El urbanismo descontrolado detrás de las inundaciones en Coslada

Ecologistas en Acción* considera que los graves daños producidos por las últimas lluvias en el corredor del Henares, y muy especialmente en el municipio de Coslada, donde se ha producido una víctima mortal, tienen su origen en un desarrollo urbanístico descontrolado, así como en una mala planificación del mismo.

Aunque la lluvia que ocasionó la riada en Coslada fue bastante intensa, 50 l/m2, no fue ni mucho menos excepcional. En España se producen todos los años cientos de tormentas mucho más intensas que esa, sin que se produzca ese nivel de daños. Sin ir más lejos, el pasado lunes se recogieron 200 l/m2 en el municipio de Sueca (Valencia).

Los graves daños ocasionados en el municipio de Coslada tienen su origen en un desarrollo urbanístico que no ha tenido en cuenta los cauces naturales. Estos se han colapsando parcialmente, como ha ocurrido en la cañada, vaguada natural por donde debe discurrir el agua cuando se producen lluvias torrenciales. Esta vaguada se encuentra flanqueada por viviendas, que reducen su anchura, en algunos puntos, a tan sólo 4-5 metros. También el diseño de determinadas obras públicas, que pudieran haber concentrado el agua. Las construcciones en los cauces naturales, son otra causa a tener en cuenta, ala haber podido desviar el agua e incrementar los daños. Por ejemplo se han encontrado, en San Fernando de Henares, papeleras de Coslada que fueron arrastradas por las aguas.

No obstante, el caso de Coslada no es un hecho aislado en nuestra Región. Existen otros municipios en los que el riesgo para las personas, en el caso de inundaciones, es mucho mayor. Ecologistas en Acción estima que existen del orden de 1.500 viviendas en la Región situadas en puntos de muy alto riesgo de inundación, especialmente ubicadas en las riberas de los ríos Guadarrama y Jarama.

Ecologistas en Acción lleva más de una década denunciando esta lamentable situación ante los ayuntamientos implicados, la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha hecho prácticamente nada por corregir esa situación, que se sigue agravando año tras año, pues se siguen construyendo nuevas viviendas.

Por todo ello, Ecologistas en Acción hace responsable a esas administraciones de las posibles consecuencias de su inacción ante el problema de construcciones en cauces y zonas de alto riesgo de inundación. Aunque no puede saberse cuándo, cuánto y dónde va a llover, s se sabe perfectamente por donde va a correr el agua.





* Ecologistas en Acción de San Fernando - Coslada - 24.09.2008
Foto: Coslada (Madrid), lluvias - efe

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De 4.000 casas ilegales que hay en la huerta de Murcia, 129 piden regularse

20MINUTOS* : Sólo 129 (hasta agosto) de las 4.000 casas ilegales que hay en Murcia han pedido legalizarse en el tercer plazo extraordinario dado por el Ayuntamiento, según fuentes municipales. El 31 de enero de 2009 acaba el periodo para poner en orden las viviendas. Urbanismo ya dijo que cuando llegue esta fecha, las casas que no sean legales podrán derribarse.

El Plan General de Ordenación Urbana de 2001 dio cinco años para legalizar casas e industrias. Acabado este plazo, se han vuelto a abrir dos más. El último fue en abril y es el que acaba en enero.

La mayoría de las casas ilegales están en pedanías alejadas como Cañada Hermosa o Cañada de San Pedro.

El problema que tienen los vecinos para regular las casas es el papeleo. Necesitan una instancia, un informe de Emuasa, documentación en la que se incluyan los servicios de la edificación (agua, alcantarillado...), planos y un presupuesto que puede rondar unos 1.500 euros.

Áticos ilegales en el río Segura

Fue por casualidad que los vecinos del edificio Parador del Rey, junto al puente Viejo de Murcia, descubrieron que en los trasteros situados en la terraza de su edificio se estaban construyendo áticos.

«Un vecino acudió a Urbanismo para pedir los planos del inmueble porque tenía un problema con la cochera. Cuando los vio se dio cuenta de que el edificio estaba plagado de irregularidades», explica una vecina.

«Han construido dos áticos en los trasteros de la terraza, pero esos trasteros están adjudicados de forma ilegal. Los demás vecinos tenemos los trasteros en las cocheras. Un inquilino se ha hecho la casa usando 17 trasteros y el otro usando seis», cuenta Antonio Prefasi, uno de los vecinos.

«Un edificio de Profusa»

«El edificio lo hizo Profusa (la inmobilaria de Tomás Fuertes). Uno de sus hijos, Rafael Fuertes, se quedó con varios de los trasteros de la terraza», dice Prefasi.

Los demás inquilinos del inmueble se quejan de que con la obra de los áticos les han cerrado el paso a uno de los espacios comunes para todos: la terraza.

Para denunciar la situación los vecinos han colocado pancartas en la fachada en la que se lee: Sr. alcalde, áticos ilegales en este edificio.

El Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto. Urbanismo inició un expediente en junio y la semana pasada precintó uno de los áticos, el de los 17 trasteros, porque aún estaba en obras. El otro no ha podido ser precintado porque, según los vecinos, ya está acabado. «Así que a ese le hemos puesto un contencioso-administrativo».





* 20 Minutos - MARÍA PELLICER. 23.09.2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org

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Córdoba: «Arqueología» urbanística

ABC* : Acostumbrados a las palas, los pinceles, las picas o los plásticos para proteger el vasto tesoro arqueológico que inunda los alrededores de la ciudad palatina, la Junta quiere poner ahora en práctica otro tipo de arqueología, de buceo en las profundidades de lo desconocido (?), en busca de la piedra filosofal que revele la solución mágica para las viviendas ilegales de Medina Azahara. Eso sí, cuatro años después de prometer lo mismo y fracasar.

Porque la Junta prometió ayer que buceará por el último papel que se sostenga en pie en cada casa que allí se ha levantado. Limpiando toda tierra adosada para hallar luz, catalogar su valor y decidir si entierra para siempre lo que tanto debate estéril ha deparado o, por contra, merece la pena (y el peso de la ley lo refleja) dejarlo en pie.
«¿Si el decreto de la Junta recoge que expropiará estas parcelas vacías porque son incompatibles con el paisaje de Medina Azahara, por qué no hace lo mismo con las casas, en lugar de dar rodeos...?». La pregunta salía sola ayer en la Delegación del Gobierno andaluz en San Felipe, donde las repetidas interrupciones de Rosa Aguilar cuando se le preguntaba al consejero de Ordenación del Territorio, mapa en ristre, añadían más estridencias al jeroglífico.
«Lo que he escuchado no me convence nada. ¿Si esos terrenos eran un obstáculo, porque se dejó que se parcelaran, vendieran, edificaran y se dotaran de servicios...?», se preguntaba indignado Rafael Muñoz, el nuevo presidente de los vecinos de Las Pitas, quien, tras presenciar la rueda de prensa, protagonizó un pequeño rifirrafe con Torres y Aguilar.
Reconstruir una solución va a conllevar un fino trabajo. Según fuentes de la Junta consultadas por ABC, la primera criba sobre el futuro de las viviendas vendrá dado por su fecha de construcción. No es lo mismo antes de 2003, cuando se amplió el BIC integrando a estas tres parcelaciones, que después. De hecho, las sentencias judiciales hablan en uno u otro sentido si los casos son anteriores a esa fecha o posteriores. Hay pendiente de un recurso judicial en manos de la Audiencia un caso de demolición en Las Pitas (el primero). Sobre otros muchos vecinos ha caído el peso de la ley por obras irregulares. E incluso hay otros con vía judicial abierta.
No será lo mismo, tampoco, que sea primera residencia o segunda. También, la situación económica de cada una de las familias tendrá su sitio en ese inventario. Por el tintero de los técnicos pasarán, no cabe duda, los diferentes servicios con los que cuentan las parcelas (luz, agua, teléfono). Y hasta la ubicación geográfica o escrituras, recibos de impuestos pagados, etcétera...

Ordenanza en el BIC
Tras el fiasco de 2004, la Junta se ha puesto las pilas. Más sigilosamente, y de la mano del PSOE cordobés y del Ayuntamiento, no cesan de estudiarse medidas para esas viviendas según la radiografía de cada una. Si bien, Cultura no pasa por el aro de reducir el ámbito del BIC, no mira con malos ojos que en algunos casos se incluya dentro del BIC una ordenanza específica de edificación que, al menos, permita dejar lo que está construido tal y como está. Sin un ápice más. Algunas quedarían en pie, pero como en el fatídico caso de la compra o expropiación, se desconoce aún el número.





* ABC - F. J. POYATO - 24.09.2008
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es

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Critican la decisión de Móstoles de recalificar el 70% del municipio

MADRIDIARIO* : Ecologistas en Acción calificó hoy de 'disparate' la decisión del Ayuntamiento de Móstoles de calificar el 70 por ciento del término municipal como urbanizable, puesto que ello no resuelve graves problema como las viviendas ilegales en el cauce del río Guadarrama, además de resultar ambientalmente inasumible y social y económicamente injustificable.

En una situación como la actual en la que existe un sobredimensionamiento de suelo urbanizable en la región y el stock de viviendas construidas y sin vender se estima, en al menos, 25.000 viviendas, "carece de lógica seguir incrementando las grandes bolsas de suelo urbanizable y de nuevas viviendas. Económicamente resulta un disparate", afirmaron.

Según Ecologistas, el nuevo Plan General de Móstoles, aprobado provisionalmente, sólo libra de una futura urbanización a los terrenos del Parque Regional del río Guadarrama, al noroeste del término, y el arroyo de la Reguera, al sureste. De las 4.513 hectáreas del término, sólo 1.342 hectáreas se protegen, el resto (70 por ciento) se clasifica como urbano y urbanizable, lo que eleva la capacidad residencial a más de 25.000 nuevas viviendas.

Ecologistas en Acción definió la política urbanística de Móstoles como "huida hacia delante", pues considera que no se valoran el contexto socioeconómico actual, ni las repercusiones ambientales que pueda conllevar el nuevo planeamiento.

En los últimos años el crecimiento demográfico en Móstoles ha sufrido una importante desaceleración, situándose por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Las licencias de obra han caído a niveles muy por debajo de la década de los años noventa.

A juicio de Ecologistas en Acción, ni Partido Popular ni Izquierda Unida, partidos que apoyan el nuevo planeamiento, han valorado las repercusiones ambientales, sociales y económicas que puede conllevar.

"El nuevo Plan General, ambientalmente, supone el aislamiento de los terrenos incluidos en el Parque Regional del río Guadarrama, circunstancia que supondrá a corto y medio plazo la vanalización de este espacio pasando a convertirse en una simple zona verde", dijeron.

Por otra parte, apuntaron que el plan general no resuelve el problema socio-ambiental de las viviendas de Las Sabinas, entramado lineal de construcciones ilegales que se levantan en el cauce del río Guadarrama. Cada vez un mayor número de personas se hacinan en estas viviendas fuera de todo control urbanístico y sanitario.

A pesar de las numerosas denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción, reiteradas en las alegaciones presentadas, "ni Ayuntamiento ni Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio pretenden asumir sus competencias y resolver de una vez esta situación", señalaron.

El Plan General "elude cualquier tipo de propuesta concreta y relega la solución a un futuro programa para el que ni establece plazos ni compromisos", apostillaron.





* Madridiario - 24-09-2008 - MDO / EP
Foto: Móstoles (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org

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Los escándalos inmobiliarios hacen repuntar por cuarto año la percepción de corrupción en España

EUROPAPRESS* : Los numerosos escándalos destapados en el sector de la construcción han provocado que expertos y analistas de todo el mundo incrementen por cuarto año consecutivo su percepción de corrupción en las administraciones públicas españolas, según denunció hoy la ONG Transparencia Internacional (TI).

"Hemos perdido tres puestos respecto al año pasado", indicó el presidente de la organización, Jesús Lizcano, durante la presentación del informe 'Índice de Percepción de la Corrupción 2008', que incluye una clasificación de los 180 países en los que se ha realizado el estudio, del menos al más corrupto.

Por cuarto año consecutivo, España retrocede, situándose en el vigésimo octavo puesto, lo que supone un descenso de tres puestos respecto al índice del año pasado.

El informe, que se realiza anualmente desde hace catorce años, utiliza la información y la perspectiva que tienen los expertos de 13 organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo, y que han sido recogidas por otras 11 instituciones independientes como IMD o el Foro Económico Mundial.

La caída de España en la clasificación se debe a que los casos de corrupción se han hecho públicos, lo que no significa que exista más corrupción, según señala el documento. "Lo que aumenta la percepción de la corrupción entre los encuestados", indicó el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de TI, Manuel Villoria.

"Había bastante corrupción subyacente que ha aflorado debido al urbanismo descontrolado en las administraciones locales", añadió Villoria. "Desde hace un tiempo, hay muchos más datos y noticias de corrupción en la prensa y esto influye en la percepción de los expertos. Tenemos 140 alcaldes imputados o procesados y hemos visto cómo hay jueces implicados en escándalos como el 'caso Malaya'", recalcó.

A pesar de que los datos muestran un deterioro de la situación en nuestro país, la ONG señaló que España se mantiene en niveles medios si se compara con el resto de los países desarrollados y alcanza una puntuación de 6,5 sobre diez.

Además de situarse como la vigésimo octava nación con mejor índice de percepción de los 180 países estudiados, España es uno de los países mejor valorados del sur de Europa y se sitúa en décimocuarta posición entre las naciones de la Unión Europea, por delante de Portugal (6,1), Grecia (4,7) e Italia (4,8).

SIGNOS POSITIVOS.

Transparencia Internacional también indicó que este descenso de la percepción sobre la transparencia de las instituciones públicas españolas se debe a que se han aumentado las exigencias legales y ciudadanas en las administraciones públicas y a la creación de la Fiscalía de Medioambiente y Urbanismo.

"En estos momentos hay mayor control. Se ha producido un barrido importante de los incumplimientos urbanísticos", señaló Villoria, recordando que la Fiscalía de Medioambiente tramitó 1.634 diligencias en 2006 y permitió establecer 141 sentencias condenatorias por "irregularidades urbanísticas". En 2007 la cifra de diligencias aumentó hasta las 1.781 y las sentencias hasta las 190.

"Está aumentando la percepción de la corrupción entre los encuestados", aseguró el catedrático, quien añadió que "habrá que esperar para saber si las medidas tomadas" desde el campo político "han servido".

DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA.

Según el profesor Johann Graf Lambsdorff, de la Universidad de Passau, quien ha sido el encargado de coordinar el estudio para Transparencia Internacional, "una mejora de un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción incrementa el ingreso proveniente de la inversión extranjera del Producto Interior Bruto en un 0,5%".

Desde 2004, España ha perdido 0,5 puntos en el índice anual de TI. "La percepción de la corrupción, por ser más alta, reducirá la inversión externa en nuestro país, sobre todo en la construcción, por ser el sector en el que se han registrado mayores casos", afirmó Villoria.






* Europa Press - MADRID, 23 Sep 2008
Foto: mapa_corrupcion - eleconomista.es

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¿Qué pasa con el mercado de casas usadas?

ELMUNDO* : El mercado de segunda mano hace aguas. Primero llegó la fiebre de carteles de 'Se vende' por las calles. Después, el cierre de numerosas agencias inmobiliarias. Finalmente, han llegado los datos: las ventas de pisos usados -a partir de un año de antigüedad- han caído un 46,9% en el segundo trimestre del año respecto a las mismas fechas de hace un año, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda.

Más aún, los cálculos de los intermediarios del sector aseguran que la mediación en la compra de viviendas de segunda mano habría descendido "hasta en un 80%", afirma Santiago Baena, presidente de los colegios profesionales de los agentes inmobiliarios.

A pesar de la crisis, en España aún se venden casi 700.000 casas al año, pero mientras en el ámbito de la vivienda nueva las ventas se han reducido un 12% en el último ejercicio, en el de los particulares el bajón ha sido espectacular.

En Madrid, por ejemplo, en el primer trimestre de 2007 se vendieron 12.571 viviendas usadas mientras que entre abril y junio la cifra se redujo casi a la mitad: 6.370. En la Comunidad Valenciana la cosa no mejora, 19.204 en el primer trimestre y 8.981 en el segundo. Tampoco en Cataluña, donde las ventas también bajan a la mitad hasta las 10.000 unidades.

¿Desconfianza? ¿Los propietarios contemporizan o piden demasiado por las casas? Lo cierto es que "el mercado de pisos usados lleva un año en parón", explica Jesús Duque vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, y cada vez hay más pisos a la venta.
¿Por qué?

Muchos son los factores que han llevado a esta situación, pero el precio sigue siendo una de las principales causas a pesar de que en "el mercado de segunda mano se es más flexible con el dinero que en el de obra nueva", apunta Duque.

El problema es que cuando se decide poner un piso a la venta siempre se tira por lo alto, una tendencia que, si en otro momento no era un mayor inconveniente, ahora ya no funciona. Los propietarios siguen sin entenderlo y aplican la vieja fórmula de "si al vecino de al lado le pagaban 40 millones hace dos años por qué voy a tener que poner mi casa a la venta por 25 millones ahora", explica Baena.

Y es que ni los vendedores están dispuestos a bajar el precio ni los potenciales compradores a aceptar el que les piden de salida. "Cuando vienen a preguntarme por las casas y les digo los precios se ríen de mí", nos asegura el portero de una finca del barrio de El Pilar, al norte de Madrid.

Ante esta situación, y aunque muchos no quieran, no queda más remedio que establecer unas cuotas más asequibles. Esto es una realidad tal y como demuestran los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo en Madrid en el segundo trimestre de 2007 se pagaba de media por una vivienda usada 283.351 euros mientras que en las mismas fechas de 2008 la cifra se ha rebajado a 262.569. En Cataluña ocurre exactamente igual ya que el año pasado se llegaban a precios de 255.469 euros que ahora se han reducido a 233.835.

¿Quien vende? Aquel que tiene verdadera necesidad de hacerlo, aunque tenga que 'apretarse el cinturón'. "Los propietarios que buscan deshacerse de sus casas por obligación se sueltan, se muestran más abiertos para llegar a una negociación", argumenta Baeza.
Menos inmobiliarias

Con el mercado estancado las inmobiliarias han dejado de ser el negocio fructífero de hace unos años. Reflejo de ello es que en los primeros ocho meses de este año se ha reducido un 46% la constitución de este tipo de empresas en comparación con 2007, según un estudio realizado por la compañía Axesor.

El panorama no parece muy esclarecedor. "No se ha llegado a ver el alcance de la crisis, ¿qué va a pasar cuando la gente deje de pagar las hipotecas?", deja la incógnita el vicepresidente de Alfa. Sin embargo, desde API si que son algo más optimistas "superaremos esta situación pero, como dijo Woody Allen, si ves la luz del túnel ten cuidado porque puede ser un tren que viene de frente".





* El Mundo - LAURA SANZ - 23.09.2008
Foto: Se vende, carteles - laverdad.es

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Marbella: Vecinos critican que sólo se ordene derribar seis de las 51 casas ilegales en Alta Vista

SUR* : El reciente anuncio de la alcaldesa de ordenar la demolición de las dos primeras edificaciones ilegales, deshabitadas y no regularizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, ha caído como un jarro de agua fría sobre los vecinos de Alta Vista, en San Pedro, donde se asienta una de estas estructuras que parece tener sus días contados.

Se trata, según informaron desde la Delegación Municipal de Urbanismo, de seis viviendas construidas por la mercantil Prosavi sobre zona verde, en fase de cimentación y que, por tanto, cumplen con los requisitos acordados con la Junta para la aprobación anticipada del nuevo planeamiento urbanístico.

Desde la entidad de conservación de esta comunidad de propietarios, critican que en el decreto de Alcaldía se inste a la promotora -con la que ha llegado a un acuerdo- a demoler tan sólo estas seis viviendas ilegales cuando en la zona, hay otras 45 en pueblo mediterráneo también contrarias al Plan vigente, aún en construcción y «comenzadas al mismo tiempo por la promotora Prosavi». Desde esta comunidad vecinal, aseguran que esta última promoción de viviendas -que no se verá afectada por la reciente orden de derribo- adolece de la mima irregularidad: «No tener licencia, por no adecuarse las construcciones: pueblo mediterráneo y adosadas, a la tipología de ese suelo según el Plan de 1986: unifamiliar exenta».

Así, los vecinos de Alta Vista se preguntan indignados el motivo de que no se regularicen seis adosados pero sí, los 45 que hay alrededor en forma de herradura, promovidos por la misma promotora «en las mismas condiciones, circunstancias y lugar, en fase de cimentación y sin haber sido vendidas a terceros». «Esto no tiene ninguna lógica», indican los vecinos en un comunicado al tiempo que añaden: «A los ciudadanos no nos basta con que el Ayuntamiento realice actuaciones simbólicas en el marco de un acuerdo con una promotora, cuando el perjuicio continúa ahí y los perjudicados no son consultados en ningún momento, y donde la única beneficiada es la promotora que ha conseguido comprar un solar por un determinado precio para construir nueve casas y va a construir 45».

Es más, los afectados denuncian que son los principales perjudicados y critican que los servicios de su urbanización «son ya muy ajustados e incapaces de absorber las necesidades de 45 viviendas en la zona peor comunicada de la urbanización, donde el Plan vigente prevé nueve viviendas».

Aclaración

La respuesta del gobierno municipal es muy clara al respecto. A fecha de hoy, sólo las 45 viviendas en pueblo mediterráneo aparecen regularizadas -mediante el sistema de compensación- en la aprobación inicial del nuevo PGOU, que elaboró el equipo redactor siguiendo las directrices de la Junta cuando ésta tenía las competencias en planeamiento y luego aprobó el pleno del Ayuntamiento. La medida no se aplicaría a las seis restantes, en construcción y que están sobre parques y jardines; aunque desde la comunidad de propietarios de Alta Vista aseguran que el suelo es unifamiliar exento, según el Plan vigente. No obstante, desde el gobierno municipal aclaran que no significa que en la aprobación provisional del Plan puedan introducirse algunas modificaciones.






* SUR - ROSARIO FLORES - 23.09.2008
Foto: SAN PEDRO. Una de las casas ilegales con orden de demolición. / J-L, diariosur.es

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El Día Sin Coches, una celebración casi virtual

EFE* : El Día Sin Coches que se ha celebrado hoy en 2.020 ciudades de todo el mundo ha tenido un seguimiento bastante discreto en España, donde las lluvias y la escasa sensibilidad ecológica no han contribuido precisamente a reducir el número de vehículos.

Con esta celebración, creada para concienciar a los ciudadanos de los efectos directos del transporte privado sobre el cambio climático, acaba la Semana Europea de la Movilidad, en la que algunos ayuntamientos se han animado a cortar el tráfico de algunas calles y promover así el uso del transporte público en detrimento del coche propio.

Aprovechando la jornada, algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción han reclamado una mejora del parque móvil y facilidades municipales para que los ciudadanos puedan utilizar más la bicicleta y hacerlo con seguridad.

Ecologistas en Acción ha denunciado que la mayoría de los municipios aplican políticas de tráfico "ancladas en el pasado" y que no tienen en cuenta las bicicletas, ni en el diseño de las calles ni en la organización de la circulación. Además, esta organización ecologista recuerda que para la mayoría de los desplazamientos que se hacen en el interior de las ciudades europeas (de menos de tres kilómetros y a menos de quince kilómetros por hora), la bicicleta es el medio más rápido y eficiente.

Greenpeace, por su parte, ha solicitado una reducción del parque móvil y vehículos más eficientes en las carreteras españolas "para frenar su contribución al cambio climático". Según los datos de esta organización, uno de cada dos españoles tiene coche y lo peor es que el parque móvil sigue creciendo pese a que genera el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y consume la mitad de la energía disponible en España.





* ELPAIS.com - EFE - Madrid - 22/09/2008
Foto: Una banda desfila en una calle de Seúl (Corea del Sur) durante el Día Sin Coches- EFE

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Vigo: Más de 10.000 infracciones se acumulan en Urbanismo y sólo una abogada instruye los casos

FARODEVIGO* : La oficina de infracciones urbanísticas está hasta los topes de expedientes. El Concello acumula más de 10.000 abiertos por presuntas ilegalidades en viviendas, negocios e industrias, según las fuentes municipales consultadas, y sólo una abogada se encarga de instruir, hacer el seguimiento y resolver todos los casos en trámite. La plantilla de inspectores es también escasa.

Diez funcionarios se encargan de controlar todo el territorio municipal.
La acumulación de expedientes de infracción y la falta de personal suficiente para agilizarlos es un problema antiguo en el Concello que han admitido los últimos gobiernos municipales. En el anterior mandato se habían contabilizado 14.000, pero la cifra incluía casos ya archivados o prescritos. Con motivo de la elaboración del Plan de Inspección Municipal, presentado meses atrás por el actual gobierno local para marcar las prioridades a la hora de realizar el control de la legalidad urbanística, se realizó un "filtrado" de los datos, y tras la criba el número de casos quedó fijado en 10.000. La sobrecarga de actividad, además, ha provocado que en algunos casos caducasen los plazos para emitir informes o adoptar resoluciones, con lo que estos expedientes han prescrito sin que se restaure la legalidad.
Letrados
A ello se une la reducción a la mitad en el número de instructores. El departamento contaba hasta hace cuatro meses con dos abogadas que incoaban y seguían los expedientes hasta su resolución final, pero una de ellas ha pasado a la Inspección de Tributos sin que por el momento tenga sustituta. Con motivo del incendio de la macronave de O Gorxal el alcalde también asumió la escasez de plantilla, y alega que la situación es "heredada". Los medios de inspección no se incrementarán a corto plazo, aunque Caballero ordenó al concejal de Urbanismo que revise el plan para dar prioridad a las empresas "sin descuidar otros apartados".
Por otra parte, la Gerencia ha remitido a la Tesorería municipal un listado de 27 empresas y particulares multados por infracciones urbanísticas que no han abonado la multa en el periodo voluntario. El Concello dictará orden de apremio para cobrar los 250.000 euros que suman las cantidades. Casi la mitad corresponden a una infracción de una inmobiliaria. El punto pasó ayer por la junta de gobierno. Las cantidades se traspasarán posteriormente a la propia Gerencia para financiar su actividad.





* Faro de Vigo - J. PASTORIZA - 23.09.2008
Foto: Dos policías patrullan, ayer, en el entorno de la nave de O Gorxal. C. Pereira, farodevigo.es

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El pacto con la Fiscalía salda con un año de cárcel para Muñoz la cesión de licencias para 250 pisos ilegales

SUR/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco de los ediles del GIL aceptaron ayer entre un año y nueve meses de prisión, no sustituíbles por multa, por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Algabamar II S.L. entre 1998 y 1999. Se trata del segundo juicio -el primero fue el 'caso Belmonsa- donde el pacto entre la Fiscalía de Málaga y los ex concejales gilistas se ha aplicado.

Muñoz, y los ex concejales de Marbella María Luisa Alcalá y Rafael González aceptaron un año de prisión y diez de inhabilitación por la comisión de cuatro delitos contra la ordenación del territorio. Los ex ediles Javier Lendínez, Dolores Zurdo y José Luis Troyano, admitieron cumplir nueve meses de cárcel por dos delitos urbanísticos. El resto de los acusados, también ex concejales gilistas, Tomás Reñones, Manuel Calle, José Luis Fernández Garrosa y Alberto García Muñoz, tendrán que comparecer el próximo 27 de octubre aunque finalmente se apuntarán al pacto, según sus letrados. El aplazamiento fue por cuestiones técnicas procesales. En algunos casos sus abogados no pudieron asistir por encontrarse enfermos; en otros no habían sido citados o lo fueron fuera del plazo reglamentario. Tampoco se sentó ayer en el banquillo de los acusados Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcadesa de Marbella Marisol Yagüe, que se encuentra en busca y captura desde 2006.

Precedente

En juicios anteriores por delitos urbanísticos cometidos en Marbella los acusados habían llegado a una conformidad previa a la celebración de la vista oral aceptando un año de prisión. A partir de 'Belmonsa' la pena de cárcel ya no puede ser sustituida por multa. Además son los dos primeros juicios en los que los ex ediles de la segunda corporación municipal del GIL se han adherido al pacto. Fuentes de las defensas confirmaron que el acuerdo se aplicará también en otros siete procedimientos en los que no se ha llegado a señalar fecha de juicio.

Hasta ahora sólo los seis ex concejales con delitos urbanísticos pendientes de la corporación de 1995 a 1999 habían comunicado al fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, su conformidad. El resto, que no habían pisado la cárcel, esperaban llegar a juicio en busca de un resultado más favorable. Después de nueve meses de negociaciones todo indica que el pacto con el Ministerio Público empieza a ver la luz. Ya no existe división entre los acusados así que sólo quedaría un escollo. Para que realmente fuera efectivo las acusaciones popular y particular -el Ayuntamiento de Marbella y el PSOE, en la mayoría de los casos- deberían estar conformes con las penas solicitadas por el fiscal, es decir, un año de cárcel para los concejales de la primera corporación y nueve meses para los que pertenecieron a la segunda.

El abogado del Grupo Municipal Socialista de Marbella, Oliver Roales, que lleva seis procedimientos aún en fase de instrucción, aseguró ayer a este periódico que no rebajarán su petición de cárcel. El portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, también mostró su rechazo al acuerdo, aunque no descartó adherirse a la petición fiscal en «casos muy concretos».

Las otras acusaciones

Ambas acusaciones buscan resarcir económicamente a Marbella de las tropelías urbanísticas cometidas durante la 'era GIL' aunque son conscientes de la dificultad que tendrán en los juicios por delitos urbanísticos para determinar la responsabilidad civil y de la ventaja, también para ellos, de acortar los procedimientos de adherirse al acuerdo.

Su rechazo obligaría a celebrar prácticamente todos los juicios que quedan pendientes, unos 70, precisamente lo que tanto la Fiscalía como las defensas pretenden evitar. La primera, para ahorrar tiempo y dinero a la Administración de Justicia. Los segundos, para eliminar de un plumazo años de interminables pleitos que no les evitará entrar en prisión, a juzgar por las últimas sentencias. Además, si se llega a juicio el magistrado puede optar por la pena máxima solicitada lo que podría dar al traste con el pacto. El cómputo final por todos los delitos urbanísticos ya no sería de tres años por cada acusado.

El acuerdo

El acuerdo, bajo la supervisión de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía General del Estado, contempla penas de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para cada uno de los acusados, siempre que acepten su culpabilidad y no puedan conmutar el tiempo de prisión con el pago de una multa. Julián Muñoz es el único que permanece aún en prisión. Lleva casi dos años cumpliendo condena por delitos urbanísticos. Pero el resto entrará también en la cárcel en el momento que acumulen más de dos sentencias desfavorables. Aunque todo hace presagiar que la ejecución de dichas sentencias podría aplazarse hasta ver en cuántos procedimientos se aplica el pacto con Fiscalía y saber cuántos años de prisión le corresponde a cada uno de los ediles ya condenados.






* SUR - 23.09.08 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Madrid: Fallos en la señalización y en la evacuación de agua colapsaron los transportes

ELPAÍS* : Fallaron los colectores, las señales, la previsión. Ni las carreteras radiales de Madrid ni la red de transporte público de la región soportaron los efectos de más de tres horas y media de tormenta. Retenciones kilométricas y cortes en la A-3 (Valencia) y efectos en las radiales a Barcelona y Burgos. Estaciones cerradas en el metro, retrasos en los trenes de cercanías de Renfe. Resultado: miles de personas llegaron tarde allá donde fueran ayer por la mañana.

¿Era inevitable? Tres administraciones responsables del transporte y la movilidad de los madrileños -Fomento, Metro y Adif- consideran que sí, que lo ocurrido era "imprevisible".

La A-3 (Valencia) amaneció plagada de charcos y barro. Cortes, retenciones, atascos... ¿Qué ocurrió? El Ministerio de Fomento, responsable de la infraestructura, culpa a un pequeño arroyo que ayer se desbordó. Por debajo del tramo de la A-3 situado entre la M-50 y el enlace con Rivas Vaciamadrid, Fomento construyó hace siete años una tubería de 2,5 metros de diámetro para evacuar el agua del arroyo de Los Migueles. Hasta lo ocurrido ayer -casi 10 horas de cortes-, la tubería por la que cabría perfectamente un túnel de AVE nunca había tenido ningún problema, según un portavoz de Fomento.

El ministerio considera lo ocurrido algo "excepcional e imprevisible". Primero, por el gran caudal de agua que convirtió el arroyo "en un torrente". Y después por los materiales que arrastraba a gran velocidad. La tubería se colapsó y el agua comenzó a ascender hacia la carretera, donde se formaron charcos. Un tramo de la antigua carretera a Valencia se derrumbó por la violencia del agua, según Fomento, que asegura que corresponde a un carril por el que ya no circulan vehículos.

La línea 9 de Metro y la C-4 de Cercanías sufrieron demoras durante todo el día. Metro de Madrid, que gestiona la primera, y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) lo achacan a un fallo en el circuito de señalización eléctrica de la vía. Cuando llueve y se forman balsas de agua, este sistema envía automáticamente una señal al puesto de mando: alerta, la vía está ocupada. No distingue si se trata de una piscina, de una rama o de una persona, inmediatamente se para por seguridad. A partir de ese momento, tanto el tren como el metro funcionan en modo manual, como cuando se avería un semáforo y ponen en su lugar a un agente.

Los trenes siguen funcionando pero con retraso, porque el responsable del puesto de mando debe autorizar el paso de cada vehículo. En el metro hubo demoras de 10 a 15 minutos. En Cercanías, de ocho a 10.

La red de trenes puede absorber "con sobrada suficiencia" las precipitaciones, según la explicación de Adif, pero ninguna está preparada para situaciones "excepcionales" como consideran la tromba de ayer.

Hubo otro tramo del metro -las tres paradas que discurren entre Barrio del Puerto y La Rambla en la línea 7- que quedó cortado por la tormenta. Un portavoz de Metro explica que se produjo una inundación que las bombas de drenaje no pudieron evacuar. Según la empresa pública de transportes, falló el alcantarillado de Coslada, que devolvía de nuevo el agua expulsada por las bombas al exterior.

Desde el Ayuntamiento de Coslada replican que Metro no les comunicó ninguna incidencia provocada por sus alcantarillas, por lo que no pudieron revisar la zona y tampoco pueden determinar si, efectivamente, la responsabilidad es municipal.





* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 23/09/2008
Foto: Atasco A-3 Madrid- elpais.com

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La protección de ciudades y pueblos

JORGE BENAVIDES* : La mayoría de los 770 municipios de Andalucía atesora una considerable densidad patrimonial; sin embargo hasta 2008 apenas 126 núcleos urbanos han sido declarados Conjuntos Históricos (Bien de Interés Cultural). Sé que deberían ser más, pero los políticos no están siempre por la labor debido a los viejos criterios mantenidos en la nueva Ley de Patrimonio Cultural y en la documentación técnica para protegerlo.

La protección debe vincularse a la incentivación, al estímulo, a la ayuda, a la orientación activa, a la transparente ayuda, a la participación proactiva; no a la prohibición, a la restricción, a la fosilización o a la musealización como tradicionalmente han asumido los planes urbanísticos de protección especial de los conjuntos históricos y de las zonas arqueológicas. En este ámbito por lo general no está en juego solamente el cumplimiento de la ley y de la normativa sino también la dinamización vital de un proceso de construcción de la ciudadanía que, en el caso de un conjunto histórico, nunca termina y no es únicamente material. La ciudadanía no es sino la calidad de la convivencia.

Para la declaración como BIC de un núcleo urbano los aspectos patrimoniales cuantificables condicionan pero no determinan. También cuenta el aspecto cualitativo, pero sobre todo es importante la singularidad en uno o varios aspectos concretos: histórico, geográfico, constructivo, espacial, arquitectónico, urbanístico, paisajístico. La Consejería de Cultura, en la justificación para la protección que publica en el BOJA, con frecuencia transforma las generalidades obvias en tópicos sin contenido significativo inútiles para destacar concretamente la singularidad por la cual un núcleo urbano concreto merece un reconocimiento especial de la sociedad andaluza y, por lo tanto, es digno de ser protegido. He aquí a manera de muestra dos tópicos: "Los edificios históricos que determinan la trama urbanística son una muestra de las características históricas y culturales del municipio"; "este conjunto mantiene una gran significación histórica claramente apreciable tanto en el parcelario conservado como en la mayoría de los edificios que lo conforman".

Menos mal que cuando se visita un conjunto histórico, la realidad se impone, entra por los sentidos, se instala en la emoción y obvia la justificación descrita. A propósito, establecer una señal única autonómica para diferenciar a los conjuntos históricos ayudaría al turista y estimularía el sano orgullo de sus vecinos.

Cuando se trata de proteger a un sector social (niños, mujeres maltratadas, ancianos, etc.), el Estado asume más obligaciones que los sujetos beneficiados: planes, programas, dotaciones presupuestarias, etc. Lo hace, y bien, en nombre de la sociedad, de todos. También cuando se trata de proteger una especie animal o vegetal en peligro de extinción. De forma similar en otros sectores. Sin embargo, cuando se trata de proteger el patrimonio cultural (bien social y derecho constitucional) en posesión privada, extrañamente el Estado por omisión, evade todas sus obligaciones, responsabilidades y hasta gastos, que no sean los de policía, inspección y vigilancia para que se cumpla la normativa impuesta.

Así es como, para el ayuntamiento e indiscriminadamente para los vecinos, proteger, conservar y mantener un conjunto histórico supone restricciones, prohibiciones, dificultades y gastos añadidos sin la correspondiente contrapartida de beneficios, de estímulos o de reconocimientos. Esta situación se hace crítica en núcleos pequeños cuyos ayuntamientos no tienen capacidad para abrir una oficina técnica permanente y los propietarios tienen que seguir una tramitación especial y lenta (ayuntamiento y Consejería de Cultura), pagar la redacción de un proyecto de restauración, usar los caros materiales y técnicas tradicionales, acomodar la necesidad a la norma impuesta, contratar un informe arqueológico y según sus recomendaciones, si es del caso, pagar los ajustes o reformas del proyecto.

El propietario de un palacio o de una casa señorial, posiblemente, tiene recursos para afrontar esta situación; pero si se trata de arquitectura popular con protección integral, por ejemplo, las tres casas contiguas que dan contenido a la valiosa singularidad del conjunto histórico de la calle Real de Dos Torres (Córdoba), pareciera que los dueños, carentes de incentivos, prefieren abandonarlas porque el proceso de ruina les resulta más lucrativo que la restauración impuesta y, con menos problemas y dinero, pueden adquirir casas de nueva construcción con piscina.

El abandono es el inicio de un proceso larvado de la futura especulación inmobiliaria destructiva que en todos los conjuntos históricos ha surgido sobre las ruinas de los inmuebles protegidos y, ante el cual, los "poderes públicos" haciendo caso omiso al mandato constitucional, adoptan la perversa postura de espectadores contemplativos. La experiencia es larga y negativa. Es imperativo cambiar cuanto antes los criterios de protección.



* Jorge Benavides es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.





* ELPAIS.com - Opinión - 23/09/2008


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364 días con coches

Ecologistas en Acción* denuncia las contradicciones entre los discursos de movilidad sostenible y las políticas reales, que siguen apostando por facilitar el uso del coche en nuestras ciudades. Las consecuencias de esta situación son nefastas para nuestra calidad de vida. El lunes 22 de septiembre se celebra el Día sin Coches. Se trata de una convocatoria de ámbito internacional, apoyada desde el año 2000 por la Comisión Europea.

Pero, a pesar de sus cercanos comienzos, el Día sin Coches ya ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que, en su gran mayoría, continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano. Del mismo modo, la propia Comisión Europea apenas si hace énfasis en esta jornada, que casi ha desaparecido de sus convocatorias desde 2007.

Es cierto que todos los administradores públicos hablan de movilidad sostenible, pero no es menos verdad que por cada euro que se invierte en movilidad alternativa muchos más se gastan en favorecer el uso del automóvil. El resultado: cada día utilizamos más veces el coche y menos el transporte público o los desplazamientos a pie o en bicicleta.

A causa de este escaso interés, la mayor parte de los Ayuntamientos improvisan actividades, que luego no se traducen en la adopción de medidas permanentes, sin apenas cortes de tráfico (verdadero núcleo del Día sin Coches), sin dar prioridad al transporte público ni a peatones y ciclistas, con escasa o nula implicación de las organizaciones ciudadanas, a las que no se da la oportunidad de participar, e inexistencia de campañas de información a la ciudadanía.

Por cierto que ésta última es, también, una grave carencia achacable no sólo a los Ayuntamientos, sino también al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, coordinador de la campaña en España. No es de recibo que la mayor parte de los automovilistas se entere del Día sin Coches ése mismo día, oyendo la radio dentro de un atasco.

Ecologistas en Acción quiere transmitir a nuestras corporaciones locales su preocupación por la gravedad de los problemas ambientales que la expansión del automóvil provoca en la ciudad: degradación y ocupación del territorio, contaminación atmosférica y acústica, siniestralidad y destrucción de la vida urbana, emisiones de CO2 (la mitad de las emisiones del transporte causantes del cambio climático se producen en las ciudades)…

Y recordarles que el éxito o el fracaso del Día sin Coches es el resultado de las políticas de movilidad llevadas a cabo todos los días del año. Hace tiempo ya que llegó la hora de los planes de movilidad sostenible, de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros modos de transporte más racionales, eficaces, seguros, sostenibles y saludables. Hasta el momento, parece que nuestros administradores no se han enterado.





* Área de Transporte y Urbanismo de Ecologistas en Acción - 22.09.2008
Foto: Atasco - dgt.es

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Almería: En un año inician más de cien procesos por delitos contra la ordenación del territorio

IDEAL* : Hasta trece alcaldes de la provincia de Almería tienen un procedimiento abierto por delitos de prevaricación urbanística. Son datos que arroja la sección de medio ambiente, urbanismo y patrimonio histórico de la Fiscalía de Almería en su memoria de 2007. Además contra alguno de estos ediles se tramitan múltiples procedimientos por la concesión de licencias administrativas contrarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Esto no es más que el reflejo de hasta donde pueden llegar los casos de construcciones ilegales y que implican a autoridades y funcionarios de las distintas administraciones competentes.

Desde la Fiscalía resaltan en este sentido que, además de la actuación de estos cargos públicos «llama la atención el número de imputados entre profesionales ya sean arquitectos, ingenieros, gestores, compañías suministradoras de agua o electricidad».

Según este órgano judicial, el total de diligencias tramitadas por la sección de Medio Ambiente asciende a 88 de las cuales la mayoría, un total de 70, son por delitos contra la ordenación del territorio, los delitos de medio ambiente ascienden a 6, dos en relación a delitos forestales y uno contra el patrimonio histórico. En lo que se refiere a estas diligencias, la Fiscalía destaca que el pasado año se produjo un descenso respecto a 2006 cuando se abrieron 118.

Menos construcción

El frenazo de la construcción ha colaborado significativamente a que se haya producido un descenso en las diligencias. Según recoge la memoria fiscal, «el descenso experimentado a nivel nacional ha repercutido en la edificación de viviendas ilegales». Casi todas las diligencias de investigación urbanística se inician por atestados policiales, algunas por denuncias de particulares y asociaciones y casi no hay diligencias por testimonios de las administraciones.

«Los Ayuntamientos, con competencia en disciplina urbanística, no están remitiendo a Fiscalía denuncias relacionadas con construcciones ilegales», matiza la memoria fiscal. La distribución territorial de los procedimientos incoados en la provincia no es homogénea, según la red de fiscales de medio ambiente de Andalucía.

Aún cuando la provincia cuenta con nueve partidos judiciales, en tres de ellos se han incoado el 67 por ciento de los procedimientos. Concretamente pertenecen a Huércal-Overa con 38 procedimientos registrados, Vera con 18 diligencias y Almería con un total de 17. Sin duda fue el año 2006 el que mayor número de asuntos incoados registró, principalmente en delitos relacionados con el urbanismo.

Nueva fiscalización

La Fiscalía de Almería puntualiza que «hay que reconocer que sí se ha incrementado la persecución penal de los delitos de nuestra especialidad, especialmente los delitos contra la ordenación del territorio, ha sido en gran parte debido a la eficaz actuación de aquellas fuerzas policiales por lo que debemos reiterar el especial reconocimiento, efectuado en memorias anteriores, a la labor que vienen desarrollando el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil y de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y hacerlo extensiva de forma muy especial al equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil constituido durante el año 2007».





* Ideal - 22.09.08 -EUNATE SERRANO
Foto: EN VERA. El juez decretó la demolición de estas viviendas el año pasado. / IDEAL

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Seseña, paradigma de una época en la construcción

BOTTUP* : España vive una crisis en la construcción que ha hecho desinflarse todo un modo de hacer y de especular, aún a costa del ciudadano. A falta de ver el verdadero desarrollo de la unión de esta crisis, de la construcción, con la importada de EEUU, la de las hipotecas subprime, se constata que en algunos lugares es donde tuvo mayor y peor carta de naturaleza: uno de ellos es Seseña, en la provincia de Toledo.
Seseña ha sido el epítome o paradigma de los años de crecimiento del negocio de la construcción. Una necesidad, real o creada, de viviendas que como un tsunami imparable e imparado se ha llevado por delante: responsabilidades políticas, medioambientales, sociales, económicas, legales,etc.
Hoy vivimos la resaca de esos tiempos de lujos y trabajo pleno. Es la época de las crisis, de las connivencias bancarias y políticas, de las ayudas, por fas o nefas al sector y aunque nos duela, dinero cautivo de ciudadanos, promociones sin terminar y constructores a la carrera. En este tiempo Seseña quedará como monumento a la que todos han colaborado para que el monstruo burbuja creciera y, al final, nos engullera.
“Entre 1995, antes del boom inmobiliario, y 2007, cuando el sector empezó a desacelerarse, el precio de la vivienda se incremento un 202%.”: Vía Público. El caso: Una macrourbanización, 13.500 viviendas, que multiplicaría el número de habitantes de un pueblo sin agua para todos, sin hospital y sin policía. Un descalabro urbanístico que, sin embargo fue aprobado en su tiempo casi por unanimidad. Hoy los edificios languidecen casi despoblados a la espera de tiempos mejores. Sin embargo, las inversiones municipales para dar servicio a eso núcleo avanzan.
Su promotor, Francisco Hernando “El pocero”, es un ejemplo claro de hombre hecho a si mismo y acostumbrado y bregado en las lides de la construcción de este país: escándalos, riqueza exorbitante y sensación de Rey Sol omnipotente. Según lo leído y de lo que se le acusa gran parte de la corporación del ayuntamiento de Seseña estaba en nómina del constructor: La resistencia del alcalde no ha valido ante la presión mediática, política y judicial.
“La quiebra del ladrillo amenaza ya con impagar una deuda superior a los 16.000 millones”. Vía Libertad Digital. Hoy, con los desastres urbanísticos ya en flor, pocos se acuerdan de pedir la responsabilidad al concejal, saliente, que aprobó in extremis la modificación del plan urbanístico. Puede que dentro de diez años todos los habitantes de Seseña o, incluso, del país tengamos que pagar el despropósito de nuestros propios bolsillos mientras que el responsable -tandem constructor-político- luce dinero e influencia. Es lo que ha ocurrido en Vigo, simple y llanamente, todos los ciudadanos han de pagar la tropelía que se cometió hace años o el caso flagrante de El Algarrobico, donde se ha determinado la responsabilidad de la administración. No son solo dos casos podría recorrerse el país entero con abusos de este tipo.
“En España sobrará hasta un millón de viviendas a finales de 2008”. Vía ADN. Esa es la política, el hecho consumado y la seguridad de la impunidad en la construcción. Todo legal y, al tiempo, todo oscuro. Los otros, los que no siguieron el “cauce” que anduvieron los que supieron hacer negocio, vieron como toda la fuerza de la ley se cruzó en su camino: no engrasaron los engranajes del poder como éste está acostumbrado a que se le engrase.
“Más de 900.000 viviendas construidas en los años del ‘boom’ inmobiliario están vacías”. Vía Cotizalia. Hoy las inmobiliarias quiebran/suspenden pagos y sus magnates se declaran insolentemente insolventes, los especuladores de cuello duro y de mono de trabajo se echan las manos a la cabeza y las viviendas quedan vacías, mientras jóvenes no pueden emanciparse, inmigrantes no pueden acceder a una vida digna por falta de vivienda asequible y las hipotecas atenazan a todo hijo de vecino. El mercado de la construcción y de la vivienda se hunde y mientras al Gobierno, los gobiernos, no están ni se les espera.
"Los 11 constructores españoles más ricos pierden 12.200 millones en 2007”. Vía El País. Los constructores que pedían a gritos: “mercado, mercado, mercado”, ahora piden “intervención, intervención, intervención” para evitar que la catástrofe internacional de las crisis subprime catalice aún más los desastres de la construcciónEspaña. Los ciudadanos se ven inmersos en una crisis y en un aluvión de paro en parte por estas coyunturas internacionales, en parte por la mala gestión y falta de agilidad del pasado, pero el pasado ya es historia en un país donde solo importa la próxima elección y el próximo negocio.


* Bottup - John Joseph Kenneth Bonham - 20 de septiembre de 2008
Foto: Paisaje de grúas en la construcción de Ciudad Hernando, en Seseña/ bottup.com

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Juzgan hoy a Julián Muñoz y a 10 ex ediles de Marbella por dar licencias para tres fases de una promoción

SUR/Marbella* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy lunes día 22 al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros 10 ex concejales de dicha localidad por la concesión de varias licencias para la construcción de tres fases de una promoción por parte de la empresa Algabamar II.

A parte de Muñoz, el fiscal acusa en su escrito de conclusiones provisionales a ex ediles de dos corporaciones, como son Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo, Alberto García, Francisco Javier Lendínez, Tomás Reñones, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa.
Según el escrito inicial de la acusación pública, la comisión de gobierno, presidida por Muñoz como alcalde accidental e integrada por González, Jiménez, Calle, Alcalá y Zurdo aprobó el 6 de noviembre de 1998 la concesión de la licencia al proyecto básico de la primera fase de una promoción para edificar 100 viviendas en Nueva Andalucía. El 29 de enero del 99, los mismos aprobaron el proyecto de ejecución.
Asimismo, según relata el fiscal, en comisión de 16 de julio de 1999, integrada por Muñoz, González, Alcalá, Troyano, Fernández Garrosa, Reñones, García y Lendínez acordó dar licencia al proyecto básico y al de ejecución de la segunda fase, que autorizaba 90 viviendas. El 15 de octubre de 1999, éstos otorgaron la licencia al proyecto básico y al de ejecución de una tercera fase, con 60 viviendas.
El fiscal señala que las licencias se otorgaron "pese a que las mismas autorizaban a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes aplicables, constituidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, vigente en aquel momento, estaba clasificado como suelo rústico y con la calificación de suelo rústico de control".
Esta configuración, según precisa el escrito, con la adaptación a un real decreto, pasó a ser la de suelo no urbanizable y por tanto "incompatible con la autorización concedida", lo que conocían los acusados, "quienes decidieron autorizar dicha construcción sobre la base de su presunta adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento", que no había sido aprobado y que finalmente fue rechazado.
Para el ministerio público, los hechos constituyen cuatro delitos contra la ordenación del territorio, de los que acusa a Muñoz, González y Alcalá; mientras que acusa de dos al resto de los procesados, solicitando para cada uno la pena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación.





* SUR - Europa Press - 22.09.2008
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)

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El equipo de gobierno de Torrevieja pretende permitir rascacielos de treinta alturas

LEVANTE/Alicante* : El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja pretende hoy modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que se puedan construir rascacielos de treinta alturas. La modificación puntual número 52 del Plan General de Torrevieja que permitiría la construcción de rascacielos ya ha obtenido dos veces la aprobación del pleno municipal, en 1999 y 2001, para, a continuación, ser suspendida por la Conselleria de Territorio.

El asunto fue aprobado la primera vez por el pleno el 19 de abril de 1999, para cosechar la negativa de la Comisión Territorial de Urbanismo y después, el 25 de mayo de 2001, obteniendo idéntico rechazo. Ambas bajo el enunciado de modificación Número 52 "libertad tipológica" que hoy la mayoría absoluta del PP sacará adelante por tercera vez en ocho años para insistir ante Territorio.
La Comisión Territorial de Urbanismo decía el 13 de enero de 2000 en su primer informe de suspensión de las pretensiones municipales -muy similares a las actuales-: "Las determinaciones contenidas en el expediente (municipal) no se consideran correctas desde el punto de vista de las exigencias de la política urbanística y territorial de la Generalitat".
El mismo documento agregaba: "No se encuentra debidamente justificada la introducción de la tipología de bloque torre, que en sí misma supone una alteración en el modelo de desarrollo urbano del municipio así como una variación de su imagen".
En aquella ocasión Territorio también aludía textualmente a la falta de un estudio urbanístico "riguroso" de las consecuencias de la modificación propuesta sobre ocho manzanas que demuestren "gráficamente la mejora de la ordenación".
Nueva tipología
El informe remata: "Posibilitar una nueva tipología (de edificación) con carácter general, sin ningún otro criterio que la demanda de mercado, atenta claramente contra el principio y el criterio de establecer la zonas de ordenación del Plan General". Incluso ponía en duda el criterio por el que algunas manzanas se veían beneficiadas por esa libertad tipológica y frente a las "circundantes".
Además, recuerda el texto de los técnicos de la comisión: "Simplemente con el natural proceso de sustitución de la edificación podría aplicarse a todo el casco urbano, por lo que en sí supone la sustitución del desarrollo extensivo (en horizontal) por el desarrollo en altura, sin duda más apetecible" para los promotores.
Fuentes municipales indicaron que la actual propuesta ha cambiado en poco la esencia de las anteriores, al margen de que alguna de las manzanas propuestas para realizar las torres ya han sido urbanizadas bajo los parámetros edificatorios del Plan General de 1986, es decir, inmuebles de no más de 6-7 alturas.
Uno de los escasísimos criterios urbanísticos, con excepciones -torres Bancaja en la playa de Los Locos- que se ha mantenido para el vertiginoso crecimiento de la ciudad durante los últimos 20 años.
Boom inmobiliario
Si el argumentario municipal para justificar la medida ahora es el de reactivar el mercado por la crisis inmobiliaria; hace ocho años, inmersos en el repunte del boom inmobiliario, era la promoción de la planta hotelera. La "operación" estaba liderada entonces por un proyecto presentado por Invercon Reigo (Francisco Gómez "El Paloma"), en el campico San Mamés. Proyectos y terrenos que han pasado por distintas manos desde entonces y que Metrovacesa acaba de poner en venta. Tanto entonces como ahora la oposición solicitaba una consulta popular.





* Levante-EMV - David Pamies - 22.09.2008
Foto: desarrollo urbanístico. Grúas de edificios en construcción en Torrevieja, en una imagen reciente/ antonio sánchez, levante-emv.com

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El plan de La Magdalena llega al Supremo y aguarda otras tres resoluciones judiciales

LNE/Avilés* : Los propietarios del suelo donde se prevé construir las 950 viviendas de La Magdalena han recurrido en el Tribunal Supremo una de las cuatro acciones judiciales promovidas contra la operación residencial, que califican de expolio. Las otras tres se hallan pendientes, dos de ellas del TSJA, y una más del Jurado autonómico de expropiación.

Los expropiados acusaron ayer al Gobierno del Principado de manipular las resoluciones que se han producido hasta ahora con el fin de confundir a la opinión pública. Refiriéndose a la primera de las acciones recurridas, la calificación de los terrenos como actuación urbanística concertada, estos propietarios del suelo aseguran que no ha habido, como ha dicho la Consejería de Infraestructuras, seis fallos en contra del TSJA sino el mismo fallo desfavorable para el mismo recurso que habían presentado seis de los dueños de forma individual. «La última decisión, como es obvio, corresponde al Tribunal Supremo y no hacer mención de ella prueba la intencionalidad por parte del Principado de confundir recurriendo al viejo truco de sesgar parte de la información y ocultar otra. Han querido dar a entender que hubo seis fallos del TSJA cuando realmente es el mismo para seis propietarios diferentes y han ocultado que está pendiente la decisión del Supremo, que tiene la última palabra».

No obstante, el peso de la demanda de los propietarios recae en las tres acciones siguientes, sobremanera en la que lleva adelante el catedrático Raúl Bocanegra y donde se denuncia la adjudicación a dedo a Sogepsa de la operación contraviniendo, según los demandantes, las directivas comunitarias que velan por la transparencia y la competencia en los contratos de obras.

Los propietarios expropiados alegan que ha habido sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia Europeo donde se ha fallado en contra de adjudicaciones a dedo a sociedades instrumentales en Francia y en Italia. La más famosa corresponde al llamado «caso Scala».

La Comisión Europea se ha pronunciado también desfavorablemente sobre las adjudicaciones a Cabanyal 2010, una sociedad equivalente a Sogepsa que opera en la Comunidad Valenciana. Los propietarios del suelo de La Magdalena recuerdan cómo el pasado 9 de julio, la Comisión de las Comunidades Europeas decidió demandar al Reino de España por haberse infringido y violado las directivas comunitarias en Valencia. De hecho, el Partido Socialista en esa comunidad autonómica calificó a Cabanyal 2010 como «una gran estafa montada para unos pocos». En el caso valenciano se ha pedido la anulación de los contratos.

Otro recurso en el que tienen depositada su confianza los demandantes se refiere al justiprecio de los terrenos pendiente de resolver por el Jurado de expropiaciones. Éstos acusan a Sogepsa de pagar a 43 euros el metro cuando ha calculado un beneficio de 24 millones de euros por la operación, que se deduce del valor de los terrenos para ser transferidos por medio de una «ficticia prima de riesgo» a la propia entidad y sus socios privados.

Finalmente, el TSJA mantiene en el cuarto de los recursos que el interés general debe prevalecer sobre el particular, pero el alto tribunal recoge la posibilidad de restituir «in natura» las fincas, o si esto no fuera posible de indemnizar a sus propietarios.






* La Nueva España - L.M.A. - 21 de septiembre de 2008
Foto: Terrenos del plan de La Magdalena, en las inmediaciones de Leopoldo Alas. ricardo solís, lne.es

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El plan municipal para recalificar el Miniestadi subleva a los vecinos

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Mal presagio. El consenso vecinal y político que el alcalde de Barcelona había prometido para validar la recalificación del solar del Miniestadi, se rompió ayer en mil pedazos. La filtración de la primera propuesta municipal, repartida en la noche del miércoles a los grupos políticos del consistorio para su estudio, causó ayer un terremoto en Les Corts, donde los vecinos la tildaron de "pelotazo" y "granujada".

La onda expansiva llegó hasta la plaza de Sant Jaume, en la que abrió una crisis en el equipo de gobierno ante el rechazo frontal de ICV-EUiA, el socio del PSC en el bipartito. Solo el Barça, que necesita vender los terrenos para pagar la ampliación del Camp Nou, aplaudió el proyecto.
Para que la operación sea rentable es imprescindible que el ayuntamiento acepte recalificar el solar y su entorno, en el que ahora solo se pueden construir equipamientos y zonas verdes. Hasta ayer, Hereu se había mostrado contrario a vincular la reforma y ampliación del Camp Nou --presupuestada inicialmente en 250 millones de euros-- a la recalificación, que enmarcaba en un plan global de transformación urbanística de la zona. Pero el primer esbozo, publicado ayer en La Vanguardia, echa por suelo esa teoría.

60% DE PISOS DE PRECIO LIBRE
De los 2.000 pisos que pedía el Barça se baja a solo 1.625, de los que 1.000 serán de precio libre (un 60%). Al espacio para viviendas (130.000 metros cuadrados) se sumarán 15.000 metros cuadrados para hoteles o terciario (oficinas), 36.413 de zonas verdes y solo 7.464 para equipamientos. Aquí se prevé un ambulatorio (CAP), un colegio (CEIP) y una guardería.
El segundo teniente de alcalde, Ricard Gomà (ICV-EUiA), denunció que de los "77.000 metros cuadrados que calificados ahora de equipamientos, solo se mantienen un 10%". Gomà fue más duro de lo habitual con su socio de gobierno y dijo no sentirse "representado" por la propuesta. "Ya advertimos que no aceptaríamos un pelotazo urbanístico", sentenció.
Esta misma expresión fue utilizada por la plataforma que agrupa a las asociaciones vecinales afectadas (Sant Ramon, Avenida de Xile, Les Corts, Camp Nou y Racó de Les Corts). "Es una granujada y una cacicada. Nos han tomado el pelo", señaló Alfonso Huesca, portavoz de la coordinadora. A los vecinos les cayó la noticia como un jarro de agua fría, ya que estaban citados el 30 de este mes a una reunión con el ayuntamiento y el Barça para presentarles el plan, pero nadie les había querido adelantar nada.

"SOBRAN 1.625 VIVIENDAS
"Solo unas horas antes preguntamos sobre el tema en la audiencia pública del distrito y la concejala, Montserrat Sánchez, nos dijo que seguía sin tener información", dijo Huesca. La plataforma se reunió ayer de urgencia, e insistió en su rechazo a cualquier recalificación. "Antes nos sobraban 2.000 pisos, ahora 1.625", dijeron.
En la misma línea se pronunció Albert Recio, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). "Se repite el modelo de casos pasados como el del Espanyol: hechos consumados sin contar con los vecinos, y recalificación que se salta las reglas del juego a la medida de los intereses de un club privado", concluyó.





* El Periódico - ALBERT OLLÉS - 19.09.2008
Foto: Las instalaciones del Barça en Les Corts, con el Miniestadi en primer término, la cubierta del Palau Blaugrana y el Camp Nou al fondo, anoche. /JULIO CARBÓ, elperiodico.com

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Un informe pericial pone a Macenas en el camino de Algarrobico al demostrar que está, en su totalidad, en suelo protegido

TELEPRENSA/Almería* : La pasada semana Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas ocuparon el hotel de playa Macenas, con el fin de exigir su paralización cautelar. Desplegaron una pancarta gigante de 25 metros con el lema STOP DESTRUCCIÓN en la misma fachada del hotel.

No se registraron incidentes con los guardias de seguridad del complejo.

Ambas asociaciones acaban de presentar un informe pericial junto con el escrito de prueba en el juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Almeria, ante el magistrado Jesús Rivera, que recientemente ha declarado nula de pleno derecho la licencia del Algarrobico. Con este escrito piden la paralización cautelar del proyecto, en el marco de uno de los tres recursos que las asociaciones mantienen contra el mismo. Las asociaciones han recibido recientemente la comunicación de abogados representates de clientes de Med Group Paya Macenas que desean deshacer su contrato de compra por la presunta ilegalidad y el salvaje atentado ecológico que representa el proyecto. La asociación asesorará a dichos representantes legales en el proceso.

El informe pericial presentado demuestra taxtivamente que el proyecto se ubica ítegramente en el LIC de Sierra Cabrera y afecta a varios hábitats prioritarios protegidos. El proyecto no cuenta con el preceptivo informe medioambiental y ha incumplido diversos plazos en su tramitación por lo que las asociaciones consideran el macroproyecto completamente ilegal y apuntan a presuntos delitos de prevaricación de las administraciones implicadas.

El proyecto ha conducido a la exterminación de la especie endémica Limonium Estevei, que crecía únicamente en los terrenos del proyecto. La empresa, en un despreciable intento de lavar su imagen, realizó un estudio con la universidad de Almería, transplantando numerosos ejemplares de la planta que, según fuentes consultada han muerto en la práctica totalidad. Consideramos por ello que dicho estudio es una inaceptable maniobra propagadística, planteada como "medida complensatoria" intolerable ante una destrucción medioambiental sin precedentes. El proyecto tambien ha afectado gravemente a la Tortuga Mora y otras especies protegidas de la zona. Por todo ello se debería haber emitido un informe medioambiental negativo que hubiera conducido a la no realización del proyecto. Sin embargo este trámite preceptivo fue obviado por el Ayuntamiento de Mojácar y la Junta de Andalucía.

Playa Macenas es posiblemente la mayor aberración urbanística y medioambiental en curso en la provincia de Almeria, ya que se está desarrollando de forma conjunta la totalidad de un macroproyecto de 1.400 viviendas, varios hoteles y dos campos de golf ya construidos y regados de forma presuntamente ilegal desde hace tres años, todo ello en suelo protegido y destruyendo salvajemente uno de los enclaves más paradigmáticos y emblemáticos de la playas vñirgenes de Almería.

Las asociaciones exigen la paralización de las obras y tambien del riego y uso de los campos de golf, ya terminados, puesto que se ubican igualmente en suelo protegido, siendo ilegales y además se riegan ilegalmente con agua potable, como ha recoocido la propia empresa, no respetando el decreto de la Junta de Andalucía de riego de campos de golf, que obliga al riego con aguas de uso terciario, y derrochando el agua equivalente a una población de 16.000 personas, para unos campos sin uso que son un mero cartel publicitario para atraer la atención de los turistas.





* Teleprensa - 19.09.2008
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas (Archivo) - salvemosmojacar.org

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