La corrupción planea sobre Castilla y León

PÚBLICO* : La Justicia decidió el jueves tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.

Empresarios y procuradores socialistas en las Cortes castellanoleonesas consideran que la caída del entramado se veía venir. Según la parlamentaria del PSOE Inmaculada Larrauri, “la opacidad de los procedimientos de la Junta en este sector alienta este tipo de situaciones irregulares”.

Sin información pública

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) reclamaba el jueves transparencia en los procesos de concesión de cualquier tipo de licencia. La patronal considera que “cualquiera de los que han solicitado autorizaciones deben tener garantizado que los procedimientos están amparados por la regularidad, protegiéndose los derechos de todos los administradores solicitantes, empresarios y consumidores”.

Ahora, así lo aseguran los empresarios, quienes piden este tipo de permisos no pueden consultar en qué orden han entrado sus solicitudes en la Administración, ni conocer las razones por las que no les han sido dadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno autonómico sólo hace públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCIL) las concesiones a las que ya se ha dado el visto bueno.

El PSOE catellanoleonés, a través de su viceportavoz en las Cortes, Ana Serrano, ya ha exigido responsabilidades políticas a la Junta así como “que se reúna la Diputación Permanente” para que comparezcan el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. Los socialistas quieren que expliquen todo lo ocurrido.

Investigación de la Junta

Los medios regionales de Castilla y León ya han bautizado a la trama como el ‘caso Lasarte’, en homenaje al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León. Javier Lasarte fue, el pasado día 1, el primero en dimitir después de que se descubriera que sus empresas de energías renovables recibían licencias a través de la jefatura de Industria.

Coincidiendo con el día en que el escándalo vio la luz, la Junta inició una investigación interna, que ha resultado determinante en el cese de los demás involucrados. Además, estudió los casos de otros seis funcionarios del departamento de Industria que también participaban en compañías de energías renovables por si hubiese algún tipo de irregularidad en la concesión de licencias a las mismas.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró, en declaraciones a Público, que “no tenía ningún conocimiento” sobre la participación de altos funcionarios en este tipo de prácticas y se comprometió en la lucha contra la corrupción, “con la tranquilidad de no tener nada que ocultar”.

La Fiscalía ya investiga

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León determinará si los funcionarios que ya han dimitido, así como los que están siendo investigados, han cometido algún tipo de delito. Según fuentes de la Delegación Territorial en León, los ceses dse han producido por la pérdida de la confianza en estos responsables nombrados ‘a dedo’, pero se desconoce si ha habido “responsabilidad penal”. El delegado, Eduardo Fernández, considera que, en todo caso, “se ha podido incurrir en tráfico de influencias o en negociaciones prohibidas a los funcionarios”, delitos tipificados en el Código Penal.





* Público - IÑIGO ADURIZ - 16/08/2008
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org

.................................... Leer más...

Las ciudades andaluzas quintuplicaron la superficie construida en medio siglo.

GAS* : Las ciudades andaluzas ocupan hoy con construcciones cinco veces más suelo del que hacían en 1956, un ritmo de crecimiento del ladrillo espectacular que se ha acentuado en la pasada década y que preocupa, especialmente, en la franja del litoral, como destaca el último informe Medio Ambiente en Andalucía, elaborado por la Junta. El aumento en el número de edificaciones, además, no responde a las necesidades de incremento de la población experimentado en la comunidad en el mismo periodo.

"El crecimiento reciente de nuestras ciudades no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población", concluye el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.

Un ejemplo de este desproporcionado crecimiento se encuentra en las ciudades medianas andaluzas, aquéllas que tienen entre 50.000 a 100.000 habitantes. Éstas han incrementado su población en un 115,9% desde 1956, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes ciudades, aquéllas con una población superior a las 100.000 personas, se ha experimentado un crecimiento en su censo del 92,8%, mientras que la superficie construida aumentó un 353,3%.

El estudio muestra la difícil relación que se da entre el denominado desarrollo sostenible y el modelo de crecimiento urbanístico aplicado en la comunidad autónoma, y es que, como resalta el documento, se ha triplicado la superficie construida ocupada por habitante en el periodo 1956-2003. Este aumento se ha producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas forestales, en un 23,17% de los casos, aunque, fundamentalmente, ha acarreado la pérdida de espacios agrícolas (76,40%).

La situación se hace mucho más visible en las localidades que ocupan la franja del litoral, que es también donde se ha desplazado buena parte de la población. Uno de los casos más extremos es el de Huércal, de Almería, donde se ha incrementado entre 1991 y 2007 la población en un 225%, o Rincón de la Victoria, en Málaga, con un crecimiento en el mismo periodo del 180%.

La mayor extensión física de los núcleos urbanos -el 79% de los andaluces residen en municipios que superan los 10.000 habitantes, un 46% vive en grandes ciudades- ha conllevado un degenaración de la calidad de vida en estas poblaciones.

Los desplazamientos han crecido en distancia y tiempo: el espacio viario ocupa más superficie, se produce una pérdida de la calidad del aire y un incremente de la contaminación acústica, además se incrementa la segregación social. "Sin olvidar que la incidencia de esta pérdida de calidad de vida es más acusada entre los grupos sociales más vulnerables y dependientes, como son los niños, ancianos y personas con minusvalías", recalca el documento que da por asentado en Andalucía un modelo de ciudad dispersa propio de la sociedad estadounidense y que se ha importado en el último cuarto de siglo a Europa Occidental.

Las grandes ciudades soportaban en 1991 el tráfico que generaban 856.041 vehículos, en 2006 circulaban por ellas 1.353.271 coches, un 58% más en tan sólo 15 años. Esto ha supuesto hacer frente en los núcleos urbanos a más emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, azufre y sustancias que facilitan la contaminación por ozono, entre otros elementos perjudiciales.

El tráfico resulta, además, la principal fuente de ruido. Un 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, y, todo esto, en un contexto en el que los andaluces se declaran poco amigos de usar el transporte público, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de litros de combustible necesarios por viajero y kilómetro. Más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público, según la última Encuesta sobre la Movilidad elaborada por el Ministerio de Fomento en 2007. Ante esta cifra, la Consejería de Medio Ambiente reclama en su informe "transformar el concepto de movilidad como derecho individual apoyando el transporte público como necesidad y derecho colectivo".

Otro de los grandes problemas que está generando el nuevo modelo de ciudad es el crecimiento de los residuos generados. Los andaluces ya producen cada año más basura que la media de la UE. Cada ciudadano lleva a los contenedores 550 kilos de residuos al año, frente a los 221,89 que generaban 20 años atrás, sin contar con los restos procedentes de la construcción y la demolición, ni los de procedencia industrial. Uno de los grandes fracasos, según la Consejería, ha sido no reducir el número de envases, de los que se recicla el 40%. Mejora, sin embargo, las cifras sobre reciclaje, especialmente del papel.


Extraído de Erllano.org




* Grupo de Acción Social - GAS - 09/08/2008

.................................... Leer más...

Galicia: El plan de puertos deportivos provoca el rechazo de ayuntamientos y vecinos

ELPAÍS* : El lema de Portos de Galicia es más inversión y menos hormigón, pero su plan de puertos deportivos se está cargando de alegaciones que denuncian su agresividad medioambiental. Los rellenos y la ocupación marítima que supone el proyecto, que prevé triplicar el número de amarres en 12 años, están generando un goteo de protestas vecinales y políticas que se extiende por toda la costa, pero se concentra en la ría de Vigo.

Los ayuntamientos del Morrazo y los de Baiona y Redondela han hecho pública su oposición, que contrasta con la defensa del valor medioambiental del proyecto que realiza la Consellería de Política Territorial, de la que depende Portos.

Sólo en la ría de Vigo y en el sur de la provincia de Pontevedra, el plan de la Xunta, aprobado en abril y que se encuentra en fase de exposición pública, contempla la creación de 4.231 nuevas plazas de atraque. En toda Galicia, el proyecto establece para el horizonte de 2020 se pase de los 11.658 amarres actuales a 32.000. Para ello, el plan director apuesta por ampliar las náuticas ya existentes, sin crear nuevos puertos deportivos.

La afirmación no es del todo exacta, ya que en Cangas se contempla el futuro y contestado puerto deportivo de Massó, el proyecto Marina Atlántica firmado por Norman Foster, con una previsión de 420 amarres. Las previsiones pasan por crear 1.600 amarres en el Morrazo, con actuaciones en Cangas como el incremento hasta 555 plazas para yates del puerto existente en el centro de lo localidad, que cuenta en la actualidad con capacidad para 293 barcos. También en Cangas se prevé aumentar la capacidad de los pantalanes de Vilariño, que pasarían de las actuales 60 a 175.

El ayuntamiento cangués fue el primero en oponerse al proyecto, postura que formalizó en una moción aprobada por el pleno y que contó con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP, que se ausentó de la votación. La alcaldesa, Clara Millán, del BNG, ha adelantado que defenderá que no se lleve a cabo ningún plan portuario sin contar con el Ayuntamiento. El pleno respaldó el rechazo de la Cofradía de Pescadores al nuevo relleno en la zona de Ojea.

En Moaña, todos los grupos políticos han acordado negociar una alegación conjunta al plan director. Todos coinciden en su oposición al puerto de 300 plazas en O Latón y al relleno previsto en O Con. El alcalde, el nacionalista Xosé Manuel Millán, adelantó que el plan "choca" con las previsiones municipales, y calificó muchas de las actuaciones previstas de "difícilmente viables". El PSOE, con el que gobierna Millán, comparte el rechazo.

También en Bueu el Plan Director de las Instalaciones Náutico Deportivas ha generado rechazo en el ayuntamiento. Su alcalde, Félix Juncal, del Bloque, ha mostrado su intención de presentar alegaciones, al considerar "excesiva" la oferta de 430 amarres y 100 plazas en una marina seca que prevé Política Territorial. Juncal propone una actuación "más razonable".

En Redondela, Portos prevé transformar el pequeño puerto deportivo de Chapela, de 182 plazas, en una gran náutica con capacidad para 639 embarcaciones, para lo que será necesario ejecutar un relleno de 15.000 metros cuadrados frente al actual paseo y ocupar una superficie de lámina de agua de 55.000 m metros cuadrados. Representantes de todos los grupos políticos y de distintos colectivos sociales, aglutinados en el Consello Parroquial de Chapela, han expresado su rechazo unánime a la propuesta. El gobierno local, de coalición PSOE-BNG, ha presentado una alegación respaldada por el PP.

El otro de los focos de rechazo se sitúa en Baiona, donde se pasará de las 632 plazas actuales a 1.622 en 2020. El gobierno local, presidido por el Partido Popular, considera estas cifras "excesivas y desmesuradas".

Alerta ecologista

La proliferación de puertos deportivos prevista en el plan de la Xunta ha puesto alerta a la asociación ecologista Greenpeace, que en su informe Destrucción a toda costa de 2008 sitúa el proyecto de Política Territorial entre los más agresivos de los que amenazan el litoral gallego. "Galicia quiere aumentar sus puertos deportivos a pesar de que presenta uno de los porcentajes más elevados de amarres por embarcación, superando en diez veces a Italia que, a su vez, tiene diez veces más costa que Galicia", destaca el documento en sus primeras líneas.

La organización ecologista acusa a la Consellería de Política Territorial de no tener en cuenta "los impactos ambientales negativos que tendrá la construcción de nuevos amarres deportivos". Y añade: "Especialmente preocupantes son los espacios de titularidad pública que perderán toda su riqueza natural, algo que tendrá un impacto directo sobre el turismo que disfruta de playas y sectores como la pesca y el marisqueo, que suponen 20.000 empleos directos y son responsables del 10% del PIB gallego". Greenpeace celebra que se opte por ampliar puertos ya existentes frente a la creación de otros nuevos, pero advierte de la amenaza que el plan supone para Cedeira, Bueu, Cangas y Baiona.






* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/08/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es

.................................... Leer más...

Un juez obliga a dar licencia a un edificio que la Junta pone como ejemplo de demolición

SUR/Marbella* : Las 61 viviendas, ubicadas en la avenida del Mediterráneo de San Pedro, forman parte de dos bloques construidos en zona de parques y jardines. El juzgado revoca la denegación del permiso de primera ocupación sin entrar a valorar la legalidad de la obra, pendiente de tres procedimientos en el TSJA.

Los desmanes urbanísticos que durante años se han producido en Marbella están provocando ahora situaciones paradójicas con edificios a los que se les está concediendo judicialmente la licencia de primera ocupación cuando la licencia de obra está recurrida en los tribunales. Es el caso de Promociones Los Jardines de la Costa, dos bloques con 61 viviendas ubicadas en la avenida del Mediterráneo de San Pedro Alcántara, construidos en zona verde según el PGOU de 1986 de Marbella, aún vigente, y el nuevo, pendiente de aprobación. Es uno de los ejemplos que la Junta de Andalucía ha puesto al Ayuntamiento de Marbella como edificios que deben ser derruidos por haberse levantado al amparo de licencias ilegales durante la 'era GIL', dentro del acuerdo de adelantar la ejecución del actual planeamiento urbanístico.

De hecho, sobre el edificio, que ha estado precintado en dos ocasiones, pesan tres recursos contencioso administrativos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la licencia de obras, pendientes de resolución, dos de ellos de la Junta y un tercero de la comunidad de propietarios Los Magnolios, anexa al bloque, que se queja de la depreciación que han sufrido sus viviendas con la nueva construcción.

El Ayuntamiento de Marbella revocó días previos a la 'operación Malaya' la licencia de primera ocupación, otorgada por silencio administrativo meses antes. La promotora recurrió la decisión y ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Málaga le ha dado la razón. El fallo judicial, al que ha tenido acceso SUR, obliga a la actual corporación municipal a otorgar la licencia, una sentencia de 3 de junio que ya es firme puesto que el Ayuntamiento «no ha contestado en tiempo y forma». De hecho el Consistorio ya ha recibido la ejecución de sentencia y en el edificio se aprecia movimiento de acometida de luz y limpieza de sus instalaciones, posiblemente para que los compradores de las viviendas, valoradas algunas de ellas en más de 600.000 euros, entren a vivir, lo que complicaría aún más una futura demolición si el TSJA considera finalmente que el edificio es ilegal. El fallo judicial no entra a valorar la legalidad de la licencia de obras, sino el permiso de primera ocupación.

Los vecinos de Los Magnolios, mientras tanto, acusan al Ayuntamiento de «dejación de funciones» por permitir que la sentencia se haga firme sin haberlo recurrido. El Consistorio aseguró a SUR que no tiene más remedio que «acatar el fallo» y ser lo más «respetuosos posible» con las resoluciones judiciales.

EL CASO, EN FECHAS

23 de mayo de 2003: La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde, otorga licencia de obras al proyecto básico y de ejecución de Promociones Los Jardines de la Costa.

2003-2004: La Junta de Andalucía interpone dos recursos contencioso administrativos contra la concesión de la licencia de obras que se suman a un tercero de la comunidad de propietarios vecina, Los Magnolios. Todos ellos están pendientes de resolución.

9 de junio de 2005: La promotora solicita la licencia de primera ocupación tras entregar la documentación requerida por el Ayuntamiento y pasar la perceptiva inspección municipal.

19 de diciembre de 2005: La empresa considera concedida la licencia por silencio administrativo.

16 de marzo de 2006: La Junta de Gobierno Local, entonces con Marisol Yagüe al frente, decide denegar la licencia de primera ocupación. La promotora recurre.

3 de junio de 2007: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga estima el recurso de los propietarios y obliga a la actual corporación a conceder el permiso.




* SUR - 16.08.08 -M. J. CRUZADO
Foto: JUNTO AL MAR. El edificio (al fondo) linda con Los Magnolios. / J-L, diariosur.es

.................................... Leer más...

Palma: El fiscal sugiere que De Santos recibió dádivas por el castillo de sa Riera

DIARIODEMALLORCA* : El castillo infantil del parque de sa Riera podría encerrar otros delitos además de la presunta prevaricación. La fiscalía anticorrupción no descarta la comisión de un soborno en vista de los "obsequios" entregados al ex teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal en tiempos de Catalina Cirer, Javier Rodrigo de Santos.

La acusación popular tendría constancia de un viaje a Suecia con el alojamiento incluido abonado supuestamente por la empresa suministradora de la atracción, Hags Aneby Ab. La apoderada de esta sociedad en España, Cristina Gual de Torrella, también aparece imputada en la querella por el delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta-.
El fiscal apunta una presumible "concertación" entre la empresa y el ex concejal del PP para el pago de un precio superior al de mercado, lo que supondría una defraudación a la Administración, en este caso, el consistorio palmesano.

Coste desorbitado

La investigación se basa en un informe pericial elaborado el pasado mes de febrero. El resultado del escrito resulta demoledor. El perito, un ingeniero técnico industrial, revisa la instalación para niños construida con madera laminada y acero galvanizado y determina que su precio es de 750.000 euros, incluida su instalación. La Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) acordó un gasto de 1,4 millones para hacer frente al importe del castillo, unos aparatos de gimnasia y la obra civil. En definitiva, el Ayuntamiento estaba dispuesto a abonar el doble de su valor real.
El cambio de color político en el Ayuntamiento frenó este pago. Los nuevos gestores de la empresa municipal se han negado a liquidar la factura porque formalmente no se encargó este trabajo. Anticorrupción entiende que Javier Rodrigo de Santos se aprovechó a lo largo de 2006 y 2007 de su condición de concejal y presidente de la EMOP para materializar una contratación pública fuera de todo procedimiento administrativo legal.
Todos los informes jurídicos elaborados en octubre del año pasado desde la propia EMOP subrayan las irregularidades en la forma y procedimiento de contratación.
Rodrigo de Santos podría sumar en el futuro más acusaciones a su lista que incluye la presunta corrupción de menores -circunstancia por la que se encuentra en la cárcel- y la supuesta malversación de caudales públicos por utilizar una tarjeta Visa municipal para abonar servicios sexuales en locales de alterne de Palma y la Península.
Anticorrupción insiste en la investigación de la posible comisión de los delitos de cohecho, falsedad y defraudación a la Administración.





* Diario de Mallorca - M. MANSO/J. F. MESTRE. PALMA - 16.08.2008
Foto: Imagen del castillo infantil del parque de sa Riera cuya contratación investiga la Fiscalía Anticorrupción. Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es

.................................... Leer más...

Zapatero atacará el entorno y no solucionará la crisis

ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Gobierno de Zapatero quiere poner en marcha una serie de medidas, como la agilización de los estudios de impacto ambiental y la eliminación del impuesto de patrimonio. Estas medidas van a generar importantes impactos en el entorno al agilizar puesta en marcha de varios proyectos de obra pública y revitalizar la construcción urbanística.

El Gobierno acaba de aprobar un paquete de medidas para luchar contra la crisis económica de carácter fuertemente insostenible. La rueda de prensa de Zapatero de hoy detalla algo más lo que había venido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos días, y que ya fue criticado por Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción considera un tremendo error la esencia de estas medidas: sacrificar el medio ambiente para intentar mantener el crecimiento a costa de cualquier cosa. En lugar de ello lo que debería hacer es acoplar nuestra economía para vivir mejor con menos, y no cada vez peor con más, como nos está ocurriendo.

En concreto, para la organización ecologista, la propuesta de agilizar las declaraciones de impacto ambiental haciendo que pasen de unos 600 días de media a unos 200 o 300 es tremendamente negativa, ya que va a significar que la participación pública se va a ver dificultada. Lo que se busca es obtener más declaraciones de impacto ambiental positivas en menos tiempo, para agilizar la obra pública. Es decir, que va a importar todavía menos el entorno.

El Presidente del Gobierno ha detallado a que se refiere con obra pública, incluyendo la construcción de infraestructuras de transporte e instalaciones energéticas.

Esto va a suponer un empujón al insostenible Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que prevé la construcción en zonas de la Red Natura 2000. En concreto Ecologistas en Acción señala las 10 infraestructuras incluidas en el PEIT con mayor impacto sobre la Red Natura 2000 y que se verán aceleradas por este Gobierno:

1.Autovía A43 Puertollano-Mérida.

2.Autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba.

3.Autovía Linares-Albacete.

4.Autovía ruta de la plata A66 de Gijón a Sevilla.

5.Autovía A48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras).

6.Autovía Cuenca-Teruel.

7.Autovía IV Centenario (Ciudad Real-Valencia).

8.Linea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.

9.Ampliación del Puerto Norte de Valencia.

10.Puerto de Granadilla (Tenerife).

La agilización de los trámites de evaluación de impacto ambiental en instalaciones energéticas van a implicar que, por ejemplo, la refinería que está en proyecto de construcción en Tierra de Barros (Badajoz), y que tiene un importantísimo impacto ambiental y contestación social, se vean acelerados.

La segunda medida que Ecologistas en Acción condena con más firmeza es la eliminación del impuesto de patrimonio, por lo que va a implicar de revitalización del sector de la construcción, responsable de la fuerte degradación del territorio que ha sufrido nuestro estado en los últimos años.

Ecologistas en Acción considera positivas otras serie de medidas, como el dinero inyectado en reahilitación de viviendas para hacerlas más eficientes o los programas de ahorro energético. Sin embargo estas medidas se verán desbordadas por el tremendo gasto energético que va a suponer el aumento del transporte como consecuencia del PEIT.

Para la organización ecologista es suicida mantener la obsesión por el crecimiento en un mundo limitado. Desde esta perspectiva las medidas del Gobierno no van a parar la verdadera crisis en la que estamos: la socioambiental, sino que la van a profundizar.





* Ecologistas en Accion, 14 de agosto 2008
Foto: Ecologistas en Acción

.................................... Leer más...

El Campello: El Ayuntamiento legaliza el Hotel Pueblo Acantilado tras operar 20 años sin licencia

INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de El Campello ha concedido licencia de actividad al Hotel Pueblo Acantilado tras funcionar éste de forma irregular durante casi 20 años. Las instalaciones de este hotel de cuatro estrellas de la zona norte presentaban desde su apertura en 1989 un exceso en el volumen de edificabilidad de entre 3.300 y 6.600 metros cuadrados.

Desde entonces, el Consistorio campellero y la empresa han estado tratando de regularizar la situación de este complejo residencial, el único de cuatro estrellas que hay en funcionamiento en el municipio, planteando diferentes fórmulas para compensar este exceso.
La solución finalmente adoptada, según explicó el edil de Urbanismo Vicente Rubio en el último pleno, es que la empresa ha incorporado a la finca del hotel dos parcelas que suman 6.000 metros cuadrados, como suelo urbano consolidado, con el compromiso por escrito ante notario de no edificar en ellas, por lo que de esta forma se compensa el exceso de edificabilidad que existía y se regularizan tras 20 años estas instalaciones, que ya cuentan con la licencia de actividad. El primer edil de El Campello, Juan Ramón Varó, manifestó a este medio su satisfacción por la regularización por fin de estas instalaciones hoteleras de gran importancia para el sector turístico de la localidad.
Por otra parte el Hotel Pueblo Acantilado ha reabierto hace unas semanas sus puertas tras permanecer unos meses cerrado por reformas. La mercantil ha invertido seis millones de euros en su remodelación, que ha permitido transformar todas sus habitaciones en "suites" y "junior suites", equipadas con las últimas tecnologías, modernizando de esta forma las instalaciones. De cualquier modo la reforma mantiene el estilo genuino de Pueblo Acantilado, con sus calles empedradas, sus fachadas típicas de un pueblo mediterráneo y su barbacoa.
Así mismo aún no están finalizadas todas las remodelaciones, ya que hasta después del verano no se podrá inaugurar el "spa". Las instalaciones cuentan con 96 "suites", de las que 80 tienen vistas al mar, y se ubica en la zona norte de El Campello.





* Información - JOSE A. RICO - 16.08.2008
Foto: El Hotel Pueblo Acantilado tras su reapertura, en una imagen de esta semana. JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com

.................................... Leer más...

El PGOU de Málaga: interés público o privado

ANTONIO HERRERA LÓPEZ* : Estamos asistiendo en estos últimos días a diversas críticas sobre diferentes aspectos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, que el alcalde, de manera precipitada, quiere llevar a su aprobación provisional este jueves. Críticas, todas ellas, razonadas y razonables, producidas por distintas organizaciones sociales, políticas, profesionales (redactores del PGOU) y económicas que ponen de manifiesto la necesidad de exposición pública del plan antes de su aprobación.

Ante las más de seis mil alegaciones presentadas, el Ayuntamiento informa de que más de 3.450 han sido estimadas total o parcialmente, y que el 49% se han desestimado. Lo que no dice es si las estimadas modifican o no sustancialmente lo aprobado inicialmente (¿dónde están los paneles públicos informativos?). No se explican las causas por las que quedan desestimadas casi la mitad de las alegaciones. Además, no entendemos como una gran parte del tejido asociativo no ha recibido contestación a las alegaciones presentadas (en CCOO estamos esperando a que sean contestadas las presentadas en octubre de 2006).
Esta opacidad informativa hace del plan un instrumento ajeno a los intereses generales y proclive a los intereses privados.
Es preocupante la negativa de De la Torre a una nueva exposición pública cuando se han producido cambios sustanciales y estructurales respecto a la aprobación inicial ( julio de 2006), según lo manifestado públicamente por los redactores del plan. Esta actitud es contraria a la expresada por él mismo en el marco del II Plan Estratégico de Málaga, que especifica: "Las propuestas ciudadanas forman parte de las decisiones políticas que les afectan" recogidas en el plan estrella "la gobernanza local". Esta actitud invalida el consenso alcanzado en el II Plan Estratégico. Hay pocas cosas que afecten más directamente al ciudadano que el modelo futuro de su ciudad.
Recordemos que la participación ciudadana está directamente vinculada a la voluntad política de los responsables de las distintas administraciones, voluntad, en este caso, inexistente. Desde CCOO solicitamos al alcalde que sea coherente con lo manifestado en el desarrollo del II Plan Estratégico y más aún, después de sus declaraciones en las que se comprometía en la "búsqueda del máximo consenso ciudadano, incluidos los grupos políticos, para que este plan sea el de todos".
Esperamos y deseamos que se corrija el déficit democrático que padece el PGOU, que soberbiamente quiere aprobar ahora abriendo un periodo de exposición pública a los ciudadanos y ciudadanas de Málaga.
Entre otras muchas críticas, el desarrollo del Arraijanal no se puede plantear como un ente aislado del PGOU. El Arraijanal forma parte del concepto de ciudad que estamos debatiendo y debemos hacer primar el interés general sobre el interés particular. Por ello, el Ayuntamiento, junto con las administraciones central y autonómica, debe recuperar como espacio público toda la zona del Arraijanal.
Hay que aprovechar la decisión del Gobierno central, que en 2007 autorizó la declaración de utilidad pública de la adquisición de parte de cinco fincas situadas en el paraje de El Arraijanal, para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre. La superficie total afectada asciende a 420.795 metros cuadrados.
El objetivo era garantizar la conservación de estos espacios naturales y su uso público, impidiendo que en el futuro se produzca un desarrollo urbanístico que provoque una degradación y usos no sostenibles.
Si el Ayuntamiento de Málaga, ante esta oportunidad, mantiene el convenio con Vallehermoso, hará prevalecer el interés particular sobre el general, contribuyendo de manera irreversible a la degradación de uno de los mayores incentivos turísticos, como son las playas de nuestro litoral, e impidiendo que esta gran parcela forme parte de los equipamientos de nuestra ciudad y que se convierta el entorno natural más importante, junto con la recuperación del campamento Benitez, con su precioso bosque mediterráneo, recuperando para Málaga uno de los espacios naturales más importantes de uso ciudadano.
Exigimos, paralelamente, que se cumpla por parte del Ministerio de Medio Ambiente la expropiación del resto de la finca en manos privadas. Para ello es necesaria la complicidad e implicación del Ayuntamiento de Málaga.



*Secretario general de CCOO de Málaga




* La Opinión de Málaga - Opinión - 13 de agosto de 2008

.................................... Leer más...

Ribadeo multa a cinco empresas con un millón por exceso de edificación

LAVOZ/Lugo* : El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, ha sancionado a cinco constructores con multas que suman casi un millón de euros por el exceso de edificabilidad. Además, les obliga a reponer la legalidad, lo que supone demoler la parte de las edificaciones que no se ajusta a la licencia concedida en su día.

Los arquitectos y aparejadores que dirigieron las obras tampoco se libran de la sanción y son multados, cada uno, con 6.001 euros. Concluido el período de alegaciones, la resolución se ha hecho firme y la vía administrativa se da por finalizada.

El período de pago voluntario -que depende de la fecha de notificación- concluye en torno al 8 de septiembre. De abonarse las cantidades que les imponen, los constructores obtendrían un descuento del 30%, pero, según desveló ayer el departamento de Intervención del Concello de Ribadeo, por ahora nadie ha pagado.

La decisión supone un paso más en un enrevesado proceso cuyos orígenes se remontan a varios años atrás. Casi todos los edificios están habitados, pero sus ocupantes carecen de licencia de primera ocupación. Ante las quejas de unos 140 afectados que querían regularizar su situación, la corporación municipal intentó buscar una solución. El asunto fue objeto de enfrentamientos políticos entre los diferentes partidos en este y el pasado mandato, hasta que se buscó la solución de legalizar solo la parte correctamente edificada, para evitar así mayores perjuicios a los dueños de pisos legales y que pudiesen obtener la licencia de primera ocupación. Pero como condición previa a esto se puso la de resolver antes los expedientes sancionadores a los constructores. Fernando Suárez propuso las multas, por valor de casi un millón de euros. La medida fue acogida con disparidad de opiniones.

La sanción de mayor cuantía ha sido impuesta a Construcciones G. Cao, por valor de 400.601 euros. El arquitecto es sancionado con 6.001 euros y el expediente abierto al aparejador queda pendiente de resolución, a la espera de que se concluya otro ya iniciado. La segunda multa, por su cuantía, recae en Construcciones Coto: 387.128 euros. Le siguen Pulpeiro con 87.360; Julio y Anselmo, con 52.000, y Herederos de Manuel Rodríguez Martínez, con 37.440. En todos los casos los aparejadores y arquitectos son multados con 6.001 euros.

Los cálculos

Para calcular la multa, el procedimiento seguido por el técnico municipal fue el de tomar los metros cuadrados construidos por encima de la licencia, multiplicarlos por el valor de mercado del suelo construido y restarle los costes de edificación. Las irregularidades cometidas en los cinco inmuebles son dispares, desde la edificación de una planta de más hasta el aprovechamiento del bajo cubierta para vivienda, entre otras.

Aunque algún promotor planteó que el expediente había caducado, a juicio del arquitecto municipal ninguno ha prescrito, ya que no han transcurrido seis años desde la conclusión de las obras.





* La Voz de Galicia - J. Alonso Quelle - 15.08.2008
Foto: Obras en uno de los edificios afectados, con una planta de más - lavozdegalicia.es

.................................... Leer más...

Prisión incondicional para el principal acusado de la trama de corrupción en Baleares

PÚBLICO* : El juez Antonio Rotger ha dictado prisión provisional sin fianza para el principal implicado de la presunta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Jove, el ex jefe de Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, y prisión con fianza para el ex gerente, Damià Amengual.

El ex director general de Juventud en la pasada legislatura, Juan Francisco Gálvez, ha quedado en libertad sin fianza pero con cargos de malversación de fondos y falsificación documental, tras haber prestado declaración durante unas tres horas y después de un registro de dos horas en su domicilio, ha confirmado su abogado, Bartomeu Vidal.

La cuarta persona detenida e imputada, la ex pareja sentimental de Gosálbez, María Auxiliadora Pérez, ha quedado en libertad con cargos y ha sido la primera en salir de los juzgados, en torno a la 1.00 horas de la madrugada.
Cohecho y prevaricación

Según fuentes de la Fiscalía, el imputado que se enfrenta a mayor número de cargos es Gosálbez, a quien se le acusa de malversación de fondos públicos, cohecho, falsificación documental y prevaricación, y que ha ingresado esta misma noche en prisión.

El abogado Bartomeu Vidal ha anunciado la decisión del juez de conceder libertad sin fianza para uno de sus defendidos, el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, de quien ha dicho que "ha mantenido en todo momento su absoluta inocencia respecto de todas las acusaciones".

"El acuerdo por parte del juzgado y el hecho de que el Ministerio Público no haya solicitado ninguna medida concreta en la situación personal del señor Gálvez implica que en su actuación en relación a los hechos que se están estudiando y de los que tenemos un conocimiento escaso, es prácticamente ninguna", ha afirmado Vidal.
Libertad provisional

En el caso del ex gerente del organismo público, Damiàn Amengual, quien comparte abogado con Gálvez, el juez ha dictado libertad provisional con fianza de 12.000 euros, que ha sido depositada y ha quedado en libertad.

"Hemos de estudiar las actuaciones y situarnos en el procedimiento", ha indicado el abogado Vidal.

Esta tarde han prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, los cuatro detenidos e imputados en la supuesta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven durante la pasada legislatura.

El primero en comparecer ha sido el ex jefe de Mantenimiento y Servicios del ente autonómico, Juan Francisco Gosálbez, quien ha llegado alrededor de las 10.30 horas y ha sido interrogado por espacio de 40 minutos, pero se ha negado a declarar.

Posteriormente ha comparecido el ex gerente del Consorcio, Damià Amengual, quien sí ha declarado.

Por la tarde ha acudido a declarar el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez y ha comparecido también María Auxiliadora Pérez, ex pareja sentimental Gosálbez.

La abogada de Pérez, Francisca Pol, ha señalado que su defendida ha ratificado hoy ante el juez la declaración efectuada ya ante la Fiscalía en la Jefatura Provincial de Policía.

"Mi defendida ha actuado siempre de buena fe y no se ha beneficiado de ningún dinero de las comisiones que obtuvo su pareja sentimental", ha dicho Pol sobre Pérez, quien ha reconocido haber firmado varios documentos "sin saber lo que firmaba".

El secretario general del PP balear, Guillem Estarellas, ha anunciado esta tarde la expulsión del partido para Juan Francisco Gosálbez por la petición del fiscal de prisión, y la suspensión cautelar de militancia para el ex gerente del Consorcio y ex concejal del PP de Algaida, Damià Amengual, de quien todavía se desconocía que la Fiscalía pediría también prisión, aunque con fianza.





* Público - EFE - Madrid / Palma - 15/08/2008
Foto: El ex gerente del Consorcio de Turismo Joven del Govern balear Damiá Amengual (detrás) y el ex jefe de Instalaciones y Mantenimiento Juan Francisco Gosálbez. - EFE

.................................... Leer más...

El alcalde de Chiclana es multado con 4.499 euros por hacer obras ilegales

DIARIODECÁDIZ* : La Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana ha resuelto sancionar con una multa de 4.499 euros a la empresa del alcalde, Ernesto Marín (PP), por la ejecución, sin la licencia correspondiente, de unas obras de adecuación en la nave a la que se trasladó a final de 2007 tras producirse la venta de la antigua fábrica.

Dicha sanción la dio a conocer ayer el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón (IU), en el transcurso de una rueda de prensa en la que destacó que "este hecho deja claro que aquí nadie puede saltarse las cosas a la torera, ni la empresa del alcalde ni una concejala del equipo de gobierno", en alusión a su ya ex compañera de gobierno y grupo municipal, Nadine Fernández.

Asimismo, José Pedro Butrón aclaró que "el retraso que ha sufrido la resolución se debe a que ni yo como instructor del documento y vicepresidente de la Gerencia ni el alcalde por razones obvias podíamos firmarlo y, por tanto, hemos tenido que esperar a que hubiera un alcalde en funciones".

Dicha rúbrica, de la que el edil de IU no tenía constancia ayer, la ejecutó el miércoles el concejal popular y alcalde en funciones, Nicolás Aragón, que destacó que, "tal y como era nuestra intención y la del alcalde, hemos dado la oficialidad obligada a un expediente que ha sido tratado de la forma más escrupulosa", descartando, desde su condición de presidente del PP en Chiclana, "cualquier medida política contra Ernesto Marín".

Por su parte, Ernesto Marín encajó con "normalidad" la sanción dictaminada por Urbanismo, apuntando la posibilidad de plantear en las próximas semanas un recurso de reposición contra la misma. Marín, que también fue denunciado por el PSOE por la autoría de un presunto enganche ilegal de electricidad y por tener actividad en la nueva nave sin contra con licencia para ello, extremo este último que desestimó Urbanismo tras dos inspecciones, destacó que "hice lo que hice porque no teníamos otra opción, ya que la antigua fábrica se estaba agrietando por unas obras que se estaban ejecutando al lado y o nos íbamos o nos enfrentábamos a una situación con consecuencias más graves".





* Diario de Cádiz - A. Ruiz · J.M. Reina - 15.08.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org

.................................... Leer más...

La economía española sufre una "resaca inmobiliaria", según 'The New York Times'

ELPAÍS* : España probablemente sufrirá "lo más duro del parón económico" internacional, según el diario The New York Times, que considera que la economía española está "de resaca inmobiliaria", tras haber abusado de ese sector.

En su artículo titulado 'Una resaca inmobiliaria para la economía española', el diario neoyorquino asegura que "en menos de un año el país ha pasado de un ágil crecimiento a un aguda penuria" debido al derrumbe del mercado inmobiliario, el aumento de los precios de la energía y la crisis financiera internacional.

"No sólo han apostado todo a lo inmobiliario, sino que además su dilema se ha visto exacerbado por la vorágine financiera internacional que sólo parece ganar velocidad", asegura el diario neoyorkino para completar un negro panorama que glosa con las cifras publicadas en los últimos días sobre inflación, el peor en los últimos 16 años o las predicciones de desempleo.

El diario se pregunta si la economía española podrá dejar el modelo de crecimiento basado en el sector inmobiliario y ser capaz de, en los próximos dieciocho meses, ponerse a producir bienes y servicios que se puedan vender al resto del mundo.

"Probablemente no, y por eso es por lo que España parece que va a sentir los más duro del parón económico actual", apunta el rotativo, que recuerda que los datos más recientes de inflación la sitúan en el 5,3% anual, la más alta en quince años. Los españoles están pagando, en su opinión, "no sólo sus propios excesos, sino el alcance mundial de los estragos producidos por la crisis del sector hipotecario estadounidense".




* ELPAIS.com - EFE - 14/08/2008
Foto: Casa, caida índices - cotizalia.com

.................................... Leer más...

¿Tendrá el medio ambiente que pagar el pato por la crisis?

SOITU* : Una de las medidas que el presidente Zapatero propone para frenar la crisis económica es la agilización en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas, de la que muchos proyectos dependen para seguir adelante. Esta propuesta ha sido presentada por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado en Moncloa, tras el cual ha anunciado que el objetivo de esta medida es reducir a seis meses el trámite del estudio de impacto ambiental, cuando la duración media actual es de unos 25 meses.

Todo ello para acelerar las inversiones e infraestructuras y liberalizar la economía, aunque esto pueda suponer, en opinión de los ecologistas, un peligro para nuestro entorno natural.

El estudio de impacto ambiental mide si un proyecto es o no compatible con la conservación del medio ambiente, y en base a su resultado, se concluye si es o no viable su construcción. A pesar de que la ministra Espinosa ha manifestado que esta medida "no supondrá menos garantías medioambientales y se seguirá exigiendo las mismas condiciones que hasta el momento", las reacciones a esta propuesta del Gobierno no se han hecho esperar por parte de las organizaciones ecologistas y del Partido Popular.

En la entrevista que mantuvo la ministra con la agencia EFE, explicaba que "la mejora de la eficiencia de la tramitación ambiental tendrá una repercusión económica 'tremenda', ya que afecta a prácticamente todas las infraestructuras del país e inversiones industriales importantes" y añade, "pensemos que podemos estar hablando de tener colgados en la red 2.000 ó 3.000 proyectos, pero a lo mejor uno de ellos es un tramo del AVE o de un gasoducto". Para Espinosa, "el objetivo principal es acelerar la tramitación lo máximo posible para no frenar las inversiones, ya que hoy en día conllevan mucho tiempo", y ha detallado que se "establecerán plazos a los promotores de las infraestructuras u obras para la presentación de la documentación y una tramitación vía electrónica de la mayor parte del procedimiento.

No obstante, no todos parecen estar contentos con esta medida del Gobierno:
"La evaluación de impacto ambiental va a perder sentido y credibilidad"

- Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción:

"El estudio de impacto ambiental es el único sistema que permite analizar y garantizar que los proyectos no vayan a tener unos impactos ambientales elevados. Agilizar este proceso equivale a convertirlo en un mero trámite que hay que hacer lo más rápido posible. No es una decisión política que se pueda hacer en un día. El estudio necesita un tiempo y una valoración basada en criterios técnicos, no políticos. La sensación que da la ministra es que quiere agilizar los trámites lo más rápido posible para dar salida a muchas obras que posiblemente están paradas por tener una evaluación de impacto negativa".

"Los proyectos se tienen que someter a un procedimiento para ver si son o no viables. Si el proceso se tramita con prisas pondrá en duda el sentido y la credibilidad de las declaraciones de impacto ambiental. Hacerlo más rápido quiere decir que se haga con menos control, con menos cuidado, lo que puede implicar que salgan declaraciones positivas en proyectos que tengan unos impactos ambientales importantes. Consideramos que es algo inadmisible y muy grave por parte del Gobierno. Estas medidas no tienen ningún sentido de cara a la crisis. Nuestro país está a la cabeza de Europa en número de autopistas y autovías por habitante y se están construyendo carreteras que son innecesarias. Con esta medida, se están saltando estos criterios de necesidad para poner en marcha proyectos que muchas veces no son necesarios y cuyos impactos ambientales pueden ser muy importantes".
"El medio ambiente se convierte en una víctima más de la crisis"

- Juan López de Uralde, director general de Greenpeace:

"Esta decisión está demostrando que la política medio ambiental se interpreta como un obstáculo al crecimiento económico. Los estudios de impacto ambiental son un trámite fundamental para salvaguardar los valores naturales presentes en nuestro territorio. Rechazamos la forma en que se está haciendo todo: estamos en agosto, cuando más gente está de vacaciones, así se evita que no haya muchas discusiones. Ni es el momento, ni es la forma para una propuesta de este calibre. Está claro que el objetivo de esta medida es reducir los criterios ambientales de los proyectos, con lo que desde Greenpeace somos muy críticos con esta acción. Esta propuesta convierte al medio ambiente en una víctima más de la crisis económica. De esta manera se va a forzar cualquier decisión por encima de cualquier espacio natural. Y encima la ministra no esconde ni el propósito. Es una auténtica traición del Gobierno a su programa electoral".
"Cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía"

-Carlos Floriano, diputado del Partido Popular:

"Nos parece una medida que no va a ayudar a la situación económica de nuestro país, y va a poner en cuestión todo lo que es la normativa de protección de medio ambiente que debe ir acompañando a cualquier obra pública. No entiendo hasta qué punto la relajación de las medidas establecidas para las declaraciones de impacto ambiental pueden ayudar a solventar una crisis tan grave como la que tiene nuestro país. Ahora resulta que los responsables del parón económico son los requisitos que se exigen para las declaraciones de impacto ambiental de las obras públicas. Considero que esta medida es una manifestación más de un gobierno despistado, absolutamente desorientado, que está intentado sacar a nuestro país de una crisis muy profunda a base de ocurrencias y no de una política global que es la que se requiere en estos momentos".

"A Zapatero ya se le puede quitar la chapa de la lucha contra el cambio climático, uno de sus grandes objetivos de su programa electoral. El tema medioambiental sólo lo trata como marketing. Tenemos que tener claro que cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía. Nuestro medio ambiente es una etiqueta para el resto del mundo, como país turístico que es España. El poner en cuestión el valor de nuestro patrimonio cultural repercute negativamente en nuestra economía. Con todo, nos parece muy desacertado lo que está haciendo este Gobierno".

Y a ti, ¿qué te parece esta medida anticrisis de Zapatero?





* SOITU.es - ALMUDENA MARTÍN - 14.08.2008

.................................... Leer más...

Cinco empresarios han confesado los pagos ilegales a la trama de Mallorca

ELPAÍS/Palma* : La investigación de la presunta trama de corrupción que operaba desde la cúpula del Consorcio de Turismo Joven del anterior Gobierno balear encabezado por Jaume Matas (PP) no ceja: ya hay nueve detenidos, y cuatro ex cargos del gobierno imputados.

La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Pedro Horrach y Juan Carrau, analiza los posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental cometidos supuestamente desde la entidad pública.

Ayer fueron detenidos otros tres empresarios, que se suman a las seis personas arrestadas entre el lunes y el martes y que, según fuentes de la investigación, "habrían participado en el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios". En total son cinco los empresarios detenidos, y todos han confesado el pago de comisiones ilegales al consorcio público.

Los considerados cabecillas del entramado -Damián Amengual, ex gerente del consorcio; Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios; y María Auxiliadora Pérez, esposa de éste- pasarán hoy a disposición judicial, después de haber permanecido tres días en los calabozos de Palma. Ayer se confirmó, además, la imputación de otros dos ex altos cargos del PP: Juan Francisco Gálvez, miembro de Nuevas Generaciones y ex director general de Juventud, y María Reyes Carbonell, diputada del PP en el Consell de Mallorca entre 1995 y 1999.

Gálvez, que fuera superior directo de los presuntos líderes de la trama y hombre de confianza de la ex consejera de Presidencia Rosa Puig, compareció con el semblante serio y se negó a responder a las preguntas de los investigadores. Horas antes, María Reyes había negado toda relación con la trama. La dirigente acusó a Gosálbez y su esposa de implicarla, mediante la falsificación su firma, en una de las principales causas que se investigan: un lucrativo contrato por el cual Gosálbez se habría autoalquilado un local por valor de 54.000 euros anuales, manipulando posteriormente el documento para obtener un préstamo bancario por la misma cantidad.

Se da la circunstancia, no obstante, de que el inmueble había pertenecido previamente a un familiar directo de Carbonell. Asimismo, un segundo local propiedad de la misma familia acoge la sede de la Dirección General de Juventud, a través de un contrato de alquiler que, presuntamente, se realizó eludiendo los trámites administrativos obligatorios y se adjudicó a cambio de una comisión de 24.000 euros.

Ayer trascendió también parte de la declaración de María Auxiliadora Pérez, esposa de Gosálbez. La mujer figura, junto a su marido, como titular de la sociedad pantalla Grupo Fanodi Gestión, utilizada en los supuestos negocios sucios de Turismo Joven. Pero, ante las preguntas de los inspectores, se desmarcó por completo de la trama y acusó a su marido de haberla utilizado como testaferro. Pérez dijo haber firmado documentos "a ciegas" por orden de Gosálbez, del que aseguró encontrarse en trámites de separación.

Quién es quién en el entramado corrupto

- Juan Francisco Gosálbez (ex jefe de Servicios y Mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven) es el supuesto cabecilla de la trama. Está imputado por el cobro de comisiones, por autoalquilarse un local por el importe exacto de su hipoteca y por pagarse viajes de lujo con dinero público. Se ha negado a declarar y pasará hoy a disposición judicial.

- Damián Amengual (ex gerente del Consorcio de Turismo Joven), considerado un "hombre de paja" a las órdenes de Gosálbez, está imputado por el alquiler irregular de dos locales a cambio de contraprestaciones económicas. Se ha negado a declarar y pasará hoy a disposición judicial.

- María Auxiliadora Pérez (esposa de Juan Francisco Gosálbez) figura, junto a su marido, como titular de la sociedad fantasma utilizada para desviar fondos públicos. Acusa a su marido de emplearla como testaferro. Pasará hoy a disposición judicial.

- Jaime Cerdá (ex contable del Consorcio de Turismo Joven) era el responsable de las arcas de la entidad pública durante el período en que se cometieron los presuntos delitos sin que quedara constancia alguna. Está en libertad con cargos.

- Marcos Pérez (empresario de la construcción) confesó haber pagado una comisión de 60.000 euros a Gosálbez por haberle encargado la reforma de un local. Está en libertad con cargos.

- Juan Francisco Gálvez (ex director general de Juventud del Gobierno del Jaume Matas) se negó ayer a declarar tras ser citado por Anticorrupción como imputado en la trama.

- María Reyes Carbonell (ex diputada del Partido Popular en el Consell de Mallorca) negó toda implicación en la trama y justificó la aparición de su firma en un alquiler fraudulento como una falsificación a cargo de Gosálbez y su esposa.





* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 14/08/2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)

.................................... Leer más...

San Juan: Levantan un bloque a escasos metros de viviendas en el PAU 5

LAVERDAD/Alicante* : Vecinos de la urbanización Mare Nostrum, en la Playa de San Juan, han colocado en sus balcones carteles y pancartas alusivas a las molestias que les genera la construcción de un bloque de apartamentos de nueve plantas que se levanta a escasos metros de sus viviendas en el nuevo PAU 5.

Los residentes han criticado ante la concejal socialista Loles Fernández la «falta de sensibilidad que tiene la Concejalía de Urbanismo a la hora de conceder licencias de obra». Los vecinos se quejan de que «las obras que se están acometiendo en el solar vecino a esta urbanización, provocan ya no sólo graves molestias a los residentes de los inmuebles contiguos, sino que en un futuro se encontrarán con que a escasos metros de sus terrazas les van a levantar un edificio de nueve plantas», explicó ayer Fernández.

«La desorganización en la estructura urbanística en la que vivimos está provocando situaciones como la que se expone, en la que vecinos de una urbanización de más de 40 años ven cómo prácticamente su edificio queda invadido por otro de nueva construcción», critica la concejal socialista.

Los residentes ya se pusieron en contacto con los responsables de Urbanismo, quienes les respondieron que era «su problema y que no se hubieran comprado las casas allí», indica la concejal socialista Loles Fernández.

Para la edil de la oposición, ésa no es la cuestión: «El problema que viven y vivirán los vecinos de la urbanización Mare Nostrum se pudiera haber remediado simplemente obligando a la nueva edificación a retranquearse», dijo Fernández.

En opinión de la concejal encargada de Urbanismo en el PSOE, el problema ha sido «la insensibilidad» de la Gerencia.





* La Verdad - J. V. P. P. - 14.08.2008
Foto: EN OBRAS. Las grúas, delante de la antigua urbanización. / L. V.

.................................... Leer más...

Benidorm cede en exclusiva una instalación pública a un colegio privado

ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP, propondrá al próximo pleno la cesión al colegio privado Lope de Vega una parcela de 10.159 metros cuadrados de titularidad municipal calificados como "espacio libre deportivo" por el Plan General de 1990.

La cesión se realiza mediante un convenio que garantiza a la mercantil que gestiona el colegio el "derecho a la utilización de las instalaciones deportivas con carácter indefinido, mientras el colegio exista". Esta empresa, Centro de estudios Lope de Vega, SA, podrá cobrar por el uso de las instalaciones tanto al Ayuntamiento como a las entidades deportivas y colectivos ajenos al colegio en concepto de "vigilancia, conservación y limpieza", según figura en la cláusula 5.2. El Consistorio además deberá invertir un millón de euros en la canalización de un barranco aledaño que provocaba continuas inundaciones y correrá con el pago del IBI.

Pérez Fenoll estudió en el colegio Lope de Vega, al igual que otros destacados dirigentes del PP, como Eduardo Zaplana. El colegio se compromete en su ideario a "fomentar los valores cristianos de acuerdo con la fe de la Iglesia Católica y educando siempre en y para la libertad".

El nuevo convenio sustituye al vigente desde 1990 y pone fin a un contencioso de la empresa contra el Ayuntamiento por supuestos incumplimientos, entre ellos una inversión de casi un millón de euros en obras de mejora. El Gobierno local ha negociado durante los últimos meses un acuerdo con la empresa para regularizar la situación. A diferencia del convenio de 1990, que destinaba las instalaciones a la "utilización exclusiva por la población escolar", con uso prioritario para este centro. El documento restringe el acceso a otros colegios a "los casos en los que lo permitan las actividades escolares o extraescolares" del Lope de Vega, y previa fijación de un calendario por la concejalía de Deportes.





* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 14/08/2008
Foto: Benidorm (Alicante) - losgenoveses

.................................... Leer más...

Málaga: De la Torre persiste en proyectos que Medio Ambiente estima inviables

ELPAÍS* : El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga que se considerará hoy a aprobación provisional del pleno municipal mantiene proyectos del documento inicial que el informe de impacto ambiental consideró inviables, como la construcción al norte de las rondas de circunvalación, la ocupación de Arraijanal o determinados desarrollos residenciales en Churriana y Campanillas que sólo han sido corregidos parcialmente.

Ahora corren el riesgo de ser vetados por la administración autonómica, que tiene la competencia de la aprobación definitiva del planeamiento.

Tampoco da satisfacción plenamente el nuevo documento a las correcciones que sugirió la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en el informe de incidencia territorial, especialmente en materia de infraestructuras y de transportes y de protección de suelo.

Sobre el diseño del desarrollo en Churriana y Campanillas persisten serias discrepancias entre la administración autonómica y el consistorio que gobierna Francisco de la Torre. Se trata de las zonas de crecimiento natural de la ciudad, donde se extiende la presión residencial, hay que localizar también nuevos suelos de oportunidad para actividades económicas, y compatibilizarlo con la protección de de las vegas del Campanillas y el Guadalhorce, o el impacto acústico del aeropuerto, en Churriana.

El arquitecto director del plan, Damián Quero, ha reconocido que se han introducido algunas modificaciones, pero son muy puntuales en cuanto a ubicación de determinados equipamientos o alguna parcela residencial por los informes sectoriales como los de Medio Ambiente o Aena, pero al mismo tiempo espera que la Junta también revise y por ejemplo reduzca la extensión del polígono logístico que el Plan de Ordenación del Territorio localiza en Santa Rosalía Maqueda.

Pero el grueso de los desarrollos de mantienen, que es lo que los informes cuestionaban. El impacto ambiental por ejemplo declaró inviable las propuestas de desarrollo en la Sierra de Churriana, donde ahora se ha aumentado la superficie a desarrollar y la edificabilidad para compensar la pérdida de uso residencial junto al aeropuerto que Aena desaconsejó. En Campanillas, la Junta aconsejó revisar los crecimientos residenciales.

En el PGOU de Málaga que hoy se somete a aprobación tampoco hay una reducción en la previsión de nuevas viviendas que el informe de incidencia territorial de la Junta consideró "sobredimensionada". El plan desarrolla suelo para la construcción de 70.116 viviendas, de las que 36.225 son realmente de nueva programación y el resto son residencias contempladas en el plan vigente desde 1998, que aún no se han ejecutado.

El documento que se aprobó inicialmente y sobre el que se pronunció Obras Públicas contemplaba algo más, 74.331, pero no es que haya habido una correción a la baja, sino que han transcurrido dos años -la aprobación inicial se produjo el 26 de julio de 2006- en los que se ha construido. Sólo en 2007 el Ayuntamiento concedió licencias de obras para 5.638 viviendas, el segundo año más productivo desde 1998, cuando se aprobó el vigente PGOU, pese a que ya estaba en revisión el plan. A ellas hay que unir otras 1.045 licencias concedidas en los primeros seis meses del presente año.

De hecho, en el planteamiento de desarrollos residenciales de nuevo cuño hay un aumento respecto a la aprobación inicial. Aquella contemplaba 33.182 casas, y la que se aprueba hoy incluye 36.225. El equipo de Gobierno calcula que en julio de 2009, cuando se estima que entre en vigor el nuevo plan, la previsión real será ya de 66.418 viviendas, cifra que considera muy alejada de las 86.000 que contempló el plan vigente y más ajustada a la realidad. Si se mantuviera el ritmo de construcción de los últimos años, la previsión da para otros 16.

El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre resalta como una de las principales características del plan su apuesta por la vivienda protegida, un 36% de las de nueva programación, seis puntos más a lo que obliga la ley.

Otros asuntos que se mantienen en el PGOU pese al conocido rechazo de la Junta es el tan traído proyecto de Arraijanal. En la aprobación inicial se incluyó la marina deportiva sin uso residencial y Medio Ambiente lo consideró inviable en aras a preservar el único espacio libre junto a la playa que queda en la ciudad, motivo por el que es de prever que rechace también el nuevo proyecto de construir 664 viviendas sin puerto deportivo.

También mantiene el plan dar el salto a la ronda y construir unas 500 viviendas en Limonar Alto, considerado inviable por Medio Ambiente. Y además incluye ahora un proyecto que la administración autonómica que debe autorizarlo no considera, un puerto deportivo en El Morlaco.
Llega la feria

Es agosto y en Málaga víspera de feria, pero no debe extrañar que un día así haya sido el elegido por el alcalde, Francisco de la Torre, para un asunto tan crucial como someter a la consideración del pleno el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) que dibuja el desarrollo de la ciudad para los próximos años. El primer PGOU de los tres elaborados en democracia que no es consensuado con la oposición.

No es la primera vez. Hace tres años, el mismo día del pregón de feria, hubo pleno para, curiosamente, aprobar un trámite sobre el suelo de Arraijanal, uno de los asuntos que más ha vuelto a dar que hablar en los últimos días por la urbanización con 664 viviendas en un suelo junto a la playa que Medio Ambiente quiere proteger. Aquel día también se aprobó un convenio para un aumento de a edificabilidad a cambio de 50 millones de euros.

Y un año antes, también el mismo día del pregón, el PP coló en el orden del día de un pleno para designar miembros de jurado tributario la recalificación de 253.000 metros cuadrados de suelo rústico para una fábrica de Coca-cola y la autorización a El Corte Inglés de unas obras de ampliación que ya había iniciado sin licencia.

La oposición se queja de que un día como hoy el PGOU no será una noticia con el alcance que merece y entiende que es una muestra del oscurantismo en la elaboración del plan, al que no ha tenido acceso hasta seis días antes de aprobarse, y un intento de hurtar el debate.





* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 14/08/2008
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es

.................................... Leer más...

Familias contra las 'hipotecas impagables'

ELMUNDO* : No todas las víctimas del tirón del Euríbor, que cotiza al 5,31%, sufren en silencio las estrecheces a las que les aboca el pago de su hipoteca. Un total de 86 familias del Corredor del Henares, la tercera parte de ellas procedentes del continente africano, se integraron ayer en la 'Unión de Compradores de Viviendas Hipotecadas con Intereses Impagables' para hacer frente, con soluciones conjuntas, a la imposibilidad de seguir pagando sus hipotecas.

"Hasta hace tres meses, María pagaba por su hipoteca 900 euros, hoy paga 1.600. El salario de su marido sigue siendo el mismo. Pagar la cuota hipotecaria le supone el 90% de su sueldo", cuenta AESCO en su blog. En él, la asociación se queja de que mientras que el gobierno de EEUU se moviliza para atender a 400.000 hipotecados en serios apuros, en España nadie hace nada por esas miles de familias que corren riesgo de embargo.

Detrás del colectivo de hipotecados está América-España Solidaria de Cooperación (AESCO), una asociación que estima que, sólo en Madrid ya hay abiertos 8.000 proceso de embargos de propietarios de viviendas en fase prejudicial, es decir, en manos de los servicios jurídicos de las entidades bancarias. Según Adicae, la subida de los intereses podría estar afectando ya a unas 120.000 familias, el 40% de ellas inmigrantes.

En Alcalá, destacaba ayer la presencia de familias procedentes de África, Rumanía y Bulgaria, colectivos con gran presencia en Alcalá de Henares y toda la zona Este de la región madrileña. Sólo cuatro de las personadas eran españolas de origen.

Muchos de ellos son propietarios solidarios, es decir, avalistas de otras familias hipotecas que forman una cadena de responsabilidades compartidas, necesaria para adquirir sus viviendas. "Hay hipotecados que deben al banco hasta 800.000 euros a los que se les están embargando las nóminas, ya que deben pagar su propio crédito y las moras de los tres o cuatro propietarios a quienes han ayudado a comprar sus casas", explica Gustavo Fajardo, abogado y portavoz de AESCO, que pide al Estado más control sobre lo que denomina 'hipotecas en cadena'.

"Unos avalan a otros y entre tres o cuatro familias comparten la compra de un sus casas. Cuando uno de ellos no puede pagar, el banco recurre a los ingresos del resto de avalistas", añade Fajardo.

Un Fondo de Garantía Hipotecario

La solución no pasa en este caso por la vuelta de los inmigrantes a su país o que el banco se quede con la casa sino, según la asociación, por la creación de un fondo de garantía similar al que existe en los seguros de automóvil, donde el Consorcio General de Seguros recibe una cantidad de todas las aseguradoras.

"Pedimos al Estado que cree un registro de hipotecados que impida las hipotecas en cadena", dice Fajardo. La medida permitiría al Estado intervenir en el mercado hipotecario y que éste pudiera tratar cada caso de forma individualizada. Para la creación del fondo, el colectivo estima que el Estado podría aportar una cantidad inicial de 600.000 euros, "que recuperaría durante los primeros meses", concluye Fajardo.

El estudio individual de los casos de morosidad permitiría determinar si el deudor es realmente incapaz de pagar y establecería un sistema de aplazamiento y reducción temporal que garantice la superación de la crisis económica momentánea del deudor.

La propuesta de Aesco llegó hace diez días a la mesa de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, tras una reunión de la asociación con la directora general de Arquitectura y Políticas de Vivienda, Anunciación Romero, hace dos semanas.

Suspensiones de pagos personales

Otra de las proposiciones de esta plataforma ciudadana es que cada deudor en apuros, de forma individualizada, pueda presentar ante los tribunales un procedimiento de suspensión de pagos, con el fin de renegociar sus deudas con sus acreedores, y que un administrador (un trabajador social) colabore en la planificación de la devolución ordenada de las deudas.

Aesco ya ha iniciado conversaciones con algunas entidades bancarias para ya que el número de morosos sigue creciendo. "Los bancos, los principales acreedores de los hipotecados, muchas veces no presentan a los procedimientos judiciales de insolvencia", explica Fajardo, "por eso les pedimos que actúen de manera responsable y colaboren para que sus deudores puedan pagar sus hipotecas renegociando, condonando o aplazando el pago de los intereses".

Emigrantes, un doble drama

"Las familias inmigrantes tienen un doble drama, porque hace 10 ó 15 años se endeudaron en sus países para llegar a España y buscar un empleo y después de ese tiempo decidieron hacer su proyecto de vida en España, y ahora su situación es mucho peor de cuando llegaron porque sus deudas son mucho más grandes".

El número de morosos aumenta y Aesco asocia ya a 750 familias hipotecadas en la Comunidad de Madrid. El colectivo ha convocado nuevas reuniones en los barrios de Carabanchel y La Elipa, en Parla, en Getafe y en Guadalajara para seguir captando afectados.

El doble drama es aún más crudo para quienes compraron casas en sus lugares de origen: "Allí ya han surgido mercaderes de la necesidad, empresas que compran las carteras de deuda para perseguir a los que compraron viviendas a sus familiares", afirma Fajardo.





* El Mundo - JOSE F. LEAL - 11.08.2008
Foto: JAVI MARTINEZ, elmundo.es

.................................... Leer más...

"Pagué 60.000 euros de comisión por hacer una obra a Turismo Joven"

ELPAÍS/Palma* : El empresario de la construcción Marcos Pérez Martínez -detenido por el último caso de corrupción en Baleares y liberado horas después- todavía no ha aparecido esta semana por las oficinas de su negocio, MCO-Mallorquina de Construcciones y Obras, una empresa que en su página web se jacta de tener "un especial know-how del mercado" que le permite ofrecer a cada cliente "un servicio integral, a un precio asequible, distinto a lo que comúnmente se puede encontrar ahora". Y tan distinto.

Por orden de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía irrumpieron el lunes por la mañana en el domicilio del constructor y se lo llevaron a comisaría. Pérez se pasó todo el día en las dependencias policiales, respondiendo a las preguntas de los investigadores sobre la nueva trama de corrupción que afecta a ex altos cargos del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP).

Le preguntaron si, tal y como se detalla en la querella criminal, había participado de un delito de cohecho junto con el entonces jefe de servicios y mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven, Juan Francisco Gosálbez. Le habían pillado. Y lo explicó todo: "Le pagué 60.000 euros como comisión por haberme contratado para reformar un local para la nueva sede de la entidad". La factura que presentó Pérez se elevaba a 180.000 euros, de los cuales un tercio habrían ido a parar, directamente, al bolsillo de Gosálbez, con quien mantenía una relación de cierta confianza. Según fuentes cercanas a la investigación, el constructor habría accedido a efectuar el soborno al percatarse de que ése era el modus operandi habitual de los entonces gestores de Turismo Joven, la mayoría de los cuales continuaban ayer detenidos.

Aconsejado por sus abogados desde que entró a declarar en la comisaría, Pérez mantuvo en todo momento una actitud cooperante. Respondió con detalle a todas las cuestiones que le fueron planteando los investigadores -entre los que se hallaban los fiscales anticorrupción Pedro Horrach, Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán- y fue puesto en libertad a última hora del día, tras concluir la primera y maratoniana jornada de interrogatorios.

Ayer, durante una breve conversación telefónica que mantuvo con este diario, admitió la veracidad de las imputaciones que pesan sobre él: "No puedo entrar en detalles, pero lo que ha salido a la luz es cierto. Me remito a los documentos de la acusación y a lo publicado en la prensa. Ahí esta todo. No voy a añadir nada más, porque existe un secreto de sumario".

"Por mi parte", concluyó, "no quiero líos y he considerado que lo más adecuado era colaborar dentro de lo posible con la Justicia para que todo se aclare cuanto antes". Una decisión que podría valerle la atenuación de la pena en el caso de que finalmente las investigaciones confirmen la comisión del presunto delito de cohecho.

Un alquiler oficial para sufragar una fraudulenta compra privada

Los presuntos negocios sucios de Juan Francisco Gosálbez en relación con el local alquilado y remodelado como nueva sede de Turismo Joven fueron más allá del cobro de comisiones millonarias. Meses antes de encargar la reforma fraudulenta del inmueble, Gosálbez y su esposa, María Auxiliadora Pérez, habrían maquinado un plan para hacerse con la propiedad, desviando todos los costes a las arcas públicas.

De este modo, como responsable de instalaciones de Turismo Joven, Gosálbez habría firmado un contrato de alquiler entre el consorcio y una sociedad pantalla a su nombre (Grupo Fanodi), por el que la entidad pública le arrendaba el local por 4.500 euros mensuales durante un período de 12 años. En total, 648.000 euros. Posteriormente, habría falsificado la fecha del contrato para presentarlo como aval ante una entidad bancaria y obtener así un préstamo bancario por, exactamente, la misma cantidad de dinero.

Gosálbez habría obtenido así en propiedad un edificio recién reformado en una de las zonas más exclusivas de Palma, el barrio de la Bonanova, y se habría asegurado no tener que desembolsar ni un euro por la hipoteca, que quedaba cubierta por el alquiler ilegal a cargo del erario público.

El local pasó a disposición de Turismo Joven en mayo de 2007, pocos días antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PP de la mayoría de las instituciones baleares. Previendo esta posibilidad, Gosálbez y su esposa se habrían cubierto las espaldas blindando a su favor el contrato de alquiler. En el caso de que el consorcio, dependiente de la Consejería de Presidencia, pretendiera poner fin al alquiler unilateralmente, quedaría obligado a abonar todas las mensualidades pendientes durante seis años, con los incrementos anuales correspondientes. Unas condiciones que los investigadores consideran claramente abusivas y perjudiciales para la entidad pública.

Además, hasta poco después del nombramiento de Gosálbez y Amengual, el Consorcio de Turismo Joven tenía su sede en un local del centro de Palma por el que no se pagaba ningún alquiler, ya que era propiedad del Gobierno autonómico. Ya por aquel entonces, la situación económica de la entidad era muy precaria y amenazaba la quiebra técnica.





* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 13/08/2008
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org

.................................... Leer más...

La plataforma «Salva o Tren» impide un intento de manipulación de vías en Portas

LAVOZ/Pontevedra* : El coordinador general de la plataforma «Salva ao tren», Fernando Gómez Camarero, informó de que el colectivo, con el apoyo de vecinos del municipio pontevedrés de Portas, ha impedido hoy un nuevo intento de realizar obras en las vías por parte del ADIF, después de haber permanecido «de guardia» toda la noche.

Gómez Camarero explicó que a las nueve de la mañana, y en el mismo punto donde se produjo un intento anterior del administrador ferroviario, el pasado 20 de julio, impidieron que los obreros levantasen las vías «para eliminar el servicio de proximidad».

El portavoz señaló que el Ministerio pretende la eliminación de este servicio por la ausencia de demanda, «que ellos mismos provocaron -denunció el representante de la asociación- al no invertir en la disposición de horarios y en la mejora de las conexiones», cuando «es un servicio necesario».

Los operarios pretendían instalar un tope de hormigón donde suprimieron las vías «para que los trenes no descarrilen», dijo Gómez Camarero, quien opina que el problema «se arreglaría volviendo a reponer los raíles que retiraron».

Asimismo, el portavoz de la plataforma criticó «la contradicción entre las declaraciones de la empresa y sus intenciones reales, que son eliminar el resto de carriles, aunque afirmen todo lo contrario», así como «quitar el sistema eléctrico de la estación».

Fernando Gómez Camarero explicó que la plataforma dispuso guardias nocturnas para «impedir que se hagan actuaciones en este punto que no vayan encaminadas a la reposición de los dos raíles que se levantaron».

Finalmente, el responsable de «Salva o tren» comentó que celebrarán «movilizaciones durante el mes de septiembre» y que intentarán contar con el apoyo de las zonas de Padrón y Pontecesures.





* La Voz de Galicia - EFE - 13/8/2008
Foto: Pontevedra, costa - lavozdegalicia.es

.................................... Leer más...