INFORMACIóN* : Mañana, lunes, se cumple el 20 aniversario de la Ley de Costas, una normativa que nació como respuesta a la gran presión urbanística en el litoral debido a que España ya era en 1988 "uno de los países del mundo donde la costa, en el aspecto de conservación del medio, esta más gravemente amenazada". Así lo reflejaba la propia ley en su exposición de motivos, donde se argumentaba que había llegado el momento "de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio".
Pero dos décadas después se ha demostrado, al menos en esta provincia, que el texto legal resulta totalmente insuficiente para frenar las construcciones costeras y, además, ha creado un futuro incierto para los propietarios de miles de viviendas que se vieron afectadas por los deslindes. Es más, el aniversario se ha visto empañado por la decisión de Bruselas de investigar la aplicación de la ley, a petición de la Plataforma Nacional de Afectados que preside José Ortega
Son muchos los edificios que se han levantado por toda la costa durante estas dos décadas, sobre todo en los últimos años. Por el contrario, sólo se han derribado unos cuantos edificios y sí se ha generado una gran inseguridad jurídica a quienes ya tenían una casa junto al mar.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas apuntaba que el "doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza con extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca".
Mientras la Dirección de Costas ha declinado realizar una valoración de la aplicación de la ley en la provincia, Pablo Sánchez Jerez, profesor de Biología Marina en la Universidad de Alicante, y miembro de Ecologistas en Acción, explica que "la filosofía de la ley está muy bien pero, al no haberla asumido los municipios, el efecto ha sido muy pequeño". Según explica, "al depender la ocupación del litoral de los planes generales ha dado lugar a que se hayan levantado urbanizaciones de forma legal". En cambio, explica, la ley "sí está afectando a construcciones antiguas que la incumplen. Se está pagando con ellos su aplicación mientras las grandes constructoras siguen edificando, lo cual no deja de ser una aberración".
Sánchez Jerez opina que la mayoría de los ayuntamientos no apuestan por proteger el litoral. Sólo en alguna localidad como Dénia o Xàbia se ha intentado preservar la ribera, pero la mayoría de los planes generales tramitados -como El Campello, Santa Pola o La Vila- favorecen la construcción. Y esto con el beneplácito de la Generalitat.
El presidente de la Plataforma Nacional de Afectados denuncia que la aplicación de la ley "mantiene en una situación de indefinición, en el limbo jurídico" a 800 propietarios de los Arenales del Sol desde hace 11 años. "Costas está dando mucha prisa en deslindar, pero cuando tramita las operaciones debe regularizar las situaciones patrimoniales y no lo hace". En su opinión, "las líneas se fijan de forma arbitraria" ocupando en ocasiones viviendas pero no viales y, por ejemplo, a pesar de que el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado que se desafecten los terrenos de Rocafel, "se está tramitando un nuevo deslinde que mantiene el anterior", dejando fuera de ordenación parte de estos edificios.
ALICANTE
El contraste entre Cala Cantalar y Rocafel
Mientras los vecinos de Rocafel ven sus futuro inseguro, en cambio cerca de allí, en Cala Cantalar, se han construido viviendas y se ha urbanizado un paseo de forma legal a pocos metros del mar por arte y gracia del PGOU de 1987, que lo calificó como suelo urbanizable. También Alicante del antiguo hotel El Cabo sólo queda su estructura ya que la ley de Costas impide autorizar su reconstrucción. Y en Tabarca los nuevos bungalows enfrentaron años atrás al Gobierno central con la Generalitat y el Ayuntamiento porque una vivienda invadía incluso la servidumbre de paso. Actualmente la vivienda sigue estando al pie del acantilado.
ELCHE
Ochocientos afectados en Arenales del Sol
En la playa ilicitana de Arenales del Sol, cerca de 800 viviendas situadas en primera línea están afectadas por el deslinde marítimo terrestre surgido tras la Ley de Costas. Los propietarios de unos inmuebles vieron como, tras el deslinde, ocupaban unas viviendas que tienen una concesión de 30 años, prorrogable a otros 30. Iniciaron desde ese momento una batalla legal en los tribunales para intentar anular ese deslinde y, aunque recurrieron a todas las instancias, no lo han conseguido.
Lejos de claudicar en la batalla, hace meses volvieron a iniciar un procedimiento extraordinario de revisión de la sentencia judicial. Para ello solicitaron al Ayuntamiento que adoptara los acuerdos plenarios necesarios para instar a que los pisos queden excluidos de la afección de dominio público y los terrenos vuelvan a ser declarados urbanos.
De este modo, el Ayuntamiento ilicitano presentó el pasado mes de febrero ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente. El recurso nació a raíz de que el Estado no había contestado en el plazo legal de tres meses al requerimiento realizado desde Elche para que fuera revisado el deslinde de Costas aprobado en mayo de 1997 para Arenales del Sol.
El Consistorio ilicitano coincide con los vecinos en que el deslinde de 1997 no era correcto puesto que existía uno anterior, del año 1974, que dejaba fuera de la afección esa primera línea de edificios. Pero, por ahora, los inmuebles afectados siguen inmersos en la concesión administrativa de los 30 años prorrogables otros 30.
VEGA BAJA
Veinticinco chalés derribados y van más
En la Vega Baja el deslinde de Costas afectaba y afecta especialmente a más de un centenar de pequeños chalés en pleno dominio público habitados al pie de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. Veinticinco han sido derribadas. El resto correrá la misma suerte con algunas excepciones de vecinos que han decidido tramitar y pagar una concesión y por 30 años más. En este caso el procedimiento se inició en 1995 y está cuajado de denuncias públicas de vecinos, procedentes del interior de la comarca, que acusan a la Dirección General de Costas de no usar con ellos el mismo rasero que con las construcciones de mercantiles.
Otra área donde el expediente de deslinde se eterniza es el iniciado hace dos décadas entre La Mata y Cabo Cervera de Torrevieja. 2.600 casas invaden la servidumbre de protección mientras que tan sólo una docena están en dominio público y deberán ser derribadas si no obtienen la concesión de 30 años.
Las implicaciones legales de estar en servidumbre de protección son importantes desde el punto de vista económico. Esta situación permite la compra venta de sus inmuebles y no está sujeta a ninguna concesión con plazo, pero exige la autorización de Costas, al margen de la que se solicite al Ayuntamiento, para acometer obras, y además -en teoría- impide que se aumenten las edificabilidades de lo ya construido. También se anota en el registro de la propiedad.
En esta zona está pendiente desde 2005 el derribo del edificio de nueva construcción Montegira, mientras que los funcionarios de Costas -sin explicación aparente, según el resto de vecinos afectados- excluyeron del dominio público en 2001 al inmueble del Lloyd´s Club (sólo afectado ahora por la servidumbre de protección) a pesar de que se edificó después de 1988 sobre la zona arenosa de la playa.
También está sujetas a expediente de deslinde sin terminar las orillas de las lagunas de Torrevieja y La Mata. En la Punta La Víbora, de la laguna torrevejense, el Ayuntamiento se apuntó a la arquitectura espectáculo y encargó el edificio de un balneario o parque de relajación al arquitecto japonés Toyo Ito. Lo hizo sin concesión de Costas y acogiéndose a la legislación autonómica. Costas mantiene paralizada la estructura en espiral del balneario desde hace años.
También en la costa oriolana los propietarios de las viviendas de Mil Palmeras en la urbanización Vistamar están en teoría afectados por la zona de dominio público. Este sector B-1 de Orihuela se construyó por la vía de los hechos consumados. La mayoría de los bloques fueron habitados a principios de los noventa por 600 propietarios, tres fueron derribados por la Administración autonómica socialista, que asumió -en una decisión inédita y cargada de conflictos legales-, las competencias ejecutivas del Gobierno central en esta materia.
El pasado mes junio las retroexcavadoras procedieron a demoler las estructuras de los edificios de La Torre de la Horadada paralizados a principios de los noventa por no cumplir con la legislación. Un acuerdo urbanístico con la empresa infractora ordenó urbanísticamente la zona en 2000 y la empresa ha iniciado la obras de demolición y construcción de otra urbanización dejando diáfana la primera línea de costa.
MARINA BAIXA
Las torres de Punta Llisera siguen adelante
En la Marina Baixa apenas hay dos conflictos con sendos edificios afectados por esta ley, aunque sólo uno de ellos está relacionado directamente con la ley. El deterioro progresivo de la construcción no finalizada del edificio Ánfora de Finestrat provocó que la Corporación local reclamase en numerosas ocasiones el derribo del mismo. Tras fijar las cantidades por la expropiación surgieron los desacuerdos con algunos propietarios que no estaban de acuerdo. En los últimos días Costas y el Ayuntamiento han emplazado a único propietario que quedaba por avenirse a que acepte la cantidad estipulada o se procederá a derribar en un mes, sin posibilidad de volver a levantarlo.
En Benidorm, mientras tanto continúa la construcción de las dos torres, Gemelos 25, en Punta Llisera. El Gobierno pretende recuperar ese lugar afectado por la servidumbre del dominio público marítimo terrestre, pero se ha encontrado con que las licencias de la constructora, Edificaciones Calpe, están en regla y avaladas por la justicia en diversas sentencias. El Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de expropiación, levantó acta notarial de lo construido, pero las obras han seguido, así como la venta de los pisos tras la última sentencia favorable. La indemnización a pagar, en cualquier caso, será muy cuantiosa para las arcas públicas. La empresa, mientras, afirma que sólo un juez le puede obligar a paralizar el proyecto.
MARINA ALTA
Pendientes del deslinde en dos playas de Dénia
La aplicación de la Ley de Costas en la Marina Alta tiene un punto principal de conflicto. El litoral norte de Dénia, en concreto su tramo más meridional. Varios kilómetros de costa, en especial los de las playas de l'Almadrava y les Deveses, están todavía pendientes de la aprobación del deslinde definitivo, que supondría la ampliación en seis metros de la franja de dominio público marítimo terrestre. Y ello colisiona con edificaciones y otros elementos existentes (vallas, escaleras, etcétera) en la zona. En concreto, según un informe elaborado por Costas, son un total de 242 los "elementos" que invadirían la zona pública.
Los vecinos han reaccionado con preocupación y aseguran que las consecuencias allí de la aplicación de la Ley de Costas serían mucho más drásticas.
A principios de este mismo año, constituyeron la llamada Plataforma de Afectados por el Deslinde de Marines-Racons, cuya primera medida ha sido presentar al Parlamento Europeo una queja por lo que consideran "aplicación abusiva de la Ley de Costas". Y es que, según sus estimaciones, la aprobación del deslinde definitivo afectaría a 600 propietarios.
El asunto del deslinde también ha llegado a los tribunales. En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ha dado la razón al Ayuntamiento de Dénia que rechazó el recurso de una promotora a la decisión municipal de desclasificar terrenos del nuevo deslinde en la zona de mayor valor ecológico del litoral norte. En concreto, en el único tramo que queda virgen de dunas y vegetación en primera línea de playa.
* Información - 27 de julio de 2008
Foto: Benidorm (Alicante), construcción torres punta Llisera - diarioinformacion.com
Alicante: La Ley de Costas cumple 20 años sin alcanzar su objetivo en la provincia
en
27.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Balears: Aluvión de denuncias ante el fiscal por urbanismo ilegal y corrupción
DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía superior de Balears ha recibido en los últimos meses un auténtico aluvión de denuncias por presuntos casos de corrupción y/o urbanismo ilegal, según fuentes de dicha institución. Este aumento de los casos a investigar, junto a la complejidad y elevadísima carga de trabajo de los asuntos ya abiertos ha hecho que se plantee la conveniencia de duplicar la actual plantilla de fiscales anticorrupción de Balears, dotada con tan sólo dos fiscales.
La posibilidad de denunciar ante la fiscalía la comisión de un presunto delito ha existido desde tiempo inmemorial. Sin embargo, hasta hace unos años, los ciudadanos, entidades privadas o instituciones cuando tenían conocimiento de hechos aparentemente delictivos lo comunicaban a los cuerpos policiales o directamente al juzgado de guardia.
Hará unos cinco años empezó, tímidamente, un nuevo cauce para la interposición de denuncias en Balears: acudir a la fiscalía como paso previo a los juzgados. Inicialmente los más asiduos a esta nueva manera de denunciar fueron los políticos, que, en vez de dirigirse a los jueces, optaron por dejar en manos del ministerio público la papeleta de valorar si los hechos eran o no presuntamente delictivos.
De los políticos e instituciones la vía de la fiscalía pasó a ser usada por los ciudadanos de a pie y algunas entidades cívicas, como por ejemplo el Grup Ecologista de Balears (GOB). Así empezaron a llegar más denuncias a los despachos de la fiscalía, entre las que destacó en su día, por la ulterior trascendencia, la de un grupo de ciudadanos de Mallorca, encabezados por Ignasi Ribas, Ferrán Gomila, y los hermanos Carbonero, contra los responsables de los vuelos de aviones de la CIA que pasaron por Balears.
El punto de inflexión en las denuncias dirigidas a los fiscales de las islas fue la llamada Operación Voramar, desatada el 27 de noviembre del 2006 contra una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Andratx, presidido por Eugenio Hidalgo (PP).
El caso Andratx tuvo como precedentes las denuncias de algunos concienciados vecinos de la localidad, entre ellos la edil Isabel Alemany y el policía local Juan Enseñat. A partir de entonces se unieron en la lucha contra la corrupción el nuevo ayuntamiento de Andratx, el Consell de Mallorca, y decenas de particulares que han informado a la fiscalía de numerosas irregularidades urbanísticas en todas las islas, especialmente Mallorca.
El GOB también ha seguido colaborando con la fiscalía y ha aportado importantes datos y valoraciones sobre otros casos de presunta corrupción, como el llamado del Plan Territorial de Mallorca.
El Govern de centro-izquierda se ha convertido en otra instancia denunciante por descuadres o irregularidades atribuidas a los anteriores gestores autonómicos del PP. Cort ha cursado ante fiscalía por lo menos 3 denuncias, 2 relacionadas con el ex edil conservador Rodrigo de Santos y la tercera por supuestas irregularidades de dos técnicos.
La fiscalía superior planea asignar dos fiscales más a anticorrupción, dado que Carrau y Horrach están desbordados de trabajo. Los refuerzos están supeditados a la disponibilidad de efectivos en una muy corta plantilla que ronda los 50 fiscales para toda Balears.
Los cambios ya se han extendido a otras dos fiscalías especializadas la delitos urbanísticos y antidroga. Adrián Salazar, anterior fiscal de delitos ecológicos, ha pasado a desempeñar un papel protagonista en la fiscalía antidroga.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 27 de julio de 2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
en
27.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Baleares
La propuesta del Ministerio de Vivienda de comprar suelo a las inmobiliarias no tiene justificación
Ecologistas en Acción* califica de injustificada la propuesta del Ministerio de Vivienda en relación a la compra de suelo a las inmobiliarias. El objetivo principal del Ministerio debería ser reducir el precio actual de la vivienda y garantizar la financiación crediticia del Programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008. El Gobierno, debería poner en marcha cuanto antes procedimientos que faciliten la reconversión de los trabajadores de la construcción. Comprar suelo a inmobiliarias no tiene relación con estos objetivos.
La propuesta del Ministerio de Vivienda de invertir 300 millones de euros, que podría incrementarse, a comprar suelo a inmobiliarias no tiene justificación. Cuando todavía se desconoce la cantidad de suelo público con que cuentan los municipios no parece lógico lanzarse a comprar suelo privado, sin fijar, ni siquiera el precio, dejando que se determine por la oferta que hagan los vendedores.
Las inmobiliarias ahora necesitan liquidez pero llevan años acaparando suelo y construyendo más viviendas de las que se necesitan. Los beneficios han sobrepasado la media de cualquier otra inversión. La destrucción del territorio vinculada al exagerado ritmo de construcción no tiene precedentes. Por otro lado, no cabe duda de que los excesos del sector inmobiliario son parte de la causa de la crisis económica. En estas circunstancias no existe justificación para comprar suelo, en lugar de centrar los esfuerzos en reducir el precio de la vivienda a niveles asequibles para la mayoría de los ciudadanos y asegurar la financiación del programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008, algo que no está claro.
En los últimos años se han construido muchas más viviendas de las necesarias, actualmente el número de viviendas acabadas y en promoción se calculan entre 800.000 y 1,2 millones que si se suman las de segunda mano suben a 1,6 - 2,7 millones. Esto supone una sobreoferta para cubrir las necesidades de cuatro años sin poner un ladrillo (al ritmo actual de unas 400.000 viviendas anuales). A esto habría que añadir las viviendas que se han comprado por inversión, alrededor del 40%, y que saldrán al mercado y las viviendas que finalicen en 2008 (iniciadas entre la segunda mitad de 2006 y la primera de 2007) que se calculan en otras 700.000.
A pesar de esta situación, el precio de la vivienda sigue siendo inaccesible para buena parte de la población y un problema para las familias que se han embarcado en una hipoteca que deberán estar pagando durante buena parte de su vida. Todo ello por la sobrevaloración de la vivienda (entre un 20% y un 30% según la OCDE y FMI), consecuencia de la burbuja inmobiliaria que ha permitido hacer fortunas millonarias en pocos años.
En este contexto ni el Gobierno, ni el Ministerio de Vivienda hablan de la necesidad y obligación de reducir el precio de la vivienda. A pesar del frenazo inmobiliario, los precios de la vivienda, en el Estado español, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Vivienda ha sido de un 3%. Una bajada muy escasa. Actualmente, hace falta los ingresos de siete años para acceder a una vivienda media. Para volver a la normalidad (cuatro años), los precios deberían caer un 42%.
Es ahí donde debería estar el reto del Ministerio, no en comprar suelo privado.
* Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción - 25 de julio 2008
en
27.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS VIVIENDA
Adena solicita el cumplimiento estricto de las sentencias que anulan las licencias de hoteles en Lanzarote
LAPROVINCIA* : La organización ecologista WWF/Adena ha solicitado al Cabildo de Lanzarote y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marina, que solicite "la ejecución inmediata" de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las que declara ilegales a una veintena de hoteles y complejos turísticos en la isla de Lanzarote.
Según Adena, un total de 22 complejos turísticos, hasta el momento, pertenecientes a diversas cadenas hoteleras han sido declarados ilegales por decisión del TSJC, "quien da una respuesta ejemplarizante a los recursos interpuestos por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote".
Los ecologistas añaden que el Tribunal ha resuelto la anulación de las licencias hoteleras otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise "tras vulnerar los preceptos de la moratoria urbanística aprobada en 2000 para Lanzarote, en un intento de frenar el crecimiento insostenible que protagonizaba la isla".
Adena exige también que los promotores implicados en estos complejos turísticos ilegales y beneficiados con ayudas de la Comisión Europea "que las devuelvan íntegramente". Y es que en caso de verificar que estos fondos hayan ido a parar a proyectos ilegales, Europa exigirá a España la devolución del dinero, que supera los 30 millones de euros.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF/Adena, manifiesta que estas sentencias son "sin duda, una buena noticia gracias al trabajo de la Fundación César Manrique a favor de un Lanzarote más sostenible. Por eso desde WWF/Adena les felicitamos, ya que ha sido una práctica extendida el incumplimiento reiterado de la moratoria turística en la Isla.".
Asimismo, desde Adena se exige que el Cabildo asegure una restauración a la situación original de estas zonas. "En un momento en el que el desarrollo inmobiliario está en crisis y los escándalos sobre ilegalidades aparecen continuamente, pedimos al Ministerio de Medio Ambiente una verdadera política de gestión integrada de la costa con un cumplimiento estricto de la Ley de Costas. Y que proteja las últimas zonas aún bien conservadas y evite que situaciones como la de Lanzarote vuelvan a ocurrir", afirman.
* La Provincia - D. R. - ARRECIFE - 25 de julio de 2008
Foto: Hoteles afectados por las licencias anuladas por los tribunales en Playa Blanca. JAVIER FUENTES, laprovincia.es
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
Salva su chalé ilegal de la demolición en Otíñar porque hay más alrededor
IDEAL/Jaén* : El juzgado de lo Penal nº1 de Jaén ha condenado a A. V. A. por un delito contra la ordenación del territorio, ya que se construyó una casa ilegal en la carretera de Otíñar. El tribunal, sin embargo, no considera pertinente decretar la demolición de la construcción, ya que la casa está junto a otras construcciones, alguna de las cuales está condenada también y sin demolición, por lo que ya no puede ser derribada por la vía penal.
Así que el magistrado Lucini Nicás entiende que tirar la casa de A. V. A. no arreglaría nada respecto a la legalidad urbanística violada.
La vivienda fue detectada en septiembre de 2.006 a la altura del punto kilométrico 6,5 de la carretera de Otíñar, en las inmediaciones del Puente de la Sierra. Se trata de un suelo no urbanizable con especial protección por su inclusión en el plan de la vega de los ríos.
Allí, A. A. V. tiene su vivienda habitual, que no se ha sometido a juicio. Junto a ella plantó una vivienda unifamiliar de madera, autónoma, sobre una base de 50 metros cuadrados elevada sobre pilares y con unas escaleras de acceso. Ésta segunda construcción no es susceptible de ser legalizada de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana en vigor en Jaén.
En el juicio, el acusado se declaró culpable, y aceptó una pena de seis meses de prisión. Sin embargo, su defensa no se puso de acuerdo con el Fiscal en lo que se refiere a la demolición de lo construido al margen de la legalidad. El Fiscal insistió en demoler. De hecho, como la sentencia no contempla en derribo, presentará recurso que se verá en la Audiencia.
Antecedentes
El año pasado otro juzgado de lo Penal (el número 2) tomó la misma decisión con el chalé de V. B.M., a unos 500 metros del anterior, y también sobre suelo «no susceptible de legalización» porque no es compatible con el planeamiento vigente, de manera que las obras fueron paralizadas administrativamente el 25 de mayo de 2005. Pese que a que se considera que el chalé es ilegal no se ordena echarlo abajo, «pues en esta zona no es la única edificación ilegal que se ha realizado sin que se haya acordado administrativamente su demolición».
También en la carretera de Otíñar -y también el Penal 2- decretó en 2006 el derribo de un chalé tan ilegal como los dos anteriores. Esta disparidad de criterios de la Justicia es frecuente en casos urbanísticos.
Aunque la zona de chalés está en las inmediaciones de los puentes -protegidos por el plan de las vegas de los ríos-, el paraje de Otíñar goza de protección por su riqueza natural y patrimonial reconocida por la Junta.
* Ideal - 26.07.08 -J. E. P.
Foto: Otiñar (Jaén), castillo - wikipedia.org
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Málaga permitirá construir en un suelo que Costas y la Junta quieren proteger
ELPAÍS* : El futuro urbanístico de Arraijanal, un suelo de más de medio millón de metros cuadrados junto a la desembocadura del Guadalhorce que es la última parcela con linde a una playa que queda sin urbanizar en el término municipal de Málaga, bien puede servir de ejemplo de la obstinación del alcalde, Francisco de la Torre (PP). El Ayuntamiento de Málaga acaba de firmar un convenio urbanístico con Vallehermoso, sociedad propietaria de la mayoría del suelo, para levantar una urbanización con 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial.
El consistorio recibirá a cambio 28 millones de euros. El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre no ha consultado a la Dirección General de Costas, que tiene en trámite la enajenación de 80.000 metros cuadrados de Arraijanal para ampliar la zona de servidumbre.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, ha llegado a afirmar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene olvidada la enajenación, que sólo fue un anuncio en época electoral. Fuentes del ministerio confirmaron ayer que la expropiación sigue adelante y que en otoño se someterá a información pública la declaración de utilidad de la expropiación. Costas ha requerido al consistorio información sobre el convenio y el proyecto, y ha advertido que no lo autorizará si afecta a esos 80.000 metros cuadrados.
Otra circunstancia ignorada por De la Torre es que todo el suelo de Arraijanal está reservado en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que promueve la Junta como parque marítimo-terrestre.
Arraijanal ha sido motivo de un largo enfrentamiento entre la administración autonómica y el Ayuntamiento. La Junta rechazó la modificación de elemento al vigente PGOU que el consistorio aprobó en 2000 para construir una marina deportiva y una urbanización con más de 1.300 viviendas. El proyecto fue rechazado por Costas y por Aviación Civil, pues afectaba a la zona de exclusión aérea del aeropuerto.
En la aprobación inicial del PGOU, de la que hoy se cumplen dos años, se mantuvo la marina deportiva, pero se eliminaron las viviendas. Ahora, según el convenio, es al revés, y en el PGOU que se llevará a pleno el próximo 14 de agosto para la aprobación provisional se incluye esta nueva urbanización y se elimina definitivamente la marina.
El PSOE inició ayer una campaña de recogida de firmas contra el proyecto de urbanizar en Arraijanal. Los socialistas se quejan de los numerosos convenios que el consistorio ha firmado con promotores desde la aprobación inicial del PGOU, y entienden que se han introducido modificaciones sustanciales, por lo que debería someterse a un nuevo proceso de información pública.
El alcalde, que considera que esa propuesta es bloquear y dilatar el plan, defendió ayer el convenio de Arraijanal porque "aportará ingresos" y defiende el interés general de la ciudad. De la Torre argumenta que impedir cualquier construcción obligaría a un desembolso excesivo en expropiaciones o compensaciones que perjudicarían a la ciudad.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/07/2008
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
El juez condena al Ivvsa a reparar los daños de 396 viviendas protegidas en Alaquàs
LEVANTE/Valencia* : Trece años de reclamaciones administrativas e intensa batalla judicial han sido necesarios para que un juez dé la razón a los vecinos del Passatge 25 d'Abril de Alaquàs. El juzgado de primera instancia nº11 de Valencia ha condenado al Instituto Valenciano de la Vivienda, a la constructora, al arquitecto responsable del proyecto y a los aparejadores que supervisaron las obras a reparar los cientos de deficiencias que tienen estos inmuebles de pisos protegidos y los garajes.
La sentencia agrupa los daños en once tipologías diferentes y determina el procedimiento de reparación que se ha de seguir, dado que, a lo largo del juicio, se han producido algunas discrepancias por parte de la decena de peritos que han participado -de los demandantes, de las partes demandadas y del juzgado-. En cada caso, está determinado el porcentaje de responsabilidad que ha tenido cada parte y, en los problemas donde ha sido imposible dirimir la culpabilidad, se ha optado por la responsabilidad solidaria.
Costear los posibles realojos
Con todo, el fallo indica que la reparación se ha de realizar "previa elaboración del preceptivo proyecto técnico, bajo la preceptiva dirección facultativa". Además, los condenados han de costear "cuantas actuaciones accesorias sean necesarias, tales como el traslado de mobiliario y enseres en los casos en que la envergadura de las obras lo requiera", así como "el realojo en viviendas de condiciones análogas en los casos en que sea preciso tal desalojo".
Los edificios del Passatge 25 d'Abril se construyeron en los años 1995 y 1996. La promoción se compone de cuatro bloques con 396 viviendas protegidas y dos garajes. Desde los primeros meses comenzaron a aparecer deficiencias como inundaciones en los aparcamientos, desprendimientos y abombamientos en la fachada, grandes grietas interiores y exteriores, desprendimiento de azulejos y suelos, corrosión de la grifería y fuertes olores.
El juzgado ha admitido la propuesta de reparación que proponía el perito de los afectados casi en la totalidad. La excepción es la fachada; mientras el informe de los vecinos optaba por desmontarla integralmente y cambiarla, la sentencia determina que consiste en quitar los ladrillos de los puntos afectados y repararlos.
* Levante-EMV - Laura Sena, Alaquàs - 26 de julio de 2008
Foto: satisfacción. Un grupo de vecinas, ayer en el paseo peatonal central/ abelard comes, levante-emv.com
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Fiscalía solicita dos años de cárcel para el ex alcalde de Alozaina por conceder presuntas licencias ilegales
SUR/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide un total de dos años de prisión para el ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) por dos presuntos delitos urbanísticos al conceder sendas licencias de obras presuntamente ilegales para la construcción y reforma de dos viviendas en la localidad.
La petición fiscal para el ex regidor es de un año de prisión por cada uno de los delitos, la misma que se solicita para los que eran entonces concejales de Obras, Salvador Chaves, y de Hacienda, Salvador Arroyo, que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, según ha confirmado el propio Blanco.
El Ministerio Fiscal considera que ambas licencias no son legales porque tanto la construcción como la reforma de estas viviendas se llevaron a cabo sobre suelo considerado como rústico.
Blanco ha explicado que las licencias se concedieron antes de que entrara en vigor la ley de ordenación urbana y ha defendido que en el pueblo "todo el suelo es rústico", porque no se trata de una localidad costera.
Estas construcciones se aprobaron con licencias condicionadas a pesar de que se emitieron en un principio informes técnicos desfavorables, y se paralizaron cuando se certificó que las parcelas no tenían los metros suficientes, según ha dicho el ex alcalde.
Ha manifestado que no se debe tratar como un tema muy importante porque son "casitas pequeñas de agricultores, no son una gran construcción como las de la costa", y por ello ha abogado por buscar una solución, ya que "parece que ha sido un tema más administrativo que penal".
* SUR - 25.07.08 - EFE
Foto: Alozaina (Málaga) - malagapueblos.com
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Madrid: Las obras de la M-30 incumplieron la ley, según el Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia sobre la legalidad de las obras de ampliación de la M-30. Los argumentos expresados en la sentencia son rotundos, y da la razón a Ecologistas en Acción* en todos y cada uno de ellos: el hecho de que una autovía se declare como urbana no la exime del cumplimiento de la legislación sobre evaluación ambiental; tampoco es admisible que se troceara en diferentes proyectos para eludir esta misma evaluación ambiental.
Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones y recursos administrativos ante el Ayuntamiento.
A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que no tenía obligación de someter a evaluación de impacto ambiental previa a este enorme obra en la M-30 por tratarse de una “vía urbana”.
Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Como resultado de esta cuestión prejudicial, el más alto tribunal europeo acaba de dictar su sentencia, que resulta demoledora para las tesis del Ayuntamiento, mientras que da la razón a todos los argumentos expresados por Ecologistas en Acción.
Efectivamente, la sentencia concluye con rotundidad que “los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada”, por lo que no cabe eximirlos de evaluación ambiental previa. Del mismo modo, la sentencia concluye que no es admisible el troceado en 15 proyectos que realizó el Ayuntamiento para evitar que alguno de ellos tuviese una longitud superior a 5 km (lo que infringiría la ley autonómica) o 10 km (que es el límite para realizar evaluación de impacto según la normativa estatal y europea). Efectivamente, el Tribunal Europeo concluye que “el objetivo de la Directiva modificada no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente”.
Por otro lado, la sentencia echa por tierra otros argumentos defendidos (y nunca demostrados) por el Ayuntamiento, como el hecho de que las obras tendrían una influencia positiva en el medio ambiente. Así, para el Tribunal de Luxemburgo “la circunstancia alegada por el Ayuntamiento de Madrid de que los proyectos controvertidos en el litigio principal producirán efectos beneficiosos para el medio ambiente no es pertinente cuando se trata de apreciar la necesidad de someter tales proyectos a una evaluación de su impacto ambiental”.
De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria ha sido tremendamente contundente contra las argumentaciones del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, será el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 quien dictará su sentencia. Pero, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un claro refrendo de su ilegalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 25 de julio 2008
Foto: Madrid, túnel M30 - ayto. Madrid
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
Los municipios gallegos, los que menos suelo destinaron a vivienda protegida
FARODEVIGO* : Sólo el 3,9% de los terrenos de los concellos se usan para pisos oficiales. Ahora que la crisis inmobiliaria es evidente, desde las administraciones y las empresas relacionadas con el sector recetan como uno de los antídotos para superar el bache la apuesta por la vivienda protegida.
Fue uno de los acuerdos en la reunión que la Xunta mantuvo el pasado miércoles con constructores y promotores de la comunidad, el mismo día en el que el Gobierno central anunció una inversión de 300 millones el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública. Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que acaba de realizar el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos.
Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. En 2007, por ejemplo, se terminaron 3.774 y empezaron las obras de 3.000.
¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el Tribunal de Cuentas.
Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la patronal promotora de Vigo y máximo representante también de federación que las agrupa en la comunidad.
Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de Cantabria y Canarias, donde el porcentaje cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%. Por encima de los datos de la comunidad, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%.
A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%.
A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.
* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 25.07.2008
Foto: Gráfico - AARÓN DÍEZ, farodevigo.es
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia , NOTICIAS VIVIENDA
¿Una medida social o una ayuda encubierta a las promotoras?
SOITU* : ¿A quién va a beneficiar esta medida? ¿Por qué se hace ahora el anuncio? ¿Se trata de un intento 'encubierto' de ayudar a compañías ahogadas por las deudas, como Martinsa-Fadesa? Éstas y otras preguntas son las que ha despertado esta mañana el anuncio de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de ofertar 300 millones de euros para comprar suelo a las empresas privadas, que destinará a la construcción de vivienda protegida (VPO). Unas han quedado resueltas, otras siguen en el aire.
¿Ayuda encubierta?
El Ministerio de Vivienda ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades. "La finalidad primordial de la acción del Gobierno no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible, sino garantizar el derecho constitucional reconocido a los ciudadanos de acceder a una vivienda", ha dicho Corredor, quien ha asegurado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ratificaba estas afirmaciones tras su reunión con Mariano Rajoy, explicando que no se trata de una "ayuda encubierta" al sector.
Anuncio inesperado
La pregunta que surge entonces es: ¿por qué ahora?
Según el Ministerio, se lleva trabajando en este tema desde el pasado mes de mayo, pero al tratarse de "una operación compleja y de gran envergadura" había que ver cómo se articulaba y conocer el presupuesto que podía destinarse a una oferta "inédita en España". Y es que, aunque Sepes (la entidad pública, dependiente del Estado, que gestiona el suelo) lleva 40 años al pie del cañón, hasta ahora había trabajado en la creación de parques empresariales y su relación con el suelo residencial era "residual". Ahora, el Gobierno pretende dar mayor visibilidad a este organismo, que aumentará su presupuesto anual destinado a la compra y urbanización de terrenos industriales de 100 a 150 millones de euros, además de convertirle en el instrumento del que se va a servir para adquirir y urbanizar los solares residenciales que comparezcan a la oferta pública.
Su trabajo comenzará en octubre, con el estudio de las ofertas presentadas y su viabilidad económica, y contará con la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre los criterios que más se valorarán en la elección de los candidatos se encuentran la susceptibilidad de transformación inmediata de los suelos, y su situación en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.
En cuanto a ¿quién será el responsable de promover las viviendas? Desde el Ministerio aseguran que el proceso de promoción queda en manos de las administraciones regionales y municipales, que son las que tienen transferida la potestad en esta materia. Así, el promotor podrá ser una empresa privada elegida tras un concurso público o alguno de los organismos oficiales.
Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, apunta, además, que algunos fondos inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, también podrían estar interesados en entrar en la gestión de estas viviendas siempre que se comercializasen en régimen de alquiler. Y es que este tipo de sociedades necesitan tener un 30% del valor de su cartera en vivienda de alquiler para poder tributar el 1% del Impuesto de Sociedades y no el 35%, nos explica este experto.
Incógnitas
Queda sin definir aún qué peso tendrán en la elección final conceptos como la edificabilidad del terreno, o su ubicación; y se desconoce si se valorará más o menos que los suelos sean de renta libre o protegidos.
En opinión de Miguel Pinto, director de investigación de Grupo i, "el Gobierno buscará suelos en buenas ubicaciones, cerca de los centros urbanos". En cuanto a las promotoras les puede interesar más deshacerse del suelo libre, "ya que el destinado a VPO tiene un futuro más auspicioso, porque hay mayor necesidad de este tipo de viviendas y será más fácil venderlas y continuar con la actividad de la compañía", aunque sea perdiendo dinero. Porque el suelo libre, como la vivienda libre, es más caro que el protegido, que está fijado por las comunidades autónomas. De hecho, según Pinto, "es muy probable que los suelos comprados en los últimos dos años, cuando los precios estaban más altos, ahora se hayan devaluado". No obstante, este experto cree que todavía es posible "sacar rentabilidad" a los suelos adquiridos hace 5 ó 6 años; eso sí, si no están apalancados, es decir, si han sido pagados en su totalidad.
Transparencia
Los promotores opinan que la iniciativa del Gobierno es buena, pero que los 300 millones ofertados son una gota de agua en el inmenso mar de deudas en el que se mueven las inmobiliarias españolas, y en el que navegan cientos de compañías, muchas de ellas también con grandes patrimonios de suelo. Empezando por Martinsa-Fadesa, la principal terrateniente española, continuando con la mayoría de las cotizadas, como Colonial, Reyal Urbis o Metrovacesa, y finalizando por otras mucho más pequeñas. Es por ello que los promotores reclaman "una total transparencia" en el proceso de adjudicación, así como en las bases del concurso, "para descartar favoritismos", apuntan.
Con las cosas así, la decisión de acudir o no a este concurso será totalmente 'personal'. Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), resume la elección en dos conceptos: "activos o tesorería".
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 23.07.2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Roca, dos días, dos juicios: 1 año y 9 meses de cárcel
ELPLURAL/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL han aceptado voluntariamente, en el juicio del denominado "caso Belmonsa", la resolución de un año de cárcel y 18 años de inhabilitación. El ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca solo ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión, condena que ha aceptado también.
Roca deberá pagar una indemnización de 2,4 millones de euros por tráfico de influencias. En el supuesto de que no la abone podrá conmutarla por otro mes sin libertad en la cárcel. Los ex “gilistas” Román, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, todos ex ediles marbellíes, aceptaron de buen grado ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico.
Zona verde
El delito cometido está relacionado con la concesión de una licencia urbanística por a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde. En el juicio finalizado ayer -primero derivado del caso Malaya., el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella y ex asesor de Urbanismo, reconoció que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.800 euros para la compra de la casa del magistrado.
Ayer: un año de cárcel
En una noticia anterior afirmábamos que la estrategia comenzada antesdeayer por Roca, en el juicio sobre el presunto cohecho protagonizado por el juez Urquía y el propio Roca, ha hecho feliz al cerebro “malayo”. Tras amenazar con contar todo lo que sabe a partir de ahora, en contra de todo pronóstico, cambió su declaración anterior e inculpó al juez de haberle solicitado ayuda económica para la compra de su vivienda. Por el momento los resultados le son favorables ya que consiguió una reducción a tan solo un año sobre la petición de condena del fiscal, que a “priori” era de tres años.
* El Plural - 24/07/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Dénia dejará de cobrar el aprovechamiento a las promotoras pese a que el TSJ lo avala
LEVANTE/Alacant* : El tránsfuga del PSPV, Juan Collado, fue el encargado ayer de trasladar a los medios de comunicación los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles. Entre los asuntos judiciales, el edil del grupo no adscrito sacó a la luz una sentencia del juzgado de primera instancia que estima el recurso interpuesto por Promociones e Inversiones Hiregón, SL, y obliga al ayuntamiento a devolver a la constructora 220.000 euros en concepto de aprovechamiento urbanístico.
La Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles dio cuenta de esta sentencia, al igual que de otro fallo judicial a favor del consistorio dianense y de la gestión del anterior equipo de gobierno pero que ayer no fue revelado por Collado.
En este sentido, el ayuntamiento interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alacant que la revoca y legitima el cobro del aprovechamiento urbanístico a la promotora Doramar, SL. Sin embargo, este fallo no fue comunicado ayer por Collado sino por el PSPV. El edil socialista, Vicent Grimalt, lamentó ayer que el pentapartito "presuma de transparencia pero luego, intencionadamente, en una rueda de prensa, hable de una sentencia y obvie otra, dependiendo de sus intereses".
Pacto antitransfuguismo
Por otra parte, la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo se reunirá el próximo lunes, 28 de julio, según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, para analizar entre otros los casos de los ayuntamientos de Dénia y Elx, propuestos por el PSOE y el PP, respectivamente.
La titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidirá la reunión de la citada comisión en la sede ministerial a la que asisten dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria. El pacto se reúne anualmente y son las distintas formaciones las que proponen los casos a estudiar.
* Levante-EMV - M. J. Mascarell/S. G., Dénia - 25 de julio de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Las Palmas: La Justicia anula otra vez una actuación urbanística del PP en Guanarteme
LAPROVINCIA* : La Justicia acaba de dar un nuevo varapalo a la política urbanística que ha promovido el Partido Popular en el barrio de Guanarteme, cuando gobernaba en la capital grancanaria. Esta vez le ha tocado el turno a la unidad de actuación 09, denominada Barranco de Guanarteme, que ha sido anulada por la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que se ha utilizado un procedimiento urbanístico que es irregular.
Tal y como sucedió con la unidad de actuación para prolongar Mesa y López, anulada en el año 2004, los jueces consideran que esta fórmula urbanística no es la adecuada para actuar en suelo urbano consolidado, como el de Guanarteme.
En concreto, la unidad de actuación 09 contempla la renovación urbanística de varias manzanas del barrio de Guanarteme situadas en el rectángulo comprendido entre las calles Almansa, El Salvador, Numancia y Vergara. El objetivo es hacer una especie de rambla entre las calles Almansa y El Salvador para conectar la rotonda de Plaza de América con Las Canteras y construir varios edificios de cinco y siete plantas.
La actuación fue incluida en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 2000, cuando gobernaba José Manuel Soria, y en la adaptación del plan de 2005, bajo el mandato de Pepa Luzardo, se categorizó el suelo afectado por esta actuación como no consolidado.
El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que aprobó dicha adaptación, fue recurrido por una vecina afectada por la unidad de actuación y los tribunales le han dado la razón.
URBANO. La sentencia es muy clara e insiste en varias ocasiones en que "es público y notorio que el barrio de Guanarteme es un suelo urbano, con todos los servicios, con encintado, pavimento de acera y alumbrado público".
La resolución no niega la necesidad de realizar una actuación urbanística en la zona, pero aclara que "no cabe confundir el grado de consolidación del suelo, con el deterioro de las construcciones o las dificultades de comunicación que apunta el Ayuntamiento. Esa zona de la ciudad es urbana".
* La Provincia - TERESA GARCÍA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - 24 de julio de 2008
Foto: A la izquierda, algunas de las viviendas afectadas por la unidad de actuación anulada. QUESADA, laprovincia.es
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
Silleda: El TSXG estima ilegal una obra prevista con 113 pisos
ELCORREO/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el recurso de la empresa Nova Carballeira 2002 contra la suspensión del estudio de detalle para una urbanización en Silleda. Este nuevo fallo, tras la denuncia de una vecina de la zona, llega tras un auto que estimaba la suspensión, como medida cautelar el pasado mes de junio, en vista de indicios de ilegalidad.
Esta decisión impedirá a la empresa abrir una calle en Travesa do Campo, y construir dos edificios, con un total de 113 viviendas, (tendría que cambiar el proyecto) para los que el anterior gobierno municipal de Silleda concedió licencia cuando estaba ya en funciones. El fallo del TSXG dice que hay pruebas más que suficientes de la ilegalidad del estudio de detalle, y que los perjuicios que causarían las obras serían de "difícil reparación". También estima que es falso que el consello consultivo estimara desfavorablemente la revisión del estudio iniciada por el Ayuntamiento. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, espera que este nuevo auto convenza al portavoz del PP, José Fernández Viéitez, de que el Ayuntamiento actuó "moi ben" al revisar el proceso. Para Pena, el TSXG vuelve a darle la razón y advierte que hay que preocuparse por los perjuicios a los vecinos que compraron allí un piso. Considera que Viéitez actuó de forma "irresponsable" y que "só atendeu ós intereses da constructora".
Cuatro pleitos
Nova Carballeira, que puede recurrir al Supremo, denunció a Pena por otras obras (algunas ya resueltas). Hay otras dos familias que denunciaron a la constructora .
* El Correo Gallego - C.G. • SILLEDA - 24.07.2008
Foto: Vista de los terrenos donde se proyectaron los edificios de Silleda/ Sangiao, elcorreogallego.es
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Juzgan a Muñoz, Roca, Román y otros ex ediles de Marbella por la operación urbanística con Belmonsa
EUROPAPRESS* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga tiene previsto celebrar desde hoy jueves el juicio contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y otros seis ex ediles marbellíes, entre los que se encuentra Pedro Román, por la operación urbanística con la empresa 'Belmonsa'.
La vista oral está también fijada para mañana viernes, el lunes 28 y el martes 29.
Este juicio fue fijado para celebrarse en febrero de este año, aunque fue suspendido después de que la defensa de Roca la solicitara por no haber tenido tiempo a instruirse la causa. El fiscal acusa, según el escrito de conclusiones iniciales al que tuvo acceso Europa Press, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
Los acusados son Muñoz, Roca, Román, los entonces ediles Rafael González, Mario Jiménez, José Marino Pomares, Manuel Calle, Marisa Alcalá y el abogado José Luis Sierra y la causa está en relación a la operación urbanística con Belmonsa sobre unos terrenos municipales y a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa empresa para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.
Así, según el escrito provisional de acusación del fiscal, en una comisión de gobierno de mayo de 1997 se acordó otorgar licencia de obra al proyecto básico sobre un suelo calificado en una parte que quedaba afectado por el complejo como viario público según el plan general de 1968. Asimismo, en diciembre del mismo año, se concedió licencia al proyecto de ejecución de dicha promoción.
El ministerio público estima que con el otorgamiento de estas licencias "se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad", en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 "desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento".
En este sentido, la acusación pública precisa que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento; y con el fin de "favorecer económicamente a los promotores" que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.
En el escrito se añade que el valor de la parcela municipal fue tasado en la cantidad de 83.800 euros y que, según la tasación pericial efectuada sobre la parcela de terreno cedida por el Ayuntamiento, el valor debía ascender en la fecha de la transmisión a más de dos millones de euros "propiciándose con ello un indudable negocio a la entidad Belmonsa, pues se permitió edificar en primera línea de playa".
Para Muñoz y la mayoría de los ex ediles, el fiscal pide dos años de prisión y 18 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, mientras que para Roca pide 10 meses de prisión por un delito de tráfico de influencia y 2,4 millones de multa. A Román le acusa sólo de un delito de prevaricación, por el que solicita una pena de inhabilitación durante ocho años.
* Europa Press - MÁLAGA, 24 Jul 2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Oficina de Urbanismo / El Roto

El Roto, delincuencia urbanismo, 24jul08 - elpais.com
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
"Nos das 60.000 euros y subsanamos el error"
ELPAÍS/Alicante* : "Para subsanar este error, debes realizar una aportación económica al partido. Ya te diremos de cuánto es". Estas palabras, pronunciadas por el abogado alemán Kai Oliver Wagner el pasado 28 de junio fueron las que convencieron al constructor Pedro Sánchez de que el alcalde de Benitatxell (Alicante), en cuyo nombre hablaba Wagner, quería exigirle dinero a cambio de mantener como urbanizables unos terrenos que habían sido desclasificados en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ese mismo día, Sánchez denunció los hechos ante la Guardia Civil.
Esta trama, por la que el alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona; su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf; el abogado alemán y el arquitecto municipal están imputados por un presunto delito de cohecho, comenzó a mediados de junio. Sánchez se dio cuenta de que en el nuevo PGOU de Benitatxell sus ocho parcelas ubicadas en la partida Alcassar, urbanas desde 1989, se habían convertido en suelo protegido. Convencido de que se trataba de un error, acudió al Ayuntamiento, donde el arquitecto le dijo que debía hablar con el alcalde, "porque es el que tiene toda la documentación". Cardona le dijo al constructor que no era un error, sino una decisión técnica, si bien le matizó que todo podría arreglarse. "Yo puedo hacer lo que quiera con el PGOU, eso es lo que me han dicho desde arriba, y no tienes por qué preocuparte", le aseveró el alcalde a Sánchez.
Una semana más tarde, el 26 de junio, una funcionaria se puso en contacto con el constructor y, de parte del alcalde, le informó de que pronto le llamaría un abogado "para solucionarlo todo". Efectivamente, Wagner le telefoneó diez minutos después. "Yo le pregunté", afirma Sánchez, "si quería que nos viéramos en su despacho o en el mío, y él me dijo que en ninguno de los dos, que mejor en el bar del campo de golf. Aquello ya me pareció sospechoso".
La reunión entre los dos tuvo lugar en ese bar el sábado 28 por la mañana. Según Sánchez, en el encuentro el abogado alemán le insistió en que el Ayuntamiento estaba "por la labor" de solucionar el problema, mientras el promotor recalcaba que "no era un problema, sino un error". A este encuentro, le siguió otro, el lunes 30 de junio. De esta segunda reunión ya estaban al tanto los agentes del instituto armado, y en ella se pactó el precio que debía pagar el empresario por mantener la clasificación de su suelo. "Todo solucionado. Para subsanar el error, nos das 60.000 euros", relata Sánchez que le dijo el abogado. Y respondió: "Es una exageración. Me pedís dinero a cambio de nada. Yo sólo pido que me den lo que me corresponde. Lo tengo que pensar". Finalmente, el constructor ofreció 40.000 euros y el abogado pidió 50.000, cifra en la que se cerró el trato en una tercera reunión, el 7 de julio. Ambas partes quedaron para realizar la entrega del dinero al día siguiente, martes 8 de julio, a las doce del mediodía. Wagner se presentó con un documento firmado por el arquitecto municipal que garantizaba que los terrenos seguirían siendo urbanizables y no se desclasificarían, pero el constructor alegó que la simple rúbrica del funcionario no era suficiente. Tres cuartos de hora después llegó la primera teniente de alcalde y le dio el papel firmado por el alcalde. El dinero nunca llegó a entregarse porque en ese momento la Guardia Civil detuvo al abogado y después a la concejal. El alcalde fue arrestado por la tarde.
En su declaración ante el juez, el regidor y la edil se autoinculparon. No obstante, en su primera comparecencia pública, tras quedar en libertad con cargos, el primer edil alegó que se trataba de una "trama" y que no pensaba dejar el cargo. Ayer Cardona se reafirmó en esa tesis: "No tengo nada que esconder, ni pienso dimitir. Ahora necesito trabajar por el pueblo".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 24/07/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
"Ni compro, ni ganas de ello. Prefiero el alquiler"
ELPAÍS/Reportaje* : Rubén Dorado y su pareja viven en Cáceres, ambos son ingenieros jóvenes y nos cuentan que "se han quedado fuera del mercado de la vivienda por haber esperado demasiado tiempo para comprar". El problema que les hizo desisitir, explican, fue "la desproporción entre salarios y precio de la vivienda por un lado, y entre hipoteca y alquiler por otro". Ahora prefieren el alquiler.
"El principal argumento que se suele esgrimir contra el alquiler es que se trata de dinero 'perdido', mientras que con la compra, ese dinero lo puedes recuperar. Esto ha sido cierto hasta cierto punto hasta que reventó la burbuja, pero hoy ya no lo es. Para empezar, teniendo en cuenta los intereses, por una hipoteca de 180.000 euros a 30 años, se acaban pagando 360.000 euros (¡exactamente el doble!). Es decir: después de 30 años has pagado tu casa y le has comprado otra igual al banco. Además, después de esos 30 años esa vivienda no vale los 360.000 euros que te permitirían recuperar la inversión. Es de esperar una cierta revalorización, pero también se tratará de un piso viejo, con 30 años, que necesitará reformas importantes (si no han sido ya asumidas por el propietario), lo que reduce su valor. Además, aunque quieras salir de esa casa antes, sigues necesitando una vivienda, luego no es un gasto del que te puedas librar."
"Pero eso no es todo: durante los primeros años, de los 1000 euros que pagas cada mes, 700 son limpios para el banco en concepto de intereses y solo 300 son para la amortización del capital. Sinceramente, prefiero 'regalar' 500 euros al casero y disfrutar yo los otros 500. Aunque claro, para poder tomar esa decisión, primero tendría que tener ahorrados 45.000. O buscar un préstamo semejante que acumular a la hipoteca.... En definitiva: que ni compro, ni ganas de ello."
"Estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre"
Marta López nos cuenta los problemas de una pareja media española, un ejemplo que seguro ilustra la situación de muchos: "Somos una pareja de jóvenes, que nos compramos nuestra vivienda hace tres años y medio en Madrid, en concreto en Parla. De aquella, era una de las zonas "más asequibles" (tampoco era una ganga, pero sí de lo más bajo de todos los sitios que miramos). No nos hipotecamos por encima de nuestras posibilidades, pero sí hemos visto aumentado nuestro pago mensual. De 850 euros que pagabamos hace 2 años y medio, ahora estamos en casi 1100, que si se suma mes a mes, es mucho dinero, y ahora estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre, con la subida de agosto, así que como en 2 semanas esto no cambie (sería un milagrito) nos va a subir casi 1 punto!!! No sé cuanto más mes a mes...Sumando a esto, está que me despidieron del trabajo el año pasado y en el actual cobro bastante menos (tengo que agradecer que por lo menos tengo, viendo como está la situación laboral )..Menos mal, que de momento, siendo dos, vamos pagándolo,privándonos de salir los findes, consumiendo menos.... y sin visión de futuro familiar.
Otro lector, Alejandro Baca, por su parte, pone el acento en la subida de tipos y en cómo ha afectado a quienes tienen una hipoteca. "Yo creo que, en contra de lo que se dice, los pisos no subían hace unos años: a todo el mundo le costaban unos 800-1000 al mes; lo que en realidad aumentaba era el plazo de las hipotecas, y claro, eso hace que sean más vulnerables a los tipos de interés, por eso es ahora cuando de verdad está subiendo el precio de los pisos.La gente no se daba cuenta que, además de comprar el piso, tenía que comprar el dinero (al banco) para comprar ese piso. Y comprar el dinero es muy caro".
"¿Por qué todos dejaron que la burbuja fuera tan grande?"
Entre estos casos destaca el de una lectora que asegura que no tiene problemas para pagar su casa porque, pese a Trichet, [el presidente del Banco Central Europeo], en pleno boom inmobiliario no se le "fue la cabeza", sino que compró "un piso según" sus posibilidades económicas "presentes y futuras". "Me negué, pese a ir contracorriente, a pagar en dinero negro las cantidades indecentes que se pedían con toda la naturalidad del mundo y resulté antipática a fuerza de afear a los vendedores el precio que pedían por inmuebles que no valían ni la mitad". "Hoy contemplo lo que pasa y no me sorprende, lo que me ha extrañado es que todos dejaran que se hiciera la bola, burbuja o pelotazo tan grande".
También subrayamos la situación de un divorciado hace "siete años". "Me quedé con todas las deudas del matrimonio y con la guarda y custodia de mis dos hijas de nueve y doce años. Mi salario es de 1.100 euros al mes. Mi hija pequeña es celiaca, enfermedad muy costosa por no subvencionar nada la Seguridad Social. Hemos podido vivir decentemente hasta ahora, incluso una de mis hijas convalida sus estudios de bachillerato con el conservatorio".
Pero con la actual crisis "los días" de su familia "están contados". "No puedo reunificar mis deudas a pesar de que mi vivienda en propiedad permite hacerlo, sin embargo la Junta de Andalucía no me permite descalificar mi vivienda para poder reunificar dichas deudas. La ayuda del gobierno andaluz es pura propaganda y con nula sensibilidad social. Es mi casa en propiedad y son mis hijas, para sobrevivir ahora necesito 1.500 euros al mes y solo gano 1.100".
Este lector se pregunta qué hace ahora. ¿Esperar embargos, perder el trabajo? "Desde aquí quiero dar las gracias a la Delegación de la Vivienda de la Junta de Andalucía por disponer de lo que no es suyo y sentenciarnos a la miseria".
Julián del Castillo habla de la publicidad engañosa. "Un préstamo hipotecario es aquel en el que la finca hipotecada sirve como garantía de pago, según la RAE" y "si esto no es así, los bancos incurren en publicidad engañosa".
Si los bancos no hacen un buen estudio del riesgo, es su problema. Deberán hacerse cargo de la deuda usando sólo el aval hipotecario que es lo que está firmado en el contrato y no embargando los sueldos de las personas que son su única forma de supervivencia. Si las notarías permiten el dinero bajo cuerda están viciando el sistema y generando una burbuja de dinero negro que se escapa al fisco y dinamita todos los sectores. Si el gobierno y las distintas administraciones no velan por el cumplimiento de las leyes y rectifica las que sean necesarias, anticipándose a los problemas, está agravando el problema y creando una sensación de todo vale, que han aprovechado inmobiliarias, constructoras, notarios, tasadores, ayuntamientos, etc
Hay otro punto en el que no se suele entrar a valorar y es la poca utilización de la cancelación parcial de los préstamos. Culpables, los propios hipotecados y la administración de Hacienda, al desgravar en el IRPF las cantidades depositadas en préstamos hipotecarios, dando el dinero al hipotecado, cuando en realidad tendría que ir directamente a una cancelación parcial del préstamo.
Este lector, ante la "situación de caos", aporta algunas soluciones:
1.- Utilizar fondos sociales de las cajas de ahorro a ayudar en las hipotecas a los clientes de dichas cajas que tengan dificultades y que con su dinero han aportado a dichos fondos sociales.
2.- Cancelación parcial obligada y automática de las reducciones del IRPF en los préstamos hipotecarios.
3.- El mercado hipotecario se recuperará, por lo que se debería obligar a bancos y cajas a una moratoria antes de sacar el bien embargado al mercado y compra preferente para el antiguo dueño.
"Yo le he dedicado a este escrito una hora, pero seguro que todos los departamentos de las distintas administraciones: estatales, autonómicas y locales, así como los juzgados y notarías que se sustentan con los impuestos de todos los españoles pueden encontrar muchas más propuestas y soluciones y no entrar en una espiral de desánimo y de tararear la canción: "Si te ha pillado la vaca j..".
Miquel se pregunta si no será "que el BCE sube los tipos de interés para atraer a los capitales internacionales además de por contener la inflación". En su opinión, "un poco de inflación no debe ser tan mala: los precios y los salarios siempre aumentan, más despacio o más deprisa. Pero claro, si yo soy un fondo de capital que tengo que invertir mis millones, me sale más a cuenta invertir donde los intereses son más altos". "Es decir, una forma de atraer inversiones extranjeras y de impedir que los capitales propios se vayan a otras economías, es subir los tipos de interés. Es ofrecer ganar más dinero al dinero".
Este lector añade que "el que un montón de ciudadanos vean cómo una cada vez más grande parte de sus ingresos se tiene que dar al banco debe ser sólo un efecto colateral más". "Yo no acabo de entender qué tiene de malo que dispongamos de más dinero para consumir. Al fin y al cabo, el consumo es la base de la actividad económica. Y, claro, según esta teoría, a base de restringir el consumo al subir las cuotas de los préstamos, la economía frena su crecimiento".
"A nuestra familia no nos ha afectado la crisis inmobiliaria porque tenemos casa desde antes de la caída de las inmobiliarias, pero nos afecta, y mucho, la subida de los tipos de interés, que es una de las causas de la crisis inmobiliaria. En concreto las cuotas de la hipoteca ya suponen más del 33% de los ingresos familiares". Finaliza Miquel añadiendo que "un infantil punto de vista nos muestra que en lugar de poder ir de vacaciones, le damos más dinero al banco a cambio de nada".
* ELPAIS.com - Madrid - 23/07/2008
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS VIVIENDA
¿De confianza?
ELVIRA LINDO* : Que una de las lacras que minan la democracia española casi desde su nacimiento y que es urgente atajar es la corrupción urbanística, está a la vista de cualquiera; que en las autonomías, la cantidad de enchufados que deriva de los cargos políticos es abusiva, lo sabemos; que ese abuso se calca en los ayuntamientos, está a la vista. No en todos, por supuesto, pero, dada la frecuencia de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años, tenemos derecho a concluir que hay una evidente desinformación de lo que es el servicio público.
Ya no basta con que la justicia castigue los excesos de quien se lo lleva crudo. Este espectáculo de concejales entrando en los juzgados no es más que una tirita para una herida profunda. Los partidos expulsan a los políticos inculpados y la propia expulsión se muestra como prueba de que los mecanismos correctores de la democracia funcionan. Aquí paz y después gloria. Pero eso no debiera bastar, menos aún, en tiempos de la Innombrable (¿crisis?), en que el ciudadano raso ha de vivir austeramente.
Titulares como el que ofrecía el otro día este periódico, El nuevo alcalde de Estepona destituye a veinticinco cargos de confianza, hielan la sangre. ¿Veinticinco? ¿De verdad son necesarios veinticinco cargos de confianza en un Ayuntamiento como el de Estepona? ¿Cuántos debe tener entonces el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid? ¿Trescientos? ¿Son todos ellos absolutamente necesarios? Leyendo la noticia al completo, podías informarte de que había otros veintitantos cargos que podrían seguir en sus puestos dado que, felizmente, habían sido contratados por empresas asociadas. Las sociedades clientelares, tan dependientes de la política, acaban generando poderes crustáceos, inamovibles. Salvo que la ciudadanía despierte y se rebele. En España ni siquiera se está desperezando.
* ELPAIS.com - Opinión - 23/07/2008
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: ARTÍCULOS URBANISMO