XERARDO ESTÉVEZ* : La construcción de infraestructuras ha estado siempre rodeada de una aureola partidista. Las autovías gallegas como infraestructuras del Estado fueron proyectadas por un Gobierno presidido por Felipe González y entraron en funcionamiento con una Xunta presidida por Fraga. Con el tren de alta velocidad pasa justo lo contrario.
El conjunto de los partidos gallegos, estén en el Gobierno o en la oposición, toman como el leitmotiv de la inversión el plazo de terminación, pisándose los talones y advirtiendo de que en caso de que aquél se incumpliese o no se programasen un año las inversiones suficientes, el Gobierno de turno no correspondía con Galicia... En fin, un dispendio de energía política.
Las infraestructuras valen, entre otras cosas, para mejorar la seguridad y la accesibilidad, para impulsar el PIB, para reequilibrar el territorio y, en primer término, algo que se olvida normalmente, valen para ordenar el país. No se cuestiona hoy en día la influencia ejercida sobre el PIB por el sistema atlántico, de Ferrol a Tui. Ha producido riqueza y, admitámoslo, también desorden, sobre todo en el basculamiento hacia las áreas litorales. ¿Cuál sería el beneficio si se hubiese dado algún tipo de ordenación urbanística simultánea a la ejecución de las infraestructuras?
Pues bien, en España y en Galicia esto no se hace. Las viejas carreteras de la red estatal se han ido convirtiendo en calles, a modo de ejes de la expansión residencial periférica para evitar los gastos de urbanización. Una vez colapsadas, se programan costosas variantes que no tienen en cuenta un factor muy importante: conjuntar los planes generales de las ciudades con los municipios colindantes para evitar una nueva dispersión del crecimiento y una competencia desleal entre ayuntamientos limítrofes en materia residencial y en movilidad. Por otro lado, las rondas, los periféricos en tanto que sistemas alternativos al tráfico de las ciudades, se proyectan sin una visión urbanística, como simples infraestructuras para pasar coches, prescindiendo de su capacidad ordenadora del crecimiento.
Otro ejemplo de la falta de relación entre infraestructuras y planeamiento es la Transcantábrica, por citar una de las últimas autovías. Atraviesa la Gran Galicia del interior dejando al margen en buena medida oportunidades de ordenación del territorio y de inserción de los planes sectoriales que programen otras administraciones. Es fácil comprobar cómo se cizalla la rica red de caminos tradicionales que, de reponerse, permitirían disfrutar de sendas para promover un turismo rural y de montaña obligado ahora a transitar por las carreteras. Además, se actúa como nuevos ricos al dejar como tierra quemada las viejas vías. En la subida a Pedrafita podemos comprobar lo que supone la ausencia de una política territorial: desde la autovía A-6 se divisan los otros sistemas infraestructurales, el llamado de penetración de los años 60 y más abajo la carretera nacional histórica, que al entrar aquella en servicio han quedado en el olvido.
Una visión moderna, desde el interés del propio país, muestra que además de llegar a Madrid en un santiamén, estos accesos son oportunidades para poner en red mercancías y personas junto a la red virtual que han tejido las tecnologías de la información y la comunicación. Esa red presencial permite desarrollar todo tipo de enlaces, fundamentalmente entre los sistemas urbanos, y ello supone que nuestro esquema policéntrico de ciudades, rico por la dinamización multipolar del territorio pero de costoso mantenimiento, pase a ser un sistema único. Sistema esencial para que el trinomio ciudad-universidad-empresa pueda cooperar de forma bilateral o multilateral y entrar así de lleno en las organizaciones europeas y mundiales.
Aún más, en relación con el tren de alta velocidad, la obsesión por los plazos impide enfatizar el interés de las estaciones terminales, normalmente intermodales, como nodos que articulen buena parte de la movilidad en cada una de las ciudades. Todas ellas van a estar a menos de una hora de desplazamiento. Pero ¿alguien se está preocupando de crear las bases políticas de esa metrópoli única, multipolar? ¿Quién pone a trabajar a las ciudades con esta nueva dinámica?
Cada metro cuadrado de asfalto, cada metro lineal de raíl es una oportunidad única para poner en red ciudadanos y mercancías y para ordenar el país.
* ELPAIS.com - Galicia - Opinión - 5.09.2008
Infraestructuras ¿para qué?
La UE redacta un informe sobre urbanismo incluyendo las 1.800 casas de Parcent
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LASPROVINCIAS/Alicante* : La lucha insaciable del colectivo ecologista Veïns de Parcent sigue dando sus frutos tras varios años desde que se creó para luchar contra el urbanismo salvaje y la destrucción del territorio. Y es que, como dijo el latino Ovidio, "la gota horada la roca, no por su fuerza sino por su constancia".
De nuevo, la Unión Europea se ha comprometido a estudiar el urbanismo español, incluyendo en su próximo proyecto los tres polémicos PAI de Parcent que provocaron la derrota en las urnas en las últimas elecciones de la ex alcaldesa del PP, Mari Carmen López.
Desde la plataforma vecinal, a través de un comunicado de prensa, han confirmado que la Conferencia de Presidentes (Junta de Portavoces) de Grupos Políticos del Parlamento Europeo dio el pasado jueves el visto bueno para que la Comisión de Peticiones elabore el informe denominado "El impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea, basado en las peticiones recibidas".
Está previsto que la ponente de dicho informe será la eurodiputada danesa del Grupo de los Verdes Margarete Auken y en él se llevará a cabo un estudio pormenorizado de la política urbanística y estudiará proyectos de agentes urbanizadores como el de Parcent en donde se prevé que se construyan 1.800 nuevas viviendas en El Replà sin garantías de suministro hídrico para su consumo humano.
Así, tras conocer la nueva decisión de la Unión Europea desde Veïns de Parcent se han mostrados satisfechos pues este proyecto nace a raíz de Comisión de Peticiones del 2 de abril de 2008 en el que se trató, entre otros, el asunto urbanístico de Parcent con varias intervenciones del alcalde de Parcent, el independiente Máximo Revilla y de la Primera Teniente de alcalde Jacqui Cotterill.
Ante esta nueva declaración de la Unión Europea, desde el colectivo ciudadano no entienden la actitud del Gobierno valenciano ante la inminente redacción del informe pues denuncian que, "intentan traspasar su responsabilidad y hacer demagogia diciendo que se criminaliza un sector" en un momento de crisis.
Asimismo, desde Veïns de Parcent no comparten las recientes declaraciones del popular Vicente Rambla en donde asegura que en la Comunitat Valenciana "estamos en estándares de clara conservación del territorio".
Y es que, los proteccionistas atestiguan que "nuestro caso justamente demuestra lo contrario".
Así, Veïns de Parcent reitera que en su municipio "nos encontramos con tres PAI que prevén urbanizar 1.300.000 metros cuadrados (más una zona primaria adscrita de 678.000), con cerca de 1.800 nuevas viviendas.
Un crecimiento que supone una previsión de más de 10.000 nuevos habitantes para un pueblo con a penas 1.000 ciudadanos censados en algo más de 10 años. Igualmente, Veïns de Parcent ha recordado que "por si fuera poco, ninguno de los proyectos que incluyen las 1.800 nuevas casas cuenta con estudio de impacto medioambiental" con lo que como mínimo se tiene que "dudar de la respetuosidad con el medio ambiente que afirma Rambla".
En este sentido, los ecologistas matizan que "es evidente que no lo tienen porque cualquier estudio mínimamente serio en este sentido pondría en evidencia lo que ya lo es para los ciudadanos de Parcent".
La contienda de Parcent se inicio el 30 de enero de 2006 durante la celebración de la sesión plenaria en donde el PP local dio el visto bueno a los programas de actuación integrada que presentaron varias promotoras privadas ligadas al grupo Ballester.
Desde un principio, los proyectos se han visto envueltos en polémicas pues el apoderado de una de las firmas constructoras, Terres de l'Horta SL, era el hermano del edil de Urbanismo del PP, Ismael Reig.
El 27 de mayo de 2007 se dio la vuelta a la tortilla y el gobierno que impulsó los tres PAI pasó a la oposición dando la población el respaldo mayoritario a los proteccionistas que exigía un urbanismo moderado en esta localidad de la Vall del Pop.
* Las Provincias - J.N.I. - 7.09.2008
Foto: Parcent (Alicante), vecinos (archivo)- E.Weber, levante-emv.com
La superficie construida en Andalucía se ha quintuplicado en medio siglo
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ELPAÍS* : La fiebre por el ladrillo desatada en Andalucía en los últimos años ha disparado el suelo urbano en el mercado a costa, eso sí, de la superficie agrícola y forestal. Aunque se trata de un problema acentuado en la última década -en especial en el litoral andaluz- esta tendencia desmedida se viene registrando desde el último medio siglo.
Así, según el último informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, las ciudades andaluzas quintuplicaron la superficie construida en el periodo 1956-2003, un aumento producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas agrícolas (en un 76,40%) y forestales (23,17%).
Este crecimiento desproporcionado ha estado muy por encima del aumento de población que han tenido los municipios andaluces. Esta circunstancia se refleja especialmente en las llamadas ciudades medias, entre 50.000 a 100.000 habitantes, que han incrementado su población en un 115,9% desde 1956 pero, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes urbes, las de más de 100.000 habitantes, la población creció un 92,8% y el suelo urbano lo hizo un 353,3%. El crecimiento de la superficie construida también ha estado por encima del 300% durante este periodo en el resto de poblaciones de la comunidad.
El crecimiento reciente de nuestras ciudades (de la superficie construida) no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que se presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido en respuesta a las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población (...) Como consecuencia, se han producido cambios rápidos, intensos y conflictivos en los usos del suelo, que afectan a la morfología, la estructura y el medio ambiente de la ciudad y su entorno, y a las diferentes formas de paisaje, admite la Consejería en el informe de Medio Ambiente 2007. Entre los problemas derivados de este desarrollo incontrolado, la Junta alude a la depuración de aguas, el consumo de energía, la gestión de los residuos urbanos o la apropiación desvirtuada de espacios adyacentes a la ciudad.
Aunque esta dinámica se traslada a la totalidad del espacio regional, se agudiza entre las ciudades medias y grandes urbes, que acogieron el éxodo rural a partir de mediados de siglo. Así, las ciudades mayores de 30.000 habitantes aumentaron su población un 53,3% en el periodo 1950-2001, un porcentaje que disminuyó hasta el 8,9% a partir de 1981. En la actualidad, el 79% de los andaluces residen en municipios mayores de 10.000 habitantes, y el 46% viven en grandes ciudades.
Pero es en los municipios que ocupan la franja del litoral -donde vive el 35% de la población andaluza- donde se manifiesta más intensamente el crecimiento demográfico y, por ende, el de superficie construida. Destaca el caso del municipio de Huércal de Almería, con un crecimiento de su censo superior al 225% entre 1991 y 2007. También por encima del 150% se encuentran los municipios malagueños de Rincón de la Victoria y Manilva y el almeriense de Roquetas del Mar. Por encima del 100% están otros enclaves costeros emblemáticos como Torremolinos o Benalmádena y, por encima del 50%, Marbella, Estepona, Fuengirola, El Ejido, Chiclana de la Frontera, Nerja o Cartaya. En estos territorios, la demanda hídrica ha crecido un 23,4% desde el año 1986.
La puesta en valor de suelo urbano ha ido en detrimento de la pérdida de suelo agrícola y forestal. Si el tejido urbano es el que más beneficio ha sacado a las superficies agrícolas (47%) son las urbanizaciones las que más han afectado al paisaje forestal (33,2%) debido al interés de los promotores inmobiliarios en procurar un valor añadido a sus construcciones rentabilizando a su favor la variable ambiental, sostienen los responsables de Medio Ambiente. Sevilla y Málaga son las provincias que más suelo agrícola han alterado, con un 16,66 y un 19,66%, respectivamente.
La tendencia al desarrollo urbanístico desenfrenado de las últimas décadas se manifiesta también en las altas densidades de las principales ciudades andaluzas, como es el caso de la capital malagueña, por encima de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, o los más de 10.000 de la capital gaditana, debido a su reducido tamaño. El informe de la Consejería de Medio Ambiente se refiere, sin nombrarla, a la especulación urbanística como uno de los principales factores que generan este tipo de tensiones ambientales. La dinámica responde a causas que van más allá del turismo y a una consolidación de su desarrollo territorial, para el cual es pertinente una adecuada ordenación urbanística que se imbrique en lo establecido por los planes subregionales de ordenación del territorio.
El tráfico sube un 58%
Una de las consecuencias del crecimiento desorbitado de la población en las grandes ciudades en las últimas décadas ha sido el aumento del tráfico. Según el informe de Medio Ambiente, las grandes ciudades (más de 100.000 habitantes) soportaban en 1991 el tráfico de 856.041 vehículos, pero en 2006 el número de coches se había elevado a 1.353.271, es decir, un 58% más en apenas 15 años.
Si se tiene en cuenta que el 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, no es extraño que los andaluces sitúen este problema entre sus principales quejas medioambientales.
Y es que, más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público. Medio Ambiente aboga en ese sentido por "transformar" el concepto de movilidad como derecho individual apoyando al transporte público "como necesidad y derecho colectivo".
Tasas de cambios en Andalucía
- Tasa de cambio de superficie construida en las capitales andaluzas en el periodo 1956-2003: 353,3%
- Tasa de cambio de la población en las capitales andaluzas en el periodo 1956-2003: 92,8%.
- El tejido urbano ha crecido a costa del suelo agrícola (76,40%) y forestal (23,17%).
- Sevilla y málaga son las provincias que más suelo agrícola han alterado, con un 16,66% y un 19,66%, respectivamente.
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 28/08/2008
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
La huerta tradicional pierde 9.000 hectáreas en sólo seis años por la presión urbanística
INFORMACIÓN/Alicante* : La superficie de huerta tradicional de las tres vegas del Segura ha disminuido en 8.781 hectáreas, una cifra equivalente a casi 88 millones de metros cuadrados, en seis años, según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La reducción de los terrenos de cultivo se ha producido en más del 90% en la Vega Baja y en la Vega Media debido sobre todo al crecimiento urbanístico y a la construcción de distintas infraestructuras, según revela el organismo de cuenca.
El vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (PHCS) recogía en el momento de ser aprobado, en el año 1998, la existencia de un total de 51.840 hectáreas de huerta en las tres vegas. Esta superficie se redujo en el año 2004 en un 17%, según los estudios de teledetección realizados por la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS.
En la actualidad, la superficie de huerta es todavía menor respecto a los datos del 2004 y se prevé una reducción mayor debido a nuevos proyectos urbanísticos de distintos municipios e infraestructuras en estudio, como una nueva autopista con el trazado Catral-Murcia, los desdoblamientos de los ejes Guardamar-Orihuela y Orihuela-Torrevieja o el trazado del tren de alta velocidad (AVE) por la Vega Baja.
El informe preeliminar del nuevo Plan Hidrológico de Demarcación Hidrográfica del Segura, en exposición pública para su debate y que se prevé aprobar a finales de 2009, considera que la huerta presenta "unos significativos valores paisajísticos, ambientales y culturales", por lo que "es deseable" que se mantenga la viabilidad del regadío tradicional "ya muy afectado por la merma de aportaciones hídricas registradas en los últimos decenios y por el incremento de la urbanización en zonas regables periurbanas".
El valor de este patrimonio agroecológico, económico y cultural "con raíces árabes" que data del siglo VIII ha llevado a que organizaciones sociales, agrarias y ambientales hayan solicitado o propuesto su declaración como Bien de Interés Cultural a la Generalitat Valenciana o como Patrimonio de la Humanidad a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El avance del PHCS señala que la huerta tradicional presenta un mecanismo de reutilización de sus recursos "único en Europa" de forma que los retornos de riego, muy importantes por el tipo de regadío por inundación, son recogidos en una densa red de azarbes para su aprovechamiento de los regadíos ubicados aguas abajo o se filtran en el acuífero de la Vega Media y Baja y son aprovechados mediante extracciones subterráneas.
El documento no ve aconsejable implantar el riego a goteo en toda la superficie de huerta debido a sus drenajes actuales.
* Información - E.D.G - 5.09.2008
Foto: Una imagen de la huerta de la Vega Baja con edificaciones al fondo A. I., diarioinformacion.com
Algarrobico: Salvemos Mojácar exige que se depuren responsabilidades políticas
La asociación SALVEMOS MOJACAR Y EL LEVANTE ALMERIENSE*, que ha liderado la batalla legal contra el hotel del Algarrobico y ha ganado clamorosamente el recurso contra el hotel, así como 4 de los otros 6 recursos en marcha en relación con el mismo, a falta de dos por resolver, denuncia la falsedad de las declaraciones de Manuel Chaves al decir que el juez da la razón a la Junta en el pleito del Algarrobico, y considera dichas declaraciones una aberración y una desfachatez...
... ya que:
1º: el juez considera inaceptable el argumento de la Consejería de Obras Públicas en su pleito acumulado al nuestro en el que pide 50 metros de deslinde de Costas, lo que equivale a desestimar su recurso.
2º: la Junta de Andalucía es responsable de haber aprobado el plan Parcial en contra de la legalidad, cometiendo un presunto delito de prevaricación.
3º: la junta de Andalucía modificó ilegalmente los planos del parque natural, cometiendo un presunto grave delito de prevaricación.
4º: la junta de Andalucía es la principal ejecutora de ilegalidades y principal presunta culpable de prevaricación en todo el proceso.
5º: la junta de Andalucía ha defendido intensamente la legalidad del hotel.
6º: la Junta de Andalucía ha estado trabajando por la legalización del hotel en los tribunales
7º: en declaraciones de hace una semana la nueva Consejera de Medio Ambiente aseguraba que "el hotel podría no derribarse" ignorando los procesos legales en curso.
Por todo ello consideramos que ya es hora de que Manuel Chaves se deje de despropósitos y comience a depurar responsabilidades políticas, como venimos exigiendo hace mucho tiempo, sin perjuicio de las que se depuren en la nueva via penal abierta por el juez Rivera y que esperamos saque a la luz las responsabilidades de todos lo implicados en el caso Algarrobico.
Exigimos por ello el cese fulminante del delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Luis Caparrós, que ha venido pidiendo insistentemente un deslinde de 50 metros que hubiera legalizado el hotel, sin razón alguna que lo justificara, y de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, por sus recientes declaraciones sobre una posible reapertura del hotel que manifestaban absoluta ignorancia y desprecio por la legalidad y los procesos legales en curso.
* Salvemos Mojácar - Sep 2008
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org
NOTICIA RELACIONADA: LA SENTENCIA DEL JUEZ RIVERA DECLARA NULA LA LICENCIA DEL HOTEL DEL ALGARROBICO - Salvemos Mojácar
Palma: De Santos pagó a una empresa que había renunciado a ser indemnizada
DIARIODEMALLORCA* : El ex teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal, Javier Rodrigo de Santos, ahora en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción de menores y que se enfrenta a otras denuncias de la fiscalía por supuesta malversación de caudales y cohecho, abonó 370.854 euros a una empresa instalada en un solar de la Cuña Verde que se había comprometido en 1989 a dejar la actividad "sin indemnización alguna".
La empresa en cuestión -Fontube Mallorca S. L- carecía también de licencia de apertura y funcionamiento, pese a que en enero de 2006 De Santos, en su calidad de teniente de alcalde de Urbanismo, archivara una denuncia presentada por Juan Holgado Mena porque, "una vez consultado el expediente", se había comprobado que disponía de los permisos municipales, según Cort.
Una reciente sentencia de la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Palma, no obstante, pone de manifiesto la inexistencia de los permisos municipales de apertura y funcionamiento y condena al Ayuntamiento a dictar la orden de paralización y clausura de la actividad.
En el expediente judicial también figuran el acta de pago de los terrenos ocupados en régimen de arrendamiento por Fontube Mallorca, así como el escrito de renuncia a cualquier indemnización por parte del titular de este almacén de materiales de construcción, aunque no hay pronunciamiento alguno al respecto.
El denunciante, Juan Holgado Mena, que actúa en nombre de Inversiones Mil y del denominado Partit Illenc, asegura que estos documentos fueron objeto también de una denuncia penal presentad en 2007, poco antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Asimismo, una vez que se ha comprobado la inexistencia de la licencia de apertura y funcionamiento, se van a remitir a la fiscalía anticorrupción por si los hechos denunciados son constitutivos de presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
En la sentencia se afirma que Juan Holgado, que había recurrido el archivo municipal del expediente de infracción, "ha probado que los usos urbanísticos del lugar donde se ubica esa actividad, según el planeamiento actual, no permiten su implantación".
La zona está clasificada como espacio libre público desde al menos el Plan General de Ordenación Urbana de Palma de 1985. Su revisión de 1999 mantiene esta calificación.
De hecho, el escrito de renuncia a cualquier indemnización, en poder del negociado de licencias de actividad de Cort desde el 13 de febrero de 1989, en realidad es un recurso de alzada contra la decisión de la gerencia de Urbanismo del 21 de diciembre de este año, que ya denegaba la licencia para el ejercicio de la actividad de venta de áridos, cemento, tejas y ladrillos.
El entonces representante de la empresa, Miquel Font Fullana, alegaba que, al tratarse de una actividad existente, "cabe la concesión de la licencia, aunque esté fuera de ordenación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Suelo".
En cualquier caso, en el segundo punto de las "consideraciones" del recurso se afirmaba: "En nada ha de dificultar la actividad el ejercicio del planeamiento -la ejecución de la zona verde- ya que me comprometo a dejarla sin indemnización alguna en cuanto no sea compatible con el desarrollo de cualquier urbanización".
* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA - 06 de septiembre de 2008
Foto: Imagen actual del solar que ocupaba Fontube en terrenos incluidos en la Cuña Verde. / Manu Mielniezuk, diariodemallorca.es
La Eurocámara criminalizará los abusos urbanísticos de toda España
ABC/Bruselas* : El Parlamento Europeo ha dejado de señalar con el dedo a la Comunidad Valenciana por los abusos urbanísticos y se atreve a dar un paso más extendiendo sus denuncias a todo el territorio español. Lo hará mediante la elaboración y la votación en pleno de un nuevo informe que podría estar listo entre diciembre y enero de 2009.
Los abusos urbanísticos denunciados hasta ahora en la comisión de Peticiones de la Eurocámara habían sido recogidos en informes que se referían a comunidades autónomas como Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha, y por supuesto la Comunidad Valenciana, contra la que el eurodiputado laborista británico Michael Cashman ha emprendido una batalla que parece no tener fin, y con la que pretende poner el sello a la legislatura, que concluye en la primavera de 2009 con la celebración de elecciones.
Ayer, los presidentes de todos los grupos políticos de la Eurocámara respaldaron, con el voto en contra del Partido Popular, la elaboración de un nuevo texto impulsado por Cashman que abre un nuevo capítulo al repasar las ilegalidades urbanísticas de todas las comunidades autónomas españolas.
Los fundamentos de los que parten socialistas, verdes y comunistas para alentar la elaboración de este informe son la «violación de los derechos humanos» de los peticionarios que han enviado sus denuncias a la Eurocámara durante los dos últimos años, y la «inseguridad jurídica» en la que se desarrolla el urbanismo español.
Duro golpe al sector
El texto, que será expuesto por la danesa del grupo de los verdes, Margarete Auken, llega en un momento en el que el desplome del sector de la construcción está más que confirmado y, según el eurodiputado popular Gerardo Galeote, expone al sector una nueva caída ya que podría «retraer la llegada de nuevos inversores extranjeros e implica cierto riesgo de aumentar la tasa de paro».
* ABC - LAURA VILLENA - 5.09.2008
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
El juez acusa a la Junta de prevaricación en el Algarrobico
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ELPAÍS/Almería* : La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y su propio plan del parque natural del Cabo de Gata al autorizar el hotel del Algarrobico, de 20 plantas a 28 metros del mar. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, declaró ayer nula la licencia del hotel y pidió al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve indicios de corrupción.
La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, a la que luego se sumó la Junta. La resolución, contra la que cabe recurso, cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.
El juez ordena a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento y a la Junta al advertir presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio en su actuación.
Para el magistrado, la Administración autonómica no solamente "no ejerció" sus potestades y facultades en defensa del interés general sino que modificó los planos del parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal.
Esta conclusión, mantenida por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar desde que en 2005 empezó la lucha judicial contra el proyecto de la empresa Azata del Sol, lleva al magistrado a acusar de "abulia y desidia" tanto a la Administración autonómica como al Ayuntamiento de Carboneras en la defensa del medio ambiente.
En relación con la Ley de Costas, el magistrado atribuye a la Corporación local, presidida por el socialista Cristóbal Fernández, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros en esa zona.
La Corporación local siempre defendió que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables y que, como el resto del municipio, las edificaciones podían alzarse a 20 metros de la orilla.
Pero el juez también tilda de "pasiva y condescendiente" la actuación de la Junta de Andalucía al considerar que no hizo nada para que el Consistorio cumpliera la Ley de Costas.
Para el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val, el dictamen del juez supone todo un triunfo de la legalidad y reafirma los presupuestos de los conservacionistas sobre la ocupación ilegal de la servidumbre de costas de 100 metros. "La sentencia afirma que el Ayuntamiento conocía perfectamente que la servidumbre a aplicar era de 100 metros antes de conceder la licencia, haciéndolo claramente responsable del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, junto con la Junta de Andalucía", explicó Del Val.
El Ayuntamiento de Carboneras trasladó su disconformidad con la sentencia y anunció su intención de interponer un recurso de apelación ante el TSJA. Rosario Fernández, segunda teniente de alcalde y hermana del regidor de la localidad, Cristóbal Fernández (PSOE), aseguró que el equipo de Gobierno "no comparte" la decisión del Juzgado, si bien expresó su respeto al sistema judicial.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, declaró que la sentencia "da la razón a la Junta". Azata del Sol no quiso pronunciarse ayer sobre la sentencia del juez Rivera.
El Ministerio de Medio Ambiente rehusó también pronunciarse sobre la resolución judicial "hasta que el gabinete jurídico del ministerio no estudie en profundidad su contenido".
El anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, inició un expediente expropiatorio y dictó una resolución por la que se declaró la utilidad pública de los bienes y derechos situados en la servidumbre de protección de 100 metros.
Fuentes oficiales del ministerio confirmaron días atrás que estaba "previsto" que el próximo otoño se decidiera sobre la continuidad del expediente expropiatorio. Las mismas fuentes apuntaron entonces que serían "determinante" las resoluciones judiciales pendientes.
La empresa promotora del proyecto, Azata del Sol, ha reclamado 100 millones de euros a la Administración por la expropiación.
Las acusaciones
El juez acusa a la Junta y al Ayuntamiento de Carboneras de "abulia y desidia" en la defensa del medio ambiente
Censura "la burda maniobra" de la administración autonómica para modificar planos del parque de Cabo de Gata
La sentencia entiende que hay indicios de delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio y ordena investigar a la fiscalía
* ELPAIS.com - M. J. L. D. / R. M. - Almería / Madrid - 06/09/2008
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 06/09/2008
Foto: El hotel promovido por Azata del Sol en El Algarrobico- JULIÁN ROJAS, elpais.com
Refinería No y Térmicas No se manifestarán el domingo a las puertas del Teatro Romano
EXTREMADURAALDÍA* : Las Plataformas Ciudadanas “Térmicas No” y “Refinería No” han convocado una manifestación para el próximo domingo, 7 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en la calle Ramón de Mérida, una zona cercana al Teatro Romano de la capital extremeña, lugar donde se va a celebrar los actos institucionales por el Día de Extremadura.
En una rueda de prensa, los representantes de Refinería No, Bernardo Clemente, de Térmicas No a nivel regional, Inés Gallego, y de Térmicas No de Valverde Mérida, Mercedes Sáez, leyeron un manifiesto en el que indicaron que a este asistirán, por un lado, los de la franja negra de la bandera extremeña, que son los gobernantes de la región y, por otro, los de la franja verde, que son los que estarán en la calle pidiendo “aires limpios, las aguas puras”.
Las razones que les conducen a manifestarse son varias, tales como que los que impulsan políticamente el proyecto de la refinería y las térmicas “no les ofrecen confianza”, ya que, según ellos, son numerosas las “irregularidades” del procedimiento de exposición pública.
En este sentido, y a modo de ejemplo, citó la inversión de fondos públicos en este tipo de industrias, denunciadas ante la Oficina Europea contra la Corrupción (Olaf), o la “incompatibilidad” del titular de Refinería Balboa, Juan Sillero, dictaminada por sentencia judicial.
También sentenció que “no les ofrece confianza” el empresario Alfonso Gallardo, quien ha sido llevado ante los tribunales por delito ambiental, condenado a devolver ayudas irregulares, considerado por el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes como uno de los “mayores contaminadores” de España y de Europa y cuyas empresas tienen una de las tasa de siniestralidad más altas de la región, además de “no contratar” a mujeres.
Por su parte, Mercedes Sáez manifestó que estas plataformas ciudadanas “no se sienten identificadas” por los políticos, ya que “les tienen restringido el acceso a la mayoría de los medios de comunicación, como el caso de Canal Extremadura, además de negarles cualquier posibilidad de un debate público, abierto y veraz sobre estas industrias altamente contaminantes”.
NOTICIAS DE ACTUALIDAD
En su intervención, Inés Gallego mencionó algunas noticias recientes, como que el alcalde de Valverde de Mérida, a petición de Térmicas No, va a presentar una moción para el próximo Pleno, donde se compromete a no iniciar ninguna modificación o revisión de la normativa urbanística de esa localidad con el propósito de recalificar y adaptar los usos de los terrenos en los que se pretende instalar Powe SL, la central térmica de ciclo combinado, tanto si se tramita o no el proyecto de interés regional.
Además, recordó que el alcalde de Alange dio recientemente “por muerto” el movimiento de Térmicas No en la localidad, ante lo que Gallego aseveró que éste se ha integrado en otras seis plataformas similares.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Por otro lado, Inés Gallego anunció que durante el próximo otoño se hará otra manifestación en la comarca, además de abrir una campaña pública para denunciar que Canal Extremadura “no les deja debatir este asunto de forma pública”.
* Extremadura al Día - Gloria Pajuelo - 5.09.2008
Foto: representantes de Refinería No, Leonardo Clemente, de Térmicas No a nivel regional, Inés Gallego, y de Térmicas No de Valverde Mérida, Mercedes Sáez enla rueda de prensa - extremaduraaldia.com
Las administraciones tienen ´una actitud complaciente´ con los delitos medioambientales
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga culpa en su memoria anual a las administraciones locales y autonómica de una "actitud complaciente y poco beligerante" ante infracciones en delitos sobre el medio ambiente en la provincia, tras registrar un incremento del 25 por ciento en las diligencias incoadas en esta materia en 2007.
En el informe, al que tuvo acceso Efe, se califica de "extraño" que no lleguen más denuncias desde la Consejería de Medio Ambiente a pesar de tener un cuerpo de agentes dedicado al sector, sobre todo en una provincia "en la que existen tantas actuaciones que pudieran ser delictivas en todo su territorio".
Por ello se pide "una mayor adscripción de medios personales y materiales en la actividad inspectora de dicha consejería", a pesar de que el cuerpo de agentes tiene más de un centenar de efectivos en la provincia.
El Ministerio Fiscal también hace referencia a la actividad en este sentido de la Consejería de Cultura, que califica de "meramente testimonial" (sólo ha presentado tres denuncias en 2007), ya que "resulta difícil de creer" que en Málaga "haya tan pocos atentados contra el Patrimonio, que siquiera indiciariamente, no presenten caracteres delictivos".
En el ámbito local, la Fiscalía destaca la labor de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que ha duplicado sus denuncias, mientras que en el resto de consistorios de la provincia ha descendido significativamente, sobre todo en el municipio de Vélez-Málaga.
Alcaldes. La memoria hace hincapié en "la gran cantidad de denuncias interpuestas" contra distintos alcaldes de diversos municipios de la provincia de Málaga, tanto del interior como de la costa, lo que "da que pensar" que el problema del desarrollo urbanístico se da "en todos los municipios en general".
Por ello, los delitos contra la ordenación del territorio siguen siendo "el gran problema" de la provincia, y comienzan a ser frecuentes las denuncias contra alcaldes o corporaciones municipales por "la actitud complaciente con las obras realizadas" y por la concesión de licencias municipales contra los informes técnicos y, "a veces por acuerdo entre los responsables políticos y técnicos".
La Fiscalía asegura en el informe que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados" que aquella en la que se recojan los que tienen alguna actuación iniciada por parte de la Fiscalía.
Mientras que en la costa la mayoría de los delitos consisten en prevaricaciones urbanísticas, en el interior (donde también aumentan los de este tipo) se aglutinan las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, ante lo que los ayuntamientos generalmente "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectores", según el Ministerio Fiscal.
* La Opinión de Málaga - EFE - 05 de septiembre de 2008
Foto: Estepona (Málaga), demolición hotel Prasa - laopiniondemalaga.es
El mapa del ruido de Barajas 'es falso', según sus vecinos
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ELMUNDO/Madrid* : Si formaran una sola ciudad, ésta sería tan grande como el municipio de Málaga. Pero no están en Andalucía, sino en Madrid, y no conforman una sola ciudad, sino un mosaico de poblaciones alrededor del aeropuerto de Barajas. Son, en concreto, las casi 500.000 personas que sufren los reactores de los centenares de aviones que pasan cada día por una de las estaciones más concurridas de Europa.
Y se quejan, mediante sus representantes políticos, de que el ruido sigue siendo "infernal" y "ni Fomento ni Aena tienen interés en arreglar nuestros problemas", dicen.
En concreto, se quejan de que la huella acústica vigente actualmente es "falsa" por "conservadora", que el ruido molesta a muchos más vecinos de los teóricamente afectados, y que «no hay voluntad del Gobierno central ni de Aena de hacer un mapa de huella acústica real», dice David Erguido, representante del Ayuntamiento de Algete.
La clave de la cuestión: el dinero que Aena tendría que gastarse en insonorizar todas y cada una de las viviendas que, según los alcaldes de estas localidades, se ven afectadas por el ruido de Barajas.
La entidad tiene la obligación de correr con los gastos de insonorización de las viviendas construidas antes que la T-4, y la cantidad no es moco de pavo: de media, unos 40.000 euros por hogar según los cálculos del Ayuntamiento de Algete.
Larga polémica
¿Y cuántos de los posibles afectados quedarían fuera del mapa de ruido de Barajas que proponen Aena y Fomento? Según Erguido, "tal vez un 20% o un 25% incluso, hablamos de que la huella que ellos nos venden es muy restrictiva, pero de largo. Date cuenta de que una casa puede registrar en un determinado momento 90 decibelios, pero cuatro segundos después cinco. Ellos hacen una media, y de ahí no salen".
La polémica es larga, pero el último episodio se produjo en mitad del verano. "Ahí, en julio, Aena nos ofreció su última huella acústica, la que supuestamente había realizado con sus últimos cálculos. Era de nuevo conservadora y en realidad muy parecida a la anterior. La rechazamos de plano", explica Erguido.
"Lo habían hecho sencillamente en base a criterios matemáticos, haciendo una media entre las rutas, los puntos de salida y entrada del aeropuerto a norte y sur, y no tenía relación alguna con la realidad: era pura teoría, cuando lo que pasa es que en el aterrizaje y el despegue de aviones hay muchos factores que cambian. Además, en aquella huella ni siquiera se calculaba si un avión iba a 3.000 o a 300 metros, cosas tan básicas como esa", asegura.
Por todo ello, a finales de 2006 los ayuntamientos se plantan y exigen un cambio de la huella acústica que recoja de forma fidedigna el impacto de la T-4. Así, en septiembre de 2007, hace exactamente un año, comparece en el Congreso de los Diputados la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, y asegura que se realizará un nuevo mapa de la huella acústica actualizado y real, calculando la ampliación.
En julio pasado Aena presenta definitivamente en la comisión el nuevo mapa, "supuestamente calculado mezclando micrófonos sobre el terreno y métodos matemático".
El resultado no convence a los representantes de los ayuntamientos por conservador, "porque sencillamente barre para casa, para ellos", dice David Erguido.
El ruido en Algete
Por ejemplo, denuncia que el casco urbano de Algete "no forma parte teóricamente de su mapa de huella acústica, pero sí le llegan ruidos". Lo mismo sucede, asegura, con las urbanizaciones Nuevo Algete y Valderrey.
El umbral mínimo de ruido recibido para que una vivienda tenga derecho a indemnización por ruido es de más de 65 decibelios por el día, y más de 55 por la noche, según los estándares pactados en la propia comisión.
Erguido también asegura que Aena hace "trampas" cuando calcula las llamadas zonas isófonas, "porque se hace algo así como una media temporal, pero lógicamente hay momentos en que un lugar recibe 80 decibelios y un segundo después no recibe ni uno".
* El Mundo - QUICO ALSEDO - 4.09.2009
Foto: Un vecino de San Fernando de Henares se tapa los oidos mientras un avión sobrevuela el municipio. /Gonzalo Arroyo, elmundo.es
El Parlamento Europeo ordena un tercer informe sobre el urbanismo en España
ELPAÍS* : La Junta de Portavoces del Parlamento Europeo encomendó ayer a la Comisión de Peticiones la elaboración de un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea española bajo el título "El impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea, basado en las peticiones".
La ponente del informe será la eurodiputada danesa Margarete Auken, del Grupo de Los Verdes.
El presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del partido conservador Unión por la Europa de las Naciones, instó personalmente la elaboración del nuevo informe. En una carta remitida a la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo, Libicki apunta que la Comisión de Peticiones ha constatado "los problemas con que han tropezado varios miles de ciudadanos europeos que han elegido comprar propiedades en España" y cómo persiste su preocupación "en torno a la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en varias regiones españolas". Libicki destaca que los problemas afectan tanto a ciudadanos españoles como a no españoles.
El presidente de la Comisión de Peticiones alude, en primer lugar, a varios aspectos que podrían lesionar derechos consagrados por la legislación europea. En primer lugar, violaciones del derecho a la propiedad "legítimamente adquirida, consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos y en el Artículo 6 del Tratado de la Unión, relativo al derecho a establecerse".
En segundo lugar, alude a posibles violaciones de la norma europea de contratación pública en el desarrollo de grandes proyectos de urbanización en la Comunidad Valenciana, un asunto que, recuerda Libicki, la Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Estrasburgo.
La tercera colisión con la normativa europea que cita Libicki se refiere a los problemas ambientales que genera el "efecto acumulativo" de los grandes proyectos de urbanización en "las regiones costeras de Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña".
Finalmente, Libicki cita "muchas construcciones ilegales, algunas amenazadas de demolición. Un problema que afecta a miles de personas que compraron sus propiedades de buena fe a intermediarios sin escrúpulos que a veces han sido protegidos por autoridades locales".
Libicki recuerda que la Eurocámara aprobó una breve resolución al respecto en junio tras un debate en la Comisión de Peticiones. Pero considera "importante consolidar la posición del Parlamento a través de un informe sustantivo" a partir del cual "la Cámara pueda adoptar una opinión fundada antes de las próximas elecciones europeas", previstas en junio de 2009. "El asunto es de la mayor importancia y afecta a las vidas de muchos, sobre todo al creciente número de jubilados que se han desplazado a España para disfrutar su retiro". Libicki apunta el impacto ambiental de las grandes urbanizaciones y, finalmente, recuerda el "dramático vuelco que ha sufrido el sector de la construcción" en España, "un asunto que debe incorporarse al informe".
El Grupo Popular Europeo votó contra la elaboración del informe y arremetió contra los socialistas españoles por apoyarlo. El eurodiputado Gerardo Galeote denunció la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".
El socialista Joan Calabuig, que ocupó un escaño en el Parlamento Europeo hasta las pasadas elecciones generales, recordó a Galeote que Libicki "es lo más alejado a un socialista" y que las quejas ante la Comisión de Peticiones las presentan ciudadanos que "recurren al Parlamento Europeo porque no reciben respuesta" en otras instancias. Calabuig lamentó el desprecio de la Generalitat hacia "el peso moral y político" del Parlamento Europeo y sugirió que el descenso de actividad en el sector de construcción aconseja elaborar nuevas leyes acordes con las exigencias de la UE.
* ELPAIS.com - MIGUEL OLIVARES - Valencia - 05/09/2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Protesta vecinal por el nuevo polígono de Castellar
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : La plataforma ciudadana Aturem Can Bages ha denunciado que la construcción de un nuevo polígono en Castellar del Vallès, el tercero del municipio, causará un grave daño al ecosistema de la comarca. Los trabajos han empezado con la tala de varios árboles. Cuando se despeje el solar, de unos 500.000 metros cuadrados, se urbanizarán unos terrenos que rodean una masía del siglo XVI.
La tala afecta a encinas, pinos, robles y olivos, árboles autóctonos que sirven de hábitat para muchas especies. "Hemos observado pisadas y rastros de animales que están empezando a huir del lugar", explicó ayer Xavi Arderius, miembro del colectivo. El polígono cortará el corredor biológico que va de la Selva al Penedès a través del Parque Agrario del Vallès, algo que han denunciado varias entidades conservacionistas de la comarca.
La plataforma Aturem Can Bages afirma que el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, lo que ha sido confirmado por el propio ayuntamiento: "El plan se tramitó en 1999, cuando no se necesitaba tal estudio, dado que la ley entró en vigor en el 2006 sin carácter retroactivo", explicó Aleix Canalís, concejal de urbanismo.
La asociación ciudadana también avisa de que el polígono provocará un incremento del tráfico. "Se prevé un aumento de 6.000 coches diarios, pero en el caso de que las instalaciones se dediquen al sector terciario serán unos 15.000", señaló Arderius.
* El Periódico - ALBERT SEGURA - 4.09.2008
Foto: Castellar del Vallès (Barcelona) - flickr.com
Sale concurso urbanización del Montíboli, sin agua ni luz desde hace 10 años
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Villajoyosa ha sacado a concurso las obras de urbanización del sector TS-2 Montobioli 2, que beneficiará a 1.000 vecinos instalados en la zona desde hace diez años sin agua ni luz, según ha informado hoy el concejal de Urbanismo, Vicent Serra.
Se trata de los residentes en la avenida de Europa y las calles de Finlandia, Dinamarca, Inglaterra y Alemania, en un área de 313.000 metros cuadrados.
Según el concejal, cuando finalicen las obras los vecinos tendrán los servicios mínimos en materia de infraestructura urbanística, como el asfaltado de sus calles o la incorporación de los servicios de agua potable, alumbrado público, alcantarillado, recogida de basuras y el de telefonía, pendiente de desarrollar desde hace una década.
La financiación del proyecto está contemplada en los presupuestos municipales para 2008 y cuenta con una consignación de 4.211.000 euros.
Serra ha expresado su satisfacción por ver resuelta una demanda vecinal que hasta ahora no era atendida y ha afirmado que esta situación viene heredad de "mandatos anteriores".
"A pesar de la lentitud y complejidad del proceso administrativo para solucionarlo, estamos ya en disposición de asegurar que las etapas para hacer efectivas las obras se van a cumplir, esperando que se lleven a cabo en el menor plazo posible", ha concluido.
* Información - EFE - 04 de septiembre de 2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - diarioinformacion.com
El impacto ambiental de las construcciones ilegales
JOSÉ ALBERTO REXACHS* : Cuando hablamos de impacto ambiental rápidamente pensamos en la contaminación de los suelos, los vertidos al mar, las emisiones contaminantes a la atmósfera... pero hay otro impacto ambiental mucho más presente y continuo en nuestra sociedad y que no siempre reconocemos: las construcciones ilegales.
La problemática de las construcciones ilegales es muy amplia, desde ser simplemente un problema burocrático por la falta de alguna documentación fácilmente subsanable, hasta la ocupación de suelos rústicos que no permiten asentamientos o incluso de espacios protegidos. Y aún así, cada caso concreto es un mundo. Pero en cualquier caso siempre ocurre lo mismo, no se ha cumplido con la legislación urbanística, una legislación que, a priori, busca ordenar adecuadamente el territorio para beneficio de todos compatibilizando su aprovechamiento con su protección y conservación.
Pero está visto que la gestión del territorio sigue siendo algo pendiente. En Lanzarote siguen esperando a regularizar una veintena de hoteles ilegales, en Fuerteventura se han denunciado la construcción de chalés en Tindaya y se construye un hotel dentro de un plan anulado por la Cotmac por ocupar suelo del Parque Natural de Jandía, en Tenerife está previsto que varios asentamientos sean demolidos por el Ministerio de Medio Ambiente... y así podríamos seguir enumerando casos en cada una de las islas y en el resto del territorio nacional. Un ejemplo de la situación en España son los informe anuales de Greenpeace "Destrucción a toda costa".
En 1997 el Gobierno de Canarias abrió un proceso para regularizar unas 30.000 viviendas ilegales en todo el archipiélago con el objetivo de marcar un punto de inflexión creando posteriormente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para velar por el territorio. Sin embargo, aún en 2006 Canarias era la comunidad con mayor volumen de construcciones ilegales y la Agencia expedientaba a 1.046 construcciones ilegales. Y cifras similares se barajaron en 2007. Otro ejemplo es el proceso de regularización de viviendas ilegales iniciado en Telde hace unos años, donde se recogieron 1.500 solicitudes de viviendas ilegales, sin bien parte de ellas estaban en ese grupo de amnistiados de 1997. La cosa no funciona.
Resolver esta situación es compleja. Hay que estudiar cada caso uno a uno. En algunos casos se tratan de viviendas que tienen más de 50 años que fueron construidas mucho antes de que se publicara cualquier plan de ordenación. Pero en otros nos encontramos viviendas construidas, como quien dice, anteayer y en zonas donde están totalmente prohibidas las construcciones con planes de ordenación en vigencia cuando se iniciaron las obras. Son situaciones distintas que se resolverán de manera distinta.
Pienso que en parte es un falta de concienciación. Nadie considera que construir una vivienda en un suelo no apto para ello es un impacto ambiental, y menos si el terreno es suyo. En algunos casos resulta además paradójico que teniendo recursos para construir una casa no lo inviertan en comprar o alquilar una casa o un piso en suelo urbano o en un asentamiento. Luego llegan las denuncias y las lamentaciones... Y realmente es un problema ambiental. La idea de que es sólo una casa y está cerca de aquella otra impide percibir la visión de conjunto donde cientos de construcciones van ocupando poco a poco cada vez más suelo rústico. Y ese suelo ocupado por construcciones en muy raras ocasiones es recuperado para la naturaleza, las construcciones sin ordenación van salpicando y mermando la calidad del paisaje y la fauna y la vegetación va perdiendo territorio donde poder desarrollarse y sobrevivir. Y mientras, miles de viviendas vacías en las ciudades.
Es un problema que hay que resolver desde diferentes flancos: concienciación, labores de inspecciones más efectivas, legislación, alternativas para los propietarios de terrenos, valorizar el suelo rústico (para uso agrícola, pastoril, por su valor paisajístico...), fomentar y facilitar el alquiler y la adquisición de viviendas existentes... Debe lograrse una mejor adecuación entre los intereses públicos y privados, ¿qué puede hacer un propietario que tiene un terreno protegido por su valor paisajístico y que no puede aprovechar de ninguna manera, ni para cultivar ni para construir ni para pastoreo? Es una situación extrema e hipotética, pero con la que quiero reflexionar acerca de cuando se da preferencia al uso público (el valor paisajístico en este caso) frente al privado. Algo similar es lo que ocurrió con los islotes del Archipiélago Chinijo, donde los propietarios están llegando a un acuerdo para que la administración se los adquiera para que pase a ser patrimonio público dado que ya constituyen un espacio protegido. Y por supuesto, debe de terminarse de ordenar todo el territorio canario, pues el planeamiento dará seguridad jurídica al ciudadano y resolverá incertidumbres.
Con esta entrada he querido hacer una pequeña reflexión personal acerca del complejo problema de la ocupación ilegal del territorio, y más en el caso de un archipiélago donde el suelo es muy limitado. Es un problema que debe resolverse ya para beneficio de todos, con el compromiso de los propietarios y con la colaboración y firmeza de la administración pública. De nada sirve que una administración actúe con celeridad contra un poblado, mientras otra tarda años y años en resolver la situación de una macro-construcción ilegal, por poner un ejemplo.
Por cierto, en Internet puedes encontrar algunas webs de información territorial muy útiles. Algunos ejemplos son los mapas del Gobierno de Canarias en el IDECan, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, o incluso la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente para colaborar con los propietarios a alcanzar un equilibrio entre el uso de un suelo y su conservación.
* Canarias 7 - Blog El Verdal - 4.09.2008
Greenpeace solicita a Espinosa la 'demolición inmediata' de El Algarrobico
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EFE* : La organización ecologista Greenpeace ha pedido hoy a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, la 'demolición inmediata' y urgente del hotel El Algarrobico, construido ilegalmente en la playa del mismo nombre en el Parque natural del Cabo de Gata.
En un comunicado difundido tras un encuentro con Espinosa, los ecologistas piden 'que se cumpla así el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de eliminar esta agresión urbanística'.
En el encuentro con la ministra la organización ha puesto también sobre la mesa una serie de demandas 'que consideran deben llevarse a cabo desde el ministerio para impulsar la agenda ambiental'.
Entre las mismas se incluyen que evite la ampliación del Puerto de Tarifa, la oposición activa a la energía nuclear por parte del ministerio de Medio Ambiente y la creación de una Reserva marina para el atún rojo en las costas de las islas Baleares y de una Agencia de Sostenibilidad química.
Otras de las peticiones de Greenpeace pasan por la puesta en marcha de una Estrategia de Sostenibilidad para las costas españolas, que funcione adecuadamente el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) y una política de aguas que considere a la misma como un recurso natural y excluya las grandes infraestructuras, además de negarse a las 'licitaciones express' de obras públicas.
Por último, ha solicitado que se eviten los cultivos transgénicos en España y que se complete el listado de espacios costeros y marinos que formarán parte de la Red Natura 2000 antes de finales de 2008.
'Estas propuestas tocan algunos de temas más acuciantes en materia ambiental. Esperamos que la ministra las tenga en cuenta y sirvan de base para una política ambiental más activa por parte del ministerio. Estos seis meses de pasividad del gobierno en materia ambiental no pueden continuar', ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.
* Terra Actualidad - EFE - 04.09.2008
Foto: Algarrobico ILEGAL (Almería) - A.Rodríguez (EFE)
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el PGOU de Prado del Rey
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sentencia anulando la aprobación definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Prado del Rey.
A demanda de una particular, el Tribunal declara ilegal la resolución de 31/7/2006 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de Cádiz por la que se aprueba definitivamente el PGOU de Prado del Rey.
El Tribunal basa esta anulación en el hecho de que la resolución de aprobación incluye un extenso Anexo de reproches al mismo por el que se suspenden numerosas determinaciones del PGOU aprobado. La CPOTU aprobó el PGOU en una sorprendente resolución, en la que se incluye una severa crítica al mismo, exigiendo modificaciones. Entre las modificaciones exigidas se encuentran algunas de tanta trascendencia como:
- Que se incluya una categoría de Suelo No Urbanizable Protegido por Interés Paisajístico, pues aunque en el Estudio de Impacto Ambiental se reconoce la existencia de áreas de interés paisajístico, no se protegen en el PGOU.
- Se consideran los crecimientos urbanísticos desmesurados, y aún así se aprueba la construcción las 2.151 nuevas viviendas para un crecimiento demográfico que el mismo PGOU estima en 437 nuevos habitantes en el horizonte del PGOU, hasta el año 2015. La CPOTU estima que estos nuevos crecimientos irán destinados a acoger población externa y que traerán como consecuencia el consumo de recursos como el territorio, el paisaje, agua…
- En relación con PP 5 «Los Castillejos», que incluye un campo de golf y 400 viviendas, la resolución estima que incumple la LOUA, que estipulan que hay que optar por modelos “que mejor aseguren la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión y mejorando…”, y el POTA que prescribe que «el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo.» Concluyendo que "El crecimiento propuesto por el Plan General de 2.151nuevas viviendas resulta desmesurado, entrando en contradicción con el modelo de desarrollo urbanístico propuesto por el POTA que recoge entre otras directrices: «La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación por la tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos 10 años».
- En relación con el Plan Especial «El Cruce», en terrenos ubicados en el Parque Natural Los Alcornocales, se determina que no poseen las condiciones establecidas en Ley 7/2002 para poder ser considerados como urbano. El objetivo del Plan Parcial debe ser regularizar la situación ya existente sin considerarse justificado el gran aumento propuesto en el número de viviendas con respecto al actual.
- La Junta estimó que con la oferta de viviendas incluidas en las Unidades de Ejecución en suelo urbano y planes parciales PP 4 y PP 1, ubicados junto al casco urbano, se estaría ya dando respuesta a la demanda propia de los habitantes de la localidad y a una considerable población turística.
Estas terminaciones de la CPOTU coinciden plenamente con las alegaciones que ha venido presentando Ecologistas en Acción y que han sido sistemáticamente desestimadas por el Ayuntamiento sin justificación de ningún tipo.
En la Sentencia los Magistrados dejan claro que:
- La Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones a propósito de aprobaciones de este tenor, llamando la atención de “las numerosísimas determinaciones suspendidas que deben ser objeto de subsanación”. Insistiendo en que al PGOU le corresponde la ordenación integral del territorio, en cuanto debe de ordenar urbanísticamente todos los aspectos del territorio municipal, resaltando “que le corresponde definir los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio. Lo cual, evidentemente, mal se compadece con la alegación que parece justificar el plan general simplemente por ordenar el centro de la ciudad, el suelo urbano”. Dicho lo anterior, a los magistrados le “resulta evidente” que “cabe la aprobación definitiva parcial del plan general cuando no se desvirtúe ni se desconozca los caracteres básicos que identifican a un plan de ordenación urbanística”.
Por todo ello, el TSJA FALLA estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la referida resolución de la CPOTU de Cádiz por la que se aprobó definitivamente el PGOU de Prado del Rey, que “debemos anularla y la anulamos”
Ecologistas en Acción presentó una demanda ante el TSJA contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, de 13 de noviembre de 2007 relativo a la aprobación del documento del Texto refundido del PGOU de Prado del Rey, demanda que ya carece de sentido al haber sido anulado dicho PGOU.
Ante esta contundente Sentencia, al Ayuntamiento no se le ocurre otra cosa que tramitar el mencionado Plan Parcial “Los Castillejos”, que está actualmente en periodo de información pública. Ecologistas en Acción va a solicitar la paralización de dicho Plan, entre otras cosas porque los terrenos están clasificados como no urbanizables, y a la TSJA solicitaremos la ejecución de la Sentencia, paralizando todos los proyectos previstos en el PGOU anulado.
* Ecologistas en Acción de Cádiz - 4.09.2008
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
Vecinos del Llombai-Monges recusan a Calpe y a Perelló por sus relaciones indirectas con el PAI
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LEVANTE/Castelló* : Una quincena de vecinos del PAI industrial de Llombai-Monges presentaron ayer sendos escritos de recusación contra el alcalde de Burriana, José Ramón Calpe y el concejal de Urbanismo, Javier Perelló, solicitando que ninguno de los dos tome parte en las decisiones que sobre el proyecto se deban de tomar atendiendo a que los dos están o han estado relacionados, directa o indirectamente, con intereses particulares en el proyecto.
Precisamente esta tarde, en el pleno ordinario de septiembre, estaba previsto que el pleno aprobase el proyecto de reparcelación pese a las peticiones de dejarlo sobre la mesa de afectados y de grupos políticos como el PSPV. Si se sigue el protocolo que se ha dado en otros casos similares, el alcalde debería resolver primero la recusación contra Perelló y sería el pleno el encargado de votar si se acepta o no la recusación contra la alcaldía. Hasta que este proceso no se realice, la tramitación del PAI no puede continuar, por lo que habrá que esperar a la decisión que se tome por parte del equipo de gobierno de cara al pleno de esta tarde.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, las recusaciones contra los dos populares están basadas en las relaciones personales y profesionales de ambos con personas y entidades con intereses concretos en el proyecto. Así, en la recusación planteada contra el munícipe se asegura que tanto Calpe "como sus dos hermanos" han asesorado en los dos últimos años como abogados "a diversos interesados y propietarios de suelo incluido en el sector de suelo urbanizable industrial Llombai-Monges, entre ellos el sindicado de riegos".
Así, plantean que si el alcalde llegase a negar estos extremos se realice "con intervención de esta parte una declaración testifical al recusado y que se solicite al Sindicato de Riegos de Burriana que manifieste si el recusado o sus hermanos les han asesorado".
En el caso de la recusación de Perelló, los quince vecinos firmantes solicitan que el concejal se abstenga de participar en la votación de esta tarde por mantener una "amistad íntima" con Enrique Granell, administrador solidario de Urbanizadora Llombai SL, "agente urbanizador de dicho sector de suelo, propietaria de numerosas fincas incluidas en el sector y que es quien ha presentado el proyecto de reparcelación cuya aprobación se somete a pleno".
Como prueba, los vecinos recuerdan que el coche que conducía el concejal "anteriormente era utilizado por el señor Granell" y que además, el edil "come o almuerza con cierta regularidad con el administrador". De igual manera se solicita que se tome declaración testifical a ambos al respecto si el edil lo negara.
* Levante-EMV - Victoria Salinas, Burriana - 04 de septiembre de 2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
Los vecinos denuncian las obras en Chiva del mayor karting de Europa por falta de licencia
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LEVANTE/Valencia* : Los responsables de la plataforma para la protección y conservación de la Sierra de Chiva han denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil las obras de movimientos de tierra de la mayor pista de karting de Europa que se construirá en el municipio Hosoju.
Según consta en la denuncia, este grupo -que reclama la declaración como parque natural de la sierra- insiste en que esta instalación está sujeta a la Autorización Ambiental Integrada y a la Declaración de Interés Comunitario, que está en fase de tramitación y que todavía no ha aprobado la conselleria de Urbanismo y Medio Ambiente.
Sin embargo, y aunque no se han aprobado por tanto todos los permisos y autorizaciones previas al inicio de las obras que requiere el proyecto al encontrarse en suelo no urbanizable, varias máquinas de gran tonelaje llevan semanas trabajando en las proximidades del barranco Grande, en Chiva, para allanar los terrenos y preparar la zona que ocuparán, según detallan desde la plataforma, las futuras gradas de la pista que promueve el Hogar Social y Juvenil del padre Fernando Giacomucci.
Las características del complejo deportivo -que además de la pista de casi 1,5 kilómetros contará con un edificio para la torre de control, paddock y una amplia oferta de servicios como restaurantes, gimnasio y una zona para socios- exigen que la conselleria deba aprobar una autorización ambiental integrada que regule, además del impacto ambiental, cuestiones como los vertidos de aguas residuales y las emisiones de las instalaciones.
Por ello y en nombre de la plataforma, su presidente, Julio Rodrigo, ha solicitado a los agentes del Seprona que analicen los hechos "por si son constitutivos de delito" y paralicen "si fuera necesario" las obras hasta que se haya aprobado definitivamente la Autorización Ambiental Integrada.
Sólo limpieza y desbroce
Por su parte, desde la promotora insistieron en que los trabajos que se han llevado a cabo "son plenamente legales" e insistieron en que, hasta ahora, "sólo hemos desbrozado y limpiado la zona al amparo de una licencia para acondicionar, limpiar y vallar el terreno que nos otorgó el ayuntamiento de Chiva para tales trabajos. Aquí -matizaron- nadie ha comenzado la obras de nada ni ha hecho nada más que limpiar el terreno y cualquier otra afirmación es una falsedad". En cuanto a los permisos necesarios, desde Hosoju apuntaron que han presentado "todos los informes que nos han pedido" e hicieron hincapié en que, por el momento, todo "tiene el visto bueno".
* Levante-EMV - Íñigo Roy, Chiva - 04 de septiembre de 2008
Foto: maquinaria pesada. Vista general de los trabajos que se están realizando en la zona que ocupará la futura pista./ miguel ángel de la hoz, levante-emv.com
Sí, menos carreteras
JUAN A. ALDUNCIN* : Se entiende que desde la Asociación Española de la Carretera (EL PAÍS, 29-8-2008) traten de fomentar a toda costa esa clase de infraestructuras. Argumentan que el sector genera mucho empleo, que contamina menos que otros, y que modificar el modelo establecido de transporte iría en contra de las decisiones personales y libres del ciudadano (sic).
Aún habrá quien piense, como hace años, que nuestro país debe avanzar para igualarse a Europa. De hecho seguimos viendo nuevos viales en construcción por mil sitios.
En realidad, la red española de carreteras ha aumentado brutalmente en estos 20 años, y en extensión ya es sólo un 26% menor que la de Francia (de las más densas de Occidente), mientras que supera a la británica en un 78% y a la alemana en un 190%. Esto no parece indicar que vayamos escasos.
Que el transporte por carretera es sumamente contaminante está bastante claro a estas alturas. A la libertad de los ciudadanos habría que dotarla de medios para que fuese plena: mal puedo optar por alternativas a la carretera si el Estado se empecina en priorizar el asfalto pero no el transporte público. Y la generación de empleo... más nos vale que encontremos fuentes de trabajo sostenibles. Porque el aumento indefinido de una red viaria ya muy crecida, no lo es. Cabe pensar incluso que de aquí a poco, con la escasez o carestía de carburantes, muchas de nuestras flamantes carreteras estarán medio vacías.
Lo sensato es frenar ese nivel desmesurado de construcción y dedicarse a restaurar las vías deterioradas. Llegar a tener un sistema de transportes que consuma mucha menos energía que ahora, con unas infraestructuras comedidas, que no hace falta tanto esplendor. Seguro que eso sí beneficiará a la mayoría de la sociedad.
* ELPAIS.com - Opinión - Andoain, Guipúzcoa - 03/09/2008
