exigido a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que "continúen urgentemente" las investigaciones emprendidas sobre la permuta de terrenos. Esta entidad señaló hoy, en un comunicado, que lleva a cabo esta petición por la "no perfección" de dicha permuta. Comentó que los directivos del Valencia y responsables del equipo municipal de gobierno "han declarado en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación que los terrenos donde se construye el nuevo Mestalla, siguen siendo de titularidad municipal", dado que no se ha hecho efectivo el cambio de terrenos con la entidad deportiva.
Cercle Obert aseguró también que no entiende las razones esgrimidas por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo, "para archivar las investigaciones" emprendidas antes por la Fiscalía respecto a esta permuta.
En este sentido, el colectivo vecinal afirmó que "no existe permuta y hay numerosas irregularidades en todo el proceso", al tiempo que consideró que con los convenios sucritos entre el Valencia y el Ayuntamiento de Valencia son "perjudicados de manera grave e irreparable todos los ciudadanos valencianos".
"La pérdida de unos terrenos municipales y la construcción de un estadio de fútbol privado, sin que se perfeccione la permuta ni se cumplan los acuerdos y convenios suscritos entre el Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, merecen una rigurosa y eficaz investigación por parte de la Fiscalía y de todas las instituciones implicadas, en aras a velar por el interés general", destacó Cercle Obert.
Esta entidad estima que los vecinos de la zona en la que se construye el nuevo Mestalla -en el barrio de Benicalap- han sido "engañados en reiteradas ocasiones" por los que dicen ser sus representantes, apuntó. "Los terrenos donde se construye el nuevo Mestalla deberían ser destinados a equipamientos públicos deportivos y de ocio, tal y como la propia alcaldesa de Valencia -Rita Barberá- tuvo a bien comprometerse en el programa electoral y en el Plan Director de Instalaciones Deportivas del año 2000", apuntó el colectivo.
En este sentido, sostuvo que "a la gran e histórica carencia de equipamientos que padece la zona, así como a las molestias añadidas que provoca construir un gran estadio en una zona altamente saturada de tráfico y con una enorme densidad de población, se une la falta de diálogo y respeto que manifiestan" los "representantes municipales, empeñados en no defender el interés general y nuestro derecho a vivir en espacios dignos".
Cercle Obert destacó también que "tampoco" le resulta "admisible decir que los votos obtenidos por el PP en Valencia permiten la realización de todo tipo de proyectos" porque "realmente, el alto porcentaje de abstención supera con creces los votos que obtienen" la alcaldesa y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apuntó.
"La falta de credibilidad del actual sistema político y judicial es visible y crece día a día", estimó la entidad vecinal, que apuntó que no comprende "cómo se puede afirmar que los electores municipales pueden interpretar a su antojo y libre albedrío lo que es legal o no".
Asimismo, manifestó que "la falta de cauces para defender el interés general y combatir presuntos y gravísimos casos de corrupción", le obliga a "solicitar el concurso y la participación de todas las instituciones españolas y europeas en aras a que se proceda a investigar si hay trato de favor por parte del Ayuntamiento de Valencia a la hora de ceder unos terrenos municipales, destinados a la creación de equipamientos deportivos y de ocio públicos a una empresa privada".
Cercle Obert expuso, a este respecto, que "la construcción de un estadio privado, de un hotel y de una zona comercial en unos terrenos municipales es algo inadmisible, dado que no existe permuta ni se han cumplido los acuerdos y convenios suscritos" entre el Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. "Todos los ciudadanos valencianos hemos sido perjudicados y lesionados por la falta de transparencia en un proceso urbanístico, plagado de zonas oscuras e irregularidades", afirmó el colectivo.
* Diario Crítico C. V. - 24.09.09
Más de 200 excursionistas exigen en la Pobla de Benifassà la retirada del PGOU
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LEVANTE/Castelló* : Más de 200 excursionistas pertenecientes al El Centre Excursionista de Castelló, el de Benicàssim, el de les Alqueries, el de Vila-real, Amics de la Serra d'Espadà, el Aula de Natura de Vinaròs y la Associació per la Recuperació de la Tinença reclamaron ayer en Boixar la retirada del PGOU de la Pobla de Benifassà en tramitación ya que, a su juicio, el documento "supone junto al olvido institucional y la mala gestión de los servicios la principal problemática que sufre uno de los territorios más significativos, tanto por su grado de conservación, como por su agreste belleza y espectacularidad, donde muchos montañeros nos hemos encontrado con el territorio ideal para disfrutar del montañismo y la naturaleza salvaje".
Joan Carles Adell miembro de la Associació per la Recuperació de la Tinença, leyó un manifiesto en el día de celebración de la jornada de la de la Muntanya Neta que nace con el impulso y apoyo del Comité de la Naturaleza de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Se trata de una actividad de sensibilización medioambiental sobre la conservación del patrimonio natural y del propio territorio. Según recordaron el PGOU "plantea miles de viviendas por la comarca, la expansión de todos los núcleos urbanos y la creación de urbanizaciones aisladas en espacios protegidos, a lo largo del río Sénia y en lugares con figuras de protección LIC, ZEPA e incluidas en el ámbito del PORN o en zonas peligrosas bajo un embalse".
Los colectivos criticaron "el desastre paisajístico y ambiental" que estas propuestas podrían generar y apostaron por una dinamización de los actuales cascos urbanos "y la redacción de un Plan de Acción Territorial del Paisaje como el que se redacta en la Vall de Gallinera y que plantee un crecimiento sostenible, la ordenación y la gestión del paisaje y la creación de servicios".
A continuación la marcha partió hasta la Pobla de Benifassà por una ruta muy frecuentada en los últimos años por los grupos excursionistas. Allí los autobuses devolvieron a los participantes a sus casas que se llevaron tazas conmemorativas de la jornada.
* Levante-EMV - JOSEP DOMINGO - 28.09.09
Foto: Los participantes en la jornada durante la marcha que realizaron de Boixar a la Pobla. roger blasco, levante-emv.es
