ELMUNDO* : La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, se convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años, gracias a un decreto que el Gobierno autónomo aprobó el pasado sábado. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.
Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional). Sin embargo, la oposición a Barreda le reprocha que esas viviendas benefician más a los promotores que a los demandantes de vivienda pública.
El primer punto que rompe drásticamente con las condiciones a que están sujetas las Viviendas de Protección Oficial es que las VIPP, definidas como "viviendas con protección pública específicas de la Comunidad", se podrán "promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".
Es decir, los promotores podrán utilizar suelo sobrante, aunque no esté calificado específicamente para VPO, para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta se reserva exclusivamente.
Lluvia de críticas
Pero lo que ha suscitado mayores críticas y que supondrá un alivio para muchas inmobiliarias que necesitan seguir construyendo y vendiendo en tiempos de extrema contracción del mercado inmobiliario es el artículo 14.
"Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada- existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio". El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.
Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros, según los cálculos de EL MUNDO.
La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.
El decreto también incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera. En él, se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor.
El Pocero, gran favorecido
La medida ha suscitado las críticas de la oposición, que asegura que es un decreto "a la medida de El Pocero", el constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo), y de otros "promotores amigos" del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden.
"Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender de Seseña en VPO", denunció ayer Marcial Marín, secretario general del Grupo Popular. Según Marín, "no había ninguna necesidad de crear este tipo de viviendas, ya que se crea una nueva burbuja inmobiliaria, porque en la comunidad hay 85.000 pisos sin vender".
En la Junta, sin embargo, aseguran que ligar el decreto con El Pocero es una crítica "fácil y sin ninguna veracidad". "Las viviendas se construirán donde haya demanda, no donde quiera el promotor", explicó ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrán. "Y en Seseña apenas existen demandantes de vivienda".
Al rescate de los promotores
La Comunidad de Castilla-La Mancha no es la única que ha aprobado en las últimas semanas medidas sobre vivienda. La Comunidad de Madrid firmó el pasado 30 de julio un acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y varias entidades bancarias para abaratar los pisos.
Las 25.000 viviendas libres que existen en la Comunidad podrán acogerse a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. "Esta medida ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas", explicó un portavoz de la Comunidad de Madrid.
En el PP critican también otro peligroso punto de la ley de Barreda, aquel que deja en manos de la Junta la regulación del procedimiento de selección de promotoras para desarrollar las viviendas VIPP. "¿Estarán pensando en los 25 promotores que Barreda comentó que podrían llevar a cabo el proyecto?", se pregunta el diputado del PP.
La justificación que dan en la Junta para haber aprobado este polémico decreto es que hay que dar "garantía a los promotores de que tendrán comprador en unos momentos difíciles". Según el consejero de Territorio, "si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la Comunidad". Y luego, ¿qué hará la Junta con ellos?.
* El Mundo - CRISTINA CABALLERO - 07.08.2008
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización - A.Heredia (El Mundo)
Castilla-La Mancha comprará los pisos que los promotores no vendan
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7.8.08
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Vecinos de Tomiño se encadenan en el Concello para protestar por el trazado de la autovía Tui-A Guarda
LAVOZ/Pontevedra* : La polémica por el trazado propuesto por la Xunta para la futura autovía que unirá Tui y A Guarda sigue generando polémica en el municipio pontevedrés de Tomiño. Ayer el Concello tuvo que instalar una pantalla gigante para que los vecinos pudiesen seguir el pleno en el que la corporación exigió un nuevo trazado para la autovía pero hoy un grupo de unos doscientos vecinos han continuado con las protestas y se ha encadenado a las puertas del Consistorio.
La protesta se ha materializado a primera hora de la mañana, sobre las siete de la mañana. Una decena de manifestantes se ha encadenado a la puerto del Concello y el resto los han respaldado con pancartas, ocupando toda la entrada principal. Los manifestantes han impedido que los funcionarios municipales accedieran al interior del Concello. Los trabajadores municipales no han podido ocupar sus puestos de trabajo y las ventanillas y teléfonos del consistorio han permanecido inoperativos durante más de tres horas. Tampoco pudieron acceder al interior la alcaldesa del municipio, Sandra González, y el resto de miembros de la corporación que se acercaron a escuchar las protestas de los manifestantes.
Los manifestantes son en su mayoría vecinos del barrio de Barro que denuncian que el trazado supondría un destrozo insoportable en esta zona y acabaría con las casas y los medios de vida de muchos vecinos de Tomiño ya que destruiría muchas fincas de cultivo, especialmente de kiwi. Piden que la Xunta reconsidere el trazado y que se realice un nuevo estudio informativo para garantizar que la vía tenga menos impacto ambiental a su paso por el municipio.
Fuentes municipales aseguran que durante la protesta se han vivido «momentos de bastante tensión», aunque sobre las once y cuarto se finalizaba la protesta. Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en buena parte del encierro e informaron a los manifestantes de que encadenarse al Concello suponía un delito y los vecinos solicitaron la presencia de los medios de comunicación para que su rechazo tuviese repercusión.
* La Voz de Galicia - Vigo - 6.08.2008
Foto: Tomiño (Pontevedra), protesta vecinos - lavozdegalicia.es
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Vigo: El Supremo ratifica la sentencia que ilegaliza la ´Colina de Castrelos´ y obliga a su demolición
FARODEVIGO* : La sección quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la comunidad de propietarios de la urbanización 'Colina de Castrelos' de Vigo, contra el auto que obliga a ejecutar una sentencia de demolición de dicha urbanización, por haber sido construida con una licencia ilegal.
En la sentencia, del pasado 24 de junio, el tribunal considera que no ha lugar a la aceptación del recurso, por lo que el Ayuntamiento tiene un mes de plazo para elaborar un proyecto de demolición "total o parcial" de esos inmuebles, con el fin de restaurar la legalidad urbanística. Así, se cumpliría una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que data de 1994.
En la última resolución judicial, el Supremo recordó que los tribunales ya desestimaron en un auto un recurso de súplica interpuesto en su día por los propietarios afectados, ya que no se apreciaron "motivos justificativos para la paralización de dicha demolición". Ahora, la sala contencioso-administrativa rechaza también el recurso de casación contra ese auto.
Según la exposición de antecedentes de la sentencia, el edificio fue construido con una licencia ilegal y constituye una "pantalla disonante" en su entorno, por lo que no hay otro modo de ejecutar la sentencia que procediendo a la demolición.
Además de esta actuación, hay en Vigo unas 2.000 familias afectadas por sentencias de derribo de edificios ilegales, como el caso del ámbito de Finca do Conde, Rosalía de Castro, Jacinto Benavente, las torres Ifer en García Barbón, la Pastora, los aparthoteles de Samil o los chalets adosados de Canido. Sólo algunas de estas construcciones podrán ser legalizadas con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
* Faro de Vigo - Europa Press - 06.08.2008
Foto: Vigo, la Colina de Castrelos /R GROBAS, farodevigo.es
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Alcoy: Exigen a través de un recurso el estudio de impacto ambiental del hotel de la Font Roja
INFORMACIÓN/Alicante* : La plataforma ciudadana contra la construcción de un hotel en el parque natural de la Font Roja presentó ayer en el registro del Ayuntamiento de Alcoy un recurso en el que exige que se le entregue la información sobre el estudio de impacto ambiental de dicho hotel.
La decisión de la plataforma se anunció tras más de un mes de espera y después de que el gobierno municipal del PP les asegurara que se la facilitarían después del último pleno. Finalmente recibieron un escrito, firmado por los concejales Rafa Sanus, de Servicios Jurídicos y María Eugenia del Castillo, de Contratación, que negaba el acceso a la información alegando que se trataba de "un documento secreto al que no podemos tener acceso hasta que finalice el proceso de adjudicación", explicó Carles Mansanet, portavoz de la plataforma.
Según detalla el recurso "los motivos alegados (por los concejales) son totalmente improcedentes". Carles Mansanet, como portavoz de la entidad, explica en el documento que "las proposiciones de los licitadores sólo son secretas hasta el momento de la licitación pública". La plataforma recalca que "bajo ningún concepto se puede considerar como confidencial una documentación técnica que se ha presentado en un concurso público, dentro de un procedimiento que se ha de regir por los principios de publicidad y de transparencia". Además, añade que no se puede conculcar el principio de igualdad de trato entre los candidatos, y que sólo se ha presentado una única empresa. En el escrito de recurso también piden explicciones al gobierno local por haber difundido en prensa alguna de las partes del proyecto, como las simulaciones paisajísticas.
Por todo esto pide en su escrito que se les facilite una copia del estudio de impacto ambiental incluido en la documentación técnica presentada en el concurso público del contrato de "concesión de obra pública consistente en la redacción de proyecto técnico y ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de un hotel en la Font Roja". Asimismo, la plataforma quiere conocer los nombres de las personas que han tramitado la petición inicial de información así como las que lo hagan ahora con este recurso.
Otro de los aspectos incluidos en el documento presentado por el colectivo ecologista ante el registro del Ayuntamiento alerta sobre la ilegalidad que comportaría la posiblidad de realizar modificaciones en el estudio de impacto ambiental, propuesta planteada desde el gobierno del PP. La plataforma recuerda que "en este caso el procedimiento de contratación no es negociado sino abierto, por lo que no es admisible ningún tipo de negociación".
El portavoz afirmó que "emprenderemos la vía judicial en el momento en que se conceda la licencia definitiva". Carles Mansanet aseguró que están dispuestos a "llegar hasta el final".
* Información - M.MOLTÓ - 06.08.2008
Foto: Imagen de la manifestación celebrada el pasado 28 de julio en contra del hotel proyectado en la Font Roja. RUBÉN CERVERA, diarioinformacion.com
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Málaga: ´Solidaridad´ critica la falta de transparencia en el PGOU
LAOPINIÓN/Málaga* : La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ´Solidaridad´ presentó ayer en rueda de prensa un manifiesto en el que critica la falta de transparencia y participación en la elaboración del PGOU.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Rafael Fuentes y Pedro Moreno, portavoces de los grupos municipales de PSOE e IU, respectivamente, que apoyan el manifiesto.
´Solidaridad´ resaltó que ha faltado "información clara a los vecinos" para que se expresen libre y democráticamente. El portavoz de la federación, José Óscar López, subrayó que no se debe confundir la participación con el número de alegaciones privadas presentadas, "algo que es una obligación por ley", en respuesta al concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
Para ´Solidaridad´, ha faltado la participación de los colectivos de Málaga y puso de ejemplo que la federación vecinal no ha recibido ningún documento informativo del PGOU, "a pesar de que lo hemos pedido por escrito".
El manifiesto considera que el PGOU perjudicará "a casi el 99 por ciento de los malagueños" y puso el ejemplo de varios convenios urbanísticos, comenzando por la parcela de Arraijanal: "Los malagueños perderán la oportunidad" de tener un gran parque y el "uso público" de medio millón de metros cuadrados; Maristas, "más de mil niños se quedarán sin colegio en las cercanías"; Flex, "en lugar de un centro de día o un parque" irá un edificio de 16 plantas, "que traerá más masificación", dice el manifiesto; Málaga Wagen, "más viviendas en una de las zonas con más viviendas de Málaga"; y los rascacielos de Martiricos, "una falta de respeto del alcalde" y una operación "perjudicial para las generaciones futuras".
La federación vecinal anunció que repartirá el manifiesto entre asociaciones de vecinos y no descartó movilizaciones en las zonas afectadas por estos convenios urbanísticos.
Por otro lado, José Óscar López informó de que el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la denuncia de ´Solidaridad´ contra el Ayuntamiento de Málaga por supuesta discriminación política y ha solicitado documentación al Consistorio.
* La Opinión de Málaga - A. VÁZQUEZ - 06 de agosto de 2008
Foto: Málaga, La_Malagueta_2006 - Rux (Wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Santa Cruz: Denuncian al ayuntamiento por construir un 'mamotreto' en Las Teresitas
CANARIASALDÍA* : La fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia contra el ayuntamiento de la capital tinerfeña por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por el aparcamiento construido en la playa santacrucera de Las Teresitas.
José Manuel Corrales, secretario general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, informó a EFE que ha recibido de la mencionada fiscalía una notificación oficial, con número 62/08, en la que se dice que se ha admitido la denuncia que el propio Corrales presentó en febrero del presente año por la construcción del aparcamiento, conocido popularmente como "mamotreto", y que consideraba ilegal.
"La notificación nos pone en conocimiento que la fiscalía ha remitido al juzgado decano de Santa Cruz de Tenerife la denuncia contra el equipo de gobierno municipal por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación de territorio por levantar el "mamotreto"", aseguró Corrales.
El secretario general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife agregó que estos presuntos delitos están tipificados en los artículos 318 y 320 del código penal, "y pueden tener consecuencias penales".
Una vez que ha entrado en el decanato la denuncia de la fiscalía, habrá que esperar al reparto a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para conocer el texto de la denuncia.
Mañana, miércoles, Corrales ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre la notificación que ha recibido de la fiscalía y las consecuencias que pueden acarrear los presuntos delitos.
* Canarias al Día - EFE - 6.08.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
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Tema: NOTICIAS Canarias
La juez investiga al alcalde de O Pino por prevaricación
ELPAÍS/A Coruña* : El juzgado de Arzúa, que investiga un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio del alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, del PP, por las decisiones políticas que adoptó en relación con el polígono industrial que la promotora Martinsa-Fadesa construye en el municipio coruñés, ha entrado de lleno en lo sucedido el 21 de junio de 2007.
Ese día el regidor recopiló en unas horas seis informes distintos del arquitecto, la secretaria municipal, un bufete de abogados externo y una consultora independiente, para desbaratar las alegaciones que habían llegado a primera hora de la mañana en contra del proyecto. El alcalde estampó su firma en el proyecto ese mismo día, en el que finalizaba el plazo para presentar alegaciones y sólo minutos antes de que llegase al ayuntamiento una orden de la Consellería de Cultura que decretaba su paralización.
La juez pide ahora a Correos que identifique al funcionario que entregó el 21 de junio las alegaciones de tres grupos de vecinos y ha reclamado a la Subdirección General de Patrimonio que explique por qué vía hizo llegar el decreto de paralización al gobierno municipal de O Pino. Se trata de determinar la hora exacta en que llegaron las enmiendas vecinales y sobre todo la orden de paralización de Cultura, para cotejar la verosimilitud del testimonio de Manuel Taboada.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 06/08/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
El narcotráfico se camufla mejor donde el urbanismo crece sin mucho control
MÁLAGAHOY* : El magistrado José Godino dice que esta realidad, que trae de cabeza a las autoridades, afecta a muchas ciudades costeras. El blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico se encuentra con menos obstáculos en aquellas zonas donde el crecimiento urbanístico se ha saltado todos los controles que marca la ley.
Esta es una de las ideas que ayer expuso el presidente de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, José Godino, durante su intervención en uno de los cursos de verano que la Universidad de Málaga (UMA) está impartiendo en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella.
El magistrado, que participó en el curso La drogodependencia y el narcotráfico: presente y futuro de un grave problema social y jurídico, señaló que el dinero que obtienen las redes de narcotraficantes logra camuflarse con "mayor facilidad" en zonas de litoral como la Costa del Sol, Valencia o Alicante, donde se ha construido de una forma "desmesurada" por los distintos problemas urbanísticos. Godino, que quiso dejar claro que se trata de una realidad que afecta a la mayoría de ciudades costeras, apuntó que en estos lugares "se puede comprar determinados bienes inmuebles a un precio muy alto, sin que se investigue la procedencia de ese dinero".
Por el contrario, el presidente de la Sala Primera no cree que la Costa del Sol se haya convertido en un refugio de narcotraficantes, ya que éstos se mueven con la misma facilidad que en otros puntos calientes del territorio español. En lo que está de acuerdo es que el delito de blanqueo de capitales ha cobrado especial relevancia en la zona debido a los casos de corrupción política que han quedado al descubierto en los últimos años.
De todos modos, José Godino quiso aprovechar su intervención para poner el acento en otro problema que trae de cabeza a las autoridades policiales y judiciales en la Costa del Sol: los asaltos a viviendas por parte de bandas extranjeras "muy peligrosas".
En su opinión, se trata de un fenómeno que provoca bastante temor porque sus miembros, procedentes de grupos paramilitares, emplean "una fuerza física inusual hasta ahora en España". "Antes estábamos acostumbrados a nuestros carteristas, hoy día ni los agentes policiales, ni los órganos jurisdiccionales estamos preparados para esta violencia inusitada que tiene lugar en nuestras casas", continuó el juez.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela / Marbella - 05.08.2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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El PP aprovecha agosto para iniciar las obras en Ribalta pese a tener cuatro dictámenes en contra
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana, respaldada por el gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP), aprovechó ayer el periodo vacacional de agosto para comenzar el vallado de las obras del bus guiado por el parque Ribalta en contra de cuatro dictámenes de organismos consultivos (el Consell Valencià de Cultura, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat Politécnica de Valencia y la Universitat Jaume I).
La decisión del PP ha permitido que los primeros trabajos de la controvertida obra comiencen en pleno periodo vacacional y con la ausencia de muchos de los representantes de los más de 20 colectivos que han creado la Plataforma SOS Ribalta para exigir la salvaguarda del parque, protegido por ley como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Conjunto Histórico Artístico.
Respecto a la naturaleza de los primeros trabajos, la Conselleria de Infraestructuras explicó que se está vallando la zona para iniciar las catas arqueológicas (lo cual no implica excavación arqueológica) en un plazo de una o dos semanas.
Una vez cumplido este trámite, la empresa responsable presentará un informe a la Conselleria de Cultura para que ésta emita la autorización de inicio de obras y, en su caso, determine la necesidad de medidas especiales, excavaciones arqueológicas e incluso la suspensión de obras si se pone en riesgo un patrimonio relevante.
Al margen del resultado de las catas arqueológicas, cuatro organismos consultivos ya han concluido que la obra genera un grave impacto sobre el patrimonio y demandan que tanto la Generalitat como el ayuntamiento busquen trazados alternativos.
El presidente de la plataforma, Vicent Martínez, atendió a este diario desde su destino vacacional en Austria para confirmar que el colectivo mantiene firme su intención de acudir a los tribunales al objeto de paralizar las obras.
A pesar de los inconvenientes del calendario veraniego, la plataforma ya está realizando gestiones para convocar una reunión urgente.
22 por 297 metros de hormigón
El proyecto prevé ocupar Ribalta con una plataforma de hormigón de 22 por 297 metros para el paso del trolebús (bautizado oficialmente como TRAM) y atravesar diariamente el emblemático parque con un transporte masivo que circulará con una periodicidad inferior a 10 minutos en doble sentido.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 05.08.2008
Foto: arbolado. La zona acotada deja hileras de arbolado dentro del espacio afectado por la actuación/ rocío gayoso, levante-emv.com
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La crisis se convierte en antídoto para la corrupción urbanística
COTIZALIA* : Si la bonanza económica ha propiciado los actos de corrupción urbanística entre cargos públicos y constructores y promotores, la crisis se está convirtiendo en aliada de aquellas organizaciones que se han visto perjudicadas por la especulación inmobiliaria, y que pretenden modificar la legislación actual, aprovechando los momentos de debilidad que atraviesa el sector.
Enrique Climent Laguarda es presidente de Abusos Urbanísticos NO, una asociación sin ánimo de lucro que representa a propietarios negativamente afectados por el desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana. Climent es probablemente uno de los pocos españoles que contemplan a contrarreloj la crisis económica que atraviesa el país. “Tenemos que aprovechar el momento porque una crisis como esta no va a ser eterna”, dijo a El Confidencial. Climent estima que a partir del 2011 resurgirá de nuevo la actividad inmobiliaria y cuenta con este periodo de tiempo para llevar a cabo las reformas pertinentes de la vigente legislación urbanística.
Este lunes en el curso de verano de El Escorial, La transparencia como antídoto a la corrupción, Climent aseguró que se reduciría considerablemente el nivel de corrupción si el Gobierno Central recuperara las competencias de urbanismo que se cedieron en su día a las Autonomías y a los Ayuntamientos. “Tenemos a más de 7,000 municipios en España lo que multiplica por 7,000 las oportunidades de corrupción”, afirmó.
El antiguo auditor del Estado tiene preparado para septiembre el lanzamiento de una federación española que agrupará a un número de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a luchar contra los abusos urbanísticos y medioambientales. Una organización estatal con la que pretende conseguir que “la caja de resonancia sea mucho más ruidosa” de lo que ha sido hasta ahora su pequeña organización.
Pero no ha pasado desapercibida la labor que hasta la fecha ha realizado Abusos Urbanísticos NO. Su historia es una historia de perseverancia. Después de presentar sin mucho éxito sus quejas y denuncias ante los diferentes órganos de gobierno españoles, se dirigió a la Comisión Europea como último recurso. “Nos dimos cuenta de que era el único sitio que nos podía brindar una cierta ayuda”, dijo. Ante la Comisión la organización presentó alrededor de 15,000 quejas civiles, un gran porcentaje de las cuales provenían de jubilados extranjeros que viven en la costa mediterránea española. “Esto ayudó a que la Comisión se lo tomara realmente en serio”, dijo Climent. Y, efectivamente, el organismo europeo envió a España tres comisiones de investigación, concluyendo la tercera de ellas en la derogación de la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística, que se sustituyó a finales del 2005 por la actual ley de 2006. A pesar del éxito, el proceso no estuvo exento de dificultades. “La reacción a las visitas europeas por parte de los cargos públicos autonómicos fue tan lamentable que en un artículo escribí que me avergonzaba de ser valenciano si serlo implicaba tener un gobierno como el que tenemos”.
Actualmente, la organización se mantiene a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra el gobierno de España por incumplimiento de Directivas Europeas en materia urbanística que podría implicar una sanción de elevada cuantía. Cuando un político valenciano, cuyo nombre no quiso citar, se enteró de la posibilidad de la sanción, Climent le escuchó comentar, “que nos pongan multas, al fin y al cabo España nunca paga las multas que le pone la Comunidad Europea”.
Climent atribuye el salvaje desarrollo urbanístico en parte a las ingentes cantidades de dinero que buscaban (y siguen buscando) en el sector inmobiliario un destino para sus inversiones. Dinero blanco procedente del estallido de la burbuja tecnológica se sumó al negro procedente del cambio de la moneda única, o de la delincuencia internacional. “Esto era el paraíso para cualquier delincuente donde el trinomio de robo, corrupción y blanqueo encajaba como el mecanismo de un reloj”, afirmó Climent. “Nos hemos enterado de la noche a la mañana que tenemos instaladas a pan y cuchillo a Mafias rusas, rumanas, kosovares, sicilianas, napolitanas y colombianas”.
El fenómeno de movilización social que Climent está llevando a cabo resulta poco frecuente en nuestro país. “La sociedad española es una sociedad muy manipulada”, dijo Climent a El Confidencial. “Hay una indiferencia que hace que se pierda el interés por cualquier cosa que pueda afectarnos”.
* Cotizalia - Elena Herrero-Beaumont.- - 05/08/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
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Greenpeace exige frenar en seco «la fiebre urbanizadora» que azota a Llanes
LANUEVAESPAÑA* : El colectivo conservacionista Greenpeace, en su informe «Destrucción a toda costa» correspondiente a este año, señala a Llanes como el municipio costero asturiano que más se ha deteriorado en los últimos años y el que más peligro corre de seguir deteriorándose debido a la presión urbanística y a la «fiebre urbanizadora importada del litoral mediterráneo».
Greenpeace llama a las administraciones públicas a «frenar en seco, antes de que sea demasiado tarde», la presión urbanizadora, propiciada en gran medida por el avance de la Autovía del Cantábrico.
Greenpeace destaca que la primera franja costera de Asturias está en muchos tramos a salvo del ladrillo y el hormigón, pero insiste en que la zona más deteriorada y vulnerada es la costa de la zona oriental, donde los planes urbanísticos en vigor y en redacción prevén construir un número de viviendas mayor que el de habitantes actuales.
El estudio concluye con un dictamen en el que Greenpeace señala seis puntos negros en la costa de Asturias: dos en el concejo de Llanes (La Talá, en la villa, y Borizu, en Celoriu), Gijón (zona portuaria contaminación industrial severa), el puerto de Avilés (destrucción marismas de Recastrón), la ría de Avilés (contaminación industrial) y el estuario del Navia (contaminación industrial y urbana severa).
Llanes es el concejo más criticado por los ecologistas, que advierten de que puede convertirse en un futuro inmediato en la «próxima pieza a cobrar por las constructoras y promotoras urbanísticas», más aun teniendo en cuenta que el área mediterránea está «agotada» por la saturación urbanística.
«La Autovía del Cantábrico viene generando desde hace años una presión urbanística sin precedentes en todo el litoral cantábrico», señala el colectivo. En el panorama urbanístico asturiano destaca Greenpeace las previsiones o las modificaciones de los planes urbanos en Colunga, Caravia, Ribadedeva, Ribadesella y Llanes.
Los ecologistas aseguran que los planes urbanos de los concejos de la franja oriental asturiana prevén la construcción de más viviendas que habitantes tienen actualmente. Así, Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia y Colunga, según los cálculos de Greenpeace, pretenden levantar en los próximos años más de 30.000 nuevas viviendas, cuando en la actualidad suman menos de 26.000 vecinos. Además de esta crítica global a la situación del urbanismo en la comarca, Greenpeace compara en su informe a Llanes con la zona más urbanizada del Mediterráneo. El estudio subraya que el concejo llanisco destaca por ser el municipio que más ha urbanizado en Asturias en los últimos años.
«La actividad urbanística desarrollada bajo el mandato del alcalde Antonio Trevín y continuada por su sucesora en el cargo, Dolores Álvarez Campillo, ha sido objeto de numerosas denuncias», señala Greenpeace. Los ecologistas recuerdan que tras hacer público el informe «Destrucción a toda costa 2007», hace ahora un año, la Alcaldesa afirmó que «el urbanismo en su concejo es respetuoso y sostenible». Pero «aunque el Ayuntamiento de Llanes presume de su plan urbano, el Gobierno regional ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Así, en abril de 2008 el departamento de Disciplina Urbanística paralizaba por segunda vez la construcción de dos viales de grandes dimensiones dentro de los 200 metros de protección de costas en La Talá, donde se están construyendo medio millar de viviendas a menos de 500 metros de la línea de costa (algo que prohíbe el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias, según Greenpeace).
Los conservacionistas señalan a La Talá como «un paraje de gran valor paisajístico y ornitológico, integrado en la red Natura 2000 europea». La principal finca de La Talá fue adquirida la semana pasada en 74,56 millones por Cajastur. Además, apuntan a la isla de Borizu como zona en peligro, por la propuesta de construir un puerto deportivo. Pero esta propuesta ya ha cosechado un frontal rechazo por parte de las administraciones públicas.
* La Nueva España - Bárbara MORÁN, Ribadesella - 05.08.2008
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Asturias
El TSJM ve "desvío de poder" y "actuación ilícita" en el urbanismo de Los Molinos
MADRIDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la organización Ecologistas en Acción contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Los Molinos por la construcción de viviendas en suelo protegido.
La sentencia del TSJM dictamina que la Comunidad de Madrid ha incurrido en "desvío de poder y actuado ilícitamente" al no reconocer -por estar obsoletas, argumentaron- y negarse a publicar las normas de planeamiento de Los Molinos de 1991.
"La no publicación de esas normas permitió al Consejo de Gobierno aprobar, en 2007, unas Normas Transitorias que permiten construir en suelo protegido más de 1.000 viviendas", subraya Ecologistas, puesto que en Los Molinos, desde 1991, existía un planeamiento que limitaba la nueva urbanización a los sectores más próximos al casco para proteger el piedemonte serrano y el entorno del río Guadarrama.
Según la organización, la Comunidad de Madrid quería declarar urbanizables el piedemonte -lugar donde nace la montaña- de la Sierra, en concreto la ladera de La Peñota, en plena Sierra de Guadarrama, así como los terrenos de pastizal situados al norte del casco y próximos al río Guadarrama.
Recurso a la orden
En febrero de 2006, Ecologistas en Acción recurrió la Orden del consejero de Medio Ambiente (en ese momento Mariano Zabía) por la que se declaraba vigente el plan general de 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento. La organización solicitaba, en su recurso, la anulación de la mencionada Orden y que se consideraran válidas y de aplicación las Normas de Planeamiento de 1991.
De este modo, de acuerdo al artículo 70 de la Ley del Suelo de la Comunidad, el Tribunal reclama a ambas administraciones la publicación de las Normas de planeamiento de 1991.
"Fuerte varapalo"
Ecologistas en Acción valora esta sentencia muy positivamente, pues a su juicio "supone un fuerte varapalo a la política especuladora del Gobierno regional, en la Sierra de Guadarrama".
Por ello, solicita a la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, que reconduzca a la legalidad y al respeto al medio ambiente, la actividad de la Consejería que dirige.
La Comunidad de Madrid negó que esté construyendo viviendas en suelo protegido en Los Molinos y anunció que presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula las Normas Transitorias aprobadas en el 2007.
El Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre aseguró a través de un comunicado que las Normas Transitorias del municipio de Los Molinos, aprobadas por el Consejo de Gobierno en 2007, "garantizan la protección por razones medioambientales de más del 85 por ciento del territorio municipal". Desde la Comunidad de Madrid explicaron que, aplicando el artículo 70.3 de la Ley del Suelo y a solicitud del Ayuntamiento de Los Molinos, puso en marcha en el año 2005 la elaboración de las Normas Transitorias para este municipio con el fin de dotarlo de la protección necesaria de la que carecía el Plan General de 1969.
Vacío legal
"La Comunidad evitaba de esta manera el vacío legal provocado por la anulación del plan urbanístico municipal por parte de los tribunales mientras el Ayuntamiento elabora un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal", señalaron. Las mismas fuentes recordaron que las Normas Subsidiarias de Los Molinos, aprobadas en 1991, fueron anuladas por el TSJM en una sentencia de diciembre de 2002 por no ajustarse a derecho, quedando en vigor la antigua normativa urbanística de 1969, "cuyos criterios de calificación de suelos no coinciden con los actuales". "Igualmente, los niveles de protección medioambiental de la antigua normativa no se adaptan a los exigidos hoy en día", añadieron.
Ante esta situación de vacío legal, la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio redactó unas Normas Urbanísticas Transitorias que "garantizasen un desarrollo urbanístico sostenible". Éstas "reducen considerablemente el número de viviendas que se podrán construir en la localidad ya que mientras que en el Plan de 1969 estaba prevista la construcción de 2.025 viviendas, con las Normas aprobadas en 2007 el número se reduce a 128, de las que el 70 por ciento serán protegidas". El Plan de 1991 preveía 646 viviendas de nueva construcción.
Respeto al planeamiento
El Ejecutivo regional negó tajantemente las acusaciones de Ecologistas en Acción al afirmar que no está construyendo ninguna vivienda en suelo protegido del término municipal de Los Molinos. "Las Normas Transitorias respetan las calificaciones del planeamiento de 1991, restringiendo su desarrollo dado que suspende todo su suelo urbanizable y únicamente admite el desarrollo del suelo urbano existente y el Suelo Urbano no consolidado de La Marina, que ya estaba calificado en los dos planeamientos anteriores", especificaron.
En cuanto a las afirmaciones de Ecologistas en Acción en las que se dijo que la Comunidad de Madrid pretendía declarar ciertas zonas urbanizable, como el piedemonte de la Sierra, las mismas fuentes regionales tacharon de "absolutamente falsas" las declaraciones porque "no hay suelo urbanizable aprobado".
* Madridiario - 04-08-2008 - MDO/EP
Foto: Los Molinos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Varios colectivos ciudadanos pedirán a la justicia que paralice el POTLA
IDEAL/Almería* : Las asociaciones de la Red Almeriense en Defensa del Territorio están dispuestas a acudir a los tribunales para paralizar el Plan de Ordenación del Levante Almeriense-POTLA si el Gobierno regional no tiene en cuenta sus alegaciones y permite que se construya en suelo protegido y se masifique la comarca.
Varios colectivos ciudadanos integrados en dicha red están dispuestos a recurrir en la vía contencioso-administrativa dicho plan, al igual que han hecho con los planes de ordenación y uso y gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Los afectados aseguran que en el proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Levante Almeriense no se les convocó a participar, algo que consideran antidemocrático, «teniendo en cuenta que hemos presentado numerosas alegaciones y ni siquiera han sido contestadas».
Los ecologistas y otros ciudadanos que luchan por la defensa medioambiental del Levante aseguran que el plan de ordenación de esta comarca «es un plan de desorden territorial y un instrumento para la especulación masiva al servicio de las promotoras inmobiliarias y sus intereses y que atenta contra los intereses básicos de los ciudadanos».
Aseguran que dicho plan «supone una barbarie medioambiental y urbanística sin precedentes que integra varias irregularidades de extrema gravedad, como la pretensión de construir en suelo protegido» y el desarrollo de un plan urbanístico en Carboneras «en los terrenos protegidos de Torre del Rayo y la construcción de una macrociudad de 5.300 hectáreas que abarca siete municipios, que podría albergar 400.000 personas; así como tres campos de golf nuevos».
Denuncian que «no se pone freno alguno a las pretensiones de urbanizar todo el territorio de municipios como Vera y se ignoran o niegan deliberadamente las necesidades urgentes de renovación total de infraestructuras de saneamiento en toda la comarca».
Peor calidad de vida
Dicen que si el Gobierno regional permite que este plan se lleve adelante tal y como está, sin incluir las alegaciones de los ecologistas, «los ciudadanos se exponen a que su calidad de vida se encarezca y se vea disminuida, al tiempo que se masifica el último espacio alternativo a la masificación del litoral español y se destruye de forma irreversible su medioambiente». Critican que el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, «no haya mencionado ninguna de nuestras alegaciones» y que su reciente intervención pública «se halla centrado en satisfacer los intereses de unos ayuntamientos que sólo defienden un desarrollo especulativo insostenible y destructivo, que dejará devastado nuestro litoral».
* Ideal - 03.08.08 -ROGER DÍAZ
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas - salvemosmojacar.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los concejos asturianos dedican el 58% de los ingresos del suelo a fines no previstos en la ley
ELCOMERCIODIGITAL* : Los ayuntamientos asturianos destinan el 58,5% de los ingresos obtenidos por la venta de suelo a fines no recogidos en la ley. Así consta en el informe que sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo ha elaborado el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL COMERCIO.
El documento, que toma datos de 2004, último ejercicio fiscalizado, destaca el alto porcentaje de fondos que los consistorios dedican a actividades «sobre las que no puede afirmarse que se encuentren dentro de las previstas en las correspondientes legislaciones autonómicas», y que en principio deberían invertirse en la construcción de vivienda pública o en otras iniciativas de interés social. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha son las autonomías que más incurren en esta política, según constata el estudio aprobado en fechas recientes.
Bajo el título 'Fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo en el ejercicio 2004', el Tribunal de Cuentas analiza a qué dedican los ayuntamientos españoles el suelo público o los ingresos que han obtenido de él. Y la conclusión principal es que una quinta parte de esos recursos -en concreto, el 18,4%- se gastan en actuaciones que las leyes autonómicas no contemplan, aunque eso no quiere decir que sean ilegales. En cualquier caso, el tribunal señala que buena parte de ese patrimonio, en lugar de dedicarse a la construcción de edificios protegidos o a fines sociales, se orienta hacia «inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros».
Ese 18,4% antes mencionado corresponde a la media nacional, porque las diferencias entre comunidades autónomas son bastante significativas. En concreto, el informe identifica nueve regiones que destinan los ingresos de la venta de suelo a esos fines no previstos por la ley. A la cabeza está la Comunidad Valenciana, que dedica a estos gastos un 65,8% del dinero. Cataluña (61,9%), Asturias (58,5%), Castilla-La Mancha (51,8%) y Aragón (38,7%) lideran la estadística. Andalucía (24,4% de los ingresos), Murcia (23,1%), Galicia (16,9%) y La Rioja (0,1%) la completan.
Edificación
La radiografía del Tribunal de Cuentas, sobre una base de 144 ayuntamientos que acumulan el 48% de la población española, incide además en una cuestión especialmente relevante. Haciendo caso a la legislación vigente, la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección debería ser el principal destino del patrimonio municipal del suelo. Los datos revelan que no es así. Del valor total de ese patrimonio, los ayuntamientos sólo orienta a la edificación de pisos públicos un 16,3%. El dato refleja una media nacional, porque también aquí, como en el caso de esos 'fines imprevistos', se aprecian destacadas diferencias.
En este capítulo, los ayuntamientos asturianos se sitúan en un estadio intermedio y destinan a la vivienda protegida un 31% de los recursos del patrimonio del suelo. No parece un mal dato, sobre todo si se compara con los casos de Madrid (8,1%), País Vasco (5,2%), Andalucía (4,5%), Galicia (3,9%) o Extremadura (1,3%). En el otro lado de la balanza están las autonomías que más priorizan en sus políticas la edificación pública: Aragón (44%), Castilla-La Mancha (42,7%) y La Rioja (42,7%).
El análisis del órgano fiscalizador precisa que la mayor parte de los recursos del patrimonio del suelo, un 35,8%, tuvieron como finalidad el apartado de «fines, usos y actividades de interés social». Se trata de una materia regulada de forma diferente por las distintas leyes autonómicas, lo que equivale a que en cada región se pueda destinar el suelo o los ingresos que se obtienen de él a iniciativas muy diversas. Aquí aparecen, por ejemplo, las obras de urbanización o la construcción de equipamientos públicos, así como la planificación urbanística, la mejora y conservación del patrimonio histórico y cultural o determinadas operaciones de promoción económica. Un marco, pues, enormemente amplio y con límites difusos.
La normativa asturiana, por ejemplo, ya recoge en este capítulo la construcción de vivienda protegida. Quizá sea esa la razón de que el Principado no ocupe un puesto especialmente relevante en la estadística de ayuntamientos que orientan el gasto hacia estos fines sociales. Para Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco o Extremadura, por contra, se trata de algo prioritario en su política de suelo.
Conservación y gestión
Hay una última categoría a la que los ayuntamientos dedican una parte de sus ingresos. Es, quizás, la menos relevante, ya que concentra las actuaciones de conservación, gestión o ampliación del patrimonio. De hecho, en siete autonomías ninguno de sus municipios invirtió un solo euro. Curiosamente, Cantabria concentró aquí el 86,6% de su gasto. Castilla-La Mancha, por contra, el 0,6%.
El tribunal concluye su análisis del patrimonio municipal del suelo con un reproche final a los ayuntamientos. La mayoría de ellos, apunta, no cuenta con sistemas de control o seguimiento que permitan conocer en qué se ha empleado el suelo público o el dinero que se ha obtenido a través de él. Por tanto, el órgano fiscalizador asume que los datos facilitados por las corporaciones locales no pueden ser plenamente fiables.
* El Comercio Digital - 04.08.08 - Gijón, ANDRÉS SUÁREZ
Foto: Un edificio en construcción en el barrio gijonés de Tremañes. / E. C.
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Tema: NOTICIAS Asturias
Roca empieza a tirar de la manta
ELPAÍS/Marbella* : "Señoría, he decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado". Si prosigue la confesión, el cambio de estrategia del supuesto cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, será pura dinamita procesal. Tras esa frase mágica, Roca confesó hace dos semanas haber sobornado al juez Francisco Javier de Urquía con 73.800 euros "en dos sobres".
Al día siguiente reconoció un delito de tráfico de influencias y aceptó nueve meses de cárcel por licencias irregulares en el caso Belmonsa. De Urquía será la primera de las víctimas del arranque de sinceridad del ex asesor de Urbanismo de Marbella. Hay otros 85 imputados que habrán padecido malas digestiones: políticos, empresarios, promotores, abogados, marchantes de arte, policías...
El nuevo horizonte es consecuencia de los 848 días que Roca, de 55 años, lleva en prisión. Y es que su calvario pasa por más de 40 procesos pendientes. Hace sólo dos meses alegó ante el juez que sus meticulosas anotaciones, identificadas por los investigadores como sobornos, "podían o no ser reales, y en todo caso no eran cantidades para torcer voluntades". La reflexión veraniega ha dejado estas declaraciones, en las que negaba todo, en papel mojado.
En su último encuentro con los ex concejales marbellíes, les resumió elocuente su espectacular giro: "A todo el mundo le va a llegar su momento y hora". De momento, la próxima gran parada de sus comparecencias judiciales será en septiembre en la Audiencia Nacional por el caso Saqueo Ien el que está acusado junto a otros cinco imputados del supuesto desvío de 26,7 millones de euros del consistorio andaluz a empresas privadas entre 1991 y 1995.
La pasada semana, Roca logró una gran rentabilidad de su confesión, y tras el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el fiscal rebajó su petición de tres años de prisión a uno al aplicar un supuesto de cohecho más leve, estipulado para cuando se comete "a petición de un funcionario público". Sin embargo, para De Urquía y su amigo común, Arnaud Fabrice Albouhair, la fiscalía aún pide tres años.
La primera revelación de Roca cogió por sorpresa a todos, incluido su abogado. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, le pidió que se acercara al micrófono. "Mi cliente no tiene muchos conocimientos jurídicos", excusó a Roca su abogado, José Aníbal Álvarez, ante el desconcierto de la juez. "Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió. Y dejó boquiabiertos a todos.
Ahora, el letrado empieza a asimilar el viraje de su cliente. "La pelea es divertida, pero son sus huesos los que están en la cárcel", recuerda. "Si eres dentista y el paciente te dice que le quites la muela, aunque quieras empastar... se la quitas. No puedes desobedecer a tu cliente", se excusa. Álvarez enumera las razones del cansancio de Roca: el tiempo en la cárcel, el ser un preso "perseguido" que a los diez días de estar en libertad regresó a prisión con tres millones de fianza, la detención de su hija y de su mujer, y la intervención judicial de su patrimonio.
La sospecha de un pacto con la fiscalía es rechazada de momento. "Que tire de la manta y ratifique la contabilidad de pagos de Maras Asesores , la madre del cordero, es muy importante, pero aún debe ratificarse caso por caso", apuntan fuentes de la Fiscalía del Estado. Para un acuerdo, Roca debe reconocer su culpabilidad. Está imputado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. "No queremos ser un instrumento en manos de un imputado. No hay pacto, y si alguien quiere moverse somos todo oídos", reiteran desde la Fiscalía Anticorrupción de Málaga con cierto enfado ante los insistentes rumores.
Las defensas del resto de imputados están convencidas del acuerdo. "Aunque la fiscalía lo niegue, la única lógica jurídica sería un pacto global. La confesión no tiene sentido a cambio de nada. Es una estrategia de quien lleva mucho en prisión", opina Ernesto Osuna, abogado de Marisol Yagüe. La estrategia de la práctica totalidad de los acusados para salir airosos (nadie inculpa a Roca y el ex asesor tampoco carga contra nadie), parece desmoronarse porque la carta más valiosa ya no lo ve claro. Hasta ahora, el agujero de 500 millones en el Ayuntamiento marbellí y los convenios con constructores que devoraron colegios, zonas verdes y centros de salud, habían sido sólo "negocios urbanísticos".
El protagonismo de Roca en el caso es indudable. Su apellido aparece en el auto en 2.770 ocasiones. Hace un año, el consejero de la Presidencia andaluza, Gaspar Zarrías, retó a Roca "a tirar de la manta, de la colcha o de la sábana". Está por ver si el máximo imputado recogerá el guante.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 04/08/2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La tradición del alquiler manda en Alemania
ELMUNDO* : Tratar de explicar a un alemán que comprar un piso en Madrid resulta más caro que hacerlo en Múnich o Fráncfort debido a la “burbuja inmobiliaria” que ha sufrido España en los últimos años puede convertir al que habla en una especie de personaje llegado de Marte mientras que el teutón, sobre todo si no es de Berlín, formará en su boca una inevitable “o” de asombro.
Para que un lector español lo comprenda, los precios de la vivienda en Alemania han bajado de media un 3% en los últimos diez años, según la asesora inmobiliaria Global Property Guide. Más en concreto, sólo en 2007 se ha reducido un 0,87%. Actualmente el metro cuadrado de una residencia en Múnich queda en 3.658 euros, frente a los 2.958 de Fráncfort y los 2.395 de Berlín. Madrid se situaría hoy en 3.671 euros, frente a los 4.033 de hace un año.
Esa estabilidad en los precios de la última década ha provocado que la oferta de pisos para vender sea reducida y que la construcción de nuevas plantas se encuentre en mínimos históricos desde la II Guerra Mundial. Según los datos oficiales, en 2006 se elevaron 250.000 viviendas, para 2010 serán 278.000, 208.000 en 2011 y 191.300 en 2016.
De cualquier forma, y a pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos alemanes (ayudas del 1%) para impulsar la compra de viviendas entre sus ciudadanos desde principios de los años noventa, el germano medio sigue prefiriendo la tradicional opción del alquiler, sobre todo por las leyes que benefician al inquilino frente al arrendador y que convierten la firma del contrato en una suerte de “examen vital” del postulante. Así, esta posibilidad es elegida por el 57% de todas las unidades familiares (sólo 40,5% de propietarios), frente al 7,5% de España y el 30% de media europea.
Además, la posibilidad de alquiler se refuerza dada la situación de crisis financiera. Ésta ha llevado a los bancos a no prestar más de un 60% en condiciones draconianas, a lo que debe sumarse casi un 10% en gastos adicionales, según confirman a EL MUNDO desde una agencia inmobiliaria berlinesa.
También en el mercado del alquiler las diferencias según la ciudad alemana de que se trate son abismales. Y aunque la media en Múnich es de 12 euros por metro cuadrado y en Berlín 8,5, por poner dos ejemplos extremos, la realidad es que en la “carísima” capital de Baviera resulta imposible alquilar un piso de 60-70 metros cuadrados en barrios céntricos como Maxvorstadt o Schwabing por menos de 1.200-1.400 euros. Por ello muchos muniqueses optan por abandonar la rica urbe del sur para vivir en localidades cercanas como la bella Augsburgo, distante unos 50 kilómetros o media hora en tren.
En la capital de la Alemania Unificada en 1990, sin embargo, en barrios como Prenzlauer Berg o Mitte no es difícil encontrar la misma vivienda individual por 700-800 euros. Pero quizás la respuesta es que la ciudad de Berlín, preparada para albergar hasta siete millones de habitantes, acoge en la actualidad en torno a unos cuatro millones. La falta de trabajo ante la escasa presencia de la industria ha llevado a muchos berlineses a buscarse la vida en poblaciones del oeste del país. Y como muestra de las diferencias entre el este y el oeste, en el primero la media de un alquiler se sitúa en 335 euros frente a los 445 del segundo.
Otro fenómeno reseñable en Berlín es la compra de viviendas por parte de extranjeros. En los últimos años los precios más bajos de esta ciudad han atraído a compradores de todo el planeta y no es raro ver en los principales aeropuertos, en las colas que esperan para embarcar hacia la capital alemana, cómo agentes inmobiliarios preguntan a los pasajeros si están interesados en adquirir allí viviendas. Y más de un español residente ya se ha animado.
* El Mundo - CARLOS ÁLVARO ROLDÁN (Corresponsal)- 01/08/2008
Foto: Una parte del skyline de Frankfurt, una de las principales ciudades alemanas. (Foto: AP)
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Tema: NOTICIAS Europa , NOTICIAS VIVIENDA
El Campello: Vecinos denuncian irregularidades en las obras de un edificio en la Coveta Fumà
INFORMACIÓN/Alicante* : Los vecinos de la Coveta Fumà cercanos a la construcción del edificio Moro Blanc, en El Campello, denuncian que las obras que se han iniciado no cuentan con los permisos necesarios y exigen su paralización inmediata. Afirman que "son ilegales porque no cuentan con el informe favorable del organismo titular de Costas, que es imprescindible para que los trabajos se puedan llevar a cabo".
Por su parte, el Ayuntamiento insiste en que tiene el visto bueno del Ministerio, de Costas y de la Generalitat desde 2007 y que las obras son legales, aunque un informe firmado por el edil de Urbanismo el 19 de febrero de este año reconocía que entonces aún no constaba el permiso de Costas. En cambio, la constructora Hercesa dice que Costas le informó en un documento de que el edificio no entraba en la zona de costa y que por lo tanto no tenían que aportar ningún informe.
Este edificio empezó a construirse hace 30 años, pero los trabajos se paralizaron cuando sólo estaba finalizada la estructura por quiebra de la empresa, y desde entonces ha permanecido en las mismas condiciones. Tras estar en manos de varios constructores, la promotora Hercesa Inmobiliaria SA obtuvo la propiedad en 2000 y presentó un proyecto de construcción-terminación de 42 casas en la estructura ya existente.
El 30 de mayo de 2005 el Ayuntamiento concedió a Hercesa una licencia de obra mayor que le permitía comenzar las obras con la condición de que el organismo titular de Costas aportara un informe favorable sobre el proyecto. Los vecinos de la zona, un centenar de residentes, se han movilizado ante esta situación e insisten en que Costas no ha presentado este informe y que por lo tanto, "las obras son ilegales y se deben paralizar lo antes posible". Por ello han presentado casi una decena de denuncias ante el Ayuntamiento, que explica que los trabajos que ahora se están realizando son "sólo de limpieza y de desescombro del solar".
Los trabajos de demolición de una parte de la estructura, paso previo necesario para continuar con la obra, comenzaron hace una semana y han provocado temblores en el edificio colindante, según afirman sus habitantes. Además, parte de los escombros han ido a parar a su terreno y han caído en la zona de aparcamiento, sin provocar daños. El encargado delegado de las obras de Hercesa defiende que "la demolición se ha hecho desde el interior al exterior y garantizo que no han caído cascotes de escombro. Además no estamos trasladando una vibración más allá de lo normal ya que hemos ido triturando en el lugar".
Los vecinos de esta zona de la Coveta también protestan por la gran cantidad de polvo que han tenido que soportar durante estos días ya que "contiene amianto, dada la antigüedad de la construcción, y es muy peligroso para los pulmones y para nuestra salud". Alegan que el Ayuntamiento no ha hecho nada al respecto y que no ha habido ninguna medida de seguridad durante el derribo.
Según la promotora la próxima semana comenzarán los trabajos de construcción, que deberán ajustarse a la estructura existente sin incrementar el volumen, tal como exige el PGOU, aunque los vecinos hacen hincapié en que "los dos áticos que tienen previstos construir suponen añadir una planta y por lo tanto suponen un aumento ilegal".
POLÉMICA
El informe "fantasma" del Servicio de Costas
El informe que debía emitir el Servicio de Costas de Alicante es el origen de la polémica, ya que es una condiciones para la concesión de la licencia de obras. Desde el equipo de gobierno afirman que en el Ayuntamiento no está el informe, ya que Costas lo mandó directamente al promotor, pero que está todo en regla desde el año pasado. Pero un informe municipal de febrero de 2008 dice que no constaba aún el documento de Costas. Mientras, desde la constructora se asegura que tienen un informe de Costas que señala que la obra no afecta a zona de su ámbito, destacando que el Ayuntamiento dispone de una copia del mismo. Desde la promotora explicaron que no estaban autorizados a facilitar a este medio el documento y por su parte Costas declinó pronunciarse. Así pues, los vecinos toman estas respuestas para concluir que "el informe no existe, o no se ha emitido todavía", y piden que el Ayuntamiento dé respuestas y actúe en el caso de ilegalidad.
* Información - LAURA MILLÁN - 03.08.2008
Foto: Imagen de la estructura sobre la que se van a levantar las casas, tras derribar una parte de la misma, con un edificio de viviendas muy cercano a la izquierda. GERBEN MARIUS EGGINK, diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Galicia tiene ya casi 1.300 núcleos de población sin un solo habitante
LAVOZDEGALICIA* : La población gallega abandona el rural para asentarse en torno a los tres grandes ejes de comunicación de la comunidad: la autopista Ferrol-Vigo, la A-6 y la autovía de las Rías Baixas. Los últimos datos de población ponen de relieve un crecimiento concentrado en esos polos y un abandono de los pequeños núcleos de población, los lugares en los que se ha conformado históricamente Galicia y que técnicamente se denominan «entidades singulares».
Esos puntos abandonados son ya 1.261, conforme a los últimos datos de población que acaba de presentar el Instituto Galego de Estatística (IGE), con fecha del 2007. Son un 15% más que a inicios de siglo. En el 2000 apenas superaban el millar.
El incremento se va acentuando año tras año. De hecho, entre el 2006 y el último ejercicio que tiene cerrado el IGE, al censo de lugares abandonados se les sumaron otros 78, un 6,5% en apenas 12 meses.
Esos lugares vacíos suponen el 4% del total de núcleos de población de la comunidad, que son algo más de 30.000 repartidos en 315 ayuntamientos. La dispersión geográfica sigue siendo una evidencia palmaria a la que no se ha puesto coto; es un fenómeno exclusivo de Galicia que provoca, además, problemas para poder llevar servicios básicos a todos esos lugares, tan apartados unos de otros. Agrupados, forman lo que comúnmente se denomina parroquia, recuerda el IGE. Conforme a ese último estudio de población, en Galicia hay 93,7 personas por cada kilómetro cuadrado. La diferencia con otras comunidades españolas es abismal: 689 en Madrid, 297 en el País Vasco. Solo es comparable al caso de Andalucía o La Rioja.
Esa despoblación es más acuciante en las provincias de A Coruña y Lugo, que absorben el 80% de todos esos lugares ya sin almas. Solo en la de Lugo, Estatística ha contabilizado 524 núcleos sin presencia vecinal, el 5,3% de todas las entidades singulares. Hasta seis municipios lucenses tienen una veintena de sitios, con cientos de casas sin habitante alguno.
En la provincia de A Coruña hay ejemplos de municipios con hasta 70 y 90 lugares vacíos. En este caso, el movimiento demográfico se ha acentuado porque una gran parte de la población se concentra en el eje ártabro A Coruña-Ferrol o en Santiago y su área metropolitana. Porcentualmente, esos diminutos pueblos vacíos suponen el 4,8% del total.
Curiosamente, Ourense, que lleva años presentando un preocupante balance demográfico a la baja, es la provincia que agrupa un menor número de lugares abandonados, 111 repartidos por una treintena de ayuntamientos, apenas un tercio de los 92 concellos.
En Pontevedra hay contabilizados otros 120 lugares vacíos, si bien esta provincia es la única en el que se incluye una ciudad, la capital, entre las que cuentan con un mayor número de núcleos sin vida. Sin embargo, es la zona que presenta una mejor ratio de entidades singulares abandonadas: apenas suponen un 2% del total.
Otros 1.700 con dos vecinos
El informe poblacional del IGE pone de manifiesto el aumento de núcleos abandonados en la comunidad y también los que apenas cuentan con uno o dos vecinos. De entre los primeros hay 700 lugares; de los que cuentan con tres empadronados, algo más de un millar. Es decir, hay otros 1.700 entornos de población en la comunidad en los que residen apenas una media de dos ciudadanos.
Con todo, no hay una equivalencia exacta de que si en un municipio hay más lugares abandonados, entonces se pierde población: puede darse el caso de una concentración en otros puntos del concello, más poblados.
* La Voz de Galicia - Rubén Santamarta - 8-7-2008
Foto: La aldea de Os Muíños, en el concello ourensano de Barbadás, lleva abandonada más de diez años - lavozdegalicia.es
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Farolillos rojos en transparencia
ELPAÍS/Alicante* : Los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela, en la Vega Baja, son el farolillos rojos en el Índice de Transparencia de los Ayuntamiento (ITA) elaborado por la organización Transparencia Internacional. Como correlato, son líderes en la corrupción política relacionada con su gestión urbanística y contable, si se observa el número de cargos públicos que tienen problemas con la Justicia.
En conjunto, un ex alcalde encarcelado y tres imputados. El estudio de ITA incluye otros seis municipios valencianos entre los 100 españoles de mayor tamaño. Elche es el mejor valorado de ellos, en el puesto 22.
El informe de ITA, el primero de estas características, ha analizado, a través de 80 indicadores distribuidos en cinco grandes bloques, la transparencia en la gestión de los 100 mayores ayuntamientos de España. Tanto en la evaluación global como en los exámenes parciales, Orihuela y Torrevieja están a la cola. En la global, Torrevieja ocupa el puesto 99, con 15,0 puntos, y Orihuela, el último con sólo 12,5.
Las áreas de la gestión a examen en el estudio de ITA son las siguientes: información sobre la corporación municipal; relaciones con los ciudadanos y la sociedad; transparencia económico-financiera; transparencia en las contrataciones de servicios y, por último, transparencia en materia de urbanismo y obras públicas. En el primer apartado, Orihuela ocupa el puesto 94 y Torrevieja, el 99; en el segundo, Torrevieja el 96 y Orihuela, el 99; en el tercero, ambas están empatadas en el puesto 92; en el cuarto, se mantiene el empate, en el número 91; y en el quinto, Torrevieja es la 94, y Orihuela la penúltima.
De las otras seis grandes ciudades de la Comunidad Valenciana incluidas en el estudio, la que mejor parada sale en la valoración global es Elche, en el puesto 22. Alicante está unos puestos más abajo, en el 35; Castellón se sitúa en la zona intermedia, en el número 52, seguida de cerca por Torrent, en el 55; Gandia y Valencia están en la parte baja de la lista, en los puestos 74 y 76, respectivamente -la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch, criticó ayer la "opacidad" del Consistorio-.
Por áreas de transparencia, Elche ocupa el primer lugar, en el puesto 16, en cuanto a información sobre la corporación municipal. Y la ciudad encabeza las otras dos clasificaciones, mientras que Alicante lidera el apartado de contrataciones de servicios, en el puesto 11, y Torrent, el de urbanismo y obras públicas, en el número 20.
Para la oposición en Orihuela y Torrevieja el informe de ITA responde a la realidad de los modos de los equipos de gobierno del PP. "Sólo informa de lo que quiere a los ciudadanos", señala en el caso de Orihuela Joaquín Escurra, portavoz del Centro liberal Renovador. "La información que llega al ciudadano es la que ellos quieren y como ellos quieren", apostilla Carlos Bascuñana, concejal socialista. En la vecina Torrevieja, la opinión de la oposición es similar: "El informe de ITA plasma la imagen caciquil y antidemocrática del gobierno del PP", asegura José Manuel Dolón, portavoz de Los Verdes.
El Ayuntamiento de Orihuela, a través del concejal de Contratación y Modernización de las Administraciones, David Costa, resta importancia al monumental suspenso que le otorga ITA. "El estudio se apoya en una encuesta que no contestó el Ayuntamiento, y no se ha preocupado de venir y ver el proceso de transformación organizativa", asegura. "Me importa poco el estudio. Nosotros trabajamos para que el ciudadano sea el protagonista de su gestión y, para ello, hemos destinado 800.000 euros a la modernización de la administración local".
El equipo de gobierno del PP de Torrevieja no ha realizado ningún comentario sobre el estudio. El varapalo al gobierno que preside Pedro Ángel Hernández Mateo tiene consuelo, por el contrario, en el constante halago del presidente del Consell, Francisco Camps, al municipio. Camps ha elevado en varias ocasiones a la categoría de referente nacional la gestión urbanística de Torrevieja.
El presidente de ITA, Jesús Lizcano, asegura que la "transparencia es el mejor antídoto para la corrupción, porque ayuda a combatirla". En el caso de Orihuela y Torrevieja el informe corrobora en todos sus extremos esa máxima: los ayuntamientos más opacos acumulan más casos de corrupción. Torrevieja y Orihuela, en manos del PP desde mediados de los ochenta, fueron los primeros feudos electorales de los conservadores valencianos salpicados por supuestas prácticas de corrupción. Al cabo de más de dos décadas en el poder con mayoría absoluta, los cuatro regidores que han pasado por las alcaldías están imputados por corrupción. Uno de ellos, Luis Fernando Cartagena, a su vez ex consejero del Gobierno valenciano en la época de Eduardo Zaplana, acaba de ingresar en la cárcel para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas al Ayuntamiento oriolano.
Transparencia
- Elche. Puesto 22 (sobre 100) y 64,1 puntos (de 1 a 100).
- Alicante. Puesto 35 y 59,4 puntos.
- Castellón. Puesto 52 y 52,2 puntos.
- Torrent. Puesto 55 y 50,0 puntos.
- Gandia. Puesto 74 y 43,1 puntos.
- Valencia. Puesto 76 y 40,0 puntos.
- Torrevieja. Puesto 99 y 15,0 puntos.
- Orihuela. Puesto 100 y 12,5 puntos.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 03/08/2008
Foto: Torrevieja - Deran (Wikimedia.org)
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3.8.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Don Benito tiene el metro cuadrado más barato de España por inercia
ELMUNDO* : Don Benito, en Badajoz, está de moda. Los datos ofrecidos hace unas semanas por el Ministerio de Vivienda señalaron a esta ciudad extremeña de 34.540 habitantes como el lugar de España donde se encuentra el metro cuadrado más barato con un precio de 1.000,6 euros.
Cifra que contrasta con San Sebastián, donde está la superficie de oro española (4.050,5 euros/metro). Pero, ¿por qué Don Benito es el enclave inmobiliario más asequible del país? La baja demanda y el hecho de pertenecer a la región más pobre de España, algo asumido por los diferentes agentes sociales del municipio, las dos principales razones.
Esta noticia no ha pillado por sorpresa en el sector del ladrillo donbenitense. "Extremadura siempre ha estado por debajo de la media en lo que se refiere a precios", comenta Nieves Morcillo comercial de la inmobiliaria Alfa de esta localidad de la Comarca de Vegas Altas. Parece que no le falta razón. La renta per capita en esta zona es de 16.080 euros por habitante, la más baja de todo el país, mientras que en Donosti cuenta con la más elevada llegando a 30.599 euros. En este caso, el nivel de riqueza coincide 100% con la cuantía de los precios del metro cuadrado.
A pesar de su entorno rural, Don Benito ha experimentado grandes cambios en los últimos años. "Nuestra zona es una de las pocas de Extremadura que tiene un índice de crecimiento poblacional de aproximadamente un 6%. Ello implica que el crecimiento urbanístico-residencial vaya en función, al menos, de ese crecimiento poblacional", señala Mariano Gallego, alcalde de la ciudad.
El desarrollo que ha experimentado viene dado, en buena medida, por el interés que ha puesto el ejecutivo municipal en la construcción de suelo industrial, lo que inevitablemente ha provocado que el número de viviendas se haya visto incrementado. Ante este nuevo panorama, las inmobiliarias de la zona supieron sacar partido y proliferaron muy rápidamente.
Pero ahora, el 'boom' de la construcción se ha parado en seco en toda España y, como no podría ser de otro modo, Don Benito también lo está padeciendo. "Estaba creciendo mucho, pero ahora mismo sí que hay obras paradas. Se encuentran muchas dificultades pare vender las viviendas de nueva construcción. En este momento, el mercado es la usada está más activo", comenta Agustina Morcillo dueña de la inmobiliaria Donbenitense.
Aunque la crisis ya está dando sus primeros coletazos, en el municipio extremeño se tiene la esperanza de que los efectos que se deriven de la misma no sean demasiado graves. "Tal vez la prudencia, tanto en la gestión como en las inversiones, y cierta previsión procurando nivelar oferta y demanda antes del comienzo de algunas importantes operaciones urbanísticas han hecho que en estos momentos el riesgo de una repercusión muy grave de la crisis económica sea inferior a otras localidades de similar población", explica Gallego.
Un metro cuadrado barato, labrado también sobre una escasez de demanda, favorece que las gangas afloren en la localidad. Así, en Don Benito podemos encontrar un piso de 120 metros cuadrados con buhardilla en el centro de la ciudad por 93.000 euros. Pero éste no es el único inmueble de la zona a un coste muy reducido. "Hay pisos por 10.000.000 de las antiguas pesetas aunque antiguos, pero también hay casas nuevas muy bien acondicionadas por 17.000.000 ó 18.000.000", argumenta Agustina Morcillo.
Precios que posteriormente se ven reflejados en las hipotecas. Los extremeños son los españoles que menos pagan de media por su préstamo bancario para vivienda. Este esfuerzo económico, según el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en 113.894 euros. Ceuta, con 120.603 euros; y Valencia, con 122.039, le siguen. Y como no podía ser de otra forma, donde más dinero se gastan para poder adquirir una vivienda propia es en San Sebastián: 186.830 euros.
Ante este panorama, parece que Don Benito se está amoldando a las nuevas circunstancias inmobiliarias antes que nadie. Aquí, no hay lugar para la especulación y el reajuste de precios no es tal porque estos han vivido casi al margen del 'boom'. Hecho que ha provocado que las ventas sigan sus cauces normales sin grandes desplomes. De esta manera, Don Benito puede presumir de tener el metro cuadrado más barato del país. Honor que le ha arrebatado a Ontenyente, Alicante.
* EL Mundo - LAURA SANZ - 01.08.2008
Foto: Vista aérea de Don Benito. ELMUNDO.ES
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por UrbanismoPatasArriba
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