ELPAÍS/Almería* : ¿Cómo puede levantarse un hotel de 20 plantas a 28 metros del mar y en terreno protegido? ¿Cómo pudo la promotora Azata del Sol erigir su mole en el parque natural del Cabo de Gata, en Almería, con todos los permisos y que, 20 años después del primer trámite, el juez falle que la licencia es ilegal? Sólo el apoyo continuado del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, del PSOE, explica que el hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral, haya llegado tan lejos.
Esta es la historia de la tramitación del proyecto y de cómo la Junta modificó sus propios planos -"de forma burda", según el juez- para legalizarlo.
Hace 20 años, el suelo de Almería casi se regalaba. Desde 1983 ya era alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, del PSOE. El 26 de mayo de 1988 la Junta aprobó el plan del hotel, 411 habitaciones pegadas al mar. El acuerdo no llegó al boletín oficial hasta el 8 de agosto. Las fechas son relevantes porque entre medias, el 4 de agosto, se aprobó la Ley de Costas, que fijaba una franja de 100 metros de protección de la costa. Cualquier plan urbanístico posterior al 1 de enero de 2008 debía adecuarse a la ley. El juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, consideró la semana pasada que ya entonces la Junta y el ayuntamiento debieron anular el plan. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Costas, alertó al ayuntamiento el 15 de febrero de 1988 de que debía respetar los 100 metros.
En 1990, las normas subsidiarias del municipio pasaron otra vez por la comisión autonómica de urbanismo. El hotel no suscitó debate, pero la crisis de principios de los 90 durmió el proyecto. En 1994, la comunidad amplió el parque del Cabo de Gata y calificó la zona del hotel C1, "incompatible con el uso urbanístico", según la sentencia que acaba de declarar ilegal el hotel. Pero la comunidad modificó la planimetría para decir que el hotel estaba en una zona urbanizable (D2). Con un bolígrafo, una mano anónima convirtió la C en D sobre un plano. Los siguientes cambios fueron más sofisticados. El 11 de marzo pasado, en un escrito el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como no urbanizable fue "un error", ya que era urbanizable antes de la llegada del parque, y que rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos sin hacerlo público. El juez considera que ese cambio dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal" y ha pedido al fiscal que investigue "la burda maniobra" por si ve delito. En 1997 ya era dueña del terreno la promotora Azata del Sol; sus directivos cuentan que fue muy barato. Entre 1997 y 2003 el proyecto recibió los parabienes de cuatro consejerías de la Junta. El Ministerio de Medio Ambiente seguía sin concluir el deslinde que delimita la zona pública y privada de playa. Las obras comenzaron en 2003 y sólo el recurso de 2005 de la Asociación Salvemos Mojácar logró en 2006 paralizarlas cautelarmente.
Juan José Luque y Cristóbal Fernández han participado en todo el proyecto. El primero fue delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería entre 1998 y marzo de 2008. Siempre insistió en que el hotel era legal y que no había habido ningún cambio de planos. Ocurría, decía, que el publicado en el boletín oficial era pequeño y no quedaba claro, pero que el hotel estaba en zona urbanizable. Luque es ahora director de la empresa pública Acuamed, del Ministerio de Medio Ambiente, en Almería. El otro es el alcalde, que ha insistido en que "el hotel está y estaba fuera del parque natural" y ha anunciado que recurrirá la sentencia. En los últimos 25 años Fernández sólo ha dejado el cargo seis meses al ser condenado por delito electoral. Con su renuncia dio tiempo al Gobierno socialista a indultarle; se volvió a presentar y ganó con mayoría absoluta. El juez critica que las dos administraciones actuaron con "abulia y desidia" y no defendieron el interés general.
A estos hay que sumar a Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente entre 2000 y marzo de 2008, que defendió que el hotel era feo pero legal. Desde marzo preside el Parlamento Andaluz. En 2007, cuando el hotel era ya un quebradero de cabeza para la Junta, cambió del discurso. Entonces se sumó al recurso de Salvemos Mojácar contra la obra, pidió la demolición y comenzó a negociar con la empresa la expropiación. La Junta sostenía que la distancia legal para edificar era 50 metros del mar, criterio contrario al del juez, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la administración de Manuel Chaves afirma que la sentencia le da razón y resalta que en 2007, con el nuevo plan del Cabo de Gata, aumentó al protección de los terrenos, "que pasaron de D2, urbanizables, a C3", terrenos construidos que hay que recuperar. Sin embargo, si, como dice el juez, el terreno era desde 1994 de máxima protección el nuevo plan rebaja la protección de la playa. Fuentes del actual equipo de Medio Ambiente, dirigido por Cinta Castillo, afirman que la Junta está determinada a demoler el hotel. Castillo ha calificado como "opiniones personales del juez" partes de la sentencia que le son contrarias. La ex ministra Cristina Narbona, siempre muy crítica con la obra, señaló que era legal y estaba dispuesta a pagar una indemnización pública.
El portavoz de la promotora en la zona, Antonio Baena, no entiende que la administración diga que es ilegal, ya que el ayuntamiento le eximió de los impuestos municipales para desarrollar el pueblo y, si la obra se hubiese terminado, la Junta habría ayudado con más de 2,5 millones de euros, el 10% de la inversión, a través de una subvención del Ministerio de Economía.
Aunque el hotel es ilegal (a falta del recurso), aún quedan pleitos pendientes en el Algarrobico. La promotora tiene dos recursos contra el deslinde de 100 metros que en 2006 concluyó el ministerio, y los ecologistas han recurrido el plan del Cabo de Gata. La Junta ha presentado otro recurso porque dice que la empresa no le informó cuando compró el terreno y quiere ejercer el derecho preferente sobre el suelo del parque.
Azata es dueña de terrenos junto al hotel que siguen siendo urbanizables. Es decir, que aunque la justicia tire el hotel (falta mucho para decidir quién paga eso y cómo), la empresa puede llegar a construir justo al lado. El Algarrobico puede que no vuelva a ser virgen nunca.
Fuensanta Coves
El hotel se construyó mientras era consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta legislatura es presidenta del Parlamento Andaluz
Antonio Baena
Portavoz de la empresa Azata del Sol, la promotora del hotel. Azata es dueña de otros terrenos en la playa que siguen siendo urbanizables
Cristóbal Fernández
Alcalde de Carboneras desde 1983. Defiende el proyecto argumentando que la zona de servidumbre marítimo-terrestre es de 20 metros en el Algarrobico
* ELPAIS.com- M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 14/09/2008
Foto: El hotel del Algarrobico- JULIÁN ROJAS, epais.com
20 años de bendiciones para un hotel ilegal
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14.9.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El TSJ anula el PGOU de Guadalest y ordena proteger el conjunto histórico
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Castell de Guadalest y obliga al Ayuntamiento a proteger el conjunto histórico y paisajístico del municipio en una sentencia que vecinos y Ayuntamiento califican de "ejemplar" y hace que "creamos en la Justicia con mayúsculas", en palabras de la alcaldesa, del PSPV-PSOE, Trinidad Amorós.
El Tribunal ha revocado así el PGOU que se aprobó definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el pasado 29 de junio de 2004. Esa ordenación no contemplaba la protección del entorno histórico ni del paisaje y preveía la creación de varias macrourbanizaciones en una población de 220 habitantes, que se habría multiplicada por diez hasta alcanzar los 2.000 residentes.
La Asociación Cultural Ventpluig, colectivo vecinal de la localidad en defensa del patrimonio, presentó un recurso contencioso en contra la aprobación de dicho Plan General que ahora se ha resuelto de forma favorable, con el apoyo del propio Ayuntamiento, que, tras cambiar de color político (del PP al PSOE) en las últimas elecciones municipales, se posicionó a favor de las reivindicaciones de vecinos y ecologistas y en contra del planeamiento aprobado por el gobierno anterior, retirándose del contencioso -lo que en términos jurídicos se denomina allanarse-.
Así, el TSJ recuerda en su sentencia que "en el pleno del Ayuntamiento de 14 de septiembre de 2007 se acordó el allanamiento a las pretensiones planteadas por la Asociación Cultural Ventpluig", así como "la suspensión preventiva del otorgamiento de licencias y acuerdos de programación, e iniciar el expediente de redacción, tramitación y aprobación del Plan Especial de Protección del BIC (Conjunto Histórico y Monumentos-Castillo de Sant Josep y de la Alcoçaiba) y su entorno, e iniciar el expediente de contratación del equipo redactor". Una retirada que "ha sido aceptada por la administración autonómica", por lo que el Tribunal resuelve "estimar el recurso" declarando la aprobación del PGOU "contraria a derecho, anulándolo y dejándolo sin efecto" y añade que el Ayuntamiento "debe tramitar y aprobar el Plan Especial de Protección del BIC y su entorno".
"Esto es un triunfo de toda la gente anónima que lucha en defensa del patrimonio y ha sido posible gracias a la concienciación del nuevo Ayuntamiento", declararon desde la Asociación Cultural Ventpluig.
La resolución judicial pone fin a una lucha de años y vuelve a situar a Guadalest en el punto de partida para redactar un nuevo Plan General.
La alcaldesa felicitó ayer a los vecinos que "han demostrado como la iniciativa ciudadana ha sido capaz de luchar por proteger su pueblo cuando en el gobierno de Guadalest no había oposición". Asimismo, destacó que la prioridad de su equipo "es el cuidado del patrimonio y del paisaje", razón por la que trabajan, desde que alcanzaron el gobierno, en que el conjunto histórico de Guadalest sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Amorós esbozó las líneas del futuro PGOU, que ahora comienza a tramitarse y que prevé estar redactado en un año. "Los dos criterios fundamentales son el respeto al paisaje y al patrimonio" por lo que "está garantizado que no se construirá nada en el límite entre Guadalest y Benimantell". Asimismo, plantea un crecimiento de población no superior al diez por ciento.
* Información -B.G.- 14 de septiembre de 2008
Foto: Imagen panorámica tomada ayer del Castell de Guadalest DAVID REVENGA, diarioinformacion.com
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14.9.08
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El ex alcalde de Gondomar y 5 de sus ediles serán juzgados en noviembre por prevaricación urbanística
FARODEVIGO* : Un gobierno municipal en el banquillo acusado de prevaricación urbanística. El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y los cinco concejales de su junta de gobierno se sentarán a mediados de noviembre en el banquillo de los acusados por la supuesta concesión ilegal de 300 licencias urbanísticas.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha fijado para el lunes día 17 de noviembre el inicio de la celebración del juicio. La vista se prolongará al menos otras dos jornadas, e incluso en función del tiempo que requiera el análisis de las pruebas documentales en que se basa la acusación, podría durar toda la semana.
La fiscal solicitó un año y medio de prisión para Carlos Silva y los ediles Ángel Grégores (concejal de Vías y Obras), Jaime Rial (concejal de Alumbrado y Servicios), Abelardo Meneses (concejal de Medio Ambiente), José Misa (concejal de Deportes) y José Luis Mosquera (concejal de Cultura). Éste último también ha sido imputado en otro caso de supuesto cohecho por corrupción urbanística en el mismo municipio que se sigue en causa aparte.
Delito
El ministerio público considera que todos ellos son responsables de un delito contra la ordenación del territorio, concretamente en su modalidad de prevaricación urbanística. Además de la pena de cárcel, solicita también un castigo de 10 años de inhabilitación especial para ser elegidos miembros de corporación local.
Carlos Silva, al frente de la Alcaldía, y los cinco concejales formaban la junta de gobierno de Gondomar entre febrero de 2005 y enero de 2006, período en que se concedieron las 300 licencias urbanísticas de forma supuestamente ilegal, ya que los permisos fueron otorgados al amparo de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.
La anulación del PXOM de Gondomar se produjo en febrero de 2005 tras un largo proceso judicial. El documento había sido aprobado en pleno en 1997, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo dejó sin efecto en una sentencia de 2001. El Tribunal Supremo lo anuló de forma definitiva cuatro años después por tener defectos de forma.
Los seis imputados por presunta prevaricación urbanística pertenecían al grupo popular que en aquellos momentos gobernaba el municipio gondomareño. En la actualidad Carlos Silva y Ángel Gregores siguen siendo concejales, aunque ahora tras las últimas elecciones municipalesestán en la oposición.
En caso de ser condenados por prevaricación urbanística, tendrían que abandonar la corporación municipal.
* Faro de ViGo - UJUÉ FOCES - 12.09.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - valminor.info
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13.9.08
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Tema: NOTICIAS Galicia
La Guardia Civil registra la casa de un ex concejal de Arona por supuesta corrupción urbanística
EFE/Tenerife* : La Guardia Civil está registrando desde las ocho de la mañana el domicilio de Félix Sierra, ex concejal del PP en la localidad tinerfeña de Arona, por su supuesta relación en un caso de corrupción urbanística en el municipio.
Sierra es ahora consejero del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife. El registro podría extenderse en las próximas horas a otras de sus propiedades, según fuentes de la investigación.
Desde el año pasado, un juzgado de Arona instruye un caso por el supuesto cobro de comisiones a cambio de la concesión de licencias para construir, en el que están imputados el alcalde del municipio, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria (CC), y otros siete ediles de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en el pasado mandato, formada por CC, PP y Centro de Arona.
El registro de la casa de Sierra podría estar relacionado con este caso, según fuentes de la investigación. La operación, abierta en 2007, derivó también en la detención de cuatro personas más.
* ELPAIS.com- EFE - Santa Cruz de Tenerife - 12/09/2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
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12.9.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Hernán Díaz y para el ex edil de Urbanismo de El Puerto
TERRA/Cádiz* : La Fiscalía pide dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo para el ex alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) Hernán Díaz y para el ex concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, ambos de Independientes Portuenses (IP), por la causa conocida como 'caso Pinar de Coig'.
Además, el fiscal ha solicitado ya la apertura de juicio oral, según publica en su edición de hoy el Grupo Joly, que indica que el la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional para el propietario de los terrenos, del ex edil de Urbanismo anterior a Rodríguez, del ingeniero que elaboró el proyecto de electrificación para las viviendas y de la persona que vendió la viviendas.
El origen del caso se remonta a 2005 cuando Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía y supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Así, el fiscal indica en su escrito de acusación que los acusados omitieron las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística vulnerada en la zona del Pinar de Coig, que el PGOU vigente catalogaba como sistema general de espacios libres y se estaban llevando a cabo obras de edificación de viviendas.
Además, el fiscal añade que la omisión de medidas concretas se vio reforzada por actuaciones de los acusados tales como la solicitud de suministros básicos para la zona. Además, en abril de 2005 se llegó a remitir a la compañía Sevillana de Electricidad un proyecto de red subterránea de baja tensión para dar suministro eléctrica a las 30 parcelas de la zona.
*
Terra Actualidad - Europa Press - 12.09.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) - juntadeandalucia.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
"Quizá la M-30 se hizo muy rápido"
ELPAÍS/Madrid* : Sólo han pasado 15 meses desde su inauguración. Pero ya van ocho colapsos por inundación. La M-30, la obra de soterramiento urbano más cara jamás realizada por el Ayuntamiento (costará a los madrileños unos 4.800 millones de euros) ha fallado demasiado. Esta es la conclusión unánime a la que llegan los expertos consultados por este periódico.
Eso, y que quizá hubo demasiada prisa por terminarla (se construyó en dos años). A la inundación del miércoles hay que añadir un nuevo incendio en una subestación eléctrica que se produjo ayer en Madrid. ¿Están las infraestructuras de la capital preparadas para la adversidad?
"Las infraestructuras se calculan para que en ciertos momentos se saturen y puedan colapsarse. Las autopistas, por ejemplo, están pensadas para que se saturen en un 5% de las ocasiones. No se hace una autopista de 20 carriles para que esté vacía todo el año. Es más útil cuatro carriles y que se colapse una vez al año", explica Pedro Ortiz, arquitecto y ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
"Lo mismo sucede con las demás infraestructuras. A veces, el cálculo desprende que es preferible reparar los desperfectos de una tromba de agua que se produce una vez por siglo, que gastar mucho dinero en una estructura más resistente. En Madrid hay infraestructuras hechas en diferentes momentos, y quizá no siempre se tuvo en cuenta la periodicidad de las adversidades".
En el caso de la M-30, desde luego, no es por dinero ni por modernidad. "Esa vía tiene unos depósitos de descarga inmensos que absorben el agua excedentaria del río para homogeneizar el flujo y poder tragar poco a poco. El agua queda un tiempo ahí remansada y luego va tragando. Pero parece que no están en el sitio adecuado o que no tienen suficiente volumen", insiste Ortiz.
Una tesis parecida esgrime un técnico de bomberos que conoce la obra. "Se ha advertido al Consistorio de que el sistema de evacuación está infradimensionado. No hay capacidad. Y ha sido un problema de dinero", explica pidiendo guardar el anonimato.
El arquitecto y premio Nacional de Urbanismo José María Ezquiaga apunta también al factor tiempo. "En parte se puede explicar porque la obra se realiza con mucha celeridad. Quizá demasiado. Si se hubiera hecho más despacio, además de diversificar el gasto en otras infraestructuras que se necesitan, se podrían haber corregido errores. En este caso no se ha podido hacer".
"Los cálculos de inundabilidad se hacen a 500 años. Técnicamente eso es sencillo", señala el catedrático de Construcción Salvador Pérez Arroyo. "En este caso, o es un problema de coordinación de administraciones, de mantenimiento o un error de diseño. Yo tengo una gran fe en el ingeniero que lo hizo (Manuel Melis). Pero en una guerra hasta los generales se equivocan", apunta Pérez Arroyo.
La M-30, en algunos tramos, discurre por debajo del nivel freático. Este podría ser otro problema añadido en caso de lluvia intensa. "No es normal que se inunde tanto. Las lluvias afectan a todas las infraestructuras. Pero siempre le toca a la M-30 entre San Pol de Mar y Legazpi", analiza Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos de Madrid."Cuando llueve, el terreno de Madrid no atrapa nada porque carece de vegetación. Y las bombas de achique se inundan porque quizá no tienen capacidad. Debería estudiarse un sistema de drenaje que permita que esto no ocurra.Pero es complicado, porque en algunos tramos discurre por debajo del nivel del río", insiste Suárez.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 12/09/2008
Foto: madrid M30 - A.Ferreras (El País)
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Tema: NOTICIAS Madrid
Un plan revisará 5.000 casas ilegales en Almería
ELPAÍS* : La Junta de Andalucía ha incluido la comarca almeriense del Almanzora en el Plan General de Inspección de Andalucía diseñado para luchar contra el urbanismo ilegal. Alcaldes de municipios como Zurgena, Albox o Cantoria, asistieron ayer a una reunión en la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Almería para buscar una salida a las más de 5.000 viviendas ilegales ubicadas en suelo no urbanizable en sus municipios.
El delegado de Vivienda y Ordenación, Luis Caparrós, aseguró que la mayoría de estas viviendas pertenecen a ciudadanos británicos. "Este plan va a tener un reglamento que antes de diciembre va a estar aprobado y es lo que nos va a permitir llegar a un acuerdo de colaboración con los Ayuntamientos para que a su vez redacten y aprueben el plan municipal de inspección. Este plan municipal verá el territorio y reflejará vivienda a vivienda", dijo el delegado.
Caparrós anunció que se elaborará una ficha tipo de cada vivienda para conocer en qué situación se encuentra. Algunas de ellas podrán ser reguladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio pero otras que se encuentran en suelo no urbanizable quedarán fuera de ordenación.
Al término de la reunión con los regidores implicados y portavoces de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Caparrós avanzó que el trabajo se realizará de forma paralela a la redacción de los PGOU.
* ELPAIS.com - M. J. L. D. - Almería - 12/09/2008
Foto: Albox viviendas ilegales - teleprensa.net
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La corrupción sin castigo
FRANCISCO JAVIER CERUTI GARCÍA DE LAGO* : Una de las mejores definiciones de la corrupción política la describe como aquella situación en la que el gobernante antepone intereses particulares al interés general. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que cuando el que administra nuestro patrimonio no lo hace pensando en el beneficio de los contribuyentes sino en el de algún amigo, socio o cómplice, nos está robando a todos: robando dinero, robando derechos, robando ilusiones y robando pasado y futuro. Todo eso nos han robado, por ejemplo, aquellos alcaldes que no planificaron el urbanismo de sus municipios a partir de los exigibles criterios de sostenibilidad, los únicos que habrían beneficiado a la generalidad de los ciudadanos.
Así, hoy, la gran mayoría somos mucho más pobres porque aquéllos a quienes confiamos lo nuestro prefirieron enriquecer rápidamente a unos pocos, en ocasiones a ellos mismos, olvidando cuáles eran sus obligaciones de servicio público.
Desgraciadamente nuestro sistema legal es tan imperfecto que ninguno de estos defraudadores públicos ha sido, que se sepa, castigado. Al parecer da igual que algunos de nuestros mejores paisajes costeros hayan sido machacados para enriquecer a alcaldes, constructores y, en el colmo del desparpajo, alcaldes constructores. Da igual que se tiren a la mar los residuos de más de setenta mil personas "saneados" por depuradoras diseñadas para poblaciones con un máximo de quince mil habitantes. Da igual que las excavadoras se coman un monte en las narices de todos o que se permita edificar en espacios protegidos. Da igual. Y da asco. Y nos hace un daño enorme. Sólo si por fin se redactaran leyes que responsabilizaran objetivamente de las consecuencias de sus actos a estos personajes, podríamos dejar de temer que sus atropellos continuasen.
Pongamos un ejemplo a futuro: si el Código Penal garantizara efectivamente nuestro derecho a disfrutar de un entorno bien conservado castigando a quien fuera responsable de su deterioro, el Alcalde de Noja no pretendería construir un puerto deportivo en uno de los últimos reductos naturales de su municipio. Siendo notorio que él conoce el enorme valor medioambiental del espacio costero que se vería afectado (basta con ver cómo lo describe la página web del propio Ayuntamiento, para mayor guasa llamada www.nojaatodacosta.com), si su destrucción acarreara consecuencias jurídicas nunca promovería semejante desatino. Pero este gran responsable del desastre urbanístico de Noja sabe perfectamente que no le pasaría nada ni siquiera, por imaginar la mayor de las desvergüenzas, aunque se demostrara que el principal beneficiario económico de la operación fuera él mismo.
La tristísima conclusión es que en nuestro actual marco jurídico hay muchas formas de corrupción que resultan impunes. Y nada cambiará hasta que los legisladores decidan, ellos también, que por encima del interés de sus partidos políticos está el interés general, y que es imprescindible cambiar las leyes para impedir estos atropellos. Hasta entonces seguirá el despojo.
* El Diario Montañés - Opinión - 10.09.2008
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Carboneras: Varios colectivos ciudadanos solicitan la paralización del POTLA
CAMPOMAR*: Las asociaciones de la Red Almeriense en Defensa del Territorio están dispuestas a acudir a los tribunales para paralizar el Plan de Ordenación del Levante Almeriense-POTLA si el Gobierno regional no tiene en cuenta sus alegaciones y permite que se construya en suelo protegido y se masifique la comarca.
Varios colectivos ciudadanos integrados en dicha red están dispuestos a recurrir en la vía contencioso-administrativa dicho plan, al igual que han hecho con los planes de ordenación y uso y gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Los afectados aseguran que en el proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Levante Almeriense no se les convocó a participar, algo que consideran antidemocrático, «teniendo en cuenta que hemos presentado numerosas alegaciones y ni siquiera han sido contestadas».
Los ecologistas y otros ciudadanos que luchan por la defensa medioambiental del Levante aseguran que el plan de ordenación de esta comarca «es un plan de desorden territorial y un instrumento para la especulación masiva al servicio de las promotoras inmobiliarias y sus intereses y que atenta contra los intereses básicos de los ciudadanos».
Aseguran que dicho plan «supone una barbarie medioambiental y urbanística sin precedentes que integra varias irregularidades de extrema gravedad, como la pretensión de construir en suelo protegido» y el desarrollo de un plan urbanístico en Carboneras «en los terrenos protegidos de Torre del Rayo y la construcción de una macrociudad de 5.300 hectáreas que abarca siete municipios, que podría albergar 400.000 personas; así como tres campos de golf nuevos».
Denuncian que «no se pone freno alguno a las pretensiones de urbanizar todo el territorio de municipios como Vera y se ignoran o niegan deliberadamente las necesidades urgentes de renovación total de infraestructuras de saneamiento en toda la comarca».
Peor calidad de vida
Dicen que si el Gobierno regional permite que este plan se lleve adelante tal y como está, sin incluir las alegaciones de los ecologistas, «los ciudadanos se exponen a que su calidad de vida se encarezca y se vea disminuida, al tiempo que se masifica el último espacio alternativo a la masificación del litoral español y se destruye de forma irreversible su medioambiente». Critican que el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luís Caparrós, «no haya mencionado ninguna de nuestras alegaciones» y que su reciente intervención pública «se halla centrado en satisfacer los intereses de unos ayuntamientos que sólo defienden un desarrollo especulativo insostenible y destructivo, que dejará devastado nuestro litoral».
* Campomar - Sep 2008
Foto: Carboneras, protesta POTLA- campomar.info
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El urbanismo salpica al Gobierno
LASPROVINCIAS/Valencia* : El desarrollo urbanístico en la Comunitat vuelve a estar en tela de juicio. El Parlamento Europeo analizó ayer varios casos de supuestos abusos urbanísticos perpetrados en la región a petición de colectivos ciudadanos. Además, se acordó continuar con el informe que se está preparando en relación a la ordenación del territorio en la autonomía y en el resto de España.
Incluso se podría citar a algún representante del Gobierno tras la petición realizada por el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo.
Tal y como informó ayer la agencia Efe, la comisión de Peticiones escuchó las denuncias de tres colectivos ciudadanos de la Comunitat que denuncian la vulneración de las normas europeas. Se trata de las plataformas Salvem la Casella, que cuestiona tres proyectos en el valle de Aguas Vivas, Vecinos de Sant Joan de Riu Sec, que rechaza la construcción excesiva en Castellón, y la plataforma Ciudadanos de Benicàssim contra los Abusos Urbanísticos. En este caso la queja va en relación a la construcción de un campo de golf que obligará a desecar un humedal de forma artificial para construir 8.000 viviendas.
En los tres casos, los eurodiputados de la comisión de Peticiones acordaron continuar analizando las denuncias e incluirlas en el informe sobre el urbanismo español que se está preparando. Eso sí, se advirtió a los interesados de que lo primero que deben hacer es recurrir a los órganos de justicia españoles, "los primeros responsables de hacer cumplir la legislación". También se produjeron reacciones del Gobierno valenciano, que negó todas las acusaciones sobre cualquier irregularidad.
La petición de García-Margallo de que un representante del Gobierno comparezca durante la preparación del informe hace referencia a que algunos de los argumentos que se ponen en tela de juicio son competencia del Estado.
Este documento, el tercero que se prepara en este sentido, versará sobre "el impacto de la urbanización extensiva en España sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea, basado en las peticiones recibidas", según informó Europa Press. La ponente será la eurodiputada verde danesa Margrete Auken y, si se cumplen los plazos previstos, podría votarse a principios del año que viene, según informaron fuentes parlamentarias.
Por su parte, el parlamentario popular Carlos Iturgáiz denunció que la comisión de Peticiones está haciendo "juicios sumarísimos contra el urbanismo valenciano" por motivos políticos. El socialista Vicent Garcés expresó su confianza de que en los próximos años se reduzca la presión urbanística, mientras que Flor Castilla señaló que el Ejecutivo comunitario ya ha formalizado el recurso de Europa contra la Ley Urbanística Valenciana.
* Las Provincias - 11.09.08 -AGENCIAS| BRUSELAS
Foto: Terrenos de Benicàssim donde se prevé la construcción de un campo de golf y una urbanización de alto standing, en una imagen del año pasado. /lasprovincias.es
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Llegó el AVE, se acabaron los trenes
JOSÉ RUIZ FERNÁNDEZ* : Desde hace unos meses, el AVE cubre el trayecto completo Madrid-Barcelona. Y desde esa misma fecha, Renfe ha suprimido todos los demás trenes con Madrid, excepto el conocido Estrella Costa Brava (nocturno). ¿Por qué no siguen circulando algunos Talgo, Altaria, Alvia, Euromed, etcétera, que son más económicos y realizan el trayecto en un tiempo razonable para los que no tengan mucha prisa y una economía más modesta?
Desde esa bonita fecha (después de muchos retrasos, muchos millones invertidos y muchas molestias y quejas), sólo se puede ir en tren a Madrid en el AVE o el Expreso Costa Brava, y esto es un atropello (dictadura de monopolio) para las economías más modestas. ¿Acaso se han desmontado las vías antiguas? ¿Son incompatibles otros trenes con el AVE, a pesar de circular por vías distintas? Es como si, tras inaugurar una autopista, se cerrara la carretera nacional de siempre. Vergonzoso.
¿Y qué han hecho nuestros políticos catalanes al respecto? Aún no he oído a ninguno reclamar por este asunto; defender los intereses de un colectivo muy grande al que el AVE le puede venir muy grande.
Y conste que me encantan este tipo de trenes, su velocidad, su comodidad, y un poco menos su precio.
* ELPAIS.com - Opinión - Barcelona - 10/09/2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
Un año de prisión para el abogado Sierra por la licencia ilegal de Belmonsa
MÁLAGAHOY* : El abogado José Luis Sierra ha sido condenado a la pena de un año de prisión por el "caso Belmonsa", relativo a la concesión de una licencia ilegal en Marbella, al ser considerado culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
Según la sentencia, Sierra tendrá que hacer frente también a la pena de inhabilitación especial para ejercer como asesor jurídico municipal.
El juzgado de lo penal número 7 de Málaga ha decidido también declarar la nulidad de la licencia de obra mayor concedida a Belmonsa en Marbella.
En el escrito se hace referencia a que Sierra emitió un informe verbal en el que afirmaba la viabilidad legal de otorgar la licencia solicitada por Belmonsa al adecuarse a los parámetros urbanísticos establecidos en el documento de revisión del PGOU, que se estaba elaborando por la entidad Planeamientos 2000, de la que era gerente Juan Antonio Roca.
Según los hechos probados, en la comisión de gobierno de diciembre de 1997 se acordó por unanimidad de sus componentes otorgar la licencia al proyecto siguiendo las determinaciones que efectuó Julián Muñoz desde su cargo como alcalde.
Con la licencia que se otorgó se culminó un proceso para favorecer económicamente a la promotora Belmonsa que se había iniciado incluso antes de que se constituyese como persona jurídica, refleja la sentencia.
La pena de un año de prisión impuesta a Sierra ratifica la petición de la Fiscalía, aunque él en su declaración negó haber informado favorablemente para la concesión de la licencia y acusó a los ex ediles de mentir.
En este mismo caso, el ex alcalde Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL se conformaron con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que Juan Antonio Roca aceptó una pena de nueve meses de prisión, por lo que sólo continuó el juicio para Sierra, que no alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y las acusaciones.
Roca deberá cumplir también cinco años de inhabilitación y pagar una indemnización de 2,4 millones de euros, al admitir el delito de tráfico de influencias del que se le acusaba, y en el caso de no abonar dicha cuantía económica tendrá que cumplir otro mes más de cárcel.
Además de Muñoz, los ex ediles Mario Jiménez, Rafael González y Manuel Calle se conformaron con una condena de un año de prisión y 18 de inhabilitación para el cargo de concejal por los delitos de prevaricación genérica y contra la ordenación del territorio, con lo que se rebaja a la mitad la pena de cárcel que solicitaba inicialmente para ellos la Fiscalía.
Por su parte, el ex edil José Marino Pomares ha aceptado una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que el que fue primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y la ex concejal Marisa Alcalá se han conformado con una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La conformidad alcanzada por los ex concejales del GIL, práctica que ha tenido lugar en varias ocasiones en los últimos meses, se enmarca en el acuerdo alcanzado por seis ex ediles de la Corporación de 1995 a 1999 por el que ingresarán en prisión para no celebrar los juicios urbanísticos en los que están imputados, pacto sobre el que negocian los integrantes del Ejecutivo local de 1999 a 2003.
Los hechos enjuiciados se corresponden con la concesión de una licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Marbella a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde y viario público.
Las diligencias respecto a esta causa tuvieron que ser reconstruidas después de que desaparecieran en el robo de sumarios que tuvo lugar en verano de 2001 en los Juzgados de Marbella.
* Málaga Hoy - EFE - 10.09.2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El nuevo PGOU sólo protege 4 de los 20 yacimientos catalogados por Patrimonio
INFORMACIÓN/Alicante* : El concierto previo del nuevo PGOU de Gata de Gorgos, aprobado por el PP y Coalició Valenciana a finales de julio y ahora en exposición pública, no presta mucha atención al pasado. El documento sólo recoge cuatro yacimientos arqueológicos, los tres de época romana del Barranc de la Rana, Els Ecles y Gorgo y el de la antigua fortificación islámica del Tossal del moro.
La memoria informativa indica que estos yacimientos, que se preservan como suelo no urbanizable de protección arqueológica, se han catalogado "de acuerdo con los datos de la Conselleria de Cultura". Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio Cultural tiene inventariados veinte yacimientos.
El avance del PGOU no incluye las cuevas prehistóricas, mientras que Patrimonio sí que tiene catalogadas las Coves Roges, la Cova de la Presa o la Cova dels Cacaus, donde se han encontrado pinturas rupestres macroesquemáticas.
El documento tampoco le da ninguna protección arqueológica al centro histórico de Gata, pese a que la Conselleria de Cultura sí que lo incluye en su relación como yacimiento arqueológico. De hecho, este casco antiguo tiene unos cuantos siglos de historia (en el siglo XI se fundó un asentamiento andalusí) y alberga un arrabal de tradición islámica.
?La memoria del concierto previo sí que es un poco más generosa en elementos de etnología e incluye alquerías medievales como la de la Font de la Mata, los molinos de Jesús Pobre y del Tossal de Pedreguer o la Casa de la Lepra. Ninguno de estos edificios y tampoco la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel están declarados como BIC (Bien de Interés Cultural). Además, en la relación de elementos etnológicos no aparecen los tradicionales sequers de pansa al sol, que son construcciones, a menudo confundidas con simples muros de piedra en seco, que sólo se han hallado en Gata.
El concierto previo tiene, además del arqueológico, otros frentes de polémica. Recurre a la figura de "suelo no urbanizable de núcleo consolidado" para legalizar las casas que están en el área del PORN del parque natural del Montgó y que, como indica la propia memoria del concierto previo, se han construido "al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación".
Otro de los aspectos más controvertidos es el del suelo industrial. El avance del PGOU prevé un nuevo polígono, de 364.000 metros cuadrados, en la partida Costeres, junto a la carretera a Xàbia. Estos terrenos también forman parte del PORN del Montgó y, por tanto, resulta contradictorio que se destinen a suelo industrial.
* Información - A. P. F. - 10.09.2008
Foto: El nuevo PGOU sustituirá a las Normas Subsidiarias del 89 - ERNEST WEBER, diarioinformacion.com
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¿Reelegimos a los políticos corruptos?
ADN* : Una de las grandes virtudes de nuestras democracias es que nos permiten juzgar periódicamente a nuestros políticos. Con el uso de nuestro derecho al voto, los ciudadanos podemos castigar a los presidentes, diputados y alcaldes que caen en la tentación de perseguir sus intereses personales en lugar del interés común. Pero, ¿realmente nuestro voto sirve como mecanismo de control de la corrupción?
Los datos que nos ofrece el Informe sobre la democracia 2008 de la Fundación Alternativas dejan patente que la mayoría de los alcaldes españoles acusados de corrupción se mantienen en su cargo tras las elecciones. En concreto, el informe sostiene que siete de cada diez alcaldes acusados de estas prácticas fueron reelegidos en las pasadas elecciones municipales del 2007. Por sorprendente que pueda parecer, los escándalos de corrupción no fueron un impedimento para que la mayoría de estos políticos revalidaran la confianza de los ciudadanos de sus localidades.
Eso no significa que los alcaldes acusados de corrupción no fueran castigados en las urnas. En realidad, la mayoría de ellos (el 71%) perdieron parte de su apoyo electoral con respecto a las anteriores elecciones locales. Esta pérdida de votantes fue de 3,6 puntos porcentuales de media, un descenso algo superior a la caída general de ambos partidos en las municipales del 2007 (menos de un punto). Por lo tanto, los escándalos de corrupción sí tienen una influencia en las urnas, pero en la mayoría de los casos el castigo no es suficiente para que los alcaldes acusados pierdan la mayoría del consistorio municipal.
El informe de la Fundación Alternativas muestra que no existen muchas diferencias entre PP y PSOE. Los alcaldes de ambas formaciones políticas consiguen en la misma proporción evitar perder la alcaldía por escándalos de corrupción. Además tampoco existen diferencias según el tamaño de la población (ver gráfico). En principio, es de esperar que las redes clientelares generadas por la corrupción sean más fáciles en los ayuntamientos pequeños o que al menos éstas tengan una mayor repercusión en la "compra" de votos. Los datos no confirman esta idea: los escándalos de corrupción tienen el mismo efecto tanto en aldeas de menos de 5 mil habitantes como en ciudades de más de 50 mil.
La corrupción por provincias
El informe de la Fundación Alternativas recoge 133 casos de escándalo de corrupción municipal del período 2003-2007. No se trata de una lista exhaustiva de todos los casos (por lo que puede haber algún sesgo) pero puede ofrecernos una primera aproximación a cómo se reparten los escándalos de corrupción entre las diferentes provincias de España.
No es casual que las provincias costeras sean donde más escándalos aparezcan, pues la corrupción urbanística es una de las más frecuentes a nivel municipal. De entre los ayuntamientos de la costa mediterránea parece que los más limpios se encuentran en Girona y Barcelona. Por otro lado, los territorios más sospechosos de tener políticos corruptos son Valencia, Madrid y, sobretodo, Andalucía. Este último caso no sólo puede explicarse por la presión urbanística en las zonas costeras pues los escándalos también son frecuentes en sus provincias de interior.
Los expertos en la materia consideran que España está lejos de encontrase en la cabeza de países europeos libres de corrupción. Sistemáticamente los informes nos sitúan en niveles parecidos a los de Francia o Portugal y definitivamente menos limpios que países como Alemania, Holanda o los países escandinavos. Es responsabilidad de las instituciones del Estado luchar contra este tipo de vicios, pero ¿habría menos corrupción si los ciudadanos se tomaran más en serio estas prácticas cuando acuden a las urnas? Como el resto de los españoles, los políticos temen al paro. Amenazarlos con sumarse a sus listas acabaría seguramente con la tentación de muchos a poner la mano en "la hucha".
* ADN - 10 de Septiembre de 2008 | Lluís Orriols
Foto: Mapa de la corrupción España 2003-2007 - F. Alternativas
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El Algarrobico bajo la sombra de Marbella
TEODORO LEÓN GROSS* : Por más madera que ponga en sus calderas la maquinaria de propaganda de la Junta -una de las más poderosas y mejor dirigidas del país, aunque lamentablemente no se corresponda con el nivel de la economía o la administración andaluza, sino que más bien sirve para ocultar las debilidades de éstas- la sentencia del escándalo del Algarrobico apunta, negro sobre blanco, una conclusión incómoda: el monstruo de veinte plantas a pie de playa se construyó porque el ayuntamiento socialista y la Junta de Andalucía ignoraron la Ley de Costas y el plan del Parque Natural del Cabo de Gata para legalizarlo.
Durante los últimos años, la Junta ha tratado de presentarse como víctima de un promotor sin escrúpulos, pero ahora el juez reclama a la Fiscalía una investigación de las autoridades autonómicas y locales ante los notorios indicios de corrupción. Qué paradoja. A la Junta le han cortado en seco su estrategia impostora de ir a los tribunales como agraviada, y de nuevo se ve bajo la sombra de la sospecha entre la «abulia» ante sus responsabilidades y la presunción de haber prevaricado.
La sentencia del Algarrobico da otra vuelta de tuerca a lo ocurrido en Marbella. Entonces el juez Torres ya le cortó la misma estrategia a la Junta rechazando que ésta se personase puesto que el aquelarre urbanístico del gilismo sólo pudo consumarse con la complicidad de Sevilla, si no por acción al menos por omisión. Ahora, una vez más, reaparece la corrupción en un ayuntamiento del litoral -el mayor granero de venalidad del país, retratado en el informe de International Transparecy- pero la sentencia incluye a la Junta señalándola por manipular sus propios planos del Parque Natural (una «burda maniobra») para 'legalizar' el hotel. La retórica de la administración aún se empasta con la palabrería hueca del buenismo oficial, pero las frases de la sentencia repiquetean con acusaciones de «desidia» ante «el interés general» y actuar «de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico». Eso sí, que nadie espere que esto vaya a tener consecuencias; ni siquiera alguna dimisión para justificarse. La maquinaria de propaganda de la Junta pronto habrá reconducido el escándalo.
* SUR - Opinión- 09.09.2008
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La Eurocámara analiza mañana las denuncias sobre abusos urbanísticos en la Comunitat
LEVANTE* : La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) volverá a analizar mañana varias denuncias sobre supuestos abusos urbanísticos en la Comunitat Valenciana y en la de Madrid, incluida en este caso la ampliación de la carretera M-501. En lo referente a la Comunitat Valenciana, los eurodiputados estudiarán denuncias presentadas por diversas plataformas y asociaciones de vecinos ante varios proyectos de construcción que afectarían a zonas de interés comunitario y que, según los peticionarios, infringirían las leyes europeas de medio ambiente.
Entre las quejas figuran la de la plataforma Salvem la Casella, que avalada por 15.000 firmas denuncia tres proyectos urbanísticos en el valle de Aguas Vivas (Valencia), y la de la asociación de Vecinos Sant Joan Del Riu Sec, en contra de la supuesta construcción excesiva en Castellón de la Plana.
La Eurocámara escuchará también a la asociación Ciudadanos de Benicassim Contra los Abusos Urbanísticos, que denuncia que el Plan de Actuación Integrada (PAI) prevé la construcción de un campo de golf en un humedal que será secado de forma artificial y la construcción de 8.000 viviendas "sin garantizar la atención de las necesidades adicionales en relación con el suministro de agua".
Además, la comisión de Peticiones analizará una queja sobre la falta de medidas para la protección del medio ambiente en Masalavés (Valencia) en relación con la actividad de una fábrica de ladrillos local y otra de la Asociación de Vecinos de Hondón de las Nieves (Alicante) sobre el posible impacto negativo de la construcción en la localidad.
La pasada semana, la Conferencia de Presidentes de grupos políticos del Parlamento dio luz verde a la comisión de Peticiones para elaborar un nuevo informe sobre los supuestos excesos del urbanismo español y, principalmente, del de la costa levantina.
El texto, que será elaborado por la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, se votará en el Pleno de la Eurocámara, como ya se hizo con otras iniciativas similares en 2005 y en 2007.
En el caso de Madrid, la comisión de Peticiones estudiará mañana una queja ciudadana sobre el supuesto incumplimiento de las normas comunitarias sobre medio ambiente por parte de varios ayuntamientos de la Comunidad, en concreto los de Torrelodones, Rascafría, Moralzarzal, Las Rozas y Galapagar.
También analizarán los eurodiputados la ampliación de la carretera M-501, un proyecto que ha sido denunciado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas, que lleva años tratando este caso, argumenta que la Comunidad de Madrid ha violado en el proyecto la normativa europea sobre estudios de impacto ambiental.
* Levante-EMV - EFE - 09 de septiembre de 2008
Foto: Alzira (Valencia), finca de Sos denunciada - lasprovincias.es
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El Parlamento Europeo recibe a los afectados por un plan urbanístico del ayuntamiento
LEVANTE/Castelló* : El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo recibirá mañana en Bruselas a la asociación castellonense Sant Joan de Riu Sec para evaluar un supuesto abuso urbanístico cometido por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castelló en detrimento de 75 familias que viven en masets ubicados junto a la nueva estación de Renfe, según informaron fuentes del colectivo.
Los afectados se oponen a una unidad de ejecución urbanística (13-UER) que supondría el derribo de las viviendas y el desalojo de decenas de familias de su lugar de residencia.
El ayuntamiento ya barajó la aprobación del desarrollo urbanístico en el año 2002, aunque finalmente aparcó el plan de la empresa constructora en un contexto marcado por una amplia movilización vecinal en el pleno municipal.
La documentación sobre el caso fue remitida al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en el año 2005 y 2007, junto a centenares de casos en otros puntos de la Comunitat, a través de la Plataforma Abusos Urbanísticos No.
El estudio de dichos documentos y la visita de una comisión de eurodiputados a la Comunitat, con parada incluida la provincia de Castelló, motivó que el Parlamento Europeo emitiera un duro informe y exigiera formalmente a la Generalitat Valenciana una rectificación inmediata de su política urbanística por una violación manifiesta del derecho comunitario.
La advertencia también se trasladó al Gobierno español por su condición de máximo representante y responsable de las obligaciones ante la Unión Europea, aunque esta queja se derivó posteriormente al Consell como organismo que ostenta todas las competencias en urbanismo y que actúa independientemente del Gobierno central.
Ahora, tras el estudio de los documentos recibidos, el Comité de Peticiones ha decidido que es pertinente reunirse con los propietarios agraviados al objeto de elaborar nuevos informes y, en caso necesario, adoptar una resolución.
La unidad de ejecución 13-UER afecta a una zona de 192.000 metros cuadrados situada en el entorno próximo a la nueva estación de ferrocarril. En este espacio se ubican 75 viviendas unifamiliares que fueron construidas antes de la etapa democrática en un entorno agrícola. Los propietarios alegan que la antigüedad de las casas les confiere en el plano legal una consolidación urbanística.
Los vecinos expusieron esta circunstancia el pasado mes de mayo en una reunión con el vicealcalde y edil de Urbanismo, Javier Moliner, quien recibió de mano de los vecinos una propuesta de solución urbanística que respetaría las viviendas existentes. Por lo pronto, los vecinos siguen esperando a que el ayuntamiento les convoque a una nueva reunión.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 9.09.2008
Foto: comité de peticiones de la UE. El organismo europeo ha abordado en varias sesiones la LUV en Bruselas/ levante-emv
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La dificultad de los jóvenes para acceder a un piso agudiza la crisis inmobiliaria
ELPAÍS/Barcelona* : La crisis inmobiliaria se agudiza en Cataluña. Las compraventas de viviendas se desplomaron el 45,3% en el primer semestre; mucho más que en el resto de comunidades y que en el conjunto de España, donde hasta junio las transacciones de pisos cayeron el 27,5%. Es un dato que preocupa al sector, que no contaba con que un mercado tan maduro como el catalán pudiera sufrir un revés de tal magnitud.
Explican la caída la existencia de un potente mercado de segunda residencia, el vertiginoso crecimiento de los precios en los últimos años y el alto coste para acceder a una vivienda, sobre todo para los jóvenes. Un barcelonés tiene que destinar el 88,3% de su sueldo a la hipoteca.
Cataluña no es Castilla-La Mancha. En el sur de la meseta hay más de 85.000 pisos sin vender, el 65% de lo que se construyó entre 2005 y 2007. A Cataluña apenas le quedan 29.000, el 12,6% de lo que se ha levantado. Pero la demanda se ha frenado en seco. "La principal causa es que la vivienda es más cara y ha subido de forma más rápida, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona", afirma el director del Master en Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. En los dos últimos años, por ejemplo, el precio medio de los pisos subió alrededor del 10%, mientras que en Cataluña lo hizo el 27%, según el Ministerio de Vivienda. Junto con San Sebastián, Barcelona es la ciudad más cara de España.
"Los precios son demasiado elevados, y hay un alto stock de pisos sin vender fuera de la ciudad, lo que explica que los precios estén bajando en el área metropolitana", asegura el director de Investigación de Aguirre Newman, Javier García-Mateo. La gente, añade, quiere comprar en Barcelona. Y si no puede, espera y se "refugia" en el mercado de alquiler.
El Gobierno catalán estima que cada año se crean 45.000 hogares. El resto de las ventas son pisos de reposición o segundas residencias. Pero de los nuevos hogares, más de la mitad necesita ayuda pública para sufragar la vivienda. En época de restricciones de crédito, eso explica que muchos no puedan pagar un piso del mercado libre. "Los bancos prefieren dar tres préstamos de 100.000 euros a uno de 300.000", asegura Bernardos.
El acceso a la vivienda para un joven es cada vez más costoso. Un catalán de entre 18 y 35 años que quiera comprar una casa debería destinar el 77,5% de su sueldo a la hipoteca, frente al 71,2% que dedican los jóvenes en el conjunto de España. Si lo hacen dos personas, la proporción baja al 46,8%, aunque sigue siendo alta, puesto que se considera que una persona o familia debe destinar como máximo el 35% de su renta a la vivienda para no poner en riesgo su situación financiera. En España, la media es del 44,5%. La proporción es más elevada en el caso de la provincia de Barcelona, donde un joven se ve forzado a apartar para la hipoteca el 88,3% de su sueldo si quiere vivir solo, y el 53,3% si está en pareja.
En su último informe, el Consejo de la Juventud advierte de que Cataluña es "una de las comunidades autónomas en la que la expulsión de los jóvenes de los circuitos del mercado residencial es más extrema", y agrega: "últimamente se ha agravado de un modo significativo".
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, asegura que los precios todavía deben bajar más en Cataluña para que las ventas se reactiven. Pero, además, recuerda que en la costa abunda la segunda residencia, donde suelen acudir los inversores, que de acuerdo con Aguirre Newman suponían el 40% de la demanda. Este cliente ya se ha retirado del mercado.
Las mujeres, más perjudicadas
La diferencia entre lo que debe destinar un joven catalán de 21 años y otro de 35 para pagarse una vivienda es abismal. Para alguien de entre 18 y 24 años es prácticamente imposible comprar un piso. Debería destinar, según el Consejo de la Juventud, el 101,8% de su renta. Es decir, no tendría bastante con todo lo que gana. Lo tendría algo más fácil si tuviera pareja (se dejaría el 58% del sueldo de los dos), pero, igualmente, estaría muy lejos de lo que exigen los bancos: que el precio no supere el 30% de los ingresos. Alguien de entre 30 y 34 años tampoco lo tendría fácil para vivir solo, puesto que de media dedicaría el 66% de su salario al piso.
Por sexos, las mujeres lo tienen peor que los hombres, dada la diferencia salarial que todavía existe entre ambos géneros. El esfuerzo medio de una mujer sola es del 87,9%, frente al 71% de un hombre. Las previsiones pasan por que estos datos empeoren dada la crisis económica, que supone un aumento del paro.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 08/09/2008
Foto: Edificios en construcción en plaza Europa de L'Hospitalet/ J. SÁNCHEZ, elpais.com
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"Era bonito, pero han construido demasiado"
ELPAÍS/Entrevistas/Alicante* : Sandro Marteli se prejubiló de la multinacional en la que trabajaba en Italia, y hace tan sólo dos años que reside en la urbanización La Florida de Orihuela. "Llevábamos 20 años viniendo a veranear, la costa era muy bonita, pero ahora han construido demasiado por todas partes", admite.
Jymy Maurren era policía en Irlanda, y se retiró "por seguridad" para poder descansar en la urbanización Villa Martín de Orihuela. "No conocía antes la zona, vine y en cuatro días compré esta casa, pero ahora hay demasiado ladrillo". La mayoría de ellos tienen dinero, tiempo libre y disfrutan con otros compatriotas en bares o clubs privados donde celebran sus fiestas semanales. Joseph, de 70 años, y Wendy Bonici, de 62 años, son británicos afincados desde hace ocho años en Moraira (Marina Alta). Cuando su marido estaba a punto de jubilarse fueron a una exposición de casas en España, y unos amigos suyos les hablaron de la Costa Blanca. "Yo quería Benidorm, pero vinimos una semana a Moraira vimos tanto verde y tanta tranquilidad que nos compramos una casa", recuerda Wendy.
"Faltan servicios básicos"
El desarrollo masivo del urbanismo no ha ido acompañado de las dotaciones de servicios necesarias. Peter y Verónica Knipp, vivían en Berna (Suiza), y hace 13 años se trasladaron a la urbanización El Presidente de Orihuela que conocieron a través de amigos y familiares. "El clima de aquí es perfecto para nuestra salud", admiten estos pensionistas que se muestran muy críticos con el deterioro y la falta de servicios. Desde que compraron la casa en 1988 hasta 1991 estuvieron viviendo con luz de obra. "Los cables en la calle, todo por terminar", recuerdan. Ahora critican "la falta de servicios básicos": médicos, hogares de la tercera edad, áreas lúdicas o zonas deportivas. "Tengo que ir a Torrevieja, recorrer 32 kilómetros en coche, para poder hacer algo de deporte, porque aquí no hay nada", explica Peter indignado.
En la Marina Alta, Mario Matos, de 75 años, es vicepresidente de la Asociación Francófona de Teulada-Moraira. Recaló primero en Gandia donde tenía un amigo, luego conoció Moraira donde hace 40 años compró una casa pequeña, luego una más grande y cuando se jubiló definitivamente se instaló aquí. "Estamos muy bien, además el Ayuntamiento nos cuida mucho, tenemos un salón para reunirnos", explica Matos que dejó Ginebra por el frío y la humedad. "Aquí venimos por el clima, antes los precios estaban muy bien, pero ahora no tanto", apunta. En la Asociación francófona, que tiene más de 110 miembros, realizan excursiones y actividades. Ahora preparan un viaje de cuatro días a Almagro, Úbeda, Córdoba y Jaén. Estas son las pinceladas vitales de los extranjeros que recalaron en una Costa Blanca casi virgen y que ahora sienten amenazada.
"Todo está urbanizado y hay mucha gente"
El suizo Gerard Peret está casado con una sueca; primero, venían de vacaciones hasta que en 1990 compraron una casa en la urbanización Los Almendros en la zona de Orihuela Costa. "Fue una casualidad, nos gustaba mucho, pero ahora ha cambiado todo por el excesivo desarrollo incontrolado, todo está urbanizado, hay mucha gente", se lamentan. Al igual que George Hammer, un alemán de 73 años que pasa largas temporadas en la urbanización El Presidente, de Orihuela Costa. Se retiró de su trabajo, regentaba una empresa de alquiler de coches y taxis, y vino a la tranquila Costa Blanca en busca del "clima y el sol", ahora junto a su esposa Anna recorren con su autocaravana media España. "Aquí lo más complicado en esta urbanización es encontrar alguien que hable español", admite este matrimonio que regresa cada año varios meses a su país. Los residentes extranjeros en Torrevieja y Orihuela Costa acuden a bares donde encuentran a paisanos suyos, tienen sus propias empresas de servicios, supermercados e incluso medios de comunicación en su idioma.
* ELPAIS.com - 08/09/2008
* ELPAIS.com - 08/09/2008
* ELPAIS.com - 08/09/2008
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Urbanismo de saturación
ERNESTO CONTRERAS CAZAÑA* : Desde la Conselleria Valenciana de Urbanismo, ahora en el banquillo de los acusados, se decía que el Parlamento Europeo advertía contra el urbanismo de saturación que se da en esta comunidad, por culpa del Gobierno español ¿...? En mi opinión, señalar a los demás cuando se es descubierto, es propio de párvulos; en su línea y para eludir el cumplimiento de las leyes, rematan aludiendo a una supuesta absolución vía sufragio, que por lo visto les autoriza a quebrantar las leyes que no sean de su gusto.
Evidentemente, el partido que contradijo la Constitución para limitar la igualdad ante la ley, obtiene con todo ello la más absoluta impunidad; para acto seguido y contra la lógica más elemental, crear normativas a la medida de sus intereses inmobiliarios, que son los únicos que atienden y los que ahora los han llevado ante la justicia. ¿O a alguien se le escapa, que están saturando el territorio con edificios basura y poniéndose por encima de la ley, para lucrarse?
Muy en su línea y sin salirse del consabido guión del enemigo exterior, siguen diciendo ser víctimas de un complot. ¿Echar balones fuera, es un argumento? ¿Qué otra "explicación" han expuesto? En lugar de aclarar sus actos, despejan por la banda achacando su imputación a una mano negra que, según sus pintorescos argumentos, controla la Justicia europea desde las sombras. En otras palabras, según estos ilustrísimos señores, las instituciones europeas están en venta y actúan a favor del mejor postor. Su absoluta carencia de argumentos da a entender que los han pillado con las manos en la masa.
* ELPAIS.com - Opinión - Alicante - 08/09/2008
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