LAREGIÓN* : La parcela propiedad de Xardín das Burgas pasa por ser el modelo perfecto de solar abandonado que daña un entorno sensible de la ciudad, en este caso el de las fuentes termales, uno de los puntos más visitados por los turistas. El solar de casi dos mil metros cuadrados es hoy una auténtica escombrera, tras el frustrado proyecto de hotel-balneario de nueve plantas que promovió el ex alcalde Manuel Cabezas y acabó desvelándose como un sonado ‘pelotazo’ urbanístico que casi dejó sin agua las termas.
La imagen por excelencia de un solar abandonado en la ciudad no es otra que la parcela de Xardín das Burgas, con el agravante de que se ha transformado en una auténtica escombrera a muy pocos metros de las fuentes termales de As Burgas, el punto más turístico de Ourense. El terreno no está incluido en el registro municipal de solares con el que el Concello pretende evitar la especulación y, si del casco histórico se trata, como sería este caso, salvar del deterioro la zona monumental. Ocurre que el futuro de la parcela de la antigua casa de baños ‘La Moderna’ deberá estar obligatoriamente ligado al Bien de Interés Cultural (BIC) de As Burgas, cuyo plan de actuación está aún en fase de redacción y, por tanto, pendiente también de ejecutar.
Esta es, con todo, la solución planteada por el actual bipartito para solventar lo que los ciudadanos y el propio grupo de gobierno han calificado de claro ‘ejemplo de pelotazo urbanístico’ en la polémica gestión municipal desarrollada por el ex alcalde la ciudad Manuel Cabezas: la estrategia, al final infructuosa, diseñada en el año 1999 para construir en esa parcela de casi dos mil metros cuadrados (con otros 1.530 más vendidos por el Concello a la promotora Xardín das Burgas por sólo 291 mil euros en pleno centro neurálgico de Ourense) un hotel-balneario -sólo 4.000 metros de lo segundo y 26.700 de lo primero- de nueve plantas en superficie más cuatro sótanos, al lado mismo de la Praza de Abastos y de las fuentes termales. O lo que es lo mismo, la transformación de unos derechos de edificación, que el Plan de Urbanismo cifraba en 2.300 metros cuadrados, hasta una edificabilidad de 19.232, gracias a una oportuna modificación del PXOM que incluso permitió el derribo del inmueble protegido de la vieja casa de baños. Todo ello sin contraprestación para la ciudad gracias a una oportuna recalificación urbanística que desembocó en una beneficiosa catalogación del suelo para el promotor, Basilio Martínez Serodio (administrador único de Xardín das Burgas): la parcela pasaba a ser suelo urbano consolidado, es decir, el que no tiene que ceder contraprestación alguna a cambio de la edificabilidad acordada.
Proyecto fracasado
Aquel proyecto nunca se llegó a ejecutar, finalmente porque la llegada del bipartito a la Xunta, en 2005, declaró BIC el entorno y suspendió todas las obras. Pero para entonces la viabilidad del hotel-balneario se diluía en el tiempo por el retraso que, año tras año, acumulaba la empresa, lo que le obligó incluso a renun ciar a las subvenciones públicas que había recibido por la ejecución del balneario; pero, sobre todo porque, cuando comenzó a realizar los trabajos destinados a urbanizar, un sondeo en el acuífero subterrráneo de la parcela estuvo cerca de convertir el notable caudal de las emblemáticas fuentes en un mísero hilillo de agua. Eso únicamente había ocurrido en el año 1755, cuando el trágico terremoto de Lisboa dejó prácticamente secas As Burgas durante un año.
Sólo en ese momento, cuando se produjo aquel incidente, Manuel Cabezas hasta se atrevió a cuestionar al empresario, tuvo que paralizar los trabajos emprendidos, multar a la empresa y encargar el sellado del acuífero a unos especialistas que recuperaron el caudal. Aún así, permitió que presentaran un proyecto remodelado, con dos plantas menos y semisótanos, pero donde la superficie termal se reducía drásticamente. Cabezas, en un intento de lavado de imagen de la operación, exigía a la empresa un documento técnico con los cambios y nuevos plazos de ejecución, lo que Xardín das Burgas esgrimió como nuevo convenio con el Concello para presionar al bipartito cuando llegó al poder a cumplir o indemnizar a Xardín das Burgas con 20 millonesde euros.
La cantidad, desde entonces, la ha ido rebajando pero el acuerdo con el BNG, que cogió las riendas de la gestión termal en 2007, no se ha producido. La esperanza de que esta escombrera sea recuperada pasa por la ejecución del Plan especial de reforma interior del BIC, que convierte al Concello en propietario del 51% de los terrenos -el área protegida incluye la Praza de Abastos, la vieja cárcel, los baños de Outeiro y las fuentes termales-.
Atrás quedan los nunca detallados puestos de trabajo que iba a crear Xardín das Burgas con el apoyo de Cabezas y la defensa de aquel empresario que llevó al ex regidor a cuestionar a los políticos que se dedican a otras actividades profesionales, alegando, como dijo en más de un pleno mientras gobernaba, ‘é máis fácil descansar das 24 horas do día unha parte importante, pero a aqueles que traballan 20 horas, vostede (en ese momento se dirigía al funcionario Sánchez Vidal, portavoz del BNG en la oposición) non nos entende’. Mientras, la parcela ya ni conserva todo el cierre de bloques que tuvo en un principio; la maleza se acumula y se entremezcla con las piedras abandonadas de aquella entrañable casa de baños, que desapareció de los edificios a proteger poco antes de la aprobación del PXOM 2003.
* La Región - 26.07.09
Foto: Estado actual del solar de Xardín das Burgas, al lado de las fuentes termales. - Miguel Ángel, laregion.es
Ourense: Los escombros de un ‘pelotazo’ urbanístico
La masificación y congestión urbanística centran la preocupación de los eibarreses
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ELCORREO/Guipúzcoa* : La masificación y congestión urbanística y la consecuente escasez de zonas verdes, los problemas de tráfico y aparcamiento, así como las carencias en transporte público, o situaciones derivadas de la convivencia ciudadana, son las principales preocupaciones de los eibarreses.
A estas conclusiones ha llegado la recientemente creada Mesa de Participación Ciudadana de Eibar, uno de cuyos primeros trabajos, de cara a conocer los problemas e inquietudes de los eibarreses, ha sido realizar una encuesta interactiva mediante envío de cuestionarios.
«Los resultados no difieren mucho de los registrados en la encuesta que fue realizada y recientemente presentada por el Ayuntamiento de Eibar, pero en la que hemos hecho nosotros aparecen conclusiones interesantes», han explicado Félix Errasti y Garikoitz Araolaza, portavoces de la Mesa de Partipación al presentar los resultados y hacer un primer balance de este organismo de reciente creación.
La encuesta se efectuó realizando 50 preguntas, englobadas en diez apartados: mayores, familias, salud, urbanismo, euskera, jóvenes, economía, transporte, cultura y convivencia. La percepción más negativa de los encuestados fue la relacionada con el transporte. También valoraron de forma muy negativa la situación de la juventud, sus problemas de inserción laboral o el déficit que padecen en la oferta de actividades de ocio.
Convivencia ciudadana
El urbanismo, sin duda, vuelve a convertirse en uno de los temas estrella hacia el que los vecinos dirigen sus críticas. «Todos coinciden en que Eibar está masificado por las grandes edificaciones y que faltan zonas verdes». Y tampoco podían faltar las quejas sobre el endémico problemas del tráfico y los aparcamientos, otro de los apartados que sale malparado en la encuesta.
Resulta preocupante la percepción de los eibarreses sobre los niveles de convivencia en la ciudad. «También hemos obtenido malos resultados al preguntar sobre temas de seguridad, inmigración, pobreza, personas amenazadas o partidos ilegalizados. La gente no está contenta con la situación», explican los promotores de la encuesta.
Los apartados que menos críticas reciben, y cuya percepción no es tan mala por parte de los eibarreses son los relativos a la situación de las personas mayores o la cultura. Aun así, se solicitaba a los encuestados una valoración de 1 a 5 en cuanto a la percepción de cada capítulo, siendo el 1 un 'muy bien' y el 5 un 'muy mal'. Y lo cierto es que en ninguno de los grandes apartados se produjo un aprobado.
* El Correo Digital - 26.07.09 -
R. ZUBIA
Foto: La desordenada evolución urbanística de Eibar durante décadas ha llevado a una situación que ahora preocupa a los vecinos. /JULIO CALLEJA, elcorreodigital.com
El escándalo sobre el Palau de la Música cuestiona la inversión en el futuro hotel
ELPAÍS/Barcelona* : Dos días antes de la intervención de la justicia en el Palau de la Música, la subcomisión de Urbanismo de Barcelona aprobó el instrumento administrativo que posibilita la construcción del hotel del Palau de la Música, diseñado por Óscar Tusquets. Un proyecto impulsado por la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música que ahora, con la investigación de un supuesto delito de desvío de fondos y falsedad cuyo principal querellado es Fèlix Millet, presidente de la citada entidad, podría verse afectado en función de las decisiones que tomen sus gestores.
Las administraciones consorciadas del Palau -central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona- preparan el relevo de Millet al frente del comité ejecutivo del consorcio, que se reunirá esta semana. Las tres administraciones también son vocales de la fundación. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró ayer que mantendrá una "postura compartida" con el resto de las administraciones y que sus decisiones irán enfocadas a "proteger" las inversiones públicas.
El Orfeó Català y la Fundación del Palau de la Música impulsaron hace tres años el proyecto de construir un hotel de lujo, del mismo arquitecto que realizó la ampliación del Palau, Óscar Tusquets. El director de la fundación, Fèlix Millet, fue uno de los padres de la idea de que el Palau requería tener un hotel de su mismo nivel justo al lado. Ahí empezó una complicada operación urbanística que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento.
La fundación compró tres fincas colindantes del Palau al colegio de la Salle en la calle de Sant Pere més Alt. Al tratarse de suelo calificado urbanísticamente como equipamiento, era imposible construir un hotel. Para poderlo hacer se ideó una permuta con otro edificio -éste con clave edificable válida para hotel- de la Generalitat, situado en el número 1 de la calle de la Ciutat. En resumen, los 5.000 metros cuadrados del edificio de la Generalitat de la calle de la Ciutat volaron a Sant Pere més Alt y los 3.900 metros de equipamientos de las tres fincas de esa calle se desplazaron a Ciutat. Para compensar la diferencia de metros cuadrados, el convenio al que llegaron la fundación y la Generalitat establecía que la primera pagaría a la segunda 3,6 millones de euros. La contrapartida para la ciudad debería ser la cesión de un solar en Ciutat Vella para levantar vivienda pública.
Ha sido un proyecto polémico desde su inicio porque, entre otras cosas, suponía el derribo de dos fincas. Algo que fue vetado por Patrimonio de la Generalitat, lo que obligó al arquitecto a modificar el proyecto inicial. La oposición vecinal contra la construcción de un hotel más en una zona con fuerte presión turística consiguió que el futuro establecimiento -de 76 habitaciones- no tenga aparcamiento. Ahora los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento trabajan en la definición del plan especial para construir el hotel. "De momento, desarrollamos el planeamiento urbanístico. Si finalmente se hace o no, eso no es cuestión nuestra", señaló un alto responsable municipal, sin descartar que el proyecto acabe frenándose.
* ELPAIS.com - BLANCA CIA - Barcelona - 26/07/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
La Plataforma contra la Especulación Urbanística prevé convocar otra manifestación en Candeleda
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ÁVILADIGITAL* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda ha denunciado que las obras de captación de agua para la urbanización Candelas de Gredos, en el paraje de Navalpilón, “continúa infringiendo la legislación vigente a nivel local, nacional y europeo”. En este sentido, prevén convocar una nueva manifestación.
Consideran que existe una “connivencia de los estamentos políticos y administrativos para que este proyecto se lleve a cabo”, y exigen que “no se salten a la torera la normativa que debería regir para todos”
Entre otras cosas, aseguran que se ha utilizado una vía pecuaria para llevar los tubos hasta los terrenos que ocupará la urbanización, “sin solicitar el perceptivo permiso”, y que “ha quedado casi impracticable y, además, han destruido masa forestal”.
También sostienen que “Se han arrojado toneladas de piedras en la ladera del monte público, contraviniendo la ley de residuos provenientes de la construcción y demolición, que establece que serán depositados en lugares que no representen peligro”.
Por este motivo, la plataforma ha organizado una reunión informativa para este miércoles, a las 20,30 horas, en el antiguo matadero de Candeleda. En esta reunión se planteará la convocatoria de una nueva manifestación, para la que todavía no se ha fijado fecha.
* Ávila Digital - María Cuenca - María Cuenca - 24.07.09
Foto: Candeleda (Ávila), terreno urbanización - aviladigital.com
Canarias: Madrid lleva al Constitucional la Ley de Ordenación territorial
LAPROVINCIA* : El Gobierno central promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en su litoral, por entender que vulnera la Ley de Costas.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó ayer, de acuerdo con el Consejo de Estado, solicitar al presidente del Gobierno que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la citada ley, normativa que de alguna forma intentaba salvar algunas edificaciones situadas en franjas costeras y que, atendiendo a la legislación estatal, deberían ser derribadas.
En él Archipiélago hay distintos asentamientos que se encuentran en estos supuestos. Algunos ya fueron o están siendo derribados, como los de Cho Vito, en Tenerife, y Los Molinos, en Fuerteventura. Pero otros siguen sometidos a controversia, como Tufia y Ojos de Garza en el municipio grancanario de Telde. En Lanzarote están El Golfo, en el municipio de Yaiza; La Santa, en Tinajo; y Los Ancones y Las Caletas en Teguise. En Fuerteventura se contabilizan los asentamientos de Majanicho y El Jablito, en La Oliva; Jacomar, en Antigua, y el Puertito en Pájara.
Con la decisión ratificada ayer por el Consejo de Ministros, Canarias se convierte en la segunda comunidad autónoma sobre la que se propone interponer un recurso por vulnerar la Ley de Costas. Según la información facilitada por el Ejecutivo central, la ley canaria que se va a recurrir ante el Constitucional atribuye a la Administración autonómica el establecimiento unilateral y de forma autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, cuando ésta debe fijarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Costas y su reglamento, y su deslinde corresponde a la Administración del Estado.
Pero la ley canaria también entra en la cuestión competencial para defender sus posicionamientos. Así, argumenta que la regulación contenida en la legislación estatal de costas pretende sustituir en territorio insular el régimen transitorio de la Ley de Costas por otra normativa, careciendo de las competencias para ello.
Asimismo, el Estado denuncia que la norma impugnada pretende modificar la Ley de Costas vigente para configurar un nuevo supuesto en los casos en que la Ley y el reglamento de Costas previeron una reducción a veinte metros de la servidumbre de protección. De este modo, la normativa que se recurrirá "olvida" las distinciones que la Ley de Costas y su reglamento realizan según existiese clasificación urbanística o no en los asentamientos que puedan encontrarse en estos supuestos.
Con el recurso anunciado por el Estado se abre un claro frente entre la Administración central y la Comunidad Autónoma canaria, que ahora se judicializa y llega hasta el Tribunal Constitucional.
* La Provincia - 25.07.09
Foto: Derribo de casas ilegales en la playa de Los Molinos, en la isla de Fuerteventura. LP/DLP
Acusan al Villarreal de hacer obras sin licencia ni contrato
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LEVANTE/Castelló* : La constructora Estructuras, Viviendas y Carreteras (EVC), encargada de las obras de remodelación del estadio de El Madrigal y la ciudad deportiva del Villarreal SAD, presentó al cobro en algunos casos facturas por trabajos no realizados. En otros, cuando los servicios fueron prestados, se hincharon precios, horas de trabajo y materiales.
Y no acaban ahí las presuntas ilegalidades detectadas por la Agencia Tributaria en su inspección al club y a la constructora. Una parte de las obras facturadas no contaba, además, con ninguna cobertura técnica, ni legal que sustentara encargos en los que también se apreció una inflación en las facturas.
"No existe ni licencia de obras, ni proyecto técnico, ni contratos, ni presupuesto", sostiene en una de sus conclusiones el informe de la Agencia Tributaria que ha servido a la Fiscalía de Castelló para ahormar la denuncia por facturación falsa (delito contable, contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil) presentada contra el consejo de administración del Villarreal, con Fernando Roig al frente, y todo un entramado de subcontratas acusado de defraudar al menos 525.440 euros por descuento fraudulento del IVA. El documento de Hacienda, al que ha tenido acceso Levante-EMV que ha alimentado la actuación de tres fiscales destapa "obras de gran envergadura" sin cobertura legal.
Tampoco hubo modificados
"Únicamente [existen] facturas y certificaciones sin firmar", apunta el delegado de la Agencia Tributaria en Castelló, que rubrica el informe. Y va más allá al denunciar que los trabajos que se acometieron en el estadio El Madrigal en 2004 y los de la ciudad deportiva en 2005 carecen hasta de proyecto, por lo que mucho menos podía estar visado.
¿Y los presupuestos de los proyectos técnicos sellados por el Colegio de Arquitectos se corresponden con lo finalmente facturado? Pues tampoco. Con todo, esta desviación entre previsiones y actuación final es un aspecto que entra dentro de lo habitual. Muchísimo más extraño resulta, sin embargo, que, viendo que las unidades presupuestadas "no se corresponden ni en número ni precios a las finalmente facturadas y certificadas" y dado que las "desviaciones" fueron "tan importantes" no existiera ni un "proyecto modificado, ni unas mediciones de obra realmente ejecutada al finalizar la misma". Si raro es -"difícilmente inteligible", dice Hacienda- que no hubiera modificado, no lo es menos que la "certificación final de obra y los libros de órdenes y visitas visados por el Colegio de Arquitectos" no casaran de ninguna forma con la facturación.
Ambos planos "se contradicen", subraya la inspección tributaria, para rematar: "El hecho de adjudicar directamente las obras, no firmar ningún contrato, no presentar los proyectos técnicos o elaborar otros donde las magnitudes de las mediciones y presupuestos no coinciden con la obra realmente ejecutada, no firmar ni una sola de las certificaciones emitidas por EVC para dar conformidad a las partidas (...) sólo es posible para una obra de esta envergadura si existe una relación de total confianza entre el promotor y el constructor, donde el primero, el Villarreal CF, controla directamente las obras y no hace falta siquiera firmar las partidas ejecutadas". Hacienda y la Fiscalía denuncian connivencia para entre el club y las constructoras EVC y Spain Gespro SL para urdir el fraude. Ambas firmas están relacionadas y la segunda era la principal subcontrata de la primera. Lideraba el llamado tercer escalón de la trama.
El juzgado 4 de Vila-real decidirá si imputa a Roig y a otros 25 implicados
De la investigación judicial de esta presunta trama de facturación falsa para defraudar IVA, urdida por el Villarreal SAD "en connivencia con los administradores" de EVC y Spain Gespro S. L., principal subcontratista, se encargará el juzgado de instrucción número 4 de Vila-real, según informó ayer el TSJ valenciano. En ese juzgado se investigará la participación de los once consejeros del club en 2004 y 2005 en ese supuesto entramado, así como la del arquitecto, Juan Antonio Villasante, los responsables de las dos principales firmas implicadas (EVC y Spain Gespro S. L.) y otras personas físicas como Carlos Barrio, Roberto Serrano, Tomás Martínez, Antonio Martínez, Florina Neacsu, Tecu Robert, Lopataru Vasile, Nita Valerica o Guita Florea, a quienes el fiscal pide que se llame también a declarar como imputados. Las facturas falsas cobradas por EVC al club alcanzarían los 3.809.440 de euros, según Hacienda: 187.840 euros en 2004 (facturas por 1.361.840) y otros 337.600 en 2005, correspondiente a 2.447.600 facturados.
* Levante_EMV - FRANCESC ARABÍ - 25.07.09
Foto: Villarreal (Castellón), campo fútbol El Madrigal - marca.com
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo encarga una investigación preliminar sobre las sentencias de derribo
EUROPAPRESS/Santander* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos que confluyen en el problema de las sentencias de derribo. La Comisión de Peticiones ha admitido a trámite la petición que le trasladó la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y para poder continuar con el estudio de la petición ha solicitado esta investigación.
Así se explica en una carta que el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, ha dirigido a la asociación después de que AMA compareciera en la Comisión de Peticiones para pedir soluciones a los afectados y mayor seguridad jurídica.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, dio hoy a conocer esa carta en una rueda de prensa a las puertas del Gobierno de Cantabria en la que presentó la quinta Marcha a Santander, que se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto.
En el escrito, del que la asociación repartió copia a los periodistas, la Comisión de Peticiones señala que los afectados tienen derecho "a su propiedad adquirida legítimamente" y "toda perdida debe ser compensada adecuadamente".
Vilela, al que acompañaban otros miembros de la Junta Directiva de la asociación, que portaban una pancarta con el lema 'Legalización y justicia', subrayó la importancia de esta decisión de la Comisión de Peticiones y recordó algunas de las reivindicaciones que los afectados plantearon ante dicho órgano.
Lo que pide la asociación es que se cree un registro de demandas público, se obligue a los notarios a comunicarlo cuando exista alguna demanda sobre la vivienda que se compra, y que las administraciones informen también sobre la situación legal de las viviendas.
Junto a ello, la asociación reclama que los ciudadanos "no tengan que soportar" las condenas que recaen sobre las administraciones; pide la regularización y legalización cuando sea posible; o en su defecto, la permuta de viviendas "presuntamente ilegales" por otras que cumplan la legalidad vigente. Y en todo caso, solicitan que haya un acuerdo previo con los afectados antes de cualquier actuación que "minusvalore su patrimonio".
Para AMA, a la luz de la resolución del Parlamento Europeo, pero también de la aprobada en 2007 en el Parlamento cántabro y del informe del Defensor del Pueblo del año 2005, todos ellos pidiendo soluciones, esas actuaciones tienen que materializarse "lo antes posible".
En este sentido, Vilela consideró que el Plan de derribos presentado por el Gobierno regional "puede ser una herramienta útil para buscar esas soluciones" y confía en que se pueda "llevar a buen puerto".
QUINTA MARCHA A SANTANDER
En cualquier caso, en lo que sigue insistiendo la asociación es en la necesidad de dar soluciones con la mayor rapidez posible y eso es lo que va a reivindicar en su quinta 'Marcha a Santander'. Según recordó Vilela, el problema dura ya "más de 15 años" y las soluciones "no acaban de aparecer".
La 'Marcha a Santander' partirá del Ayuntamiento de Argoños el 31 de julio, a las nueve de la mañana, para dirigirse hacia Arnuero, donde llegará sobre las diez. Después seguirá hacia la plaza de Galizano, donde habrá una comida campestre, y terminará la primera etapa sobre las seis de la tarde en el polideportivo de Latas, donde se pasará la noche.
El 1 de agosto, sábado, se reanudará la marcha a las nueve de la mañana hasta el embarcadero, donde se cogerán las lanchas hasta Santander. Y una vez en la ciudad, se dirigirán primero a la sede del Parlamento, donde llegarán sobre las 11.30 horas, y después a la sede del Gobierno (sobre las 12.30).
En el Parlamento mantendrán reuniones con representantes de los grupos parlamentarios y esperan que también les pueda recibir el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Palacio; y en el Gobierno explicaron que ya les han confirmado que les atenderá el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón.
En Cantabria, según los datos de AMA, hay 4.000 afectados por las sentencias de derribo y 1.165 familias pueden ver su vivienda demolida. De hecho, ya hay 200 viviendas con autos de inminente derribo. Vilela también resaltó que hay 27 sentencias que "condenan a las administraciones" y cuatro por daños morales, y por ello insiste en que los afectados no paguen las "penas" impuestas a la administración.
* Europa Press - 23.07.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Suspenden la aprobación definitiva del PGOU de Málaga por no atender a diversos informes
MÁLAGAHOY* : La Comisión de Ordenación Territorial y Urbanismo de Andalucía (COTUA) ha suspendido hoy la aprobación definitiva del PGOU de Málaga por no adaptarse a las especificaciones del POTAUM, a la Declaración de Impacto Ambiental, y a varios informes sectoriales como el de Aviación Civil.
El organismo, en el que están representadas las distintas administraciones, agentes económicos, sociales y colegios profesionales, ha determinado que el plan general de la ciudad "incurre en errores, defectos e incumplimientos que impiden su aprobación", por lo que devolverán el documento al Consistorio para su corrección.
Añade además que "no podrá ser aprobado de forma definitiva hasta que el Consistorio proceda a subsanar los fallos detectados, a la corrección de éstos o a su eliminación".
En cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental, la comisión destaca que "no se han incorporado al documento numerosas modificaciones vinculantes" como la relativa a los terrenos de la Sierra de Churriana, que debían contar con un tratamiento especial que frenase la presión de las construcciones, ha informado la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en un comunicado.
Además, tampoco se ha tenido en cuenta la no admisión de usos residenciales y de equipamiento público en Maqueda Central ni la elevación a especial de otros veinte espacios, además del grado de protección en los terrenos de Arraijanal, que no pueden ser clasificados como suelo urbanizable.
Por otra parte, el documento tampoco se adapta a las exigencias del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), elaborado por la Junta, al no incluir en la propuesta del puerto deportivo El Morlaco el estudio de viabilidad al que está obligado.
Además, la comisión ha señalado que el plan general de la ciudad no ha atendido otros informes sectoriales también vinculantes que planteaban correcciones.
La Junta advierte además de que el documento "no podrá aprobarse parcialmente suspendiendo o denegando las partes que deben ser subsanadas" porque las modificaciones planteadas al plan malagueño "afectan a las determinaciones básicas, a la propia ordenación, la delimitación de los derechos de propiedad o las determinaciones estructurantes".
* Málaga Hoy - EFE - 24.07.09
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Salvem La Molina critica el modelo de desarrollo de la estación
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NEVASPORT/Lleida* : Crean la plataforma Salvem La Molina para frenar el crecimiento y dicen que alega el POUM. Un grupo de unos cuarenta vecinos de primera y segunda residencia del barrio y las urbanizaciones de La Molina de Alp han creado una plataforma que, con el nombre Salvem La Molina, quiere iniciar una campaña popular contra las directrices del nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal aprobado inicialmente por el Ayuntamiento.
A juicio de estos vecinos, el nuevo plan prevé un crecimiento desmesurado de La Molina que vulnera la legalidad y va en contra de los parámetros que defienden para toda la Cerdanya otras normativas urbanísticas, como el Plan Director por el Pirineo y Arán y el Plan Director de la Cerdanya.
Uno de los portavoces de la plataforma, Ángel Puig, ha explicado que los vecinos han decidido movilizarse tras ver que el consistorio "se salta" los planteamientos de crecimiento ordenados por el resto de la comarca y ha anunciado que una de las primeras decisiones de la plataforma ha sido que presentarán alegaciones al POUM. En nombre de Salvem La Molina, Puig ha lamentado que el Ayuntamiento de Alp defienda un crecimiento de los entornos de las pistas de esquí "ladrillo a ladrillo" y basado en un modelo urbanístico sometido a la presión de la construcción de segundas y terceras residencias.
Puig ha recordado que los planes directores del Pirineo aconsejan, en cambio, un "decrecimiento de la construcción, el mantenimiento de la tipología de los edificios ceretans y no edificar en espacios verdes, crear centros urbanos y espacios públicos, y no espacios dispersos que no crean 'pueblo', promover las casas abiertas y los espacios con vida y, sobre todo, buscar otros dinamizadores económicos para la zona".
Ante esta situación, los vecinos, que ya han celebrado una primera reunión constitutiva, han redactado un manifiesto en el que reclaman, de una banda, que se "replantee" el modelo de crecimiento urbanístico de Alp "para no hipotecar el futuro del municipio y por extensión el de la comarca", y por otro lado, que el POUM se rija por la ley de Urbanismo de Cataluña, por el Plan Territorial del Alt Pirineu y por el Plan Director Urbanístico de la Cerdanya.
En este sentido, Salvem La Molina asegura que el POUM de Alto vulnera estos tres textos. Los miembros de la plataforma han hecho un llamamiento a la población a adherirse y ha asegurado que tiene el apoyo de entidades ecologistas como el Conseil International Associatif pozo la Protection des Pyrennes (CIAPP) y Defensa del Patrimonio Natural.
* Nevasport - 23.07.09
Foto: La Molina (Lleida) - nevasport.com
Valencia: La Fiscalía investigará a 151 ayuntamientos que tramitaron expedientes por obras ilegales
ELMUNDO* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia investigará a 151 ayuntamientos de la provincia que tramitaron desde 2005 un total de 4.474 expedientes sancionadores por construcciones ilegales. Según avanzó el portavoz de este departamento, Joaquín Baños, por ahora, no se pueden abarcar todos los municipios y se irá "poco a poco", "por orden alfabético y con los casos más escandalosos".
Baños ofreció estos datos durante su intervención en el curso 'Los nuevos retos de la criminalidad', organizado por la UNED, donde hizo un repaso de la legislación urbanística, describió los delitos tipificados y el panorama valenciano y nacional a este respecto, citando casos prácticos y sentencias.
En su intervención, recordó que a finales de noviembre de 2008 hizo un requerimiento a los 265 ayuntamientos de la provincia para que le informaran de los expedientes que habían incoado desde el año 2005 por construcciones ilegales. Hasta la fecha, han contestado a esta petición un total de 243 localidades, mientras que otras 24 no se han pronunciado.
Del total, 92 ayuntamientos indicaron al fiscal que no habían incoado ningún expediente sancionador, algo que Baños consideró extraño, puesto que, a excepción de dos de ellos, el resto tiene zonas no urbanizables. Por este motivo, instó a los agentes del Seprona de la Guardia Civil a que le comuniquen cualquier edificación ilegal que localicen en estos 90 municipios.
Por su parte, otros 151 municipios comunicaron que habían abierto 4.474 expedientes sancionadores por construcciones ilegales. En este sentido, Baños puntualizó que "puede tener interés" para algún ayuntamiento tramitar estos expedientes ya que a través de ellos se cobran "importantes" sanciones.
Además, ha quedado constancia, según dijo, que muchos de estos consistorios cobraron las sanciones pero no pasaron al siguiente nivel, que es el de estudiar si la construcción se puede legalizar o no.
De estos casi 4.500 expedientes, Baños explicó que la Fiscalía de Valencia, ante la falta de medios y de personal, no puede estudiar todos, así que "va poco a poco, por orden alfabético, por municipios y por los casos más escandalosos", dijo.
No obstante, lamentó que este tipo de situaciones demuestran que existe en la Comunidad un "panorama desolador", puesto que "al problema de que la administración local no persigue este tipo de delitos, se suma el hecho de que en muchas ocasiones coadyuda al propio infractor". Por este motivo, abogó porque los ayuntamientos no dispongan de la competencia en materia de suelo.
'Difícil condenar'
Baños explicó que "es muy difícil" emitir condenas por este tipo de delitos urbanísticos ya que los acusados se defienden presentando informes técnicos en los que alegan que las construcciones, cuando están en suelo urbanizable pero sin licencia, tienen más de tres años, por lo que el delito habría prescrito.
Por otro lado, cuando las edificaciones están en suelo no urbanizable, afirman que existen desde hace más de cuatro años, con lo que la ley contempla que ya no se pueden derribar.
No obstante, en este punto, el fiscal coordinador de Medio Ambiente señaló que los avances tecnológicos y, en concreto, la cartografía digitalizada "permite comprobar el origen de esas edificaciones".
Ante estos obstáculos, señaló que la "única vía" para que exista condena, es recurrir al artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que expone que los alcaldes son policías judiciales y que, como tales, tienen obligación de perseguir delitos.
Además, recordó que la ley urbanística valenciana establece que cuando de la tramitación de expedientes se desprenden indicios penales, éstos se deben poner en conocimiento del ministerio fiscal.
'Problema de unificación'
Por otro lado, Joaquín Baños hizo referencia a otro "problema grave" en esta materia, en cuanto a la unificación de los tribunales. Así, indicó que existe una disparidad de criterios "brutales" puesto que cada Audiencia Provincial "puede dictar lo que quiere". Así, mientras que la Audiencia de Cádiz está "muy concienciada" en este tipo de delitos, la de Valencia "no tanto".
En este punto, recordó que el TS es el encargado de unificar criterios. No obstante, indicó que como los delitos urbanísticos tienen una pena máxima de tres años, se dictan por un juzgado de lo Penal contra el que cabe recurso ante la Audiencia, "pero ya no cabe otro recurso ante el Tribunal Supremo". Así, si el delito superara los cinco años, la resolución sería dictada por la Audiencia y de recurrirse llegaría al Supremo, algo que no ocurre.
* El Mundo - Europa Press - 23.07.09
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
UNESCO pide el «abandono definitivo» de los proyectos de Bandos y Adoratrices
LAVOZDESALAMANCA* : El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en las pasadas semanas en Sevilla, acaba de hacer públicas las decisiones, adoptadas en su 33ª Sesión Anual, concernientes a la Ciudad Vieja de Salamanca (33 COM 7B.122). Las decisiones, tal y como avanzó esta Asociación, estarían basadas en el informe de la misión reactiva de expertos que el pasado mes de febrero visitó la ciudad de Salamanca.
Sobre los proyectos concretos del «Huerto de las Adoratrices» y la «Plaza de los Bandos» pide al Estado Parte “abandonarlos”, “habida cuenta de sus potenciales impactos negativos sobre el Valor Universal Excepcional del bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial”.
Respecto al proyecto para la construcción de un aparcamiento subterráneo de vehículos en la Plaza de Los Bandos «debido a la posible repercusión negativa que el aumento en el tráfico de automóviles podría tener sobre la integridad de la propiedad y su Valor Universal Excepcional, así como el impacto potencial sobre la autenticidad arqueológica de esta zona sensible de la antigua Vía de la Plata». Además, se sugiere la creación de un plan de tráfico, o movilidad, para la ciudad histórica.
En cuanto al proyecto revisado para construir un edificio de nueva planta sobre el «Huerto de las Adoratrices», se considera que el proyecto repercute negativamente en la integridad de los bienes del Patrimonio Mundial y se recomienda «buscar otra ubicación para este proyecto, puesto que la utilidad no se discute» (decisión 26 COM 21B.69 del año 2006), «por su potencial impacto negativo sobre la estructura urbana circundante y monumentos, y por lo tanto, en la integridad y el Valor Universal Excepcional del bien». Además, se observa que el proyecto ha seguido tramitándose pese a que en el año 2008 el Comité pidió la suspensión del mismo hasta conocer el resultado del informe de la misión reactiva de expertos.
Llegados a este punto de exactitud, y de claridad, en las decisiones adoptadas por el Comité, desde nuestra Asociación recordamos que las decisiones son vinculantes. Tanto para que no se construya sobre una huerta como para que “ni un coche más” invada la ciudad histórica. Las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial, como puede comprobarse, no sólo hablan de proyectos concretos; también hablan del tan demandado Plan de Gestión Integral, de su relación con el Plan Especial de Protección, de la Declaración de Valor Universal Excepcional para evaluar las condiciones de integridad y autenticidad y de la aplicación de las recomendaciones realizadas por la misión reactiva. Entre estas recomendaciones estaría el recordatorio sobre el deber de informar al Centro de Patrimonio Mundial sobre cualquier proyecto que se plantee sobre la ciudad histórica, la ampliación de los límites de la zona protegida y la eliminación tanto de la práctica del fachadismo así como las “modificaciones puntuales” a la planificación urbanística.
La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” trabaja, como las autoridades competentes en materia de patrimonio debieran hacer, con la Convención de París, con su Guía Operativa, con las Cartas y Documentos Internacionales, con las Decisiones de las Sesiones del Comité de Patrimonio Mundial y con la legislación vigente: Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca y el único Plan Especial de Protección que sobre Salamanca tiene reconocido UNESCO.
Las decisiones del Comité, en su 33ª Sesión, pueden consultarse en http://whc.unesco.org/en/sessions/33COM/
Las decisiones finales pueden consultarse en http://whc.unesco.org/download.cfm?id_document=102372&type=doc
El borrador de las decisiones y el texto precedente puede consultarse en http://whc.unesco.org/download.cfm?id_document=102042&type=doc
* La Voz de Salamanca - 23.07.09
Foto: Salamanca, las Adoratrices-fotomontaje- lavozdesalamanca.com
Los vecinos de Cabueñes reclaman la suspensión de la normativa urbanística
ELCOMERCIO/Gijón* : La Plataforma contra el Muro de Cabueñes reclamó ayer la suspensión inmediata de la normativa urbanística anulada por el TSJA y que la revisión del 'plan Teixidor' «no sea simplemente estética», como parece anticipar a su juicio, «la salida a la desesperada» del equipo de gobierno municipal.
Su portavoz, Cristina Moreno, advirtió de que hasta que haya una sentencia firme todas las licencias urbanísticas que se otorguen con arreglo al PGOU invalidado serán «un cheque en blanco para los amigos constructores, porque por ahora -subrayó- no cabe hablar aún de derechos indemnizatorios». Para Moreno, la sentencia del máximo órgano judicial asturiano pone de manifiesto que «la política urbanística desarrollada por el gobierno municipal está guiada por las malas prácticas y no es la palabra de Dios inamovible que tanto defienden la alcaldesa, Churruca y Sanjurjo».
«En Gijón no hay gobierno de lo público, aquí se gobierna en favor de algunos empresarios y en beneficio de la élite política», acusó la portavoz del colectivo vecinal, quien puso asimismo de relieve que el fallo del TSJA «tumba las bolsas de especulación inmobiliaria como Castiello y Cabueñes y nos las bolsas de suelo asequible como Roces».
En referencia también a la sentencia judicial, el asesor de la plataforma Ignacio Martínez indicó que hay un aspecto de la misma que ha pasado inadvertido y es la anulación de todos los recursos de reposición vinculados al PGOU. Incluido el de la familia política de Jesús Morales en relación con su finca de La Coría.
Los miembros del colectivo vecinal también anunciaron que en las próximas semanas distribuirán por la ciudad bonos de apoyo judicial a un euro para poder afrontar la fianza de 12.000 euros que les impone el juez para poder participar como parte en la instrucción penal del caso de Ovidio Blanco que ellos impulsaron.
Dilapidar fondos
Respecto al plan parcial de Cabueñes, que desde hace más de un año mantiene en pie de guerra a la plataforma, sus representantes aseguraron que el Ayuntamiento «tiene la última oportunidad para no dilapidar los fondos públicos pleiteando en casos que están perdidos». Si quiere evitar el contencioso de los vecinos, dijeron, el Consistorio «tiene que llevar a cabo la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho del acuerdo de la junta de gobierno del 8 de marzo de 2008 por la que se aprobó inicialmente el plan de Cabueñes».
* El Comercio Digital - 24.07.09 -
M. M.
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
La UE amenaza con una fuerte multa por el canal Segarra- Garrigues
ELPAÍS/Lleida* : La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), lanzó ayer un ultimátum a España: o en dos meses pone orden en las ilegalidades del canal Segarra-Garrigues o pedirá al Tribunal de Justicia la UE una multa, que "será muy elevada". Sin decirlo expresamente, el Ejecutivo comunitario subraya que el nuevo paso debe entenderse como un llamamiento a la paralización de las obras de construcción del canal.
Bruselas enviará un último apercibimiento a España por el incumplimiento de una sentencia de diciembre de 2007 en la que quedaba probado que las autoridades correspondientes (en este caso la Generalitat, que es la que construye la obra) hacían dejación de su obligación de proteger aves esteparias en zonas afectadas por las obras del canal que deben ser incluidas en la red de protección Natura 2000. La Comisión está irritada por la burla a los procedimientos comunitarios en que se ha convertido la evolución del caso.
El Tribunal de Justicia de la UE dejó claro que el proyecto del Segarra-Garrigues vulnera la legislación medioambiental comunitaria por la indefensión a que somete a determinadas aves y desestimó los argumentos de España de que el canal es de crucial importancia para el desarrollo de la zona afectada.
* ELPAIS.com - R. M. DE R. - Bruselas - 23/07/2009
Foto: Lleida, canal Segarra-Garrigues - elperiodico.com
La CAM privatiza la "explotación" del Parque de Valdebernardo
KAOSENLARED* : La Plataforma en defensa del Parque Público de Valdebernardo y La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) denuncian la privatización de la gestión integral del Parque de Valdebernardo como una maniobra urbanística especulativa, contraria a los intereses de los vecinos y exigen a la Comunidad de Madrid (CAM) la anulación inmediata del concurso y el traspaso de sus competencias a manos del Ayuntamiento de Madrid para que disfrute de las mismas condiciones administrativas y de conservación que el resto de los parques de la capital.
El pasado 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la convocatoria de un contrato de servicios para la Concesión Integral de la gestión de todo lo relacionado con el Parque de Valdebernardo por una duración de 40 AÑOS. La Concesión incluye el mantenimiento y conservación del parque, de la estación depuradora de aguas residuales, la explotación de 5 quioscos (2 construidos y se construirían tres más), la explotación del vivero y la posesión de los terrenos de cuatro parcelas que suman 29.809 metros cuadrados edificables.
El Parque de Valdebernardo es propiedad de la Comunidad de Madrid y, hasta la fecha, se había negado a traspasar su competencia al Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que éste hace tiempo que se lo había solicitado. Es el único parque urbano de la ciudad que no es competencia municipal. Ahora queda claro el por qué de la negativa de la Comunidad de Madrid. Con esta privatización de la gestión del Plan Especial Norte (en el que está incluido el parque) se pone de manifiesto una operación especulativa gracias a la que se ponen en manos privadas casi 30.000 metros cuadrados públicos, en una zona verde, para usos urbanísticos edificables para que algunas grandes empresas hagan grandes negocios. Suelo público que se regala a la empresa concesionaria por 40 años, además del importe que se llevará por el contrato (Presupuesto base de licitación: 161 millones de euros) y otras retribuciones complementarias por la explotación del vivero, la depuradora de aguas y los quioscos del parque, todos construidos con dinero público y, además, una aportación directa de más de un millón de euros al año, así durante los próximos 40 años. En definitiva un gran negocio a costa del patrimonio público.
Es evidente que la Concesión va destinada a grandes empresas, o alguna unión de empresas, porque no todo el mundo tiene 7 millones de euros para presentar como garantía del contrato ó 10 millones para sufragar el seguro requerido. Pero, sobre todo, no todo el mundo cuenta con el dinero necesario para construir los tres quioscos pendientes y, lo que decidan poner, en las cuatro parcelas que se ponen a su disposición. (Los usos compatibles con el parque van desde culturales, educativos o de ocio, hasta hosteleros). Y este es el meollo del asunto. No van a ser los vecinos, ni las entidades de Vicálvaro, ni siquiera el Ayuntamiento o la Comunidad como administraciones públicas, los que vamos a decidir qué se construye en estas cuatro parcelas del parque, sino que va a ser un empresario, o un grupo reducido de empresarios, los que, en función de las posibilidades de negocio, van a decidir qué se hace en el parque de Valdebernardo. No serán las necesidades sociales más perentorias o las apetencias culturales de los vecinos quienes decidan qué se construye en esas parcelas. Será únicamente la perspectiva de un suculento beneficio económico, un auténtico pelotazo urbanístico con un buen trozo de parque, lo que determine qué tendremos en él, favorezca o no, dé un servicio necesario a los habitantes de este distrito o no.
El Consorcio Urbanístico de Valdebernardo, gestor público actual del parque, ha dejado que éste se fuera deteriorando gravemente en el último periodo, tal y como han denunciado vecinos y entidades en los últimos meses, quizás para, ahora, tratar de justificar la privatización de su gestión. Dicho Consorcio debería estar liquidado pues su función ya está cumplida: la construcción del barrio de Valdebernardo y del parque. Pero antes de desaparecer nos quiere dejar el triste legado de tener el primer gran parque privado de Madrid los próximos 40 años. La Comunidad de Madrid debería haber traspasado el parque al Ayuntamiento para que esta zona verde disfrute de las mismas condiciones administrativas y de conservación que el resto de los parques de Madrid.
La Plataforma en defensa del Parque de Valdebernardo denuncia esta Concesión Integral como una maniobra urbanística especulativa contraria a los intereses de los vecinos de Vicálvaro y solicita a la Comunidad de Madrid que sea anulada inmediatamente, así como que el parque de Valdebernardo, construido con el dinero de todos los vecinos, sea traspasado de forma inmediata al Ayuntamiento.
Una vez que el parque esté en manos municipales se deberían crear cauces para que, de forma democrática y participativa, se pueda debatir públicamente qué dotaciones son las más idóneas en las cuatro parcelas disponibles en ese entorno.
* Plataforma en defensa del Parque Público de Valdebernardo
http://www.lollamandemocraciaynoloes.com/2009/07/la-cam-privatiza-la-explotacion-del.html
* KaosenlaRed - Falsa democracia | 22-7-2009
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El «tsunami» inmobiliario hace del Aljarafe una comarca «caótica»
ABC/Sevilla* : Municipios como Mairena, Palomares o Almensilla sufren las consecuencias de un urbanismo salvaje, desarrollado al amparo del Potaus. El curso sobre «Sostenibilidad y ciudad», organizado por el Centro Cultural Olavide en Carmona, ofreció ayer una sesión monotemática dedicada al análisis del área metropolitana de Sevilla.
Luis Andrés Zambrana, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, fue uno de los participantes en la mesa redonda, centrando su intervención en la evolución urbana de la comarca del Aljarafe. El profesor hizo referencia al «tsunami» inmobiliario que en las últimas décadas ha arrasado con el suelo de las localidades del extrarradio sevillano. Según Andrés, municipios como Mairena del Aljarafe, Palomares del Río o Almensilla «están pagando ahora las consecuencias de esta política». «Palomares tiene un problema de tesorería importante y no paga sus nóminas a los empleados desde el mes de junio y el Ayuntamiento de Almensilla también ha tenido que reducir su plantilla», comentó Andrés.
Para el profesor, la actuación de la Junta de Andalucía no ha estado ni mucho menos a la altura de las circunstancias. A su parecer el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), no ha aportado solución alguna al problema, ya que «se ha diseñado en los despachos de la Consejería de Vivienda en acuerdo con los alcaldes socialistas y no mediante un proceso público, como cabría esperar de un plan así», de tal forma que tal programa responde a las «necesidades de caja» de cada municipio y no a las demandas reales de la población.
Además, Luis Andrés señaló que el gran problema, aparte de las numerosas viviendas sin ocupar y sin vender, es la forma de conectar todo ese entramado urbanístico. En este sentido, destacó una falta de planificación y de previsión del problema que ha desembocado en la situación «caótica» en la que se encuentra hoy día el Aljarafe. Una cuestión a la que hay que sumar el total «fracaso del transporte público», dado que el Plan de Transporte Metropolitano está centrado en la SE-40.
Cambios voraces
También Antonio García, profesor de Geografía de la Universidad Pablo de Olavide, intervino en la mesa redonda. Al igual que Luis Andrés Zambrana, García disertó sobre «los cambios veloces y voraces en la comarca del Aljarafe», un espacio transformado, según explicó, mediante la unión de elementos que, en muchas ocasiones, no tienen razón de ser. Parafraseando al profesor de Urbanismo de la Universidad de Sevilla, Jorge Benavides, García subrayó que «el Aljarafe ya no es que esté desordenado o que no sea sostenible. Es que ha quedado feo».
* ABC - ELENA CORREA - 22.07.09
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es
Tercera condena por corrupción contra el ex cerebro de Urbanismo de Matas
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ELPAÍS/Mallorca* : Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio en el último Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007), del PP, ha sido condenado a dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público, más una multa de 6.750 euros como autor de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. El que fue el cerebro de Urbanismo del Gabinete de Matas acumula dos penas de cárcel -suman ocho años- por un par de causas ya juzgadas del 'caso Andratx', el escándalo de corrupción urbanística destapado en 2006.
Massot, que ingresó en prisión y quedó en libertad bajo fianza, recurrió las sentencias al Tribunal Supremo.
En la última resolución judicial conocida, el Juzgado Penal número 3 de Palma dio por probado que Massot lucró asesorando a Almudaina Dos, una empresa que realizaba obras urbanísticas en Andratx y reclamaba millonarias indemnizaciones al Gobierno balear. Las gestiones siguieron mientras Massot era director general y funcionario jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx. El juez ha ordenado el decomiso de los 42.070 euros que Massot cobró de la sociedad constructora Almudaina Dos por tareas de asesoramiento incompatibles con su cargo.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 22/07/2009
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es
Casabermeja: La Guardia Civil vuelve a denunciar a siete personas por otro delito urbanístico
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MÁLAGAHOY* : La Guardia Civil ha vuelto a denunciar a siete personas en Casabermeja por presuntas irregularidades urbanísticas tan sólo tres semanas después de presentar una denuncia en un juzgado de Málaga por un caso similar. Según la investigación, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU), y el anterior secretario del Ayuntamiento forman parte de una presunta trama urbanística en la que también están acusados el arquitecto municipal, dos promotores y otros dos arquitectos.
El caso ha sido denunciado ya ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que deberá valorar ahora si incoa o no diligencias contra estas siete personas a las que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental, según informaron ayer a este periódico fuentes judiciales.
Son los mismos delitos por los que el concejal de Urbanismo, el anterior secretario municipal, dos funcionarios del Ayuntamiento, los dos mismos promotores y un arquitecto fueron denunciados por la Guardia Civil el pasado 2 de julio ante un juez debido a una vivienda construida en el municipio supuestamente de forma irregular entre los años 2005 y 2006.
En esta ocasión, los hechos se remontan a 2007 cuando, al parecer y según aseguraron las mismas fuentes, el propietario de una vivienda del municipio solicitó al Ayuntamiento de Casabermeja una licencia para llevar a cabo una serie de reformas. Sin embargo, la vivienda en cuestión se trataba en realidad de unas ruinas, mientras que en su lugar se construyó una completamente nueva en suelo no urbanizable con el beneplácito de los responsables municipales que supuestamente autorizaron los trabajos .
Éstos podrían haber incurrido, además, en un presunto delito de falsedad documental, tal y como consta en la anterior denuncia contra los mismos acusados y que al parecer falsificaron un expediente sancionador contra el propietario de una vivienda construida de forma irregular.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Casabermeja, Antonio Valeroso Lozano, que tiene delegadas las competencias en materia de urbanismo del municipio desde el año 2003, aseguró a este periódico tras destaparse la primera denuncia que "un político hace siempre lo que los informes jurídicos y técnicos del secretario municipal le dicen" e insistió en que si se ha cometido algún error en la tramitación de algún expediente urbanístico por parte de los responsables municipales se ha debido "a una mala información", señaló a este periódico Valeroso.
* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 22.07.09
Foto: Casabermeja (Málaga) - wikipedia.org
El juez anula el pago con suelo público de un PAI en Benidorm
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ELPAÍS/Alicante* : El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante considera ilegal la decisión del alcalde de Benidorm, Manuel Pérez, del PP, de pagar con suelo público gastos de urbanización en un PAI. Pérez Fenoll firmó el 5 de junio de 2007 un decreto para que el Ayuntamiento pagara con suelo municipal el 10% que le correspondía en el sector los gastos de urbanización del PAU-1 Murtal.
El acuerdo, de acuerdo con un informe externo, incluía ceder al urbanizador 7.490 metros de techo de los 14.864 del consistorio.
El juez considera que el patrimonio municipal del suelo no puede usarse para pagar los gastos que genere su urbanización. Lo llamativo es que la entrega del suelo municipal al urbanizador para cubrir los 2,5 millones de euros del Ayuntamiento se pretendió hacer en 2007 con la valoración de 2000 (cuando se adjudicó el PAI), es decir, a 45.000 pesetas (270 euros) el metro de techo. Atendiendo a la evolución del mercado, fuentes consultadas del sector confirman que el precio del metro de techo pudo, al menos, haberse multiplicado por cuatro en esos 7 años.
Los socialistas acusan al PP de haber "dilapidado y enterrado" en los 18 años que gobiernan "más de 100.000 metros de techo por valor de más de 200 millones de euros" provenientes del 10% de los diferentes sectores. "Nos han dejado sin suelo, sin dinero y sin viviendas protegidas", aseguró el edil del PSPV Jaime Llinares.
El Ayuntamiento ya sufrió un duro revés a finales de 2008 cuando el Tribunal Supremo anuló la compensación en metálico de 1.425 millones de pesetas que ofreció el adjudicatario de la condición de agente urbanizador el año 2000. El Supremo entendió que el pago en dinero del 34% del aprovechamiento lucrativo que significaba ese dinero no podía repercutirse entre los propietarios de suelo, que sólo están obligados a ceder por ley el 10%.
El PAI del Murtal tiene 907.000 metros cuadrados y recoge la construcción de unas 2.000 viviendas. Es una de las pocas zonas que quedan por urbanizar en Benidorm. A la adjudicación se presentaron seis empresas y 14 propuestas. Finalmente, fue adjudicado a Prometosa, S. L., de Francisco Gómez Hernández. Este constructor, conocido como El Paloma, fue imputado por un PAI que preveía cuatro campos de golf y 1.600 casas en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 22/07/2009
Foto: Benidorm (Alicante), playa poniente - C.Manzano (20minutos)
Paraje Natural - El Roto
Viñeta: El Roto - ELPAIS.com - 21.07.09
Caso Faycán: Cuatro años de investigación y aún prosiguen las diligencias y se piden más imputaciones
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TELDEACTUALIDAD* : Cuatro años, siete meses y quince días. Ése es el tiempo medio invertido en los juzgados de Canarias para investigar los casos de corrupción, aunque debido a que la mayoría de los causas se mantienen vivas en los juzgados, la media para investigar un cohecho o una prevaricación supera los cinco años. La Justicia, lenta y saturada en el Archipiélago de forma particular, en estado puro. La falta de medios, la complejidad de los asuntos y la actual estructura judicial son las causas para que la corrupción se eternice en los juzgados. Salvo excepciones.
Después de cuatro años y un mes, el ochenta por ciento del caso Las Teresitas permanece bajo secreto de sumario a la espera de conocer los datos de la parte más interesante: el rastro de la presuntas comisiones ilegales pagadas en torno a la operación de compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera. Tras nueve años y seis meses de instrucción, el caso Icfem, una presunta trama de corrupción en torno a los fondos europeos destinados a cursos de formación laboral en las Islas que sigue el rastro a la posible desaparición de 13,5 millones de euros, está a la espera de una prueba pericial que puede prolongar la investigación dos años más, mientras cinco ex directores generales del Gobierno de Canarias cargan con la palabra imputado a sus espaldas.
Y tras cuatro años de operación Faycán, la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde que conmocionó a la población grancanaria, aún se practican diligencias y se piden imputaciones nuevas que sumar al casi medio centenar de implicados, según una información de Pedro Guerra en el periódico La Provincia-DLP.
¿Por qué se eternizan los casos de corrupción? Guillermo García Panasco, fiscal jefe provincial de Las Palmas, alude a varios factores para encontrar una explicación: "Son unos temas de mucha complejidad, desde el delito en sí como en cuanto al número de personas implicadas; requieren un análisis minucioso de la documentación; el nivel de impugnaciones y recursos que presentan las partes es bastante elevado; y existe una carencia de medios en general que dificulta la labor de investigación", explica.
Estructura judicial
Sin embargo, un detalle fundamental es que "la estructura judicial actual no está pensada para este tipo de investigaciones", considera García Panasco. "El juez solo en su juzgado tiene muchos problemas para investigar estos casos, y creo que una de las soluciones es dotar de mayores competencias a la Fiscalía para investigar", asegura.
Precisamente por problemas de funcionamiento de los juzgados se eterniza la operación Góndola, la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento de Mogán que mantiene a su alcalde, Francisco González, y a varios de sus concejales imputados. Góndola lleva tres años y un mes desde que se presentó una denuncia en el juzgado que daba cuenta de irregularidades urbanísticas en el municipio. Un caso con apenas una docena de imputados y con abundante y contundente prueba documental obtenida a través de los pinchazos telefónicos.
Pero el juez instructor que abrió el caso, Alexis Reyes, solicitó un cambio de destino en diciembre pasado y desde entonces apenas se ha movido un papel de los legajos por parte de su sustituta, Mónica Oliva, que se da la circunstancia de que es hija de un cargo del Partido Popular imputado en el caso Faycán. La nueva magistrada, obviamente, lo primero que ha tenido que hacer es estudiar a fondo la causa.
Uno de los primeros casos de corrupción que estalló en Canarias, la operación Eolo, lleva cuatro años y dos meses de instrucción y, posiblemente, será el primero que juzgue. Con seis imputados por intentar amañar el concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, un jurado popular verá el caso, como muy pronto en el primer semestre del próximo año.
Y así ocurre con casi todos: Tindaya se investigó durante cuatro años y dos meses y luego quedó archivado; el magistrado José Antonio Martín fue juzgado tras tres años y ocho meses; Paraíso y Brisan llevan casi tres años...
* Telde Actualidad - 20.07.09
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
