LAVOZDEGALICIA* : Las indemnizaciones a las cien familias afectadas supondría 40 millones para las arcas municipales. La confirmación del Tribunal Supremo de la demolición de la Colina de Castrelos, uno de los edificios más poblados de Vigo con cerca de cien familias, ha hecho saltar la alarma de la Administración local.
Ayer el alcalde reconoció que la sentencia, en la que se desestima un recurso de casación interpuesto por los propietarios, «supone una grave amenaza financiera y, en caso de proceder a su demolición, el Ayuntamiento entraría en quiebra». El inmueble está valorado en 40 millones de euros, la misma cifra que tendría que desembolsar el Concello para indemnizar a los propietarios.
Abel Caballero acata la sentencia, pese a no haber entrado todavía en el registro municipal. Deja la solución en manos de los técnicos y exige responsabilidades políticas, tanto en este caso como en otros que afectan a otras formaciones políticas, como sucede con la construcción de Finca do Conde, cuya licencia fue otorgada por el PP.
Licencia
Se da la circunstancia de que la licencia de la Colina de Castrelos, también conocida como Piricoto, fue concedida en 1991 por un alcalde del mismo color político, el entonces socialista Manoel Soto. Su anulación por los tribunales se justificó por no adaptarse a los entornos de las zonas protegidas por Patrimonio Histórico, ya que se encuentra situado en las inmediaciones del parque de Castrelos y del pazo Quiñones de León.
Ahora, en los fundamentos de derecho, el Supremo explica que la única forma de ejecutar la sentencia dictada por el tribunal en 1994 y que se hizo firme con posterioridad es «proceder a la demolición total o parcial del inmueble, para lo que la Administración municipal deberá redactar en el plazo de un mes un proyecto de demolición».
Los denunciantes, agrupados en su día en la asociación de vecinos de Castrelos, exigen que se ejecute la sentencia y no están dispuestos a escatimar esfuerzos para conseguir la recuperación de la legalidad urbanística.
Si bien este no es el único caso de sentencia de derribo de un edificio en Vigo, sí es el más complicado de resolver. Mientras que otros como las torres de Ifer o la Finca do Conde podrían quedar legalizados con el nuevo Plan Xeral que entra en vigor el día 25, este correría el peligro de repetir el problema con una nueva licencia.
El gobierno municipal anterior de Corina Porro intentó buscar una solución y envió a la Consellería de Cultura y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un proyecto básico de restauración de la legalidad urbanística. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Ayer el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, no ocultó la «situación delicada, que podría significar la bancarrota del Concello». Pidió al alcalde que dé a conocer qué alcance jurídico tiene la decisión, así como el estado en el que se encuentra la tramitación del expediente y las decisiones que piensa adoptar el gobierno local.
Figueroa exige a Abel Caballero el mismo trato que cuando las sentencias afectan a gobiernos de otro color, así como la petición de responsabilidades a los que concedieron la licencia, en este caso de su mismo partido.
En opinión del representante del BNG y teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, habría que tratar de hacerle un hueco dentro de la legalidad porque la ciudadanía no tiene por qué pagar los errores políticos. Cree que el Concello no puede asumir las indemnizaciones millonarias, pese tener claro que hay que cumplir la legalidad y esperar las conclusiones de los técnicos.
* La Voz de Galicia - María Jesús Fuente - 8.8.2008
Foto: La Colina de Castrelos (llamada Piricoto) fue denunciada por una asociación de vecinos por no ajustarse el edificio al entorno - ÓSCAR VÁZQUEZ, lavozdegalicia.es
El derribo de un edificio provocaría la quiebra del Ayuntamiento de Vigo
Alicante: Llaman cobarde a Alperi por autorizar en agosto los primeros 'megasilos'
LASPROVINCIAS* : La Plataforma en Defensa del Puerto (PDP) calificó ayer al alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, de "cobarde, mudo y ciego" por autorizar en agosto los dos primeros "megasilos" de cemento en la zona de ampliación portuaria.
El portavoz de la plataforma, Elíseo Fernández, ha afirmado que el alcalde ha dado en pleno agosto las primeras concesiones a la mercantil Cimsa para los dos primeros silos, de 40 metros de altura en el muelle 21, porque ahora "la gente está de vacaciones y la reacción de la ciudadanía es menor".
A pesar de ello, ha adelantado que, en septiembre, la plataforma interpondrá una reclamación, vía administrativa, una vez que la concesión esté publicada oficialmente ya que creen que puede no ajustarse a la legalidad, mientras que también promoverán diversas movilizaciones ciudadanas. Ha recordado que la Fiscalía de Medio Ambiente ya abrió diligencias el pasado marzo en relación con la denuncia presentada por la PDP contra el proyecto. Según Fernández, Díaz Alperi apuesta por primar "el interés particular de las empresas frente al de los ciudadanos" y ha lamentado que no haya escuchado las movilizaciones de los colectivos sociales y políticos.
El portavoz vecinal ha asegurado que la construcción de estos silos "destroza parte del litoral sur de Alicante" y generará un daño "que alcanzará a futuras generaciones". Fernández ha abundado que la decisión del alcalde es "incomprensible" ya que existen "otras alternativas" de emplazamiento, como trasladar estos silos al polígono que construye la Generalitat a tres kilómetros de Alicante.
Por su parte, la concejal socialista del Ayuntamiento Aurora Gómez ha recordado que la altura de los silos se ha reducido, de los 55 metros previstos a los actuales 40, gracias a la oposición vecinal. La socialista ha subrayado que los alicantinos "sufren esta situación por la falta de previsión, de planificación del Ayuntamiento", al carecer del suficiente suelo industrial para que las empresas se instalen y desarrollen oportunamente sus actividades.
Para Gómez, las repercusiones que producirá esta industria son todavía desconocidas porque no se ha realizado ningún estudio integral de impacto ambiental que evalúe los efectos acumulativos de las actividades portuarias.
* Las Provincias - 08.08.08 -M. M.
Foto: Recreación virtual de la línea litoral del puerto con los futuro silos de cemento que se construirán en el puerto de alicante - lasprovincias.es
L'Aleixar: Unas 400 casas ilegales comienzan a derribarse a pesar de pagar el IBI
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EFE/Tarragona* : El Ayuntamiento de L'Aleixar ha empezado a demoler casas ilegales construidas en suelo rústico, si bien los vecinos afectados estudian la posibilidad de adoptar medidas de respuesta, ya que pagan su correspondiente recibo del IBI, en el que consta que es suelo urbano.
Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene que continuará el derribo de las fincas y advierte, en un comunicado, que "el objetivo es la mejora de la calidad de vida del pueblo".
También alerta de que las 400 viviendas ilegales "comprometen el futuro del territorio y se construyen en terrenos rústicos no urbanizables, sin ningún criterio arquitectónico ni ningún tipo de planificación urbanística", por lo que se han visto obligados a "ponerle freno".
Lo que más ha irritado a los vecinos es que, además, se les obliga a pagar la retirada de los escombros, algo que consideran injusto.
Sin embargo, el proceso administrativo aplicado así lo regula, según recuerda el Consistorio, donde se reconoce que se trata de "situaciones traumáticas" y muy desagradables, especialmente para los afectados, pero también para los responsables públicos que se ven obligados a tomar este tipo de medidas.
* El Mundo - EFE - 08/08/2008
Foto: L'Aleixar (Tarragona) - flickr.com
Alcalá instala una incineradora en una zona con protección ambiental
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ELPAÍS/Madrid* : Alcalá de Henares gestionará la basura de 26 pueblos, y lo hará en un emplazamiento polémico. El alcalde de la ciudad complutense, Bartolomé González (PP), está dispuesto a que se levante, a un par de kilómetros de los barrios del norte de la ciudad, una planta de gestión de residuos que incluye una incineradora de gasificación por plasma.
Una tecnología "pionera y limpia" para el alcalde y "experimental y engañosa" para oposición y ecologistas. Además, la instalación se ubicará en una zona con protección medioambiental para preservar aves. Está previsto que la planta, con capacidad para gestionar 220.000 toneladas de basura al año, empiece a funcionar en 2011.
La obra se adjudicó por concurso el pasado mes de junio a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Esta empresa invertirá cerca de cien millones de euros en la construcción del complejo a cambio de una concesión administrativa para gestionar la instalación durante 24 años. Está promovida por la Mancomunidad de Municipios del Este.
La planta de tratamiento de basuras se ubicará en un solar cercano a la carretera de Daganzo, dentro del término municipal de Alcalá de Henares. Al menos parte del complejo pisará una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) bañada por el río Torote, un espacio protegido por la normativa medioambiental europea y considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) en el que viven aves protegidas, como las avutardas y algunas especies de aguilucho.
Fuentes municipales han asegurado que la zona está muy deteriorada y que allí ya no anidan aves protegidas. Sin embargo, ornitólogos conocedores del área aportan imágenes recientes -hechas en junio, aseguran- de avutardas y carracas sobrevolando los barbechos de la futura planta de basuras.
Por su parte, la organización Ecologistas en Acción denuncia el desinterés de los organismos públicos por la conservación de este lugar de protección para las aves. Esta entidad se opone a la construcción del complejo de gestión de residuos en la zona por su efecto sobre el hábitat de estos animales. "Además, se trata de una sola instalación que abarca muchos procesos, por lo que el impacto de todos ellos se concentra en la misma zona. Lo menos dañino para el entorno sería repartir las consecuencias negativas por distintos lugares", según un portavoz.
La auténtica manzana de la discordia del proyecto es la construcción en la planta de una incineradora que queme los residuos con un sistema de gasificación por plasma. Las temperaturas, superiores a 1.500 grados, provocan que cristalicen los residuos sólidos. En el proceso se obtienen syngas (un compuesto que se puede vender como combustible para generar energía eléctrica).
El Ayuntamiento aseguró a sus vecinos que esta tecnología de plasma era "vanguardista". Sin embargo, el informe técnico municipal que valoraba las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso de adjudicación de la planta la calificaba como "tecnología de funcionamiento no contrastado". Así consta en el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS.
Muchos alcalaínos no se fían. Critican la falta de información por parte del Ayuntamiento, al que la Federación de Vecinos de Alcalá acusa de no facilitarles los documentos que ha solicitado sobre el proyecto de la planta de basuras. "No tiene que ser muy bueno cuando está tan oculto", reflexiona su presidente, Fernando Salas.
Tal es el recelo entre los residentes que su alcalde, Bartolomé González, ha enviado cartas a los domicilios de algunos vecinos en el norte de la ciudad para tranquilizarles sobre la futura planta de tratamiento de residuos, en la que asegura que el complejo no emitirá ningún contaminante que pueda resultar tóxico.
En la misiva, González subraya que la incineradora no emitirá ningún contaminante tóxico para sus vecinos. "Jamás promoveré ni permitiré proyecto o actuación alguna que pueda ser nociva para mis hijos, para mi familia, ni para mis vecinos", asegura. En la carta acusa a la oposición de engañar y manipular a los vecinos respecto a la planta.Los grupos de la oposición, Izquierda Unida y PSOE, al igual que los vecinos, han solicitado, sin éxito, informes sobre el proyecto al Consistorio, que les remite a la Mancomunidad del Este, promotora del proyecto, formada por Alcalá, Ambite, Arganda del Rey, Campo Real, Meco, Paracuellos de Jarama, Pezuela de las Torres, Los Santos de la Humosa y Villar del Olmo.
El presidente de la Mancomunidad es el alcalde de Alcalá, y los informes de valoración de los proyectos los elaboraron técnicos del Consistorio complutense. Por su parte, los socialistas de los pueblos de la comarca del Henares se han unido para formar una coordinadora contra la instalación de la tecnología de plasma en el complejo, que gestionaría los residuos de más de medio millón de habitantes de la zona este de la región.
La gasificación por plasma, experimental, quema los residuos a elevadas temperaturas, que pueden alcanzar los 14.000 grados centígrados en condiciones de ausencia casi total de oxígeno. Descompone los materiales de desecho orgánicos a un gas compuesto de monóxido de carbono e hidrógeno (llamado syngas) y los inorgánicos a un vidrio inerte.
Suele emplearse para quemar residuos de alta peligrosidad (como los de los hospitales, aceites o neumáticos), cuya incineración por métodos tradicionales supondría la emisión de gases altamente contaminantes. Para alcanzar la temperatura precisa para que se den las reacciones, consume una cantidad de energía que supera con creces a la que se puede obtener con la combustión del syngas.
El complejo de tratamiento incluirá tecnologías de biometanización, compostaje, almacenamiento en vertedero y la planta de gasificación por plasma. Podrá gestionar entre 220.000 y 336.000 toneladas de basura cada año, de las que el 6% se tratarán mediante gasificación, según indicó el propio alcalde del municipio, lo que supone que entre 13.200 y 20.160 toneladas pasarían por la planta de plasma al año.
Fuentes del Laboratorio de Innovación y Reciclado de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) afirman que hay tres o cuatro plantas de este tipo en todo el mundo, cuya capacidad de tratamiento no supera las 16.000 toneladas al año, que generan alrededor de 150 kilogramos de escoria por cada tonelada de basura tratada, además de unos cinco kilogramos de azufre por tonelada.
Según los ecologistas, a esto habría que sumar el dióxido de carbono de los camiones que transporten la basura a Alcalá, los posibles olores que genere la planta y el problema del lixiviado (agua con suspensiones, principal fuente de contaminación del suelo). Por otra parte, el tratamiento de cada 1.000 kilos de basura precisa de unos 300 litros de agua que podría ser vertida al río Torote -siempre después de ser tratada-, lo que aún alteraría más el ecosistema de la zona, según los ecologistas.
* ELPAIS.com - AMAYA IZQUIERDO - Alcalá de Henares - 08/08/2008
Foto: Alcalá de Henares (Madrid) - madrid.org
Valencia: El caos llega al Marítim
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ELPAÍS* : Los vecinos padecen incomodidades por las obras de la F 1 y otras de última hora. Montañas de escombros, bajo un sol de justicia. Al pasar un coche el polvo que se levanta obliga a los vecinos a taparse los ojos y la nariz. Si no fuera por el auto y las palmeras, la descripción podría ser del lejano oeste. Pero se trata del no tan lejano barrio de El Cabanyal de Valencia.
Una zona que como el resto del distrito del Marítim, se ha convertido, en los últimos meses, en un caos. A las obras de la Fórmula 1, en El Cabanyal se ha sumado la construcción del aparcamiento del paseo de Neptuno. Unas obras, que según los vecinos del barrio, arrojan desde hace tres semanas sus escombros en un solar del barrio.
"Son camiones naranjas los que vienen todos los días, traen tierra mojada y la dejan aquí para que se seque", comenta un vecino de la zona. La tierra de color gris se amontona y desprende polvo y mal olor. "Los chavales entran en el solar a jugar, y vuelven cubiertos con el polvo de la tierra", comenta un vecino. A su lado Basilia Fernández, sentada en una silla de ruedas, se queja porque no puede salir al portal de su casa a tomar el fresco. No aguanta el polvo que levantan los camiones llenos de tierra.
La parcela, de unos 700 metros cuadrados y de propiedad privada, está situada entre la calle de Astilleros y los jardines junto a la calle del Doctor Lluch, a 100 metros de la playa, y es paso obligado para quien quiera ir hasta el mar. Fuentes municipales aseguraban ayer que se abrirá un expediente por acopio de arenas al propietario del solar, y se le instará a su limpieza.
La obra del aparcamiento, que Aumsa (empresa urbanística del Ayuntamiento) licitó a Berga Construcciones y Contratas SA y al grupo Bertolín, tiene un presupuesto de 12,6 millones de euros. Este periódico intentó ayer contactar sin éxito con los responsables de las obras, que también prevén la construcción de un depósito de tormentas para el barrio.
A las incomodidades de estos trabajos y el abandono del Consistorio, se suman los preparativos para la Fórmula 1. Obras que afectan a otras zonas del Marítim, como la calle de Juan Verdeguer, ya en el barrio de El Grau. Aquí es Valmor Sports quien se encarga de esconder las antiguas naves, en una operación que la empresa encargada del circuito califica de "embellecimiento".
El conjunto de las fábricas está situado a lo largo de una parte importante del circuito. Los andamios ya están a punto. De ellos colgará, a partir del día 19, un montaje fotográfico de 2.500 metros cuadrados de superficie. Los paneles lucirán fotos de la ciudad y de la Comunidad Valenciana. Ayer todavía se podía observar el esqueleto desnudo de las fábricas. En los solares de delante, un fuerte olor químico recuerda los trabajos de desinfección que el Ayuntamiento ha hecho para habilitar esta zona, donde hasta hace poco se acumulaban escombros de todo tipo.
Nuevo corte del puente de Astilleros
El puente de Astilleros, que comunica a los vecinos del barrio de Natzaret con el Puerto de Valencia, sufrirá un nuevo corte con motivo de las obras de para el circuito de Fórmula 1. Se trata del segundo corte en menos de dos semanas. El último tuvo lugar durante las pruebas de Fórmula 3.
Este sábado, el puente permanecerá cortado al tráfico, para la colocación de elementos de la infraestructura del circuito urbano de Valencia. El puente estará cerrado durante 16 horas, desde las seis de la mañana a las 12 de la noche del sábado.
La EMT (empresa de transporte público de Valencia) ha anunciado que colocará carteles informativos indicando las modificaciones que sufrirán las líneas de autobús que pasan por la zona. Se trata de las líneas 3, 4, 23, 30 y N8, que cambiarán el Puente de Astilleros por el de Monteolivete.
Según comunicó ayer la empresa, la línea 3 circulará por Tomás Montañana y llegará a Natzaret por el PAI de les Moreres. Las líneas 4 y 30 circularán por las calles de Ibiza, Menorca y Avenida de Francia para tomar el puente de Monteolivete y entrar al barrio por el PAI de les Moreres.
* ELPAIS.com - BLANCA LÓPEZ ARANGÜENA - Valencia - 08/08/2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - carles francesc (El País)
Galicia: Solo 27 de los 315 ayuntamientos tienen listos sus planes generales
ELCORREOGALLEGO* : Los ayuntamientos gallegos siguen cumpliendo sus deberes urbanísticos, pero lo hacen lentamente. Tanto que 288 acumulan más de dos años de retraso. Con la luz verde recibida ayer por Melón, son ya 27 los municipios que tienen adaptado su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) a la Lei do Solo de 2002, lo que exime a los costeros de la polémica prohibición de construir a menos de 500 metros del litoral que la Xunta aprobó para frenar el urbanismo sin ley que imperaba en la mayor parte de la comunidad.
El ritmo de aprobación resulta lento. En 2004 Política Territorial solo había aprobado dos planes, cantidad que se elevó a tres en 2005; cuatro en 2006; diez en 2007 -uno de ellos, el de Santiago, de forma parcial-; y siete en lo que va de año, aunque los de Taboadela y Vigo también de forma parcial.
Estos 27 concellos apenas representan el 8,5% de los ayuntamientos gallegos, pese a que la Lei do Solo concedía una moratoria de cuatro años para adaptarse a sus disposiciones. Otros 48 municipios ya han recibido algún tipo de informe de Urbanismo acerca de sus planes, aunque el proceso de aprobación es complejo.
El análisis de la costa resulta desalentador. Tan solo dos ayuntamientos, A Pobra do Caramiñal y Vigo, cuentan con unos planes adaptados. En total, 83 municipios lindan con la costa en Galicia. Ochenta y uno de ellos deberán regirse por la Lei do Litoral impulsada por la Xunta para frenar la construcción a menos de 500 metros de la costa en los casos en que no se contase con un PGOM adaptado a la Lei do Solo. Algunos ayuntamientos como los de Moaña, Muxía y Vilanova ya enviaron a principios de año sus planes revisados.
Otros ocho ayuntamientos continúan con sus planes suspendidos y se rigen por normas urbanísticas provisionales hasta adaptar sus planes generales. Se trata de Teo (desde 2001), O Grove y Ponteareas (desde 2002), Tui, Sada, Viveiro, A Estrada y Barreiros.
CAOS EN EL SUR Y ACELERACIÓN EN EL NORTE
Gondomar, ante la Fiscalía
El PXOM de Gondomar se presentará en los próximos días ante la Fiscalía para que investigue si hubo o no "corrupción" en su redacción. Así informó el alcalde de Gondomar, Antón Araúxo, algo enojado al no entender "que se necesiten más pruebas para demostrar las sospechas". En el Pleno ordinario del pasado 31 de julio, el PP de la localidad y el PSOE presentaron una moción para pedir el rescate del Plan encargado en 2006 por el PP.
El plan de los populares era, según Araúxo, "una modificación del que ya habían hecho en 1997 y que anuló definitivamente el Tribunal Superior de Justicia. Fue en 2006 cuando hubo una nueva redacción, "que guardaron bajo siete llaves", y en 2007 se suspende su tramitación por la aprobación de una moción del BNG y apoyada por los socialistas.
Con la llegada del Bloque al gobierno se comenzó un nuevo plan que ahora tanto los socialistas como los populares pretenden cambiar por el creado en 2006. En la sesión del pasado mes de julio, los dos partidos presentaron una propuesta para recuperar un plan del que, Araúxo opina, "se hizo a golpe de talonario" .
A Coruña lo cuelga en su web
A Coruña sigue enfrascada en la revisión del plan general encargado al arquitecto Joan Busquets. El documento elaborado por el urbanista está a disposición de la ciudadanía desde ayer, colgado en la página web del ayuntamiento herculino: www.coruna.es.
El objetivo es que los ciudadanos sigan el día a día del proyecto. "Es una información que les pertenece: es el dibujo de lo que van a ser", dijo ayer la responsable de Urbanismo en la ciudad, Mar Barcón.
El portal permite también a los ciudadanos enviar sus propuestas y reflexiones acerca de las más de mil páginas que componen el trabajo de Busquets.
El Ayuntamiento coruñés prevé acometer la aprobación inicial del documento a finales de octubre o principios de noviembre. A partir de ese momento, la Dirección Xeral de Urbanismo dispondrá de tres meses para emitir su informe. En caso de que sea favorable, el Pleno municipal aprobará el plan y este estará expuesto a la ciudadanía durante sesenta días. Después de resolver las alegaciones presentadas, la Xunta procederá a la aprobación definitiva del planteamiento urbanístico .
LOS DATOS
A Coruña
Tienen sus planes adaptados Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Boimorto, Vedra, Zas, Curtis, Toques, A Pobra do Caramiñal y Santiago, aunque este de forma parcial.
Ourense
Ourense, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro, Laza, Melón -ayer-, y Taboadela, de forma parcial.
Lugo
O Incio, Paradela, Castroverde y Rábade.
Pontevedra
Vigo y tan solo de forma parcial.
Trámite
Aprobado el plan inicial, la Xunta tiene 3 meses para elaborar un informe. Luego el Pleno lo aprueba y lo expone públicamente 60 días. Tras resolver las alegaciones, aprobación final de la Xunta .
* El Correo Gallego - A CORUÑA E.R./VIGO D.D. - 06.08.2008
Foto: Vigo, isla de Toralla con edificio polémico - farodevigo.es
'Malaya': El juez De Urquía, condenado a dos años de cárcel por cohecho
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SUR/Marbella* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al ex asesor urbanístico de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca a un año de prisión por un delito de cohecho al entregar 73.800 euros al juez Francisco Javier de Urquía, que ha sido condenado a dos años de cárcel en el mismo procedimiento, para la compra de una vivienda en la urbanización marbellí de La Azalea.
La sentencia condena también a Roca y Urquía a abonar 73.800 euros en concepto de multa por el delito de cohecho y les absuelve del delito de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público del que venían siendo acusados.
El fiscal redujo su petición inicial de cárcel para Roca de tres a un año --después de que confesara en la vista oral haberle entregado dinero al magistrado--, lo que finalmente ha estimado el alto tribunal andaluz, que ha impuesto además a Urquía una multa de doce meses, con una cuota diaria de cien euros por un delito de prevaricación judicial y le inhabilita, por este delito, para empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones judiciales por un tiempo de diez años.
El tercer acusado, el francés Arnaud Fabrice, propietario de la discoteca Olivia Valere, ha sido absuelto de todos los cargos que se le imputaban --los delitos de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho--.
La sentencia considera hechos probados que en marzo de 2006 De Urquía decidió comprar una vivienda unifamiliar en la Urbanización Azalea Beach, para lo cual encargó al acusado Arnaud Fabrice que le buscara un abogado para que redactara los documentos necesarios para efectuar la compra. Así lo hizo transmitiendo el encargo a Roca, ya que ambos eran amigos.
En marzo de 2006 De Urquía pidió dinero al Roca para abonar la cantidad que se le pedía a la firma del contrato de compraventa de la vivienda a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales y añade la sentencia que, para favorecerle, accedió a su petición de dictar un auto para suspender la emisión del programa televisivo 'Misión Imposible:JAR' alusivo a las actividades del ex asesor urbanístico de Marbella "sin diligencia probatoria alguna y sin constar recurso alguno de las partes".
Tras la suspensión del programa, Roca conversó varias veces por teléfono con el vendedor de la vivienda que iba a adquirir De Urquía y su hermano para redactar las condiciones de compra y saber el dinero que debía entregar a De Urquía a cambio de la resolución judicial que ordenó el cese de la emisión del programa.
En las conversaciones telefónicas acordaron que, al margen de la cantidad reflejada como precio de venta, el comprador debía abonar al vendedor 63.000 euros en metálico en el momento de la firma del contratado privado de compraventa y una cantidad de 10.800 euros correspondientes al importe por el precio aplazado.
Juan Antonio Roca confeccionó en soportes informáticos un contrato de compraventa y un recibo por los importes acordados.
Entrega de documentos
Posteriormente los documentos fueron recogidos por Arnaud Fabrice en la oficina 'Maras', mientras que ese mismo día Roca entregó en su despacho a De Urquía la cantidad de 73.800 euros, "justo el dinero necesario para la firma del contrato de compraventa", aceptándolo éste justo el día después de suspender la emisión del citado programa televisivo. En concreto Roca le abonó dos sobres con 63.000 y 10.800 euros.
Una vez que Roca fue detenido, el magistrado solicitó a un amigo empleado de banca la ampliación del préstamo hipotecario hasta la cantidad de 360.000 euros y el cambio en la forma de pago, mientras que en abril de 2006 pagó el total del precio consignado en la escritura.
El Tribunal otorga, además, credibilidad a la declaración incriminatoria de Roca --en la que admitió haber dado dinero a De Urquía a cambio de los favores antes detallados-- al considerar que no se aprecian motivaciones como la venganza, el resentimiento, la animadversión u obediencia
Respecto a Fabrice Albaouhaur se añade que, aunque tenía una íntima amistad con Roca y Urquía -- a quienes presentó en 2005 en el local que regenta-- "no consta acreditado que realizara alguna acción sin la cual el entonces magistrado no hubiera podido solicitar dinero a Roca para la compra de la vivienda.
* SUR - HÉCTOR BARBOTTA / AGENCIAS - 07.08.2008
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
FCC se queda con el 'pelotazo' urbanístico del Vicente Calderón tras la salida de Fadesa
COTIZALIA/Madrid* : Los pilares del estadio Vicente Calderón, emblemático estadio del Atlético de Madrid, se tambalearon sobre el río Manzanares cuando Martinsa-Fadesa presentó el concurso voluntario de acreedores. Sucede que la inmobiliaria del fugaz ex presidente del Real Madrid, Fernando Martín, era una de las empresas que formaban el consorcio de explotación de la operación urbanística Mahou-Vicente Calderón.
Finalmente, será la constructora presidida por Esther Koplowitz, FCC, quien asuma un desarrollo que se encuentra bloqueado en el Ayuntamiento de Madrid. “FCC es una de las alternativas que barajamos”, ha confirmado a El Confidencial Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.
El pelotazo del Calderón, ideado en pleno boom inmobiliario para aliviar la deuda que arrastraba el club, consiste básicamente en recalificar los terrenos que ocupan el estadio y la cervecera Mahou junto al río Manzanares, construir en lugar del campo un lago y una gran zona verde y trasladar el ladrillazo o “edificabilidad lucrativa” a la parcela colindante de 175.000 metros cuadrados de la Mahou y, finalmente, soterrar la M-30 a su paso por la zona. A cambio, el Ayuntamiento de Madrid ofrecía al club el estadio de La Peineta en San Blas, remodelado y con un aforo para 73.000 espectadores. Operación que fue en su día muy discutida por parte de la afición rojiblanca. Todo iba viento en popa, hasta que explosionó la burbuja inmobiliaria y Martinsa-Fadesa se quitó de en medio. “Se apartó del proyecto el pasado mes de junio”, explica Gil Marín. Hoy, pese a que el consorcio le ha encontrado un sustituto, la firma del convenio definitivo, previsto para estos días, se encuentra paralizado.
El 30 de julio de 2007, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, firmaba con el Atlético de Madrid y Mahou un “protocolo de intenciones” para la recalificación o, como lo denominó técnicamente el Ayuntamiento en su día, “el desarrollo urbanístico del ámbito Mahou Vicente Calderón”. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han asegurado a este diario que el convenio definitivo aún no se ha firmado ni está previsto que se firme a corto plazo. Extremo que también ha confirmado Gil Marín. Fuentes conocedoras del proceso han apuntado que uno de los motivos del retraso en la firma del convenio es la discrepancia entre Hacienda y Vicealcaldía –quienes están de acuerdo en los términos con el club- y Urbanismo, que se cierra en banda a dar luz verde al acuerdo. Estas mismas fuentes señalan que a la concejalía de Pilar Martínez “le podrían parecer excesivas las plusvalías del Atlético de Madrid en la operación”.
Ya el protocolo de intenciones preveía una cesión de aprovechamiento lucrativo del 10% de la edificabilidad lucrativa total del ámbito libre de cargas. En consecuencia, sobre la totalidad de la edificabilidad prevista, la cesión de aprovechamiento lucrativo se cifró en 17.536 metros cuadrados. Dicho 10% le correspondió al consorcio RTM, creado en 2004, con el fin de explotar el futuro suelo recalificado en forma de viviendas a cambio de 22,6 millones de euros.
Marc Rich, Fernando Martín, Caja Madrid y el 'malayo' Ventero
Según el Registro Mercantil, los accionistas de RTM eran Andria Inversiones Inmobiliarias -empresa presidida por el empresario Marc Rich-, con un 33,33%; la atribulada Martinsa-Fadesa, con un 28,32%; y Caja Madrid y el imputado en la Operación Malaya, Ventero Muñoz, presidente de Vemusa, con sendas participaciones indeterminadas. Vinculados a la operación también aparecieron los nombres de Lalo Azcona, a través de Doble A Promociones y Fernando Fernández Tapias, Fefé. De hecho, algunas fuentes conocedoras de la operación aseguran que el nombre de la sociedad, RTM, se corresponde con las iniciales de Rich, Tapias y Martín, Fernando Martín. Las fuentes señalan que "RTM le ha traspasado el proyecto a FCC". Extremo que la constructora ni confirma ni desmiente.
Este diario dio cuenta el pasado mes de abril de la boda de la hija de Blas Herrero en Oviedo. Evento al que acudieron el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Fernando Martín, y Marc Rich, acompañado de su pareja, la mismísima nieta de la Pasionaria, Dolores Ibárruri, Dolores Sergueyeva.
Según publicó El País el pasado 17 de julio, “Caja Madrid también entró en la operación y se quedó con un 5% de ese suelo. La entidad bancaria tendría un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación de todo el ámbito. Si no prosperaba la operación urbanística, el club tendría que devolver el dinero a las entidades. El préstamo recibido por el consorcio y Caja Madrid estaba avalado con los ingresos de televisión del club”. Las fuentes consultadas vinculan la entrada de FCC en la operación a la presencia en ella de la entidad. Ambas sociedades comparten accionariado en la inmobiliaria Realia a través de RB Business Holding, SL.
* Cotizalia - Fátima Martín - 06/08/2008
Foto: Madrid, estadio Calderon - turismomadrid.es
Andalucía: Sólo uno de los 770 municipios ha convocado consulta popular en 23 años
ELPAÍS* : ¿Para qué sirve una ley que no se usa? Todos los ayuntamientos pueden legalmente desde 1985 convocar consultas populares sobre asuntos municipales, pero tan sólo uno (Montellano, Sevilla) de los 770 municipios de Andalucía se ha atrevido a dar voz a los vecinos en época no electoral. También los ayuntamientos de Almuñécar (Granada) y Morón (Sevilla) lo intentaron en 2005 y 2004, pero el Gobierno central les cerró la puerta al plantear asuntos que escapaban del ámbito de sus competencias.
La ley de Régimen Local, de hace 23 años, lo prevé y la ley andaluza de Consultas Populares, de 2001, dicta el procedimiento que deben seguir los ayuntamientos. La falta de hábito, el miedo político al fracaso y el coste económico de la operación son algunas de las razones que los responsables políticos consultados alegan para explicar el por qué no se abre las puertas a la democracia directa. El Ayuntamiento de Jódar (Jaén) lo ha intentado ahora a las bravas sin seguir la ley y su alcalde se las ha visto con el juez.
Al Ayuntamiento de Montellano le faltó tiempo para estrenar la ley autonómica de 3 de mayo de 2001. En ese mes, ya puso en marcha todos los mecanismos para celebrar una consulta -aprobación por el pleno municipal, información pública, aprobación por el Consejo de Ministros- con la pregunta siguiente: "¿Está usted de acuerdo con la incorporación de Montellano al consorcio de agua del Huésnar?". El 68% del censo fue a votar el 9 de junio de 2002 y el 70% tumbó la propuesta que, entonces, apadrinaban todos los grupos (PSOE, PP e IU). Al PSOE, en el gobierno, a punto estuvo de salirle cara la operación. En las elecciones siguientes perdió la mayoría absoluta.
El alcalde actual, el socialista Francisco Salazar, aprendió rápido la lección. Pese a que la consulta no tiene valor vinculante, rompió el preacuerdo con el consorcio, creó una mesa del agua, acometió reformas de infraestructuras e impulsó la creación de 14 mesas de participación, en una localidad que con casi 7.000 habitantes hay 34 asociaciones.
Salazar asegura que hoy volvería a poner en manos de los ciudadanos decisiones "estratégicas" sobre Montellano, pero recalca la necesidad de que éstos tengan toda la información en su mano. "La consulta hay que verla como una oportunidad. Si hay una cuestión sobre la que tuviéramos dudas, no me parece malo hacer una consulta, pero siempre sin ir con una posición cerrada de antemano", afirma. En caso contrario, el sí o el no de la papeleta puede convertirse en un arma contra el gobierno local.
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), comparte esta posición y defiende que los ayuntamientos deberían someter a consultas cuestiones "blandas" y sin que el gobierno local someta a refrendo su política, la cual, al fin y al cabo, tiene su examen final cada cuatro años en las elecciones municipales.
El alcalde de Motril, Carlos Rojas (PP), asegura que no es fácil tomar esa decisión, sobre todo por los gastos que genera para el municipio (éstos son los que deben pagar la consulta) y porque ve "poco definida la dinámica procesal". En su opinión, la consulta popular debería convocarse cuando afectan a "cuestiones de futuro" de la ciudad. "En esos casos sería conveniente, porque se decide sobre temas que afectarán a generaciones futuras". El alcalde baraja cambiar el ferial de sitio y por la cabeza le ronda la posibilidad de consultar a los motrileños. "Así te evitas que luego hagan especulaciones de por qué un sitio y no otro", explica.
La consejera de Gobernación Clara Aguilera, asegura que la falta de uso de la ley se debe a que el "sistema de democracia directa está poco asentado". Y cree que los alcaldes no lo utilizan porque su "gestión y programa electoral se evalúa cada cuatro años en las urnas. Es un sistema de democracia representativa".
* ELPAIS.com - LOURDES LUCIO - Sevilla - 07/08/2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
Castilla-La Mancha comprará los pisos que los promotores no vendan
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ELMUNDO* : La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, se convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años, gracias a un decreto que el Gobierno autónomo aprobó el pasado sábado. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.
Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional). Sin embargo, la oposición a Barreda le reprocha que esas viviendas benefician más a los promotores que a los demandantes de vivienda pública.
El primer punto que rompe drásticamente con las condiciones a que están sujetas las Viviendas de Protección Oficial es que las VIPP, definidas como "viviendas con protección pública específicas de la Comunidad", se podrán "promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".
Es decir, los promotores podrán utilizar suelo sobrante, aunque no esté calificado específicamente para VPO, para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta se reserva exclusivamente.
Lluvia de críticas
Pero lo que ha suscitado mayores críticas y que supondrá un alivio para muchas inmobiliarias que necesitan seguir construyendo y vendiendo en tiempos de extrema contracción del mercado inmobiliario es el artículo 14.
"Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada- existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio". El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.
Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros, según los cálculos de EL MUNDO.
La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.
El decreto también incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera. En él, se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor.
El Pocero, gran favorecido
La medida ha suscitado las críticas de la oposición, que asegura que es un decreto "a la medida de El Pocero", el constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo), y de otros "promotores amigos" del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden.
"Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender de Seseña en VPO", denunció ayer Marcial Marín, secretario general del Grupo Popular. Según Marín, "no había ninguna necesidad de crear este tipo de viviendas, ya que se crea una nueva burbuja inmobiliaria, porque en la comunidad hay 85.000 pisos sin vender".
En la Junta, sin embargo, aseguran que ligar el decreto con El Pocero es una crítica "fácil y sin ninguna veracidad". "Las viviendas se construirán donde haya demanda, no donde quiera el promotor", explicó ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrán. "Y en Seseña apenas existen demandantes de vivienda".
Al rescate de los promotores
La Comunidad de Castilla-La Mancha no es la única que ha aprobado en las últimas semanas medidas sobre vivienda. La Comunidad de Madrid firmó el pasado 30 de julio un acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y varias entidades bancarias para abaratar los pisos.
Las 25.000 viviendas libres que existen en la Comunidad podrán acogerse a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. "Esta medida ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas", explicó un portavoz de la Comunidad de Madrid.
En el PP critican también otro peligroso punto de la ley de Barreda, aquel que deja en manos de la Junta la regulación del procedimiento de selección de promotoras para desarrollar las viviendas VIPP. "¿Estarán pensando en los 25 promotores que Barreda comentó que podrían llevar a cabo el proyecto?", se pregunta el diputado del PP.
La justificación que dan en la Junta para haber aprobado este polémico decreto es que hay que dar "garantía a los promotores de que tendrán comprador en unos momentos difíciles". Según el consejero de Territorio, "si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la Comunidad". Y luego, ¿qué hará la Junta con ellos?.
* El Mundo - CRISTINA CABALLERO - 07.08.2008
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización - A.Heredia (El Mundo)
Vecinos de Tomiño se encadenan en el Concello para protestar por el trazado de la autovía Tui-A Guarda
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LAVOZ/Pontevedra* : La polémica por el trazado propuesto por la Xunta para la futura autovía que unirá Tui y A Guarda sigue generando polémica en el municipio pontevedrés de Tomiño. Ayer el Concello tuvo que instalar una pantalla gigante para que los vecinos pudiesen seguir el pleno en el que la corporación exigió un nuevo trazado para la autovía pero hoy un grupo de unos doscientos vecinos han continuado con las protestas y se ha encadenado a las puertas del Consistorio.
La protesta se ha materializado a primera hora de la mañana, sobre las siete de la mañana. Una decena de manifestantes se ha encadenado a la puerto del Concello y el resto los han respaldado con pancartas, ocupando toda la entrada principal. Los manifestantes han impedido que los funcionarios municipales accedieran al interior del Concello. Los trabajadores municipales no han podido ocupar sus puestos de trabajo y las ventanillas y teléfonos del consistorio han permanecido inoperativos durante más de tres horas. Tampoco pudieron acceder al interior la alcaldesa del municipio, Sandra González, y el resto de miembros de la corporación que se acercaron a escuchar las protestas de los manifestantes.
Los manifestantes son en su mayoría vecinos del barrio de Barro que denuncian que el trazado supondría un destrozo insoportable en esta zona y acabaría con las casas y los medios de vida de muchos vecinos de Tomiño ya que destruiría muchas fincas de cultivo, especialmente de kiwi. Piden que la Xunta reconsidere el trazado y que se realice un nuevo estudio informativo para garantizar que la vía tenga menos impacto ambiental a su paso por el municipio.
Fuentes municipales aseguran que durante la protesta se han vivido «momentos de bastante tensión», aunque sobre las once y cuarto se finalizaba la protesta. Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en buena parte del encierro e informaron a los manifestantes de que encadenarse al Concello suponía un delito y los vecinos solicitaron la presencia de los medios de comunicación para que su rechazo tuviese repercusión.
* La Voz de Galicia - Vigo - 6.08.2008
Foto: Tomiño (Pontevedra), protesta vecinos - lavozdegalicia.es
Vigo: El Supremo ratifica la sentencia que ilegaliza la ´Colina de Castrelos´ y obliga a su demolición
FARODEVIGO* : La sección quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la comunidad de propietarios de la urbanización 'Colina de Castrelos' de Vigo, contra el auto que obliga a ejecutar una sentencia de demolición de dicha urbanización, por haber sido construida con una licencia ilegal.
En la sentencia, del pasado 24 de junio, el tribunal considera que no ha lugar a la aceptación del recurso, por lo que el Ayuntamiento tiene un mes de plazo para elaborar un proyecto de demolición "total o parcial" de esos inmuebles, con el fin de restaurar la legalidad urbanística. Así, se cumpliría una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que data de 1994.
En la última resolución judicial, el Supremo recordó que los tribunales ya desestimaron en un auto un recurso de súplica interpuesto en su día por los propietarios afectados, ya que no se apreciaron "motivos justificativos para la paralización de dicha demolición". Ahora, la sala contencioso-administrativa rechaza también el recurso de casación contra ese auto.
Según la exposición de antecedentes de la sentencia, el edificio fue construido con una licencia ilegal y constituye una "pantalla disonante" en su entorno, por lo que no hay otro modo de ejecutar la sentencia que procediendo a la demolición.
Además de esta actuación, hay en Vigo unas 2.000 familias afectadas por sentencias de derribo de edificios ilegales, como el caso del ámbito de Finca do Conde, Rosalía de Castro, Jacinto Benavente, las torres Ifer en García Barbón, la Pastora, los aparthoteles de Samil o los chalets adosados de Canido. Sólo algunas de estas construcciones podrán ser legalizadas con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
* Faro de Vigo - Europa Press - 06.08.2008
Foto: Vigo, la Colina de Castrelos /R GROBAS, farodevigo.es
Alcoy: Exigen a través de un recurso el estudio de impacto ambiental del hotel de la Font Roja
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INFORMACIÓN/Alicante* : La plataforma ciudadana contra la construcción de un hotel en el parque natural de la Font Roja presentó ayer en el registro del Ayuntamiento de Alcoy un recurso en el que exige que se le entregue la información sobre el estudio de impacto ambiental de dicho hotel.
La decisión de la plataforma se anunció tras más de un mes de espera y después de que el gobierno municipal del PP les asegurara que se la facilitarían después del último pleno. Finalmente recibieron un escrito, firmado por los concejales Rafa Sanus, de Servicios Jurídicos y María Eugenia del Castillo, de Contratación, que negaba el acceso a la información alegando que se trataba de "un documento secreto al que no podemos tener acceso hasta que finalice el proceso de adjudicación", explicó Carles Mansanet, portavoz de la plataforma.
Según detalla el recurso "los motivos alegados (por los concejales) son totalmente improcedentes". Carles Mansanet, como portavoz de la entidad, explica en el documento que "las proposiciones de los licitadores sólo son secretas hasta el momento de la licitación pública". La plataforma recalca que "bajo ningún concepto se puede considerar como confidencial una documentación técnica que se ha presentado en un concurso público, dentro de un procedimiento que se ha de regir por los principios de publicidad y de transparencia". Además, añade que no se puede conculcar el principio de igualdad de trato entre los candidatos, y que sólo se ha presentado una única empresa. En el escrito de recurso también piden explicciones al gobierno local por haber difundido en prensa alguna de las partes del proyecto, como las simulaciones paisajísticas.
Por todo esto pide en su escrito que se les facilite una copia del estudio de impacto ambiental incluido en la documentación técnica presentada en el concurso público del contrato de "concesión de obra pública consistente en la redacción de proyecto técnico y ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de un hotel en la Font Roja". Asimismo, la plataforma quiere conocer los nombres de las personas que han tramitado la petición inicial de información así como las que lo hagan ahora con este recurso.
Otro de los aspectos incluidos en el documento presentado por el colectivo ecologista ante el registro del Ayuntamiento alerta sobre la ilegalidad que comportaría la posiblidad de realizar modificaciones en el estudio de impacto ambiental, propuesta planteada desde el gobierno del PP. La plataforma recuerda que "en este caso el procedimiento de contratación no es negociado sino abierto, por lo que no es admisible ningún tipo de negociación".
El portavoz afirmó que "emprenderemos la vía judicial en el momento en que se conceda la licencia definitiva". Carles Mansanet aseguró que están dispuestos a "llegar hasta el final".
* Información - M.MOLTÓ - 06.08.2008
Foto: Imagen de la manifestación celebrada el pasado 28 de julio en contra del hotel proyectado en la Font Roja. RUBÉN CERVERA, diarioinformacion.com
Málaga: ´Solidaridad´ critica la falta de transparencia en el PGOU
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ´Solidaridad´ presentó ayer en rueda de prensa un manifiesto en el que critica la falta de transparencia y participación en la elaboración del PGOU.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Rafael Fuentes y Pedro Moreno, portavoces de los grupos municipales de PSOE e IU, respectivamente, que apoyan el manifiesto.
´Solidaridad´ resaltó que ha faltado "información clara a los vecinos" para que se expresen libre y democráticamente. El portavoz de la federación, José Óscar López, subrayó que no se debe confundir la participación con el número de alegaciones privadas presentadas, "algo que es una obligación por ley", en respuesta al concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
Para ´Solidaridad´, ha faltado la participación de los colectivos de Málaga y puso de ejemplo que la federación vecinal no ha recibido ningún documento informativo del PGOU, "a pesar de que lo hemos pedido por escrito".
El manifiesto considera que el PGOU perjudicará "a casi el 99 por ciento de los malagueños" y puso el ejemplo de varios convenios urbanísticos, comenzando por la parcela de Arraijanal: "Los malagueños perderán la oportunidad" de tener un gran parque y el "uso público" de medio millón de metros cuadrados; Maristas, "más de mil niños se quedarán sin colegio en las cercanías"; Flex, "en lugar de un centro de día o un parque" irá un edificio de 16 plantas, "que traerá más masificación", dice el manifiesto; Málaga Wagen, "más viviendas en una de las zonas con más viviendas de Málaga"; y los rascacielos de Martiricos, "una falta de respeto del alcalde" y una operación "perjudicial para las generaciones futuras".
La federación vecinal anunció que repartirá el manifiesto entre asociaciones de vecinos y no descartó movilizaciones en las zonas afectadas por estos convenios urbanísticos.
Por otro lado, José Óscar López informó de que el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la denuncia de ´Solidaridad´ contra el Ayuntamiento de Málaga por supuesta discriminación política y ha solicitado documentación al Consistorio.
* La Opinión de Málaga - A. VÁZQUEZ - 06 de agosto de 2008
Foto: Málaga, La_Malagueta_2006 - Rux (Wikipedia.org)
Santa Cruz: Denuncian al ayuntamiento por construir un 'mamotreto' en Las Teresitas
CANARIASALDÍA* : La fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia contra el ayuntamiento de la capital tinerfeña por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por el aparcamiento construido en la playa santacrucera de Las Teresitas.
José Manuel Corrales, secretario general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, informó a EFE que ha recibido de la mencionada fiscalía una notificación oficial, con número 62/08, en la que se dice que se ha admitido la denuncia que el propio Corrales presentó en febrero del presente año por la construcción del aparcamiento, conocido popularmente como "mamotreto", y que consideraba ilegal.
"La notificación nos pone en conocimiento que la fiscalía ha remitido al juzgado decano de Santa Cruz de Tenerife la denuncia contra el equipo de gobierno municipal por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación de territorio por levantar el "mamotreto"", aseguró Corrales.
El secretario general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife agregó que estos presuntos delitos están tipificados en los artículos 318 y 320 del código penal, "y pueden tener consecuencias penales".
Una vez que ha entrado en el decanato la denuncia de la fiscalía, habrá que esperar al reparto a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para conocer el texto de la denuncia.
Mañana, miércoles, Corrales ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre la notificación que ha recibido de la fiscalía y las consecuencias que pueden acarrear los presuntos delitos.
* Canarias al Día - EFE - 6.08.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
La juez investiga al alcalde de O Pino por prevaricación
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ELPAÍS/A Coruña* : El juzgado de Arzúa, que investiga un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio del alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, del PP, por las decisiones políticas que adoptó en relación con el polígono industrial que la promotora Martinsa-Fadesa construye en el municipio coruñés, ha entrado de lleno en lo sucedido el 21 de junio de 2007.
Ese día el regidor recopiló en unas horas seis informes distintos del arquitecto, la secretaria municipal, un bufete de abogados externo y una consultora independiente, para desbaratar las alegaciones que habían llegado a primera hora de la mañana en contra del proyecto. El alcalde estampó su firma en el proyecto ese mismo día, en el que finalizaba el plazo para presentar alegaciones y sólo minutos antes de que llegase al ayuntamiento una orden de la Consellería de Cultura que decretaba su paralización.
La juez pide ahora a Correos que identifique al funcionario que entregó el 21 de junio las alegaciones de tres grupos de vecinos y ha reclamado a la Subdirección General de Patrimonio que explique por qué vía hizo llegar el decreto de paralización al gobierno municipal de O Pino. Se trata de determinar la hora exacta en que llegaron las enmiendas vecinales y sobre todo la orden de paralización de Cultura, para cotejar la verosimilitud del testimonio de Manuel Taboada.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 06/08/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
El narcotráfico se camufla mejor donde el urbanismo crece sin mucho control
MÁLAGAHOY* : El magistrado José Godino dice que esta realidad, que trae de cabeza a las autoridades, afecta a muchas ciudades costeras. El blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico se encuentra con menos obstáculos en aquellas zonas donde el crecimiento urbanístico se ha saltado todos los controles que marca la ley.
Esta es una de las ideas que ayer expuso el presidente de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, José Godino, durante su intervención en uno de los cursos de verano que la Universidad de Málaga (UMA) está impartiendo en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella.
El magistrado, que participó en el curso La drogodependencia y el narcotráfico: presente y futuro de un grave problema social y jurídico, señaló que el dinero que obtienen las redes de narcotraficantes logra camuflarse con "mayor facilidad" en zonas de litoral como la Costa del Sol, Valencia o Alicante, donde se ha construido de una forma "desmesurada" por los distintos problemas urbanísticos. Godino, que quiso dejar claro que se trata de una realidad que afecta a la mayoría de ciudades costeras, apuntó que en estos lugares "se puede comprar determinados bienes inmuebles a un precio muy alto, sin que se investigue la procedencia de ese dinero".
Por el contrario, el presidente de la Sala Primera no cree que la Costa del Sol se haya convertido en un refugio de narcotraficantes, ya que éstos se mueven con la misma facilidad que en otros puntos calientes del territorio español. En lo que está de acuerdo es que el delito de blanqueo de capitales ha cobrado especial relevancia en la zona debido a los casos de corrupción política que han quedado al descubierto en los últimos años.
De todos modos, José Godino quiso aprovechar su intervención para poner el acento en otro problema que trae de cabeza a las autoridades policiales y judiciales en la Costa del Sol: los asaltos a viviendas por parte de bandas extranjeras "muy peligrosas".
En su opinión, se trata de un fenómeno que provoca bastante temor porque sus miembros, procedentes de grupos paramilitares, emplean "una fuerza física inusual hasta ahora en España". "Antes estábamos acostumbrados a nuestros carteristas, hoy día ni los agentes policiales, ni los órganos jurisdiccionales estamos preparados para esta violencia inusitada que tiene lugar en nuestras casas", continuó el juez.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela / Marbella - 05.08.2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El PP aprovecha agosto para iniciar las obras en Ribalta pese a tener cuatro dictámenes en contra
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana, respaldada por el gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP), aprovechó ayer el periodo vacacional de agosto para comenzar el vallado de las obras del bus guiado por el parque Ribalta en contra de cuatro dictámenes de organismos consultivos (el Consell Valencià de Cultura, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat Politécnica de Valencia y la Universitat Jaume I).
La decisión del PP ha permitido que los primeros trabajos de la controvertida obra comiencen en pleno periodo vacacional y con la ausencia de muchos de los representantes de los más de 20 colectivos que han creado la Plataforma SOS Ribalta para exigir la salvaguarda del parque, protegido por ley como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Conjunto Histórico Artístico.
Respecto a la naturaleza de los primeros trabajos, la Conselleria de Infraestructuras explicó que se está vallando la zona para iniciar las catas arqueológicas (lo cual no implica excavación arqueológica) en un plazo de una o dos semanas.
Una vez cumplido este trámite, la empresa responsable presentará un informe a la Conselleria de Cultura para que ésta emita la autorización de inicio de obras y, en su caso, determine la necesidad de medidas especiales, excavaciones arqueológicas e incluso la suspensión de obras si se pone en riesgo un patrimonio relevante.
Al margen del resultado de las catas arqueológicas, cuatro organismos consultivos ya han concluido que la obra genera un grave impacto sobre el patrimonio y demandan que tanto la Generalitat como el ayuntamiento busquen trazados alternativos.
El presidente de la plataforma, Vicent Martínez, atendió a este diario desde su destino vacacional en Austria para confirmar que el colectivo mantiene firme su intención de acudir a los tribunales al objeto de paralizar las obras.
A pesar de los inconvenientes del calendario veraniego, la plataforma ya está realizando gestiones para convocar una reunión urgente.
22 por 297 metros de hormigón
El proyecto prevé ocupar Ribalta con una plataforma de hormigón de 22 por 297 metros para el paso del trolebús (bautizado oficialmente como TRAM) y atravesar diariamente el emblemático parque con un transporte masivo que circulará con una periodicidad inferior a 10 minutos en doble sentido.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 05.08.2008
Foto: arbolado. La zona acotada deja hileras de arbolado dentro del espacio afectado por la actuación/ rocío gayoso, levante-emv.com
La crisis se convierte en antídoto para la corrupción urbanística
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COTIZALIA* : Si la bonanza económica ha propiciado los actos de corrupción urbanística entre cargos públicos y constructores y promotores, la crisis se está convirtiendo en aliada de aquellas organizaciones que se han visto perjudicadas por la especulación inmobiliaria, y que pretenden modificar la legislación actual, aprovechando los momentos de debilidad que atraviesa el sector.
Enrique Climent Laguarda es presidente de Abusos Urbanísticos NO, una asociación sin ánimo de lucro que representa a propietarios negativamente afectados por el desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana. Climent es probablemente uno de los pocos españoles que contemplan a contrarreloj la crisis económica que atraviesa el país. “Tenemos que aprovechar el momento porque una crisis como esta no va a ser eterna”, dijo a El Confidencial. Climent estima que a partir del 2011 resurgirá de nuevo la actividad inmobiliaria y cuenta con este periodo de tiempo para llevar a cabo las reformas pertinentes de la vigente legislación urbanística.
Este lunes en el curso de verano de El Escorial, La transparencia como antídoto a la corrupción, Climent aseguró que se reduciría considerablemente el nivel de corrupción si el Gobierno Central recuperara las competencias de urbanismo que se cedieron en su día a las Autonomías y a los Ayuntamientos. “Tenemos a más de 7,000 municipios en España lo que multiplica por 7,000 las oportunidades de corrupción”, afirmó.
El antiguo auditor del Estado tiene preparado para septiembre el lanzamiento de una federación española que agrupará a un número de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a luchar contra los abusos urbanísticos y medioambientales. Una organización estatal con la que pretende conseguir que “la caja de resonancia sea mucho más ruidosa” de lo que ha sido hasta ahora su pequeña organización.
Pero no ha pasado desapercibida la labor que hasta la fecha ha realizado Abusos Urbanísticos NO. Su historia es una historia de perseverancia. Después de presentar sin mucho éxito sus quejas y denuncias ante los diferentes órganos de gobierno españoles, se dirigió a la Comisión Europea como último recurso. “Nos dimos cuenta de que era el único sitio que nos podía brindar una cierta ayuda”, dijo. Ante la Comisión la organización presentó alrededor de 15,000 quejas civiles, un gran porcentaje de las cuales provenían de jubilados extranjeros que viven en la costa mediterránea española. “Esto ayudó a que la Comisión se lo tomara realmente en serio”, dijo Climent. Y, efectivamente, el organismo europeo envió a España tres comisiones de investigación, concluyendo la tercera de ellas en la derogación de la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística, que se sustituyó a finales del 2005 por la actual ley de 2006. A pesar del éxito, el proceso no estuvo exento de dificultades. “La reacción a las visitas europeas por parte de los cargos públicos autonómicos fue tan lamentable que en un artículo escribí que me avergonzaba de ser valenciano si serlo implicaba tener un gobierno como el que tenemos”.
Actualmente, la organización se mantiene a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra el gobierno de España por incumplimiento de Directivas Europeas en materia urbanística que podría implicar una sanción de elevada cuantía. Cuando un político valenciano, cuyo nombre no quiso citar, se enteró de la posibilidad de la sanción, Climent le escuchó comentar, “que nos pongan multas, al fin y al cabo España nunca paga las multas que le pone la Comunidad Europea”.
Climent atribuye el salvaje desarrollo urbanístico en parte a las ingentes cantidades de dinero que buscaban (y siguen buscando) en el sector inmobiliario un destino para sus inversiones. Dinero blanco procedente del estallido de la burbuja tecnológica se sumó al negro procedente del cambio de la moneda única, o de la delincuencia internacional. “Esto era el paraíso para cualquier delincuente donde el trinomio de robo, corrupción y blanqueo encajaba como el mecanismo de un reloj”, afirmó Climent. “Nos hemos enterado de la noche a la mañana que tenemos instaladas a pan y cuchillo a Mafias rusas, rumanas, kosovares, sicilianas, napolitanas y colombianas”.
El fenómeno de movilización social que Climent está llevando a cabo resulta poco frecuente en nuestro país. “La sociedad española es una sociedad muy manipulada”, dijo Climent a El Confidencial. “Hay una indiferencia que hace que se pierda el interés por cualquier cosa que pueda afectarnos”.
* Cotizalia - Elena Herrero-Beaumont.- - 05/08/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
Greenpeace exige frenar en seco «la fiebre urbanizadora» que azota a Llanes
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LANUEVAESPAÑA* : El colectivo conservacionista Greenpeace, en su informe «Destrucción a toda costa» correspondiente a este año, señala a Llanes como el municipio costero asturiano que más se ha deteriorado en los últimos años y el que más peligro corre de seguir deteriorándose debido a la presión urbanística y a la «fiebre urbanizadora importada del litoral mediterráneo».
Greenpeace llama a las administraciones públicas a «frenar en seco, antes de que sea demasiado tarde», la presión urbanizadora, propiciada en gran medida por el avance de la Autovía del Cantábrico.
Greenpeace destaca que la primera franja costera de Asturias está en muchos tramos a salvo del ladrillo y el hormigón, pero insiste en que la zona más deteriorada y vulnerada es la costa de la zona oriental, donde los planes urbanísticos en vigor y en redacción prevén construir un número de viviendas mayor que el de habitantes actuales.
El estudio concluye con un dictamen en el que Greenpeace señala seis puntos negros en la costa de Asturias: dos en el concejo de Llanes (La Talá, en la villa, y Borizu, en Celoriu), Gijón (zona portuaria contaminación industrial severa), el puerto de Avilés (destrucción marismas de Recastrón), la ría de Avilés (contaminación industrial) y el estuario del Navia (contaminación industrial y urbana severa).
Llanes es el concejo más criticado por los ecologistas, que advierten de que puede convertirse en un futuro inmediato en la «próxima pieza a cobrar por las constructoras y promotoras urbanísticas», más aun teniendo en cuenta que el área mediterránea está «agotada» por la saturación urbanística.
«La Autovía del Cantábrico viene generando desde hace años una presión urbanística sin precedentes en todo el litoral cantábrico», señala el colectivo. En el panorama urbanístico asturiano destaca Greenpeace las previsiones o las modificaciones de los planes urbanos en Colunga, Caravia, Ribadedeva, Ribadesella y Llanes.
Los ecologistas aseguran que los planes urbanos de los concejos de la franja oriental asturiana prevén la construcción de más viviendas que habitantes tienen actualmente. Así, Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia y Colunga, según los cálculos de Greenpeace, pretenden levantar en los próximos años más de 30.000 nuevas viviendas, cuando en la actualidad suman menos de 26.000 vecinos. Además de esta crítica global a la situación del urbanismo en la comarca, Greenpeace compara en su informe a Llanes con la zona más urbanizada del Mediterráneo. El estudio subraya que el concejo llanisco destaca por ser el municipio que más ha urbanizado en Asturias en los últimos años.
«La actividad urbanística desarrollada bajo el mandato del alcalde Antonio Trevín y continuada por su sucesora en el cargo, Dolores Álvarez Campillo, ha sido objeto de numerosas denuncias», señala Greenpeace. Los ecologistas recuerdan que tras hacer público el informe «Destrucción a toda costa 2007», hace ahora un año, la Alcaldesa afirmó que «el urbanismo en su concejo es respetuoso y sostenible». Pero «aunque el Ayuntamiento de Llanes presume de su plan urbano, el Gobierno regional ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Así, en abril de 2008 el departamento de Disciplina Urbanística paralizaba por segunda vez la construcción de dos viales de grandes dimensiones dentro de los 200 metros de protección de costas en La Talá, donde se están construyendo medio millar de viviendas a menos de 500 metros de la línea de costa (algo que prohíbe el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias, según Greenpeace).
Los conservacionistas señalan a La Talá como «un paraje de gran valor paisajístico y ornitológico, integrado en la red Natura 2000 europea». La principal finca de La Talá fue adquirida la semana pasada en 74,56 millones por Cajastur. Además, apuntan a la isla de Borizu como zona en peligro, por la propuesta de construir un puerto deportivo. Pero esta propuesta ya ha cosechado un frontal rechazo por parte de las administraciones públicas.
* La Nueva España - Bárbara MORÁN, Ribadesella - 05.08.2008
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com
