ELPAÍS/Valencia* : "El uso de modos de transporte alternativos también depende de la voluntad y el convencimiento de las personas", señaló Vicente Dómine, el miércoles, ante varias decenas de esforzados universitarios que respondieron bajo la lluvia a una de las convocatorias con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. El colectivo estudiantil Conciencia Crítica organizó una marcha ciclista para pedir la conexión mediante carril-bici del campus de Burjassot de la Universitat de Valencia con la ciudad y el resto del área metropolitana (una petición avalada por más de 2.000 firmas), y reunió después a un geógrafo, un urbanista y representantes políticos en una mesa redonda.
Dómine, director general de Transportes y Logística de la Generalitat, criticó que las universidades, pese a los discursos a favor del medioambiente, "piden más plazas de aparcamientos gratuitos". "En los campus se siguen construyendo aparcamientos subterráneos", añadió. "Percibo cierta hipocresía de la comunidad universitaria en este tema".
Dómine, que recordó que la Generalitat tiene una inversión global en estos momentos de 1.700 millones de euros en transporte público y repasó algunas de las 54 actuaciones de su departamento en relación con los desplazamientos de peatones y ciclistas en el área metropolitana de Valencia, insistió en que "el problema no son las infraestructuras, sino que la gente toma sus decisiones". Y aseguró que, aunque los españoles han llegado tarde a la cultura de la sostenibilidad, tienen ventaja en algunos aspectos frente a los ciudadanos europeos que a veces sirven de modelos.
"Vamos poco en bici pero andamos muchísimo", puso como ejemplo, antes de apoyarlo con datos: "El 72% de los desplazamientos en Benidorm se hace a pie, el 55% en la ciudad de Castellón y un porcentaje muy importante en la ciudad de Valencia".
La Estrategia Española de Movilidad Sostenible, inspirada en el Libro Blanco del Transporte de la UE, incide en las cuestiones a que se refirió Dómine, es decir, la promoción del transporte público y su interconexión, así como el fomento de "la movilidad no motorizada". Pero también en otras, como la ordenación del territorio y la promoción de un "urbanismo de proximidad" que facilite el uso de medios de transporte alternativos al automóvil.
Josep Vicent Boira, profesor de Geografía de la Universitat de València y autor, junto a Evarist Almudéver, de un análisis de la movilidad en el área metropolitana de Valencia con atención específica a la comarca de L'Horta Sud, habla del "tercer carril como metáfora", en alusión a la presión para que se construyan carreteras con mayor capacidad.
"En cinco años, la cifra de vehículos ha aumentado más que la población", explica, "y se alcanzan tasas del 20% de motorización que no son sostenibles". Boira apunta que no se trata sólo de mejorar los transportes públicos (en L'Horta Sud hay un núcleo de población sin oferta alguna y tres que sólo disponen de autobús), sino de reducir los desplazamientos obligatorios.
Para reducir las cifras de 2,4 desplazamientos por persona al día en el área metropolitana, hay que actuar en la ordenación del territorio. Se trata de evitar que la gente tenga que usar su vehículo para ir al trabajo, a comprar, al cine... Boira aboga por "un modelo urbanístico que evite la zonificación y apueste por la ciudad compleja, de actividades mezcladas, compacta y plurifuncional".
En opinión de este especialista, "el área metropolitana necesita un plan estratégico que tenga en cuenta las conexiones transversales alternativas al modelo radial de transporte centrado en la ciudad de Valencia".
La exigencia de una coordinación de los crecimientos urbanos y sus redes de transporte se ha puesto también de manifiesto en el debate en torno al nuevo plan general de Valencia. Vecinos, ecologistas, expertos en movilidad y la oposición socialista insistieron el año pasado en la necesidad de dar un enfoque metropolitano al documento, que se limita básicamente a citar los planes de carreteras y líneas de metro de la Generalitat y a rematar los bordes urbanos con otros municipios. El plan proclama que debe recuperarse el espacio público frente al "predominio del coche privado", potenciar el transporte público y "favorecer modos de transporte más limpio". Pero no va más allá, por lo que el debate ha resurgido con motivo de la Semana de la Movilidad, que ha arrancado con polémica por la decisión del Ayuntamiento de Valencia de adelantar el Día Sin Coches del martes a hoy domingo para evitar el cierre de calles en día laborable y hacerlo coincidir con el Día de la Bicicleta.
Los actos y charlas organizados por los distintos colectivos coinciden también en pedir al Ayuntamiento una política decidida por la movilidad sostenible. La ciudad no tiene plan de movilidad, que creen necesario los vecinos y otras entidades, así como el grupo socialista. "Habría que sentar a todo el mundo para coordinarlo porque lo que tenemos ahora es la movilidad del coche, y aún eso con dificultades", apunta Carmen Castelló, vocal de la directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos. "Cada vez es más necesario", abunda el concejal socialista José Luis Ábalos. Demasiados coches para tan poco aparcamiento, deficiencias en la coordinación de autobuses y metro, carriles bici a ninguna parte, barreras arquitectónicas..., las quejas son múltiples.
La planificación urbana prima el coche y la premisa debe ser que circulen menos vehículos porque haya transporte alternativo, con los servicios bien repartidos, de modo que las distancias sean cortas y favorezcan la opción de dejar el coche en el garaje, opinan vecinos y colectivos.
El concejal de Circulación y Transportes, Alfonso Novo, se defiende: "Seguro que hacemos más acciones para coordinar la movilidad que algunas ciudades que dicen que tienen un plan específico. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo con la Entidad de Transporte Metropolitano un estudio con encuestas sobre la movilidad del área metropolitana".
El Consistorio, además, destaca que hay un plan de aparcamientos en marcha; se está mejorando la red de carriles bici; el alquiler público de bicicletas se adjudicará en breve; y las rutas de la EMT "se analizan permanentemente". Novo apunta también que se han introducido las ciclo calles, zonas de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en las que tienen preferencia las bicicletas. Las calles y plazas peatonalizadas en el centro alcanzan la cincuentena. Y pendientes de estreno y recogidas en el borrador de una nueva ordenanza están las zonas naranjas de aparcamiento para residentes, que comenzarán a aplicarse en Ciutat Vella.
'Bicis al tren', por la movilidad sostenible
Un tren de pega. Bicicletas de verdad. Con estos ingredientes, el colectivo Valencia en Bici organizó ayer un acto reivindicativo en la calle de Játiva de Valencia, frente a la estación del Norte. Era un tren de chapa fabricado a propósito y con todas las prestaciones para que los usuarios que viajan con bicicleta en el tren lo puedan hacer "sin problemas", como muestra la imagen. La acción se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible -que hoy incluye el día de la bicicleta y sin coche en la capital-, que revela la necesidad de un urbanismo metropolitano que favorezca el transporte público y que haga superfluo el coche.
* ELPAIS.com - ADOLF BELTRAN / SARA VELERT - Valencia - 20/09/2009
La ciudad "no motorizada"
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21.9.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El vacío legal permite grandes infraestructuras en suelo protegido
ELPAÍS/Galicia* : Islas Cíes, 2015. Un enorme parque eólico se apodera de las montañas del Parque Nacional. ¿Ciencia-ficción? "Con la actual reglamentación, no", contesta con determinación Martiño Fiz, coordinador de la organización ecologista Adega. La razón es un vacío legal, el mismo que permitirá a Pescanova ocupar 360.000 metros cuadrados de Red Natura en Cabo Touriñán o a Iberdrola desecar este verano con reiteración el río Sil, a la altura de sus imponentes cañones.
No hay espacio protegido en Galicia que cuente con el necesario reglamento que lo desarrolle. Así las cosas, la instalación de infraestructuras agresivas queda a la libre interpretación del Gobierno de turno. "Y ya sabemos cómo interpreta Feijóo".
Un dato revela el desinterés de las autoridades gallegas por la protección ambiental: sólo el 11,6% del territorio de Galicia está integrado en la Red Natura 2000, lejos del 40% de comunidades como Madrid o del 26% de media estatal, y únicamente por delante de Melilla. Pero si la superficie protegida es poca, las garantías de amparo son menores. Sólo así se explica que en territorios sujetos a la Directiva del Hábitat de la UE se hayan instalado de parques eólicos a centrales eléctricas, pasando por rellenos portuarios, minas a cielo abierto, parques industriales y hasta un vertedero a un par de millas de Sálvora, en aguas del Parque Illas Atlánticas.
La legislación ambiental exige a las comunidades autónomas que desarrollen la protección de los espacios naturales. En el caso de Galicia, la Lei de Conservación da Natureza, de 2001, establece los instrumentos obligatorios de planificación. El determinante es el Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX). "Se aprobarán en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la declaración del espacio natural protegido", resuelve la ley. Ocho años después de su entrada en vigor, los PRUX en vigor son cero. Así, ni Illas Atlánticas, ni los seis parques naturales gallegos, ni un sólo metro cuadrado de la Red Natura está bajo su paraguas.
El caso de Iberdrola en el Sil ilustra mejor que ningún otro la importancia del citado plan, en el que se deben detallar -y justificar- las actividades permitidas, las zonas autorizadas y las medidas compensatorias. De no existir, toda obra queda a expensas de una simple autorización administrativa. En respuesta a las protestas que provocó el vaciado de la cuenca, el Ministerio de Medio Ambiente explicó que la ausencia del PRUX dejó el río desamparado. Otras 13 centrales eléctricas más están en lista de espera en el Sil.
La declaración de Red Natura y su posterior planificación ponen a Galicia a la cola de la cola. Andalucía, una comunidad con un potencial eólico similar al gallego, ronda el 30% de superficie declarada. Sólo los molinos más próximos al Estrecho han suscitado polémica con los ecologistas. Científicos españoles y portugueses han revisado las normativas relativas a la protección de espacios de la Red Natura en España. El estudio, publicado este año en una revista científica, revela que el 50% de la superficie estatal no está del todo protegida, un porcentaje que ya quisieran los ecologistas gallegos.
Lejos de proteger el territorio, la Administración de Fraga se cuidó de blindar el negocio. En la reforma de la Lei do Solo de 2004, "de tapadillo", según la socialista Carmen Gallego, la Xunta autorizó la instalación de plantas acuícolas en suelo rústico protegido. Un año más tarde, un Consello del Ejecutivo en funciones daba luz verde entre otras a la de Touriñán, después anulada por el bipartito. El Gobierno gallego ya venía autorizando granjas acuícolas en Red Natura, pero quería "allanar el terreno a la de Touriñán", acusa Gallego, ex conselleira de Pesca. En virtud de la misma modificación, Pescanova podrá edificar sobre el 40% de la superficie de su finca, en lugar del 20% que rige para el resto de construcciones en suelo protegido. El conselleiro de Política Territorial se llamaba Alberto Núñez Feijóo.
Uno de los objetivos del bipartito consistió en elevar ese deshonroso 11,6% de superficie de Red Natura. No lo logró. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, presentó un proyecto para incrementarla en un 50% que resultó fallido. Sí prohibió las piscifactorías en los ámbitos acogidos a la Directiva Hábitat de la Unión Europea, una decisión que el PP ha convertido en papel mojado. También aprobó el anterior Gobierno un decreto eólico que impedía instalar nuevos parques eólicos en Red Natura. Su suspensión por el nuevo Gobierno gallego hace que, en la actualidad, cualquier empresa pueda proponer la ubicación de molinos donde le convenga. Por ejemplo, en las islas Cíes.
Eólicos al margen, el Gobierno de Feijóo ha empezado por segregar las competencias sobre espacios protegidos del área de Medio Ambiente. Su gestión pertenece ahora a la Consellería de Medio Rural, que ya no se atreve a prometer porcentajes de ampliación de la Red Natura como hicieran sus antecesores. En todo caso, el departamento de Samuel Juárez prevé incrementar los espacios de la red europea en dos fases. En una primera, para cumplir "las exigencias de la UE". La segunda, más compleja, consistente en buscar nuevos ámbitos de protección, "requerirá más tiempo", advierte una portavoz de la consellería. "Sobre un año", avanza.
Mientras Medio Rural pide tiempo, Medio Ambiente explica sus criterios de actuación. Las piscifactorías, por ejemplo, son un uso "autorizable" en Red Natura, como lo son las autovías o las depuradoras, "pero con criterios restrictivos". "Se puede construir una planta de acuicultura en Red Natura, pero no de cualquier manera; eso es lo que la consellería va a promover", explica un portavoz de la consellería. Contra el revuelo que esa política pueda ocasionar, el departamento de Agustín Hernández parece vacunado. "Las críticas ecologistas son inevitables, pero la Administración debe velar por el bien común".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 20/09/2009
Foto: Vista de las empresas y las canteras de Porriño que invaden la zona protegida de As Gándaras de Budiño.- LALO R. VILLAR, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Galicia
La auditoría eleva a más de 10 millones la estafa de Millet al Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : El rastreo de los movimientos que efectuó Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, para apropiarse de fondos de la entidad está sirviendo para abultar la magnitud de la estafa. Según fuentes que investigan las cuentas de la entidad, el desvío de dinero de la Fundació Orfeó Català supera los 10 millones de euros.
Millet sólo confesó -en la carta del pasado miércoles al juez que investiga el caso- haberse quedado con 3,3 millones junto al anterior director administrativo, Jordi Montull, pero el barrido de documentos arrojan al menos 2,5 millones más en operaciones inmobiliarias y un millón en informes que la fundación encargó a sociedades de las familias de Millet y Montull sólo en 2009. Los más de tres millones restantes corresponden a remuneraciones, desvíos e informes, la mayoría anteriores a 2007.
La investigación interna de las cuentas está resultando más ardua de lo esperado, aunque estas fuentes prevén que finalice a finales de octubre. Para empezar, el análisis requiere el seguimiento de las casi 100 cuentas bancarias de las que disponía la fundación, de las cuales 10 podrían servir para desviar fondos. Una de ellas, según estos fuentes, está domiciliada en Suiza.
Millet confesó anteayer haberse apropiado de 3,3 millones. De éstos, 1,3 millones se destinaron a remodelar inmuebles de la familia y otro medio millón, con cargo al Palau, a sufragar viajes particulares. Millet admitió, además, haber comprado junto a Montull un local comercial por 1,5 millones y haberlo revendido, cuatro años después, al Orfeó por el doble de su precio inicial. La operación se produjo el día antes de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau y, según Millet, no se efectuó porque ofreció deshacer la operación.
Las fuentes consultadas discrepan. Para empezar, aseguran que esos 1,5 millones de euros con los que se pagó inicialmente el local salieron de las arcas de la institución. Y añaden más: primero, que Millet trató de cobrar el cheque, pero la nueva dirección se negó, y segundo, que el Orfeó tuvo que saldar la cancelación de una hipoteca por el inmueble por valor de 682.000 euros. Los mismos medios agregan que han hallado, además, otro local en la calle de Sant Pere Mitjà por el que se abonaron 360.000 euros. La auditoría está indagando la propiedad de otros inmuebles con los que Millet podría haber hecho negocio a través de la fundación.
Pero además, las investigaciones han hallado numerosos informes encargados a Aurea Rusula, Ayxl y Produccions 46, tres sociedades controladas por las familias Millet y Montull. Sólo entre enero y junio de 2009 facturaron 1.000.027 euros, según estas fuentes, por la elaboración de varios informes de dudosa utilidad -por ejemplo, uno sobre la internacionalización del Palau de la Música- y otros que, directamente, no existen.
Todas estas cantidades suman ya 6,8 millones de euros. Sin embargo, los auditores estiman que el desfalco llegó a los 10 millones si se suman otros desvíos que todavía están desglosando: informes encargados en años anteriores, remuneraciones de difícil justificación fiscal y desvíos a cuentas bancarias que están siendo investigados.
Millet, que ayer dimitió como vicepresidente de la fundación del Barça, preocupó también ayer a los políticos. Tanto PSC, CiU, ICV o ERC lamentaron y reclamaron responsabilidades por el hecho de que hayan fallado los controles de una entidad gestionada por un consorcio en el que participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 19/09/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_la_Musica_Catalana - wikimedia.org.jpg
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El TSJ admite el recurso del Gobierno contra el plan Rabasa por falta de agua
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha admitido en un auto con fecha 7 de septiembre el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en contra del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante del 27 de marzo de 2008 por el que se aprobó la homologación y el plan de las Lagunas de Rabasa, ampliándolo a la aprobación definitiva del plan por parte de la Conselleria de Infraestructuras el pasado mes de mayo.
El TSJ, que denegó inicialmente la suspensión cautelar del plan Rabasa que solicitaba la Delegación del Gobierno porque impugnaba un acto aún sin aprobar, admite ahora el recurso presentado por el abogado del Estado porque en este tiempo el plan Rabasa ha recibido el visto bueno del conseller de Infraestructuras.
El recurso del Gobierno Central impugnaba el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en el que se informó a favor de la polémica macroactuación urbanística porque no se había tenido en cuenta el informe contrario de la Confederación Hidrográfica del Júcar que advertía que el suministro de agua no está garantizado a los más de 40.000 habitantes de las más de trece mil viviendas previstas en el plan. Tras la primera denegación de recurso, la abogacía del Estado anunció la ampliación y actualización del mismo, y también lo avanzó en el mismo sentido la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.
En el auto los magistrados dicen que la sala entendió en su momento que lo impugnado por la abogacía del Estado era "una propuesta de la Comisión Territorial de Urbanismo al conseller (...). Ahora bien, en el interín se ha producido la aprobación definitiva no supeditada sino directa por parte del conseller" (lo firmó el fallecido García Antón). En el auto, añaden que la sala ha venido manteniendo, en consonancia con la doctrina del Supremo, la "inadmisibilidad" de los recursos contra los actos de aprobación provisional de instrumentos de ordenación urbanística. Según este argumento, si en el proceso se produce la aprobación definitiva, los recursos pasan a admitirse. La sala entiende que al haberse producido la aprobación definitiva del plan Rabasa por parte del conseller procede admitir el recurso de la Delegación de Gobierno, ampliado.
La tramitación del plan sigue adelante, pero si el recurso del abogado del Estado ante el TSJ "gana", la actuación urbanística quedará paralizada, que es lo que pretende el Gobierno Central. También el grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante y los parlamentarios de este partido en las Cortes Valencianas han presentado ya ante el Tribunal Superior un anuncio de interposición de recurso.
Otro colectivo que ha recurrido la aprobación del plan Rabasa es la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que reclamó contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de darle su visto bueno por ignorar un informe del Ministerio de Fomento por el que se amplía la zona de dominio público ferroviario afectada por el AVE a su paso por Rabasa de los 107.670 metros cuadrados previstos inicialmente a más de 420.000.
* Información - J. HERNÁNDEZ - 19.09.09
Foto: Maqueta del plan Lagunas de Rabasa, que prevé la construcción de más de trece mil viviendas FERRÁN MONTENEGRO, diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Miles de firmas piden dar uso cultural a una antigua fábrica de gas en Oviedo
GLAYIU/REBELIÓN* : Más de 7.000 personas han firmado ya para defender la reconversión de la fábrica de Gas, propiedad de Hidrocantábrico, en un equipamiento cultural para exposiciones, cine y teatro. La campaña del Foro de Urbanismo Crítico comenzó hace unos meses, pero desde que arrancó San Mateo y se instaló en la plaza Porlier, ha logrado más de 5.000 firmas. Todas reclaman que se evite el «uso especulativo» del complejo industrial, donde la empresa proyecta 96 viviendas de lujo. Una iniciativa que va a tener su continuidad hasta la finalización de los actos festivos de San Mateo, el día 21.
Representantes del Foro de Urbanismo Crítico, de Ecologistas en Acción, el concejal de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, el secretario de organización de Izquierda Unida (IU), Adolfo Saro, y el presidente de la asociación de vecinos del Oviedo Antiguo, Juan García, reivindicaron la necesidad de seguir con la presión social para tratar de convencer a Ayuntamiento, Principado y HC de la conveniencia de llegar a un consenso entre organismos que evite "la especulación".
Como primer paso dentro de esta campaña de movilización en la calle se ha convocado una concentración en la calle Paraíso, delante de la fábrica, con la que pretenden hacer visible el rechazo de la ciudadanía a este proyecto urbanístico que se logrará a través de "una recalificación salvaje". Los promotores de la iniciativa quieren cortar la calle y ofrecer música, poesía y arte ante la escasez de oferta de locales para los artistas.
Los integrantes de la Plataforma emplazaron al Grupo Municipal Socialista para que se sumen a su propuesta para dar un uso público a la antigua fábrica de gas.
Entre las actuaciones previstas se incluye una jornada de ventanas abiertas para que los ciudadanos vean las instalaciones desde los edificios anexos ante la negativa de la empresa a facilitar su acceso, y una protesta mañana viernes 18 a las seis de la tarde, en la calle Paraíso. «Tendrá un carácter lúdico, festivo, reivindicativo y cultural», explicó el portavoz del Foro, Diego Díaz. Cortarán la vía y ofrecerán en la calle de poesía, música y arte. El artista plástico Benjamín Menéndez realizará una performance, los poetas Pablo X. Suárez y Sergio Gutiérrez recitarán versos y el periodista Manolo Abad presentará el acto. «Si no hay presión, nos terminarán amputando este espacio en la ciudad», justificó Díaz.
* Glayiu/Rebelión - 19.09.09
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El área protegida donde quiere edificar Torrelodones es intocable
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP), lleva casi seis años empeñado en sacar adelante un proyecto urbanístico que convertiría una zona protegida en una macrourbanización de 1.536 viviendas y un campo de golf. Este empeño quedará en sueño, según el informe elaborado por la dirección del parque de la Cuenca Alta del Manzanares, que calificó el proyecto como "ambientalmente inviable".
Los terrenos que Galbeño quería recalificar están en el Área Homogénea Norte (AHN), una zona de 128 hectáreas de alto valor ecológico. Es un bosque de encinas y monte mediterráneo que acoge a más de medio centenar de especies de aves, según un informe de científicos del CSIC. Fuentes conocedoras del proyecto aseguraron ayer que no se llevará a cabo porque prevalecerá el respeto a la naturaleza.
El Ayuntamiento de Torrelodones necesita el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad. Y ese dictamen será previsiblemente negativo, porque recoge las opiniones de la dirección del parque de la Cuenca Alta del Manzanares, de la Dirección de Carreteras, de Patrimonio, del Canal de Isabel II y de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y varias de estas instituciones ya han mostrado sus recelos al plan.
Un portavoz de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precisó ayer que el informe no es definitivo. "Aún no está visado, ni firmado. Aún no se ha presentado a la Dirección General de Medio Ambiente por lo que aún no es oficial", explicó.La recalificación de los terrenos del AHN provocó una guerra política en el municipio. Los grupos de la oposición (PSOE, Vecinos por Torrelodones, Actúa), asociaciones vecinales y ecologistas se han opuesto férreamente al proyecto. Para sacar adelante este plan urbanístico el alcalde destituyó a dos concejales de su propio partido porque lo cuestionaron y sospechaban de otras decisiones urbanísticas. La zona había sido protegida en mayo de 2003 por el anterior alcalde, Enrique Muñoz, también del PP, quien había declarado estos terrenos como suelo no urbanizable especialmente protegido. Esta calificación suponía un duro revés para los planes de Galbeño y nada más alcanzar la alcaldía, en junio de 2003, comenzó a planificar la recalificación de la zona, situada en el Parque Regional del Guadarrama, junto a la A-6 y el barrio de Los Peñascales.
Galbeño no tardó en comenzar los trámites para desproteger los terrenos con el fin de que pudieran acoger las 1.536 viviendas y un campo de golf. La zona despertaba muchos intereses inmobiliarios. La constructora de la hermana del alcalde, Cimaga, se hizo con terrenos en la zona junto con otras empresas y promotoras que financiaban a una fundación municipal. Finalmente, Galbeño logró, en febrero de 2007, modificar las normas urbanísticas del municipio. Pero antes de comenzar su plan necesitaba el visto bueno de la Comunidad de Madrid, que aún no ha emitido el informe preceptivo.
El retraso se debe al empeño de la oposición, que presentó una moción para revisar el proyecto en el municipio. Esto paralizó el trámite durante unos meses. Pero la mayoría del PP en Torrelodones devolvió enseguida la pelota a Medio Ambiente.
Ahora el Gobierno regional debe emitir un informe de impacto ambiental. Para ello ha solicitado informes a otros organismos dependientes, como la dirección del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo... La conclusión técnica de los responsables del parque declara el proyecto inviable. "No nos vamos a pronunciar hasta que veamos el informe", asegura un portavoz municipal, que mostró su sorpresa porque un grupo político tenga acceso a este documento antes que el Ayuntamiento.
La concejal del grupo Vecinos Por Torrelodones, Elena Biurrún, afirmó ayer que, aunque quedan algunos trámites, "la decisión política sólo puede mantener el criterio técnico de los responsables del parque". Y agregó: "Es el fin del camino para el descabellado proyecto del PP". El portavoz socialista en el municipio, Juan Ignacio Bidart, apuntó que "este informe se trata de un serio revés a las intenciones de este equipo de gobierno". Bidart reclamó al Ayuntamiento que retire "de una vez por todas este proyecto".
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 19/09/2009
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Sanxenxo asume una sentencia de 1997 que ordena revisar las licencias de un inmueble
FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha dirigido al concello de Sanxenxo para obligarle a retomar el procedimiento de revisión de licencias de obra y primera ocupación del edificio Graña, ubicado en la calle Cesteiros.
Esta construcción fue ejecutada en 1995 al amparo de una modificación puntual de las normas subsidiarias urbanísticas promovida desde el gobierno local. En aquel momento era alcalde José Luis Rodríguez Lorenzo, entonces en las filas del PSOE y hoy concejal por el grupo VIPS, según se encargó de recordar ayer el gobierno local.
El convenio de planeamiento suscrito en su día entre la promotora de la obra, Promociones La Graña, S.A., y el regidor municipal hizo posible la construcción del edificio, añaden las mismas fuentes. Esta ordenación urbanística fue anulada por una sentencia del máximo órgano judicial de Galicia dictada en 1997.
El concello presentó entonces un recurso de casación ante el TSXG que no fue admitido a trámite. La negativa del tribunal, que llegó en 1999, convirtió en firme la sentencia dictada dos años antes. Una vez inadmitido el recurso, el tribunal gallego ordenó la ejecución de la sentencia, obligando al concello a iniciar los trámites de revisión de licencias.
Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha solicitado este verano al concello de Sanxenxo información respecto a este proceso de revisión de licencias. En cumplimiento de la solicitud del tribunal, el concello ha procedido a notificar la sentencia a todos los ppropietarios del inmueble. La administración local debe afrontar de forma inmediata la solución de un expediente cuyo origen se remonta a 14 años atrás.
* Faro de Vigo - M.R. - 19.09.09
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Un informe dice que no hay suficiente agua para los 4.000 chalés del PAI de Villalonga
LASPROVINCIAS/Valencia* : El Plan de Actuación Integral de Villalonga, que prevé la construcción de dos campos de golf y 4.000 viviendas en el término, se ha topado con un nuevo obstáculo. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha evaluado desfavorablemente el proyecto al considerar que la urbanización «no acredita la disponibilidad de los recursos hídricos».
Así lo hace constar la CHJ en los informes que remitió al Ayuntamiento de Villalonga a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. En dichos documentos, solicitados por el organismo autonómico en octubre de 2006 como paso previo para poder aceptar el PAI, se concluye que el origen de los recursos hídricos «no permite atender la demanda que generará la actuación que se pretende desarrollar».
Esta demanda se establece, según la documentación presentada de la que se hace eco el informe de la CHJ, en 1.887.000 metros cúbicos de agua al año.
La documentación del PAI propone como origen para obtener dichos recursos el manantial de la Safor y pozo de Les Carboneres, los sondeos propiedad de la Mancomunitat de la Safor, los derechos sobre los canales altos del Serpis y las aguas subterráneas recogidos en diferentes expedientes de titularidad particular y los caudales que proporcione la estación depuradora que se prevé ejecutar dentro del PAI.
Desde los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Villalonga recuerdan que el informe negativo de la Confederación se suma a otros documentos también desfavorables de las Consellerias de Infraestructuras y Educación, y aseguran que el informe de la CHJ es «preceptivo y determinante para ejecutar cualquier proyecto urbanístico».
Bloc y PSPV reiteran que el proyecto del PAI de Villalonga «siempre ha destacado por las enormes deficiencias técnicas, consecuencia de las urgencias que tenía el alcalde por aprobarlo cuanto antes, costara lo que costara».
En este sentido, recuerdan que el Síndic de Greuges ya intervino el expediente y citó al Ayuntamiento de Villalonga como «ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de urbanismo».
El PAI de Villalonga se presentó hace cuatro años y fue aprobado en 2006 por el gobierno del Partido Popular.
* Las Provincias - 19.09.09
Foto: LOS TERRENOS. Zona donde está proyectada la macrourbanización con campo de golf de Villalonga. /J. RIBES, lasprovincias.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Almuñécar: El fiscal pide que Benavides pague la demolición del pabellón cubierto
LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), se sentará en diciembre en el banquillo, esta vez junto a seis ediles del equipo de gobierno del mandato anterior, todos ellos acusados por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción del pabellón de La Herradura, cuyo proyecto se aprobó en 2005, según el fiscal, a sabiendas de que el terreno era protegido.
La fecha de juicio oral que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril se ha fijado para el próximo 16 de diciembre, según informaron fuentes judiciales. Tanto Benavides como el resto de acusados se enfrentan a dos de años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, según consta en el escrito del fiscal.
Después de la reciente condena a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión local de Almuñécar –sentencia recurrida ante la Audiencia–, el siguiente compromiso serio de Benavides con la Justicia guarda relación con la polémica decisión de construir un pabellón deportivo en terrenos "no urbanizables y de protección de cultivo".
El embrollo tiene su origen en una sesión de la junta de gobierno de 25 de enero de 2005 donde, previa declaración de urgencia, se aprobó el proyecto básico para la ejecución del polideportivo de La Herradura a sabiendas, según el fiscal, de que afectaba a suelo no urbanizable y sin que se hubiera procedido a cambiar la calificación de los terrenos. Además de Benavides, los que hicieron posible su aprobación fueron los concejales Jesús García Alabarce, Miguel Ávila, Emilio González Pavieso, José Rodríguez Jaime, María Victoria Ruiz y Dolores Rull.
El complejo deportivo se inauguró el 22 de marzo de 2007 y fue el 15 de mayo de ese mismo año cuando se informó en el pleno de que la construcción se había realizado sobre suelo urbanizable sectorizado de equipamientos, poniéndolo en conocimiento de la Junta dos días más tarde.
El ministerio público también solicita en concepto de responsabilidad civil que se restaure la legalidad urbanística. Para ello, no descarta la demolición del pabellón, cuyas costas, según el fiscal, deben correr a cuenta de los acusados.
Por este asunto, Benavides logró apuntarse una victoria al menos momentánea después de que el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Granada desestimara el recurso presentado por la Junta de Andalucía por un problema de forma.
La administración autonómica, que anunció el pasado mes de mayo que recurriría el fallo, presentó la revisión de oficio fuera del plazo reconocido por la normativa de Régimen Local. El juez entendió que la decisión municipal se ajustó a derecho en base a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) que permite autorizar actuaciones de interés público en el supuesto de que se destinen a utilidad pública o interés social.
* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 19.09.09
Foto: El pabellón deportivo de La Herradura fue inaugurado en marzo de 2007.-baltasar g.cano, laopiniondegranada.es
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19.9.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Muela: Unos 200 vecinos piden otra vez la disolución del ayuntamiento
ELPERIÓDICO/Aragón* : Unos 200 vecinos de La Muela pidieron de nuevo la disolución del ayuntamiento. Se lo exigieron al Gobierno de Aragón, que hasta ahora ha hecho oídos sordos. Van ya tres movilizaciones. Y los hechos brillan por su ausencia. A pesar de ello, el ánimo vecinal no decae. Al contrario.
Y la manifestación de ayer, frente a la sede del Gobierno de Aragón, fue prueba de ello. No hubo apoyos políticos. Ningún diputado se dejó ver. Ni siquiera aquellos que piden explicaciones. Ni los que presentan mociones. Solo Marisol Aured, concejala del PP, estuvo presente en el acto. También la exdiela del PSOE Goya Torres, quien lamentó que algunos les sigan acusando de haber cobrado del ayuntamiento. "Algo que es falso. Solo nos pagaban las dietas de ir al pleno. Nada más". El resto, vecinos de La Muela, que clamaron las habituales consignas: "Que salga Biel, queremos hablar con él; Arturito, dame un milloncico".
"Queremos que lo que ha pasado en La Muela no se olvide, que permanezca presente para que no se repita", dijo José Sánchez, uno de los vecinos. Además, el catedrático de Historia, Pedro Gimeno Mateo leyó un comunicado en el que se calificaba de "lacra" la corrupción urbanística. Tampoco faltaron las alusiones al debate del estado de la comunidad. Adrián Tello, portavoz de la plataforma vecinal organizadora de la movilización, lamentó que el presidente Marcelino Iglesias no hiciese alusión alguna a este caso de corrupción. Aunque se felicitó de que el asunto surgiese en la segunda sesión. A pesar de ello, en el comunicado se dejó claro: "Perdamos cualquier esperanza en que las autoridades planteen al consejo de ministros la disolución del ayuntamiento".
* El Periódico - 19/09/2009 -M. VALLÉS
Foto: Los vecinos de La Muela, anoche, frente a la sede del Gobierno de Aragón.
-ÁNGEL DE CASTRO, elperiodicodearagon.com
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El TSJ enmienda una ley del Consell por fijar unos límites permisivos de contaminación
LEVANTE/Valencia* : La Generalitat Valenciana deberá modificar la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de 2006, por ser contraria a la normativa estatal al fijar unos "valores límite de emisión" de determinados contaminantes atmosféricos de algunas instalaciones que, según la Abogacía del Estado, disminuyen el nivel protector establecido a nivel estatal.
Así lo establece la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que "anula" el párrafo primero de esta ley "por ser contraria a derecho", al no cumplir la normativa estatal ni la europea, que es la que rige la protección medioambiental.
La sentencia, dictada por la sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, declara "contrarios a derecho los valores límite de emisión fijados en la disposición adicional primera" del Decreto de la Generalitat, que desarrolla la ley valenciana de calidad ambiental.
La Sala explica que la ley valenciana modifica los parámetros de contaminación y, al mismo tiempo, acepta su inaplicación diciendo que es posible que no existan técnicas para medir los valores establecidos. Así, según el tribunal, obvia la normativa sobre las "mejores técnicas disponibles", que es lo que debe exigir, y que están "desarrolladas a escala europea bajo el control de la Comisión europea".
El TSJCV da la razón al Estado, que presentó un recurso contra esta ley, al entender que "viene a disminuir el nivel protector establecido en la legislación básica estatal, ya que las concentraciones de los contaminantes superan los valores límite de la emisión".
También entendía conculcada la "unidad de mercado", ya que "no es admisible que en una zona se pueda actuar con unos valores inferiores diferentes a los aplicables en otras zonas, pues se altera el régimen de producción y los precios finales del producto".
Recurso del Estado
Aquí el Estado estaba aludiendo a los principios de competencia, al estimar que la Generalitat estaba favoreciendo a las industrias en el terreno de la Comunitat Valenciana, al rebajar el nivel permitido de contaminación ambiental.
El recurso añade que "algunos de los niveles fijados en la norma autonómica pueden ser más permisivo que los establecidos en la norma estatal", ya que la ley valenciana sustituye ciertos términos y unidades respecto de algunos contaminantes, con lo que "se han modificado los parámetros de referencia".
La Generalitat, no obstante, adujo en todo momento que no había reducido los niveles de emisión, sino sólo que modificaba los parámetros. Pero, como "los parámetros de la normativa estatal y autonómica no siempre coinciden" y, ante la falta de informes periciales, el tribunal manifesta que "no cuenta con suficientes elementos probatorios como para concluir la ilegalidad de los concretos valores numéricos fijados en la norma autonómica".
Sin embargo, la ley valenciana "condiciona expresamente la aplicación de los valores límite de emisión a la existencia de técnicas disponibles". Y ello significa que es posible que no existan técnicas disponibles para cumplir estos valores, con lo que serían inaplicables.
Así, la Sala anula esta disposición, ya que la Generalitat debería haber establecido que los valores límite deben basarse en "las mejores técnicas disponibles", según establece una Directiva Europea de control medioambiental.
* Levante-EMV -REGINA LAGUNA - 18.09.09
Foto: Contaminación atmosférica sobre Valencia. - josé aleixandre, levante-emv.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Millet confiesa que pagó comisiones para costear las obras del Palau
ELPAÍS/Barcelona* : Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, ha puesto en marcha el ventilador. Acorralado por las informaciones que han ido conociéndose este mes (avanzadas por EL PAÍS) sobre cómo se apropió de fondos de la entidad para lucro personal, ahora ha reconocido que pagó comisiones a particulares para lograr fondos públicos y privados con los que sufragar las obras de restauración y ampliación del simbólico edificio modernista.
En una carta dirigida al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona -que investiga una querella de la fiscalía contra él y otras cuatro personas por el desvío de 2,3 millones de euros de la Fundación del Orfeó Català y de esta asociación musical-, Millet reconoce que el pago de las comisiones nunca fue contabilizado "debidamente" en las cuentas del Palau, pero no detalla qué cargos ocupaban los beneficiarios, a excepción de la retribución fija de 12.000 euros al mes que cobraba un vicepresidente de la fundación y la comisión que percibía una directiva de la entidad.
La iniciativa puede tener repercusiones políticas ya que Millet fue patrono de la FAES catalana entre 2003 y 2007, cuando el Palau recibió importantes subvenciones de los gobiernos del PP, entre otros. Las obras de ampliación y reforma costaron 24 millones de euros, casi el triple de los 1.500 millones de pesetas (nueve millones de euros) en que se presupuestaron en 1999.
Además, después de que los Mossos registrasen el Palau, el 23 de julio, Millet pidió ayuda, sin éxito, a dirigentes de Convergència para que le ayudaran a poner al frente del Palau y de la aseguradora Agrupació Mútua a hombres de su total confianza: el ex presidente de Caixa Girona Arcadi Calzada y Miquel Navas, respectivamente. En su carta, Millet admite que se apropió de al menos 3,3 millones de euros de los fondos públicos con los que se nutre el Palau.De los 3,3 millones que Millet confiesa haberse quedado, 1,3 procedían de la Fundación Orfeó Català y se dedicaron a reformar inmuebles de su familia situados en L'Ametlla del Vallès y Barcelona. Otro medio millón de euros con cargo a las cuentas del Palau se gastó en subvencionar viajes privados de la familia Millet y de Jordi Montull, ex director administrativo y también querellado.
Finalmente, Millet confiesa en la carta que vendió al Orfeó por tres millones de euros un local tasado en la mitad de precio que había sido comprado por una sociedad de la que él y Montull eran propietarios en el 80% y el 20%, respectivamente. La venta se produjo el día antes de que los Mossos registrasen el Palau y se llevasen abundante documentación que los peritos están analizando.
En la misma línea que quien fue su jefe durante años, Montull confiesa que suscribe "plenamente" la inculpación de Millet y explica que fue él quien contactó con los industriales para que reformasen las casas particulares, quien negoció los viajes privados de sus familias y quien firmó los cheques para vaciar las cuentas del Palau. Montull va más allá y confiesa que, como consecuencia de la inspección de la Agencia Tributaria que se desarrolló en febrero de 2008, encargó la confección de facturas falsas para eludir al fisco. Las facturas las realizaron pequeñas empresas que estaban en quiebra o eran investigadas por Hacienda, y cuando Montull las tuvo en su poder, se las entregó a su hija Gemma, también querellada, y al abogado Santiago Llopart, del bufete Bergós. Según Montull, ambos desconocían la falsedad de las facturas cuando se las entregaron a los inspectores de Hacienda.
Fuentes judiciales explicaron que, con la intención de reparar el daño causado a las entidades que dirigió, Millet ha depositado 1,6 millones de euros en el juzgado, y Montull, 200.000 euros. A lo sumo eso le podría comportar una pequeña atenuante tras el juicio. En este sentido, la auditoría encargada por los nuevos gestores que se está realizando puede revelar otras muchas irregularidades, entre las que también se incluye la autoasignación de un sueldo de 1,6 millones de euros en 2008.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS / MIQUEL NOGUER - Barcelona - 18/09/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
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18.9.09
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Tema: NOTICIAS Cataluña
La asociación de vecinos del Agra del Orzán critica la alta edificación del nuevo PGOM
LAVOZ/A Coruña* : Francisco Graña, presidente de la asociación de vecinos Agra del Orzán, ha enviado una carta al Ayuntamiento coruñés en la que muestra su indignación por el planteamiento urbanístico que se ha llevado a cabo en los últimos años en este barrio, así como por el que se proyecta en el PGOM redactado por Joan Busquets.
«Xa é unha tradición que no barrio de Agra do Orzán, dende fai máis de 25 anos, o goberno municipal coruñés promova a construcción de novas vivendas privadas nos terreos públicos, reservados no seu día para zonas verdes e equipamento social», se explica en el escrito.
En dicho documento también se afirma que el último proyecto incluido dentro de esta línea de actuación es el parque del Agra, «unha macrourbanización de 400 vivendas, ocupando parcelas propiedade do Estado». En este sentido, para este colectivo, el nuevo planteamiento urbanístico del Ayuntamiento continúa en esta línea, ya que se prevén construir 34.000 viviendas.
«Desde a asociación veciñal Agra rexeitamos este continuismo disfrazado de modernidade dunha política urbanística de sempre, que supón pan para hoxe e fame para mañá, que só beneficia a catro especuladores, que axudan a promover crises como a actual», remarca el colectivo, que se opone totalmente al PGOM.
* La Voz de Galicia - 17.09.09
Foto: A Coruña, zona Orzán - mma.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
El fiscal se querella contra el alcalde de Castilleja de Guzmán por un delito urbanístico
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha presentado una querella criminal contra Carmelo Ceba (PSOE), alcalde de Castilleja de Guzmán, por un delito contra la ordenación del territorio por dar licencia para una Escuela de Hostelería en un espacio libre y superando la superficie autorizada.
La querella de la Fiscalía dice que el alcalde autorizó en enero de 2008 la construcción de la Escuela de Hostelería en una parcela calificada como espacio libre por las Normas Subsidiarias del municipio, donde es "ilegal todo acto de construcción que contradiga tal uso, así como superar la superficie máxima construida del 50 por ciento".
La superficie total ocupada resultó ser de 15.230 metros cuadrados, es decir el 72,19 por ciento, según el fiscal, pero el proyecto aprobado por el Ayuntamiento contó con un informe favorable de dos técnicos municipales que certificaron una ocupación inferior al 50 por ciento tras excluir los vestuarios, instalaciones deportivas, el sótano, aparcamientos y superficie de viarios.
La denuncia fue presentada a la Fiscalía por un colectivo de vecinos, que denunciaron que al estar catalogado como espacio libre, la parcela no podría albergar instalaciones deportivas, quioscos o terrazas.
La Escuela de Hostelería está promovida por la Consejería de Empleo, la Mancomunidad para el Desarrollo y el Fomento del Aljarafe y el propio Ayuntamiento.
La querella se dirige contra el alcalde, el arquitecto municipal V.V.V., el arquitecto redactor del PGOU, J.C.M.Z., y los concejales que, según la investigación posterior del juzgado, se demuestre que firmaron el acuerdo municipal del 31 de enero de 2008 que concedió la licencia urbanística a la empresa constructora de la Escuela.
El acuerdo municipal, explica el fiscal, estaba avalado por los informes de los dos arquitectos que certificaron que el proyecto cumplía las Normas Subsidiarias, tanto en lo relativo a su uso -Escuela de Hostelería- como al porcentaje de ocupación.
El alcalde, ante las protestas de los vecinos afectados, les respondió que el uso como restaurante y bar tenía un carácter "docente" y "en ningún caso debe ocasionar molestias en su entorno, dado que no funcionará durante la noche ni durante los fines de semana, concluyendo su actividad a las cinco de la tarde".
"La escuela no está enfocada a un uso comercial de restaurante, y sí como centro de formación con un alto nivel constructivo, técnico y formación", explicó entonces Ceba en una carta a los vecinos, según recuerda la querella.
Pese a ello, la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta llevó a cabo una investigación y concluyó que el proyecto incumplía la normativa en cuanto al uso y el porcentaje de ocupación, por lo que ahora el fiscal imputa a los tres denunciados de un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes judiciales han explicado que la querella de la Fiscalía será repartida ahora entre los juzgados de instrucción de Sevilla, que llevará a cabo las diligencias de investigación.
* Diario de Sevilla - EFE - 17.09.09
Foto: Castilleja de Guzmán (Sevilla) , ayuntamiento - sevillaweb.info
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Mallorca: La juez imputa a Garau por tráfico de influencias para lograr un 'pelotazo'
ELMUNDO/Mallorca* : La juez del caso Andratx imputa un delito de tráfico de influencias al histórico ex jefe de Costas de Baleares por lograr que el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar recalificara en su Plan Territorial los tres solares que posee en una zona protegida y catalogada como ANEI (Área Natural de Especial Interés) denominada Punta de Sa Gavineta.
Una operación para la que el también ex presidente del Círculo de Bellas Artes no dudó en emplear a su propio hijo Antonio Garau Obrador con objeto de que, desde su puesto de vocal de la Ponencia Técnica de Urbanismo de la institución insular, votase a favor de la reconversión urbanística de dichas parcelas protegidas.
La magistrada María del Carmen González ha decidido asimismo imputar por el mismo delito a Garau Obrador teniendo en cuenta no sólo su condición de hijo del propietario de los terrenos sino la existencia en el momento de la votación de un informe técnico que dejaba constancia de la «falta de servicios» de la zona. Una circunstancia que impedía que los terrenos de Garau pudiesen ser declarados como zona urbanizable.
Pese a que finalmente la reconversión no llegó a materializarse al oponerse a la misma el ex alcalde de Andratx por el PP Eugenio Hidalgo, que era quien tenía que dar el visto bueno definitivo a la misma –solicitó sin éxito como condición de acuerdo con sus técnicos que si se declaraban urbanos los terrenos de Garau debían serlo también el resto ubicados en la zona para que no hubiera discriminaciones–, la juez subraya que Garau hijo «defendió la postura de la naturaleza urbana de los solares en cuestión aún y cuando constaba la existencia de una visita de inspección de junio de 2005 que no detecta ningún servicio, salvo un acceso más bien rural».
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Palma - 17.09.09
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
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Ourense: La crisis y el rechazo vecinal frenan proyectos para hacer seis parkings en el casco urbano
FARODEVIGO* : Por un lado el recelo de las empresas constructoras a invertir en un momento de crisis económica y por otro el rechazo de ciertos colectivos y plataformas vecinales a que les quiten la paz del barrio con un parking están frenando la construcción de una media docena de estacionamientos subterráneos en el casco urbano, con los que el Concello pretende paliar , según la edil de Urbanismo Áurea Soto, "el creciente déficit de plazas que hay en determinadas zonas de la ciudad".
El caso más reciente y con una polémica más estéril es el del parking previsto para la calle Valle Inclán en la confluencia con Celso Emilio Ferreiro y bajo unos jardinillos colindantes con los antiguos pabellones militares.
Los vecinos se habían puesto en pie de guerra contra la instalación de una grúa en ese jardín para hacer un hotel y sobre todo contra la "inminente" construcción señalaron de un parking subterráneo de cuatro plantas bajo los mencionados jardinillos. Pero no hay tal aparcamiento, al menos por ahora.
Tras la reunión mantenida esta misma semana entre el portavoz de la plataforma vecinal de Valle Inclán José Antonio Alonso, colectivo contrari a la construcción de este parking, con el alcalde, Francisco Rodríguez y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, "le aclaramos que no está previsto construir ningún estacionamiento en la zona, porque primero no hay empresas interesadas en hacer la oferta y además lo único que hicimos público fue un estudio de viabilidad de ese parking", explicó la concejala.
El alcalde se comprometió además en esta reunión con los vecinos de la calle Valle Inclán y aledaños "a informarlos con suficiente antelación de todo lo que ocurra con este proyecto, porque nosotros creemos que no va a beneficiar a nuestra zona, supondrá el cierre de comercios y además si se hace eliminará casi cien plazas de uso libre en superficie" en todo el entorno , indica el portavoz vecinal.
Para Áurea Soto, la situación es especialmente difícil "y todas las propuestas de estacionamiento subterráneo que tenemos en marcha salvo una prevista para a A Ponte están paradas porque no conseguimos captar el interés de las empresas constructora, en un momento que consideran que no es el más adecuado para invertir y menos una cantidad tan importante".
Ahí quedan los proyectos de estacionamiento subterráneo en calle Dalí en el barrio de O Couto, que no han conseguido candidatos pese a que se encuentra en una zona de crecimiento y que tras la apertura de esta calle acercaría ese parking al centro urbano. los vecinos tampoco quieren este aparcamiento. Tampoco hay candidatos para el parking de Pena Trevinca propuesto por el PP, , el de las naves de Tabarés en A Ponte o el de ampliación del edificio Solaina cerca de Os Remedios.
* Faro de Vigo - M.J.A. - 17.09.09
Foto: Parque de los pabellones militares en Valle Inclán. // Iñaki Osorio, farodevigo.es
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Estepona: 'Astapa', gota a gota
SUR/Málaga* : Un 70% de la documentación intervenida en la operación contra la presunta trama de corrupción municipal en Estepona aún está por analizar y el juzgado continúa sin juez de apoyo. Los agentes que participaron en la operación policial que puso al descubierto la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona requisaron toneladas de documentos y una veintena de discos duros de ordenadores en los casi 40 registros que se practicaron tanto en dependencias municipales como en despachos profesionales y domicilios particulares.
Quince meses después de la 'operación Astapa' sólo un 30% de la documentación intervenida ha podido ser analizada por los investigadores, que tienen que dar con los hilos de donde tirar para que pueda seguir avanzando la instrucción judicial. La causa, además, sigue lastrando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, uno de los más colapsados del país, que aunque cuenta ya con un juez titular desde este verano, continúa aún sin un magistrado de apoyo que pueda ocuparse del resto de los asuntos.
Ciento cincuenta cajas, con miles de folios cada una, contienen toda la documentación intervenida en los registros de 'Astapa'. Hasta ahora los investigadores han podido analizar solo un 30% del total. El gran volumen de papel hace complicado su manejo y, por tanto, ralentiza su estudio. Hace unos meses el juzgado solicitó a la Junta de Andalucía que pusiera los medios para escanear las toneladas de documentación, «sobre todo, para hacer más fácil y rápido ese análisis», según explicaron fuentes del caso. Sin embargo, esa digitalización aún esta pendiente. «Es una tarea complicada que aún no se ha podido llevar a cabo por la baja por enfermedad del especialista que debe hacerlo», se excusaron fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Pública que, sin embargo, no fijaron fecha para el comienzo de la digitalización.
Convenios urbanísticos
El caso es que miles de documentos relacionados con convenios urbanísticos, expedientes de disciplina y contratos, entre otros, del Ayuntamiento de Estepona aún están por examinar y, por tanto, de sostener con pruebas contundentes lo ya averiguado hasta ahora en el transcurso de la investigación. También está pendiente de conclusión la valoración económica de los aprovechamientos y compensaciones de terrenos que se acordaron en los convenios que suscribió el Consistorio.
El gota a gota de Astapa es un suma y sigue. El caso ha estado prácticamente paralizado tras la marcha de su jueza titular, a finales del año pasado. Isabel Conejo apenas llevaba nueve meses en el juzgado cuando solicitó el traslado a otro de nueva creación. La oficina judicial estuvo entonces a cargo de una jueza sustituta, Virtudes Molina, a quien correspondió la decisión de levantar parcialmente el secreto de sumario el pasado mes de junio, un año después de que se desencadenara la operación policial.
El nuevo titular, Jesús Torres Núñez, recién salido de la Escuela Judicial, aterrizó este verano en el complejo juzgado, el primer destino de en su carrera. En un tiempo récord ha tenido que ponerse al día del asunto, al que, sin embargo, no se podrá dedicar en exclusiva porque todavía no ha sido nombrado el juez de apoyo que deberá ocuparse del resto de los asuntos, que no son pocos, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, un destino que nunca ha tenido novios. Nadie lo quiere y por eso ningún juez, hasta el momento, se ha ofrecido de forma voluntaria como candidato a realizar las tareas de apoyo que necesita la oficina judicial. Fuentes judiciales, explican que «habrá que recurrir a la figura de la comisión de servicio». Por cierto, un sistema de trabajo que reservó en Marbella la gran sorpresa del 'caso Malaya' al recordado magistrado Miguel Ángel Torres, actualmente en destino mucho más tranquilo: Granada.
* SUR - MONTSE MARTÍN - 17.09.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El juez imputa por prevaricación a los alcaldes de Yaiza, Tinajo y Arrecife
LAPROVINCIA/Lanzarote* : La 'Operación Unión' gira de nuevo. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha citado en calidad de imputados a los alcaldes de Yaiza, Tinajo y Arrecife dentro de una ronda de declaraciones que se prolongará desde el próximo viernes 18 de septiembre hasta el finales del mes de octubre.
Se trata, básicamente, de personas que ya prestaron declaración ante la Guardia Civil y a los que el juez imputa ahora de manera oficial en el marco de la presunta trama de corrupción que afecta a numerosas instituciones públicas de Lanzarote.
Las imputaciones más relevantes de esta segunda fase de la 'Operación Unión' tienen que ver con los máximos responsables de los Ayuntamientos de Yaiza, Tinajo y Arrecife. El magistrado instructor, que dirige la investigación junto a la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la Guardia Civil, ha citado como imputada a Gladys Acuña, máxima responsable del consistorio de Yaiza y perteneciente al PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), formación que preside el principal imputado de esta causa, Dimas Martín.
Según aseguran fuentes próximas a la investigación, la citación de Acuña podría estar relacionada con un presunto delito de prevaricación a la hora de tramitar la licencia para construir la vivienda del arquitecto Carlos Morales, también investigado en la trama. Morales prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado 3 de junio y se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, por la construcción de una vivienda en Puerto Calero (Yaiza), en terreno protegido.
Otro de los aspectos por el que se investiga a la alcaldesa Gladys Acuña tiene que ver con el envío de una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento a una de las viviendas del líder del PIL, Dimas Martín, para realizar una serie de obras con cargo, presuntamente, al erario público municipal.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 16.09.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET
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Tema: NOTICIAS Canarias
Enseñanza frente a la especulación
ELPAÍS/Vizcaya* : Santurtzi asiste desde hace tres años a la batalla judicial por derribar un céntrico colegio centenario para construir en su lugar cien pisos de lujo. ¿Puede un colegio ya centenario competir con la recalificación de su céntrico solar para construir viviendas de lujo? Desde hace tres años, Santurtzi vive pendiente de una batalla que, en el marco de una economía de cemento y ladrillo, parece desequilibrada a priori. Pero el humilde centro educativo resiste, soportado en un unánime respaldo vecinal que incluso lo ha convertido en icono.
Hasta el punto de que la incertidumbre sobre su futuro ha traspasado las barreras municipales. El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, anunció ayer en la localidad vizcaína que presentará una iniciativa urgente ante el Parlamento para "comprometer" al Ejecutivo autónomo "en defensa de la escuela".
No se refería a un asunto menor. La incertidumbre en torno al futuro de Hijas de la Cruz es poco menos que una cuestión de Estado en la octava localidad más poblada de Euskadi. Ha mantenido en vilo a los vecinos de Santurtzi, muchos de los cuales han llegado incluso a lucir enseñas moradas en sus ventanas y balcones como muestra de solidaridad con el colegio, en el que estudian unos 500 alumnos.
Todo se remonta al mes de agosto de 2006, cuando el entonces alcalde, el socialista Javier Cruz, firmó un decreto para modificar el uso educativo de la parcela y permitir la construcción de un centenar de pisos. Fue el punto de partida de una intensa batalla judicial que está en pleno apogeo.
El origen del conflicto radica en la lucha por la titularidad de la fundación propietaria de la escuela. El heredero del fundador, Juan Manuel Mitjans, la asumió por su cuenta hace tres años y vendió el colegio, con sus 6.000 metros cuadrados, a una promotora por sólo nueve millones de euros. Todo apuntaba entonces a la inmediata entrada de la piqueta, pero, instigado por la oposición, el regidor rectificó y se comprometió a garantizar la continuidad del centro. El Ayuntamiento inició entonces la protección del solar frente a operaciones urbanísticas a través de su planeamiento y, con el apoyo del Gobierno vasco, reclamó también ante los tribunales el patronazgo de la institución.
La casualidad ha querido que tanto el gobierno local, como el autonómico, hayan cambiado de manos con el tiempo y la cuestión de la titularidad del colegio, clave para determinar si su venta se ajustó a derecho, aún no se ha dilucidado. El fallo del Tribunal Superior estaba previsto para el próximo día 22, pero se ha retrasado. El nuevo Ejecutivo de Vitoria, eso sí, ha modificado la postura del anterior y, aunque obligado legalmente por "silencio administrativo", ha reconocido como patrón a Mitjans. "No podemos permitir que la especulación se anteponga a un proyecto educativo centenario", recalcó ayer Oyarzabal.
* ELPAIS.com - UNAI MORÁN - Bilbao - 16/09/2009
Foto: Santurtzi (Vizcaya) - usuarios.lycos.es
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Tema: NOTICIAS País Vasco
Medio Ambiente sigue con los PAI de Parcent pese a sus deficiencias
LEVANTE/Alicante* : La Conselleria de Medio Ambiente ha confirmado al Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, que los expedientes de los tres planes urbanísticos aprobados en Parcent (Alicante) continúan su trámite "a efectos de aprobación", pese a contar con "deficiencias urbanísticas". Con un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Conselleria ha respondido así al Síndic, quien solicitó un informe relativo a los Programas de Actuación Integrada (PAI) de El Replà, El Cantalar y La Solana, al investigar la queja presentada a esta institución por parte de la asociación Veïns de Parcent.
Los tres planes urbanísticos, aprobados por el Ayuntamiento de Parcent en enero de 2006, prevén urbanizar 1.300.000 metros cuadrados con cerca de 1.800 nuevas viviendas y una previsión de más de 5.000 nuevos habitantes para un pueblo de cerca de 1.000 habitantes.
Así pues, el informe, remitido a Cholbi el pasado 18 de agosto, recoge que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emitió para cada uno de los planes urbanísticos, dos informes desfavorables que recomiendan clasificar "como suelo no urbanizable de especial protección" el terreno a construir y, además, recoge "una relación de especies que se verán amenazadas por el desarrollo urbanístico".
Asimismo, la Conselleria indica que "no ha recaído resolución definitiva" sobre los PAI, puesto que se encuentran a la espera de que desde el consistorio de Parcent "se subsanen las deficiencias indicadas" en las tres advertencias de caducidad enviadas desde el 17 de diciembre de 2008.
Estas advertencias indicaban que de no subsanarse las deficiencias por parte del ayuntamiento, los expedientes caducarían en tres meses.
No obstante, según el informe de Conselleria, la última de ellas tuvo lugar el 18 de marzo de 2009, por lo que el plazo de tres meses ya ha expirado, si bien la Administración, a fecha de 16 de agosto, mantiene el trámite de los expedientes y continúa a la espera de la subsanación de las deficiencias de éstos por parte del Ayuntamiento.
Respecto a los recursos hídricos, el escrito confirma que el plan urbanístico cuenta con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
"Los tres PAI deberían haber ya caducado pues el plazo ha vencido sobradamente" han indicado desde Veïns de Parcent, para quienes estos planes urbanísticos "cuentan con deficiencias de carácter urbanístico, de afección forestal y un informe desfavorable de la CHJ".
Para este colectivo resulta "sorprendente" que Medio Ambiente "siga pidiendo al Ayuntamiento, fuera de plazo, que se subsanen las deficiencias cuando ya habían advertido de la caducidad", por lo que no entienden el "porqué todavía no se ha declarado la caducidad de los PAI".
* Levante-EMV - EFE - 16.09.09
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com
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16.9.09
por UrbanismoPatasArriba
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