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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado un proyecto urbanístico en Peñíscola que contemplaba la construcción de más de 300 viviendas en un sector "inundable" y que fue aprobado por el ayuntamiento en 2003 y avalado posteriormente por la Comisión Territorial de Urbanismo en mayo de 2004.
La sentencia, dictada el pasado día 2 de septiembre de 2008, la dio a conocer ayer la asociación de vecinos Camí Vell, colectivo que tras cinco años de peleas judiciales ha logrado frenar el denominado Plan de Reforma Interior (PRI) delimitado por las calles N-26, N-17, N-36 y la avenida Papa Luna.
El fallo judicial es muy claro al declarar que la zona en cuestión está efectivamente afectada por el Plan de Acción Territorial de Riesgos de Inundación (Patricova) de la Generalitat. En este sentido, destaca la afección de drenajes al mar desde los barrancos Moles y Mongells, apuntando al respecto que es un sector inundable.
La sentencia emitida por el TSJCV determina que "no se han adoptado ninguna de las medidas previstas, pues ni se ha realizado el estudio de inundabilidad, ni las correspondientes actuaciones de drenaje, ni en definitiva consta que se haya efectuado estudio alguno de la incidencia de riesgo de inundación en la zona y la consecuente adecuación del planeamiento". En consecuencia, en el fallo se declaran "los citados actos contrarios a derecho, anulándolos y dejándolos sin efecto". La sentencia, según señaló el portavoz de Camí Vell, Ezequiel Llorach, es firme y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ya ha ordenado su ejecución a los servicios territoriales en Castelló.
El proyecto urbanístico se aprobó de forma provisional por el Ayuntamiento de Peñíscola el 25 de septiembre de 2003 y de forma definitiva el 18 de noviembre de 2004, mientras que la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón avaló todas estas actuación el 4 de mayo de 2004. Desde la entidad vecinal aseguran que "muchos de los que ejercen funciones en el ámbito urbanístico de Peñíscola en la actualidad, tanto técnicos como políticos, aprobaron activa o pasivamente este proyecto sin tener en cuenta la inundabilidad", por lo que consideran los vecinos que "éstas personas pusieron en peligro la vida y los bienes de terceros que hubieran podido adquirir sus inmuebles en esta zona inundable".
Ezequiel Llorach lamentó que "éstas mismas personas son las que ahora pretenden aprobar un Plan General de Ordenación Urbana según una ley, la LRAU, derogada hace más de tres años", por lo que apuntan que "algo falla en el urbanismo en Peñíscola".
Responsabilidades políticas
Para la asociación de vecinos la resolución del tribunal pone de relieve que "ninguna administración posee carta blanca sino que existen unas reglas que deben ser respetadas por todos". Del mismo modo, consideran que "el Ayuntamiento de Peñíscola debe extraer las consecuencias lógicas de lo anterior respecto a la tramitación del Plan General" y exigen, tras conocer la sentencia, "que se asuman las responsabilidades políticas oportunas", así como la "apertura de expediente a los técnicos que participaron en este proyecto para depurar sus responsabilidades".
Los vecinos de Camí Vell recordaron para concluir que si la entidad no llega a presentar la denuncia, el plan hubiera salido adelante.
* Levante-EMV - Noemí Oms - 17.02.09
Foto: PARALIZADO. Panorámica del sector donde se pretendía construir y que se asienta sobre una zona inundable incluida en el Patricova. - lluïsa garcia, levante-emv
El TSJ paraliza la construcción de 300 pisos sobre suelo inundable
Correa vinculó entregas de dinero al PP con adjudicaciones de obras de Cascos
ELPAÍS/Madrid* : En las casi 18 horas grabadas a la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa, entre otras decenas de frases explosivas o incriminatorias, el jefe de la trama suelta un auténtico misil contra el actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y ex ministro de Fomento de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene".
Bárcenas niega tal entrega de dinero y la dirección del PP afirma creerle sin titubeos. Bárcenas se muestra tan alarmado como indignado al conocer el contenido de tales imputaciones de Correa sobre su persona, y no descarta emprender acciones legales contra él si se confirma que ha sostenido tales acusaciones, que juzga "absolutamente falsas y calumniosas".
El actual tesorero del PP -cargo que recibió en junio de 2008 tras tomar el testigo de su amigo Álvaro Lapuerta- sospecha que tal afirmación procede del resentimiento que le guarda Correa. En mayo de 2004, Bárcenas contribuyó personalmente, como gerente del partido, a declarar a Correa persona non grata en el PP nacional, tras conocer que invocaba el nombre del partido y de su tesorería nacional para exigir la adjudicación de contratos en ayuntamientos de Madrid en manos de los populares.
Lapuerta, tras confirmar tal sospecha en una reunión con alcaldes del noroeste madrileño, puso fin, con el pleno apoyo de Mariano Rajoy, a 12 años de contrataciones en régimen de monopolio con Correa para organizar los actos electorales del PP nacional. Bárcenas, con el beneplácito del entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, vetó incluso la adjudicación del contrato de organización del congreso nacional del partido en Valencia de junio de 2008. Correa perdió así el principal atractivo de su tarjeta de visita: ya no era el sempiterno organizador de los actos del partido ni podía decir ante sus potenciales clientes: "Vengo en nombre de Génova, de la tesorería".
Desde entonces, Correa se refugió en contratos logrados en las administraciones autonómicas madrileña y valenciana, bajo mandato de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente. Bárcenas incluso llegó a plantear: "Que lo contraten [a Correa] los de Valencia si quieren, pero nosotros, no". Fuentes de la actual dirección nacional del PP consideran que el tesorero está fuera de sospecha en esta trama.
El sumario en algo sí le da la razón a Bárcenas: Correa lo odia. En un momento dado afirma lo siguiente: "Anoche me despaché con Bárcenas". El enfrentamiento parece vinculado a "la deuda del PP" con las empresas de su red. Las transcripciones arrojan cierta luz sobre tal resentimiento: "Yo facturaba más de 500 millones al año". Tal cifra parece adjudicarla Correa a campañas del PP a escala nacional, pero podría incluir otros conceptos, otras fuentes de negocio.
Personas relacionadas con Correa afirman que tuvo una honda amistad en la década de los noventa con Francisco Álvarez-Cascos, una relación que declinó posteriormente. Lo cierto es que en los dos años donde se le han grabado 15 reuniones (2006-2007), Correa no sólo se queja con amargura del impago de deudas del PP nacional con sus empresas, sino también de la morosidad del Gobierno de Aguirre. Llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular del ex consejero de Deportes Alberto López-Viejo, uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos.
Correa lo retrataba así: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP.
Sin embargo, las mismas fuentes sí aceptan que pudo haber irregularidades en tales contrataciones con las Administraciones de Madrid, o de Valencia, en algunos casos a través de empresas tapadera, pero sostienen que sirvieron sólo para el lucro personal del cargo público implicado y del contratado, pero no para financiar el partido. Correa tiene en su mano despejar tal duda. "Yo nunca cantaré", dijo antes de acabar en prisión. Sus interlocutores en las conversaciones grabadas tienen algo muy claro. "Por eso te tienen tanto miedo, Paco. Lo sabes todo de todos. Los tienes pillados".
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 16/02/2009
Los tribunales han ilegalizado ya 10.000 camas turísticas en la isla de Lanzarote
LAPROVINCIA* : El TSJC ha anulado las licencias de 22 complejos y aún quedan pendientes cinco resoluciones más. Unas 8.000 plazas están en funcionamiento y muchas forman parte de los hoteles de mayor lujo. El mapa de Lanzarote está plagado de volcanes y, desde hace un lustro, también de hoteles y apartamentos ilegalizados por los tribunales.
El proceso abierto en el año 2000 por el Cabildo de Lanzarote para denunciar ante los tribunales a establecimientos turísticos que a su entender vulneraron el Plan Insular de 1991 y su posterior revisión, la llamada moratoria insular, se tradujo en el inicio de procesos judiciales contra 27 complejos, 22 de los cuales ya han visto anulada su licencia, quince de ellos en Playa Blanca (Yaiza) y siete en Costa Teguise (Teguise). Para los cinco restantes, pendientes de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo acabar en la misma cuneta.
Este avalancha de sentencias judiciales favorables a las tesis de la corporación insular ha dejado un reguero de plazas ilegalizadas, en concreto 9.657, cifra que se elevaría hasta las 11.396 una vez que, como todo indica, se sumen otras cinco resoluciones en el mismo sentido.
Los fallos confirman la existencia de una amplia gama de incumplimientos, entre ellos la ejecución de obras que no se corresponden con el proyecto para el que se obtuvo autorización previa, permisos concedidos por los ayuntamientos durante el periodo de suspensión de licencias o la ausencia de informes jurídicos en Teguise y la "mera apariencia de informes" en Yaiza e incluso negativos, entre otros. También se avaló la tesis de que es imprescindible contar con el informe de compatibilidad con el Plan Insular, que debe emitir el Cabildo, una obligación con la que tampoco cumplieron.
DE LUJO. Entre el listado de hoteles y complejos de apartamentos cuyo futuro se encuentra en el aire se encuentran algunos de los hoteles más modernos de la Isla y todos los de gran lujo ubicados en la localidad de Playa Blanca. Alrededor de ocho mil de las camas que han sido anuladas por la Justicia se encuentran actualmente en funcionamiento y suponen aproximadamente el doce por ciento de la oferta alojativa insular.
Junto a estas 27, los abogados y técnicos del Cabildo detectaron otros trescientos casos de presuntas irregularidades en planes parciales, pero desistió de denunciarlos con el argumento de centrarse en las plazas turísticas.
* La Provincia - GREGORIO CABRERA - ARRECIFE - 16.02.09
Foto: laprovincia.es
Palma: Un juez acusa a Cort de permitir el crecimiento ilegal de Son Olivaret
DIARIODEMALLORCA* : Una sentencia critica que el Ayuntamiento persiga a los propietarios de las casas y al mismo tiempo les facilite agua corriente. Un juez de Palma, Juan Manuel Sobrino, acusa al Ayuntamiento y al Consell de Mallorca de haber permitido el desarrollo de una urbanización ilegal, como es la de Son Olivaret, en la barriada de Sant Jordi.
El magistrado se pronuncia en una sentencia sobre el caso de un parcelista que construyó, no una, sino dos viviendas sin autorización, y que por ello fue juzgado y acusado de un delito contra la ordenación del territorio. La denuncia la formuló el ex teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos.
El juez dicta una sentencia absolutoria contra el parcelista porque existe la posibilidad, al menos como intención política, de que su vivienda pueda ser legalizada en un futuro, por lo que no tendría sentido que se le condenara ahora por un delito contra la ordenación del territorio.
El crecimiento de esta urbanización de Sant Jordi se remonta a principios de los años 90. En estos momentos hay cuantificadas más de 120 viviendas levantadas. Hay vecinos que viven todo el año en estas casas, pese a que saben que se trata de construcciones ilegales levantadas sobre suelo rústico o ganadero.
Al resolver este caso, el juez Sobrino mantiene que no existe duda alguna de que Son Olivaret es una urbanización ilegal, pero ello no ha impedido que los vecinos disfruten de sistema de agua corriente, luz eléctrica facilitada por Gesa, línea de teléfono y servicio de recogida de basuras. Es decir, los propietarios disfrutan de los mismos servicios que una urbanización legal.
El magistrado considera, y así lo señala en su sentencia, que es "incongruente" que el ayuntamiento de Palma persiga a un propietario por levantar una vivienda sin permiso y le acuse de cometer un delito contra la ordenación del territorio, pero al mismo tiempo se preocupe por proporcionarle servicios públicos como puede ser el agua corriente o la recogida de basuras. Y es por ello por lo que el magistrado se plantea en la sentencia porqué Cort inicia un expediente de infracción urbanística contra unos vecinos, y no contra la totalidad de los propietarios que han construido viviendas en esta urbanización. También entiende el juez que es una política absurda que el consistorio considere que la construcción de estas casas se considere que son contrarias al planeamiento urbanístico de Palma, pero al mismo tiempo Cort les cobre a los vecinos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles como si se tratara de viviendas legales.
Durante el juicio los testigos que fueron llamados a declarar por la abogada defensora, Isabel Coll, recordaron las visitas que hizo el ex alcalde de Palma, Joan Fageda, a Son Olivaret. El entonces primer edil les prometió una solución a esta situación irregular y les puso en contacto con una serie de técnicos para iniciar el proceso de legalización de la urbanización. De hecho, los propios vecinos contrataron a un arquitecto para que redactar un plan especial como paso previo a la legalización de Son Olivaret.
La absolución del vecino que ha construido estas dos casas también ha supuesto el rechazo a la petición de la fiscalía, que pidió que se iniciara una investigación a todos los vecinos que han construido ilegalmente sus casas y que están disfrutando de los servicios públicos.
El fiscal consideró que si todo el vecindario disfrutaba de los mismos servicios no se podía perseguir sólo a uno de ellos al que, por cierto, solicitó una pena de un año y tres meses de cárcel por construir sin licencia.
* Diario de Mallorca - J.FRANCISCO MESTRE - 16.02.09
Foto: La urbanización de Son Olivaret está en Sant Jordi y cuenta con más de cien casas. - Lorenzo, diariodemallorca.es
Azata, promotora de El Algarrobico, también sembró la polémica con una promoción de lujo en Boadilla
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ELCONFIDENCIAL* : Azata, la promotora de José Domingo Rodríguez Losada responsable del macrohotel El Algarrobico, va sembrando la polémica allá por donde construye. La mole de más de 20 plantas que se yergue sobre un terreno protegido del parque natural del Cabo de Gata, en Almería y a 14 metros del mar, fue objeto ayer de una nueva acción de Greenpeace, que recordó su condición de “hotel ilegal”. Pero El Algarrobico no es la única promoción de Azata cuestionada.
La urbanización La Alcazaba, de 219 chalets de lujo en Boadilla del Monte, ya levantó sospechas en su momento. El alcalde de esta localidad madrileña, Arturo González Panero, está imputado en la operación Gürtel contra la corrupción y el blanqueo vinculados al PP.
Casualmente, fue Panero el edil encargado de aprobar La Alcazaba de Boadilla y Leopoldo Arnaiz, el arquitecto de la promoción, además del asesor del planeamiento urbanístico de la localidad. Los socialistas de Boadilla destacaron en su día –y así figura aún hoy en su página web- que “tanto la empresa inmobiliaria como el arquitecto tienen un vasto currículo en materia urbanística (…) El pelotazo está asegurado”. Arnaiz fue imputado junto al ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, en un affaire de recalificaciones fraudulentas, conocido como el escándalo de Compodón.
Parece que Rodríguez Losada tiene querencia por los municipios sospechosos de corrupción. En Marbella tienen su sede Azata Patrimonio y Pinar del Rey 56; en Estepona, objeto de la Operación Astapa, Azata también proyectaba construir “el mayor complejo comercial de España”, de la mano de Costasol de Hipermercados.
La ‘marbellización’ de Boadilla
En Madrid, Azata ha sido muy activa en los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Las Rozas y Boadilla del Monte. Concretamente en Boadilla, al igual que en Almería, La Alcazaba despertó las quejas de la oposición y los ecologistas, que criticaron “la marbellización” de la localidad, al planearse pegada al encinar del Monte de Boadilla.
Azata consiguió que su Plan Parcial "Sector Camino Bajo – Depuradora" fuera aprobado en 2001. Cuatro años más tarde, Ley 9/2001 del Suelo mediante y un Plan General de Ordenación Urbana nuevo, se dio luz verde definitiva a La Alcazaba. Eso sí, con un aumento de la edificabilidad superior al 120%, según el grupo ecologista Boadilla Ecológica.
Una portavoz de Ecologistas en Acción ha señalado a El Confidencial que “todo el plan general de Boadilla es muy sui generis, lo que da posibilidad a todo tipo de tropelías. Hay un sistema de convenios que permite salvar las expropiaciones a cambio de suelo en otro sitio”. Como quiera que el plan de Azata fuera aprobado a caballo entre dos leyes del suelo madrileñas, "La Alcazaba se benefició del aumento de edificabilidad de una y se libró de la obligatoriedad de construir vivienda protegida de la otra", asegura.
Pero José Domingo Rodríguez de Losada no se ha beneficiado solamente de administraciones populares, como demuestra el reincidente apoyo por parte de la Junta de Andalucía en el Algarrobico. En la nota de prensa que lanzó ayer Greenpeace a propósito de su acción, la organización ecologista denunció la actitud del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, “que ha dejado de lado la legalidad y sigue permitiendo que el hotel continúe en pie a pesar de los doce pronunciamientos judiciales en su contra. De hecho, parte de estos pronunciamientos judiciales apoyan los argumentos defendidos por el propio Ministerio sobre la utilidad pública de los terrenos”.
Medio Ambiente aboga por abandonar la expropiación de El Algarrobico
"A pesar de todas las sentencias sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, el Ministerio que se supone debe defender el Medio Ambiente ha decidido paralizar la recuperación de los 100 primeros metros de playa" declaró Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. En esto no se diferencia demasiado del ático de José Blanco en VillaPsoe (A illa de Arousa).
Tras la sentencia del pasado mes de septiembre, por la que el Juzgado número 2 de Almería declaraba nula la licencia de obras del hotel, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un informe a la Abogacía del Estado para analizar cómo afectaba la sentencia al proceso de expropiación. El resultado final fue un informe en el que, sin ningún argumento jurídico de peso, se aboga por abandonar el proceso de expropiación.
Hace dos semanas, Greenpeace mostró su rechazo a estas conclusiones de la Abogacía, y le hizo llegar un escrito sobre sus consideraciones al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa y a la Directora General de Costas, Alicia Paz.
"La pasividad del Ministerio sólo sirve para dilatar un proceso que debía haber culminado hace tiempo. Están siguiéndole el juego a la promotora Azata del Sol y al Ayuntamiento de Carboneras. Es el mundo al revés", concluía Greenpeace.
* El Confidencial - Fátima Martín.- 13/02/2009
Foto: Algarrobico (Almería), tapado por Greenpeace - greenpeace
Más de 3.000 personas se manifiestan con 'Galiza non se vende' para reclamar "derecho a tierra viva y vida digna"
EUROPAPRESS* : Entre 3.000 y 3.500 personas --según estimaciones de la Policía Local de Santiago-- se manifestaron hoy con la plataforma 'Galiza non se vende', en la que se integraron 57 colectivos y asociaciones, por las calles de la capital gallega para protestar contra las políticas sociales y ambientales de la Xunta y reclamar el "derecho a una tierra viva y una vida digna".
A la convocatoria acudieron desde asociaciones en defensa del medio ambiente hasta colectivos independentistas o agrupaciones locales que se oponen a infraestructuras proyectadas por el Gobierno gallego. La marcha, que salió pasadas las 12.30 horas de la Alameda compostelana, recorrió varias calles de la zona nueva y del casco antiguo de la ciudad hasta acabar en la Praza da Quintana, donde varios representantes de diferentes agrupaciones leyeron un manifiesto.
En él, denunciaron las "políticas sordas y mudas" del Gobierno gallego ante las "crisis económica, ambiental y energética" y manifestaron su "más enérgica protesta" ante el panorama que deja el bipartito PSdeG-BNG tras los tres años y medio al frente de la Xunta.
A la manifestación se incorporaron, entre otras, asociaciones como Amigos da Terra, la Federación Ecoloxista Galega, Verdegaia, la Plataforma Cidadá "Cultura si, mausoleo non", la Plataforma Contra a Variante Interior de Noia, el Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol o Burla Negra.
MANIFIESTO
En el documento conjunto recriminaron que, bajo una apariencia "supuestamente progresista", las políticas sociales y ambientales "son continuación" de las implantadas por gobiernos anteriores. "Usan el gasto público para alimentar este obsoleto e injusto modelo económico y social", afirmó uno de los representantes durante la lectura del manifiesto.
Asimismo, censuraron el "olvido interesado de los más necesitados" en la actual situación de crisis a los responsables políticos y señalaron que existe una "falta de verdaderas políticas sociales". Arremetieron también contra lo que calificaron de "marbellización" de la costa gallega y el planeamiento urbanístico.
En concreto, fueron objeto de crítica el Plan Acuícola, que "devasta zonas de la costa en beneficio de multinacionales"; los proyectos de construcción de puertos deportivos; el plan de minería, que constituye un "triste modelo de expoliación del territorio"; y el decreto eólico, pues "no tiene en cuenta áreas de alto valor" ecológico y patrimonial y "regala" los montes gallegos a las empresas eléctricas.
"CANTINELA" DE CREACIÓN DE EMPLEO
Todas estas iniciativas, prosiguieron, están "camufladas bajo la cantinela de la creación de puestos de trabajo" y aseguraron que no se tienen en cuenta los que "se destruyen" en actividades como la pesca y el marisqueo artesanal y la agricultura.
Los manifestantes denunciaron también la contaminación de los ríos o la implantación de "industrias nocivas y peligrosas, como Reganosa, Sogama o Ence-Elnosa" y rechazaron el traslado de la planta de celulosa a As Pontes. En cuanto al transporte, recriminaron al bipartito que "abandone el transporte público" y se preguntaron "¿quién les pidió el AVE? ¿Vamos a trabajar a Madrid todos los días? ¿Para qué lo queremos?".
"La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra y, por eso, no la podemos vender", concluyó la declaración pública, tras la que los congregados en la Quintana volvieron a gritar el lema de la manifestación: "Goberne quen goberne, Galiza non se vende --gobierne quien gobierne, Galicia no se vende".
BLOQUE SOCIALISTA POPULAR
En la marcha, en la que se escucharon lemas contra los tres grupos políticos con representación en el Parlamento gallego, tuvo cabida también la sátira y un grupo de personas, con pancartas de un supuesto 'Bloque Socialista Popular', corearon a modo de parodia consignas como "ninguna ría sin piscifactoría", "embalses para todos y para todas", "menos cultura y más infraestructuras" y "contra Fraga vivíamos mejor".
Además, algunos de los manifestantes tomaron los lemas de campaña elegidos por los grupos políticos y los parodiaron con carteles en los que se podía leer "el presidente de nadie y contra todos" --en referencia a los mensajes del candidato del PSdeG que rezan "El presidente de todos. Contra nadie"-- y con gritos de "yo no soy Anxo Quintana" --en referencia al vídeo del aspirante del BNG en el que se proclama 'Eu son Anxo Quintana'--.
* Europa Press - 15.02.09
Foto: Manifestantes de 'Galiza non se vende' en las calles de Compostela - R.Escuredo, elcorreogallego.es
Monòver acumula 1.000 expedientes urbanísticos sin ejecutar en tres años
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ELPAÍS/Alicante* : En el municipio de Monòver la disciplina urbanística amenaza con derivar en un Expediente X. El Ayuntamiento, en manos del PP con el apoyo de dos ediles independientes, acumula desde 2005 más de 1.000 expedientes por otras tantas infracciones urbanísticas paralizados, según datos recabados por el este periódico de fuentes municipales.
Entre los expedientes por irregularidades urbanísticas "dormidos", según las mismas fuentes, está uno que afecta directamente al concejal del PP Isidro Tendero. El edil realizó una obra supuestamente ilegal en su chalé, sito en una partida rural, denunciada por el grupo socialista en mayo de 2008. Dos semanas más tarde se incoó el correspondiente expediente, todavía inconcluso como el resto de actas levantadas.
El equipo de gobierno local, que preside Salvador Poveda, del PP, ha declinado ofrecer su versión sobre el estado de las actas por infracción urbanística que los servicios de inspección han levantado desde 2005. Hasta mayo de 2008, la competencia de la disciplina urbanística recaía en el concejal de Urbanismo, Emilio Argilés. Sin embargo, a partir de esa fecha pasó a manos de la junta de gobierno. Argilés rehusó hacer comentarios sobre ese aspecto alegando que no le competía y Poveda no atendió la llamada de este periódico.
En el pleno del viernes, la mayoría del equipo de gobierno aprobó otra modificación en el departamento de disciplina urbanística. El trámite de los expedientes lo ejecutará el alcalde y la sanción a la que hubiere lugar la fijará la junta de gobierno.
Aparte de esta ambigüedad sobre la disciplina urbanística, el municipio está pendiente desde junio de 2007 de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento prevé recalificar 15 millones de metros de terreno y hasta 33.000 nuevas casas.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 15/02/2009
Foto: Monóvar (Alicante), ayuntamiento - es.viajes.yahoo.com
Decenas de vecinos de Pozo Alcón, imputados por chalés y naves ilegales
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IDEAL/Jaén* : La Guardia Civil ha comenzado ya a tomar declaración a decenas de vecinos de Pozo Alcón a los que se está imputando un delito contra la ordenación del territorio. Los especialistas en temas urbanísticos del Seprona llevan meses investigando las construcciones supuestamente irregulares en el término municipal. Entre las personas llamadas a declarar están anteriores responsables municipales, además de particulares.
En Pozo Alcón, en terrenos que están a las puertas del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, no se han detectado urbanizaciones ilegales, sino la proliferación de construcciones aisladas con uso residencial mayoritariamente y también algunas naves de aperos. Están sobre suelo no urbanizable que, en algunos casos apuntan fuentes de la investigación, gozan de algún nivel de protección. En un pri momento, el número de construcciones supuestamente ilegales detectadas superaban el medio centenar. En esta fase de imputaciones abierta ahora habrá una segunda criba en la que algunos vecinos podrán sacudirse la sospecha de haber cometido infracción penal. Pero el número de llamados a declarar como imputados se cuenta por decenas.
Las pesquisas llevaban paradas desde el mes de junio pasado, cuando el Instituto Armado confirmó la masiva presencia de casas irregulares en el término municipal. Casi un año antes, la actual alcaldesa, Pilar Salazar, había pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística en la localidad. «A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa -en junio de 2007-, recibí información de la propia Guardia Civil de que se iban a producir en Pozo Alcón por parte del Seprona actuaciones de inspección sobre ilegalidades urbanísticas». La regidora ha explicado que «ante la alarma social que ésto podría producir, esta alcaldía se dirigió a esta institución (la Guardia Civil) para que antes de que se produzcan actuaciones de difícil solución» se le diese la oportunidad de «regularizar las situaciones de uso y transformación de edificaciones disconformes con la legalidad vigente». Primero había que determinar qué es lo que había que arreglar. Así que se pidió a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística.
Trámites lentos
Ayer, Salazar indicaba que algunos vecinos habían quedado fuera de la lista de imputados gracias a la gestión del Ayuntamiento. Sin embargo, la salvación legal para esas construcciones requiere mucho tiempo. El Seprona y la Justicia van más deprisa. La regidora de Pozo Alcón explica que la modificación del Plan General de Ordenación de Urbana del municipio está «en fase de avance», ya que el trámite se inició el año pasado con la adjudicación de la redacción del nuevo plan.
«Ha habido desde entonces varias reuniones con distintas consejerías de la Junta en Sevilla, pero cuando un procedimiento judicial empieza tiene que acabar. Aún no hay un avance del plan aprobado» -documento que podría servir de tabla de salvación a aquellos que tengan su parcela en terrenos que se declaren urbanizables- y el trámite es lento.
Según declaró la alcaldesa el pasado mes de junio «regularizar, es decir, legalizar todo aquello que sea susceptible o posible». Pilar Salazar insistía en «dejar muy claro que la intención de esta alcaldía es resolver, solucionar, y que estas situaciones no se vuelvan a producir nunca».
El Seprona ha hecho ya este tipo de batidas en media docena de municipios de la provincia, con varios alcaldes imputados.
* Ideal - J. E. POVEDA - 15.02.09
Foto: Vista general de Pozo Alcón, en la sierra de Cazorla. /IDEAL
Alicante: El PGOU de los 100 días y 100 noches
ECOLOGISTASENACCIÓN* : No tuvieron ningún recato los redactores del proyecto de revisión del PGOU de Alicante (el arquitecto Jesús Quesada Polo y su equipo) en afirmar en público que su trabajo lo realizaron en 100 días y sus respectivas noches. Dieron a entender que tuvieron poco tiempo y que lo aprovecharon al máximo.
No sabemos si el trabajo nocturno está contemplado en los despachos de arquitectura o si es legal, pero el resultado final es coherente con ese corto espacio de tiempo para redactar el principal documento urbanístico de un término municipal de más de 200 km2. Pues hay que decir que ese proyecto de PGOU tiene abundantes errores, le faltan documentos importantes, y parece redactado para cubrir el expediente, en lugar de ser una propuesta seria, fundamentada y razonada.
Las prisas le vinieron al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante de la anterior holgazanería y desprecio mostrados, pues desde marzo de 2003 (aprobación del Concierto Previo), o quizás desde antes, desde el despido del anterior redactor Lluis Cantallops, hasta mediados de 2007, no se movió ni un papel ni un músculo. Cuando era evidente que el plazo impuesto por el reglamento de la LUV (Ley Urbanística Valenciana) prescribía en abril de 2008 (y aún no se había hecho nada), vinieron las prisas, pues eso significaba que el Concierto Previo caducaba y había que empezar desde cero, o sea retrotraer el proceso de elaboración del PGOU a marzo de 2001. El respaldo legal del Plan Rabassa estaba en peligro. Las presiones sobre la Conselleria dieron el resultado, pues se aprobó por Decreto una modificación del ROGTU(Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística) de forma retroactiva y la fecha de caducidad se retrasó por arte de magia seis meses (hasta el 18 de octubre de 2008) y ya para esa fecha estaba listo el bodrio de PGOU preparado por el nuevo equipo redactor.
El PGOU es desarrollista, expansionista, insostenible ambientalmente y apuesta por el crecimiento en una época de crisis y decrecimiento. El único límite auto impuesto parece que está en que la ocupación de nuevos suelos no supere el 30% de lo ya ocupado, pues según la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio todo m2 que lo supere deberá pagar 6 euros a un Fondo de Sostenibilidad gestionado por la Generalitat. Se reclasifican casi 17 millones de m2, incluyendo al Plan Parcial de Rabassa (3,78 km2), de forma que el suelo urbano y urbanizable pasa 46,76 a 63,52 km2, un incremento del 35%. Se proyectan casi 100.000 nuevas viviendas en un horizonte a medio plazo del 2036, horizonte con una gran incertidumbre en cuanto al posible aumento de la población, ya que ésta ha aumentado en la última década al rebufo de la inmigración exterior, con unas tasas de crecimiento de la población local que no llegan a las necesarias para el mantenimiento de la misma. Es más que probable que la población se estanque o que aun retroceda, y hay muchos interrogantes sobre la evolución de la inmigración en los próximos años, dada la situación de crisis económica.
Se apuesta por extender las redes viarias motorizadas (nuevas autovías A-10, A-20, A-30 y conexiones entre esas autovías y las actualmente existentes), siguen escaseando las zonas verdes urbanas, se apuesta por las grandes superficies comerciales en detrimento del pequeño comercio tradicional pues se proyectan 5 nuevas grandes superficies comerciales, que se presentan con el falso nombre de “Centros Cívicos”. Las dotaciones que se promueven solamente son para la “nueva” ciudad que se proyecta, dejando a la ciudad consolidada huérfana de nuevas dotaciones, tan necesarias en la mayoría de barrios de la ciudad y con un déficit crónico.
En resumen el Proyecto de Revisión del PGOU de Alicante es:
- Desarrollista: pretende incorporar al suelo urbanizable casi 17 km2 (el 8% del término municipal) y prepara el terreno para la construcción de casi 85.000 nuevas viviendas. No existe el concepto de rehabilitación ni la mejora del actual parque de viviendas ni de los barrios existentes.
- Insostenible ambientalmente: pues incorpora nuevos suelos urbanizables en suelos con gran potencial agrario, alto valor paisajístico y ambiental(Bacarot), y pertenecientes a la antigua Huerta de Alicante (sector Torres de la Huerta, con más de 17.000 viviendas previstas)
- Poco respetuoso con espacios naturales: pretende circunvalar la Sierra de Fontcalent con una nueva autovía, y rodearla de suelo industrial, pretende construir una carretera y nueva zona terciaria-hotelera en el perímetro de afección del Saladar de Agua Amarga, da el visto bueno a la construcción de más de 13.000 viviendas en Rabassa, rodeando las lagunas de edificios
- Dependiente del coche: el transporte motorizado es el centro de la movilidad prevista, pretende construir muchos aparcamientos subterráneos en el subsuelo de los viarios y zonas verdes, impulsa nuevas autovías urbanas, no planifica el desarrollo del tranvía
- Negacionista del Cambio Climático: para los redactores del PGOU no existe el cambio climático, pues no lo incorporan como el principal problema ambiental, no impulsan las energías renovables en los edificios, no se marcan como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero
- Continuista: la ciudad de Alicante tiene un grave déficit de zonas verdes, y de equipamientos (escuelas, centros de salud, centros cívicos, etc) que este PGOU no pretende solucionar
- Poco democrático: no ha existido un verdadero proceso de participación ciudadana en la elaboración del PGOU, incumpliéndose las leyes (Ley 27/2006 que traspone el Convenio de Aarhus) y los reglamentos que regulan esa participación
- Al servicio de los promotores inmobiliarios, pues su principal preocupación es dotar a la ciudad de suelos para nuevas viviendas, que además no son necesarias y ajustarse a los deseos y demandas de ese sector social
* Ecologistes en Acció d’Alacant - 13.02.09
Foto: Alacant desde la Serra Grossa - ecologistasenaccion.org
Almuñécar prepara su referéndum
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ELPAÍS/Granada* : La cuenta atrás para votar sobre el futuro urbanístico de Almuñécar ha comenzado. Los más de 27.000 ciudadanos que tiene censados el municipio, el tercero en la provincia por número de habitantes, tienen la oportunidad de votar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, si están de acuerdo con la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborado por el Ayuntamiento sexitano.
El compromiso del equipo de gobierno, que lidera Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), es retirarlo si no es respaldado por el pueblo.
"Es por ti. Es por todos. Éste sí es tu referéndum". Desde el pasado día 12 no es raro encontrar en las calles del pueblo vallas publicitarias o banderolas con esos mensajes. El lema recuerda al que el Gobierno de la UCD empleó en 1981 pidiendo la abstención de los andaluces en el referéndum de ratificación de acceso al autogobierno por la vía rápida de la Constitución, el cual rezaba: "Andaluz, éste no es tu referéndum".
La tradicional pegada de carteles que sirve de arranque en campaña electoral ha sido sustituida en Almuñécar por un reparto en días sucesivos de cartelería para que los vecinos se impliquen y los cuelguen de sus balcones. Quizá sea por eso que la publicidad está más presente en el casco histórico y en la entrada del municipio que en la zona de la playa, donde las viviendas son normalmente segundas residencias.
El camino para llegar a esta consulta ha sido largo. Así lo recordó en la presentación de la campaña el secretario local de Convergencia Andaluza de Almuñécar y La Herradura, Rafael Contreras, quien hizo alusión a las "zancadillas puestas" por la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación que finalmente, subrayó, "han tenido que doblegarse en un tema donde el Ayuntamiento tenía razón".
El Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se denegaba en septiembre de 2006 al Consistorio la posibilidad de celebrar la consulta. Antes, ya se había opuesto a este propósito la Administración autonómica que argumentó que el Ayuntamiento carecía de competencias para convocarla. El alcalde recurrió la decisión y finalmente le dio la razón el Supremo que declaró nulo el acuerdo que se lo impedía. Será la segunda vez en 23 años que un ayuntamiento andaluz pide la opinión en urna a sus vecinos. Hasta ahora sólo lo había hecho el Ayuntamiento de Montellano (Sevilla) en mayo de 2001. El resultado de la votación, acerca de un asunto sobre el agua, fue contrario a la posición defendida por el gobierno local.
La consulta se realiza sobre la aprobación inicial del PGOU, que se hizo en 2005, pese a que fue aprobado provisionalmente un año después. Por esta razón, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Prados, cree una "farsa" el referéndum que achaca al empeño de Benavides de "salir en los medios de comunicación". El equipo de gobierno asegura que la iniciativa responde a su compromiso electoral de ofrecer a los ciudadanos un "ayuntamiento abierto y participativo".
Los partidos con representación en el Ayuntamiento -CA (10 concejales), PP (cinco), PSOE (cuatro) y uno de IU y otro del Partido Andalucista- tienen distintos puntos de vista sobre el plan y la consulta. Los tres últimos se oponen al planeamiento, mientras que el PP, que apoya el sí, junto a CA, ha censurado el gasto publicitario de Convergencia en tiempos de crisis.
En cualquier caso es un gasto estimado ya que el equipo de gobierno no ha hecho público a cuánto asciende económicamente la campaña ni la celebración del referéndum, si bien hay partidos como el PSOE que calculan que superará los 120.000 euros. "Es un gasto innecesario", lamenta Cuadros, porque además va a preguntar sobre un "plan diferente al que tramita con la Junta debido a las modificaciones que ha realizado en la aprobación provisional".
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Carlos Rojas (PP), que es a su vez alcalde de Motril, cree que es una "oportunidad única" para los ciudadanos de Almuñécar y aunque no es vinculante la consulta, Rojas cree que la Administración autonómica debe tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. "Cometería un tremendo error si no lo hace".
Reuniones con vecinos y asociaciones de cada barrio, entrega de material, además de la puesta en marcha para la ocasión desde el pasado mes de enero de un canal de televisión privado, Canal Tropical, forman parte de la campaña que provoca distintas opiniones entre los ciudadanos. El alcalde confía en que la participación sea mayoritaria para conocer qué quieren los sexitanos para el futuro de Almuñécar y su desarrollo.
Benavides cree un "hito histórico" la consulta que demuestra, en su opinión, que el planeamiento urbanístico es una competencia local por lo que recuerda a la Junta que su papel es el de velar para que se cumpla la legalidad vigente.
Si sigue adelante el PGOU sustituirá al aún vigente, que data de 1987. Desde entonces la población ha aumentado en Almuñécar más de un 25%.
* ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 15/02/2009
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
Condenan al ex alcalde de Ribadesella a seis meses de cárcel
ELCOMERCIO/Asturias* : El ex alcalde de Ribadesella y su mujer han sido condenados a seis meses de cárcel y a demoler la vivienda que construyeron en el terreno protegido de Covarosa, en el término municipal de Ribadesella.
La sentencia, que incluye también una multa de 3.600 euros para cada uno y la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante seis meses, responde a la condena por un delito contra la ordenación del territorio del que habían sido absueltos en el dictamen inicial del caso.
El ex alcalde del PP fue declarado culpable, en octubre de 2008, de un delito de prevaricación urbanística por el que se le condenó a ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Además, tendría que pagar una multa de 4.500 euros. Se le acusaba de concederle una licencia a su esposa, sabedor de que las obras superaban notoriamente las descritas en el documento. En aquella sentencia se condenó también a su mujer, Irene Vidal, como cooperadora necesaria en lo sucedido. Sin embargo, ambos quedaban absueltos del delito contra la ordenación del territorio del que también se les acusaba.
Recursos de apelación
Ninguna de las partes quedó conforme con aquel resultado y, este mismo mes, la fiscalía, la acusación personal y la defensa recurrían la sentencia. Los dos primeros lo hacían al entender que sí había existido un delito contra la ordenación del territorio, ya que «la primera sentencia recoge que se construyó en un espacio protegido y no pasó por la CUOTA». Incluso, el letrado de la acusación particular, Guillermo Medina, solicitó un aumento de la multa, por considerar que no se valoró la circunstancia personal del acusado.
La defensa también recurrió la sentencia aunque, en su caso, para pedir la absolución de la condena por el delito de prevaricación que implicaba una multa y la inhabilitación por un periodo de ocho años. No obstante, hay que decir que el riosellano decidió retirarse de la vida política al quedar fuera de la alcaldía en las últimas elecciones.
La jueza Paz González Tascón hacía pública ayer la sentencia firme en la que se admitía parcialmente el recurso de apelación presentado por la acusación e íntegramente la solicitud del fiscal, por lo que se condenaba al ex alcalde y a su mujer de un delito contra la ordenación del territitorio.
El letrado Guillermo Medina confirmaba ayer que sería «una sorpresa» que José Miranda y su mujer tuvieran que cumplir los seis meses de prisión, ya que ninguno de los dos tienen antecedentes penales y su condena es de menos de dos años. «Con toda seguridad pedirán la suspensión de la pena de privación de libertad, porque cumplen todos los requisitos», aclaró el abogado, que no quiso quitarle hierro al asunto: «La condena es muy seria, son seis meses de cárcel». El abogado confirmó también que la sentencia es firme. El ex alcalde de Ribadesella, José Miranda, no quiso hacer ayer declaraciones a este medio de comunicación y se justificó por el tiempo que lleva alejado de la política.
* El Comercio Digital - 13.02.09 -A. M. / I. C.
Foto: Ribadesella - elcomerciodigital.com
El TSJ anuló una permuta de suelo público en La Nucía que duplicó su valor en un año
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anuló unas permutas de suelo aprobadas por el Ayuntamiento de La Nucía a favor de la empresa Dragados después de que la promotora que adquirió posteriormente los terrenos lo vendiera en menos de un año por el doble de lo que pagó.
La permuta, consistente en nueve fincas rústicas repartidas por el término municipal, se adjudicó en concurso público a Dragados a cambio de la ejecución del centro cultural, además del aparcamiento y otras infraestructuras complementarias. El valor de la operación ascendió a 16.690.000 euros y la superficie total del suelo sumaba 362.866 metros cuadrados.
A instancias de otra constructora, el TSJ anuló en 2007 la operación urbanística al entender que no precisaba la "urgencia" con que la aprobó el Ayuntamiento de La Nucía, gobernado por el Partido Popular, además de considerar que la permuta de suelo público debe ser una medida extraordinaria y no de carácter general, como pone de manifiesto la sentencia.
Dragados escrituró las parcelas el 8 de junio de 2005. Ese mismo día las vendió a la promotora Gestrumar 2001 por el mismo importe de la operación, 16,6 millones de euros. Gestrumar 2001 hipotecó las fincas con CAM y Bancaja y las revendió en menos de un año, en sendas operaciones realizadas en mayo de 2005 y septiembre de 2006. Como consecuencia de ello, obtuvo el doble de dinero de lo que pagó.
La mercantil se quedó con una de las parcelas (la mayor de todas, de 115.383 metros cuadrados), seis se las vendió a Iberdrola y dos a Capital Golf. El montante de la operación superó los 34 millones de euros y las plusvalías de la misma rebasaron los 17, 3 millones de euros. La mayor parte de las fincas se incluyen en el plan de actuación integrada La Serreta.
Todo en menos de un año y mientras se tramitaba el citado PAI, aprobado por el Consistorio nuciero el 28 de septiembre de 2005 y ratificado por la Generalitat Valenciana en mayo del año siguiente.
Sin embargo, el TSJ ratificó en 2007 la suspensión del plan urbanístico, que prevé la construcción de 3.884 viviendas y de un campo de golf sin plenas garantías de recursos hídricos, de acuerdo con los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El proyecto aumentaría la población de La Nucía en 16.000 personas, el doble de su censo actual.
El fallo judicial se sumaba a otro anterior de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ redactado en términos similares. La resolución insistía en los mismos argumentos que sirvieron para paralizar el desarrollo de la macrourbanización en marzo de 2007 y consideraba que la documentación aportada por el consistorio que controla Bernabé Cano no variaba "en exceso las conclusiones del auto sobre el enorme incremento poblacional" que supondría el desarrollo del polémico PAI nuciero.
Los administradores de Gestrumar 2001 aparecen como socios de la sociedad Cases del Pinar junto a Andrés Ballester, presidente del grupo inmobiliario que lleva su nombre, y al empresario benidormense Roc Fuster, agente urbanizador del PAI La Serreta. La cúpula de Gestrumar también está ligada al Consejo de Administración de la mercantil Montera La Nucía, de la que es presidente Francisco Murcia Puchades. El máximo dirigente de los promotores alicantinos es el agente urbanizador del PAI Pie de Monte, el plan al que se vincula en la investigación abierta por el juez Garzón y del que intentaron hacer negocio algunos de los investigados en la presunta trama de corrupción ligada a la empresa Orange Market.
* Información - J. FAURÓ - 13.02.09
Foto: La Nucia - tagarinet
El urbanismo «silencioso» de Viveiro
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ABC/Lugo* : Primer varapalo judicial al urbanismo de Viveiro. El Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Lugo viene de anular la validez de una licencia urbanística para la construcción de un edificio de 200 viviendas en la parroquia de Covas en diciembre de 2006, que el Ayuntamiento concedió mediante el procedimiento de silencio administrativo, y saltándose los informes en contra del técnico municipal y las consellerías de Cultura y Política Territorial.
La juez titular del juzgado va más allá, al dar traslado del caso a la Fiscalía ante la existencia de «indicios» de infracción penal por posibles delitos, ya que la citada construcción se situaba en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
De hecho, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Viveiro ya investiga una denuncia por la vía penal de las mismas características de la ahora resuelta, y de la que ABC informó el pasado 4 de diciembre. La instrucción abarca hasta once licencias urbanísticas concedidas todas ellas mediante el procedimiento del silencio administrativo, y en cuatro de ellos la Policía Judicial atribuye -por ahora- al alcalde socialista Melchor Roel y su Junta de Gobierno la comisión de posibles delitos de prevaricación.
Ausencia documental
En la sentencia, notificada a las partes el pasado 28 de diciembre, la juez de lo Contencioso Administrativo estima en primer lugar que no ha lugar a la aplicación del silencio administrativo para la concesión de la licencia, ya que los plazos para beneficiarse de este procedimiento han de contabilizarse desde que toda la documentación del proyecto es presentada ante la administración competente, y no desde que se solicita inicialmente la licencia.
La magistrada estima que en el momento en que el Concello concede la licencia, el 4 de diciembre de 2006, el solicitante carecía del proyecto infraestructural común de telecomunicaciones y el estudio de seguridad y salud, ambos requisitos exigidos por la ley y sin los cuales «no es posible conceder la licencia ni expresamente ni por silencio».
Es más, la sentencia estima que tampoco se incluyeron ni el proyecto técnico ni la memoria urbanística, «y al faltar esta documentación no puede entenderse acreditdo el cumplimiento de la normativa aplicable». La juez acusa al ayuntamiento de «dar entrada de una forma bastante flagrande a un supuesto de silencio contra legem (contra la ley)», pero sin justificar jurídicamente su propia decisión.
Informe en contra
Lo que pretendía el Concello era pasar por alto la «expresa desautorización del proyecto por la Consellería de Cultura», un rechazo que no fue recurrido por la promotora pese a tratarse de un informe «previo, preceptivo y vinculante».
«De forma que no podría tenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planeamiento urbanístico», si bien posteriormente el Ayuntamiento contrató ex profeso a un consultor externo para que le elaborase un informe a medida con el que conceder este permiso.
La juez distingue entre la infracción administrativa y la posible infracción penal -por un delito contra el patrimonio, el territorio y otro de prevaricación-, y por ello remite el caso a la Fiscalía de Urbanismo. Así, entiende apreciar «temeridad» en la Junta de Gobierno que preside el alcalde Melchor Roel, ya que no cabe interpretación legal de la norma que ampare la actuación del Concello.
* ABC - JOSE LUIS JIMÉNEZ - 13.02.09
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
Trece empresarios hicieron negocio con la trama de corrupción del ´caso Faycán´
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Trece empresarios se beneficiaron del entramado organizado por el ya ex alcalde de Telde Francisco Valido y los concejales del Partido Popular Carmelo Oliva y María Antonia Torres, con la ayuda del que fuera interventor municipal, Enrique Orts, según el juez instructor del caso Faycán, Francisco Javier García.
En el auto que pone fin a la instrucción, el magistrado apunta a 17 compañías que se avinieron a pagar entre todas casi un millón de euros, según el auto, para lograr adjudicaciones o desbloquear pagos. Las comisiones oscilaban entre el 6 y el 8%, aunque hubo quien dio el 20%.
Antonio Nadal, director de zona de Cobra y Moncobra, pagó a través de su empleado Juan Francisco Gordillo, 102.434 euros, un 8% del total contratado, mientras que Ángel Omar Suárez, administrador de Planos, Gestión y Construcción y Patrimonial Pacific, abonó entre 62.714 y 83.618 euros. El representante de Gráficas Atlanta, Domingo Campos, dice el juez, pudo haber pagado 9.386 euros.
En el escrito se relata cómo el administrador de Mazotti, Alejandro Navarro, entregó al encargado de gestionar las comisiones, el asesor de María Antonia Torres, Francisco Gordillo, 180.000 euros. Era "tan habitual", que Cobra y Cementos Las Torres, cuyo directivo Pedro Betancor también está imputado, plasmaron estas cantidades en sus libros de cuentas.
Quien más dio fue Felipe Ojeda, el dueño de Ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez, que ya suministraba a Torres cuando era consejera insular. García calcula que desembolsó 269.050 euros, el 20% de los casi 2,7 millones que cobró.
En el caso de Fernando Verona, administrador de Acinox, el juez sospecha que arregló el local del PP para cobrar una deuda pendiente de 39.376,10 euros. En cuanto a Preconte, el auto recoge que a cuenta de las comisiones, su administrador, José Manuel Gutiérrez, dejó un piso y dos plazas de garaje al matrimonio Torres-Orts, e hizo reformas en la casa de Gordillo.
Mención aparte merecen Salvador Santana, marido de la entonces edila del PP Guadalupe López, y administrador de Desra y Cariragua, y su socio Antonio Medina, a quienes se les adjudicaban trabajos fraccionados y les desbloquearon proyectos pese a los informes negativos.
Otra de las empresas implicadas es Iturri, que tuvo un empleado que se doblegó a las comisiones, Víctor Hugo Rosales. Sin embargo, su sucesor se negó, lo que provocó que Orts revocara los confirmings a última hora. Quien sí dio 60.000 euros para desbloquear un pago de 1,5 millones fue Abelardo Martínez, ex director regional de Dragados.
Por su parte, José Manuel Antón, administrador único de Grupo Europa, llegó a Telde de manos del portavoz del PP en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez para hacer casas sociales a través de Urvitel. El juez habla de pagos por 90.000 euros que se justificaron con facturas falsas, entre ellas las hechas por Verónica García, empleada de Edasoft. En esta trama participó también uno de sus trabajadores, Francisco José Benítez.
La última empresa es Servicios Comunitarios, cuya representante, Mari Luz Navarro, es la denunciante del caso.
* La Provincia - E. M. A. - TELDE - 13.02.09
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El alcalde de Benitatxell urdió el chantaje a un promotor al detectar un fallo en el plan general
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LEVANTE/Alicante* : Un error urbanístico tan evidente que resulta incluso burdo. Un error que dio pie al alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, y a la primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos del Pideb, a urdir, en connivencia con el arquitecto municipal y un abogado que hizo de intermediario, un supuesto intento de soborno. Los cuatro están imputados por cohecho.
De la declaración que efectuó el propio alcalde el 9 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Xàbia, donde estaba detenido, se desprende que los dos políticos vieron en un fallo urbanístico fácilmente subsanable la oportunidad de pedir 50.000 euros al constructor Pedro Sánchez, cuyos terrenos urbanizables y ya reparcelados del plan parcial Vista Montaña III se declaraban en el nuevo PGOU como suelo no urbanizable de protección paisajística. Además, el constructor, aparentemente, tenía que pasar por el aro, ya que el plazo de alegaciones había terminado.
Pero el promotor denunció los hechos a la Guardia Civil. El pastel se destapó cuando la concejala Rheindorf, que es de origen austriaco, y el abogado Kai Oliver Wagner, que supuestamente ejerció de intermediario en el intento de soborno, iban a entregar los dos informes que confirmaban el error urbanístico y que el constructor había exigido para pagar los 50.000 euros. Esos informes los firmaban el propio alcalde y el arquitecto municipal. En el del primer edil, se especificaba que las parcelas quedarían como suelo urbano y el promotor "podrá solicitar la correspondiente licencia urbanística".
El alcalde confesó los hechos ante la Guardia Civil y mostró su arrepentimiento. Relató que le comentó a Rheindorf que el error de estas parcelas se podía corregir y que era la oportunidad de pedir al constructor "una aportación económica para el partido". En principio, según la declaración del propio alcalde, decidieron pedir al constructor 60.000 euros, pero este último dijo que era demasiado y consensuaron la cantidad de 50.000 euros. Cardona también declaró que el arquitecto estaba al corriente de la petición de dinero y que le había dicho que "algo le tocaría".
* Levante-EMV - A. P. F. - 12.02.09
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
"He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista"
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SOITU* : El Parlamento Europeo acaba de aprobar un nuevo informe demoledor sobre el urbanismo en España, en el que llega a sugerir la interrupción de fondos que no sean utilizados de forma acorde con las normativas europeas y a pedir una moratoria "de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social". Hablamos con la ponente de este texto, la eurodiputada danesa de Los Verdes /Alianza Libre Europea, Margrete Auken.
"Este documento se ha hecho en respuesta a las más de 15.000 reclamaciones recibidas en la Comisión de Peticiones por ciudadanos de toda Europa. Alemanes ingleses, polacos... y sobre todo españoles. La gran mayoría de las personas que han pedido a gritos que las instituciones europeas tomen partido en los abusos urbanísticos de muchas zonas de España, han sido los propios españoles", cuenta Auken. Y es que "el desenfrenado urbanismo ha afectado gravemente al medio ambiente y a la vida de muchas personas", afirma esta eurodiputada de 64 años.
El informe, que ha sido aprobado en la Comisión del Parlamento Europeo con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, señala que "esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa".
Por ello, "la Comisión ya ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos en diferentes comunidades españolas" e incide en que "las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones (...) y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
¿Qué opinas del urbanismo en España? "He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista", afirma la eurodiputada, quien quiere dejar claro que el informe no sólo hace referencia a la corrupción urbanística, sino más bien al modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en muchas ciudades y costas del país. "La corrupción forma parte de esta situación, pero lo más grave de todo esto es que estas personas que han estado cometiendo un fraude, no han estado trabajando, no han ejercido bien sus competencias y el precio que se está pagando es el colapso del sistema urbanístico español", cuenta esta danesa, que lamenta que muchas áreas del país estén totalmente "minadas" y muchos europeos se vean en la necesidad de acudir a las instituciones europeas.
Desde el partido de Aukel argumentan que "la justicia española se ha mostrado incapaz de tratar con eficacia la inmensa mayoría de los casos de abusos urbanísticos. Los trámites son lentísimos, carísimos, tortuosos y no suelen llegar a entrar en el contenido de las demandas. Casi nunca se actúa con medidas cautelares para evitar la destrucción y las sentencias, si llegan, casi siempre llegan cuando el mal está hecho".
Como detalla el documento presentado ante los eurodiputados, se quiere conseguir "un replanteamiento del urbanismo en España de acuerdo con la legislación europea, como las Directivas Hábitat, Marco de Agua, de contratación pública y la de blanqueo de capitales", y también sugiere que si la situación no mejora, se interrumpan las ayudas financieras que provienen de los fondos europeos: "Se recuerda que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/20062 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE", detalla el texto.
A esta medida, hay que añadir la solicitud que hace la propuesta de Ankel a las autoridades regionales competentes: "una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente".
En relación a estas posibles resoluciones, Aukel opina que "las instituciones europeas tienen que poner todos los medios con los que cuentan para forzar nuevas acciones que cambien la situación actual y defiendan ante todo los derechos de los ciudadanos europeos".
Este texto, que pasará ahora al Pleno de la Eurocámara para someterse de nuevo a votación y decidir su aprobación definitiva, es el tercer informe sobre el urbanismo en España que elabora la UE a partir de las quejas enviadas por los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertaron de la situación que sufren residentes españoles y europeos.
* SOITU.es - ALMUDENA MARTÍN - 11.02.09
Foto: El hotel Algarrobico, construido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) - Reuters
Ocho contratos de la Comunidad para el imputado Ulibarri
ELPAÍS/Madrid* : El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos.
Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario.
Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería de Educación que superan los 16 millones de euros.
A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia?
Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta del AMPA.
Los encargos a la empresa constructora de Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional. Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el Ayuntamiento.
También es responsable de la ampliación de la red del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea 10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros.
* ELPAIS.com - P. Á. - Madrid - 13/02/2009
Foto: Obras en la Ciudad de la Justicia de la empresa Begar- L. SEVILLANO, elpais.com
Los movimientos ciudadanos contra el urbanismo salvaje se sienten victoriosos tras el informe del Parlamento Europeo
TELEPRENSA* : En una sesión histórica del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se aprobó ayer el Informe Auken, un demoledor documento contra el urbanismo salvaje en España. Se rechazaron las enmiendas presentadas por el PP y PSOE español contra el informe y en cambio se admitieron otras enmiendas que han dado aun mayor dureza al texto, muchas de ellas extraidas del informe elaborado por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) y otras organizaciones y que fue enviado a todos los europarlamentarios en los dias previos a la presentación de enmiendas.
Se debatía el tema por que más quejas se han recibido de país alguno en el Comité de Peticiones: abusos ciudadanos y medioambientales asociados al urbanismo salvaje en España. En total se han recibido más de 20.000 quejas sobre 186 temas diferentes relacionados con el urbanismo en distintos puntos del territorio.
Jaime del Val comparecía unas semanas atrás como invitado del Comité de Peticiones y peticionario, como portavoz de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, Salvemos Las Rozas, Salvemos el Territorio, Reverso y otras organizaciones.
Se debatía el Informe de la parlamentaria Margrete Auken, en el que se piden moratorias urbanísticas y retirada de fondos de cohesión europeos para proyectos urbanísticos. Aunque el informe no es vinculante será una llamada de atención importante para el gobierno español y sus 17 autonomías, que podría posteriormente dar lugar a otras actuaciones vinculantes, igual el que informe Fourtou que el Parlamento Europeo publicó hace tres años, contra la ley valenciana, ha conducido posteriormente a que dicha ley acabe e el tribunal de Luxemburgo por violar el derecho comunitario.
En España no solo se están cometiendo miles de abusos urbanísticos contra ciudadanos españoles y comunitarios, sino que hay una violación sistemática de las normativas europeas de Hábitats y Lugares de Interés Comunitarios, así como de las directivas de aguas, saneamiento o participación ciudadana. Solo en el levante Almeriense se cuentan más de 7 macro proyectos para 17.000 viviendas y 6 campos de golf y numerosos hoteles (entre ellos el Algarrobico) ubicados enteramente en suelo protegido.
Es especialmente grave que se estén financiando con enormes fondos europeos proyectos urbanísticos, como el Algarrobico, que violan numerosas leyes europeas y españolas.
Se trata del primer informe que aborda la problemática del urbanismo salvaje en España en su conjunto, algo de lo que el Comité de Peticiones del parlamento ha cobrado conciencia en buena medida por los informes detallados que se les ha hecho llegar desde Salvemos Mojácar y la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio en los últimos años, junto con más de una docena de peticiones de índole general.
Un problema que es el más grave, sistémico y endémico del Estado Español, por sus dimensiones medioambientales, sociales (vivienda y abusos), culturales (destrucción sistemática del patrimonio), económicos (haber apostado por el modelo suicida de la construcción ES la causa de la crisis), y politicos (la corrupción generalizada del sistema).
Jaime del Val, en representación de Salvemos Mojácar, la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio y otras organizaciones exigió a todos los parlamentarios que aprobaran los puntos del texto que hacian referencia a las moratorias urbanísticas, y la retirada de fondos de la Unión Europea para proyectos urbanísticos. Exige también la devolución de todos los fondos que has sido destinados a proyectos, como el Algarrobico, que vulneran la ley europea.
Denuncia también que PP y PSOE se hallan unido contra el informe Auken en su desesperado y despreciable intento de seguir apostando por la especulación y el urbanismo salvaje, cerrándose en banda a reconocer el problema de fondo de España, y apostando por agrandar el agujero en el que nos han metido, en vez de sacarnos de él con un cambio radical de modelo económico, que en ningún caso se está poniendo en marcha.
El modelo suicida de economía hipercentrada en el ladrillo es lo que ha causado la crisis especialmente grave que se cierne sobre España con un 16% de desempleo. Por ello hace falta un cambio radical y urgente de modelo económico.
Desde la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio exigen 90 medidas de choque contra el urbanismo salvaje. VARIAS DE ELLAS HAN SIDO INCLUIDAS EN LAS ENMIENDAS APROBADAS DEL INFORME AUKEN EN LA SESIÓN DE AYER.
* Teleprensa - Almería - 12.02.09
Foto: Movilización de organizaciones ecologistas - teleprensa.es
Garzón asegura que Correa sobornó a cargos públicos de la Comunitat Valenciana y Madrid
LEVANTE* : El juez explica en las diligencias del caso que los imputados se nutrían de fondos de entidades públicas a través de un conglomerado de empresas y advierte de que está investigando sus identidades y cargos "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".
El juez Baltasar Garzón asegura que Francisco Correa lideraba un grupo organizado que creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, cuya identidad ahora investiga.
Así lo explica el magistrado en el auto en el que ayer acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa -del que dice que trató de huir el día 7 a un país centroamericano- y de dos de sus más estrechos colaboradores en esta trama, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999.
El juez anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".
Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas", principalmente de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana "para obtener un beneficio propio".
Se trata, según Garzón, de "un grupo organizado de personas y empresas", liderado por Correa del que forma parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa".
Por todo ello les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, "varios delitos" de falsedad, "múltiples delitos" de cohecho y "diversos delitos" de tráfico de influencias.
La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, "ha sido "captar negocios" y "fondos" en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez.
Sobre esa estructura nacional -añade- "se superpone una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España".
Estas sociedades radicadas en el extranjero "son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales", lo que permite a este conglomerado "incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones" de las empresas ubicadas en Inglaterra y Holanda.
Todo ello lo enmascaraban "como ampliaciones de capital", aunque "en realidad" los fondos procedían de "sociedades matrices" de la Antillas Holandesas, Islas del Canal y otros territorios "offshore".
El diseño de esta estrategia de ocultación, según el juez, ha permitido a Correa el control de este entramado societario "sin que él figurara", mediante la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal con relaciones con paraísos fiscales.
Así, para Garzón "consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero" para colocarlo en paraísos fiscales y cómo "para disfrazar" las dádivas entregadas "no dudaron en alterar y falsificar documentos"·
Al frente de sus empresas en España, Correa puso a Crespo,aunque él era el que daba "instrucciones al resto de integrantes de la organización".
Por su parte, Antoine Sánchez "es pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas en el despacho de uno de los imputados".
El juez relata que "el detonante" que activó el pasado viernes la operación "Gürtel" fue el riesgo de fuga de Correa, que planeaba salir de España el día 7 tras un acto en Barcelona con ayuda de Crespo.
Además, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe, el pasado día 3, que "quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras".
De hecho, la organización disponía de un piso de seguridad en la calle madrileña de Martínez Campos en el que vivía "una persona de su confianza y trabajador en una de sus empresas" en el que guardaron "documentos sensibles" que sacaron de una sede de una de sus empresas de Serrano.
* Levante-EMV - EFE - 12.02.09
Foto: Audiencia_nacional - google
Patrimonio rechaza el Pepri del Albaicín por tener numerosos errores y propuestas "descabelladas"
EUROPAPRESS/Granada* : La Comisión Provincial de Patrimonio dictó hoy un informado desfavorable al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín presentado por el Ayuntamiento de Granada, al considerar que tiene numerosos errores y propuestas "descabelladas", como la proyección de varios hoteles o un aparcamiento de dos plantas de sótano en la Muralla de la Alberzana.
Así lo indicó hoy en rueda de prensa el delegado de Cultura de la Junta en Granada, Pedro Benzal, quien informó de que que el Ayuntamiento tendrá que subsanar errores en todos los apartados del documento y aludió a numerosas contradicciones, como la inclusión de fichas de edificios que ya se han destruido o la ausencia de otros que aún existen.
En general, la comisión considera en su informe que las intervenciones propuestas en el Albaicín --declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad-- modifican "sustancialmente" la trama histórica y tradicional del barrio y van "en contra" de la protección y conservación del conjunto artístico.
Entre estas intervenciones se encuentran la eliminación de edificaciones catalogadas en el Plan Especial vigente, la ocupación de algunas parcelas y la propuesta de cambiar el trazado de la carretera de Murcia para realizar una rotonda "sin justificación" que afectaría "gravemente" a parte de la ladera de la muralla nazarí.
La comisión califica de "agresivas" algunas de las propuestas de la Gerencia de Urbanismo para mejorar la accesibilidad a la zona, como la creación de nuevas vías previstas en el Sacromonte -que no se podrán efectuar en los términos presentados-- y el ensanchamiento de carreteras que afectan a elementos de interés patrimonial.
Así, Benzal criticó que se proponga la construcción de un aparcamiento de dos plantas de sótano en la Muralla de la Alberzana, cuando "existe un proyecto de recuperación urbana del entorno de la muralla que está en ejecución y que no contempla este espacio".
Los expertos también consideraron que los ámbitos de protección arqueológica recogidos en el documento no son los adecuados, puesto que "dejan fuera" del nivel integral zonas como la puerta y tramo de la muralla en Puerta Elvira, los baños árabes de la casa de las Tumbas y otras partes del recinto amurallado.
También se detectan "numerosas" confusiones en la terminología y errores en los planos adjuntados, según comentó el delegado que "tendió la mano al Ayuntamiento" para fijar un calendario de trabajo y subsanar los errores del documento, una vez que se pronuncie antes del 15 de marzo la Dirección General de Bienes Culturales.
Benzal dijo haberse sentido en los últimas días "presionado y descalificado" por la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y el alcalde de la capital, José Torres Hurtado (PP), pese a que su departamento siempre ha sido "muy respetuoso" con el Ayuntamiento.
Argumentó el rechazo a las reuniones solicitadas en las últimas semanas por Nieto para estudiar el plan en que "lo único que procedía" tras ser remitido a Cultura era el pronunciamiento de Patrimonio y aclaró que deberá ser el Ayuntamiento y no su departamento el que deberá rehacer el documento.
Consideró que un asunto "tan importante para la ciudad de Granada" debería haber sido consensuado con los grupos de la oposición, mostrándose a favor de muchas de sus alegaciones, así como con los vecinos de la zona y las asociaciones interesadas en el patrimonio de la capital.
"A pesar de las descalificaciones, yo le tiendo la mano al Ayuntamiento para colaborar como se ha hecho en los jardines del Salón", aclaró Benzal, que recordó respecto a este último proyecto que si la Gerencia de Urbanismo no entrega antes del próximo 6 de marzo la memoria de usos no podrá comenzar los trabajos previstos, pues la Comisión de Patrimonio condicionó su informe favorable a la entrega de este documento.
Por otra parte, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente a la solicitud de cambio de uso para el inmueble de Emasagra en la calle Molinos que fue solicitado por el Ayuntamiento.
Concretamente, se ha dado el visto bueno al cambio de uso para dos parcelas de transportes e infraestructuras a residencial familiar aislada y plurifamiliar en manzana cerrada, lo que está condicionado a que los respectivos proyectos de obras de adecuación sean autorizados previamente por la Consejería de Cultura.
* Europa Press - 12.02.09
Foto: Granada, Albaicin - wikipedia.org
