GRANADAHOY* : El alcalde de Láchar, Javier Montiel (PSOE), ha sido llamado a declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción nº3 de Santa Fe por un presunto delito de prevaricación, al haber dado licencia de primera ocupación a una promoción de 24 viviendas sin los informes de los técnicos municipales ni del secretario del Ayuntamiento.
El hecho fue denunciado por uno de los compradores al despacho de los hermanos Martínez de las Heras. El afectado alega que junto a su abogado se dirigió al Ayuntamiento para saber "cómo era posible que la vivienda que había adquirido tuviera licencia de primera ocupación, cuando no estaba terminada". Como no les informaron, a principios de junio presentaron un escrito en el que solicitaban copia de la licencia de primera ocupación y de los informes técnicos en los que esa decisión se hubiera amparado.
El 26 de ese mes, al no obtener respuesta, consultaron directamente con el secretario municipal, que indicó que "no encontraba el expediente y que debía tenerlo el alcalde o el concejal de Urbanismo". Pidieron, pues, una cita para conseguir una copia del expediente, pero fue anulada el día anterior. "Hasta la fecha de interposición de esta denuncia, se han efectuado diversas llamadas, pero sin respuesta alguna", defiende el escrito.
Así pues, la parte denunciante decidió contratar los servicios de un notario y un técnico que emitieran sus respectivos informes, constatando que las obras estaban sin terminar y que, por tanto, no podían obtener la licencia de primera ocupación.
Según consta en la denuncia, el notario pudo comprobar que "la urbanización no estaba terminada, sino que además las canalizaciones de suministro, tales como agua potable y residual, electricidad, etc. no se encontraban realizadas ni conectados". Curiosamente, el día en el que el afectado acudió al despacho del notario, encontró allí a otros tres compradores de la promoción que han interpuesto otra denuncia, en este caso, ante la Fiscalía.
Al mismo tiempo, el comprador de la vivienda había interpuesto otra demanda de resolución contractual en el Juzgado de Primera Instancia 12 de Granada, ya que la promotora no había contestado a ninguno de los burofax enviados con la intención de dar por extinguida la relación de comprador y vendedor.
A raíz de ese procedimiento, el afectado pudo conseguir, por fin, la licencia de primera ocupación del Ayuntamiento de Láchar, fechada el 21 de mayo. Pero la certificación estaba emitida no a raíz del preceptivo informe técnico y jurídico municipal, sino que se basaba en "el certificado final de la dirección de la obra", emitido por el arquitecto de la promotora.
En la denuncia se hace constar que "llama poderosamente la atención que el alcalde argumente y recurra a un certificado final de obra de los profesionales del promotor para otorgar la licencia y no recurra a los servicios técnicos municipales, tal como es preceptivo en la legislación vigente". Por si todo esto fuera poco, el demandante asegura que la promoción "se encuentra a la entrada del municipio en la carretera, por lo que el alcalde conocía perfectamente que dicha urbanización y obra no se encontraban terminadas. Siguen sin estarlo".
Con esta documentación en su poder, el demandante solicitó al Ayuntamiento que declarase la nulidad de la licencia de primera ocupación, solicitud que tuvo respuesta el pasado 4 de septiembre, cuando el Consistorio admitió a trámite la petición e inició el "trámite de declaración de nulidad" del permiso "y consecuentemente, suspender la eficacia de la licencia otorgada", así como "la paralización de los actos que estén o puedan ejecutarse a su amparo".
El juzgado de Santa Fe admitió la denuncia por prevaricación, al entender la "posible existencia de infracción penal", incoando diligencias previas. Por ello, ha llamado a declarar al denunciante el próximo día 11, mientras que el alcalde tendrá que hacerlo, en calidad de imputado, al día siguiente, al igual que el promotor, que testificará como testigo.
* Granada Hoy - D. B. F. / Granada - 3.11.2008
Foto: Un conjunto residencial en construcción en la localidad de Láchar. - granadahoy.com
El alcalde de Láchar declarará ante el juez por prevaricación urbanística
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Calles sin gente
PÚBLICO/Guadalajara* : En Ciudad Valdeluz (Yebes) hay tan poca gente que el único supermercado no puede tener comida perecedera. Las cajeras se aburren. Los pasillos están relucientes, vacíos. Se puede gritar “¡Holaaaaaa!” en la sección de yogures. Fuera, en la calle, se puede saltar y correr por las aceras y calzadas. Se puede hacer un cambio de sentido no permitido en sus amplias avenidas. No pasa nada. No hay gente. No hay coches.
Tan sólo un todoterreno de una empresa de seguridad alerta de que ahí hay algo que proteger.
En esta urbanización proyectada para 34.000 habitantes residen sólo un centenar de familias. Basta con dar un paseo un día cualquiera: por la mañana sólo hay obreros rematando edificios. Por la tarde no hay nadie, una o dos personas pululan por los cajeros automáticos. Por la noche algunos vecinos sacan a pasear a sus perros. Las persianas de las urbanizaciones están bajadas, los edificios vacíos. Pocas luces iluminan las ventanas.
¿Qué ha pasado para que en Ciudad Valdeluz, a cinco kilómetros de Guadalajara y vendida por su promotora Reyal Urbis como una bonita ciudad residencial, parezca una ciudad fantasma? La historia empieza en 1998, cuando el PP ubicó la única estación del AVE Madrid-Lleida, a su paso por Guadalajara, en Yebes, un pueblo de 300 habitantes. Poco después, salía a la luz pública que el verdadero favorecido de la operación urbanística había sido Fernando Ramírez de Haro, esposo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP). Él y su familia vieron cómo las miles de hectáreas que poseían en esos terrenos se revalorizaban de manera espectacular.
Ciudad Valdeluz ocupa 490 hectáreas, 331 en el término municipal de Yebes y 158 en el de Guadalajara. Hay dos PAUs (Programas de Actuación Urbanística), uno que corresponde a la zona de Yebes con unas 8.500 viviendas proyectadas y otro en la parte de Guadalajara, con 800. Reyal Urbis asegura que ya se han entregado 1.200 pisos y que próximamente dará 700 más. En total se ha vendido un 84% de las viviendas, aseguran fuentes de la compañía.
“No disponemos del dato real de habitantes ni del número exacto de censados en el Ayuntamiento de Yebes. De lo que sí tenemos constancia es que un alto porcentaje de residentes de Ciudad Valdeluz no se han empadronado en Yebes y que la cifra de vecinos actual se acerca a los 1.000”, insisten en la empresa cuando se les pregunta sobre el desierto en que ha quedado convertida la urbanización.
Cascadas y parques
Los vídeos que venden en Internet las viviendas de Ciudad Valdeluz ofrecen una extraña sensación de felicidad. Promotores sonrientes ofrecen cascadas, parques infantiles, lagos, campos de golf, carril-bici... Una ficción que, un frío día de otoño, se transforma en un mundo sin gente, como si hubiese caído una bomba nuclear.
Dos de la tarde. En el único bar-restaurante de la zona sólo hay obreros y mujeres que limpian las obras. Francisco Pérez, el encargado, explica que el local “en un principio se construyó para dar servicio a los trabajadores”. “Espero que esto tire para adelante, pero eso dependerá de la crisis”, afirma. Varios hombres coinciden: “Hay muchos edificios parados, si no hay dinero, esto no sale”. Una mujer entra a vender cupones de la ONCE y los clientes matan la sobremesa con whisky.
Fuera, el panorama sigue siendo desolador. Hay calles que no llevan a ningún sitio. Una señal que advierte de la presencia de vacas está justo al lado del campo de golf. Dentro del club, varios jubilados apuran sus cafés. Hace demasiado viento para jugar.
Vuelta a la ciudad fantasma. Cinco de la tarde. Una mujer se resguarda del frío en un soportal de una de las tres entidades bancarias que hay en una calle. Se llama Teresa y cuenta que hace dos años su marido y ella compraron un piso amplio en Ciudad Valdeluz. “Nos costó 385.000 euros, pero ahora mi marido se ha quedado en paro y no lo vamos a poder pagar. Además, nuestra idea era vender nuestra casa en Guadalajara, pero no tenemos comprador”, explica. Otra casa más que se quedará vacía. Como Teresa, hay muchas familias que no han podido hacer frente a la hipoteca y han desistido de la idea de mudarse.
Hay otro problema añadido: el transporte. La estación cercana del AVE no tiene lanzaderas, algo que los vecinos llevan exigiendo desde que empezaron a llenar las casas, en el año 2006. El aparcamiento del AVE a su paso por Yebes es otro desierto. Tan sólo el ruido de una carrera de coches teledirigidos rompe el silencio. De vez en cuando pasa un tren. “No más de 15 personas utilizan a diario esta estación”, informa el taquillero.
Falta darle vida al AVE, pero los que residen en Ciudad Valdeluz aseguran que valoran otras cosas, como “la tranquilidad del lugar”. Muchos vienen de Madrid y aseguran que no lo cambiarían por las apreturas de la capital. “Mis hijos pueden salir aquí a la calle sin miedo”, asegura una mujer. Y pone el ejemplo de Móstoles, un municipio en la periferia de Madrid con más de 200.000 habitantes. “Móstoles empezó así, sin autobuses, con poca gente y ahora es una ciudad”, agrega, antes de meterse en el supermercado. Allí, el encargado del establecimiento explica que los fines de semana tienen más clientes. “Es como una ciudad dormitorio, no hay vida entre semana”, apunta.
Unas cañas y un estanco
Al anochecer, Ciudad Valdeluz despierta un poquito. Eva Chacón pasea a su perro. Está viviendo de alquiler. “Un piso de tres habitaciones cuesta 700 euros, pero están bajando los precios”, cuenta. Ella se queja de que no hay estanco, ni farmacia. Aurora Aguado también pasea a sus dos canes. “Echo de menos un bar donde tomarme unas cañas”, reconoce resuelta. Eso sí, no volvería a vivir en Madrid.
Conchi Cabezas y Carmen García coinciden con sus vecinas en que la prioridad es la farmacia. “Y un estanco”, pide otra. “Y la peluquería”, añaden. La sensación de no tener cerca ese tipo de servicios las hace sentir incómodas. Por lo menos dicen que no tienen miedo a salir de noche aunque lo hacen, eso sí, con sus perros.
CRONOLOGÍA
Mundo Avelandia: Con campo de golf pero sin farmacia
1998
EL AVE LLEGA A YEBES. El Partido Popular coloca una estación de la línea del AVE Madrid-Lleida en Yebes (Guadalajara), a cinco kilómetros de la capital. En el pueblo no viven más de 300 personas. Los terrenos de la zona, pertenecientes a la familia del marido de Esperanza Aguirre, se revalorizan.
2003
EMPIEZA EL PROYECTO. Empieza el proyecto. Ciudad Valdeluz, más conocida como Avelandia, se pone en marcha en el año 2003. “Es la primera ciudad de España que nace desde cero, pensada para ofrecer un nuevo estilo de vida”, venden sus promotores. El total de la superficie asciende a 1, 1 millones de metros cuadrados. La inversión total llega a 1.180 millones de euros.
2007
18 HOYOS EN LA NADA. El año pasado se inauguró en Ciudad Valdeluz un campo de golf de 18 hoyos y una longitud total superior a los 6.000 metros. Lo utilizan sobre todo golfistas de Madrid. Los vecinos de la urbanización aprovechan la cafetería de las instalaciones como lugar de encuentro.
2008
COLEGIO EN OBRAS. El pasado mes de abril abrió el centro médico, donde una doctora pasa consulta por la tarde, dos días a la semana. El colegio de la urbanización, laico y concertado, abrió sus puertas este curso, pero una parte del centro aún sigue en obras. Da cobertura a la educación entre cero y 18 años. Hay también un supermercado provisional, instalado en una nave prefabricada. No hay farmacia.
* Público - SUSANA HIDALGO - Madrid - 02/11/2008
Foto: Una de las calles desiertas de la Urbanización Valdeluz, en Guadalajara. - GABRIEL PECOT, publico.es
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Estepona perdió 17,3 millones por vender parcelas a mitad de precio
ELPAÍS/Málaga* : En los últimos años, las arcas del Ayuntamiento de Estepona han ido vaciándose como si su fondo estuviera repleto de agujeros. Entre el dinero que se ha escurrido, y que todavía se puede recuperar, hay 17,3 millones de euros que el Consistorio perdió con la venta de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la mitad del precio que tenían en el mercado.
El liquidador de las empresas municipales, Juan Manuel de Hoyos, advirtió de esta situación en 2004 al ex alcalde socialista Antonio Barrientos. "No se hizo nada", asegura.
Con el nuevo rumbo que ha tomado el Ayuntamiento esteponero tras el caso Astapa, De Hoyos pretende trasladar al nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), la posibilidad de anular estas operaciones y reclamar el dinero. "El asunto no ha prescrito, pero quien tiene que tomar la iniciativa es el nuevo equipo de gobierno", explica el liquidador.
La sugerencia llega en un momento de quiebra económica para Estepona. El municipio necesita unos 50 millones de euros para pagar sus deudas con proveedores y la Seguridad Social, y no podrá recurrir a los bancos en 2009 porque el Consistorio ha sido declarado "inestable presupuestariamente".
Las operaciones urbanísticas por las que el Consistorio esteponero dejó de ingresar esos 17,3 millones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21 de enero de 2004 a las tres empresas municipales afectadas: Servicios Estepona XXI, SL; Planeamiento Estepona XXI, SL; y Obras Estepona XXI, SL.
El escrito aborda la venta de ocho parcelas y tres aprovechamientos urbanísticos -derechos de edificación- a través de sociedades municipales en proceso de liquidación. Lo curioso es que las empresas a punto de cerrar no eran dueñas de los terrenos, sino que el Ayuntamiento se los transfirió antes de la venta. El consistorio también recompró aprovechamientos entregados unos años antes para cancelar deudas de la sociedad Obras Estepona XXI, SL, para después revenderlos. "Al ser unas operaciones poco frecuentes en empresas disueltas y ante la posiblidad de que no se hayan hecho con claridad y transparencia es conveniente analizarlas con detalle", aconseja el escrito.
Las parcelas, todas urbanizables, se ofertaron a través de dos anuncios publicados en un diario deportivo en agosto de 2002. En esa época, Rosa Díaz, por aquel entonces del PP, era alcaldesa y tenía como socios de gobierno a ex ediles del GIL.
El primer anuncio, del 6 de agosto, solicitaba ofertas para la compra de tres parcelas (23.000 metros cuadrados) en la zona Arroyo de las Cañas. En los siete días de plazo contestó una sola empresa -Promoción y Desarrollo de Viviendas, SA- que finalmente adquirió el lote por 2,2 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, el precio de mercado de esos terrenos en esa época era de 4,8 millones. Más del doble de lo que se pagó.
La segunda oferta, del 9 de agosto, sacaba al mercado cinco parcelas -unos 27.508 metros cuadrados- en el Camino de la Resinera. Contestaron tres empresas, dos con el mismo administrador. Finalmente, la compró la sociedad Las Cañas Estepona, SL, por 4,1 millones. El informe del arquitecto las valora en 10,5 millones, más del doble.
La venta de los aprovechamientos urbanísticos se cerró entre mayo de 2002 y enero de 2003. Las sociedades municipales recompraron derechos de construcción que previamente habían entregado y volvieron a venderlos a otras empresas con menos ganancias de las que realmente correspondían.
En Playa Guadalmansa cobraron 3,2 millones por derechos tasados en 8,3 millones; en Cortijo Casareño recibieron 1,5 millones por aprovechamientos valorados en 3,2; y en Llanos de la Voladilla percibieron 3,3 millones, por aprovechamientos tasados en 4,8.
En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de 9 millones y las de aprovechamientos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias en la tasación hicieron que De Hoyos, que en en el momento de la venta de las parcelas no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un estudio jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato. "Del informe se desprende que las transacciones no se ajustan a derecho", concluye. El letrado termina aconsejando ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declaren nulas las ventas y se reclamen los daños y perjuicios causados.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 03/11/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
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Crisis en Marina D'Or: el ocaso de la ecuación sol y playa a mansalva
SOITU/Castellón* : Con estas palabras describe el centro Marina D'Or el escritor Robert Juan Cantavella, autor de 'El Dorado', una obra de ficción que arremete contra el urbanismo desaforado del complejo turístico. Templo de la caspa para algunos, paraíso en tierra para otros, aberración ecológica para los de más allá... las opiniones sobre Marina D'Or son tan variadas como los colores de sus bloques de apartamentos.
Sin embargo, hay dos cosas que parecen innegables: que su ciudad de vacaciones ha sido durante mucho tiempo el paradigma del veraneo en la costa española y que la burbuja inmobiliaria ha venido cebándose con el grupo desde hace tiempo. La última prueba de lo segundo ha llegado este mismo lunes, cuando la empresa ha presentado un ERE que afectará a un total de 214 empleados, o sea, a más del 15 por ciento del total.
"Aquello se ha llenado de carteles de 'se vende' en todos los balcones", dice el propietario de una vivienda en Marina D'Or. Y es que las malas noticias parecen no parar de llegar desde la costa levantina. Ya hace unos meses el grupo admitió que durante el pasado año las ventas de sus apartamentos en España disminuyeron un 60 por ciento. Además, los beneficios del grupo se redujeron en 2007 cerca de un 50 por ciento respecto al año anterior.
Debajo de los datos y las cifras parece subyacer una realidad más profunda: los apuros de Marina D'Or son el reflejo de una crisis económica que afecta a unas clases medias incapaces de seguir costeándose el sueño del sol eterno y los apartamentos en primera línea de playa al que Luis Aguilé dedicó un himno ya clásico de la mitología 'kitsch'. "La crisis financiera internacional se está dejando notar sobre todo en la clase media, que en este momento no dispone de dinero para invertir en una segunda vivienda de vacaciones", comparte Manuel Gandarias, presidente de Live in Spain, asociación de promotoras especializadas en fomentar el negocio de la segunda vivienda en España.
"Cuando existe una crisis inmobiliaria, hay determinadas tipologías que sufren antes y más: la vivienda de segunda residencia y vacacional es la primera que experimenta el parón", explica un especialista del sector inmobiliario. A ello no ayuda en absoluto que el producto inmobiliario del grupo estuviera dirigido esencialmente a la clase media. "O sea, a las personas que son más vulnerables al cambio de ciclo económico", añade este experto. Cantavella esboza un panorama aún más pesimista y opina que, tras las cifras, se avecina un drama del que todavía hemos visto sólo las orejas. "Será la suma de miles de pequeñas tragedias de gente que compró una gran cantidad de cosas que no podían pagar porque los bancos les hicieron creer que sí podían", critica.
La crisis del modelo
Cuando ya no funcionen las montañas rusas ni las piscinas de agua caliente, aquí no quedarán más que ellos, centenares de estos enormes edificios compuestos como un siniestro cubo de Rubik por miles de apartamentos repetidos en seis colores a elegir.
Cantavella plantea en las páginas de 'El Dorado' un desolador y ficticio futuro de Marina D'Or. El escritor, más allá de la coyuntura económica, ve en los malos datos empresariales el comienzo del fin en toda regla del modelo de construcción que durante décadas ha imperado en la costa levantina. "El cliente-comprador, a los pocos años de 'veranear' en este tipo de guetos postmodernos, ve con horror cómo todo empieza a deteriorarse", afirma.
Para Patricio Sánchez, profesor de urbanismo del Instituto de Práctica Empresarial, este prototipo tan extendido en la costa ha sido un "acelerador" de la crisis en la zona. "La falta de control y de criterio a la hora de ordenar el territorio ha provocado una masificación, que ha hecho que se vuelva poco atractivo", explica. Así, finalmente, otras potentes alternativas como Turquía, Croacia o Marruecos, se están erigiendo como una fuerte competencia de la costa española.
A pesar de las dificultades, otras expertos como Gandarias no creen que ni la crisis ni una eventual revisión del modelo de construcción en la costa pueda suponer algún menoscabo de la importancia de España como paraíso turístico playero. Con seguridad contundente sentencia: "El destino de España es ser la California y la Florida europeas. Sólo tenemos que superar esta gripe".
* SOITU.es - MARÍA SÁNCHEZ DÍEZ - 31.10.2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - flickr.com
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Lanzarote: El TSJC anula la licencia del hotel de lujo de Puerto Calero
CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido anular la licencia urbanística que facultó la construcción del hotel Hesperia de Puerto Calero. La decisión se basa en que la edificación carece de informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
Lo curioso del asunto es que el pronunciamiento judicial se debe a la demanda mantenida por un particular y no por acciones emprendidas por el Cabildo. En este caso, a diferencia de la mayor parte de los hoteles en igual condición, desde la primera Corporación se tomó la decisión de retirar el pleito en 2006.
El fallo, comunicado a las partes en esta misma semana, ratifica la sentencia inicialmente dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas, que anulaba la licencia de 1999 concedida por el Consistorio de Yaiza, con José Francisco Reyes como alcalde, para la parcela 74 del Plan Parcial Cortijo Verde. Precisamente Yaiza apeló el fallo, con argumentos que desde el TSJC encuentran respuesta en la que se incluye un comentario sobre el proceder cabildicio.
‘Toque’ al cabildo. En concreto, se matiza en la decisión judicial que «lo que tenía que haber pretendido el apelante es que el Cabildo diera un trato igual a todos los afectados por sus impugnaciones de licencias urbanísticas vinculadas», desistiendo así de todos los procedimientos existentes y no sólo en algunos casos en concreto.
Tras esta advertencia, se deja pie a que otros sí que tengan igual derecho y consideración al tiempo de presentar recurso contra las licencias urbanísticas de origen supuestamente dudoso. Así se concreta que «el hecho de que el Cabildo, que no ha intervenido en este procedimiento, haya desistido de algunos recursos en relación a licencias de obras», se matiza con referencia incluso a casos en concreto, «no es obstáculo, por sí, para impugnar la citada licencia de obras».
Asimismo, abunda el fallo sobre este respecto que «a la pregunta de que si una entidad mercantil puede impugnar la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza, por ser contraria a la legalidad urbanística, debemos responder afirmativamente», a la par que se aclara que «en este punto consideramos que es legítimo el ejercicio de la acción, porque persigue el cumplimiento de la legalidad urbanística, que es la finalidad que en sí tiene la acción».
Tras estas oportunas aclaraciones, desde el TSJC se concretan diversos aspectos sobre el fondo del asunto, anulándose la licencia por el simple hecho de «no constar una publicación íntegra del Plan Parcial en cuestión, con anterioridad a la concesión de la licencia combatida».
* Canarias 7 - José Ramón Sánchez - 2.11.2008
Foto: El hotel objeto de nueva polémica se ubica en un privilegiado espacio de Puerto Calero - Carrasco, canarias7.es
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La corrupción política anida en la Vega Baja
ELPAÍS/Alicante* : La honestidad de la clase política en La Vega Baja está tocando fondo. Los cargos públicos de esa comarca, habituados a sobrevivir en el filo de la navaja, han recibido en menos de una semana dos varapalos judiciales que, de golpe, han puesto sobre el tapete las oscuras e ilícitas relaciones entre política y negocio tejidas en las tres últimas décadas en algunos municipios. El epicentro del obsceno escenario se sitúa en el urbanismo salvaje.
La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario, cuyas jugosas plusvalías han llevado a políticos, empresarios y profesionales liberales a rebasar la línea de la legalidad. Y todo ello ante la pasiva mirada del Consell, cuya función supervisora del urbanismo ha sido prácticamente nula. Las miles de viviendas ilegales que pueblan ahora la otrora huerta de la comarca y los centenares de urbanizaciones del litoral carentes de infraestructuras y dotaciones no han aparecido por arte de magia de la noche a la mañana.
Las últimas víctimas del acoso policial y judicial a la corrupción han sido la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, ambos socialistas. La primera está en libertad con cargos; el segundo, se ha convertido en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urbanística. Además de los dos alcaldes, el saldo de la última acometida de los jueces y la policía a las tramas de corrupción se completa con el arresto de cinco concejales, un abogado un ingeniero, un secretario municipal, un jefe de policía local y dos constructores. Todos han quedado en libertad con cargos.
La abultada lista se refiere únicamente a los pequeños municipios de San Fulgencio (12.800 vecinos) y Bigastro (7.000 habitantes). Sin embargo, el tufo de la corrupción en La Vega Baja es añejo y se remonta a la etapa del ex consejero de Obras Públicas, el popular Luis Fernando Cartagena, en la alcaldía de Orihuela desde 1987 a 1996. Cartagena ha experimentado el ambiente de una celda, aunque de manera breve, por una condena a cuatro años por quedarse con 49.000 euros de unas monjas. Y todavía tiene pendiente otra causa por fraude a Hacienda. Por estos hechos se enfrenta a tres años de prisión.
Con el cambio de siglo, los focos de la corrupción apuntaron directamente a los dos grandes núcleos urbanos de la comarca: Orihuela y Torrevieja, feudos del PP desde mediados de los ochenta. Sobre el Consistorio oriolano, con su ex alcalde José Manuel Medina a la cabeza, pesan 16 sumarios por otros tantos supuestos delitos derivados de la gestión urbanística y contable. Los jueces ya han decretado el archivo de tres de las causas secundarias. La principal, dirigida contra Medina, sigue en vía muerta, después de que el ex alcalde admitiera ante el juez que usaba un Rolls Royce y vivía en un chalé propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. La imputación le cerró el paso a la reelección en 2007, aunque su partido volvió a ganar en Orihuela.
El número de escándalos ha sido menor en el otro gran ayuntamiento de la comarca. Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, se mantiene en el cargo pese a su imputación por una plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca supuestamente con información privilegiada. Hernández Mateo revalidó el cargo de alcalde en mayo de 2007 y, además, se blindó con el acta de diputado autonómico. Todo ello con el beneplácito de su máximo valedor, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no se cansa de elogiar la honestidad de la figura de Hernández Mateo y que pone como modelo de sostenibilidad su propuesta de crecimiento urbano. Modelo que, según expertos urbanistas, es el más depredador del territorio de la comarca y da cobijo, según la policía, a grupos mafiosos por su laberíntica trama.
Entre los casos de Orihuela y Torrevieja y los dos últimos de San Fulgencio y Bigastro, otro formidable ejemplo de urbanismo descontrolado polarizó la atención de los medios: los 1.200 chalés construidos en plena huerta de Catral, la mayoría en suelo no urbanizable y con licencia menor para vallados o viviendas de labranza. Por estos hechos están imputados el ex alcalde de la localidad, el socialista Rodríguez Leal, y cuatro concejales. El Consell reaccionó interviniendo el PGOU del municipio, pero justamente dos años después no ha aportado una solución definitiva.
La estadística de damnificados, en función del color político, es por ahora claramente desfavorable a las filas socialistas. Desde esta formación se aplaude la acción de la justicia. "Hay que actuar con contundencia contra este tipo de comportamiento", afirma un líder comarcal del PSPV. "Pero contundencia para todos", precisa.
En apariencia, según los socialistas, la Fiscalía Anticorrupción ha actuado con distinto rasero. ¿Por qué en el caso Orihuela, con una grabación también sobre un supuesto soborno por la basura, no hubo arrestos ni registros de despachos oficiales? ¿Por qué el caso de la finca de Hernández Mateo se ha sustanciado hasta ahora con la simple declaración del alcalde como imputado? Son las preguntas que flotan en el ambiente interno del PSPV.
Los casos de Orihuela y San Fulgencio, en las formas, tienen un nexo en común: grabaciones (dos en caso de Orihuela) que revelan supuestas irregularidades y un posible soborno. Como consecuencia del primero está pendiente el arsenal de cintas incautadas al empresario Ángel Fenoll, encarcelado y puesto en libertad con fianza por extorsión. Este sumario, bajo secreto desde hace año y medio, está a punto de empezar a caminar y seguro que engordará la lista de arrestados e imputados.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/11/2008
Foto: Orihuela (Alicante) - comunitatvalenciana.com
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2.11.08
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Tindaya: Un sablazo monumental
LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Gobierno de Canarias encargó al escultor vasco convertir Tindaya en un referente cultural. El proyecto acabó en los tribunales con diversas demandas que fueron perdidas por el Ejecutivo. Quince años después no se ha tocado la montaña y se deben millonarias indemnizaciones.
'Sablazo: Obtención de dinero de alguien, con habilidad e insistencia, y sin intención de devolverlo'. Lo que era una excepcional idea del escultor vasco Eduardo Chillida (ya fallecido), el 'Monumento a la Tolerancia' que se pretendía construir en Tindaya, se ha transformado, con el paso de los años, en un sablazo monumental.
LA IDEA DE CHILLIDA. En 1993, el escultor vasco Eduardo Chillida, ya fallecido, recibió un encargo del Gobierno de Canarias para realizar un monumento etnográfico en la Montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que se convirtiera en un referente mundial.
La idea de Chillida consistió en abrir en canal la montaña majorera y hacer un cubo interno de 50x50x50 metros, con un túnel de entrada de 200 metros y dos tragaluces. Para llevar a cabo el proyecto, el Gobierno de Canarias creó la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), una empresa participada al cincuenta por ciento por Saturno (empresa pública) y Canteras Cabo Verde (propiedad de Rafael Bittini), esta última adjudicataria de la explotación minera de Tindaya y Tebeto, otra montaña contigua.
Así, el Gobierno puso en las manos de PMMT 12 millones de euros que fueron transferidos a la UTE formada por FCC y Necso, a las que se les adjudicó el proyecto de la obra diseñada en su día por Eduardo Chillida.
LA DESIDIA DEL GOBIERNO. Tras los primeros pasos, el proyecto del escultor vasco Eduardo Chillida cayó en la más absoluta desidia del Gobierno de Canarias. Después de que PMMT entregara 11,8 millones de euros (1.960 millones de pesetas) a la UTE adjudicataria del proyecto, el dinero se evaporó.
Lo que en un principio era una partida presupuestaria destinada a "sufragar gastos de estudio e implantación del proyecto", fue utilizado por las empresas constructoras adjudicatarias FCC y Necso para comprar a Canteras Cabo Verde S.A. los derechos de explotación minera que esta sociedad tenía sobre Tindaya.
Según consta en una sentencia que tumbó la demanda civil de devolución de los 11,8 millones de euros que reclamó entonces el Gobierno de Canarias, fue el propio Ejecutivo regional el que "impuso y aceptó condiciones de complicado cumplimiento", tanto a los propietarios de la montaña como a Eduardo Chillida.
De esta forma, sostiene la sentencia que data de febrero de 2008, la Administración pública "hizo inviable cualquier ejecución del contrato, pues, agotado el impulso político y mediático con el que el Gobierno de Canarias rodeó la adjudicación del contrato, éste cayó en la desidia, culminando en una tozuda negativa a cumplir las condiciones del autor". A raíz de ahí, comienza el declive judicial.
NI POR LO CIVIL NI POR LO PENAL. El propio Gobierno de Canarias decidió ir a los tribunales para intentar recuperar los casi doce millones de euros invertidos, pero le salió el tiro por la culata. De esta forma, se inició en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria una causa penal que, años más tarde, fue archivada por no apreciar indicios de delito.
El archivo fue confirmado por la Audiencia Provincial de Las Palmas tras un recurso de Ben Magec Ecologistas en Acción. Mientras, continuaba la vía civil abierta, con la intención de recuperar el dinero. Pero en enero de 2008, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria tumba también la demanda civil del Gobierno, le obliga a devolver a las empresas la garantía que depositaron para llevar a cabo la obra (2,1 millones de euros) y le condena a pagar las costas procesales, que en un procedimiento de mayor cuantía, como éste, pueden llegar a superar los tres millones de euros.
TEBETO: 92 MILLONES MÁS. Mientras caminaban en los juzgados los pleitos civil y penal emprendidos por el Gobierno de Canarias, el propietario de Canteras Cabo Verde S.A., Rafael Bittini emprendía, también ante la Justicia, los derechos que creía que le correspondía. Sólo así se entiende el fallo judicial consumado esta semana y que condena al Ejecutivo a pagar 92,3 millones de euros de forma inminente.
El pleito de la Montaña de Tebeto, contigua a Tindaya, data de principios de los noventa, cuando Cabo Verde solicitó al Gobierno la licencia de explotación minera tras una concesión que había obtenido en 1982. El Ejecutivo regional consideró que las concesiones habían caducado y Bittini acudió a la Justicia. El TSJC le otorgó la razón y el Supremo se la confirmó, pero cuando por fin se le habían concedido los derechos de explotación minera, había entrado en vigor el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que prohibía la extracción minera en Tindaya y Tebeto.
Fue entonces cuando Cabo Verde, al verse perjudicado por las decisiones del Gobierno, inició una reclamación patrimonial, cuya tesis fue aceptada por el TSJC, que cuantificó el perjuicio en 92,3 millones de euros. Bittini solicitó entonces la ejecución provisional de la sentencia y el TSJC la aceptó. Y el Gobierno ahora debe pagar.
Y SIN MOVER NI UNA SOLA PIEDRA. Mientras las sentencias perdidas aumentan las indemnizaciones a la velocidad de la luz, lo más curioso de todo es que de la Montaña de Tindaya no se ha movido una sola piedra. Todo lo más, unas catas para estudiar la viabilidad de la idea de Eduardo Chillida.
Sin embargo, el "Monumento a la Tolerancia seguirá adelante", dijo en febrero pasado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, quien aseguró que existe un acuerdo escrito con las empresas mediante el que se comprometen a defender únicamente sus intereses legales en los juzgados, y no interferir en la construcción de la obra.
Así las cosas, desde que el Gobierno le propuso el proyecto a Chillida, allá por 1993, han pasado tres lustros de película: Se han evaporado 12 millones de euros; ha muerto el escultor; se han perdido las causas civil y penal iniciadas por la Administración; y se tienen que pagar 92,3 millones más de indemnización.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 2.11.2008
Foto: Montaña de Tindaya. LA PROVINCIA /DLP
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Más pruebas de la presunta prevaricación en O Pino
ELPAÍS/Santiago* : Las dos últimas comparecencias en el juzgado de Arzúa que investiga al alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, acusado de prevaricar en la gestión administrativa del polígono industrial que Fadesa promueve en el municipio coruñés, han desbaratado los argumentos del regidor popular.
La cronología de sus decisiones durante la mañana del 21 de junio de 2007 confirma la apresurada tramitación del proyecto urbanístico y la inconsistencia de algunas de las tesis de su defensa.
Según el alcalde, esa mañana en que expiraba el plazo de exposición pública del plan, el Ayuntamiento recibió alegaciones de tres grupos de propietarios de los terrenos expropiados que desestimó poco después en virtud de seis informes firmados por funcionarios y organismos externos, antes de aprobar el plan. Todo, antes de que el Gobierno local recibiese el decreto de paralización de la Xunta. Los últimas diligencias practicadas por la juez constatan que la redacción de los seis dictámenes del arquitecto, la secretaria municipal, un bufete de abogados y la consultora de ingeniería que elaboró el plan, sólo pudieron redactarse en cuestión de minutos.
Lo que dijo la cartera
Según la subdirectora general de Protección de la Consellería de Cultura, la orden de Patrimonio "se entregó en las dependencias del registro del concello entre las 9.30 horas y las 10" del 21 de junio. Ese decreto suponía el fin de la tramitación del polígono. En este contexto cobra especial interés la declaración de la empleada de Correos que entregó las cartas certificadas con las alegaciones vecinales. La comparecencia de la cartera aclaró que el Ayuntamiento recibió la notificación de la Xunta entre las 9 y las 10.30 de la mañana, hora en que se cierra la oficina.
Taboada apunta a que ese día recibió primero las alegaciones, luego encargó los seis informes que la secretaria, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento, el bufete de abogados externo y la consultora de ingeniería independiente habrían entregado rematados en menos de una hora, y finalmente aprobó el proyecto de urbanización. Según él, fue después cuando llegó la orden de Patrimonio de cesar la tramitación. Lo contrario, seguir con la tramitación obviando las instrucciones de una administración superior, constituiría el delito de prevaricación que un grupo de vecinos imputa a su regidor.
* ELPAIS.com - J. P. - Santiago - 02/11/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
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Urbanismo da luz verde al segundo PAI con golf de Sant Jordi con el voto en contra de la CHJ
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat sigue aprobando poco a poco planes urbanísticos con oferta de golf en la provincia de Castelló. La Comisión Territorial de Urbanismo dio ayer luz verde a un PAI en Sant Jordi con campo de golf y 2.200 viviendas. La Confederación Hidrográfica del Júcar votó en contra por no estar garantizado el suministro hídrico.
Sant Jordi Golf ocupará una extensión de 1,9 millones metros cuadrados y contará con 2.200 viviendas, de las que 220 serán de promoción pública. El campo de golf abarcará una superficie de 792.579 metros.
Es el quinto proyecto con golf aprobado este año por el Consell. En este ejercicio la Comisión de Urbanismo ha dado luz verde a planes en Sant Rafael del Río, Xilxes(2) y Sant Jordi (La Carrasca). La Generalitat ha relanzado en esta legislatura la tramitación de la decena de PAI con golf presentados en la provincia. Castelló sólo dispone de tres instalaciones de este tipo (Borriol, Sant Jordi y Castelló) y ya han pasado 15 años desde que se construyera el último. Los promotores y el mismo presidente de la diputación, Carlos Fabra, han criticado en los últimos tiempos la demora del Consell en aprobar los proyectos urbanísticos de Castelló. Ahora parece que el Gobierno valenciano ha puesto el pie en el acelerador, aunque de momento no se han iniciado las obras de ningún campo. Tampoco de los tres proyectos que fueron aprobados en la pasada legislatura, como Benicàssim Golf, Sant Gregori en Burriana y Doña Blanca en Torreblanca.
El secretario general de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castelló (Apecc), Fernando Calpe, subrayó la aprobación del campo de Sant Jordi. También destacó el visto bueno a la ampliación del campo de fútbol El Madrigal en Vila-real. "Ambos proyectos significan un importante valor añadido para el turismo y desarrollo de nuestra provincia que ayudarán a situarla en el mapa a muchos turistas extranjeros", afirmó.
Por otra parte, la comisión suspendió el plan general del municipio de Ludiente por no prever reserva para VPP.
* Levante-EMV - J. Mestre - 1.11.2008
Foto: panorámica. Sant Jordi dispone ya de un campo de golf. - levante-emv
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La ampliación de la M-30 es ilegal
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid es contundente: la ampliación de la M-30 se hecho vulnerando diferentes normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. La sentencia (de 41 páginas) recoge todos los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción* y hace suyos los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más alta instancia judicial comunitaria, resultando demoledora para las tesis defendidas por el Ayuntamiento y su alcalde.
Este tremendo correctivo legal se une a las informaciones recientemente conocidas sobre el verdadero coste de esta obra megalómana (más de 10.400 millones de euros, según actas del propio Ayuntamiento) que hipotecará los presupuestos municipales durante 35 años.
En buena lógica democrática, a partir de esta sentencia el Sr. Ruiz-Gallardón debiera extraer evidentes consecuencias políticas y personales, toda vez que la obra más emblemática de su anterior legislatura ha sido declarada ilegal y sus argucias leguleyas puestas en evidencia.
La sentencia es de una tremenda rotundidad contra el Ayuntamiento de Madrid. El juez acoge “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento junto al cauce del Manzanares.
Antes de emitir su sentencia, el juzgado elevó una cuestión prejudicial a la más alta instancia judicial de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, quien, en julio de 2008, fue también muy contundente contra el Ayuntamiento [1]. Ahora, el pronunciamiento y los argumentos del Alto Tribunal Europeo han sido incorporados a la sentencia del tribunal madrileño, por lo que son muy difícilmente cuestionables.
Varapalo sin precedentes para el Ayuntamiento y su alcalde
El juzgado admite todos los argumentos de la organización ecologista y rechaza la totalidad de los defendidos por el Ayuntamiento. Así, concluye que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, que no es de recibo el “troceado” en diversos proyectos para eludir este procedimiento y que el hecho de que sea una vía urbana, o no, (reiterado “argumento” del Sr. Gallardón, de ahí lo de “Calle 30”) resulta irrelevante, puesto que en todo caso su reforma –y más si es del calibre de la que se realizó– tenía que someterse a este precepto legal.
Connivencia culposa de la Comunidad de Madrid
La sentencia tampoco olvida la connivencia culposa de la Comunidad de Madrid. El juez declara que “se ha constatado la infracción de una norma imperativa del derecho interno español, contenida en una ley autonómica”, refiriéndose a la vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que obliga taxativamente a la evaluación de impacto ambiental previa a todo proyecto que afecte a un Bien de Interés Cultural, como era el caso de las Terrazas del Manzanares afectadas por las obras.
Las componendas de última hora no pueden justificar actos administrativos que desde el principio son nulos
El Ayuntamiento ha venido presentando como éxitos judiciales algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien consideraba que, aunque se evidenciaban numerosas ilegalidades, resaltaba la dificultad de parar las obras próximas a su finalización y entendía que las irregularidades podrían ser compensadas con el compromiso contraído por el Ayuntamiento con la Comisión Europea de realizar una evaluación ambiental a posteriori.
Pero, finalmente, estos argumentos no son de recibo para el Juzgado Contencioso-Administrativo 22, el cual, citando numerosa jurisprudencia, deja claro que no se pueden alegar componendas posteriores para justificar un acto administrativo (en este caso, la adjudicación de los proyectos) que resultaba nulo desde el principio.
Lentitud judicial: indefensión del medio ambiente y de la calidad de vida
Ecologistas en Acción se congratula de esta sentencia, pero no puede sino constatar cómo nuestro sistema judicial no permite en la práctica la defensa del medio ambiente, ni de la salud y bienestar de la población. A pesar de que los recursos han sido interpuestos antes del inicio de las obras, no se ha podido evitar la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años (en los que muchos llegaron a abandonar sus viviendas) por la forma en la que se realizaron los trabajos (ruidos nocturnos, zanjas, vallas, afecciones respiratorias, etc.).
En definitiva, y como ha venido repitiendo Ecologistas en Acción desde el principio, la ampliación de la M-30 era ilegal. Pero no sólo se trata de una obra que ha vulnerado diversas leyes y normativas. También ha supuesto una ruina económica para las arcas municipales que se prolongará durante muchas legislaturas sin que, en contra de lo que sigue pregonando el Ayuntamiento, se haya resuelto ninguno de los problemas que teóricamente la justificaban: los problemas de movilidad siguen siendo los mismos, los atascos persisten, la contaminación del aire continúa por encima de los límites legales, los jardines prometidos brillan por su ausencia… Ahora, además, mientras las deudas aumentan y los impuestos suben, las ilegalidades se ponen en evidencia.
La responsabilidad política de este descomunal despropósito recae, nadie lo duda, en el Alcalde, Ruiz-Gallardón: ¿asumirá sus responsabilidades políticas?
* Ecologistas en Acción de Madrid - 29.10.2008
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La ex alcaldesa de Dénia, imputada tras una denuncia por prevaricación
INFORMACIÓN/Alicante* : La ex alcaldesa de Dénia, Paqui Viciano (PSPV-PSOE), quien fuera su gerente de Urbanismo, Joan Frasés, y el edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, el también socialista Juli Martínez, tendrán que explicar en los tribunales la operación por la que el Ayuntamiento vendió en el año 2004 un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora.
Hace un mes, el fiscal de Dénia admitió a trámite la denuncia interpuesta en el pasado mes de mayo por el PP, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata, por presunta prevaricación administrativa, y ayer mismo llegó la consecuencia directa de esa admisión: un auto de la Fiscalía de Alicante ordena al Juzgado número 3 de Dénia que abra las diligencias citando a declarar como imputados a Viciano, Frasés y Martínez.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando el Ayuntamiento enajenó a la mercantil Construcciones Conca S.L. la parte de un antiguo camino catastral por el valor de 38.317,34 euros. El viejo vial atravesaba una parcela urbanizable propiedad de la empresa que, al comprar ese tramo (240 metros cuadrados) al consistorio, pudo llevar a cabo la edificación de una urbanización que está ya concluida.
En la denuncia que interpusieron en mayo, cuando estaban aún en la oposición, PP, GD y PSD acusaban de presunta prevaricación a los ahora imputados. A su juicio, los tres se habrían puesto "previamente de acuerdo" para tramitar la venta del camino, con un informe jurídico "sin firmar". Y que la venta se había "adjudicado a la empresa urbanizadora sin subasta y sin justificación del valor de venta al precio de 222,37 euros por metro cuadrado, cuando el precio medio por metro cuadrado para el mismo Ayuntamiento a mediados de 2004 era de 2.021 euros".
Sin embargo, los informes municipales desdicen todos estos extremos. La venta del camino se realizó con el visto bueno de todos los técnicos. Así, respecto al valor de venta, el informe del arquitecto municipal, Rogelio Mira, daba su visto bueno al valor estipulado; es más, indicaba también que el precio está fijado por una tasación "realizada por una oficina bancaria" y que incluso "es superior al de los valores urbanísticos de las tablas de transferencias" de aprovechamiento que aplicaba el ayuntamiento. Es decir, que incluso el ayuntamiento ingresó más dinero del que hubiera recaudado si aplicaba sus propias tablas.
Asimismo, el informe jurídico, que sí que estaba firmado, concluye que "se proceda a la enjenación directa de la parcela sobrante de propiedad municipal, antiguo camino catastral" y que se haga "por un valor total de 38.317,34 euros". El mismo informe explicaba también que el camino enajenado había dejado de ser un camino catastral desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1972, pasando a ser un bien patrimonial considerado parcela sobrante. Y por tanto, en base al artículo 115 del Reglamento de Bienes,de las Entidades Locales, su destinto ha de ser ser enajenada o vendida directamente "al propietario o propietarios colindantes". Según ese informe, la denuncia de PP, GD y PSD partiría ya en su primera línea de una premisa falsa, en la que los denunciantes acusan a Viciano de "aprobar y firmar el contrato de compraventa para la venta directa del camino catastral XXVIII municipal".
Defienden la legalidad de la operación
Paqui Viciano acogió ayer la noticia con sorpresa. Pese a estar fechado el auto el pasado día 27, ni ella ni los otros dos imputados, aseguró, habían recibido a última hora de la tarde la notificación que circulaba ya por todos los medios de comunicación. No obstante, la actual portavoz socialista, que se reunió tras conocer la imputación con Joan Frasés y Juli Martínez, manifestó que "estamos tranquilos, porque el expediente se tramitó, como todos, con total escrupolosidad " y con el aval de la legalidad. De hecho, cuando el anterior gobierno local PSPV-Bloc aprobó la venta de los 240 metros cuadrados del antiguo camino lo hizo, recordó, tras recabar todos los informes jurídicos y económicos necesarios. Y todos ellos avalaban tanto legalidad de la operación como el precio de venta. Para Viciano, "está claro" que el actual pentapartito que gobierna la ciudad a raíz de la moción de censura del 7 de julio, "tiene que justificar" su operación de acceso al poder.
* Información - SERGI GARCÍA - 1.11.2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
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El fiscal se querella por prevaricación urbanística contra el alcalde de Piélagos
EFE/Santander* : La Fiscalía de Cantabria se ha querellado por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio contra el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de conceder licencias de construcción en suelo no urbano, de forma arbitraria y pese a tener informes en contra.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander declara a Pacheco imputado en los dos delitos citados por el Ministerio Público y emplaza a las partes a que formulen los correspondientes escritos de acusación, o de sobreseimiento, para decidir si procede abrir juicio oral.
Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que han puesto en cuestión la legalidad del urbanismo practicado por el Ayuntamiento durante el mandato de Pacheco, que gobierna con mayoría absoluta.
Entre otras, se han dictado cuatro sentencias de derribo contra otras tantas urbanizaciones que suman un centenar de viviendas en la localidad costera de Liencres y se ha declarado ilegal un plan parcial que permitía construir 400 apartamentos y chalés en el Alto del Cuco, incrustados mediante taludes en la ladera del monte.
El auto no explicita por qué licencias en concreto se considera a Pacheco imputado en prevaricación y delito contra la ordenación del territorio, pero sí recoge que concedió licencias en 18 expedientes comprendidos entre los años 2001 y 2004 en los que el arquitecto municipal y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Piélagos habían formulado objeciones o reparos.
La querella del fiscal fue presentada en 2005, pero no se ha conocido hasta hoy, al hacerse público el auto dictado el pasado día 23 por el magistrado Jaime Parra, en el que se da por terminada la instrucción del caso y se emplaza a las partes a que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral contra el alcalde.
* SITU.es - EFE - 1.11.2008
Foto: Piélagos, Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
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Chabolismo universitario
ELPAÍS/A Coruña* : Dueños de chalés en A Coruña instalan en el jardín casetas para estudiantes. La Universidade da Coruña, con dos campus y 22.527 alumnos, es la única en Galicia, y de las pocas en España, que carece de cualquier oferta pública de alojamiento para estudiantes.
Un vacío clamoroso que arrastra desde hace casi dos décadas y que ha suplido con picardía y fuera de la ley la iniciativa privada, con la construcción en el entorno rural del campus coruñés de asentamientos de casetas ocultas en fincas de particulares, sin condiciones mínimas para ser habitadas y alquiladas al precio de una vivienda en el centro de la ciudad, a razón de 9 a 10 euros el metro cuadrado.
Todo un fenómeno urbanístico y especulativo "dramático y preocupante" que ha sacado a la luz un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, tras una investigación de dos años. Infravivienda universitaria reza el título del detallado trabajo que se expondrá a partir de la próxima semana con elocuentes fotografías, tanto áreas como en superficie, planos y datos sobre estos asentamientos para estudiantes. Se trata de un tipo singular de alojamiento próximo a la definición de chabola del diccionario de la Real Academia Española: "Vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas suburbanas".
Un engendro urbanístico que prolifera dentro de fincas particulares con chalé, a la entrada del campus coruñés, en la zona residencial y periférica de A Zapateira. El grupo de investigación de Arquitectura, encabezado por los profesores Xosé Lois Martínez y José Manuel Vázquez Mosquera, detectó entre 100 y 150 asentamientos de casetas construidas en propiedades privadas al margen de cualquier ley para alquilar a estudiantes. Sería sorprendente que estas construcciones tenga siquiera licencia. El guión siempre es el mismo: una hilera de casetas, de 8 a 20 unidades, erigida en una esquina de una finca con vivienda principal legal, por lo general un chalé rodeado de zona ajardinada. No son construcciones visibles desde la calle, ya que están estratégicamente situadas y ocultas por el cierre de la parcela, sea éste un muro o vegetal. Cada módulo, con ventana y puerta orientada hacia el interior de la finca, está lejos de reunir las condiciones mínimas para ser habitado, destacan los profesores de Arquitectura.
Detectaron y denuncian, con esta exposición, 11 casos en los que se ven dos tipologías de infravivienda para universitarios. Una con una superficie útil de 12,4 metros cuadrados que consta de una única habitación, amueblada con cama, mesa de estudio y un armario, y un diminuto aseo. Se alquila por 140 euros mensuales. Hay otro tipo de módulo (17 metros cuadrados) que incluye, además de la estancia principal y el aseo, un habitáculo con una pequeña cocina independiente, eso sí sin ventilación o evacuación de humos. El precio es de 170 euros al mes. Por supuesto, no hay calefacción. Incluso se descubrieron sótanos de casas particulares, reconvertidos en alojamientos alquilados a estudiantes, denunció Vázquez Mosquera. Los dueños de un chalé con piscina y amplia zona ajardinada urbanizaron la estrecha parte trasera de su finca con siete casetas para universitarios, a las que se accede a través de un pasillo acotado por hileras de setos con el fin de dividir y preservar la intimidad de los caseros.
La falta de residencias públicas, en una universidad con una demanda de 8.000 plazas de alojamiento, también hizo enormes estragos en la pequeña aldea de Castro de Elviña. Encajonada en el campus, que la rodea, y pasto de una especulación salvaje, está siendo "destruida" con la construcción de edificios de hasta siete pisos erigidos entre las tradicionales casas de una planta, denuncian los autores de esta investigación. "Las instituciones, empezando por las consellerías de Educación y Política Territorial, además de la propia universidad, no deben tolerar más estos procesos de degradación urbanística, y menos en un campus donde se supone que se educa", reclamó Xosé Lois Martínez.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 01/11/2008
Foto: A Coruña, campus Zapateira - udc.es
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Insa da por caducados los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en Ontinyent
LEVANTE/Valencia* : La alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, del PP, ha aprobado la caducidad de los expedientes de 61 infracciones urbanísticas denunciadas durante la última etapa del anterior gobierno municipal, formado por PSOE, Bloc y EU. La mayoría de los casos están relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.
La medida, que no ha sido avalada por ningún informe técnico, beneficia también a una promoción de nueve adosados que un constructor inició en una zona de especial protección y que el Seprona ordenó paralizar.
En el acuerdo plenario se requiere al registro de la propiedad para que "elimine" las anotaciones registrales en las propiedades afectadas. Paradójicamente, en el tercer punto del mismo acuerdo, votado en contra por PSOE y Bloc, se deja la puerta abierta a la reapertura de los expedientes -como recomienda en cada uno de los caducados la oficina técnica- toda vez que la infracción urbanística persiste y no se ha restituido la legalidad.
La persona que deberá "analizar caso por caso" la posible reapertura de los expedientes caducados, el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, proclamó en el pleno que la decisión se había tomado porque "en nuestro programa electoral prometíamos dar una solución definitiva a la problemática de las casitas", una de las banderas utilizadas por el PP en su oposición frontal al anterior gobierno municipal cuando decidió aplicar a LUV en el caso urbanístico del diseminado de Ontinyent. Tortosa acusó al anterior equipo de gobierno de haber aplicado la ley "de manera arbitraria" y declaró que "lo que queremos es cerrar una etapa y abrir otra", aunque no dio más detalles. El concejal de Urbanismo tampoco aclaró qué sucederá con los expedientes de paralización de obras en el diseminado abiertos durante los 15 meses que lleva gobernando, algunos de los cuales también podrían declararse como caducados.
En este punto, técnicos urbanistas consultados por este diario se han mostrado "perplejos" por la actuación del gobierno de Ontinyent, porque consideran que se ha lanzado a la ciudadanía un mensaje de "impunidad urbanística" que "no traerá nada bueno desde el punto de vista de la legalidad". Estas fuentes explicaron que, a partir de esta decisión, "cualquier vecino puede solicitar el mismo trato por parte del ayuntamiento". Y ponen como ejemplo a una persona que haga una pequeña obra en su casa: "para qué tiene que solicitar licencia, si el expediente de la infracción se lo pueden caducar", han insistido.
Estos mismos expertos han advertido de que la caducidad de un expediente "no supone la restitución de la legalidad", tal como apuntan los responsables de la oficina técnica de Ontinyent, por lo que consideran que el concejal de Urbanismo "debería ordenar la reapertura de los expedientes porque la infracción cometida persiste". "De lo contrario", estiman las mismas fuentes, "el concejal podría estar cometiendo una prevaricación al no ejercer sus funciones".
La regidora socialista, Rebeca Torró, que explicó el voto negativo de su grupo, expresó en el pleno su "incredulidad" porque el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, planteara la caducidad de unos expedientes en el pleno, ya que según explicó Torró, "este asunto es de su área (Urbanismo), es materia de despacho ordinario". La edil socialista preguntó a Tortosa porque lo llevaba al pleno, "a qué tiene miedo y por qué quiere que todos seamos corresponsables de esta decisión". Torró explicó que la caducidad de unos expedientes no es competencia del pleno y, por tanto, "este no puede asumir competencias que no le han sido atribuidas". La regidora pidió al equipo de gobierno del PP y a Tortosa que "no eludan su responsabilidad y tomen las decisiones que les tocan".
Por su parte, Joan Cambra, que durante la sesión no quiso explicar su sentido del voto negativo, respondió a las acusaciones lanzadas por parte del líder vecinal Víctor Márquez. Cambra, ex cocnejal del Diseminado, dijo que lo que se hizo "es cumplir la ley y ordenar el territorio", y que a los de Adecca "se les pidió paciencia para resolverlo y no la tuvieron, además todos tienen la casa terminada y no hay peligro de nada, ni de que se haga derruir y de nada", insistió Cambra.
* Levante-EMV - 1.11.2008
Foto: Ontinyent (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
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Marbella: Afectados por el PGOU reclaman que se revisen las licencias ilegales y piden amparo al Parlamento Europeo
SUR* : Mientras algunos vecinos han visto el cielo abierto con el blindaje que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que asumir el coste de las compensaciones para regularizar sus inmuebles, otro sector de la población sigue con la mosca tras la oreja y vive con temor el contenido del futuro planeamiento.
Son los otros afectados, a los que casas construidas durante el gilismo al margen del Plan General les usurparon equipamientos, zonas verdes o le privaron de intimidad. De nuevo, tras la aprobación provisional del documento, empiezan a moverse para hacer oir sus críticas y reclamar que se les resarza por los daños causados. Que no sea sólo pasar página.
Inmaculada Gálvez, abogada y candidata al Senado en las últimas elecciones por el partido Ciudadanos, representa a más de 3.500 vecinos que se encuentran en esta situación y que están buscando amparo incluso en el Parlamento Europeo. Según avanzó a este periódico, las gestiones para que una comisión parlamentaria se desplace a la ciudad están en marcha. «Instalarían una oficina parlamentaria varios días para recoger las quejas vecinales e investigar el urbanismo de la ciudad», apunta. La mirada está puesta en la intervención que el Parlamento Europeo hizo en Valencia con la publicación del informe Fourtou, que ponía en entredicho sus leyes urbanísticas.
«Pediremos amparo porque la Justicia española ni responde ni ha respondido, porque los hechos están consumados», recordó Gálvez al hilo de las sentencias firmes y de los edificios construidos y habitados pese a su ilegalidad. A su juicio, el Plan actual es de «difícil ejecución porque no se puede cobrar directamente al promotor por legalizar; no se puede hacer una ley para regular las ilegalidades urbanísticas».
Sentencias
Es una de las medidas que se pusieron sobre la mesa tras una reunión celebrada en la noche del jueves en un hotel de la ciudad entre representantes de varios colectivos. La otra, según explica Rafael Ávila, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que pide el cumplimiento de las sentencias, es instar al equipo de gobierno a que se revisen las licencias ilegales para garantizar que los promotores tengan que pagar las compensaciones.
«Si no se hace así no hay ningún arma para reclamar a los promotores y acabará pagando de nuevo el pueblo», sostiene. Igualmente, Inmaculada Gálvez advierte de que, de seguir así, impugnarán el documento tras su aprobación definitiva, al tiempo que advirtió de que presentarán reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento y la Junta. «Hay que negociar a tres bandas y no se está teniendo en cuenta a los realmente perjudicados», añadió.
* SUR - 01.11.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El TSJ pone en jaque el urbanismo de Castellón
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia ha declarado "nulo y contrario a derecho" el Programa de Actuación Integrada (PAI) Mestrets de Castellón. Se trata de un desarrollo urbanístico de un millón de metros cuadrados en el que el alcalde del PP, Alberto Fabra, depositó todas sus esperanzas para cumplir con sus compromisos electorales aun a costa de la legalidad, como ha apuntado la sala.
El Ayuntamiento, con el beneplácito del Consell, que aprobó definitivamente el proyecto, intentó repercutir en este PAI el suelo dotacional de otros aprovechamientos urbanos de la ciudad, de forma que "más del 50% del suelo de la zona" recibió esta carga urbanística en perjuicio de los propietarios, lo que ha llevado al tribunal a asegurar que el Ayuntamiento y la Generalitat "infringieron los artículos 9, 62 y 66 entre otros" de la LRAU por vulnerar el principio de distribución de beneficios y cargas urbanísticas.
Alberto Fabra convirtió el suelo del Plan dels Mestrets en una especie de cajón de sastre, donde cabían el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el rectorado de la VIU, la ronda de circunvalación o más de 3.000 viviendas protegidas. Ahora, con la anulación del PAI, todos estos proyectos carecen de suelo que los acoja.
Por otra parte, el Ayuntamiento y el Consell se comprometieron a "ejecutar las medidas correctoras establecidas en el estudio de inundabilidad" y "someter el plan director a la Confederación Hidrográfica del Júcar". En su sentencia, los magistrados recuerdan que ese informe "fue desfavorable". Por otra parte, el tribunal reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no contestase "a ninguno de los argumentos de la demanda" en lo referente a las competencias locales "haciendo expresa dejación de sus derechos procesales".
El conflicto se inició en 2003, cuando el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, Alberto Fabra, anunció la urbanización de Els Mestrets, con la construcción de 6.300 viviendas, de las que la mitad serían de VPO. Los vecinos de Mestrets-Borriolenc denunciaron que el Ayuntamiento les dejaba literalmente en la calle, dadas las mínimas compensaciones y las cargas excesivas. El TSJ les ha dado la razón.
* ELPAIS.com - MIGUEL Á. CAMPOS - Castellón - 01/11/2008
Foto: protestas. Los afectados del PAI Mestrets han asistido con pancartas a los plenos municipales durante 4 años - vicent gamir, levante-emv.com
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1.11.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Cuando la palabra 'sostenible' da risa
SOITU* : El apelativo 'sostenible' se usa hasta el aburrimiento. Basurama, un colectivo cultural que nació de una iniciativa de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha querido incidir sobre el empleo que se hace de este ambiguo término con una serie de humor titulada "100% Sostenible" que ha lanzado hoy en internet.
Con una mezcla de ironía y humor, Basurama pretende con este corto titulado 'Murcia: lechugas, pelotas de golf y otros animales' hacernos ver que "lo que se nos ha vendido como desarrollo en el fondo no es más que crecimiento sin límites". La serie es una llamada de atención sobre el uso actual del concepto de sostenibilidad, "verdadero placebo para nuestras consumistas y a la vez preocupadas mentes".
El capítulo presentado es sólo el comienzo. Como explica Pablo Rey, uno de los integrantes de este colectivo cultural, "ahora estamos trabajando en el siguiente capítulo que trata sobre Nápoles (ver trailer) y también nos gustaría grabar otros cortometrajes sobre las autovías y la construcción del casino en los Monegros. "Queremos ser testigos de la ilimitada ambición humana y por eso nos hemos propuesto 'ir al lugar' y retratar todos estos fenómenos reales, pero de una manera divertida que refleje la levedad de nuestro paso por este mundo".
¿Cómo se gestó el concepto de 'desarrollo sostenible'? Como explica el economista José Manuel Naredo en su texto 'Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible', "tras la aparición de Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se fue poniendo de moda el objetivo del 'desarrollo sostenible' entendiendo por tal aquel que permite 'satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas'. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Pues, según este economista, la explicación está justamente en el halo de ambigüedad que acompaña esta terminología.
En la serie estrenada por Basurama, los protagonistas de este cortometraje que dura unos 20 minutos son tres científicos de élite (Dr. Heart, Dr.Metz y Dr. Artila) apoyados por un ordenador central llamado Hols. Todos se encargan de controlar la sostenibilidad del planeta frente a la acción destructiva del hombre. En concreto, este capítulo dedicado a Murcia retrata cómo la especulación inmobiliaria está influyendo en la transformación irreversible del litoral mediterráneo.
El documental puede verse también en www.100x100sostenible.com y 'Sostenible Youtube'.
* SOITU.es - 30.10.2008
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31.10.08
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , VÍDEOS
La Justicia llega tarde al medio ambiente
ADN/Madrid* : Sentencias inútiles. El soterramiento de la M-30, el desdoblamiento de la M-501 y el Recinto Ferial de la Isla de Colegio (Alcalá Henares). Tres proyectos con sentencias judiciales en contra por falta de respeto alas leyes que protegen el medio ambiente, los tres ejecutados y en funcionamiento cuando llegaron los fallos.
El acuerdo del Ayuntamiento para hacer los túneles de la M-30 junto al río Manzanares omitió una declaración de impacto ambiental previa. El magistrado anuló el proyecto el 16 de octubre. Pero los coches circulan desde hace más de un año.
Jaime Doreste, el abogado que llevó el recurso para Ecologistas en Acción, explica: "Si se hace firme la sentencia, pediremos alguna compensación a la hora de ejecutarla". La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, dio ayer el asunto "por finiquitado", ya que piensa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les dará la razón en su apelación.
Proceso lento
La lentitud resta fuerza a las sentencias que protegen los valores naturales. Los vehículos transitan por la M-501 convertida en autovía desde julio. El TSJM sentenció el 14 de febrero "la restitución al estado anterior [a las obras] de la zona". El recurso ante el Supremo de la Comunidad dejó en suspenso esta decisión. La carretera funciona desde hace cinco meses, a pesar de que no contempló la normativa europea sobre medio ambiente.
En Alcalá de Henares, el Ayuntamiento levantó un re cinto ferial y de ocio en la Isla de Colegio, un espacio de la Red Natura 2000 protegido por la Unión Europea. El TSJM anuló en mayo de 2007 el proyecto por no haberse sometido al estudio de impacto ambiental, del que fue eximido por la Consejería de Medio Ambiente. Mandó el fin de las obras cuando ya estaban realizadas.
De hecho, las fiestas patronales de 2007 se celebraron en este espacio a pesar de la sentencia, ya que "el tribunal no aludía a limitación de uso en el espacio ya construido", dijeron.
EL APUNTE
Estudios ambientales para evitar sanciones
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid hacen estudios de impacto ambiental 'a posteriori' para la M-501 y la M-30 respectivamente. Los expedientes abiertos por la Comisión Europea ante la falta de respeto a la normativa medio ambiental les llevó a tomar estas medidas para contentara la CE y evitar una proceso judicial en Luxemburgo.
* ADN - Raúl Rejón - 30.10.2008
Foto: Madrid obras_M-30 -L. Magán (El País)
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31.10.08
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Tema: NOTICIAS Madrid , NOTICIAS URBANISMO
Marbella: Más de 60 urbanizaciones demandan ayuda al Consistorio por la falta de infraestructuras básicas
SUR* : Suele decirse que a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso debieron pensar durante años algunos promotores que, camuflados en la voraz política urbanística del GIL, que arrambló como una apisonadora con suelos de equipamientos y zonas verdes para armar paredes de ladrillo, dejaron flecos considerables en las infraestructuras necesarias para las urbanizaciones donde pusieron su firma.
Las consecuencias las pagan ahora miles de vecinos con problemas en el saneamiento, el asfaltado, el acerado, el alumbrado o la seguridad vial, entre otros aspectos básicos para garantizar la calidad de vida.
Muchos, algunos también para subsanar los achaques propios de la antigüedad de las construcciones, ya han llamado a la puerta del Ayuntamiento para pedir ayuda para solventar los déficit y para abaratar los costes de la obra con el asesoramiento técnico municipal. Según explicó Javier García, director del Área de Urbanizaciones y coordinador de Las Chapas, en total son más de 60 los núcleos residenciales que se han puesto en contacto con el departamento para acogerse a los convenios de colaboración con el fin de concluir sus equipamientos.
Las seis primeras
La iniciativa, puesta en marcha por el equipo de gobierno a principios de año, ya ha cuajado en obras en seis urbanizaciones: en calle Cártama (Nagüeles), Las Lomas de Marbella Club, la calle Nerja (Rocío de Nagüeles), Marbesa, Carlina Norte y Carib Playa (Las Chapas). En estos casos la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a los acuerdos de colaboración, por los que el Ayuntamiento se encarga de la redacción de los proyectos y exime a los vecinos de pagar la licencia de obras, con el consiguiente abaratamiento de la actuación, que, no obstante, corre a cargo de la urbanización al estar fuera del ámbito de su competencia.
«El notable aumento de peticiones evidencia las ventajas que comporta el acuerdo ofertado, puesto que disponen de asesoramiento técnico municipal y además se benefician de un considerable abaratamiento de los costes», valoró García, al tiempo que resaltó que con estos convenios se pone fin «a los problemas acumulados durante muchos años fundamentalmente por obras que no fueron ejecutadas en su momento por los promotores y en otros muchos por la antigüedad, de varias décadas». Los tramites municipales se prolongan unos dos meses, según apuntó.
Informes técnicos
A las primeras seis actuaciones, le seguirán muchas más. A día de hoy están en tramitación, a la espera de recibir el informe técnico, otros seis proyectos relativos para las urbanizaciones Los Pinos, Los Molineros, El Mirador, Marqués del Duero, Las Torres de Marbella Club y La Virginia. Igualmente el Ayuntamiento está a la espera de recibir las solicitudes formales de Las Flores, Marbellamar, Panorama, Supermanzana F, Coto Real, Lomas de Río Real, Sol Lido y Grace Paradise.
Sobre el terreno, las obras se traducirán en la construcción de aceras, la instalación de tuberías y de colectores para el saneamiento o la colocación de alumbrados, en los casos de abandono más flagrante. En otros casos puntuales, las peticiones obedecen al interés vecinal de mejorar su calidad de vida con la implantación, por ejemplo, de puntos limpios para depositar los residuos.
MÁS INFORMACIÓN I Delegación de Urbanizaciones. C/ Pinsapo. Las Chapas. 952 838 410/11. urbanizaciones@marbella.es.
* SUR - 30.10.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: MARBESA. Una de las urbanizaciones más antiguas cuyos vecinos han solicitado firmar el convenio con el Ayuntamiento. / JOSELE-LANZA, diariosur.es
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31.10.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Contra el automóvil
ORIOL BOHIGAS* : En el libro Dues hores de lucidesa, Noam Chomsky dice: "Durante los años 50, el gobierno de los Estados Unidos lanzó uno de los programas de ingeniería social más vastos de todos los tiempos. Se trataba de desmantelar la red de transporte público (el ferrocarril) en beneficio de la carretera y los aviones (...). Fue comprada por tres compañías: General Motors, Firetone y Standard Oil. La desmantelaron para privilegiar el transporte por carretera, con lo cual podían ganar mucho dinero.
Fueron acusadas de connivencia ilícita y condenadas a pagar una cantidad ridícula, del orden de cinco mil dólares. Después, el gobierno americano, pretextando intereses de defensa nacional, construyó una red de autopistas (...). Simultáneamente, destruyó las vías de tren y construyó aeropuertos. El resultado fue la creación de un sistema de transporte basado en la lógica industrial en vez de una lógica de servicio público". Y al preguntarle sobre las consecuencias de esta operación, Chomsky contesta: "Consecuencias inmensas, empezando por la decadencia de los centros de las ciudades y el desplazamiento de los habitantes hacia la periferia. Las ciudades ya no tienen centro, la gente vive en los alrededores, donde hay los grandes centros comerciales (...). Este programa gigantesco de ingeniería social, pensado para enriquecer a los constructores de coches, los fabricantes de neumáticos y las compañías petrolíferas, tuvo un impacto terrible en la sociedad, los esquemas de consumo y las relaciones individuales". Sólo añadiendo algunos datos seguramente más radicales, las afirmaciones de Chomsky explican los orígenes mafiosos y las graves consecuencias de la invasión abusiva de automóviles en las ciudades y en los paisajes interurbanos.
Un ejemplo escandaloso puede ser Caracas, víctima de los sucesivos populismos gubernamentales. Una enmarañada red de monstruosas autopistas a tres niveles anula cualquier vialidad peatonal, sin ni siquiera aceras donde refugiarse, y soporta los permanentes embotellamientos de coches que no tienen escapatoria hacia una red menos especializada. Y mientras tanto, el Gobierno promueve con incentivos alocados la compra de automóviles y ofrece gasolina prácticamente gratis. Del transporte público de gran alcance se habla sólo como una lejana utopía. Una ciudad dividida en dos especies antiurbanas: los terribles tugurios y unos pretendidos centros sepultados bajo unas autopistas que sustentan el perpetuo colapso. Una ciudad en la que no se puede andar, no sólo por temor a la delincuencia, sino porque ya no quedan calles utilizables.
Las ciudades europeas funcionan mejor, pero, a pesar de ello, se ven presionadas por los ciudadanos, que reclaman soluciones de urgencia, casi siempre tan ingenuas como la simple ampliación de espacios vehiculares sin prever las congestiones que puedan producir. En Barcelona se resiste discretamente el envite del populismo. Hay que reconocer que el municipio se ha esforzado en reducir o controlar los espacios vehiculares exclusivos, aumentando aceras y eliminando carriles en algunos puntos significativos con resultados plausibles. La oferta y demanda de espacio vehicular funciona de manera especial. Si en un punto de tráfico demasiado denso se aumenta el espacio, acudirán más coches y la densidad será la misma. Si se quiere reducir esa acumulación, hay que poner dificultades disuasorias a los vehículos y, sobre todo, darles menos espacio, civilizarlos para que convivan y no destruyan la ciudad. En la década de 1980 ya se derribaron en Barcelona dos autopistas elevadas y ahora veo otros programas en este mismo sentido. Los cinturones se construyeron con dimensiones mínimas para reducir la entrada de coches en la ciudad. Un cinturón con más carriles habría colapsado algunos barrios. Hay que conformarse: en una ciudad grande y densa -dos cualidades específicamente urbanas- hay que contener en el tráfico -hacerlo incómodo, pero todavía útil para el coche- si no se quiere colapsarla.
Esta actitud es difícil de mantener con radicalidad ante las contradicciones habituales entre las urgencias y la planificación. Los aparcamientos pueden ser un buen ejemplo. En zonas densas facilitan el uso del coche y, por tanto, favorecen su excesiva acumulación. Pero, en cambio, bien dimensionados y bien situados, son indispensables para una mínima supervivencia, indispensable en muchos casos. Por tanto, hay que cifrar correctamente esos mínimos y no dejarse llevar por el optimismo funcional inmediato.
En la nueva terminal del aeropuerto de El Prat parece que se construye un aparcamiento inmenso de no sé cuántos miles de plazas y que, en cambio, todavía se discute -con augurios no muy esperanzadores- sobre la interconexión directa con el metro, el tren y la alta velocidad. Es decir, se prevé una prioridad del transporte privado sobre el público que puede tener un impacto negativo en los esquemas de consumo de la ciudad, como decía Chomsky. Un mal ejemplo y una mala lección. Nadie se preocupará en cambiar esa prioridad porque, según parece, los ingresos más cuantiosos de AENA provienen de la explotación del centro comercial y de los aparcamientos. También aquí se está creando un sistema "basado en una lógica industrial en vez de una lógica de servicio público".
Pero la mayor contradicción está en que cualquiera de estas decisiones para reducir o civilizar el tráfico exige otra decisión previa: la mejora y la eficacia responsable de un sistema de transporte público de gran alcance, especialmente el metro y sus variantes con autonomía de trazado. Y eso es lo difícil, especialmente en Barcelona, donde los déficit son evidentes. Pero es indispensable porque hemos llegado al límite. Ya no se puede seguir civilizando el coche si no se ofrece una alternativa que acoja a los que se habrán declarado no usuarios por respeto al orden y el bienestar de la colectividad.
* Oriol Bohigas es arquitecto.
* ELPAIS.com - OPinión - 29/10/2008
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31.10.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO