ELMUNDO/Toledo* : A Francisco Hernando, el Pocero de Seseña, le crecen los enanos. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y promotor José Moreno, conocido como el 'Pocero de Fuenlabrada', han llegado a un principio de acuerdo para construir 21 viviendas de protección oficial para jóvenes a un precio que rondará los 100.000 euros, justo al lado del residencial donde hay proyectadas 13.500 viviendas, de las que sólo se han construido 5.000 y vendido 1.100.
"Se trata de un acuerdo verbal entre el alcalde y yo. Le dije que, al precio que están los terrenos -entre 550 y 600 euros el metro-, podían construirse casas protegidas con una repercusión del precio del suelo de entre 18.000 y 24.000 euros por vivienda, de forma que las casas no pasarían de 100.000 euros", explica José Moreno a elmundo.es.
Inevitablemente, surgen las comparaciones entre ambos promotores. "A mí lo que hagan otras personas me da lo mismo. Yo pienso en los jóvenes y construiré las viviendas para ellos. Estoy convencido de que el primer día que salgan a la venta me las quitarán de las manos", asegura Moreno.
A las 21 viviendas proyectadas, Moreno podría añadir en torno a un millar más en dos años, según lo acordado con el alcalde de la localidad, Manuel Fuentes (IU).
José Moreno ya ha entregado viviendas a precios similares en el municipio madrileño de Fuenlabrada y que comparte origen profesional con Francisco Hernando, 'Paco el pocero', promotor de un PAU de 13.508 viviendas en Seseña cuya autorización fue denunciada en su momento por el alcalde.
Según ha indicado el regidor, a través de la recientemente creada Empresa Municipal de la Vivienda, el Ayuntamiento quiere poner en el mercado viviendas de protección a un precio sensiblemente inferior al estipulado en el módulo actual. Para ello, ha apostado por "la unión de quienes hemos estado luchando por un urbanismo sostenible y porque se consolide un derecho que deben de tener todos los ciudadanos como es el derecho a la vivienda digna y además asequible".
El alcalde ha expuesto que, en la crisis económica actual y con el precio de la vivienda "disparado", el acceso a la vivienda "es imposible" para "la gente trabajadora y la gente joven", por lo que esta iniciativa ofrecerá una respuesta a esa situación y, además, impulsará la creación de empleo en la comarca de La Sagra.
Las primeras 21 viviendas sociales
Este mismo año se ofertarán las primeras 21 viviendas municipales a un precio que rondará los 90.000 y los 100.000 euros. Con este acuerdo, existirá la posibilidad de poder construir en Seseña, a medio plazo, miles de viviendas y por lo tanto, "la demanda de vivienda barata que sí que van a poder pagar la gente trabajadora y la gente joven la vamos a poder poner en el mercado", ha agregado.
Su intención es que en este mismo año se pueda ofertar un primer bloque de 21 VPO a un precio máximo de 90.000 ó 100.000 euros, aunque "si podemos dejarlo más barato lo haremos". Según su cálculos, en el futuro, cuando la localidad cuente con las infraestructuras prometidas, se podrían construir 1.500 viviendas protegidas en el suelo del que dispone el Ayuntamiento, con lo que se daría respuesta a la demanda de este tipo de vivienda no sólo de Seseña, sino de buena parte de la comarca.
El promotor obtendría sólo el 3% del beneficio industrial en los casos de promociones de pocas viviendas, pero, si el número de viviendas supera las 300, ese porcentaje se reduciría al 2,5 ó 2,75%. "Se nos abre un horizonte muy ilusionante", ha dicho el alcalde, quien ha comparado esta iniciativa con las viviendas público-privadas promovidas por el Gobierno regional y que, ha recordado, tendrán un precio de unos 150.000 euros, "por lo que la diferencia es abismal".
* El Mundo - 08/10/2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), el Pocero - elmundo.es
Pocero rico vs pocero bueno: duelo al sol en el páramo de Seseña
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9.10.08
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Almuñécar convocará un referéndum sobre su futuro urbanístico
ELPAÍS/Granada* : El Ayuntamiento de Almuñécar podrá someter su propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -que ya está aprobado provisionalmente- a referéndum. El Tribunal Supremo ha dado la razón al Consistorio que se topó primero con la negativa de la Junta de Andalucía y del Consejo de Ministros después. Ambos negaron al Ayuntamiento la autorización para que convocara la consulta popular que, aunque no es vinculante, sí que tiene relevancia a nivel político.
La primera que se opuso al propósito municipal fue la Administración autonómica con la argumentación de que el Consistorio carecía de competencia para convocar la consulta. El Ayuntamiento recurrió y el Consejo de Ministros acordó en septiembre de 2006 denegar de nuevo al Consistorio la posibilidad de celebrar la consulta.
El alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), convencido de que sí era competente para convocar la consulta, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ahora da luz verde a la intención de plantear la consulta sobre el PGOU. Benavides cree un "hito histórico" la sentencia que, según su letrado, Antonio Tastet, es la primera dictada sobre una consulta popular relacionada con el urbanismo municipal, a tenor de la investigación que realizó cuando presentó la demanda en 2006.
Para su negativa, el Consejo de Ministros se basaba en que no concurría para la celebración de la consulta uno de los requisitos que exige el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En concreto, que el objeto de la consulta popular sea: "Un asunto de competencia propia municipal". Un PGOU, según consta en la decisión recurrida, es un instrumento de planeamiento y la competencia para su formulación y aprobación corresponde a los Ayuntamiento y a la Administración autonómica de forma concurrente.
La Sala Tercera del Supremo, presidida por el ex ministro Fernando Ledesma, declara nulo el acuerdo porque se funda en una interpretación contra legem al identificar "indebidamente" el concepto "asunto de la competencia propia municipal" a la que alude la disposición legal con "asuntos de la competencia exclusiva del municipio".
Entre los fundamentos de derecho, la sentencia del Supremo incluye una decisión del Tribunal Constitucional de 2004 en la que se delimita la competencia de los municipios en materia de ordenación urbanística. "La regulación de las relaciones interadministrativas no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio y que la intervención de otras administraciones se justifica sólo en la medida en la que concurran intereses de carácter supramunicipal".
El referéndum, que según el alcalde se llevará a cabo con la máxima celeridad, no cuestiona las potestades urbanísticas atribuidas a la Junta y no resulta contrario al ordenamiento jurídico, según el fallo del Supremo contra el que cabe un recurso de unificación de doctrina.
El plazo fijado para presentarlo es de 30 días. Sin embargo, el letrado advirtió de la "dificultad" que supondría hacerlo en ese margen de tiempo al ser un caso único y, por lo tanto, sin referente legal al que ajustarse. De este modo, y una vez transcurra dicho plazo, el Ayuntamiento convocará, según los términos que establece la ley, la consulta popular para que los vecinos de Almuñécar se pronuncien sobre el nuevo planeamiento urbanístico que sustituirá al aún vigente, que data de 1987. "Vamos por buen camino con la Junta", aclaró el regidor cuando fue preguntado por la situación actual del PGOU.
Si se celebra será, según el abogado, el primero en el que se pregunta a los ciudadanos sobre el futuro planeamiento urbanístico de una localidad.
Ejemplos de consulta sobre proyectos concretos sí hay. En 2006, en Villalba de los Alcores, (Valladolid) con 400 habitantes, los ciudadanos votaron no a la construcción de un hotel de lujo con campo de golf y un coto de caza.
* ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 09/10/2008
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
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9.10.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS URBANISMO
¿Por qué dicen urbanismo cuando quieren decir especulación?
CANALSOLIDARIO* : “No son las piedras, son los seres humanos los que hacen la ciudad” decía Aristóteles. Pero hoy cientos de ciudadanos y ciudadanas tienen que agruparse y alzar la voz para denunciar que la construcción urbana se está convirtiendo en pura especulación. “Ya no es la ciudadanía lo que importa sino el lucro apoyado por el hábil uso del cemento, el ladrillo y las influencias lo que de verdad hacen las ciudades”, explican desde el foro ‘Urbanismo Crítico’.
En municipios de Asturias, Cataluña o Andalucía la amenaza es una realidad y grupos de vecinos se han unido para hacer frente a la especulación urbanística que afecta a su patrimonio histórico.
“La ciudad pertenece a los vecinos, al menos en un sistema democrático. El problema es que las instituciones han intentado mantener a la ciudad alejada de las decisiones urbanísticas. El Foro de Urbanismo Crítico nace con la idea de que los ciudadanos intervengamos en los debates y fiscalicemos lo que hacen los políticos”. Lo explica Diego Díaz, representante del Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo, una ciudad que parece que no aprende de los errores.
Después de tirar la estación ferroviaria del Vasco, para construir un parking, o los soportales de la famosa plaza del Fontán, ahora el colectivo Urbanismo Crítico denuncia que hay dos ejemplos de patrimonio histórico-industrial que están seriamente amenazados por “las ansias por construir viviendas y obtener beneficios a costa del bienestar de los ciudadanos”.
En este caso las antiguas Fábrica de gas y de armas, consideradas las dos ejemplos de patrimonio arqueológico-industrial son las que están pendientes de ser recalificadas. “Lo que tienen en común es que las dos están situadas en el centro de la ciudad”, señalan desde Urbanismo Crítico, “de ahí el interés”.
Para defender estos edificios y la importancia de conservarlos y destinarlos a usos sociales y culturales se ha creado una campaña en su apoyo que podéis seguir a través del Urbanismo Crítico’blog del foro.
Salvemos nuestra historia
Una campaña similar es la que desarrolla el colectivo Salvem Can Fàbregas, en Mataró, municipio del norte de Barcelona. Una constructora decidió poner en marcha la construcción de un gran centro comercial sobre la antigua fábrica de harina, conocida como Can Fàbregas. Puedes seguir su andadura en el Salvem Can Fàbregas blog de la plataforma.
Un grupo de vecinos de Vigo también ha puesto en marcha una campaña para salvar del derribo la antigua fábrica Panificadora de la ciudad. El colectivo solicita la restauración íntegra del edificio con el fin de “conservar la memoria de Vigo”.
Otro de los casos más sonados de destrucción del patrimonio es el de Murcia. Proyectos ambiguos y presuntos campos de golf se proyectan sobre edificios con valor histórico. ONG piden a Murcia que despierte su conciencia y Basurama demuestra que la región puede crecer de forma sostenible.
El estado de conservación de La Fábrica de Vidrios la Trinidad de Sevilla también ha dado lugar a la creación de una plataforma de ciudadanos para salvarla, y finalmente parece que han conseguido que se transforme en un centro de dinamización cultural.
¿Qué PueDo HaCer yo?
Puedes colaborar activamente en el mapa de la especulación de Murcia, creado por el colectivo Basurama, aportando tus datos, conocimientos, fotografías o denuncias de especulación urbanística.
También puedes unirte a las actividades reivindicativas de asociaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción de la región murciana y conocer otras asociaciones que trabajan contra el urbanismo descontrolado. ¡Conócelas y colabora con ellas!
* Canal Solidario - 8.10.2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Pego: El TSJ condena al Consistorio por aplazar durante 4 años la demolición de una casa ilegal
INFORMACIÓN/Alicante* : No basta con abrir un expediente o poner una sanción. Las infracciones urbanísticas requieren de los poderes públicos que actúen con contundencia para el restablecimiento de la legalidad, y el Ayuntamiento de Pego lo acaba de sufrir en sus carnes.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana acaba de condenar al consistorio pegolino por no ejecutar la demolición de una casa prefabricada en suelo no urbanizable, pese a que los informes municipales concluían que no era posible la legalización.
Las obras de la casa en cuestión, levantada sin licencia, fueron denunciadas por unos vecinos en el año 2004. Más de 4 años después el ayuntamiento, tras haber advertido al propietario con la demolición de la vivienda en dos ocasiones, no ha llegado a ejecutar el derribo. Ahora tendrá que hacerlo por mandato del TSJ, que además condena al consistorio al pago de las costas judiciales "pues su comportamiento procesal puede calificarse de temerario, dada la ausencia de razones para mantener una situación de inactividad como la analizada".
La Sala argumenta que en casos como el estudiado "no basta con incoar un procedimiento sancionador y hacer efectiva una sanción, es preciso además restaurar la legalidad", lo que es una "obligación" de la administración. Más aún cuando, en el caso de autos, "existen dos informes urbanísticos municipales que indican que la edificación no sólo es ilegal, porque carece de licencia, sino que además es ilegalizable". La sentencia señala que el Ayuntamiento de Pego "contemporizó" el asunto, dejando caducar el primer procedimiento de legalización e incoando después un segundo expediente en el que "acoge la paradójica y absurda afirmación del promotor de haber adquirido licencia por silencio" (la vivienda requería una licencia de obra mayor, y la que solicitó el promotor era de obra menor para instalar una balaustrada).
Por hallarse en suelo urbanizable, la construcción ilegal está tipificada en el Código Penal. Y "la administración aparece como la cooperadora necesaria para la posible comisión de un delito por un promotor", indica la sentencia.
* Información - SERGI GARCÍA - 8.10.2008
Foto: Pego (Alicante), vista general - flickr.com
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Un juzgado desestima el recurso en contra de la paralización de mil viviendas en Los Llanos de Coín
SUR/Málaga* : La 'macrourbanización' de Los Llanos de Matagallar (Coín) seguirá sin echar a andar, al menos de momento. El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº5 de Málaga ha desestimado la medida cautelar solicitada por los promotores para que quedara sin efecto el decreto de paralización dictado en su día por el Ayuntamiento del municipio.
El recurso fue presentado por las dos entidades con intereses en esta actuación urbanística, Frai Desarrollos Inmobiliarios y Caja Rural de Granada, que alegaron los «numerosos y cuantiosos perjuicios económicos» que estaba causando el bloqueo de un proyecto que fue aprobado hace seis años por la antigua corporación andalucista y paralizado la legislatura pasada por el cuatripartito formado por PSOE, PP, IU y Agrupación Coineña.
En el nuevo auto, al que ha tenido acceso este periódico y que fue dictado el pasado 24 de septiembre, el juez, Santiago Macho, no atiende a las alegaciones de los promotores, señalando que no se concretan esos supuestos perjuicios y que tampoco se aportan pruebas al respecto. Además, el magistrado señala que, aún existiendo tales perjuicios, «serán en su caso resarcibles, por lo que no pueden contrapesar el interés general en que no se efectúen promociones sin plenas garantías legales consolidando situaciones irreversibles para el medio ambiente».
Posibles filtraciones
Cabe recordar que el Consistorio ordenó la paralización de las obras tras advertir que tales trabajos podrían suponer filtraciones contaminantes para el acuífero que abastece a Coín y a otros municipios cercanos. El alcalde, Gabriel Clavijo, recordó que el proyecto original planteaba la edificación de mil viviendas y dos campos de golf, diseño que posteriormente se modificó para suprimir los campos de golf, pero duplicando el número de casas.
Clavijo aseguró que su gobierno seguirá posicionado en contra del proyecto y adelantó de que próximamente se convocará la comisión municipal de seguimiento de este asunto para informar del nuevo auto judicial.
* SUR - 08.10.08 - J. J. BUIZA
Foto: Vista de la zona de Los Llanos. / J. J. B, diariosur.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Comisión Europea investigará la reclasificación urbanística de Torrelodones
ECODIARIO/Madrid* : La Comisión Europea va a comprobar si el Ayuntamiento de Torrelodones ha incumplido la directiva 'Hábitat' en el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables ignorando el LIC 'Cuenca del río Manzanares'.
Según Los Verdes, "las autoridades municipales y la Comunidad de Madrid tenían que haber tenido en cuenta las leyes europeas antes de dar rienda suelta a los especuladores".
Esta petición se hará en base a la pregunta realizada por el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, sobre el incumplimiento de la directiva 'Hábitat' por parte del Ayuntamiento de Torrelodones al afectar el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables al LIC 'Cuenca del río Manzanares'.
Según Hammerstein, "las autoridades municipales y la Comunidad de Madrid tenían que haber tenido en cuenta las leyes europeas antes de dar rienda suelta a los especuladores y a los destructores de este entorno natural. Deben frenar todos los trámites del proyecto y esperar los resultados de la investigación europea".
Solicitud de información
Ante esa pregunta, la Comisión Europea ha contestado que pedirá la información a las autoridades españolas para comprobar si hay vulneración de la citada directiva.
La pregunta se presento el pasado día 23 de julio a la Comisión Europea, en base a la supuesta infracción que ha incumplido el Ayuntamiento de Torrelodones en el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables especialmente protegidos del municipio ignorando el LIC 'Cuenca del río manzanares' que está integrada en la Red Natura 2000 de la Unión Europea y protegida por la directiva 'Hábitat'.
En la respuesta de la Comisión se afirma que en el plan urbanístico "podrán aceptar el plan tras cerciorarse de que no perjudicará a la integridad del lugar". Al construir la gran urbanización en medio del espacio protegido es casi imposible que no afecte a la integridad del lugar y sus valores de biodiversidad.
Igualmente se ha obviado el periodo de información pública, por lo que igualmente se podría estar vulnerando la directiva sobre Evaluación de Impacto Ambiental y la directiva relativa a participación ciudadana en las decisiones que afectan al medio ambiente.
* El Economista - Ecodiario - 8.10.2008
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Tenerife: Casi 350 derribos costeros pendientes en la comarca
LAOPINIÓN* : La demolición de ayer de la mitad de las viviendas de Cho Vito ha supuesto, para muchos, el comienzo de una campaña de Costas en los poblados del litoral del Sureste que ya cuentan con expedientes por ocupar el dominio público y la servidumbre de tránsito.
En total, la Demarcación de Costas contabiliza casi 350 casos, entre los núcleos de Boca Cangrejo y El Tablado, de un total insular que supera las 600 ocupaciones del espacio público.
En todos estos casos, la Demarcación provincial de Costas ha sido contundente en que se aplicará la Ley y que estas construcciones serán demolidas para devolver el litoral al uso común. En la comarca Sureste, 346 construcciones están afectadas por este motivo, repartidas entre Güímar (con 117 en los núcleos de El Tablado, Santa Lucía y Chorregino), Arafo y Candelaria (con 26 en Playa de Lima y Playa de la Viuda, así como las 57 de Bajo la Cuesta).
El núcleo con más expedientes abiertos es Boca Cangrejo, en el litoral de El Rosario, con 120 construcciones que ocuparían el dominio público y la servidumbre de tránsito. En este municipio aparecen 34 construcciones más en Varadero. Precisamente, en El Rosario se ha organizado uno de los mayores enfrentamientos con Costas de la Isla, el de los vecinos de Tabaiba, que rechazan la construcción de un edificio cerca de la playa del Moro.
La Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario inició un procedimiento, que ya ha llegado a Fiscalía, para evitar el cierre por obras de la playa, pero en el transcurso han recopilado numerosa documentación que, aseguran, demuestra numerosas irregularidades y prebendas en torno a estas futuras viviendas, ya que el terreno en cuestión se rige por el deslinde marítimo de 1969, más permisivo -cuando en el resto de la zona es más reciente- o la vinculación de un antiguo alto cargo de la Demarcación de Costas con la promotora.
Sentencias. En todo caso, las actuaciones en la costa Sureste no han dejado de ser polémicas. El litoral de Agache (Güímar) ha ganado ya dos sentencias en la Audiencia Nacional contra el deslinde de Costas, que rechazaba el carácter urbano de los cuatro núcleos demandantes y establecía la servidumbre de protección a cien metros. Mientras, una parte de los vecinos de Bajo la Cuesta (Candelaria) ha logrado que el mismo tribunal dicte la paralización cautelar del inminente derribo de sus viviendas.
El lado amargo de esta lucha vecinal está en Cho Vito que, tras más de 3 años de batalla administrativa y jurídica, no pudo frenar el derribo de sus viviendas, aunque la defensa de este poblado marinero ha trascendido y todos creen que ya se puede hablar de un "espíritu de Cho Vito". Los vecinos cuentan con el apoyo de intelectuales y colectivos canarios, que estudiarán, en los próximos días, diversos actos reivindicativos para mantener vivo este "símbolo de la unidad del pueblo, porque Cho Vito no se rinde", como anunciaron ayer.
* La Opinión de Tenerife - S. GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE - 8.10.2008
Foto: La excavadora comenzó a derribar el poblado marinero por la primera casa que se construyó en la zona y cuyo titular dio nombre al barrio, Cho Vito. Jonay Rodríguez, laopinion.es
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La Audiencia se contradice en un caso de corrupción en Castellón
ELPAÍS* : Al arquitecto municipal le dicen que no y a los concejales, que sí. La sección primera de la Audiencia provincial de Castellón ha dictado dos autos contradictorios sobre el mismo asunto. En uno confirma la postura de un juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricación, y en el otro sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse.
Los autos se refieren a las diligencias abiertas por el caso del edificio Mar, de Oropesa, en las que están imputados el arquitecto municipal, y el ex alcalde y los tres concejales que aprobaron la construcción de dos bloques de 600 apartamentos sobre un suelo que tenía la calificación de cámping. La diferencia entre los dos autos se encuentra, además del resultado, en el origen de los mismos. El primero es respuesta a un recurso presentado por el arquitecto municipal y el segundo al que presentaron el entonces alcalde independiente y los concejales. En ambos autos coinciden como integrantes del tribunal el presidente y uno de los magistrados.
Tanto la acusación particular como la fiscalía han solicitado la nulidad de ambas decisiones y la designación de un nuevo tribunal compuesto por "magistrados distintos" a los que dictaron estas resoluciones para que "con idéntico criterio" resuelva los dos recursos. La acusación señala que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jurídicas". Además, el auto que acuerda el sobreseimiento provisional no ha sido notificado a la acusación particular.
En la causa están imputados el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido; tres de los concejales del entonces gobierno local -dos independientes y un edil que fue expulsado del PSPV-; y el arquitecto municipal.La denuncia señalaba en principio al arquitecto municipal, Carlos Garrido, como presunto autor de un delito de prevaricación, al igual que al resto de imputados. Posteriormente, la fiscalía reclamó que se imputara al actual alcalde, Rafael Albert, del PP, ya que intentó legalizar el edificio en 2005. Albert, que está imputado en otras dos causas judiciales referentes a decisiones urbanísticas, celebró un pleno que luego tuvo que anular.
El caso se remonta a la legislatura 1999-2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa otorgó licencia de construcción para apartamentos, locales y garajes en un suelo calificado como terciario y con el camping como único uso permitido. La aprobación se llevó a cabo con el único informe favorable del arquitecto municipal, pese a que tanto la secretaria como el técnico de administración general y el propio Colegio de Arquitectos elaboraron informes desfavorables a la construcción del edificio. A todos ellos se unió, según consta en el expediente, el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expuso la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.
La investigación judicial abierta tras la denuncia de un particular, presentada en 2005, se prolongó durante casi dos años. En este tiempo se tomó declaración a todos los imputados y se reunieron los informes sobre la causa. En octubre del pasado año, la titular del juzgado número 4 de Castellón concluyó las diligencias previas y decretó el inicio de un procedimiento abreviado, paso intermedio para fijar la fecha del juicio. La juez concluyó que "los hechos aparecen como presuntamente constitutivos de un delito previsto y penado".
Sin embargo, quedaba pendiente la resolución de los recursos presentados por los imputados ante la Audiencia. Tras el primero, cuando todo hacía prever que se había dado luz verde al inicio del juicio, se ha conocido el contenido del segundo auto. Según la fiscalía, son "incongruentes entre sí" e incompatibles, ya que uno dicta que se siga con el procedimiento mientras que el otro se dirige hacia el archivo del caso. Por ello, la fiscalía ha reclamado que ambos autos sean anulados y que otro tribunal resuelva ambos recursos. Por su parte, la acusación, que representa a un vecino afectado, se ha unido a la petición de la fiscalía. "No caben dos varas de medir", ha señalado.
Episodios de un caso de corrupción urbanística
- Licencia. Entre agosto de 2002 y mayo de 2003 el Ayuntamiento de Oropesa concede licencia para construir 600 apartamentos sobre un suelo calificado como camping.
- Informes. La aprobación cuenta con tres informes desfavorables y uno, el del arquitecto, favorable.
- Denuncia. Un vecino presenta una denuncia y la juez imputa al ex alcalde, tres concejales y al arquitecto municipal.
- Alcalde. La fiscalía reclama que se impute también al actual alcalde, que intentó legalizar el edificio en 2005.
- Indicios. En diciembre de 2007 la juez determina que hay indicios de delito.
- Desestimación. En abril de 2008, la Audiencia desestima el recurso del arquitecto sobre la decisión de la juez de iniciar el juicio.
- Estimación. En julio de 2008, la misma sección de la audiencia admite el recurso de los concejales contra la misma decisión de la juez de iniciar el juicio.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 08/10/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Los informes de los técnicos del Cabildo detectaron deficiencias en Anfi Tauro
LAPROVINCIA/GranCanaria* : Los informes técnicos del Cabildo de Gran Canaria que precedieron al interés de la corporación de declarar de interés general el proyecto urbanístico de Anfi Tauro detectaron serias deficiencias en el expediente administrativo.
Según consta en la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante la Fiscalía Anticorrupción contra el líder del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, por el denominado viaje del salmón, que éste hizo a Austria y Noruega invitado por el propietario de Anfi en aquel entonces, Bjorn Lyng, ya fallecido, el expediente administrativo debió ser, al menos, subsanado antes de su aprobación en el pleno.
Al menos dos de los informes previos a que el Cabildo elevara al Parlamento su propuesta de que las 3.600 camas que pretendía construir la empresa del fallecido Bjorn Lyng en Tauro eran de interés general constatan la existencias de "serias deficiencias", "contradicciones respecto a la capacidad de plazas alojativas de las parcelas de que consta el proyecto" o "falta de concreción de cada uno de los establecimientos alojativos".
Uno de los informes que recoge ese tipo de irregularidades en el expediente administrativo es el que redactó el Servicio Insular de Planeamiento, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Vivienda y Arquitectura del Cabildo, que se adjunta a la denuncia.
En ese documento, "se mencionan tal cúmulo de deficiencias en la solicitud de Anfi Tauro, SA, que requerirían cuanto menos un breve repaso para confirmar nuestras tesis de que nos encontramos con una autorización que gozó de mucho favor dentro del Cabildo grancanario", siempre según la denuncia.
TÉCNICOS. El citado informe fue redactado por un total de tres técnicos que recogieron "un gran número de anomalías en el proyecto, defectos, anomalías o deficiencias que van desde la utilización de elementos como un campo de golf para una autorización anterior, lo que invalida la presente, hasta el exceso en el número de camas solicitadas a tenor de las que equivaldrían en el mejor de los casos aplicando el referido campo de golf y un muelle deportivo que aún no ha sido construido y que, además, presenta graves reparos ambientales que están siendo revisados por ubicarse en un Lugar de Interés Comunitario.
Otro informe que, según la denuncia, detecta anomalías, es el que redactó el Patronato de Turismo, que detectó, entre otras cosas, "contradicciones respecto a la capacidad de plazas alojativas". Aun así, Turismo vio con buenos ojos la declaración de interés para la isla.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 8.10.2008
Foto: Instalaciones de Anfi del Mar, complejo turístico de lujo en el sur de Gran Canaria. LA PROVINCIA/DLP
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El Consell permitió el PAI sin urbanizar de la Pobla a pesar de invadir un barranco
LEVANTE/Valencia* : El sector residencial SRC-IBM de la Pobla de Vallbona -que se ha quedado sin agente urbanizador después de que la empresa encargada del proyecto lo haya abandonado dejando a unas doscientas familias sin poder ocupar sus casas-, se levanta en pleno barranco de Bono, una zona inundable del término municipal y por el solían evacuarse de forma natural las aguas pluviales.
Así lo hizo saber en su día el Ayuntamiento de l'Eliana a través de una alegación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Pobla presentada en la conselleria de Urbanismo, y en la que se precisaba que el lugar en el que el municipio vecino proyectaba más de seiscientas viviendas era una zona agrícola inundable que conectaba con otro barranco -el de Mandor- dentro del término aledaño. La alegación no fue tenida en cuenta a pesar de que l'Eliana también advertía que si se edificaban las viviendas allí y no se construían colectores de aguas pluviales, toda esta zona iba a sufrir importantes inundaciones.
Eso fue precisamente lo que ocurrió en los meses de septiembre y octubre de 2007, a pesar de que la Pobla obligaba a la empresa encargada de la urbanización del sector (Tremor) a incluir la construcción de los colectores en su proyecto para sustituir la función del barranco. Las fuertes lluvias caídas durante esos meses inundaron las obras de la urbanización, los campos situados junto al barranco, las carreteras que conducen al centro comercial El Osito y a l'Eliana e incluso el cementerio de este municipio.
No sólo no se habían construido todavía los colectores ni el alcantarillado de la urbanización -a pesar de que tenían que haber estado acabados, como el resto del PAI, antes del verano- sino que, además, la acumulación del material de construcción en pleno cauce contribuyó a desviar las aguas en busca de una salida natural.
Fue entonces cuando el equipo de gobierno de la Pobla advirtió a Tremor que estaba obligada a hacer los colectores para sustituir el cauce del barranco interrumpido por la nueva urbanización. Pero ahora la urbanizadora ha abandonado el proyecto (y el ayuntamiento le ha retirado la condición de agente urbanizador) sin acabar, entre otras cosas, los colectores.
Tal como pudo comprobar ayer este periódico, el barranco de Bono queda interrumpido por los nuevos proyectos residenciales y terciarios de la zona, e incluso varias canalizaciones que se habían construido en él ahora están cortados con muros o montones de tierra que impiden el paso del agua.
* Levante-EMV - V. Contreras - 8.10.2008
Foto: Las casas que se están construyendo y que se han levantado ya en el sector interrumpen el cauce del barranco de Bono - v. c. m. , levante-emv.com
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'Okupas' en el cementerio
ELPAÍS/Madrid* : El cementerio de La Almudena recibe desde ayer a los madrileños con el lema Dando vida a espacios muertos. El muerto en este caso es uno de los edificios que se encuentran junto al pórtico de entrada de la necrópolis, en el número 90 de la avenida de Daroca y quienes se afanan desde ayer en resucitarlo son unos 40 jóvenes de los barrios de La Elipa y Quintana.
Los okupas se instalaron en el inmueble el pasado viernes, aunque fue ayer cuando se hicieron fuertes en él. Sus objetivos se pueden leer en la página web www.tercerainformación.es. El colectivo, denominado El Dragón, "quiere llenar de vida un espacio muerto, un edificio olvidado. En la puerta del cementerio de La Almudena, la vida lucha contra la muerte; la creación y participación colectiva luchan contra la venta fraudulenta de los servicios funerarios madrileños, contra la especulación que enriquece a unos pocos", señalaron sus integrantes en el comunicado.
Todo eso se plasma en la idea de convertir el edificio, abandonado desde los años ochenta y que antes albergaba a los trabajadores del cementerio, en un centro sociocultural público donde poder estar y organizar actividades. "Todas aquellas que se propongan y que la asamblea que hemos constituido decida", señaló uno de jóvenes. Por el momento, plantean abrir una cafetería en el edificio, albergar grupos locales de rap, dar clases de refuerzo a chavales y castellano a inmigrantes, montar un taller de construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados y colocar una oficina de asesoría laboral.
Espacio para todo eso tienen. El inmueble es enorme y se encuentra "en buenas condiciones", comentaron los ocupantes. Tiene cuatro plantas y "muchas salas grandes para hacer un montón de cosas". Los jóvenes pasaron la tarde de ayer cargando garrafas de agua, lámparas de gas, sacos y todo lo indispensable para pasar allí la noche y empezar a convertir el edificio abandonado en un sitio habitable. "Estaremos aquí hasta que nos echen. Hemos defendido la existencia de un lugar donde los jóvenes podamos estar sin que nos digan cómo tenemos que divertirnos ni cómo tenemos que pensar. ¿Nadie usa este sitio? Pues nosotros sí", declaró otro de los miembros del grupo recién formado.
Cinco agentes de la Policía Municipal acudieron ayer a la zona tras recibir el aviso de que el edificio había sido ocupado. "Por ahora no se puede hacer nada. Esto es como cualquier otra ocupación: hay que esperar la orden del juez para desalojarlos y eso puede tardar", señaló uno de los agentes. Los policías mostraron su preocupación porque los jóvenes puedan acceder, a través de una pasarela, al inmueble de enfrente, donde se encuentran las oficinas del cementerio. "Que no se preocupen. Que no haremos nada de eso. De hecho estamos apuntalando las ventanas que dan acceso a esa zona para que nadie pueda entrar", respondió otro de los okupas.
El edificio pertenece a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, de la que el Ayuntamiento de Madrid posee el 51% (el resto pertenece a Funespaña, que también se encarga de la gestión del cementerio).
A los vecinos de los barrios de La Elipa y Quintana que pasaron por la zona no les pareció mala idea lo de la ocupación. "Yo llevo aquí 46 años, y ya no recuerdo cuándo se utilizó ese edificio por última vez", comentó Juan, de 67 años. "Me alegro. Que tengáis suerte chavales, a ver si así alguien hace algo. Por lo menos le dais un uso", añadió. Los jóvenes dieron a Juan las gracias y le invitaron a asistir al local una vez que lo tengan dispuesto para que la gente pueda hacer cosas en él.
Las asociaciones de vecinos no se pronunciaron. Sus presidentes sí estuvieron allí para expresar personalmente su apoyo a sus ocupantes. "Aún no nos hemos reunido como asociación. Lo haremos en cuanto podamos. Yo personalmente estoy a favor de que se utilicen los espacios que no se usan, pero hoy no hablo en nombre de la asociación", comentó Antidio Vinuesa, presidente de la Asociación de Vecinos Nueva Elipa.
La propuesta de convertir el espacio en un centro para jóvenes es una idea del PSOE que fue tumbada en un pleno de la junta municipal de distrito del 27 de mayo. En su lugar, el Ayuntamiento pretende hacer un columbario.
* ELPAIS.com - ÁLVARO DE CÓZAR - Madrid - 07/10/2008
Foto: Edificio 'okupado'- C. MANUEL, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Madrid
Guardia Civil se incauta 13 cajas de documentación en el Ayuntamiento de Sant Josep
DIARIODEMALLORCA/Ibiza* : La Guardia Civil ha finalizado este mediodía el registro que inició en la mañana de ayer en las dependencias de Urbanismo del consistorio, relacionado con un caso de presunta corrupción urbanística del que se considera principal implicado al arquitecto municipal del anterior equipo de gobierno del PP, Antonio Huerta.
La Guardia Civil se ha incautado de un total de trece cajas con documentación y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Sant Josep, según ha informado el alcalde de la localidad, Josep Marí Ribas.
El alcalde ha informado a los periodistas a las puertas del ayuntamiento de que la Guardia Civil ha estudiado y requisado cientos de expedientes, que posteriormente ha entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza.
Marí, que ha expresado "cierto sentimiento de pena" por este caso, ha destacado su voluntad de colaborar para esclarecer el suceso.
"No es agradable -ha dicho- que pase esto en una administración pública".
En la ciudad de Ibiza, la portavoz del gobierno del Consell Insular, Pilar Costa, ha dicho que "lamenta profundamente que presuntamente se hayan cometido estos delitos" y que confía en que "la justicia llegue hasta el final".
"El que haya hecho algo mal, que lo debe pagar", ha pedido Costa, quien cree que acabar con los casos de corrupción permite "no manchar el buen nombre de los políticos y de los funcionarios".
En este caso se investiga la actuación del ex arquitecto, que ocupó el puesto entre 1998 y 2007; así como de su hijo, Antonio Huerta Chamorro; y su nuera, la también arquitecta Pilar Fernández, éstos dos últimos detenidos ayer por la Guardia Civil.
La investigación trata de determinar la implicación de ambos en las acciones del ex arquitecto, quien al parecer remitía a su nuera los proyectos más importantes que tramitaba desde el consistorio, entre ellos los de varias urbanizaciones.
Agentes de la Guardia Civil, en compañía de los dos detenidos ayer, han practicado esta mañana un nuevo registro en la zona de Cala Carbó, una de las urbanizaciones en las que presuntamente se cometieron irregularidades y donde el ex arquitecto, al parecer fuera del país al igual que su mujer, tiene su residencia habitual.
Fuentes de la investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, han informado a EFE de que a los detenidos se les imputan al menos siete delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y negociación con ciudadanos.
En la jornada de ayer, la Guardia Civil practicó al menos cinco registros simultáneos en domicilios y despachos de los detenidos.
La denuncia contra el ex arquitecto fue presentada por el grupo ecologista GEN y en la causa se han personado el Ayuntamiento de Sant Josep y el Colegio de Arquitectos.
* Diario de Mallorca - EFE - 07 de octubre de 2008
Foto: Sant Josep (Ibiza) - mundoapartamentos.com
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Tema: NOTICIAS Baleares
Anticorrupción investiga por cohecho al vicepresidente canario
ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción ha acordado investigar una denuncia contra el vicepresidente canario y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, por prevaricación y cohecho en relación con los regalos que obtuvo en 2005 del promotor noruego Bjorn Lyng -fallecido en 2006-, dueño de Anfi Tauro.
El Cabildo grancanario, que entonces presidía Soria, apoyó un proyecto hotelero de Lyng para que pudiera ser autorizado a edificar 3.600 plazas como una excepción de la moratoria que pesaba en toda la comunidad para frenar la saturación costera de este tipo de establecimientos.
Tal paso de Anticorrupción, aparte de su resonancia política y mediática, garantiza una profunda investigación hasta esclarecer la culpabilidad o inocencia de Soria. El fiscal encargado del caso, Luis del Río, ya ha informado que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es la competente para instruirlo -ya ha sido designada una magistrada para ello, Margarita Varona- y de que "hay indicios suficientes" para abrir una investigación penal. Y el máximo responsable de Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado el visto bueno para que su institución asuma las pesquisas. Los hechos han sido denunciados por un periodista canario, Carlos Sosa, que ironiza que ha querido pasar al contraataque jurídico tras verse en los tribunales acusado por el PP.
Los presuntos cohechos -para serlo no precisan que se consume la devolución del favor por parte del cargo o político, sino su recepción- que se atribuyen a Soria se remontan a 2005. Según la denuncia, "el matrimonio compuesto por José Manuel Soria y Carmen Benítez López decide tomar sus merecidas vacaciones anuales eligiendo para ello justamente el complejo denominado Anfi del Mar, sito en la playa del Barranco de la Verga, término municipal de Mogán de Gran Canaria". El denunciante exige que se investigue si tal alojamiento fue gratuito por invitación de Lyng, dueño de Anfi Tauro -grupo ya investigado por presuntos favores del PP en Mogán en el caso Góndola-, o lo costeó Soria.
A continuación la denuncia se centra en otro presunto regalo o cohecho del promotor Anfi Tauro. "Lo que sí es absolutamente cierto, puesto que está expresamente reconocido por Soria en sesión plenaria del Cabildo de Gran Canaria de 29 de septiembre, es que entre los días 22 y 28 de agosto de tal año, el referido empresario noruego, Bjorn Lyng, que disfrutaba en régimen de renting de un jet privado, invitó a Soria y a su esposa a viajar a la ciudad austriaca de Salzburgo para presenciar uno de los conciertos del prestigioso festival de música que cada verano tiene lugar en esa ciudad. Los señores Soria aceptaron la invitación de buen grado. Posteriormente, los dos matrimonios partieron hacia Noruega para participar en una de las aficiones favoritas del empresario, la pesca del salmón. Los deportistas estuvieron practicando esta actividad en el río Namsen, una de las reservas salmoneras más famosas del país, al norte de Trondheim".
"Allí, en Noruega", sigue el escrito, "estuvieron todos los expedicionarios hasta el sábado 27 de agosto de 2005, día en el que el matrimonio Soria regresó a Gran Canaria por vía aérea, pero utilizando un vuelo comercial dado que el jet privado del señor Lyng tuvo que quedarse en el Reino Unido al parecer por una revisión rutinaria".
La prensa noruega tituló tal viaje en estos términos: "Los compañeros de pesca lo arreglan". Y luego, añadía: "Primero el presidente Soria prepara una fabulosa ayuda para el emporio Bjorn Lyng de las islas Canarias. Luego Lyng lleva consigo a Soria a unas vacaciones de lujo en Noruega". Soria interpelado parlamentariamente por tal viaje en el jet de su amigo, no negó el hecho. Pero enfatizó que nunca intervino en su favor, a pesar de su "gran amistad".
Sin embargo, la denuncia describe una inusitada actividad del Cabildo tras tales supuestos regalos: emite tres informes en ocho días hábiles, hasta que el 20 de octubre de 2005 proclama el proyecto de Anfi Tauro "de interés general".
Tal declaración era preceptiva para que posteriormente el Gobierno y el Parlamento regional pudiesen dar el visto bueno al proyecto a pesar del bloqueo existente a nuevas plazas hoteleras. La moratoria sólo permitía aprobar 3.600 plazas por provincia y año. Lo llamativo del caso de Anfi Tauro fue que el Cabildo le dio luz verde para un plan que suponía crear precisamente 3.600 nuevas plazas hoteleras. Es decir, Anfi Tauro tenía la bendición del Cabildo que presidía Soria para ser el único promotor exento de moratoria en toda la provincia y quedarse con todo el cupo de plazas excepcionales.
Finalmente, sus plazas se redujeron, lo que ocasionó acaloradas protestas y presiones de los dueños de Anfi Tauro, como Santiago Santana Cazorla, hacia miembros del Gobierno canario que fueron grabadas cuando se investigaban los presuntos favores urbanísticos recibidos del alcalde de Mogán, el popular José Francisco González González. En este municipio, dos ex ediles populares denunciaron que Anfi Tauro nunca pagó las tres parcelas valoradas en 12 millones que debía al Ayuntamiento por un convenio. Anfi Tauro ha tenido estos años como asesor al diputado autonómico y hoy número dos del PP canario, Manuel Fernández, que evita votar sobre sus asuntos inmobiliarios.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 07/10/2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), playa-tauro - ecoboletin
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Tema: NOTICIAS Canarias
Los Monegros y Seseña se unen a las urbanizaciones denunciadas por carecer de recursos hídricos
ECODIARIO* : La Comisión Europea solicitó hace dos semanas información a España sobre más de 250 urbanizaciones que no disponen de recursos hídricos suficientes. Hoy, el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha entregado a la Comisión el nombre de varios proyectos en esa misma situación, entre ellos la nueva ciudad del juego de los Monegros, Gran Scala.
Los Verdes han solicitado que urbanizaciones como "La Favera" en Villanueva de Gómez (Ávila) y planes urbanísticos en Palazuelos de Eresma (Segovia) o en Almeranara (Castellón), y las urbanizaciones de Seseña, en Illescas (Toledo), se incluyan en el expediente de una posible infracción del derecho comunitario por incumplir la Directiva Marco de Agua.
La nueva ubicación de los Monegros
David Hammerstein, Eurodiputado por los Verdes, ha explicado que tras la primera denuncia a la Comisión recibieron numerosos correos confirmando la reiterada vulneración de la Directiva en otros municipios. "Es muy positivo que los ciudadanos hayan reaccionado ante la noticia publicada en distintos medios" , ha señalado Hammerstein que ha añadido que todavía hay muchos planes urbanísticos en España que superan la demanda de los recursos hídricos existentes.
Hammerstein ha mostrado especial preocupación por la nueva ubiación del complejo Gran Scala de Aragón, conocido como el proyecto de Los Monegros. Los municipios de Ontiñena o Ballobar, candidatas a alojar la nueva ciudad artificial del juego, "sufren una gran escasez hidríca y por ello esperamos que este tipo de proyecto no siga adelante".
* El Economista - 6/10/2008
Foto: Los Monegros, desierto - EFE
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Corrupción a toda costa
SANTI PEÑA* : Que la corrupción nos parezca invisible porque desde los medios de comunicación nos han enseñado a no verla, algo así como cuando una madre dice que su hijo adolescente no se droga sino que si llega tarde por la noche y vomitando es porque le sentó mal la hamburguesa, no quiere decir que no podamos enunciarla. Uno de sus signos evidentes, no el único pero sí el más palpable, es el alarmante deterioro ambiental que han experimentado regiones como Canarias en las últimas dos décadas.
A pesar de todo ello las islas son, probablemente del conjunto de las comunidades autónomas del país, las que más leyes ambientales y de protección de su territorio cuentan. El caso es que una ley puede estar muy bien en el texto pero si la administración no se preocupa de aportar una sólida memoria económica para ponerla en marcha ésta se quedan en papel mojado y no sirve sino para indicar el deterioro de la calidad democrática como sucede la mayoría de las veces en Canarias. Y es que en el archipiélago el mayor infractor ambiental existente no es otro sino la propia administración que en palabras del Informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias de 2001 señala que la administración se financia del urbanismo porque las arcas públicas están vacías a causa de la corrupción o bien, en el mejor de los casos, por mala gestión o despilfarro de los cargos públicos.
El barrio costero de Chovito mantiene una lucha con la Dirección General de Costas desde hace unos años contra el derribo de sus casas que, en seis de sus casos, son única residencia de sus moradores. Es cierto que este poblado de origen marinero es una ilegalidad según las leyes pero no es menos cierto que en las islas, pensemos en el mamotreto de Las Teresitas construido pese a una suspensión judicial de las obras de la urbanización de esta playa o que la mayoría de los hoteles de nueva planta de Lanzarote son ilegales, hay infracciones mayores y más graves. Parece que esta dirección general tiene abiertos 1583 expedientes de infracción en todo el archipiélago y para dar un giro al pasotismo ambiental de muchos años ha decidido empezar precisamente a derribar Chovito que, pese a ser ilegal, se ha acabado convirtiendo en símbolo de un buen número de luchas sociales en la isla de Tenerife. Quizá el hecho de que el empresario canario Antonio Plasencia vaya a construir una urbanización justo detrás de este poblado, donde el ayuntamiento de Candelaria quiere hacer uno de esos famosos paseos marítimos que no van a ningún lado sino que sirven para justificar la especulación desde la administración, pueda tener mucho que ver con la decisión de la Dirección General de Costas. Y es que ya vimos este verano, en un programa estúpido de esa televisión pirata que ha montado el PSOE llamada La Sexta, como su director general José Fernández se lo montaba con una construcción ilegal en el litoral de Radazul de un familiar suyo.
Hace pocas semanas la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias Rita Martín decía que su organismo iba a buscar la manera de forzar la legalidad para que los hoteles de Lanzarote que han sido declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puedan seguir existiendo a pesar de que son, efectivamente, ilegales. Justamente su antecesor en el cargo en la anterior legislatura, Domingo Berriel, también intermediaba entre el empresario gran canario Santiago Santana Cazorla y el entonces presidente del gobierno Adán Martín para que fuera modificada la ley e incluir su proyecto de hotel Anfi Tauro como excepción a la moratoria turística de vigor desde hace ya algunos años. Precisamente desde esta misma Consejería de Medio Ambiente fue donde se dieron aquellos movimientos para condenar al ostracismo a una serie de funcionarios honestos que se negaban a firmar el disparatado estudio de impacto del Puerto de Granadilla que intentaba justificar con mentiras este brutal proyecto. Que la administración, principal infractora ambiental, quiera tirar el poblado de Chovito al mismo tiempo que se respeta el mamotreto de Las Teresitas, símbolo de la corrupción del alcalde Miguel Zerolo en el ayuntamiento de Santa Cruz, no hace otra cosa sino escenificar el ambiente de baja calidad democrática que se respira en las islas con decisiones arbitrarias e incontestables como estas donde los poderosos son capaces de forzar la legalidad a sabiendas pues conocen que a la larga se van a poder salir con la suya a causa de la lentitud de la justicia y la podredumbre de la administración.
La Dirección General de Costas está en manos del Gobierno de España y muchas quejas que se han hecho desde determinados sectores ático nacionalsocialistas han sido que sus decisiones nada populares pasan porque las competencias de costas de las islas deberían estar en la comunidad autónoma. Viendo lo mal que se gestionan desde hace muchos años las competencias que tiene canarias como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la futura ley de Parques Nacionales en la que nos acabaremos por ver parques de atracciones de ATI en las faldas de Teide siempre he dicho que Canarias en lugar de recibir competencias las debería de perder porque es mejor que determinadas competencias que afectan a lo social y a la calidad de vida se gestionen desde fuera que dentro de este nido de víboras que es la política canaria. No creo que el principal problema de costas esté referido a la gestión de las competencias sino que es un reflejo de la mala calidad de la democracia en la que la ciudadanía se limita a depositar un voto ceremonialmente una vez cada cuatro años y cuando ésta se organiza democráticamente para reivindicar sus derechos es insultada con epítetos como anti sistema o terroristas sociales por gente que, en el mejor de los casos, es incompetente y cumplen los dictados de los empresarios o, en el peor, son directamente corruptos.
* Canarias 24h - Opinión - 06 de octubre de 2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Canarias
Santa Brígida: El fiscal acusa de prevaricar al ex edil del PP Carlos Sánchez
CANARIAS7* : La Fiscalía del TSJC propone una pena de prisión de 15 meses e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años para el consejero del PP en el Cabildo, Carlos Sánchez, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística cuando era concejal de Santa Brígida.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado para los días 28 y 29 de este mes el comienzo de las sesiones del juicio oral del denominado caso Teyma, en el que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicita una pena de 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Carlos Sánchez, consejero del PP en el Cabildo, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística cuando era edil de Urbanismo del Ayuntamiento deSanta Brígida.
La denuncia que llega a juicio fue presentada durante el anterior mandato del Ayuntamiento por los entonces ediles de la oposición Antonio Ramírez y Amalia Bosch, ahora en el gobierno municipal por Los Verdes, al detectar que el consistorio había concedido calificación como suelo urbano y licencia de obras a una promoción de dúplex adosados en La Atalaya que invadía suelo rústico.
La Fiscalía acusa a los dos administradores de la promotora, Teyma Canais, y al arquitecto de los dúplex de un delito contra la ordenación del territorio, a Carlos Sánchez y a dos arquitectos municipales de prevaricación urbanística y a uno de esos dos arquitectos de falsificación de certificado. Para los tres primeros pide prisión de 12 a 24 meses, una multa de 24 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación para profesión u oficio durante tres años. Para los arquitectos municipales propone prisión de un año y diez meses e inhabilitación durante nueve años y al acusado de falsedad en certificado le suma otra pena de suspensión de empleo y cargo público por 22 meses.
La acusación particular coincide en que Carlos Sánchez y los dos arquitectos municipales son autores de un delito de prevaricación urbanística y en que los administradores de Teyma y el arquitecto de los dúplex lo son de un delito contra la ordenación del territorio. Para los tres primeros pide año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial y para los otros un año de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio.
* Canarias 7 - Jesús Quesada - Las Palmas de Gran Canaria - 6.10.2008
Foto: Santa_Brígida (Gran Canaria) - M.Perdomo, wikipedia.org
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Dos detenidos por supuesta corrupción urbanística en Ibiza
EFE* : La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a dos personas en relación a una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia, han informado fuentes de la investigación del caso, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. Agentes del Instituto Armado registran desde este mediodía la sede del consistorio.
El registro tiene relación con la gestión del ex arquitecto municipal Antonio Huertas, imputado por varios delitos ya que, al parecer, adjudicaba a su nuera los proyectos de envergadura que tramitaba su departamento, entre ellos los de varias urbanizaciones, según las mismas fuentes.
Huertas fue el arquitecto del consistorio con el anterior equipo de gobierno, del PP, que tras las elecciones municipales del pasado año perdió la alcaldía de la ciudad, que ahora es del PSOE. Los hechos, que fueron denunciados en agosto de 2005 por los ecologistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza, GEN-GOB de Eivissa, se hicieron públicos en noviembre del mismo año cuando la Fiscalía de Medio Ambiente notificó a la agrupación ecológica la apertura de diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí, ya que el proyecto al que se otorgó la licencia era obra de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández.
Un vídeo como prueba
En diciembre de 2006, el entonces alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, aceptó la renuncia del arquitecto municipal imputado por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Baleares. En este sentido, el ex alcalde remarcó haber conocido a través de la prensa que el técnico aparecía en un vídeo donde se demostraba que compatibilizaba su cargo público con la actividad privada en varios proyectos urbanísticos que fueron redactados por su nuera, miembro de su despacho particular.
En la actualidad el arquitecto se encuentra imputado por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Baleares. El Colegio se personó como acusación particular contra el técnico municipal por una posible incompatibilidad de su cargo público con la actividad privada en varios proyectos en Cala Molí y Cala Carbó.
* ELPAIS.com - EFE - Sant Josep de Sa Talaia - 06/10/2008
Foto: Sant Josep (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
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El TSJA anula de nuevo el PGOU de Guillena por no cumplir la LOUA
DIARIODESEVILLA* : La sentencia recoge que "se ha incumplido una norma imperativa de carácter obligatorio" y acusa al Ayuntamiento de "crear artificialmente una inseguridad que no puede tener amparo jurídico".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la resolución del 7 de julio de 2006 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta, por la cual se aprobaba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Guillena (Sevilla). Dicha anulación deriva del incumplimiento de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Concretamente, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece que "simple y llanamente lo que se ha hecho es orillar de manera consciente y asumida, el cumplimiento de la ley, de norma de rango superior, obviando su mandato".
Tras una primera anulación del plan urbanístico primigenio realizada por el TSJA en 2005 --debido a un recurso de una asociación de vecinos de Las Pajanosas--, por la que se procedió a retrotraer el procedimiento de elaboración del planeamiento, la parte codemandada --la Consejería y el Ayuntamiento de Guillena-- adujo que el recurso que motivaba el presente fallo debía ser inadmitido, puesto que la resolución de 2006 que aprobaba por segunda vez el PGOU se produjo en cumplimiento y ejecución de la sentencia original.
Para el TSJA, la polémica "resulta inútil y superflua", puesto que la sala zanjó con un auto en mayo de 2008 la cuestión al dar por ejecutada provisionalmente la sentencia y archivada la pieza separada creada al respecto, con lo que se consideraban "subsanados" los defectos formales que conllevaron la declaración de nulidad del PGOU guillenero.
El nuevo instrumento, así, posee para los jueces "sustantividad e independencia propia, distinta del anteriormente anulado", por lo que éste podría impugnarse "por todas aquellas causas que resultan ajenas" al contenido de la ejecución de la sentencia de 2005.
Frente a la acusación de incumplimiento de la LOUA, cuya Disposición Transitoria Cuarta establece que las determinaciones de los planes y restantes instrumentos de ordenación urbanística "deberán ajustarse plenamente a la ley en lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo y la actividad de ejecución", la administración autonómica señaló que al Consistorio se le ordenó redactar un documento complementario en el que se recogiera esto. Sin embargo, según el fallo del TSJA, no consta en el expediente este documento, "ni ninguna de las partes dan cuenta del mismo".
Conducta procesal "temeraria"
"Se ha incumplido una norma imperativa de carácter obligatorio", dice la sala en su sentencia, que acusa al Ayuntamiento de "crear artificialmente una inseguridad que no puede tener amparo jurídico, creando la apariencia equívoca de determinaciones de naturaleza reglamentaria vigentes destinadas a ordenar y desarrollar urbanísticamente el municipio de Guillena".
El fallo, en el que también se condena a la parte codemandada al pago de las costas por conducta procesal "temeraria" y la omisión de contestación de motivos concretos opuestos con relevancia en la legalidad de dicha resolución, no es firme, teniendo la posibilidad la administración de interponer recurso de casación.
* Diario de Sevilla - EP, GUILLENA (SEVILLA) - 06.10.2008
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Beneficiarios de viviendas protegidas las pierden por falta de hipotecas
ELPAÍS/Barcelona* : Prácticamente cuatro de cada 10 adjudicatarios de una promoción de 220 pisos de precio concertado de la calle del Pallars de Barcelona se han visto obligados a renunciar al piso que les había tocado en suerte porque el banco no les ha concedido las hipotecas pactadas. Muchos de ellos ya habían firmado un precontrato con la promotora Espais y hasta habían tomado medidas de las viviendas.
"Los sábados vienen muchos a ver los pisos que les han tocado, pero vivir, viven pocos", explicaba un trabajador de la promoción.
Son cinco bloques que se alzan en el triángulo formado entre la Diagonal y las calles del Pallars, Provençals y Fluvià, en el corazón de las nuevas áreas de Sant Martí. Meses después de haberse terminado la promoción, siguen casi vacíos. "Se han instalado unos 16 o 17 contadores de luz, no más", apuntaba un operario. Es decir, por ahora sólo viven esas familias, algo que salta a la vista porque no se ve ni un alma: ventanas y persianas están cerradas a cal y canto. "Se están escriturando", afirmó un portavoz de la promotora, que no quiso aclarar cuántos.
Esa promoción pone en evidencia que la crisis estrangula también el mercado de la vivienda protegida concertada, un tipo intermedio entre la de protección social y el mercado libre que se creó, precisamente, para facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden optar a la pública porque sus ingresos son superiores al máximo requerido pero tampoco llegan a afrontar los precios del mercado libre.
El coste para el comprador de la concertada se sitúa en torno al 70% del precio de mercado -unos 200.000 euros de media- y pueden optar a ella quienes tengan una renta que no supere 6,5 veces el IPREM (salario mínimo). El panorama no ha mejorado después de que las 10 cajas catalanas y media docena de bancos firmaran el pasado mes de julio un convenio con la Generalitat al que se le quiso dar la máxima solemnidad con la asistencia del presidente, José Montilla. Las entidades se comprometieron a destinar 12.000 millones de euros con financiación preferente para dar confianza al sector y a los ciudadanos.
Como dice el refrán, del dicho al hecho va mucho trecho. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda reconoció a este periódico que el pacto no se cumple. "Hay entidades que está denegando las hipotecas pese a que los adjudicatarios cumplen los requisitos", señalaron fuentes de ese departamento. No quisieron, en cambio, precisar cuántas promociones pueden estar en la misma situación que la de la calle del Pallars y qué entidades están denegando los préstamos. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, ha pedido explicaciones a algunas de las entidades que suscribieron el pacto. Los bancos se comprometieron a financiar hasta el 80% del valor del pisos a tipo fijo (5,7% o 5,8%) y a largo plazo (30 o 40 años). El 20% del coste restante se financiaría a tipo variable con préstamos a 10 o 20 años a un interés de salida del 6,6%.
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona -que realizó el sorteo de esa promoción junto con otras de alquiler social en 2007- tienen constancia de que el 36% de los adjudicatarios de los pisos de la promoción de la calle del Pallars han acabado renunciando a ellos por problemas económicos. Es decir, les deniegan los préstamos. "A la mayoría se les exige el 20% de entrada y no se les concede el crédito puente que establecía el convenio", puntualizó un portavoz municipal. Los responsables de una oficina de Caixa de Catalunya -entidad titular de la hipoteca con Espais y que tiene que subrogarla- atribuían las denegaciones de los préstamos a que "las circunstancias han cambiado".
Un largo proceso
El último sorteo de viviendas del Ayuntamiento de Barcelona se hizo en febrero de 2007 y de las 25 promociones se han entregado 18. Todas menos una -la de la calle del Pallars- eran de pisos de alquiler social.
Cuando se trata de precio concertado, el proceso administrativo es tan largo que hasta llega a Madrid. En el sorteo sólo entran los que cumplen lo requisitos de renta familiar marcados: un límite de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para hacerse una idea, en 2008 serían unos ingresos como máximo de 47.000 euros.
Los afortunados en el sorteo suscriben un precontrato con la promotora que recibe el visto bueno del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Éste envía todo el expediente a la entidad bancaria para subrogar la hipoteca de la promotora al comprador. Y es precisamente en ese punto donde, en el caso de la promoción del Poblenou, se han estrellado las ilusiones de muchos de los afortunados en el sorteo porque no han llegado a ocupar los pisos que escogieron sobre plano. En no pocos casos se han enfrentado con sucesivas negativas de bancos.
Una vez que renuncian, el proceso vuelve a empezar con el siguiente en la lista de los agraciados en el sorteo. Y si todo acaba bien, la compra del piso en cuestión se registra, por último, en el Ministerio de Vivienda.
* ELPAIS.com - BLANCA CIA - Barcelona - 05/10/2008
Foto: Vivendas de la calle del Pallars que esperan a sus futuros propietarios- MARCEL·LÍ SÀENZ, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Anudar rascacielos
JOSEP MARIA MONTANER* : La tipología predilecta de los operadores inmobiliarios son los rascacielos; con ellos se pretende conseguir un máximo aprovechamiento del suelo y un mínimo compromiso con el contexto. Desde el punto de vista especulativo, puede ser la mejor inversión; pero si se utiliza como objeto que vampiriza las mejores áreas, para las ciudades es nefasto.
En Barcelona siguen colonizándonos con rascacielos aislados, como la Torre Agbar y el hotel Vela, que están allí solos y tristes, pidiendo como niños caprichosos que contemplen su prepotencia y sus músculos, unas piruetas que podrían haber hecho en cualquier sitio; anacrónicos objetos que alardean de sus conquistas y de su dominio.
Sin embargo, hace ya muchas décadas que los rascacielos evolucionan para adaptarse mejor a la ciudad, como el Ministerio de Educación en Río de Janeiro y el Rockefeller Center en Nueva York. Y la ciudad compacta ha demostrado que la superposición, la mezcla y la multifuncionalidad tienen gran capacidad para hacer tejido urbano. El arquitecto Rem Koolhaas lo ha probado en ejemplos como Euralille (Francia) y Almere (Holanda): la mejor solución para potenciar las relaciones y la vida urbana está en anudar y superponer torres sobre distintas capas. Es decir, no renunciar a los rascacielos, pero aprender bien la lección de Manhattan y otros contextos en los que éstos están entre medianeras, se relacionan entre ellos y forman ciudad, tienen bases y espacios intermedios para ser atravesados. Hoy, el urbanismo debería plantear alternativas de media altura, con subsuelos complejos para infraestructuras, redes de transporte público, aparcamientos, carga y descarga, supermercados o entidades bancarias; encima, niveles de calles peatonales, con paseos, tiendas, restaurantes, servicios y edificios públicos, y sobre estos cuerpos de la base, torres, bloques y manzanas dedicadas a oficinas, hoteles y viviendas que puedan disfrutar de cubiertas verdes, depósitos de agua de lluvia y espacios comunitarios. El futuro de las ciudades está en la complejidad en vertical.
En Barcelona, en octubre se inaugura oficialmente el hotel Sky, proyectado por Dominique Perrault. Aunque lo consiga poco, intenta alejarse del rascacielos excluyente, con un juego de dos grandes prismas que se deslizan y una base que se abre hacia la ciudad con plataformas y vestíbulos. Sin embargo, los pasillos de acceso a las habitaciones son lúgubres y las fachadas, sin relación con la orientación, tienen ventanas repetitivas y no practicables, recubiertas con una absurda red que pretende embellecer, pero que entorpece la posibilidad de disfrutar de las vistas desde habitaciones y terrazas.
También se ha inaugurado en la Diagonal, junto a Ca l'Arañó, la nueva sede del grupo Imagina, obra del equipo de Carlos Ferrater, con intenciones hacia esta combinatoria de formas geométricas puras que se giran para orientarse mejor y que se desplazan para crear espacios urbanos y dejar pasar calles.
De hecho, ya tenemos un rascacielos que señala hacia esta nueva tipología híbrida y anudada: la torre de Gas Natural. Es una de las herencias de Enric Miralles, realizada y terminada por el equipo EMBT, que dirige Benedetta Tagliabue. El rascacielos interpreta los flujos del lugar, se despliega dialogando con el entorno, danza sobre el solar con voladizos y se abre para crear un pasaje urbano público entre sus dos torres. Sus mejores cualidades están en la entrega con el nivel de la calle: se enrosca en su base con el edificio bajo preexistente, en un evidente homenaje a José Antonio Coderch y los edificios Trade, y, desde el suelo, se encarama un cuidadoso trenzado de perfiles que se despliegan en las fachadas, con cristales artesanales rugosos, cuyos tonos cálidos van variando con la luz del día.
El siguiente paso imprescindible sería proyectar rascacielos más porosos y permeables, sostenibles, sanos y llenos de vegetación. Desde las imágenes urbanas de Leonardo da Vinci hasta la ciudad sostenible que ha propuesto Salvador Rueda para el ensanche del Poblenou, pasando por la imaginaciones de los futuristas italianos o los proyectos holandeses de Bakema y Van den Broek, se ha pensado en una ciudad viva hecha de superposiciones e intersecciones, de suma de sinergias, de diversidad de funciones y de anudamientos. Pero muchos operadores inmobiliarios y algunos arquitectos estrella se resisten a incorporar la complejidad y la contextualidad: una mentalidad simple y el formalismo de las esculturas aisladas son más rentables para sus intereses comerciales, aunque vayan contra las ciudades.
* Josep Maria Montaner es arquitecto.
* ELPAIS.com - Opinión - Cataluña - 04/10/2008
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6.10.08
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