ELPAÍS/Alicante* : Vecinos de l'Alfàs del Pi, en La Marina Baixa, plantearon ayer una auténtica demostración de fuerza frente al hormigón indiscriminado al celebrar la primera Conferencia Europea sobre Abusos Urbanísticos, que propuso fórmulas para defender a los propietarios de los excesos de los planes parciales y de las implacables previsiones de crecimiento de esta población, donde hay planificadas 10.000 nuevas viviendas sobre 4 millones de metros cuadrados.
La conferencia, organizada por la Asociación de Vecinos de l'Alfàs, reunió a representantes de las embajadas de Reino Unido, Noruega y Holanda, ya que muchos de los afectados por estos nuevos planes urbanísticos son residentes extranjeros. También acudió la cúpula del colectivo Abusos Urbanísticos No, con una fuerte implantación en La Marina Alta y La Vega Baja, así como asociaciones vecinales de La Nucia y Altea, Ecologistas en Acción y profesores de la Universidad de Alicante.
Ante centenares de personas, los conferenciantes abogaron por seguir los postulados de la denominada doctrina Parcent. Allí la asociación de vecinos logró hace un año frenar tres planes parciales con más de 2.000 nuevas viviendas impulsadas por el anterior gobierno local del PP a través de dos mecanismos: denuncias ante las principales instituciones europeas y una fuerte movilización social.
La doctrina Parcent se hizo famosa en toda Europa y ahora los vecinos de l'Alfàs pretenden seguir el mismo camino para evitar que en poco tiempo este municipio duplique su población, al pasar de sus actuales 29.000 habitantes a casi 70.000. El presidente del colectivo, Marco Perotti, aseveró que la nueva ley urbanística valenciana (LUV) "no ha frenado los abusos y atropellos a los propietarios y permite además la violación de la actual legislación de la UE". Y añadió que "residentes europeos que llevan aquí viviendo treinta años se ven obligados a ceder el 40% de sus propiedades y a pagar por ello por culpa de planes parciales como el del PAI de la Serra (que prevé 2.000 nuevas casas) sin que reciban ningún auxilio por parte de la Administración". Para poner fin a esta situación, preparan denuncias contra el gobierno local de l'Alfàs ante los juzgados españoles y ante los principales organismos de Bruselas y Estrasburgo. También ha recogido 887 firmas contra los abusos urbanísticos y han iniciado, con la celebración de la conferencia de ayer, un amplio programa de movilizaciones sociales en defensa del desarrollo sostenible.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 19/08/2008
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es
Los vecinos de L'Alfàs se movilizan para evitar 10.000 nuevas viviendas
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La cúpula de Turisme Jove se enfrenta a penas de hasta 23 años
DIARIODEMALLORCA* : El ministerio fiscal asegura que Damià Amengual y Juan Francisco Gosálbez "idearon, planificaron y desarrollaron" una estrategia para "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos". Para ello, estos dirigentes del Consorcio Turisme Jove durante la última legislatura de Matas se aprovecharon "de la falta total y absoluta de controles administrativos sobre su gestión".
La querella criminal presentada por Anticorrupción considera que las actividades ilícitas llevadas a cabo por las once personas que hasta ahora se han visto envueltas en la trama son constitutivas de hasta seis delitos diferentes, por los que pueden llegar a ser condenados a 23 años de prisión.
El ´autoalquiler´ de unos locales de Gosálbez -que pagaba la hipoteca de los mismos con el dinero que cobraba a la administración-, el cobro generalizado de comisiones a los proveedores de servicios y el cargo a las cuentas del consorcio de toda suerte de gastos privados son sólo el punto de partida denunciado por la Fiscalía, que no desestima la aparición de nuevos datos relevantes para la demanda.
Malversación continuada
La malversación continuada de caudales públicos conlleva penas que alcanzan los 8 años de prisión y la inhabilitación absoluta durante 20 años; por falsificación documental pueden recibir 6 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial; el mismo tiempo de privación de libertad puede conllevar el delito continuado de cohecho, al que se añade una inhabilitación especial de 12 años. Y la Ley prevé penas de tres años -e inhabilitación especial por diez años- para quienes cometen fraude contra la administración.
A estos actos ilícitos se añaden, además, las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y la prevaricación continuada, castigada con la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de diez años.
Amengual -ex gerente del Consorcio- y Gosálbez -ex jefe de servicios- son los principales querellados en este estadio inicial de las actuaciones legales, aunque la querella de Fiscalía también alcanza a la gestión del ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, y a otras ocho personas.
Entre ellas destacan diversos constructores, publicistas y otros empresarios, que han admitido haber pagado suculentas comisiones a Gosálbez y Amengual para no perder como cliente a una entidad que generaba numerosos encargos, aunque estos comportaran un peaje de hasta un tercio de su importe.
Pero también se denuncia a la ex compañera de Gosálbez, quien ha reconocido su firma en el alquiler fraudulento de locales que despertó este caso tras la investigación llevada a cabo por DIARIO de MALLORCA.
Las acciones llevadas a cabo por los ex dirigentes del Consorcio Turisme Jove han acreditado indicios de malversación de una cantidad que "supera" los 800.000 euros, "de momento". Para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de este delito, Anticorrupción cree necesaria una fianza superior al millón de euros.
Considera el fiscal Pedro Horrach que Gosálbez "utilizó en su propio y exclusivo beneficio" los fondos públicos a los que tenía acceso, destinándolos a viajes, restaurantes y otros pagos suntuarios por nunca menos de 21.000 euros. Idéntica acusación pesa sobre Damià Amengual, por 10.000 euros.
Pero sobre todo, Gosàlbez urdió con ayuda de su ex pareja, María Auxiliadora Pérez de Algaba, la manera de comprar un local con cargo a la administración, blindando el contrato de manera que en aún en caso de rescisión se pagara la hipoteca de 648.000 euros de Algaba. Además, "se apoderaron de 18.957,25 euros" del Consorcio para el alberguismo juvenil, mediante facturas falsas.
Los servicios ficticios, los alquileres fraudulentos y el cobro de comisiones completan la radiografía tomada por Anticorrupción.
* Diario de Mallorca - C. CANALS / B. PALAU. PALMA - 18.08.2008
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
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Centenares de rianxeiros piden que se conserven las casas de O Portiño
LAVOZDEGALICIA* : Varios cientos de vecinos y foráneos decidieron ayer cambiar el paseo dominical para concentrarse en la céntrica plaza de Castelao de Rianxo y dar su apoyo a los propietarios de las tres viviendas que Portos de Galicia tiene planeado expropiar y derribar en la zona conocida como O Portiño, dentro del proyecto de ampliación del vial de acceso a la dársena rianxeira.
Al grito unánime de «recheo si, derrubo non», los manifestantes recorrieron las calles de la villa portando pancartas en las que reivindicaban que los afectados mantengan sus casas porque «todo o mundo ten dereito a unha vivenda digna». Los pitidos y las protestas continuaron cuando la comitiva llegó a la plaza de Castelao, donde decenas de personas aguardaban para unirse a la concentración.
«Falso progreso»
«No nome do falso progreso van amputar unha zona histórica como O Portiño, quizais tan antiga como a vila mesma». Así de contundentes se mostraban los afectados por la ampliación del vial del puerto rianxeiro, quienes, además, quisieron hacer un llamamiento a Portos de Galicia «en nome da sensibilidade e do pobo de Rianxo». Los vecinos pidieron que salvasen O Portiño mientras aún quede tiempo.
«Xentes alleas á vila tentan trocar a nosa historia por unhas toneladas de cemento, rompendo todo o que nos une aos nosos devanceiros». Los propietarios de los inmuebles no aciertan a entender por qué Portos de Galicia no puede comenzar el relleno más allá de sus casas, un proyecto que para ellos sería la mejor opción. «Din que entón habería que facer unha curva, pero nos entendemos que todas as estradas teñen curvas», ironiza Eva Lesende, una de las afectadas.
«Hai outras solucións ademais de tirar as nosas casas centenarias, onde naceron, viviron e morreron os nosos avós, os nosos pais e nós, e onde pensabamos que iamos morrer». La plaza de Castelao prorrumpió en una intensa ovación cuando se escucharon estas palabras, uno de los momentos más emotivos de la concentración.
Mientras, al otro lado de la calle, los rianxeiros comentaban la importancia histórica de la zona donde se ubican las casas y la injusticia que supone esta actuación de la Xunta.
Firmas
Eva Lesende también se sintió indignada con unas declaraciones que el presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga, hizo a los medios de comunicación. «Está dicindo que nas casas non vive ninguén. ¿Como se pode ter tal grao de cinismo?», se pregunta la afectada, que también quiso agradecer como les arropan los rianxeiros en su lucha. «Sei que moitos non puideron acudir á manifestación porque á mesma hora había outra concentración en Vilagarcía», comenta. Sin embargo, los afectados se sienten muy satisfechos del apoyo que les ha brindado el pueblo.
Y como muestra, un botón. Justo después de la concentración de ayer, alrededor de 200 personas decidieron firmar en contra del derrumbe de los inmuebles, unas rúbricas que hay que añadir a las que cada día se recogen en los bares y tiendas de Rianxo y que, hasta el momento, suman cerca del millar.
* La Voz de Galicia - Tamara Montero - 18.08.2008
Foto: Los manifestantes se trasladaron con sus pancartas desde el puerto hasta la plaza de Castelao - SIMÓN BALVÍS, lavozdegalicia.es
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Castelló: Los tribunales y la fiscalía siguen 14 causas por agresiones ambientales en la provincia
LEVANTE* : El repertorio de presuntas acciones de la mano del ser humano contra la madre tierra en Castelló es amplio y engloba edificaciones ilegales en zonas húmedas, supuestas prevaricaciones urbanísticas, aterramientos, negligencias en incendio forestal, carreteras con presuntas afecciones a espacios naturales protegidos y amenazas a especies en peligro de extinción.
Al margen de consideraciones sobre la conciencia ciudadana, los casos investigados evidencian que en buena parte de las denuncias por supuestas agresiones ambientales son protagonistas, directas o indirectas, las propias administraciones que en teoría deben velar por la protección del entorno (Generalitat Valenciana y ayuntamientos).
Un denominador común es la presencia activa del Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) como denunciante en la práctica totalidad de las 14 causas abiertas.
En algunos casos, el colectivo ecologista ha sido el primer denunciante de los hechos. En otros, se ha personado como parte interesada en una causa ya abierta por el juzgado o la Fiscalía.
El listado de investigaciones en los juzgados o en la Fiscalía engloba entre otras la denuncia por edificaciones ilegales en el Marjal de Nules, la desecación por parte de Iberdrola de un humedal con ejemplares de Samaruc en el Grau o el impacto del vial Castelló-Benicàssim, ejecutado por la Generalitat Valenciana, sobre el parque del Molí la Font. En este último caso, la investigación se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Castelló.
Este cóctel de política, urbanismo y espacios naturales cobra especial protagonismo en el municipio de Orpesa. A raíz de una denuncia de Gecen ignorada por el anterior fiscal, la actual Fiscalía ha presentado acusación contra los dos últimos alcaldes, Rafael Albert y Francisco Garrido, y un mínimo de 9 concejales, por prevaricación urbanística y "unas ilegalidades por valor de más de 40 millones de euros" en la venta de 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà.
Tampoco queda exenta de polémica la causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 4 por el impacto ambiental y las supuestas irregularidades cometidas en Santa Bárbara debido a la construcción del Aeropuerto Costa Azahar, un proyecto impulsado personalmente por el presidente de la diputación, Carlos Fabra, y por la Generalitat Valenciana. La investigación del aeropuerto ha estado marcada por diversas paralizaciones judiciales de la obra a causa de su afección al aguilucho cenizo y, actualmente, el juez espera el informe del ecotoxicólogo forense sobre los daños provocados en la zona de Santa Bárbara.
Del interior a la costa
No demasiado lejos de la Plana Alta, en la comarca de l'Alcalatén, la balanza de la Justicia también investiga una posible negligencia en el incendio que arrasó 9.000 hectáreas en seis municipios el 27 de agosto de 2007.
Otro de las polémicas judiciales que marcan la actualidad del interior castellonense se escenifica en los efectos del Plan Eólico impulsado por la Generalitat Valenciana.
Actualmente, siguen abiertas las diligencias de investigación penal por el impacto paisajístico y sobre la fauna de los parques de aerogeneradores, especialmente por la mortandad de aves y la construcción de infraestructuras en espacios protegidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Asimismo, la Fiscalía ha ordenado diligencias por la posible ubicación irregular de un huerto solar en Azuébar dentro del paraje de la Serra d'Espadà. Más próximos a la costa, el trabajo de la Justicia también aborda supuestas construcciones ilegales en el Millars, la afección a una especie vegetal en riesgo (Limonium) en saladares de Torrenostra, el impacto de la urbanización de Sant Gregori (Burriana) sobre la población de galápago europeo, supuestos aterramientos en el paraje natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, las edificaciones ilegales en la Marjaleria de Castelló y, por último, el impacto de la contaminación del polígono industrial del Serrallo por el incumplimiento de la distancia legal de 2 kilómetros respecto a la población más cercana.
* Levante-EMV - Europa Press - 18.08.2008
Foto: Nules-Burriana (Castellón), obras marjal - accioecologista-agro.org
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El único castillo medieval de Madrid está en ruinas y cerrado al público
ELPAÍS* : -Disculpe, ¿cómo se llega al castillo de Barajas? -¿Un castillo? ¿Por aquí? -Sí, bueno, unas ruinas. -Ah, sí, tiene que subir por esta calle...
No hay un solo cartel, ni una mínima indicación que permita al visitante orientarse para llegar al castillo de Barajas, también llamado De Alameda, el único de la época medieval (siglo XV) que tiene la ciudad de Madrid.
Muchos vecinos de Alameda de Osuna ni siquiera saben que tienen en su barrio este testimonio del pasado medieval de la ciudad. Una valla de dos metros y medio de alto, azul y blanca, esconde a la vista buena parte del castillo, encaramado en un promontorio polvoriento. Alrededor, filas de adosados y bloques de un máximo de cinco pisos. El acceso, un camino de tierra. Sólo al llegar frente a la valla, un cartel permite identificar las ruinas que asoman: "Excavación arqueológica en el castillo de Barajas. Fase 2006. Presupuesto: 522.821,13 euros".
El monumento no se puede visitar, se encarga de recordar un vigilante de seguridad a través de una rendija. Y eso que, hace exactamente un año, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, prometió que el castillo de Barajas estaría abierto al público en mayo de 2008. El edil anunció, foto incluida, que su intención era "hacer de este conjunto una dotación cultural a disposición de toda la ciudad, convirtiéndolo en espacio visitable en el que los ciudadanos puedan comprender y conocer un ámbito que abarca 35 siglos de historia". El Ayuntamiento y la Comunidad, explicó, preparaban un plan estratégico para hacer compatibles las investigaciones arqueológicas con las visitas guiadas a los ciudadanos.
De momento, el castillo sigue cerrado, y la maleza, creciendo a su albedrío. Hay matojos tan altos como una persona. Y todavía quedan trozos de botellas vacías en el foso, restos de los botellones que los chavales de la zona organizaban antes de que el recinto se vallara y se contratara a dos vigilantes de seguridad, uno para el día y otro para la noche.
El PSOE denuncia el "abandono" del único castillo medieval de la ciudad. "A pesar de las promesas del alcalde, no existe ningún plan estratégico para mejorar la situación del castillo de Barajas", asegura el portavoz socialista del área de Las Artes, Daniel Viondi. El pleno aprobó en febrero pasado una propuesta del grupo municipal socialista que identifica como Eje Histórico-cultural de la Alameda de Osuna el castillo de Barajas y otros elementos patrimoniales, como el parque del Capricho, el palacio de los Duques de Osuna (siglo XVIII), el panteón de Fernán Núñez (siglo XIX) o el búnker de la Guerra Civil. "Seis meses después no se ha hecho nada. No se ha puesto ni un mísero cartel", se queja Viondi, que cree que con la publicidad adecuada la Alameda de Osuna dejaría de ser una desconocida y se convertiría en una zona turística más de la ciudad.
El Ayuntamiento admite que no ha podido cumplir la promesa de Gallardón, pero rechaza que el castillo esté abandonado. "Los tiempos de la arqueología no son previsibles. Sabes cuándo empiezas pero no cuándo acabas", asegura la directora general de Infraestructuras Culturales, Carmen Rojas. "Ya hemos licitado unas obras sencillas para construir una pasarela y un pequeño centro de acogida de visitantes".
"Cuando el alcalde visitó el castillo, las excavaciones todavía no habían terminado", explica Rojas. Cuando acabaron, a finales del año pasado, "los arqueólogos de la Comunidad de Madrid aconsejaron tapar los restos encontrados para protegerlos. Los inviernos son fatales para elementos que se acaban de descubrir", prosigue. Entre los hallazgos estaba parte de la escarpa y la contraescarpa (muros del foso) del castillo. No hay fecha prevista, admite, para retomar las excavaciones. "No será hasta que tengamos estimación y disponibilidad económica para abordar la siguiente etapa".
Lo que sí está en marcha ya, según la directora de Infraestructuras Culturales, es la construcción de una "preinstalación" o "precentro" que permitirá por fin a los ciudadanos visitar el castillo mientras se llevan a cabo los trabajos de excavación. Las obras, "sencillas", ya están licitadas, asegura. El proyecto consiste en construir una pasarela y una "pequeña edificación en la que acoger a los visitantes". Eso sí, será "de carácter provisional". Varios paneles informativos ayudarán a entender y a valorar esta "zona riquísima en arqueología medieval".
El Ayuntamiento piensa presentar el proyecto en octubre. La finalización de las obras, y la apertura del castillo a las visitas, se prevé para dentro de "tres meses o tres meses y medio", promete Rojas, que todavía no puede precisar si abrirá sólo a determinadas horas o en fin de semana, como el vecino parque del Capricho, un jardín histórico artístico del siglo XVIII.
El castillo de Barajas, del siglo XV, presidía una aldea medieval que más tarde se convirtió en una zona aristocrática destinada a villas de recreo. A mediados del siglo XVIII ya estaba abandonado. A principios del XIX se emplearon sus materiales para construir el panteón de los Fernán Núñez. Por su cercanía al frente del Jarama, se convirtió en un importante enclave militar durante la Guerra Civil. Las primeras campañas de excavación se llevaron a cabo hace 20 años. Fue entonces cuando se descubrieron muestras de diferentes etapas históricas, desde 1.500 años antes de Cristo hasta la época romana.
Lleva desde entonces cerrado, a la espera de convertirlo en un yacimiento arqueológico que puedan conocer y visitar madrileños y turistas. "Una vez hecho el lamento, hay que mirar hacia adelante. Es inútil pensar que lleva así 20 años; lo importante es que ahora lo estamos haciendo", asegura Rojas. El grupo municipal socialista critica que Gallardón ya prometiera en su campaña electoral de 2003 abrir el castillo, una vez rehabilitado, a los ciudadanos. También que no haya pedido a la Comunidad de Madrid que lo declare Bien de Interés Cultural (BIC). Rojas contesta que la petición está implícita, ya que Ayuntamiento y Comunidad trabajan juntos en el plan de actuaciones.
El Consistorio lleva gastados en la rehabilitación del castillo casi un millón de euros, según Rojas. La partida de este año es de algo menos de 200.000 euros. Según datos aportados por el concejal Viondi, Madrid invierte en Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural la "irrisoria" cifra de 474.761 euros, que supone un "ridículo" 0,31% del presupuesto municipal. Y lo compara con los casi 1,4 millones de euros que destina Toledo a conservar y mantener su patrimonio monumental. En su opinión, el mantenimiento del patrimonio madrileño "queda relegado en la agenda del alcalde".
* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 18/08/2008
Foto: Una valla rodea el perímetro del castillo de Barajas- LUIS SEVILLANO, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Madrid
Marbella ejecuta el plan urbano sin aprobarlo
PÚBLICO/Málaga* : El ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, comenzará en breve a conceder licencias provisionales de ocupación de edificios promovidos en la era del GIL y ya construidos, cuya legalidad está impugnada en los tribunales. Lo hará antes de que el nuevo plan urbano (PGOU ) esté en vigor, es decir, antes de que esos edificios sean presumiblemente legalizados.
Y lo hará en virtud de un acuerdo, que fue cocinado junto a la Junta de Andalucía (PSOE), aprobado en el último pleno de julio sólo con los votos del PP: el PSOE se abstuvo e IU votó en contra. La moción adelanta la ejecución del futuro plan urbano (PGOU) que legalizará la herencia de los gobiernos gilistas: 18.000 viviendas ilegales pasarán a ser legales si la ciudad recibe suelos de promotores de edificios ilegales para equipamientos públicos.
El PP sostiene que no hay problema con la ocupación de viviendas que podrían ser declaradas ilegales por un tribunal, porque una vez legalizado el edificio por el nuevo PGOU, el problema habrá desaparecido. La previsión es que el plan urbano se apruebe provisionalmente en septiembre y que la Junta le dé el visto bueno definitivo a principios de 2009.
¿Por qué no esperar hasta entonces, hasta que esté todo legalizado? El PP y la alcaldesa Ángeles Muñoz defienden que es mejor adelantarse, que ayudará a las familias, que reactivará la economía local, afectada por la operación Malaya, y que le dará un marco normativo de actuación.
La Junta de Andalucía, que consensuó el documento con el ayuntamiento, y que ahora, tras la aprobación por el Pleno ha solicitado un informe jurídico, considera también que había que darle solución a la parálisis que sufre la ciudad desde la operación Malaya.
Vigilancia de la Junta
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, aseguró en una entrevista reciente al diario Sur de Málaga que vigilará cómo desarrolla el ayuntamiento la concesión de licencias para que no se convierta en un coladero. Cada una de ellas deberá ir acompañada de un informe jurídico y otro económico y deberá contar con la renuncia expresa del promotor a cualquier indemnización si su edificio queda fuera finalmente de lo legalizable por el PGOU. El demandante de la licencia también deberá garantizar la compensación en suelo al ayuntamiento para equipamientos públicos, como prevé el plan urbano para regularizar el edificio. El ayuntamiento ha recibido 975 peticiones de licencias de ocupación y 32 de comercios. No ha especificado quién las ha presentado.
El acuerdo del Pleno, que no cuenta con un informe de legalidad municipal (el PP sostiene que no hacía falta), suscita serias dudas en el PSOE marbellí, en IU. Ecologistas en Acción ya han anunciado que lo van a impugnar. La Juntacree que el acuerdo es correcto. La oposición argumenta que conceder las licencias es darle un arma de presión a los promotores.
El acuerdo tiene otras dos patas. Además de la concesión de licencias, se prevén también derribos y la revisión de licencias de obras de la época Gil para evitar que se consolide la ilegalidad.
Hasta ahora la demolición no entraba en los planes cercanos del consistorio. Con el acuerdo, se prevé que el derribo de las estructuras construidas ilegalmente y que no afecten a terceros se lleve a cabo después de que se otorguen las licencias. La Junta ya ha instado a que se inicien derribos.
El acuerdo incluye la revisión de licencias ilegales en cuanto se apruebe provisionalmente el plan, en septiembre. Hasta ahora, Muñoz se había negado a las peticiones de la Junta de revisar las 995 licencias ilegales de la era Gil con el argumento de que causarían perjuicios a terceros de buena fe, los compradores de los pisos ilegales. Ahora, la Junta ha asumido esperar a que se apruebe provisionalmente el PGOU. El artículo 190 de la ley urbanística andaluza establece que las licencias ilegales “deberán” revisarse. El ayuntamiento ya ha sido condenado a revisar licencias.
* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 17/08/2008
Foto: Marbella - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los expropiados por planes urbanísticos tendrán derecho a pisos sociales
ELPAÍS/Barcelona* : La Generalitat ultima los detalles de un nuevo tipo de pisos sociales para vecinos afectados por planes urbanísticos. Se llamarán HAUS, las siglas en catalán de Vivienda para Afectados Urbanísticos. El objetivo es compensar a los propietarios o inquilinos que se vean obligados a irse de casa porque viven en una urbanización declarada ilegal, están afectados por un plan urbanístico o residen donde pasará una nueva infraestructura.
La principal diferencia entre estos futuros pisos y el resto de modalidades de vivienda social es que se podrán descalificar antes para venderlos al mercado libre. El borrador del decreto establece que los pisos estarán sujetos al régimen de protección pública entre 20 y 30 años. Excepcionalmente, se podrá rebajar a 15 años. Si el piso donde vivía la familia ya era de protección, dependerá de la calificación del suelo.
El borrador del decreto ha pasado el trámite de información pública, tiene el visto bueno de las dos entidades municipalistas, la Federación de Municipios y la Asociación de Municipios y está en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat. Sólo falta que lo apruebe el Gobierno.
HAUS se suma a la ensalada de modalidades de vivienda social existente: la de protección oficial de régimen especial y general, la de precio concertado y el nuevo convenio catalán. "¿Me lo dices o me lo cuentas?", responde un alto cargo de la Generalitat a la pregunta de si con los regímenes existentes, con el Pacto y la Ley por la Vivienda sobre la mesa, las futuras 100 nuevas áreas residenciales urbanísticas en trámite y, encima, con feroz la crisis inmobiliaria apretando, otro decreto no es añadir más leña al fuego.
Sea como fuere, quienes ven con buenos ojos los pisos para afectados urbanísticos son los ayuntamientos, que tienen que lidiar con los vecinos expropiados y los procesos de realojo. La jefa de Servicios Jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Sílvia Requena, celebra la creación de los HAUS: "A un afectado urbanístico no es justo que le des una indemnización menor al valor de su vivienda expropiada ni un piso de mayor valor, porque le estaríamos haciendo rico. El objetivo, es pues, que la compensación sea la justa".
El responsable de Urbanismo de la Federación Catalana de Municipios y alcalde de Cerdanyola del Vallès, Antoni Morral, opina que los pisos para afectados son "garantistas, porque cubren un vacío que de una u otra manera ya gestionábamos los ayuntamientos".
El decreto ha sido elaborado entre dos departamentos: el de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP), que dirige el urbanismo, y el de Medio Ambiente y Vivienda, aunque fuentes de ambos departamentos confirman que la comunicación no ha sido especialmente fluida. Fuentes de PTOP explican que los HAUS vienen a "reconocer los derechos de las personas expropiadas, pero no inventan nada, simplemente regulan las condiciones". Además, agregan que los HAUS surgirán de las bolsas habituales de vivienda social, "en las que los afectados tendrán preferencia".
Sin embargo, el subdirector general de Coordinación y Seguimiento de Programas de Vivienda de Medio Ambiente y Vivienda, Jaume Clèries, explica que los pisos para afectados "se construirán sobre suelo libre o de precio concertado". De hecho, el último borrador del decreto, que fija unos precios por metro cuadrado de los HAUS exactos a los del concertado catalán, de valor medio entre los sociales y los de mercado libre. El decreto también tiene en cuenta a los inquilinos, que tendrán derecho a una vivienda de realojo en régimen de alquiler con la misma duración que la que tenían en el piso donde residían.
El caso de Can Zam
En Santa Coloma de Gramenet esperan los HAUS como agua de mayo. Hasta tal punto que su teniente de alcalde, Carme Moraira, lo da por hecho cuando explica el futuro de los vecinos afectados por la ampliación del parque de Can Zam, los del barrio del Pilar y la avenida de Francesc Macià, en Singuerlín.
"Se trata de que la gente no quede tan perjudicada por procesos expropiatorios; los ayuntamientos tenemos que gestionar los planes urbanísticos, pero al final el suelo consolidado es el que es y no tenemos capacidad para cambiarlo", argumenta. "La idea es facilitar condiciones de realojo más favorables para todos los afectados, que hasta la fecha tenían las mismas que cualquier solicitante voluntario de vivienda social, cuando ellos ya tenían un patrimonio", asegura.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 18/08/2008
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info
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El respland'Or
ELCORREO* : La 'ciudad de vacaciones' Marina D'Or es el símbolo de una época de fulgor del consumo, e ideal para rodar una versión del filme de terror de Kubrick, pero en verano y con gente. El viajero fuma un pitillo en el décimo piso del hotel-balneario de cinco estrellas de Marina D'Or. Y eso que no fuma. Pero se lo pide el cuerpo, este sitio es uno de esos lugares donde uno piensa que el mundo va mal. El viajero repasa la jornada para ordenar sus funestas sensaciones.
Pasó con el descapotable azul por Benicarló. Feote, tranquilo, pero aún le quedan afueras y andurriales. Al acercarse a Peñíscola, ya notó que los constructores habían dado rienda suelta a sus instintos. Aparecían los primeros capiteles corintios. Pero Peñíscola no estaba mal, con su castillo y su playa impoluta con carril-bici.
Luego emergieron en el horizonte oscuras moles de negros presagios, como en las tierras de Mordor (Mord'Or). El viajero empezó a sentirse mal ante una sucesión de edificios descomunales y al ver tras ellos una tramoya bestial, millones de ladrillos y grúas tirados en el campo. Tras pasar bajo una especie de zurullo plateado a lo Mariscal de bienvenida, el viajero comenzó a vagar atónito por Marina D'Or. En estado catatónico entró en la avenida del hotel, llena de luces al estilo de la feria de abril. Terminó de deslumbrarse en la recepción: una apoteosis de mármoles y materiales nobles. En Marina D'Or hay varios hoteles, pero el del viajero es el no va más. Vienen en peregrinación de los otros hoteles y de los bloques de apartamentos para verlo. Entran familias en bermudas, abrumadas por la atmósfera importante, y alzan la vista a los frescos del techo. Quién sabe si en su memoria se encenderá una lucecita, allá lejos en la educación general básica, y reconocerán la copia de la Capilla Sixtina. En el mostrador, el viajero tiene sobre sí nada menos que la Creación de Miguel Ángel. Marina D'Or es el clímax de un frenesí ibérico de la última década. Quedará como un monumento en el desierto, y desde luego merece visitarse.
Estatuas y pomelos
Pese al lujo, se intuye que los amos de la criatura no se hacen ilusiones sobre sus clientes. Conocen bien a esos individuos que roban caramelos a puñados cuando entran a preguntar los precios. Es la plebe, que también quiere hacer las cosas de los ricos. Por eso hay varias advertencias para prevenir robos y desmanes. O puertas que impiden el acceso a las instalaciones sin tarjeta magnética. O un cartel del balneario que advierte que, «para una estancia agradable para todos, es mejor respetar los procesos digestivos». El viajero, por supuesto, no se perdió el balneario, que es científico y el más grande de Europa de agua marina. Son modestos, pues se podrían añadir otros superlativos al ver las columnas doradas y las rocas de mentira.
Unas falsas estatuas clásicas daban paso al baño romano. En la piscina de pomelos (se rogaba no robarlos, pues son de adorno), una pareja se sobaba en remojo, muy acaramelada. Había otras de mandarinas o limones, y otras parejas que saltaban de la mano. Eran jóvenes, de ésas que se dicen 'cari'. Algunos quizá estaban de luna de miel, en su acepción más pegajosa. Se ocultaban en rincones para meterse un poquito de mano. Por primera vez en su ruta, el viajero sintió vergüenza ajena y, de repente, miedo de encontrarse con algún conocido. No tanto por él, que tenía excusa, sino por el otro. Fue escondiéndose por las columnas. Fumando en la terraza, el viajero piensa que sí, eso fue lo peor del día. Había zona VIP con un cartel que amenazaba la expulsión si se entraba sin permiso. Al viajero le hubiera gustado ver los jacuzzis privados con pétalos de rosa, champán y fresas, aunque le daba un poco de repelús la piscina de leche.
Pero hubo más. En la recepción informaron al viajero de que, como huésped, tenía derecho a una analítica gratis. El viajero intuyó que era una distorsión, como tener una problemática en vez de un problema, pero preguntó por si acaso, debido a la incoherencia del contexto:
-Sí, una analítica, unos análisis.
-¿Pero de qué?
-De sangre.
Sí, aquello fue peor todavía, concluye el viajero dando una calada. Pero peor aún fue cuando él accedió a hacérselos. Es que eso había que verlo. Tiene cita para las ocho de la mañana en los laboratorios del hotel. El viajero fantasea con un sótano de doctores locos que obtienen el ADN de los clientes y clonan turistas para los meses de invierno y hacer bulto en los vídeos promocionales. O para utilizarlos en experimentos de resistencia al absurdo con nuevas ideas turísticas. Para ahuyentar sus pensamientos, baja a cenar.
Neopaganismo
Marina D'Or es una ciudad de vacaciones. No hay nada más que hacer. Es una fila de edificios ante la playa, con una segunda hilera detrás, con hoteles, pistas deportivas, restaurantes y alguna tienda. No hay cines, ni correos, ni iglesia, claro, esto es el neopaganismo turístico. El viajero piensa que no sería mala idea para la Conferencia Episcopal enviar misioneros a Marina D'Or, porque se ve que esta gente necesita creer en algo. Los veraneantes vagan en busca de cosas que hacer. El viajero piensa que otra idea fantástica sería rodar aquí una versión de 'El resplandor': 'El respland'Or'. En vez de un hotel en invierno y vacío, sería en verano y lleno de gente. El efecto terrorífico, la soledad existencial, superaría al original. El fulgor que obnubila las nóminas, el mito del piso en la playa, la onírica llamada de millones de anuncios... Es el mayor resplandor sobrenatural de España.
Pero se conoce que para mucha gente, que no entra en mayores consideraciones, Marina D'Or está muy bien. El viajero habla con algunos y sólo ven las ventajas de casas nuevas y de tener la playa, con césped, al ladito. Pagan 1.400 euros de alquiler por un mes. Se ven cartelitos de 'se vende' y 'se alquila', como en toda la costa. El restaurante bueno de pescado o el italiano caro están vacíos, la gente se tira al chiringuito. El viajero entra a cenar en uno de los más populares. El camarero es muy simpático y enseguida hacen migas. Le cuenta cosas de Marina D'Or. «Con la crisis ya han parado todo. Aquí había 2.000 obreros trabajando y sólo quedan 200», afirma. El viajero piensa en los edificios a medio hacer que ha visto al llegar. «Y en Castellón hay 45.000 rumanos con papeles, ¿eh?, así que son 100.000, a ver qué hacen ahora... Vendían los apartamentos a 190.000 y ahora a 130.000. Si bajan diez millones de pesetas es que ya han ganado mucho dinero», razona el camarero.
Dice que en invierno no hay nadie y se lo pasa jugando a las cartas. Según calcula, el 80% de los que van a Marina D'Or son madrileños, luego vascos y gente del norte. El viajero, que ha pasado por el quiosco y ha visto la prensa, piensa que deberá moderarse al escribir, pues habrá por allí lectores de su diario. También había ejemplares de 'Gara'. Hay que ver, trabajar todo el año por la independencia de Euskadi para acabar de vacaciones en Marina D'Or. Aunque a lo mejor lo hacen para reafirmarse en momentos de bajón. El viajero lo comprende: él daría sin dudar la independencia a Marina D'Or. Este camarero, al igual que todos los empleados con los que habla el viajero, de varios países, son muy buena gente. Es lo malo de estos sitios monstruosos: dan de comer a gente normal. Después de cenar, el viajero pasa por locales vacíos. Las familias se aglomeran en una verbena, que es gratis: «Explota explota que expló, explota explota mi corazooón...». El viajero se va a dormir. Tiene que madrugar para que le saquen sangre. Por cierto, la habitación le ha salido por 187 euros, con aparcamiento.
Al día siguiente, el viajero baja al centro médico-estético. En el ascensor ve las ofertas. El blanqueamiento dental le recupera a uno hasta ocho tonos en una hora por 200 euros. El viajero no sabía que tenía tantos tonos, y no es lo único que aprende. Hay tratamiento facial antienvejecimiento y otro de luminosidad, ambos instantáneos. Se siente aludido por la corrección de cejas, pues el viajero es unicejo, como Blas, el de Epi y Blas. En este lugar la imperfección se combate a fondo. Hay todo tipo de depilaciones e higienes, tratamientos holísticos de belleza. Bañeras galvánicas y juaneteras. Relajación coreana y mirra regenerante. La salud es la última frontera del consumo. Con el dinero, claro, aumenta el miedo a morirse, un imprevisto que lo estropea todo. 'Vivir más y mejor' es el lema de las instalaciones. Por eso tienen botox y cirugía estética en un bloque quirúrgico. Y de ahí los análisis de sangre. Al viajero le sacan dos tubitos. Es una pena que sólo esté un día, le dicen, porque el equipo médico no va a poder darle los resultados y aconsejarle terapias. Se los enviarán a casa.
«Lo que será»
Antes de irse, el viajero entra en una oficina de ventas. Una señorita le va a explicar todo, aunque se queja de que necesitaría 45 minutos. Se sabe la presentación de memoria y se le rompen los esquemas al resumirla. Intenta colocarle unos apartamentos. Valen 276.000 en primera línea. Le asegura que en invierno aquello está muy animado, porque organizan «eventos»: concursos de culturismo, competiciones de dardos, concentraciones de Ferraris o el certamen de Miss España. El viajero duda si no sería mejor rodar 'El respland'Or' en invierno. Luego se lanza con el próximo proyecto: «Es que es como lo que digo yo, que Marina D'Or no es lo que es, es lo que será». Tras esta enigmática frase bíblica, empieza a describirle lo indescriptible, Marina D'Or Golf, un complejo que planean perpetrar detrás del actual, en pleno monte, pero que será cien veces más grande. Están obsesionados con los números elefantiásicos. «Son 19 millones de metros cuadrados, más que Valladolid o Valencia», dice para impresionar al viajero. Lo consigue.
Esta cosa tendrá tres campos de golf diseñados por Sergio García y Greg Norman, un balneario para 7.000 personas, un lago artificial con dos kilómetros de playas caribeñas y arrecifes del Pacífico para bucear... La chica no para de pasar páginas del catálogo con fotomontajes delirantes de hoteles y restaurantes temáticos. Reproducción a escala de la plaza de San Marcos de Venecia y canales con góndolas, reproducción del Arco del Triunfo de París y la torre Eiffel, reproducción de la torre de Pisa, bolera prehistórica, restaurante en una reproducción de la prisión de Alcatraz... Al viajero están a punto de estallarle las neuronas. Pero de repente la señorita pasa una página y ve a unos tíos esquiando. El viajero sólo puede balbucear:
-¿Pe-pe-pero esto qué es?
-Un hotel alpino con un kilómetro de pistas de esquí.
-Pe-pe-pero es imposible, estamos en Castellón, en la playa.
-Es posible, en Marina D'Or es posible.
El viajero sólo acierta a preguntar si ya están construyendo eso. «Los terrenos están comprados y tenemos ya las licencias de lo que son las autoridades, sólo nos falta un papelito», explica. «Bendita crisis inmobiliaria», dice para sus adentros el viajero. «Si ahora esto es bonito, imagínese cuando terminen, dentro de seis u ocho años». El viajero sale tambaleándose con el catálogo y el DVD bajo el brazo, que deberían ser de lectura y visión obligadas para los hombres de bien. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿De dónde ha salido esta gente, autores y clientes, a la que ha sido extirpada la más mínima noción de lo hermoso? ¿Cómo se han subvertido valores como belleza, salud y tiempo libre? Al final del catálogo aparecen fotos de famosos con el logo de Marina D'Or: Luis Aragonés, Luis del Olmo, Ana Obregón, Naomi Campbell, Carmen Sevilla,... En el libro 'Enjoy Castellón' del hotel también aparece la autoridad competente, el presidente de la Diputación provincial, un tipo de aspecto siniestro, Carlos Fabra Carrera. «Mejor, ni lo sueñe», resume el lema de Marina D'Or. El viajero corre a su descapotable azul y sale de allí pitando. Antes de que les den el papelito que les falta.
* El Correo Digital - 16.08.08 -POR ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
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5000 vecinos se manifiestan en Playa del Inglés contra la macro cárcel de Juan Grande
LAPROVINCIA/GranCanaria* : Sacrificar un día soleado de playa para participar en un acto de protesta ya es un hecho elógiable. Comprobar que más de 5.000 vecinos, de todas las edades, incluso familias enteras quisieron unir ayer domingo sus manos y formar parte de una cadena humana, que se extendió más de cuatro kilómetros desde Playa del Ingles hasta Maspalomas como nuevo acto de protesta del Consejo Abierto de Vecinos del Castillo del Romeral contra la cárcel puede considerarse de éxito rotundo en cuanto a participación.
Así, ante el asombro de bañistas y turistas. A la hora concertada. La una del mediodía coincidiendo, con una de las horas más altas de pleamar que se tradujo en un fuerte oleaje. No fueron impedimentos para que los miles de ciudadanos pudieran expresar una vez más, su nó mas rotundo al la construcción del nuevo penal. Esta vez provistos de manera más internacional al ir provistos de pancartas y letreros , traducidos en varios idiomas para provocar la atención de los turistas extranjeros y de todos los usuarios en general.
La protesta se hizo visible en alta mar gracias a la participación de dos lanchas con carteles reivindicativos que no pararon de sonar sus sirenas.
A los coches particulares se sumaron dos güagas guaguas que se fletaron desde el Castillo del Romeral especialmente para la ocasión. En el transcurso de las dos horas que duró la protesta muchos fueron los espontáneos bañistas que no dudaron en incorporarse a la cadena.
En el largo recorrido de la cadena se unieron un pequeño grupo de vecinos del barrio del Confital portando sus camisetas:. “Lo que han hecho aquí por la cara,. Es lo mismo que sufrimos nosotros en el Confital. Otra nueva construcción que se hace sin respetar ningún tipo de plan parcial Una vergüenza”, denunciaba un portavoz.
Por su parte el patriarca de una familia de ciudadanos británicos también mostraba como residente su indignación:“Yo resido desde hace cuatro años en el Castillo del Romeral. Vine con mi familia a vivir a las Islas pensando que esto era parte de Europa. Sin embargo, veo con vergüenza como los políticos de aquí hacen las cosas sin contar con las normas europeas. Esta cárcel es ilegal y tarde o temprano se demostrará” exclamó.
Finalmente, como se esperaba, tampoco dudaron en unirse a la protesta determinados políticos, especialmente los concejales del grupo mixto y de la oposición. Así junto al concejal del partido popular, Fernando Toribio, estuvo al frente por parte del Grupo Mixto Francisco Guedes. Además de todos y cada uno de los miembros de Agrupación de Vecinos, con su líder a la cabeza Marco Aurelio Perez. Y como ya lo ha hecho en otras ocasiones el ex concejal socialista Francisco Rodríguez quien recordar que actualmente forma parte del grupo de los no adscritos por apoyar a los vecinos y decir su no al penal..
PARTICIPACIÓN. Unas 5000 personas quienes se extendieron de forma pacíífica a lo largo de los más de cuatro kilómetros de litoral desde Playa del Inglés a Maspalomas
COLECTIVOS. A los organizadores del Consejo Abierto del Castillo del Romeral se unieron colectivos de Tenerife, Las Palmas y otros municipios. Además de la plataforma del Confital.
POLITICOS. en la extensa hilera humana pudo verse la presencia del concejal Fernando Toribio, PP. Francisco Guedes, del Grupo Mixto. Marco Aurelio con todos sus concejales de A.V y el ex concejal socialista Francíso José Rodríguez. Nadie el equipo de Gobierno.
DISPOSITIVO. Dos guaguas que se fletaron desde el Castillo del Romeral. Vehículos particulares, Dos lanchas en alta mar. Pancartas, carteles y camisetas en varios idiomas.
* La Provincia - FÁTIMA YRÁYZOZ - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 17.08.2008
Foto: Cadena humana en Playa del Inglés contra la macro cárcel. LP/DLP
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Tema: NOTICIAS Canarias
La crisis del ladrillo deja al descubierto a los falsos promotores
ELCORREOGALLEGO* : El bum del ladrillo en España provocó el enriquecimiento de muchos empresarios que vieron en el frenesí constructor el parnaso. Se introdujeron en un mundo sin ley donde primero recibían el dinero y luego tramitaban licencias. Quien quisiera comprar un piso debía ajustarse a las normas y éstas las dictaba el promotor.
La crisis ha golpeado la estrategia especulativa de muchos de ellos, que han caído incluso en estafas, vendiendo terrenos de los que todavía no eran propietarios o careciendo de licencia de obras. Los estafados son las víctimas de una crisis que no se lleva el patrimonio de los empresarios, resguardado como el del presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, que en un año se embolsó más de lo que pagaba su firma en sueldos. Él seguirá siendo rico mientras los obreros o quienes adquirieron una vivienda se desvelan.
El mercado del ladrillo sedujo a Juan Iglesias, quien al frente de Seiseme protagoniza uno de los casos más dramáticos de Galicia. Acumula cincuenta denuncias en los juzgados gallegos y está desaparecido. No contesta al móvil y sus víctimas están desquiciadas. Paloma y su marido compraron un chalé en Rois por 122.000 euros en septiembre del año pasado, pero no se ha puesto ni un ladrillo en la finca. Lo mismo sucede en otras dos fincas de la parroquia. Ella anuló el contrato, pero antes tuvo que suscribir un crédito puente de 30.000 euros, al igual que el resto de afectados, que podrían alcanzar los 300 en promociones en Sarriá, Pontevedra, Vigo, Rianxo, Boiro u Ourense.
Con Rólex y Lamborghini
El contrato, que más tarde rescindió, establecía que Seiseme, inmobiliaria con sede en Catoira, se haría cargo de los pagos de ese crédito puente, suscrito con La Caixa, pero desde febrero es Paloma quien paga 200 euros mensuales de intereses. Luego tendrá que devolver los 30.000. "É como se tirase os cartos pola fiestra. Nós estamos así e el segue por aí co seu rólex de ouro e o Lamborghini. Pídolle á Xustiza que faga algo", clama.
Modesto también se fió de Juan Iglesias y se lanzó a comprar una casa en una urbanización de A Cabeanca, cerca de Ourense. Entregó una señal de 3.000 y luego firmó otro crédito puente de 25.000. En total entregó 28.000, aunque algunos afectados alcanzan la cifra de 60.000. La mayor parte de ellos se ha integrado en una asociación y han interpuesto una querella criminal por estafa contra Juan Iglesias.
Tras dos años de espera, Modesto se enteró de que parte de la finca no pertenecía al promotor y no se ha levantado ni un ladrillo. "Pero él sigue con la oficina abierta y recaudando", lamenta.
No ha pedido licencia
En el caso de Paloma también existen irregularidades, pues en una respuesta del Ayuntamiento se certifica que la empresa no ha solicitado licencia de obra para construir su chalé. "Tampoco se presentó aval bancario, cuando lo obliga la ley, y el dinero se pasó a la contabilidad de la empresa, cuando legalmente debe ir destinado a una cuenta aparte", dice Modesto.
Creen que no recuperarán su dinero y varias proveedoras están a punto de cerrar. Son las víctimas del ladrillo.
VENDÍA PISOS FANTASMA
El timo del sobrino del alcalde
En el juzgado de Ponteareas entró esta semana esposado José Manuel Grandal, sobrino del alcalde de Salvaterra de Miño, y acusado de otra estafa inmobiliaria. Denuncian que vendía pisos que no eran de su propiedad o incluso no existían aprovechándose del barniz de confianza que le otorgaba su vinculación familiar con el regidor. Se encuentra en prisión sin fianza acusado de un delito de estafa, a pesar de que sus familiares insisten en su inocencia. El fraude podría superar el millón de euros y afectar a propiedades en Salvaterra y O Morrazo.
Más conocido como Josiño, el presunto estafador podría haber timado ya a cien personas en toda España. A 13 de ellos les esquilmó alrededor de 250.000 euros, el diez por ciento del valor de las viviendas que habían reservado y que nunca disfrutarán.
Cuando todo se destapó, Josiño desapareció del mapa y fue arrestado en un lujoso hotel de San Sebastián. No actuaba solo, pues José Carlos Barros Romero, O Carpinteiro, y Diana Patricia López Carmona, su pareja sentimental, servían de enlace y gancho para vender propiedades sobre las que no tenían ningún derecho. Ambos están desaparecidos .
LOS DATOS
1El crac de Marbar y el embargo de 300 pisos
A comienzos de año las comarcas de O Baixo Miño y A Cañiza despertaron perplejas y temerosas. La incipiente crisis que sacudía el ladrillo provocó la quiebra de la constructora Marbar, que despidió a sus 56 empleados y dejó deudas a multitud de proveedores y subcontratistas. Uno de los graves problemas que dejó fue el de 300 personas que habían comprado un piso y ya habían adelantado una cantidad para el mismo, que en algún caso alcanzaba los 60.000 euros. Las propiedades estaban embargadas por varios bancos debido a las deudas del propietario de Marbar, con sede en Tomiño, Manuel Martínez, desaparecido desde entonces. Tanto los empleados como los proveedores montaron guardia frente a las instalaciones de la empresa para evitar que desapareciese maquinaria o material.
2Psicosis ante la supuesta huida a Brasil
En el mes de mayo la psicosis se apoderó de los empleados de Carreira y Martínez, firma compostelana con 300 empleados en toda España, cuando el dueño de la misma, Juan Manuel Carreira, viajó a Brasil. Pensaban que se había fugado ahogado por las deudas derivadas de sus arriesgadas operaciones. Había ido al país americano para vender terrenos y obtener liquidez para hacer frente a los pagos. La empresa se desmanteló y en junio falleció Carreira. Más de sesenta empleados gallegos esperan juicio por despidos improcedentes.
3Los sobreprecios de Construcuatro
La vivienda pública no resultaba tan económica si quien la vendía era Construcuatro. La primera denuncia se tramitó a finales de 2006 por el cobro de sobreprecios por viviendas en San Paio de Navia de hasta 30.000 euros aparte del precio estipulado por la vivienda. Era dinero negro y las víctimas no recibían justificantes. Tras las dos primeras denuncias se unieron otras 22 que se sentían estafados por la constructora, de la que era socio el dirigente popular Telmo Martín. El asunto está en los tribunales .
* El Correo Gallego - DANIEL DOMÍNGUEZ • A CORUÑA - 17.08.2008
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
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Tema: NOTICIAS Galicia
La corrupción planea sobre Castilla y León
PÚBLICO* : La Justicia decidió el jueves tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.
Empresarios y procuradores socialistas en las Cortes castellanoleonesas consideran que la caída del entramado se veía venir. Según la parlamentaria del PSOE Inmaculada Larrauri, “la opacidad de los procedimientos de la Junta en este sector alienta este tipo de situaciones irregulares”.
Sin información pública
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) reclamaba el jueves transparencia en los procesos de concesión de cualquier tipo de licencia. La patronal considera que “cualquiera de los que han solicitado autorizaciones deben tener garantizado que los procedimientos están amparados por la regularidad, protegiéndose los derechos de todos los administradores solicitantes, empresarios y consumidores”.
Ahora, así lo aseguran los empresarios, quienes piden este tipo de permisos no pueden consultar en qué orden han entrado sus solicitudes en la Administración, ni conocer las razones por las que no les han sido dadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno autonómico sólo hace públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCIL) las concesiones a las que ya se ha dado el visto bueno.
El PSOE catellanoleonés, a través de su viceportavoz en las Cortes, Ana Serrano, ya ha exigido responsabilidades políticas a la Junta así como “que se reúna la Diputación Permanente” para que comparezcan el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. Los socialistas quieren que expliquen todo lo ocurrido.
Investigación de la Junta
Los medios regionales de Castilla y León ya han bautizado a la trama como el ‘caso Lasarte’, en homenaje al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León. Javier Lasarte fue, el pasado día 1, el primero en dimitir después de que se descubriera que sus empresas de energías renovables recibían licencias a través de la jefatura de Industria.
Coincidiendo con el día en que el escándalo vio la luz, la Junta inició una investigación interna, que ha resultado determinante en el cese de los demás involucrados. Además, estudió los casos de otros seis funcionarios del departamento de Industria que también participaban en compañías de energías renovables por si hubiese algún tipo de irregularidad en la concesión de licencias a las mismas.
El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró, en declaraciones a Público, que “no tenía ningún conocimiento” sobre la participación de altos funcionarios en este tipo de prácticas y se comprometió en la lucha contra la corrupción, “con la tranquilidad de no tener nada que ocultar”.
La Fiscalía ya investiga
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León determinará si los funcionarios que ya han dimitido, así como los que están siendo investigados, han cometido algún tipo de delito. Según fuentes de la Delegación Territorial en León, los ceses dse han producido por la pérdida de la confianza en estos responsables nombrados ‘a dedo’, pero se desconoce si ha habido “responsabilidad penal”. El delegado, Eduardo Fernández, considera que, en todo caso, “se ha podido incurrir en tráfico de influencias o en negociaciones prohibidas a los funcionarios”, delitos tipificados en el Código Penal.
* Público - IÑIGO ADURIZ - 16/08/2008
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Las ciudades andaluzas quintuplicaron la superficie construida en medio siglo.
GAS* : Las ciudades andaluzas ocupan hoy con construcciones cinco veces más suelo del que hacían en 1956, un ritmo de crecimiento del ladrillo espectacular que se ha acentuado en la pasada década y que preocupa, especialmente, en la franja del litoral, como destaca el último informe Medio Ambiente en Andalucía, elaborado por la Junta. El aumento en el número de edificaciones, además, no responde a las necesidades de incremento de la población experimentado en la comunidad en el mismo periodo.
"El crecimiento reciente de nuestras ciudades no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población", concluye el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Un ejemplo de este desproporcionado crecimiento se encuentra en las ciudades medianas andaluzas, aquéllas que tienen entre 50.000 a 100.000 habitantes. Éstas han incrementado su población en un 115,9% desde 1956, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes ciudades, aquéllas con una población superior a las 100.000 personas, se ha experimentado un crecimiento en su censo del 92,8%, mientras que la superficie construida aumentó un 353,3%.
El estudio muestra la difícil relación que se da entre el denominado desarrollo sostenible y el modelo de crecimiento urbanístico aplicado en la comunidad autónoma, y es que, como resalta el documento, se ha triplicado la superficie construida ocupada por habitante en el periodo 1956-2003. Este aumento se ha producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas forestales, en un 23,17% de los casos, aunque, fundamentalmente, ha acarreado la pérdida de espacios agrícolas (76,40%).
La situación se hace mucho más visible en las localidades que ocupan la franja del litoral, que es también donde se ha desplazado buena parte de la población. Uno de los casos más extremos es el de Huércal, de Almería, donde se ha incrementado entre 1991 y 2007 la población en un 225%, o Rincón de la Victoria, en Málaga, con un crecimiento en el mismo periodo del 180%.
La mayor extensión física de los núcleos urbanos -el 79% de los andaluces residen en municipios que superan los 10.000 habitantes, un 46% vive en grandes ciudades- ha conllevado un degenaración de la calidad de vida en estas poblaciones.
Los desplazamientos han crecido en distancia y tiempo: el espacio viario ocupa más superficie, se produce una pérdida de la calidad del aire y un incremente de la contaminación acústica, además se incrementa la segregación social. "Sin olvidar que la incidencia de esta pérdida de calidad de vida es más acusada entre los grupos sociales más vulnerables y dependientes, como son los niños, ancianos y personas con minusvalías", recalca el documento que da por asentado en Andalucía un modelo de ciudad dispersa propio de la sociedad estadounidense y que se ha importado en el último cuarto de siglo a Europa Occidental.
Las grandes ciudades soportaban en 1991 el tráfico que generaban 856.041 vehículos, en 2006 circulaban por ellas 1.353.271 coches, un 58% más en tan sólo 15 años. Esto ha supuesto hacer frente en los núcleos urbanos a más emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, azufre y sustancias que facilitan la contaminación por ozono, entre otros elementos perjudiciales.
El tráfico resulta, además, la principal fuente de ruido. Un 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, y, todo esto, en un contexto en el que los andaluces se declaran poco amigos de usar el transporte público, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de litros de combustible necesarios por viajero y kilómetro. Más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público, según la última Encuesta sobre la Movilidad elaborada por el Ministerio de Fomento en 2007. Ante esta cifra, la Consejería de Medio Ambiente reclama en su informe "transformar el concepto de movilidad como derecho individual apoyando el transporte público como necesidad y derecho colectivo".
Otro de los grandes problemas que está generando el nuevo modelo de ciudad es el crecimiento de los residuos generados. Los andaluces ya producen cada año más basura que la media de la UE. Cada ciudadano lleva a los contenedores 550 kilos de residuos al año, frente a los 221,89 que generaban 20 años atrás, sin contar con los restos procedentes de la construcción y la demolición, ni los de procedencia industrial. Uno de los grandes fracasos, según la Consejería, ha sido no reducir el número de envases, de los que se recicla el 40%. Mejora, sin embargo, las cifras sobre reciclaje, especialmente del papel.
Extraído de Erllano.org
* Grupo de Acción Social - GAS - 09/08/2008
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Galicia: El plan de puertos deportivos provoca el rechazo de ayuntamientos y vecinos
ELPAÍS* : El lema de Portos de Galicia es más inversión y menos hormigón, pero su plan de puertos deportivos se está cargando de alegaciones que denuncian su agresividad medioambiental. Los rellenos y la ocupación marítima que supone el proyecto, que prevé triplicar el número de amarres en 12 años, están generando un goteo de protestas vecinales y políticas que se extiende por toda la costa, pero se concentra en la ría de Vigo.
Los ayuntamientos del Morrazo y los de Baiona y Redondela han hecho pública su oposición, que contrasta con la defensa del valor medioambiental del proyecto que realiza la Consellería de Política Territorial, de la que depende Portos.
Sólo en la ría de Vigo y en el sur de la provincia de Pontevedra, el plan de la Xunta, aprobado en abril y que se encuentra en fase de exposición pública, contempla la creación de 4.231 nuevas plazas de atraque. En toda Galicia, el proyecto establece para el horizonte de 2020 se pase de los 11.658 amarres actuales a 32.000. Para ello, el plan director apuesta por ampliar las náuticas ya existentes, sin crear nuevos puertos deportivos.
La afirmación no es del todo exacta, ya que en Cangas se contempla el futuro y contestado puerto deportivo de Massó, el proyecto Marina Atlántica firmado por Norman Foster, con una previsión de 420 amarres. Las previsiones pasan por crear 1.600 amarres en el Morrazo, con actuaciones en Cangas como el incremento hasta 555 plazas para yates del puerto existente en el centro de lo localidad, que cuenta en la actualidad con capacidad para 293 barcos. También en Cangas se prevé aumentar la capacidad de los pantalanes de Vilariño, que pasarían de las actuales 60 a 175.
El ayuntamiento cangués fue el primero en oponerse al proyecto, postura que formalizó en una moción aprobada por el pleno y que contó con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP, que se ausentó de la votación. La alcaldesa, Clara Millán, del BNG, ha adelantado que defenderá que no se lleve a cabo ningún plan portuario sin contar con el Ayuntamiento. El pleno respaldó el rechazo de la Cofradía de Pescadores al nuevo relleno en la zona de Ojea.
En Moaña, todos los grupos políticos han acordado negociar una alegación conjunta al plan director. Todos coinciden en su oposición al puerto de 300 plazas en O Latón y al relleno previsto en O Con. El alcalde, el nacionalista Xosé Manuel Millán, adelantó que el plan "choca" con las previsiones municipales, y calificó muchas de las actuaciones previstas de "difícilmente viables". El PSOE, con el que gobierna Millán, comparte el rechazo.
También en Bueu el Plan Director de las Instalaciones Náutico Deportivas ha generado rechazo en el ayuntamiento. Su alcalde, Félix Juncal, del Bloque, ha mostrado su intención de presentar alegaciones, al considerar "excesiva" la oferta de 430 amarres y 100 plazas en una marina seca que prevé Política Territorial. Juncal propone una actuación "más razonable".
En Redondela, Portos prevé transformar el pequeño puerto deportivo de Chapela, de 182 plazas, en una gran náutica con capacidad para 639 embarcaciones, para lo que será necesario ejecutar un relleno de 15.000 metros cuadrados frente al actual paseo y ocupar una superficie de lámina de agua de 55.000 m metros cuadrados. Representantes de todos los grupos políticos y de distintos colectivos sociales, aglutinados en el Consello Parroquial de Chapela, han expresado su rechazo unánime a la propuesta. El gobierno local, de coalición PSOE-BNG, ha presentado una alegación respaldada por el PP.
El otro de los focos de rechazo se sitúa en Baiona, donde se pasará de las 632 plazas actuales a 1.622 en 2020. El gobierno local, presidido por el Partido Popular, considera estas cifras "excesivas y desmesuradas".
Alerta ecologista
La proliferación de puertos deportivos prevista en el plan de la Xunta ha puesto alerta a la asociación ecologista Greenpeace, que en su informe Destrucción a toda costa de 2008 sitúa el proyecto de Política Territorial entre los más agresivos de los que amenazan el litoral gallego. "Galicia quiere aumentar sus puertos deportivos a pesar de que presenta uno de los porcentajes más elevados de amarres por embarcación, superando en diez veces a Italia que, a su vez, tiene diez veces más costa que Galicia", destaca el documento en sus primeras líneas.
La organización ecologista acusa a la Consellería de Política Territorial de no tener en cuenta "los impactos ambientales negativos que tendrá la construcción de nuevos amarres deportivos". Y añade: "Especialmente preocupantes son los espacios de titularidad pública que perderán toda su riqueza natural, algo que tendrá un impacto directo sobre el turismo que disfruta de playas y sectores como la pesca y el marisqueo, que suponen 20.000 empleos directos y son responsables del 10% del PIB gallego". Greenpeace celebra que se opte por ampliar puertos ya existentes frente a la creación de otros nuevos, pero advierte de la amenaza que el plan supone para Cedeira, Bueu, Cangas y Baiona.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/08/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
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17.8.08
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Tema: NOTICIAS Galicia
Un juez obliga a dar licencia a un edificio que la Junta pone como ejemplo de demolición
SUR/Marbella* : Las 61 viviendas, ubicadas en la avenida del Mediterráneo de San Pedro, forman parte de dos bloques construidos en zona de parques y jardines. El juzgado revoca la denegación del permiso de primera ocupación sin entrar a valorar la legalidad de la obra, pendiente de tres procedimientos en el TSJA.
Los desmanes urbanísticos que durante años se han producido en Marbella están provocando ahora situaciones paradójicas con edificios a los que se les está concediendo judicialmente la licencia de primera ocupación cuando la licencia de obra está recurrida en los tribunales. Es el caso de Promociones Los Jardines de la Costa, dos bloques con 61 viviendas ubicadas en la avenida del Mediterráneo de San Pedro Alcántara, construidos en zona verde según el PGOU de 1986 de Marbella, aún vigente, y el nuevo, pendiente de aprobación. Es uno de los ejemplos que la Junta de Andalucía ha puesto al Ayuntamiento de Marbella como edificios que deben ser derruidos por haberse levantado al amparo de licencias ilegales durante la 'era GIL', dentro del acuerdo de adelantar la ejecución del actual planeamiento urbanístico.
De hecho, sobre el edificio, que ha estado precintado en dos ocasiones, pesan tres recursos contencioso administrativos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la licencia de obras, pendientes de resolución, dos de ellos de la Junta y un tercero de la comunidad de propietarios Los Magnolios, anexa al bloque, que se queja de la depreciación que han sufrido sus viviendas con la nueva construcción.
El Ayuntamiento de Marbella revocó días previos a la 'operación Malaya' la licencia de primera ocupación, otorgada por silencio administrativo meses antes. La promotora recurrió la decisión y ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Málaga le ha dado la razón. El fallo judicial, al que ha tenido acceso SUR, obliga a la actual corporación municipal a otorgar la licencia, una sentencia de 3 de junio que ya es firme puesto que el Ayuntamiento «no ha contestado en tiempo y forma». De hecho el Consistorio ya ha recibido la ejecución de sentencia y en el edificio se aprecia movimiento de acometida de luz y limpieza de sus instalaciones, posiblemente para que los compradores de las viviendas, valoradas algunas de ellas en más de 600.000 euros, entren a vivir, lo que complicaría aún más una futura demolición si el TSJA considera finalmente que el edificio es ilegal. El fallo judicial no entra a valorar la legalidad de la licencia de obras, sino el permiso de primera ocupación.
Los vecinos de Los Magnolios, mientras tanto, acusan al Ayuntamiento de «dejación de funciones» por permitir que la sentencia se haga firme sin haberlo recurrido. El Consistorio aseguró a SUR que no tiene más remedio que «acatar el fallo» y ser lo más «respetuosos posible» con las resoluciones judiciales.
EL CASO, EN FECHAS
23 de mayo de 2003: La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde, otorga licencia de obras al proyecto básico y de ejecución de Promociones Los Jardines de la Costa.
2003-2004: La Junta de Andalucía interpone dos recursos contencioso administrativos contra la concesión de la licencia de obras que se suman a un tercero de la comunidad de propietarios vecina, Los Magnolios. Todos ellos están pendientes de resolución.
9 de junio de 2005: La promotora solicita la licencia de primera ocupación tras entregar la documentación requerida por el Ayuntamiento y pasar la perceptiva inspección municipal.
19 de diciembre de 2005: La empresa considera concedida la licencia por silencio administrativo.
16 de marzo de 2006: La Junta de Gobierno Local, entonces con Marisol Yagüe al frente, decide denegar la licencia de primera ocupación. La promotora recurre.
3 de junio de 2007: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga estima el recurso de los propietarios y obliga a la actual corporación a conceder el permiso.
* SUR - 16.08.08 -M. J. CRUZADO
Foto: JUNTO AL MAR. El edificio (al fondo) linda con Los Magnolios. / J-L, diariosur.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Palma: El fiscal sugiere que De Santos recibió dádivas por el castillo de sa Riera
DIARIODEMALLORCA* : El castillo infantil del parque de sa Riera podría encerrar otros delitos además de la presunta prevaricación. La fiscalía anticorrupción no descarta la comisión de un soborno en vista de los "obsequios" entregados al ex teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal en tiempos de Catalina Cirer, Javier Rodrigo de Santos.
La acusación popular tendría constancia de un viaje a Suecia con el alojamiento incluido abonado supuestamente por la empresa suministradora de la atracción, Hags Aneby Ab. La apoderada de esta sociedad en España, Cristina Gual de Torrella, también aparece imputada en la querella por el delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta-.
El fiscal apunta una presumible "concertación" entre la empresa y el ex concejal del PP para el pago de un precio superior al de mercado, lo que supondría una defraudación a la Administración, en este caso, el consistorio palmesano.
Coste desorbitado
La investigación se basa en un informe pericial elaborado el pasado mes de febrero. El resultado del escrito resulta demoledor. El perito, un ingeniero técnico industrial, revisa la instalación para niños construida con madera laminada y acero galvanizado y determina que su precio es de 750.000 euros, incluida su instalación. La Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) acordó un gasto de 1,4 millones para hacer frente al importe del castillo, unos aparatos de gimnasia y la obra civil. En definitiva, el Ayuntamiento estaba dispuesto a abonar el doble de su valor real.
El cambio de color político en el Ayuntamiento frenó este pago. Los nuevos gestores de la empresa municipal se han negado a liquidar la factura porque formalmente no se encargó este trabajo. Anticorrupción entiende que Javier Rodrigo de Santos se aprovechó a lo largo de 2006 y 2007 de su condición de concejal y presidente de la EMOP para materializar una contratación pública fuera de todo procedimiento administrativo legal.
Todos los informes jurídicos elaborados en octubre del año pasado desde la propia EMOP subrayan las irregularidades en la forma y procedimiento de contratación.
Rodrigo de Santos podría sumar en el futuro más acusaciones a su lista que incluye la presunta corrupción de menores -circunstancia por la que se encuentra en la cárcel- y la supuesta malversación de caudales públicos por utilizar una tarjeta Visa municipal para abonar servicios sexuales en locales de alterne de Palma y la Península.
Anticorrupción insiste en la investigación de la posible comisión de los delitos de cohecho, falsedad y defraudación a la Administración.
* Diario de Mallorca - M. MANSO/J. F. MESTRE. PALMA - 16.08.2008
Foto: Imagen del castillo infantil del parque de sa Riera cuya contratación investiga la Fiscalía Anticorrupción. Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es
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Tema: NOTICIAS Baleares
Zapatero atacará el entorno y no solucionará la crisis
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Gobierno de Zapatero quiere poner en marcha una serie de medidas, como la agilización de los estudios de impacto ambiental y la eliminación del impuesto de patrimonio. Estas medidas van a generar importantes impactos en el entorno al agilizar puesta en marcha de varios proyectos de obra pública y revitalizar la construcción urbanística.
El Gobierno acaba de aprobar un paquete de medidas para luchar contra la crisis económica de carácter fuertemente insostenible. La rueda de prensa de Zapatero de hoy detalla algo más lo que había venido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos días, y que ya fue criticado por Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción considera un tremendo error la esencia de estas medidas: sacrificar el medio ambiente para intentar mantener el crecimiento a costa de cualquier cosa. En lugar de ello lo que debería hacer es acoplar nuestra economía para vivir mejor con menos, y no cada vez peor con más, como nos está ocurriendo.
En concreto, para la organización ecologista, la propuesta de agilizar las declaraciones de impacto ambiental haciendo que pasen de unos 600 días de media a unos 200 o 300 es tremendamente negativa, ya que va a significar que la participación pública se va a ver dificultada. Lo que se busca es obtener más declaraciones de impacto ambiental positivas en menos tiempo, para agilizar la obra pública. Es decir, que va a importar todavía menos el entorno.
El Presidente del Gobierno ha detallado a que se refiere con obra pública, incluyendo la construcción de infraestructuras de transporte e instalaciones energéticas.
Esto va a suponer un empujón al insostenible Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que prevé la construcción en zonas de la Red Natura 2000. En concreto Ecologistas en Acción señala las 10 infraestructuras incluidas en el PEIT con mayor impacto sobre la Red Natura 2000 y que se verán aceleradas por este Gobierno:
1.Autovía A43 Puertollano-Mérida.
2.Autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba.
3.Autovía Linares-Albacete.
4.Autovía ruta de la plata A66 de Gijón a Sevilla.
5.Autovía A48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras).
6.Autovía Cuenca-Teruel.
7.Autovía IV Centenario (Ciudad Real-Valencia).
8.Linea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.
9.Ampliación del Puerto Norte de Valencia.
10.Puerto de Granadilla (Tenerife).
La agilización de los trámites de evaluación de impacto ambiental en instalaciones energéticas van a implicar que, por ejemplo, la refinería que está en proyecto de construcción en Tierra de Barros (Badajoz), y que tiene un importantísimo impacto ambiental y contestación social, se vean acelerados.
La segunda medida que Ecologistas en Acción condena con más firmeza es la eliminación del impuesto de patrimonio, por lo que va a implicar de revitalización del sector de la construcción, responsable de la fuerte degradación del territorio que ha sufrido nuestro estado en los últimos años.
Ecologistas en Acción considera positivas otras serie de medidas, como el dinero inyectado en reahilitación de viviendas para hacerlas más eficientes o los programas de ahorro energético. Sin embargo estas medidas se verán desbordadas por el tremendo gasto energético que va a suponer el aumento del transporte como consecuencia del PEIT.
Para la organización ecologista es suicida mantener la obsesión por el crecimiento en un mundo limitado. Desde esta perspectiva las medidas del Gobierno no van a parar la verdadera crisis en la que estamos: la socioambiental, sino que la van a profundizar.
* Ecologistas en Accion, 14 de agosto 2008
Foto: Ecologistas en Acción
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
El Campello: El Ayuntamiento legaliza el Hotel Pueblo Acantilado tras operar 20 años sin licencia
INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de El Campello ha concedido licencia de actividad al Hotel Pueblo Acantilado tras funcionar éste de forma irregular durante casi 20 años. Las instalaciones de este hotel de cuatro estrellas de la zona norte presentaban desde su apertura en 1989 un exceso en el volumen de edificabilidad de entre 3.300 y 6.600 metros cuadrados.
Desde entonces, el Consistorio campellero y la empresa han estado tratando de regularizar la situación de este complejo residencial, el único de cuatro estrellas que hay en funcionamiento en el municipio, planteando diferentes fórmulas para compensar este exceso.
La solución finalmente adoptada, según explicó el edil de Urbanismo Vicente Rubio en el último pleno, es que la empresa ha incorporado a la finca del hotel dos parcelas que suman 6.000 metros cuadrados, como suelo urbano consolidado, con el compromiso por escrito ante notario de no edificar en ellas, por lo que de esta forma se compensa el exceso de edificabilidad que existía y se regularizan tras 20 años estas instalaciones, que ya cuentan con la licencia de actividad. El primer edil de El Campello, Juan Ramón Varó, manifestó a este medio su satisfacción por la regularización por fin de estas instalaciones hoteleras de gran importancia para el sector turístico de la localidad.
Por otra parte el Hotel Pueblo Acantilado ha reabierto hace unas semanas sus puertas tras permanecer unos meses cerrado por reformas. La mercantil ha invertido seis millones de euros en su remodelación, que ha permitido transformar todas sus habitaciones en "suites" y "junior suites", equipadas con las últimas tecnologías, modernizando de esta forma las instalaciones. De cualquier modo la reforma mantiene el estilo genuino de Pueblo Acantilado, con sus calles empedradas, sus fachadas típicas de un pueblo mediterráneo y su barbacoa.
Así mismo aún no están finalizadas todas las remodelaciones, ya que hasta después del verano no se podrá inaugurar el "spa". Las instalaciones cuentan con 96 "suites", de las que 80 tienen vistas al mar, y se ubica en la zona norte de El Campello.
* Información - JOSE A. RICO - 16.08.2008
Foto: El Hotel Pueblo Acantilado tras su reapertura, en una imagen de esta semana. JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El PGOU de Málaga: interés público o privado
ANTONIO HERRERA LÓPEZ* : Estamos asistiendo en estos últimos días a diversas críticas sobre diferentes aspectos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, que el alcalde, de manera precipitada, quiere llevar a su aprobación provisional este jueves. Críticas, todas ellas, razonadas y razonables, producidas por distintas organizaciones sociales, políticas, profesionales (redactores del PGOU) y económicas que ponen de manifiesto la necesidad de exposición pública del plan antes de su aprobación.
Ante las más de seis mil alegaciones presentadas, el Ayuntamiento informa de que más de 3.450 han sido estimadas total o parcialmente, y que el 49% se han desestimado. Lo que no dice es si las estimadas modifican o no sustancialmente lo aprobado inicialmente (¿dónde están los paneles públicos informativos?). No se explican las causas por las que quedan desestimadas casi la mitad de las alegaciones. Además, no entendemos como una gran parte del tejido asociativo no ha recibido contestación a las alegaciones presentadas (en CCOO estamos esperando a que sean contestadas las presentadas en octubre de 2006).
Esta opacidad informativa hace del plan un instrumento ajeno a los intereses generales y proclive a los intereses privados.
Es preocupante la negativa de De la Torre a una nueva exposición pública cuando se han producido cambios sustanciales y estructurales respecto a la aprobación inicial ( julio de 2006), según lo manifestado públicamente por los redactores del plan. Esta actitud es contraria a la expresada por él mismo en el marco del II Plan Estratégico de Málaga, que especifica: "Las propuestas ciudadanas forman parte de las decisiones políticas que les afectan" recogidas en el plan estrella "la gobernanza local". Esta actitud invalida el consenso alcanzado en el II Plan Estratégico. Hay pocas cosas que afecten más directamente al ciudadano que el modelo futuro de su ciudad.
Recordemos que la participación ciudadana está directamente vinculada a la voluntad política de los responsables de las distintas administraciones, voluntad, en este caso, inexistente. Desde CCOO solicitamos al alcalde que sea coherente con lo manifestado en el desarrollo del II Plan Estratégico y más aún, después de sus declaraciones en las que se comprometía en la "búsqueda del máximo consenso ciudadano, incluidos los grupos políticos, para que este plan sea el de todos".
Esperamos y deseamos que se corrija el déficit democrático que padece el PGOU, que soberbiamente quiere aprobar ahora abriendo un periodo de exposición pública a los ciudadanos y ciudadanas de Málaga.
Entre otras muchas críticas, el desarrollo del Arraijanal no se puede plantear como un ente aislado del PGOU. El Arraijanal forma parte del concepto de ciudad que estamos debatiendo y debemos hacer primar el interés general sobre el interés particular. Por ello, el Ayuntamiento, junto con las administraciones central y autonómica, debe recuperar como espacio público toda la zona del Arraijanal.
Hay que aprovechar la decisión del Gobierno central, que en 2007 autorizó la declaración de utilidad pública de la adquisición de parte de cinco fincas situadas en el paraje de El Arraijanal, para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre. La superficie total afectada asciende a 420.795 metros cuadrados.
El objetivo era garantizar la conservación de estos espacios naturales y su uso público, impidiendo que en el futuro se produzca un desarrollo urbanístico que provoque una degradación y usos no sostenibles.
Si el Ayuntamiento de Málaga, ante esta oportunidad, mantiene el convenio con Vallehermoso, hará prevalecer el interés particular sobre el general, contribuyendo de manera irreversible a la degradación de uno de los mayores incentivos turísticos, como son las playas de nuestro litoral, e impidiendo que esta gran parcela forme parte de los equipamientos de nuestra ciudad y que se convierta el entorno natural más importante, junto con la recuperación del campamento Benitez, con su precioso bosque mediterráneo, recuperando para Málaga uno de los espacios naturales más importantes de uso ciudadano.
Exigimos, paralelamente, que se cumpla por parte del Ministerio de Medio Ambiente la expropiación del resto de la finca en manos privadas. Para ello es necesaria la complicidad e implicación del Ayuntamiento de Málaga.
*Secretario general de CCOO de Málaga
* La Opinión de Málaga - Opinión - 13 de agosto de 2008
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Ribadeo multa a cinco empresas con un millón por exceso de edificación
LAVOZ/Lugo* : El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, ha sancionado a cinco constructores con multas que suman casi un millón de euros por el exceso de edificabilidad. Además, les obliga a reponer la legalidad, lo que supone demoler la parte de las edificaciones que no se ajusta a la licencia concedida en su día.
Los arquitectos y aparejadores que dirigieron las obras tampoco se libran de la sanción y son multados, cada uno, con 6.001 euros. Concluido el período de alegaciones, la resolución se ha hecho firme y la vía administrativa se da por finalizada.
El período de pago voluntario -que depende de la fecha de notificación- concluye en torno al 8 de septiembre. De abonarse las cantidades que les imponen, los constructores obtendrían un descuento del 30%, pero, según desveló ayer el departamento de Intervención del Concello de Ribadeo, por ahora nadie ha pagado.
La decisión supone un paso más en un enrevesado proceso cuyos orígenes se remontan a varios años atrás. Casi todos los edificios están habitados, pero sus ocupantes carecen de licencia de primera ocupación. Ante las quejas de unos 140 afectados que querían regularizar su situación, la corporación municipal intentó buscar una solución. El asunto fue objeto de enfrentamientos políticos entre los diferentes partidos en este y el pasado mandato, hasta que se buscó la solución de legalizar solo la parte correctamente edificada, para evitar así mayores perjuicios a los dueños de pisos legales y que pudiesen obtener la licencia de primera ocupación. Pero como condición previa a esto se puso la de resolver antes los expedientes sancionadores a los constructores. Fernando Suárez propuso las multas, por valor de casi un millón de euros. La medida fue acogida con disparidad de opiniones.
La sanción de mayor cuantía ha sido impuesta a Construcciones G. Cao, por valor de 400.601 euros. El arquitecto es sancionado con 6.001 euros y el expediente abierto al aparejador queda pendiente de resolución, a la espera de que se concluya otro ya iniciado. La segunda multa, por su cuantía, recae en Construcciones Coto: 387.128 euros. Le siguen Pulpeiro con 87.360; Julio y Anselmo, con 52.000, y Herederos de Manuel Rodríguez Martínez, con 37.440. En todos los casos los aparejadores y arquitectos son multados con 6.001 euros.
Los cálculos
Para calcular la multa, el procedimiento seguido por el técnico municipal fue el de tomar los metros cuadrados construidos por encima de la licencia, multiplicarlos por el valor de mercado del suelo construido y restarle los costes de edificación. Las irregularidades cometidas en los cinco inmuebles son dispares, desde la edificación de una planta de más hasta el aprovechamiento del bajo cubierta para vivienda, entre otras.
Aunque algún promotor planteó que el expediente había caducado, a juicio del arquitecto municipal ninguno ha prescrito, ya que no han transcurrido seis años desde la conclusión de las obras.
* La Voz de Galicia - J. Alonso Quelle - 15.08.2008
Foto: Obras en uno de los edificios afectados, con una planta de más - lavozdegalicia.es
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