Vecinos piden una "sanción ejemplar" para el promotor que derribó en Leganés una ermita del XVI

EUROPAPRESS/Madrid* : La asociación vecinal 'Ciudadanos por el cambio' exigió al Ayuntamiento de Leganés (Madrid) que imponga una "sanción económica ejemplar" por "derribo del patrimonio histórico de la ciudad" al propietario de la Finca de la Mora por proceder a la demolición de una ermita del siglo XVI.

En la misma línea, el colectivo reclamó que la Dirección Facultativa de las obras y el propietario de la finca procedan a la reconstrucción de la ermita y de sus edificaciones aledañas.

La asociación denunció el pasado mayo la maniobra del propietario de esta finca para emprender unas obras que sólo autorizaban la rehabilitación de este complejo histórico y que, finalmente, se saldaron con su demolición.

La asociación justifica ahora la petición porque, a su entender, "la propiedad (de la finca) engañó al Ayuntamiento al pedir una licencia para rehabilitar y conservar las edificaciones, cuando lo que llevó a cabo fue el derribo de las mismas".

"Lo hizo a sabiendas de las limitaciones y condicionantes que tenían las edificaciones", recuerdan en un comunicado sus integrantes, quienes consideran que el Ayuntamiento "conocía que se actuaba sobre bienes del siglo XVI, por lo que debería haber extremado las medidas de vigilancia y seguimiento de la obra".

NUEVA LICENCIA

Por otro lado, 'Ciudadanos por el cambio' denunció que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento habría admitido la tramitación del expediente de legalización de estas obras en la finca por 292 euros en concepto de tasa por licencia.

La asociación entiende que este procedimiento supondría una contradicción, ya que --según explicaron sus responsables-- "carece de sentido reclamar desde el Ayuntamiento a la propiedad documentación y tasas para tramitarla legalización de unas obras no legalizables".

"No parece lógico tramitar una segunda licencia cuando, previamente, Urbanismo tenía informes reiterativos de sus técnicos sobre la gravedad e ilegalidad de la demolición", agregaron.






* El Economista - E.P. - 1/10/2008
Foto: Leganés (Madrid), ermita demolida - madridiario.es

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CAVA denunciará delitos urbanísticos

ADN/Cádiz* : La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) anunció ayer que, junto con las federaciones adscritas, ha decidido remitir a la Fiscalía "todas las denuncias sobre aquellos que permitan construir en suelo no urbanizable".

En un comunicado, la CAVA explicó que ésta fue una de las conclusiones a las que llegó el pasado fin de semana tras las jornadas realizadas en El Puerto de Santa María sobre urbanismo, con el fin de "poner punto y final" a la situación de "irregularidad urbanística que se está llevando a cabo en casi todos los puntos de Andalucía".

Comisiones de trabajo

Para ello, indicó, pretende motivar un pacto entre grupos parlamentarios, para la "corresponsabilidad entre administración y parcelistas a la hora de asumir responsabilidades y medidas a la hora de legalizar". Así, crearán comisiones de trabajo donde participarán afectados, no afectados y administraciones para valorar qué puede legalizarse. La CAVA hizo hincapié en que la legalización debe suponer "un coste cero para todos".

Según dijo, su objetivo es "perseguir a todo aquel que participe o se vea involucrado en actividades que incurran en delito, tales como la construcción de viviendas en suelo fuera de planeamiento urbano".

Además, anunció que también tramitará a la Fiscalía las denuncias que se hagan hacia ayuntamientos y Administraciones Públicas por "dejadez en sus funciones". La CAVA aludió al informe presentado el año pasado por Greenpeace, que catalogó la costa andaluza como "la más saturada" ya que, según dicho informe, sólo en el litoral andaluz hay proyectadas "casi 700.000 viviendas y en la costa 41.800 son ilegales". Además de varios espacios naturales sufren el acoso urbanístico".





* ADN - 01 de octubre de 2008
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos

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Aguas de Calpe pagó 790.000 e por trabajos que no se ejecutaron

INFORMACIÓN/Alicante* : En el movimientos de tierra está el grueso de ese más de un millón de euros de sobrecoste que detectó la Comisión de Precios en las obras de la red transversal del agua de Calpe. La citada comisión, que depende de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, rebajaba en 1.073.316 euros las nuevas tarifas del agua aprobadas en el anterior mandato por el entonces gobierno local del PP.

Sin embargo, la resolución de la Comisión de Precios, a la que ha tenido acceso este diario, entra en más detalle y revela que las tarifas estaban infladas porque, principalmente, se sobrevaloraron los trabajos de excavación.
Este organismo advierte en su dictamen de "diferencias sustanciales" entre los movimientos de tierra previstos en el proyecto y los que, finalmente, se efectuaron. La diferencia es de 790.256 euros de obras que no llegaron a efectuarse respecto a los 1.479.486 euros presupuestados, "lo que supone un decremento del 53,41%", según indica el dictamen.
La empresa mixta Aguas de Calpe, que fue la que contrató el proyecto, ya ha pagado los 3,3 millones del total de las obras, aunque la Comisión de Precios, en su dictamen sobre las nuevas tarifas, las valoraba en 2.220.446 euros.
La resolución también pasa examen a los tramos de la red transversal. De los 29 tramos, 16 se consideran en situación "crítica o inadecuada" y sólo 13 se califican de "adecuados o correctos". Las deficiencias que se detectan son que las tuberías no se han hormigonado o las zanjas no se han rellenado con arena o materiales margosos.
La resolución de la Comisión de Precios indica que los precios aplicados en los materiales son correctos. "La instalación (tubería, valvulería y piezas especiales) se han ejecutado sensiblemente igual" al proyecto.
Sin embargo, donde sí se observan "fuertes desviaciones" es en los movimientos de tierra. El dictamen achaca a la falta de informe geológico que las excavaciones no se ajustaran a lo que estaba previsto. Así, en el proyecto se preveía mover un 1% de terreno blando y luego se excavó un 66%; en cambio en terreno de roca se pensaba excavar un 16% y se disparó al 61% y en terreno compacto se excavó el 18% cuando lo previsto era el 38%.
Además, el dictamen advierte de que en el relleno de materiales se utilizó el obtenido de la excavación, cuando el proyecto apuntaba que se emplearían arena o firme asfáltico.
Paradójicamente, el consejo de administración de Aguas de Calpe, a propuesta del portavoz del Bloc, Ximo Tur, decidió presentar un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Comisión de Precios que constata el sobrecoste en las obras del agua.
Ahora, el gobierno de Calpe (en minoría tras presentar Tur y el concejal del PSD, Antonio Romera, una moción de censura con el PP) ha solicitado al consejo de Aguas de Calpe que desista de ese recurso.

La ejecutiva del PSPV reta a Camps

La nueva dirección del PSPV se presentó ayer en Calpe. La secretaria de Organización, Elena Martín, y el dirigente de política municipal, José María Ángel, acompañaron al alcalde, Luis Serna, en una rueda de prensa en la sede de la agrupación socialista local. Martín desafío al presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, a "venir a Calpe y explicar a los ciudadanos que su voluntad expresada en las urnas se verá frustrada" gracias a la moción de censura contra el alcalde, firmada por Ximo Tur (Bloc), Antonio Romera (PSD), y los nueve ediles del PP. Asimismo, la secretaria socialista reconoció que "lo tenemos difícil" dada la coyuntura actual.






* Información - A. P. F. - 1.10.2008
Foto: Calpe (Alicante) - elpais.com

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Los vecinos defienden la consulta por la reforma de la Diagonal

ELPAÍS/Barcelona* : Sí a la consulta ciudadana. Para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) la decisión de convocar a la ciudadanía para que se exprese en torno a la reforma de la Diagonal es una buena idea.

La iniciativa fue defendida por Esquerra Republicana el pasado viernes en el pleno municipal y fue bien acogida por el resto de los grupos municipales.

Lo que prevé la Carta Municipal y el Reglamento de Participación del Ayuntamiento es la posibilidad de realizar consultas ciudadanas en torno a grandes proyectos de ciudad. Los grupos municipales tienen que concretar cómo se hace, qué se pregunta, el universo de la consulta -de salida son los empadronados mayores de 16 años- y cómo se ejecuta esa participación. En el pleno se dio una fecha para concretar esos extremos: la comisión de urbanismo del mes de enero de 2009. Paralelamente, desde el sector de Urbanismo y Movilidad, entre otros, se trabajará en la concreción de un proyecto que persigue convertir la Diagonal, desde Francesc Macià a Glòries, en un gran paseo urbano del siglo XXI, además de enlazar el tranvía del Baix con el del Besòs.

Para la presidenta de la FAVB, Eva Fernández, la consulta ciudadana "sería un ejercicio de democracia directa que ya es hora que el Ayuntamiento aplique". Sin embargo, todo parece indicar que al alcalde, Jordi Hereu, le ha entrado cierto vértigo en la realización de la consulta. Ayer dijo, por ejemplo, que se tardará "meses" en concretar la forma y que no hay que "sacralizar" la idea. Todo lo contrario opina Jordi Portabella, padre de la iniciativa.

Y en relación con otro proyecto, el del túnel del AVE por Barcelona, la FAVB manifestó ayer su protesta por el incumplimiento por parte del Adif del nombramiento de un técnico independiente para su asesoramiento. Poco después, el Adif comunicó que ya había contratado el técnico.





* ELPAIS.com - B. C. - Barcelona - 30/09/2008
Foto: Barcelona, casa Les Punxes, Avinguda Diagonal - panoramio.com

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Investigan 178 casos de corrupción urbanística en España, un 40% más

EFE* : Los procedimientos en trámite en los que participa la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada crecieron en 2007 un 8,9%, un aumento menor que el de años anteriores que se debe a la asunción de casos de corrupción urbanística por las fiscalías territoriales. Las cuestiones urbanísticas fueron la principal causa del aumento de las investigaciones de la Fiscalía Especial en 2006, en el que tramitó 178 casos, un 40,1% más que en el ejercicio precedente.

Sin embargo, en 2007 la actividad de la Fiscalía Especial «irrumpiendo» en el ámbito de las entidades locales por asuntos relacionados con la corrupción urbanística se ha sustituido paulatinamente por la de las territoriales.

Entre los procedimientos incoados destacan el caso Intervida, donde se investiga un presunto fraude a miles de personas que hicieron donaciones para apadrinar niños y ayudar a familias de países pobres, el del bufete Feliu, relacionado con el blanqueo de capitales, y la supuesta estafa a la Seguridad Social de Mutua Universal.

Además, inició un nuevo procedimiento relacionado con el caso Malaya (Ayuntamiento de Marbella) y continúo otros abiertos en años anteriores (Grupo Torras, Gran Tibidabo, Gescartera, Forum Filatélico, Afinsa, Andratx, entre otros).

En cuanto a las actividades contra los delitos económicos de la delincuencia organizada, la Fiscalía asumió las investigaciones sobre las ramificaciones o efectos de la mafia rusa o georgiana en España, caso en el que ha sido imputado el ex subdelegado del Gobierno de Barcelona, Eduard Planells.

También recibió la competencia sobre una causa relacionada con tramas de fraudes del IVA «de una enorme complejidad y dimensión».





* La Verdad - EFE - 30.09.2008
Foto: Viñeta de Quesada - Corruptelas urbanísticas - farovigo 26feb07

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Lanzarote: Una sentencia anula la licencia para construir 150 apartamentos en Playa Blanca

CANARIAS7* : El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia de obra concedida por el ayuntamiento de Yaiza para construir 150 apartamentos en una de las parcelas del Plan Parcial Costa Papagayo, en Playa Blanca, tras el recurso interpuesto en su momento por la Fundación César Manrique (FCM).

Según explica la propia Fundación, " el motivo de la anulación de la licencia ha sido, nuevamente, la ausencia del informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT)". Según la sentencia, en un caso "en que el propio Secretario municipal en su informe previo a la licencia pone de relieve la necesidad de dicho informe de compatibilidad por tratarse de un Plan Parcial no adaptado al PIOT”.

Según la FCM, la sentencia destaca que "el Ayuntamiento demandado considera que la falta de dicho informe de compatibilidad es una mera irregularidad formal no invalidante del acto en sí”, algo que, a jucio de la FCM "rebate el Juzgado". La FCM destaca que el propio Juzgado señala que el informe “es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones urbanísticas incompatibles con las determinaciones de ordenación establecidas por el planeamiento insular, jerárquicamente superior a los intrumentos de planeamiento municipales”.

La Fundación César Manrique destaca que "frente al argumento del consistorio de Yaiza de que la omisión del informe de compatibilidad no representa ninguna disminución efectiva en cuanto a las garantías omitidas", el fallo judicial recalca que esa tésisa “ no puede ser aceptada por esta Sala pues es tanto como considerar a los informes del procedimiento como trámite supérfluo e innecesario”.

El fallo judicial va más lejos y destaca que “el informe era si cabe más necesario ante la situación tras los pronunciamientos judiciales a que hacen referencia las partes codemandadas y, desde luego, no es el Ayuntamiento el que debe decidir si es o no necesario un informe de otra Administración que se configura como preceptivo, sino que lo que debe hacer es,simple y llanamente, cumplir la legalidad vigente y solicitar dicho informe”.

La Fundación César Manrique destaca en el comunicado que "con este nuevo fallo ya son 16 los recursos presentados por la FCM que han sido estimados por los tribunales, 14 de ellos con sentencias firmes".






* Canarias 7 - ACN Press - 30.09.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com

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Carballo: Las irregularidades en el litoral de la comarca copan cien expedientes

LAVOZ/A Coruña* : Ni los 500 metros de protección del litoral ni los servicios de vigilancia de Costas, la Xunta y los ayuntamientos han conseguido acabar con las irregularidades urbanísticas en la Costa da Morte, sobre todo en el litoral. En los concellos sí se aprecia un descenso en el número de casos abiertos en los últimos meses, pero siguen en marcha otros cuya instrucción comenzó hace varios años y todavía no han finalizado.

Carballo es el municipio donde se concentra el mayor número de procesos abiertos -también es el más poblado-, acercándose los casos a 40, la mayor parte de ellos concentrados en los lugares de Os Peados y Pedra do Sal. El pasado octubre se derribaba una vivienda en Os Peados construida sin licencia. En enero del 2008 el TSXG confirmaba al derribo de otra en Arou (Camariñas). A esas dos se sumarían dos órdenes más a lo largo de los últimos meses: dos en Pedra do Sal y una más en Calcoba, en Fisterra, pendiente para su demolición solo de que la empresa que tiene adjudicada la obra encuentre fecha para ella.

Son las cinco últimas en caer por orden judicial, aunque es seguro que habrá más, porque los procesos abiertos se acercan en toda la comarca al centenar.

En la mayoría de los casos se trata de viviendas construidas sin permiso alguno en suelo rústico o dentro de la zona de protección de Costas o demasiado cerca de otra vivienda. El número de expedientes varía dependiendo de los ayuntamientos. Los casos graves son escasos en los ayuntamientos más pequeños. Así, en Cabana hay cuatro, tres en A Ourixeira y otro en Canduas. En Malpica son algo más de media docena, casi todos situados en la zona costera de Seiruga. También cerca de media docena puede haber en Fisterra y Camariñas y algunos más en Cee, Fisterra, Muxía y Corcubión. En A Laracha, explica el alcalde, no hay ninguno, pero pasa por ser el único municipio en esa situación. A los expedientes abiertos habría que sumarle un número mucho mayor de viviendas en situación irregular y construidas en su día completamente al margen de la ley. No todas acaban en un proceso administrativo porque no todas son denunciadas. En Camariñas, por ejemplo, hasta hace poco se podía apreciar una obra junto al camino de la antigua cetaria, a escasos metros del mar. Pero en la zona, en general, los ayuntamientos prefieren no abrir investigaciones de oficio y muchos solo inician los trámites sancionadores cuando algún particular presenta una denuncia.

Así, es fácil encontrar viviendas en algunas zonas de la comarca que difícilmente hubieran obtenido un permiso municipal si lo hubieran solicitado. Sin embargo, muchas veces la pasividad administrativa o la falta de medios permitió que muchas de ellas se rematasen, permaneciendo en lugares, como Reira, en Camariñas, donde con las normas actuales -y seguramente con las antiguas- no deberían estar. A los expedientes abiertos por los ayuntamientos hay que sumarle también varios procesos iniciados por la Xunta, entre los que destacan los que están en marcha en Fisterra, donde Política Territorial denunció la ilegalidad de cerca de 400 viviendas, cuyo futuro se dirime en los tribunales sin que hasta ahora haya fecha para que se sepa que será de ellas. En general, casi todos los procesos importantes, abiertos por la Xunta o por los ayuntamientos, terminan en los tribunales, por lo que muchas veces las órdenes de reposición de la legalidad tardan años en llegar.





* La Voz de Galicia - E.E. - 30.09.2008
Foto: Carballo (A Coruña) - LuisM. Bugallo Sánchez, wikipedia.org

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Crisis / Forges



Viñeta Forges - elpais.com - 2008.09.29

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La Fiscalía denuncia la carencia de medios para perseguir los delitos urbanísticos

SER* : La Fiscalía General del Estado denuncia la preocupante carencia de medios de la mayoría de las fiscalías que se ocupan de delitos urbanísticos. Especialmente complicada es la situación de la Fiscalía de Baleares, que solo tiene un funcionario. Además critica la falta de colaboración de los ayuntamientos en la persecución de este tipo de delitos. A pesar de esto, las condenas han aumentado un 26 % en el último año.

Las Fiscalías españolas cuentan con muy pocos medios para perseguir la corrupción urbanística. La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge sus reclamaciones, en las que señalan lo difícil que es actuar contra este tipo de delitos, especialmente complejos, con las carencias que tienen de medios humanos y materiales. La situación de Baleares, es según el Ministerio Público "especialmente complicada", ya que sólo cuenta con un funcionario disponible, a pesar de los importantes delitos urbanísticos descubiertos últimamente en las islas.

En Fiscalías como la de Las Palmas o la de Bilbao, la falta de conexión con los Juzgados hace que sea habitual que existan procesos tramitados desde hace años sin que el Fiscal los conozca. Otras Fiscalías, como la de Teruel, llegan a pedir instrumentos tan básicos como un ordenador portátil. En la actualidad, el Fiscal ni siquiera puede visionar los atestados policiales que le llegan en formato electrónico.

Falta de colaboración de los Ayuntamientos

Además, La Fiscalía General del Estado critica la falta de colaboración de los ayuntamientos para perseguir este tipo de delitos. Sólo se hace más frecuente esta colaboración cuando los consistorios están inmersos en procesos electorales. A pesar de esta situación, las condenas han aumentado un 26 por ciento en el último año, lo que supone un incremento 10 veces superior a la media.





* Cadena SER - 29.09.2008
Foto: casas viñeta 120107, Maria Titos- el Periódico

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Medina del Campo: Vecinos reúnen más de tres mil firmas contra la pasarela

ELNORTE/Valladolid* : Las familias del barrio de la Mota de Medina del Campo salieron ayer a la calle para recoger firmas en contra de la pasarela peatonal que el Ayuntamiento quiere construir desde el castillo hasta el centro del pueblo por encima de las casas. Los afectados han conseguido reunir más de 3.000 firmas durante esta semana pero ayer, «el día grande», pensaban tener muchas más.

Sin embargo, la policía les pidió que se retiraran de los dos puestos en los que estaban, una mesa en la Plaza Mayor y otra en la puerta del mercadillo, «por orden de un superior».
«Ya no nos dejan ni expresarnos», se quejaba ayer uno de los vecinos de La Mota que estuvo en la puerta del mercadillo. «Vino un responsable del recinto y nos dijo que no teníamos que quitar porque iba a venir la Policía, pero nosotros seguimos recogiendo firmas hasta que nos echaron porque no teníamos permiso», explicó Dionisio, uno de los afectados. Los medinenses involucrados en el caso piensan que fue el propio alcalde, Crescencio Martín Pascual, quien dio la orden expresa de retirar las mesas de ambos lugares para evitar que recojan más solicitudes, ya que el proyecto es iniciativa suya. La idea es que la pasarela una la explanada del Castillo de la Mota con el centro del pueblo para dinamizar el turismo en la localidad pero, según Dionisio, propietario de una de las casas afectadas, «ni siquiera llega hasta el centro, porque la pasarela termina en el cruce entre las calles Isabel la Católica y Fernando el Católico, después hay que cruzar el río y pasar una calle hasta llegar al centro».

Sin alternativas
La polémica pasarela, con un presupuesto de 1.300.000 euros, «vulnera la intimidad» de los vecinos del barrio porque pasaría a tan sólo dos metros y medio aproximadamente por encima de las casas. El pasado lunes los vecinos pidieron entrevistarse con el alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, y con el arquitecto que lleva el caso para que les explicase el proyecto que tenían, pero en su lugar, se presentó el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, quien «no propuso ninguna alternativa». Una de las afectadas declaró que el concejal además les contestó que «bastante ya hacían por los vecinos de La Mota y que no podían hacer nada más».
Los perjudicados apuntan en su petición, «que se lleve a cabo en una explanada» que se encuentra muy cerca de las viviendas, a 60 metros, «lugar donde no perjudica a ningún vecino». «Si esto supone un bienestar para Medina y que atraerá a los turistas, que se construya, pero por favor que no la levanten encima de nuestras casa porque nos van a quitar el aire», dijeron dos vecinas.




* El Norte de Castilla - 30.09.2008
Foto: Medina del Campo (Valladolid), proyecto pasarela castillo - medinapatasarriba.com

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Benidorm 'ficha' a una abogada ligada a un promotor en Urbanismo

ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha contratado como asesora jurídica para el departamento de Urbanismo a la abogada Rosa Cusac Crespo, hasta hace poco ligada al despacho de un promotor local con adjudicaciones municipales. El fichaje de la jurista engrosa la lista de cargos de confianza del alcalde del municipio, el popular Manuel Pérez Fenoll.

La abogada experta en urbanismo ha actuado hasta el momento como representante del agente urbanizador de la zona industrial de Benidorm, defendiendo intereses contrapuestos a los del Consistorio en materia de cesiones de terreno, apertura de viales y superficies de la parcela misma.

El Ayuntamiento adjudicó en 2002 a Benipoli, empresa del promotor local Enrique Ballester, este plan parcial, denominado PP 1/3, que posteriormente se subrogó en la sociedad mixta de Ballester con Enrique Ortiz denominada Terra Village Land. Cusac Crespo es cuñada del propio Ballester, está muy vinculada al Partido Popular. "Guarda una cordial relación con Pérez Fenoll", señalan, según las fuentes consultadas.

La letrada, además es cuñada de Juan Manuel Baeza Riojano, conocido militante del PP y directivo de la empresa La Generala, adjudicataria del concurso de mantenimiento de jardines y zonas verdes de Benidorm.

A partir de ahora la nueva asesora jurídica podría intervenir desde el Consistorio en los asuntos de la zona industrial, así como en los trabajos preliminares para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La contratación de la letrada está directamente relacionada con las diferencias existentes entre el actual concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, y el hasta ahora asesor jurídico de dicho departamento, Manuel Francisco López Ocaña.

El nuevo edil de Urbanismo ya trasladó al antecesor de Ocaña, Vicente Saval, al departamento de Seguridad Ciudadana. El fichaje también está vinculado a la polémica cesión gratuita de una parcela de 10.000 metros cuadrados realizada por el consistorio a una empresa privada (Lope de Vega S. A.) a través de un convenio. El secretario general municipal se negó a firmar el convenio y desaconsejó en pleno la autorización del acuerdo.





* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 29/09/2008
Foto: Benidorm (Alicante) - burbuja.info

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Cebreros: Denuncian el “estilo marbellí” en la tramitación de Las Dehesillas

ÁVILADIGITAL* : Varias organizaciones ecologistas han calificado de “disparate urbanístico” el proyecto de Las Dehesillas, promovido por Vemusa, propiedad del constructor cebrereño Enrique Ventero, y que contempla la construcción de 3.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, hoteles y otras instalaciones en una superficie de 244 hectáreas en Cebreros. Denuncian, además, el “estilo marbellí” en la tramitación de la urbanización.

CCOO, Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, Centaurea, la Asociación en Defensa del Alberche y la Asociación Geográfica Ambiental aseguran que “las vigentes normas de planeamiento otorgan la consideración de suelo rústico, y por tanto no urbanizable, al espacio de Las Dehesillas”. Sin embargo, entienden que el Ayuntamiento de Cebreros “ha venido realizando toda una serie de proyectos de actuación y actos de gestión urbanística, sin que esté aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada de los terrenos”.

En este sentido, denuncian que “se ha llegado a la confección de hojas de aprecio y el anuncio de expropiación a los actuales propietarios”.

Fue en 2004 cuando comenzó a arrancar el proyecto, aunque hasta 2008 no se ha dado el visto bueno al proyecto de actuación. El último capítulo ha sido la aprobación inicial, en el pleno municipal (con seis votos a favor del PP y dos en contra del PSOE) de las normas urbanísticas que posibilitan la construcción de Las Dehesillas, adjudicada al empresario Enrique Ventero en el mes de abril.

Parcelas rústicas con “garantías” de ser urbanizables
“El Ayuntamiento se lanza a la aprobación inicial del proyecto de actuación sobre los sectores SUD D-1 y SUD R-10 como suelo urbanizable delimitado, pese a que en las normas vigentes de Cebreros figuren como suelo rústico”, argumentan las organizaciones ecologistas, que señalan que “mientras tanto, la sociedad de Ventero se ha ido haciendo con una multitud de pequeñas parcelas rústicas, sabedor de que goza de la cobertura del Ayuntamiento para su proyecto”. Consideran, a este respecto, que “se adquieren parcelas rústicas que tienen la garantía municipal de ser clasificadas como urbanizables en el futuro”.

Los diferentes colectivos manifiestan, además, que el Estudio de Impacto Ambiental que salió en el mes de agosto a información pública, “es una pura farsa de un procedimiento previamente decidido y determinado por el Ayuntamiento de Cebreros al margen de las leyes, del interés general y de la objetividad a los que se debe de forma constitucional e inexcusable”.

Es por ello que estiman que el procedimiento se está realizando “a la inversa”, de forma que el promotor, a través de la empresa Las Dehesillas de Cebreros S.A.U, “tiene que ejecutar el proyecto y, en función de él, el Ayuntamiento se dedica a formular actos y resoluciones administrativas”. Incluso destacan la “intervención profesional de algunos concejales para persuadir sobre la venta e intermediación de terrenos rústicos de pequeños propietarios” y que la adjudicación del concurso “podría ser un monumental montaje”.

Para estas cinco organizaciones, “es una barbaridad, absolutamente opuesta al desarrollo equilibrado y sostenible”, dado que “pretenden transformar 244 hectáreas de viñedo en una nueva ciudad de 13.000 habitantes”.

Sin autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo
Destacan que los proyectos de actuación en los sectores SUD D-1 y SUD R-10 fueron aprobados en enero y que el Estudio de Impacto Ambiental, que debería haber sido anterior, se hizo público en agosto.

Y también resaltan la “carencia absoluta” de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a pesar de que se plantea la construcción de una presa para el abastecimiento de agua y un puente sobre el río Alberche; en cuanto a los aprovechamientos de agua, calculan que serán necesarios 1.500.000 metros cúbicos para consumo y 300.000 para el riego del campo de golf, que tampoco están autorizados.





* Ávila Digital - María Cuenca - 29.09.2008
Foto: Cebreros (Ávila) , ayuntamiento - pueblos-espana.org

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ANSE denunciará los proyectos de construcción de viviendas para segundas residencias en Calblanque

LAVERDAD/Cartagena* : La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) anunció hoy, en un comunicado, que denunciará en la reunión de la Junta Rectora "los proyectos de construcción de viviendas unifamiliares dentro del Parque Regional de Calblanque para segundas residencias".

A esta denuncia se une, igualmente, "la falta de ejecución de las obras de ampliación de la carretera Portmán-Atamaría, el mal funcionamiento de la Depuradora Sur del Mar Menor y sus vertidos al litoral, el deterioro de las Salinas del Rasall, y la falta de regulación de los cultivos intensivos de la zona norte del espacio protegido".
Todo ello se desprende de las conclusiones a las que llegó la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Aguila, reunida hoy, para tratar asuntos relacionados con la memoria anual de actividades y la declaración de la zona como Reserva de la Biosfera y el Plan Integral de Gestión 2008-2012.
La Asociación lamentó que la Dirección General del Medio Natural "no haya incluido en el Orden del Día asuntos tan importantes como el Proyecto de Adecuación del Entorno de Calblanque presentado por el Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Ayuntamiento de Cartagena el pasado verano, que pretende facilitar aún más el acceso de vehículos y visitantes a diferentes puntos de la zona costera del Parque".
En este sentido, ANSE pidió, como en sucesivas ocasiones, "una política activa de gestión de la afluencia de visitantes a este frágil espacio mediante el establecimiento de un cupo diario de vehículos, especialmente en periodo veraniego".
"Sin embargo, criticó, las medidas adoptadas hasta la fecha han sido insuficientes existiendo importantísimas tensiones e impactos relacionados con la afluencia masiva de automóviles y visitantes, sobrepasándose frecuentemente la capacidad de carga del espacio".
Y es que, precisó la asociación, "el proyecto presentado por el Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Ayuntamiento de Cartagena pretende eliminar los únicos factores limitantes obrantes en la actualidad", por lo que, advirtió, "se aumentará de forma notable el número de visitantes y sus impactos, incumpliendo las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila".
Por último, informó que el documento remitido "no incluye un análisis de alternativas que constituye uno de los elementos de partida básicos para cualquier trámite ambiental, resultando imprescindible en la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000".





* La Verdad - EUROPA PRESS - 29.09.2008
Foto: Cartagena, salinas Calblanque - regmurcia.com

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Nueve de los 17 alcaldes acusados de corrupción en la pasada legislatura se mantienen en el poder

LEVANTE/Valencia* : La preocupación de los valencianos por la corrupción es relativamente baja. Lo atestiguan las encuestas y lo confirman las urnas cada cuatro años. Los dirigentes políticos inmersos en escándalos judiciales suelen salir indemnes de su cita con las urnas e incluso reforzados.

Cumplido el primer tercio del mandato surgido de las elecciones del 27 mayo de 2007, nueve de los 17 alcaldes que tuvieron problemas judiciales en los años anteriores, y cuya situación en los tribunales en muchos casos aún no se ha resuelto, mantienen la vara de mando. Trece de ellos, es decir el 72%, logró un apoyo similar o mayor al que tenían.
De la casi veintena de alcaldes y dirigentes que durante la pasada legislatura fueron objeto de acusaciones o imputados por presuntos delitos de corrupción -la mayoría relacionados con la ordenación del territorio- sólo cuatro perdieron la alcaldía en las urnas mientras. Del resto uno ya no volvió a presentarse (Medina en Orihuela) y otros dos decidieron abandonarla tras el primer año al frente del consistorio.
Primero lo hizo el alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, imputado en varios delitos, pero que logró la condición de aforado como senador por designación autonómica. Le siguió el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, quien acaba de ceder el cargo a su teniente de alcalde, Sonia Castedo también imputada por los mismos cargos.
La relación de escándalos judiciales en la Comunitat Valenciana ha sido elaborada por la Fundación Alternativas a través de un informe que cita a los 133 alcaldes o miembros significados de gobiernos con problemas judiciales durante la pasada legislatura en toda España. De esos 133 casos que el estudio La democracia en España recoge, 18 de poblaciones de la Comunitat Valenciana, cuatro en Valencia, dos en Castelló y 12 en Alicante. Muchas de las acusaciones siguen pendientes de resolución, y otras quedaron archivadas.
La Comunitat Valenciana, en cabeza
El informe concluye que el 70 por cien de los alcaldes o dirigentes acusados permanece en su cargo, una cifra que en la Comunitat Valenciana se reduce al 50%. Otra de las conclusiones es que las provincias costeras se llevan la mayoría de los escándalos, especialmente en el litoral mediterráneo andaluz y valenciano. Andalucía se lleva casi la mitad con 54 de 113. La Comunitat Valenciana es la segunda con 18 escándalos judiciales. Les siguen las comunidades de Madrid, Galicia, Canarias y Baleares.
Los casos analizados afectan en su mayor parte a cargos del PP, 12 de 18, en cuatro casos el dirigente era del PSPV, en uno de EU y en otro del Bloc. La mayoría de los populares mantuvieron la alcaldía al igual que el del Bloc, que incluso sumó concejales mientras tres socialistas perdieron adeptos y la alcaldía, al igual que el de EU. Los que más reforzados salieron pese al proceso judicial abierto fueron los alcaldes de Nàquera (PP) que logró un 5,8% más de votos, el de Bigastro (PSPV, 7,2% más), el de Riba-roja (PP, 4,6%) o el de Xàbia (Bloc, 4,1%).
También mantuvo la alcaldía el regidor de Torrevieja Pedro Hernández del PP. En cambio perdieron apoyo pero siguieron como alcaldes el de Zarra (ex PSPV) y el de Benissa (PP) y se hundieron en las urnas el ex alcalde de Sueca (PSPV) y el de Petrer (EU).






* Levante-EMV - Carlos Alós - 29.09.2008
Foto: Torrevieja (Alicante) - levante-emv.com

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Hacienda halla un desfase de 16 millones en los ingresos urbanísticos de Estepona

ELPAÍS/Málaga* : Hacienda no ve claras las cuentas urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona. Durante una inspección, la Agencia Tributaria ha detectado un desfase de 16 millones de euros en los ingresos por aprovechamientos urbanísticos entre 2003 y 2004 que ningún funcionario del Consistorio esteponero ha podido justificar. Los técnicos ven "indicios racionales de delito" por fraude del IVA y han decidido llevar la documentación a la Fiscalía.

A los inspectores les llamó poderosamente la atención la enorme diferencia entre los ingresos declarados por el Ayuntamiento de Estepona en la venta de aprovechamientos urbanísticos -plusvalías que recibe el consistorio por el cambio de la calificación de un suelo- y los contabilizados por la empresa municipal de planificación y desarrollo urbanístico (Empladus). Son 16 millones a los que se les pierde la pista sin razón aparente. Pidieron explicaciones en dos ocasiones, pero ninguno de los responsables municipales aportó razones para que dejaran de pensar que podría tratarse de un delito fiscal. El envío del caso a la Fiscalía ha dejado el caso en suspenso por la vía administrativa, pero Hacienda antes ha impuesto al Consistorio una multa de 1.500 euros por "obstrucción".

Las cuentas examinadas corresponden a 2003 y 2004, años en los que el ex gilista Manuel Reina, en prisión preventiva por el caso Astapa, era el responsable de Hacienda. En la contabilidad de 2003, la Agencia Tributaria advierte un desfase de 11,7 millones. A 31 de diciembre de ese año, el Ayuntamiento esteponero registraba una partida de 8,5 millones por aprovechamientos urbanísticos, mientras que la contabilidad de Empladus recogía aprovechamientos urbanísticos netos de 20,2 millones. En 2004 la diferencia es de 4,6 millones. Mientras el Consistorio anota una partida de 9,4 millones, la empresa municipal declara 14 millones.

"Habida cuenta de las discrepancias de tales cifras con las consignadas en las autoliquidaciones del IVA de 2003 y 2004, se solicita la confección de una nota que analice de modo conjunto las partidas de la ejecución final de los presupuestos y las concilie", recoge un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallan las idas y venidas del inspector de Hacienda a quien encargaron investigar estas supuestas irregularidades. Pero la explicación solicitada nunca llegó.

El inspector trató de recabar información en el Ayuntamiento entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. Visitó el Ayuntamiento y después de ser llevado de un lado para otro sin lograr la información propuso que se le abriera expediente al Consistorio por obstrucción.

Una de las personas a las que solicitó información fue al anterior edil de Urbanismo Rafael Duarte. "Quería un informe en el que se le explicase cuál era el criterio que se seguía para cobrar el IVA en unos aprovechamientos urbanísticos y a otro no, pero fue imposible dar con la solución. Ninguno de los trabajadores de Urbanismo o Hacienda acertó a dar estos parámetros por lo que no pude remitírselo, y yo no los conozco porque por esa época no estaba en el Ayuntamiento", ha explicado Duarte, que dimitió como concejal en julio al ser imputado en el caso Astapa. "Hice fotocopias de los convenios para ver si había algún patrón y elaboré un dossier que le entregué al interventor para que se lo remitiera", añade.

El inspector de Hacienda pidió el informe en noviembre y marzo, fecha en la que el interventor municipal alegó "sobrecarga de trabajo" para no entregárselo. El 10 de julio, su superior, el inspector regional de la Agencia Tributaria, Ignacio Méndez Cortesano, acordó imponer una multa de 1.500 euros al Consistorio esteponero por una infracción tributaria grave "por no aportar la documentación solicitada en el plazo concedido en el segundo requerimiento consecutivo".






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 29/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), vista casco antiguo - estepona.es

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Tenerife: La Fiscalía acusa a Urbanismo de modificar el "mamotreto" sin autorización

ELDÍA* : La fiscal de Medio Ambiente del Palacio de Justicia, Inmaculada Violán, ha trasladado al Juzgado de Instrucción nº2 de Santa Cruz de Tenerife una denuncia, que consta de catorce folios, para que se inicie la fase de instrucción al considerar el Ministerio Fiscal un presunto delito relativo a la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, la fiscal acusa a Urbanismo de realizar modificaciones "sustanciales" en el edificio de aparcamientos y centros comerciales de Las Teresitas sin la autorización de la Dirección General de Costas ni de la Comunidad autónoma, "sin constar que de momento tal modificación pudiera resultar acorde con el planeamiento urbanístico".

Añade, además, que la edificación levantada en estructura no ha afectado de momento a la zona de dominio público marítimo-terrestre, pero sí a la zona de servidumbre de protección, "y de llevarse a cabo la totalidad de las obras contempladas en el proyecto aprobado se produciría una invasión de dominio público marítimo-terrestre, tanto en la cabecera de la playa como en el final".

Por ello, la Fiscal solicita que se tome declaración en calidad de imputado al consejero director de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre el 17 de diciembre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2007. Hay que aclarar que desde diciembre de 2004 hasta julio de 2006 el concejal de Urbanismo era Manuel Parejo,

y, a partir de esa fecha, se encarga de dicha concejalía Luz Reverón. Ambos podrían ser citados en calidad de imputados para que declaren ante la juez sobre el "mamotreto".

Asimismo, también pueden ser citados los técnicos que emitieron informes favorables previos a las resoluciones de Urbanismo, como son Epifanio Gómez Sánchez, Loreto Ariz Alonso y Candelaria Benítez Pérez, así como José Luis Roca y Esther Pérez Gómez en calidad de testigos. Mientras, Carlos Lamas Rúa y Carlos González de Ara serán citados como representantes de la Agencia de Protección del Medio Urbano.

En la denuncia, la Fiscal desprende que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz inició y tramitó un expediente para la aprobación del Proyecto de Ordenación Frente Marítimo Playa de Las Teresitas, en la zona de San Andrés, y el Proyecto Modificado número 1, aprobándolos sin contar con las autorizaciones preceptivas, "pese a que el mismo significaba en cabeza y final de la playa la ejecución de las obras en zona de dominio público marítimo-terrestre", según el deslinde vigente en la actualidad.

Para ello, añade la denuncia, se debía contar con la necesaria autorización del Ministerio de Medio Ambiente al existir sólo en el proyecto un convenio de colaboración entre las instituciones que aún no había sido firmado y que, por otro lado, estaba supeditado con carácter previo a un nuevo deslinde, y, además, en servidumbre de protección.

La fiscal dice que el ayuntamiento debía contar con el requerimiento de la Comunidad autónoma, "debiendo añadirse a ello por encontrarse en trámite de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa que afecta a la playa de Las Teresitas". Argumenta también en este caso que "no era posible el otorgamiento de autorizaciones o concesiones, "no sólo por el dominio público terrestre sino también en su zona de servidumbre de protección". La fiscal acusa a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de no haber dado cuenta de los informes sobre la adecuación de los proyectos aprobados. Cabe recordar que la investigación se inicia tras la presentación ante la Fiscalía de un escrito de fecha de 28 de enero de 2008 por parte de José Manuel Corrales (PSC), Pedro Fernández, en nombre de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), y Dolores Jutta, de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas.





* El Día - Ó.MARTÍN/ C. ÁLVAREZ - 28.09.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org

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Urbanismo salvaje

JOSÉ LUIS RUBIO* : Construiría usted una cabaña brasileña en el Ártico o un iglú en El Cairo? No, ¿verdad? Eso sería una grave incoherencia ambiental. A menor escala, pero con las dolorosas consecuencias que se repiten cada año, nuestro urbanismo se ejecuta con un clamoroso fallo de concepción. Básicamente, ignora olímpicamente la torrencialidad de las precipitaciones en la planificación urbanística del territorio. No sé dónde se encuentran los planificadores cuando cada otoño nos cae el habitual diluvio.

Parece que para ellos es como si no lloviera y, como no llueve, el territorio se urbaniza sin tener en cuenta el régimen pluviométrico de elevada torrencialidad, los efectos y consecuencias de la topografía y geomorfología en la génesis de avenidas, las limitaciones en la capacidad de infiltración del suelo, la capacidad de drenaje, el diseño adecuado del alcantarillado, la dinámica de escorrentías superficiales y los factores que incrementan los efectos de riadas e inundaciones. Se entiende que existe una realidad patrimonial que son las viejas ciudades con antiguos cascos urbanos que constituyen una herencia del pasado que no se puede cambiar, aunque sí adaptar en la medida de lo posible. Lo que no se entiende es que aspectos básicos de la planificación y ejecución del urbanismo continúen haciéndose ignorando premisas evidentes y específicas del contexto natural. Esta ignorancia nos cuesta casi todos los años cuantiosas pérdidas económicas, daños materiales en inmuebles e infraestructuras, enormes procesos erosivos y sedimentarios e, incluso, pérdidas de vidas humanas. Esto se produce cada año en una u otra localidad valenciana. De ello saben mucho en Alcira, Carcagente, Gandía, Alicante, Denia, Beniarbeig... y, recientemente, Sueca.

¿Cómo es posible que esta situación se haya cristalizado y continúe repitiéndose? Existe una responsabilidad obvia por parte de las distintas Administraciones, que en última instancia son las que deben evaluar y, en cada caso, aprobar o no todos los planes urbanísticos. A los profesionales urbanistas se les supone competentes en las actividades constructivas en sí mismas; pero, dado que estas se ejecutan en un medio con unas específicas condiciones y limitaciones naturales, sería lógico que estas se evaluaran adecuadamente con el concurso de los profesionales competentes y que se incorporaran en la concepción de los proyectos. Un urbanista-urbano no está obligado a conocer los factores, casuística y dinámica de las riadas e inundaciones pero, adecuadamente asesorado, sí que está obligado a incorporarlas en sus proyectos y, por su parte, la Administración esta obligada a vigilar para que esto se produzca. Esto implica no crear barreras y contenciones a las escorrentías, prever drenajes, facilitar la infiltración, adecuar vías de evacuación, laminar las corrientes superficiales, mejorar y adaptar lo existente, etc.

Algo está fallando estrepitosamente en este tema. Mientras tanto, ¿qué sitio, urbanización, ciudad o polígono industrial quedará anegado en la próxima lluvia torrencial? ¿Cuál será el costo de no actuar? ¿Hasta cuándo se va a perpetuar esta peculiar situación? De momento, mirando al cielo con preocupación, muchas preguntas y pocas respuestas.





* Las Provincias - Opinión - 27.09.08

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Los asesores de la Unesco reprochan al Concello de Santiago que no haya oído a la ciudad sobre el teleférico

LAVOZDEGALICIA* : Además de ser demoledor con el proyecto del teleférico para unir Santiago con el monte Gaiás, el organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio reprocha a los promotores del proyecto su sordera. «Se aconseja -se lee en el dictamen del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)- al Ayuntamiento y al Consorcio de Santiago que sean más sensibles al parecer ciudadano respecto a la iniciativa del teleférico [hacia la Ciudad de la Cultura]».

El informe, rubricado por la presidenta del comité español del organismo asesor de la Unesco, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, asegura que los expertos del Icomos apenas encontraron opiniones favorables al proyecto fuera de las dos citadas instituciones, que son las que lo impulsan.

Por ese motivo, los propios asesores de la Unesco instan a que los responsables de la iniciativa del teleférico les remitan tanto a ellos como a la propia capital de Galicia «más opiniones, tanto de asociaciones ciudadanas que representen al tejido social compostelano, como de personas cualificadas de la ciudad».

En esa línea, la portavoz local del BNG y teniente de alcalde, Socorro García, pidió al regidor, Xosé Sánchez Bugallo, que comience de nuevo el proceso y que se abra a un debate ciudadano que ha sido inexistente. El Bloque, que gobierna en coalición con el PSOE, asegura que conoció el proyecto al mismo tiempo que los medios de comunicación. El PP de Gerardo Conde Roa también pidió al gobierno local que apueste por otras soluciones de conexión.





* La Voz de Galicia - Á.?P. - 28.09.2008
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - lavozdegalicia.es

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El Puerto: Justifican el proyecto del campo de golf en los efectos sobre las viviendas ilegales

DIARIODECÁDIZ* : Uno de los argumentos fundamentales que esgrimió el Ayuntamiento, y que respaldó la Junta de Andalucía, para la construcción del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar (cuya denominación comercial es Golf El Puerto) fue la presencia de viviendas ilegales "consolidadas" en su entorno.

Por paradójico que pueda resultar, el Consistorio recurrió a la situación ilegal de un núcleo de viviendas para promover la regularización de unas instalaciones también fuera del planeamiento.

Actualmente el equipo de Gobierno de PP y PA están tramitando la modificación del vigente PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para declarar urbanizables los terrenos en los que está construido el campo de golf. Dos sentencias, de 2004 y 2005 (aunque recurridas actualmente ante el Tribunal Supremo) anularon el cambio del planeamiento que permitió originariamente la instalación de Golf El Puerto. En ambas se establecían que se habían producido unos errores formales en la tramitación, circunstancia que tanto el anterior gobierno de IP y PSOE como el actual de PP y PA apostaron por arreglar para 'salvar' el proyecto que actualmente está en manos de Caja Inmaculada y de una sociedad del ex consejero de Trabajo de la Junta Ramón Marrero.

Para ello, se iniciaron los trabajos para, primero, modificar la normativa local que impedía que estos suelos fueran urbanizables (hecho que también ha sido respaldo por la Junta) y, segundo, reiniciar la tramitación del cambio del PGOU en estas fincas.

Precisamente ahora, el Área de Urbanismo tiene que proceder a contestar a las alegaciones que se han presentado a esta modificación puntual del ordenamiento tras una nueva exposición pública. Y durante este periodo se ha podido tener acceso al documento técnico realizado por el Ayuntamiento y que respalda la necesidad de ejecutar el proyecto urbanístico en el campo de golf (que lleva aparejado la construcción de 700 viviendas cuya urbanización se está realizando actualmente).

En la justificación se recurre en varias ocasiones a la necesidad de que la ciudad tenga una infraestructura deportiva de este tipo por los beneficios que ello conlleva para el turismo. No obstante, uno de los argumentos más utilizados es la "oportunidad" que tendrán los diseminados ilegales aledaños a las instalaciones (caso de Montes de Oca o Dos Palmeras) con el campo de golf. Así se habla en el documento de que tendrá una "favorable repercusión" sobre sus alrededores "incrementando los sistemas generales y dotaciones de uso público, reordenando la planificación descontrolada". Así en el caso concreto de Montes de Oca asegura que resolverá los problemas de inundación que sufre el diseminado gracias a las conducciones que se instalarán con el campo de golf y su desarrollo residencial. Asimismo se dará una "solución definitiva" a la recogida de aguas fecales de estos núcleos ilegales, que en el documento, por cierto, denominan "barriadas".

Eso sí. En el escrito se produce una incongruencia ya que por un lado asegura que estos diseminados están plenamente consolidados. "Se constata la existencia de un conjunto de barriadas [...] que desde luego la acepción marginal no sea la más adecuada, ya que se trata de auténticas urbanizaciones, con algunas viviendas de alto nivel y en todo caso unifamiliares aisladas de gran calidad, que disponen de acceso rodado, abastecimiento de agua sanitaria, energía eléctrica y evacuación de aguas residuales". Pero más adelante, el mismo documento justifica la actuación en el campo de golf por la necesidad y oportunidad de dotar estos servicios a los diseminados. Este informe fue ratificado el pasado mes de julio en Pleno por PP, PA e IP.

Pero se da la circunstancia, además, de que éste es el mismo documento que se utilizó en 2001 para argumentar la modificación puntual del PGOU en estos suelos. El Área de Urbanismo no ha considerado necesario actualizarlo o adecuarlo a la situación actual ya que entiende, según su asesoría jurídica, que lo único que hay que resolver son los errores formales que determinó el TSJA que hubo durante el procedimiento y no el proyecto en sí ni su justificación.





* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 28.09.2008
Foto: Uno de los hoyos del campo de golf con Montes de Oca, al fondo. - diariodecadiz.es

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El Consell ignoró la Ley de Aguas en 129 urbanizaciones

ELPAÍS* : El Consell ha validado entre 2005 y 2007 sucesivas iniciativas urbanísticas sin tener acreditado el abastecimiento de agua mediante el preceptivo informe favorable de las confederaciones hidrográficas, como recoge la Ley de Aguas. En ese espacio de tiempo el Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, ha autorizado un total de 129 PAI (entre ellos gigantescas macrourbanizaciones como Gran Manises, Nou Mil.leni o Plan Rabassa) de espaldas a la norma estatal.

Esta práctica ha sido denunciada ante la Comisión Europea por el eurodiputado de Los Verdes, David Harmmerstein, por poner en riesgo los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Bruselas, a través del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha recogido el guante y ha abierto una investigación. La primera decisión ha sido recabar del Gobierno central el listado de proyectos autorizados sin el informe favorable de las cuencas hidrográficas. En el caso de la Comunidad Valenciana, los proyectos afectados, según la denuncia del eurodiputado de Los Verdes, son 129. En total, estas iniciativas prevén unas 200.000 nuevas casas con cerca de un millón de habitantes.

La Ley de Aguas (artículo 25.4 reformado el 22 de julio de 2005) establece como obligatorio la emisión de un informe previo de la confederación hidrográfica en el caso de los planes urbanísticos que planteen nuevas necesidades de agua. En el informe, el organismo de cuenca debe pronunciarse de manera "expresa" sobre la existencia de recursos hídricos suficientes. Como norma general, los PAI tramitados no incluyen ese documento. Y cuando lo recoge, siempre ha sido negativo. Este fue el caso del PAI de La Serreta, en plena huerta de La Nucia, que prevé levantar 3.834 casas.

En la mayoría de los planes aprobados definitivamente, la ausencia del preceptivo informe de la confederación se sustituye con por otros de empresas colaboradoras (Mancomunidades y Consorcios de Aguas) o simplemente la aprobación por parte de los plenos municipales de un "informe de disponibilidad de recursos hídricos", confeccionados al margen de los organismos competentes.

El recurso a entidades colaboradoras para garantizar el consumo de agua la futura población ha sido esgrimido en proyectos de envergadura como el Plan Rabassa (periferia norte de Alicante con casi 13.000 casas), el nuevo planeamiento Urbano de Sant Joan d'Alacant, que prevé unas 20.000 nuevas viviendas y el PAU 21, en Orihuela, con otras 2.286 viviendas.

La reacción del Consell a iniciativa de la Comisión Europea ha sido arremeter contra el denunciante. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acusó ayer en Alicante al eurodiputado de Los Verdes de utilizar la UE con "fines partidistas y en contra a los intereses generales de todo el mundo". Según García Antón, Bruselas "no investiga estos proyectos porque carezcan de nada, sino porque falta algún informe". El consejero, no obstante, se escudó en las entidades colaboradoras para asegurar que los proyectos, como el caso del Plan Rabassa, tiene garantizada el agua, pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene la tesis contraria.





* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 28/09/2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es

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