¿España es diferente?

PÚBLICO* : Un porcentaje muy elevado de ciudadanos residentes en España no puede acceder a la vivienda o se hipoteca de por vida para hacerlo porque insiste en tenerla en propiedad. En comparación con lo que ocurre en otros países, como Alemania o Reino Unido, el autor sugiere varias medidas para intentar solucionar este problema. El desarrollo del régimen de viviendas públicas en alquiler, la licitación de suelo a los promotores en concesión por un periodo limitado de años o la aplicación de un impuesto directo y elevado a la tierra son algunas de sus propuestas. Así podría evitarse la especulación que se ha producido con el suelo en los últimos años.

FERNANDO SCORNIK GERSTEIN - MADRID - 19/07/2008

Lo primero que debería tener un ser humano al comenzar su vida independiente es un lugar donde vivir decentemente. La Constitución Española reconoce este derecho fundamental. Sin embargo, entre un 20% y un 25% de la población española carece totalmente de la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Otro porcentaje importante, quizás otro 25% o 30%, ha debido hipotecar su futuro para poder acceder a la propiedad. Estos especulan, es cierto, con que el aumento de los valores inmobiliarios –una constante en los últimos 20 años– les permitirá afrontar la situación dando un pequeño pelotazo. Pero esto no siempre sucede.

Puede sobrevenir, como ahora, la crisis. Los valores inmobiliarios caen –el Ministro Solbes dice que esto es bueno– y también el poder de compra de la gente. O sea, que la ecuación sigue igual. El problema de la vivienda no se resuelve por la ley de la oferta y la demanda, porque la tierra –que es el núcleo del problema– es un monopolio, le guste o no le guste a los economistas del establishment. De las experiencias de otros países podemos extraer conclusiones que quizás nos ayuden en España.

La realidad pura y dura: alrededor de un 80% de las viviendas ocupadas en España lo son en régimen de propiedad romana. Solo una pequeña parte lo es en régimen de arrendamiento. Todo el desarrollo de los últimos años en España se ha basado en el tirón de la construcción y la especulación inmobiliaria. Desmontar esto es una tarea larga y difícil. Pero lo cierto es que dentro del esquema de la propiedad romana, que incluye los valores especulativos del suelo, no hay solución. Por más que se construyan viviendas protegidas, siempre la demanda será mucho mayor que la oferta. Como las viviendas protegidas se venden en propiedad absoluta, aunque no se puedan vender por un cierto número de años, se planta así la semilla de especulaciones futuras.

De las experiencias de otros países –especialmente Alemania– se puede concluir que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento es una parte de la solución. Sea construida directamente por los Ayuntamientos o por licitaciones privadas, pero condicionadas y regladas, que no puedan venderse y en tierra otorgada en concesión, la existencia de ese mercado permitiría acceder a la vivienda a amplios sectores de bajos ingresos y desalentar la especulación.

Construir viviendas protegidas para otorgarlas en régimen de propiedad –tierra incluida– es la pescadilla que se muerde la cola. A la larga, crea nuevos privilegiados y deja al margen a las nuevas generaciones.

Pero el caso inglés muestra que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento no es suficiente para resolver el problema. El concurso de la oferta privada es absolutamente necesario. La iniciativa pública no puede cubrir todas las necesidades habitacionales de la población. Como en Hong Kong y en Singapur, la iniciativa privada es necesaria. En España la ha habido, es cierto, pero ha estado gravemente afectada por los valores especulativos del suelo que, en vivienda nueva, representan el 50% o 60% del precio final.

En consecuencia, el camino que debe emprenderse en España pasa necesariamente por deflacionar los valores del suelo, para lo cual la legislación comparada ofrece muchas soluciones: la primera quizás licitar la tierra a los promotores en concesión por un período de años, para que el peso muerto del valor del suelo incida en menor medida sobre el precio final. Los apartamentos podrían venderse, incluso a perpetuidad, pero no la tierra que, al finalizar la concesión (por ejemplo, 99 años) debería renovarse pagando el precio al Ayuntamiento. Otra fórmula es gravar drásticamente las plusvalías surgidas por el incremento del valor de la tierra declarada urbanizable, lo que inmediatamente incidiría sobre su precio, sin caer en el error de los laboristas británicos de gravarla con un 100%, lo cual –evidentemente– desalentaría a los promotores.

La fórmula más sensata y usada en muchos países anglosajones es, simplemente, gravar la renta de la tierra mediante un impuesto directo y suficientemente alto sobre el valor del suelo libre de mejoras. Si el impuesto se lleva parte de la renta, ésta no puede capitalizarse y el valor de la tierra cae. La tierra no tiene costo de producción, su precio no es otra cosa que la renta futura que puede obtenerse de ella, capitalizada al interés corriente. La tierra es un bien natural. Es como el aire o la luz del sol y como ellos es indispensable para la vida. En España –y en muchos otros países– se ha convertido en un medio de especular y atesorar riqueza. Tarde o temprano este sistema se agota.

Depende de nuestros políticos el que, al menos en España, el final sea lo menos doloroso posible.
Alemania. Un país europeo que no sabe lo que es el problema de la vivienda

Alemania es, sin duda, el país europeo que –al menos durante gran parte de su historia reciente– no ha sufrido el problema de la vivienda. Lo primero que debe llamar nuestra atención es la gran preponderancia del arrendamiento sobre la propiedad. Casi el 60% de la población alemana vive en régimen de alquiler, lo que indica la importancia que tuvo la regulación de esta figura. La legislación establece normas a favor de los inquilinos más severas que las españolas, entre ellas la que se conoce como Kappungsgrenze, por la cual el alquiler no puede subirse más de un 20% en tres años y no puede superar la mensualidad usual en la localidad para pisos comparables.

La gran oferta de viviendas en arrendamiento y el control estricto de éstas explican ese alto porcentaje de la población que utiliza el sistema. La especulación inmobiliaria no ha existido en Alemania, por lo menos hasta hace pocos años.

Una primera explicación de la gran oferta en alquiler la encontramos en las inteligentes disposiciones del Impuesto sobre la Renta. Después de la I Guerra Mundial, Alemania instrumentalizó un sistema de desgravaciones para inversiones en áreas que se deseaban promover, entre las cuales estaba la construcción de viviendas sociales para arrendamiento. Si el empresario no invertía debía pagar impuestos y si invertía se desgravaba por la cantidad empleada y podía deducir las pérdidas de su inversión durante años.

Otra fuente está en las Leyes de Construcción de Vivienda promulgadas en los cincuenta, que canalizaron la concesión de créditos a bajo o ningún interés para la construcción y/o compra de viviendas sociales, con la obligación de alquilar la vivienda a personas o familias que no superasen un determinado nivel de ingresos y, además, por un monto de alquiler cuidadosamente regulado. Esta obligación cesaba cuando se terminaba de pagar el crédito. Las grandes empresas industriales invertían en la construcción de viviendas y resolvían en problema de vivienda de sus trabajadores.

Lamentablemente, en los últimos años, a medida que los créditos se iban terminando de pagar, muchas empresas vendieron los bloques a inversores que inmediatamente las vendían o incrementaban los alquileres. En 2006, se transfirieron las competencias en materia de vivienda social a los Länder y se suprimieron las ayudas a la vivienda social.

La tendencia general es ahora de retroceso para esta fórmula. No obstante, se mantienen subsidios para los necesitados de vivienda en alquiler. A partir de 1996 se dictaron leyes para fomentar la adquisición de viviendas, concediendo ayudas importantes a quienes tuvieran niveles de ingresos bajos y se fomentó el sistema de Ahorro-Construcción, una modalidad de cuenta de ahorro destinada a financiar la compra de vivienda. Esta mayor tendencia a la propiedad ha provocado por primera vez problemas de vivienda en Alemania, pero el arrendamiento sigue teniendo una presencia fuertemente enraizada.

Históricamente, también ha sido importante la existencia de un sector público que poseía hasta el 8% del total de viviendas, en general en manos de los ayuntamientos, que las arriendan. Esas viviendas se han vendido a inversores en los últimos años, lo que, unido a la venta de las que poseían las empresas, ha generado un amplio debate político y social, así como protestas por parte de los inquilinos.


Hong Kong. La ventaja de no tener suelo en propiedad

Tiene una superficie total de 1.095 Km2 y siete millones de habitantes. Su densidad de población es aproximadamente de 6.500 habitantes por Km2, aunque gran parte vive en apenas un 25% del territorio, pues el resto son reservas naturales. Es una de las densidades más altas del mundo, superada sólo por Macao, Mónaco y Singapur. A pesar de esa enorme concentración, Hong Kong no tuvo nunca, ni tiene, problema de vivienda. Es, además, uno de los centros financieros más importantes del planeta, con el promedio de vida más alto del mundo: 81,9 años.

¿Cómo resolvió el problema de la vivienda? Al igual que en Reino Unido, nunca existió la propiedad privada de la tierra: toda pertenecía a la Corona (fue colonia inglesa) y sólo se otorgaban concesiones (leases) por un máximo de 75 años y otras por 21 años. El Estado chino, al recibir la colonia en 1997, mantuvo intacto el sistema y extendió el horizonte de los leases hasta 2047.

Así, el Estado siempre tuvo cuantiosos ingresos originados en la concesión y renovación de leases a nuevos titulares y el 50% de la infraestructura fue financiada directamente por la renta de la tierra. Debido a esta propiedad estatal de la tierra, Hong Kong desarrolló un gran sector de viviendas públicas subsidiadas. En 1994, se calculaba que tres millones de personas (casi la mitad de la población) vivía en apartamentos públicos; 2,5 millones, en régimen de alquiler, y 593.000 en lease. El resto de la población vivía en viviendas adquiridas o arrendadas a propietarios privados.

Desde 1999, el Estado chino ha construido 85.000 viviendas por año y se calcula que ya en 2007, el 70% de la población son dueños de sus leases. Como el Estado no tiene que comprar la tierra, es el único terrateniente, el coste de las viviendas no soporta el peso inicial del valor del suelo y ello permite acceder a la vivienda a los sectores de más bajos ingresos y mantener relativamente bajo el coste de la vida. El secreto, pues, de Hong Kong está a la vista: un fabuloso desarrollo capitalista sin propiedad privada de la tierra.



Singapur. Cuando el Estado es el casero y el alquiler permite bajar impuestos

Singapur es una pequeña Ciudad-Estado situada en una isla en el sudeste asiático. Su densidad de población es de 7.091 habitantes por Km2. Fue fundada como un centro comercial británico por Sir Stamford Raffles en 1819.

En 1824, en virtud de un tratado entre el Gobierno británico y los gobernantes de la vecina Malasia, se cede en perpetuidad el dominio de Singapur y todas las islas hasta 10 millas de su costa a la compañía británica East India Company y a sus herederos. Ya desde 1826 se aplicaban en la isla las leyes británicas (statutes) y los principios de la Ley de los Comunes y de Equidad típicos del derecho inglés, donde no existe la propiedad privada de la tierra.

Ello significó que, al menos en teoría, toda la tierra perteneció primero a la East India Company, luego a la Corona Británica, que la sucedió en el dominio, y actualmente al Estado. No obstante, bajo el Gobierno británico se hicieron concesiones de tierras, algunas a perpetuidad, otras en arrendamientos por 999 años y otras por períodos breves.

El dominio eminente de la tierra siempre continuó en manos de la Corona.
Singapur obtuvo el auto-gobierno en 1959 y desde 1965 es una República independiente. El Partido de Acción Popular ha ganado todas las elecciones desde entonces. Existen las libertades democráticas, pero en la práctica el Partido de Acción Popular ejerce un domino hegemónico.
Singapur se ha convertido paulatinamente en lo que es hoy día: uno de los centros financieros más importantes del mundo, con un gran desarrollo capitalista y un alto nivel de vida. No existen problemas de vivienda, a pesar de la enorme concentración de población. El sistema tiene una peculiaridad similar a la de Hong Kong: no existe la propiedad privada de la tierra.

En 1960, el Estado detentaba en forma directa el 44% de la tierra y aunque en teoría toda la tierra le pertenecía, había importantes extensiones en concesión perpetua. El Gobierno encaró un drástico programa de readquisición de tierras a través de la Land Adquisition Act de 1967 y en 1984 el 76% de la tierra estaba ya en sus manos. En 2007, en una entrevista con el autor de estas líneas, las autoridades de Singapur le informaron de que prácticamente no quedaban tierras en domino privado. La tierra se concede en arrendamientos por períodos que llegan hasta 99 años y en las concesiones se establece con precisión el destino de la misma.
Como consecuencia de este sistema, el Estado percibe grandes ingresos provenientes de la renta del suelo y ha ido disminuyendo el Impuesto sobre los Beneficios y el de Sociedades. La tasa actual de este último es del 25%.

El problema de la vivienda no existe como tal. El programa de vivienda pública es bien conocido y es un motivo de orgullo para el Gobierno. Se calcula que el 86% de la población vive en viviendas públicas, ya sea bajo régimen de arrendamiento por períodos cortos o bajo el régimen de compra de los arrendamientos a largo plazo por 99 años. Éstos se venden a precios subsidiados, ya que no incluyen el valor de la tierra. Existe también un mercado abierto en el cual los interesados pueden comprar leases a los promotores. A estos promotores se les concede la tierra por 99 años y ellos, a su vez, venden los apartamentos en sub-leasespor 99 años.

Los precios son más altos, pero lógicamente al no incluir la propiedad absoluta de la tierra y debiendo enfrentar la competencia de la vivienda pública, los precios distan de los valores especulativos conocidos en Occidente. De esta forma, Singapur ha logrado resolver sin angustias un problema que, sin embargo, atenaza a las grandes ciudades de Occidente.



Reino Unido. Un empeño laborista borrado con cada gobierno conservador

En Gran Bretaña, las tentativas para resolver el problema de la vivienda se realizaron especialmente bajo los gobiernos laboristas. Nunca tuvieron un éxito completo y siempre contaron con la oposición tenaz del Partido Conservador que, en cuanto accedía al poder, revocaba o coartaba los planes laboristas. De este proceso de marchas y contramarchas debe excluirse al Ejecutivo de Tony Blair, que no hizo absolutamente nada respecto al problema, que ahora está peor que nunca.

Para entender lo sucedido en Gran Bretaña deben tenerse en cuenta las peculiaridades del sistema británico de propiedad. No existe la propiedad romana como en España. Toda la tierra pertenece a la Corona. Existe lo que se llama el freehold (tenencia libre) que, aunque en teoría es un arrendamiento, en la práctica funciona como la propiedad romana, porque la renta del suelo es apropiada por el freeholder. Comprar un freehold en el centro de las grandes ciudades es difícil. Son concesiones que se otorgan a organizaciones (como la Iglesia) o a grandes terratenientes. No obstante, los titulares del freehold están obligados a vender en determinadas circunstancias.

Tampoco existe en Gran Bretaña la propiedad horizontal. Para poder tener un freehold hay que tener la tierra. Los dueños de apartamentos, lo más que pueden poseer son arrendamientos a largo plazo, llamados leases (que pueden llegar hasta los 99 años, aunque en las mejores zonas no pasan de 30, 40 o 60 años). Para comprar un freehold en un edificio donde hay varios apartamentos con leases, todos los arrendatarios deben ponerse de acuerdo para plantear conjuntamente la compra del edificio, tierra incluida, al Freeholder.

En 1947, el Gobierno laborista dictó leyes para adquirir compulsivamente tierra de los freeholders y dedicarlas a la construcción de viviendas sociales. Los proyectos privados se gravaban con hasta el 100% de las plusvalías, lo que desalentó la inversión. El Gobierno Conservador revocó en 1951 estas medidas e inmediatamente se desató la especulación inmobiliaria. En su turno, el gobierno laborista determinó los sitios a desarrollar y el uso que debía darse a la tierra, pudiendo urbanizar directamente o por medio de promociones privadas. El impuesto a las plusvalías originadas se reestableció, pero reducido al 40%. La construcción de viviendas sociales en régimen de arrendamiento recibió un gran impulso, luego debilitado por un nuevo Gobierno conservador. Los laboristas otorgaron en los setenta facilidades para la adquisición compulsiva de tierras.

El sistema aceleró la construcción de las viviendas sociales en régimen de arrendamiento, pero en 1979 la normativa fue derogada por Margaret Thatcher, quien poco después resolvió vender las viviendas sociales a los arrendatarios, quienes, por supuesto, las compraron. Desde entonces, el problema de la vivienda en Gran Bretaña ha adquirido proporciones colosales.

Lo importante es que ni aun en los mejores momentos, la vivienda social en arrendamiento fue suficiente para satisfacer la demanda. En definitiva: nunca tuvo el mismo impulso ni la misma continuidad que en Alemania. Si bien se hacía en régimen de alquiler, las sucesivas paralizaciones por parte de los Gobiernos conservadores y los errores de los mismos laboristas obstaculizaron su desarrollo.

Las promociones privadas carecieron de control y ayudas. Con los astronómicos valores de los freeholds, sus precios las hicieron inaccesibles para la población. Actualmente, Gran Bretaña enfrenta un gravísimo problema sin solución a la vista.



* El autor es Presidente de la International Union For Land Taxation and Free Trade y miembro del Grupo de Fulham en Londres




* Público - FERNANDO SCORNIK GERSTEIN - MADRID - 19/07/2008


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Cruzada europea contra las casas vacías

DANIEL AYLLÓN* : El Ayuntamiento de Nimega (Holanda) ofrece alquileres gratuitos de pisos privados. Y no es el único. La legislación de Holanda permite la okupación de las casas vacías cuando llevan más de un año deshabitadas y sus propietarios prefieren cederlas de forma gratuita (con la mediación de la Administración) antes que encontrarse cualquier día con un inquilino sorpresa. Cuando esto ocurre, el dueño es el que tiene que demostrar que su inmueble no llevaba más de 12 meses deshabitado si quiere echar a los intrusos.

En Suecia, la batalla contra los pisos vacíos es más contundente todavía: para evitar que aumente el parque de viviendas vacías, se potencia su alquiler y, como última opción, se derriban. El país escandinavo se apoya en la premisa de que cada vivienda privada vacía incrementa el precio del alquiler protegido, lo que provoca un mayor desembolso de las arcas públicas. Así, si se minimiza el número de viviendas vacías, se reduce el desembolso público. Además, el Estado tiene casas de propiedad compartida con los inquilinos para controlar su precio, informa Niklas Almesjö.

Con este tipo de políticas, Holanda y Suecia han logrado mantener dos de las tasas más bajas de desocupación de las Unión Europea (UE), ambas cercanas al 2%.
Más vivienda social

Pero la mano dura también es frecuente en otros países como Reino Unido, Italia, Francia, Dinamarca o Alemania. Además, excepto Italia, estos países cuentan con potentes parques de vivienda de alquiler, sobre todo de carácter social.

En Alemania, se obliga a la rehabilitación de las viviendas y, en los municipios con más del 10% de hogares desocupados, la Administración también derruye los que no se pueden alquilar.

Las leyes francesa, italiana y británica añaden un rosario de penalizaciones para los dueños de viviendas vacías. En Francia, en las ciudades de más de 200.000 habitantes con una tasa de casas desocupadas superior a la media, población en crecimiento y menos oferta que demanda, la tasa de penalización es del 10% del precio del inmueble el primer año, 12,5% el segundo y el 15% el tercero y sucesivos. "En tres años, el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda", dice Javier Burón, consejero de Vivienda del País Vasco.

Por último, el Gobierno de Dinamarca impone desde hace más de 50 años multas para los propietarios de viviendas que lleven más de seis semanas vacías. Apenas 45 días. Las multas llegan incluso por no informar al Ayuntamiento de que el domicilio lleva seis semanas vacío.

La experiencia americana

Fuera de la UE hay otras ciudades como Altanta (EEUU) en la que los inquilinos no sólo no pagan, sino que cobran por vivir en casas ajenas. En algunos de sus barrios más degradados, los especuladores dan cobijo pagado a personas sin hogar para evitar las sanciones por tener casas vacías, según informa el semanario británico The Economist. Además, en Cleveland y Baltimore (como en Alemania y Suecia) también se derriban casas desocupadas. Son las medidas más severas para un problema global.




* Rebelión - Daniel Ayllon,
Público - 14-07-2008


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Unas 600 personas protestan en Estepona contra la corrupción

LAOPINIÓN/Málaga* : Los ciudadanos de Estepona salieron ayer a la calle para protestar por la corrupción en el municipio. Los convocantes leyeron un comunicado en el que expresaron su indignación por los hechos que se investigan en la trama urbanística. Los ecologistas también se unieron a la manifestación.

La manifestación, no obstante, no fue masiva y sólo unas 600 personas, según la Policía Local, se sumaron a la manifestación convocada ayer a las 21.30 horas por la plataforma de asociaciones de vecinos de la localidad para pedir elecciones municipales, tras los acontecimientos surgidos a raíz de la operación ´Astapa´ contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento. Aunque se esperaba una mayor afluencia, los manifestantes alzaron la voz para pedir justicia y transparencia en el Consistorio.
El portavoz de la plataforma, Miguel Quirós, aseguró que con la manifestación los vecinos expresan su rechazo a determinadas actuaciones impulsadas por el equipo de gobierno del ex alcalde Antonio Barrientos, como la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles o la creación de la tasa de basura y alcantarillado. Pero también los convocantes denunciaron la presuntas irregularidades cometidas por integrantes de la corporación.
En la movilización se oyeron gritos en contra del concejal imputado en el caso Francisco Zamorano y frases como ´dimite que el pueblo no te admite´.
La manifestación no tuvo el respaldo que se esperaba, ya que comenzó con unas 250 asistentes en la plaza Antonia Guerrero y terminó con unas 600, según datos de la Policía Local.
Reunión con Valadez. Horas antes de la manifestación los portavoces de la plataforma vecinal tuvieron la oportunidad de reunirse con el nuevo alcalde, el socialista David Valadez. Una reunión que la plataforma calificó de positiva. Miguel Quirós afirmó que Valadez les ha comunicado que hará lo posible por revisar la subida de impuestos, que los cargos de confianza se contarán con una mano y que los empleados se contratarán a través de un concurso público. Con estas promesas, la plataforma le dará un margen de confianza al nuevo regidor.



* La Opinión de Málaga - NOELIA ANDRADE. ESTEPONA - 19 de julio de 2008
Foto: Convocatoria. Unas 600 personas se sumaron ayer a la manifestación contra las presuntas irregularidades cometidas por cargos del Ayuntamiento de Estepona. N.ANDRADE, laopiniondemalaga.es

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Los ayuntamientos rebajan de mala gana los requisitos del alquiler social

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los municipios metropolitanos comienzan a acatar a regañadientes la nueva ley catalana de vivienda --vigente desde abril-- y han comenzado a rebajar los requisitos establecidos para el acceso a los alquileres protegidos.

Una de las exigencias más polémicas, la del empadronamiento durante determinados años en el municipio donde se ubican las viviendas, ha sido rebajada con la ley que redactó el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en manos de ICV.
Ahora, localidades que han pedido hasta 25 años de empadronamiento, como Mollet del Vallès, o 10 años, como Santa Coloma de Gramenet o Sant Cugat del Vallès, no podrán requerir más de tres años de padrón a los solicitantes.
El Síndic de Greuges, los sindicatos, colectivos de inmigrantes y fundaciones privadas se han manifestado contra esta barrera de entrada a los pisos protegidos que excluye a quienes se hayan mudado de municipios, a los inmigrantes o a quienes quieren mudarse de localidad.
Tras atender las quejas, el Departament de Medi Ambient incluyó en la ley de vivienda la prohibición de las exigencias de largas residencias, una medida utilizada por los ayuntamientos para garantizar pisos a sus ciudadanos más antiguos y a aquellos que siempre han votado en el municipio. El borrador de la normativa también fijaba unas exigencias máximas para los pisos de protección oficial de compra, pero la presión de los ayuntamientos hizo desaparecer esta modificación.

PRIMEROS SORTEOS
L'Hospitalet de Llobregat será el primer municipio metropolitano que exigirá apenas tres años de empadronamiento para sus pisos sociales de alquiler (antes eran cinco) que sorteará después del verano. La nueva norma también será acatada por Sant Cugat del Vallès en su próximo sorteo de finales de año.
"No tenemos más remedio que cumplir la ley. En nuestra web seguimos anunciando que pedimos 10 años de empadronamiento para no crear confusión entre los solicitantes que ya han participado en otros sorteos", explica Lluís Hosta, director de Promusa, que construye la vivienda pública de Sant Cugat. Pese a la rebaja obligada en los pisos de alquiler, el municipio seguirá exigiendo 10 años de empadronamiento para los de compra.
Solo Barcelona pide dos años para sus pisos de alquiler, una exigencia inferior al techo fijado por la nueva normativa. El Ayuntamiento de Rubí ha concebido una opción más salomónica: no impide la entrada de vecinos de otros municipios, pero otorga mayor puntuación a quienes tengan más años de residencia.
"Somos más partidarios de los cinco años que de los tres. De todas formas, acataremos la nueva ley en nuestras próximas promociones", explica Jordi Serra (PSC), alcalde de Badalona. "Aunque también sería justo que todos los municipios reconociéramos la realidad metropolitana y diéramos oportunidad a los vecinos de otras localidades", añade.

DESEQUILIBRIO METROPOLITANO
Santa Coloma de Gramenet, que siempre ha pedido 10 años de empadronamiento para sus pisos protegidos, acatará la norma, pero considera que, por ser un bien escaso, la vivienda protegida debe ser destinada a quienes hayan demostrado más fidelidad y estabilidad en el municipio, según Carme Moraira, concejala de Serveis Territorials.
Amadeu Iglesias, director gerente del Incasol, asegura que existe un desequilibrio en la construcción de pisos de protección oficial entre los diferentes municipios metropolitanos, que hacen un esfuerzo muy diferente para construir pisos sociales. Las desigualdades se intentarán superar con el registro único de solicitantes de pisos protegidos que, en teoría, eliminará las barreras creadas entre los municipios.




* El Periódico - DAVID PLACER - 19-07-2008
Foto: Unos obreros trabajan en una promoción de 45 pisos protegidos en Sant Joan Despí /JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com

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El juez mantiene imputado al ex edil de Urbanismo de Telde por negociaciones prohibidas

EUROPAPRESS/GranCanaria* : El juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº5 de Telde decidió hoy mantener la imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos al ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento grancanario, Ildefonso Jiménez, que prestó declaración dentro del denominado 'Caso La Mareta'.

Además de Jiménez también comparecieron como imputados el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, a quienes el juez les mantiene también las imputaciones por presunto tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, "a resultas de las diligencias de investigación actualmente en curso", según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.

Las diligencias fueron instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.

El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL

Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.

El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.

Según fuentes consultadas por Europa Press el edil del Consistorio de Telde Ildefonso Jiménez, el empresario Julián Gómez del Castillo, y el ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación.





* Europa Press - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Jul 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad

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La CHJ recurre el desarrollo de El Torreón en Segorbe por la falta de recursos hídricos

LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Segorbe ha anunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha interpuesto un contencioso, ante el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, contra el acuerdo de la Conselleria de Territorio en el que aprobaba el desarrollo del sector II, zona conocida como el Torrejón, porque consideran que no hay agua suficiente para abastecer a las 651 viviendas que se prevén construir, según explicó ayer el alcalde, Rafael Calvo.

Esta decisión, se ampara, según Calvo, en que la CHJ dice que no tiene constancia de que el ayuntamiento haya solicitado el informe que avale la suficiencia de recursos hídricos. Sin embargo, tanto el concejal de Urbanismo, Ángel Berga, como el alcalde aseguran que en dos ocasiones -la última fue el 7 de de enero de 2008- el ayuntamiento ha pedido a la confederación el informe sobre el sector II.
Berga ha recordado que el 13 de septiembre de 2006 se aprobó el documento de homologación que se remitió a las administraciones competentes para que dijeran "en qué puede adolecer o si el sector está bien". Todas emitieron su informe, según Berga, "excepto la CHJ que, no sabe no contesta", y a quien solicitaban 125.000 metros cúbicos de caudal anual de agua para esas viviendas.
Con el paso del tiempo, la Comisión Territorial de Urbanismo, con todos los expedientes excepto el de la confederación, insta al consistorio de Segorbe a que haga este informe técnico sobre el caudal del agua para saber "las necesidades del sector", comenta Berga.
El estudio, realizado por Facsa, refleja que "Segorbe tiene 1.552.594 metros cúbicos de consumo y tenemos una reserva de agua para toda la población de 2.100.000 metros cúbicos. Se ve que tenemos un margen de 650.000 metros cúbicos al año para el crecimiento que se había previsto en el PGOU", explica Berga. En este sentido, Calvo matiza que en el informe de reducción del caudal de agua, remitido por el ente central hace algunos meses, la confederación hidrográfica reconoce que hay más que suficiente en la reserva.




* Levante-EMV - Rosa Piquer, Segorbe - 19 de julio de 2008
Foto: localización. Imagen de los terrenos en los que se quiere construir.
rosa piquer, levante-emv.com

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Alocén se suma a la irracionalidad urbanística

Ecologistas en Acción* de Guadalajara y más de 200 ciudadanos, han presentado alegaciones al desproporcionado e insostenible Documento de Avance del Plan de Ordenación Muncipal de Alocén para los próximos años, propuesto por el Ayuntamiento. La propuesta es triplicar el suelo urbanizable con una previsión de crecimiento poblacional de más de un 800%.

Ecologistas en Acción alega, entre otras cosas, que 955 hectáreas de su término municipal están incluidas en la Red Natura 2000 (Lugar de Interés Comunitario —LIC— y Zona de Especial Protección para las Aves —ZEPA— "Sierra de Altomira"). Este espacio protegido es muy sensible a cualquier ampliación de habitantes por el factor humano de carga que representa. El término municipal es zona de dispersión y nidificación de especies como el águila real, águila perdicera, halcón peregrino, lechuza campestre o búho real entre otros.

Asimismo se pretende construir en una pendiente, un lugar de alto valor paisajistico, en zona de huertos, en medio de una crisis inmobiliaria (de hecho en la actualidad quedan por vender tres chalés de una urbanización que se construyó en el año 1.992 con financiación de Caja Guadalajara y que acabó en un cierto descalabro económico. Hay en venta al menos tres casas de segunda mano, más otras tres de nueva planta. Además, recientemente, se han sumado a la oferta doce viviendas unifamiliares construidas en antiguos terrenos de la urbanización antes citada y propiedad, en su día, de Caja Guadalajara).

El POM propuesto incumpliría a su vez la Ley estatal del Suelo 8/2007, de 28 de mayo. El proyecto incumpliría, de llevarse a cabo su promoción, los siguientes artículos:
- Los puntos 1 y 2 del articulo 2: “Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 4: “Derechos de los ciudadanos”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 10: “Criterios básicos de utilización del suelo”;
- El punto 1 del articulo 13:” Utilización del suelo rural”;
- El epígrafe a) del punto 1 del articulo 22: “Valoración en el suelo rural”;
- Y, la Disposición Transitoria cuarta “Criterios mínimos de sostenibilidad”

Ecologistas en Acción denuncia públicamente que la LOTAU no justifica un Plan de Ordenación Municipal si no se han promovido más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados por año en los últimos cuatro años, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el Art.. 24.5 del TRLOTAU debería haberse dotado de un Plan de Delimitación de suelo Urbano (PDSU). Téngase en cuenta que estamos hablando de un municipio donde realmente viven durante todo el año no más de una treintena de personas, por más que figuren censadas 184 personas, muchas de ellas atraídas por las bonificaciones fiscales que concede el Ayuntamiento a los que se empadronan.




* Ecologistas en Acción de Guadalajara - 16 de julio 2008
Foto: Alocen (Guadalajara) - ecologistasenaccion.org

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La Vila: El TSJ anula la legalización del Atrium porque es contraria al interés público

ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado un nuevo varapalo al proceso de legalización del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, al anular el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), la herramienta de planeamiento con la que se legalizó su exceso de volumen.

El TSJ considera que el Ayuntamiento de La Vila, gobernado entonces por el PP, "antepuso los intereses particulares de Hotel Luna [empresa promotora del Atrium] a los intereses generales del municipio", explicó ayer el abogado del concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, autor del recurso.

El PRIM aprobado el 21 de julio de 2005 contemplaba varias medidas compensatorias por la infracción urbanística: la cesión de 21.000 metros cuadrados de suelo al municipio, abonar 1,5 millones de euros para obras públicas en la zona de la Cala, demoler 14.000 metros cuadrados de la estructura y una sanción de 12 millones de euros. A cambio, el Consistorio otorgó una nueva licencia al hotel. Aunque el PRIM está anulado por esta nueva sentencia del TSJ -cabe recurso de casación- la licencia es válida, según manifestaron los servicios jurídicos de Hotel Luna, ya que "se otorgó sobre la base del planeamiento vigente en aquel momento". Por lo tanto, es "válida, firme y no se puede recurrir". Hotel Luna se apresuró ayer a pedir el "reintegro" de las cantidades aportadas. La empresa podría pedir al Ayuntamiento una indemnización por el lucro cesante superior a 100 millones de euros.

Esta sentencia del TSJ contraria a la actuación del Consistorio se suma a la que hace pocos días anuló la sanción de 12 millones de euros, debido en este caso a que la notificación le llegó a la empresa cuando el expediente había caducado.




* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 18/07/2008
Foto: La Vila_Joiosa (Alicante) - elpais.com

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Imputada en la trama de Estepona la hija del presidente del Senado

ELPAÍS/Málaga* : La juez que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) formalizó ayer la imputación por cohecho y prevaricación a Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, que es coordinadora del área municipal de Urbanismo.

La juez no ha adoptado ninguna medida cautelar contra Patricia Rojo, a quien ayer tomó declaración durante una hora. A la salida del juzgado, ni Rojo ni su abogado quisieron hacer comentario alguno a la prensa.

Abogada de profesión, Patricia Rojo fue contratada por el ex alcalde socialista Antonio Barrientos en su primer mandato (2003-07), en el que gobernó en coalición con el Partido Estepona (PES), fundado por ex dirigentes del Grupo Independiente Liberal (GIL). Barrientos encomendó a Rojo la gerencia municipal de Urbanismo. Cuando la policía realizó las detenciones y los registros de la operación Astapa el pasado 17 de junio, registró el despacho de Rojo. Pocos días después, la coordinadora de Urbanismo fue citada a declarar a comisaría imputada por delitos de cohecho y prevaricación, que ayer fueron ratificados por la juez instructora, Isabel Conejo.

Justo un mes después de la detención de Barrientos, el pleno de Estepona eligió ayer nuevo alcalde al también socialista David Valadez, que recibió los apoyos de seis de los siete concejales que le quedan al PSOE -la edil María Miralles no acudió al pleno-, y los cuatro votos de los otros partidos que formaban la coalición de gobierno, dos del PA, uno de IU, y otro de Estepona 07. También votó a favor el edil imputado en la trama y expulsado del PSOE Francisco Zamorano.

Valadez, de 31 años, fue uno de los concejales que informó a la ejecutiva provincial del PSOE de las presuntas irregularidades del equipo de gobierno. En la anterior legislatura, se enfrentó a Barrientos, que llegó a destituirle como portavoz del grupo municipal socialista cuando se negó a asistir a un pleno para aprobar un convenio urbanístico. Ayer anunció que su primera medida será reducir "considerablemente" el sueldo de alcalde, que Barrientos fijó en 97.210 euros anuales, el sexto más alto de España.

La elección de Valadez fue sorprendente y su candidatura se decidió minutos antes del pleno. En principio, el PSOE se había inclinado por el hasta ahora concejal de Urbanismo Rafael Duarte. Pero ayer la juez también se ratificó en imputarle delitos de prevaricación, cohecho y omisión del deber de denunciar. La dirección del PSOE, que a diferencia de los otros ediles imputados mantiene su confianza en Duarte, prefirió "no correr riesgos", por lo que, a petición del propio edil, optó por retirar su candidatura.




* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Estepona - 18/07/2008
Foto: estepona_ayuntamiento - andaluciarustica.com

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Madrid: Naturaleza acosada

ADN/Madrid* : Un informe alerta de la amenaza urbanística. El crecimiento urbano ahoga el medio ambiente. Un estudio sobre los Espacios Naturales Protegidos desvela que "están al borde del desastre". El motivo: la dinámica "que une urbanización, autovías y centros comerciales".

La Comunidad tiene diez espacios naturales con protección jurídica. Son 368.296 hectáreas, el 13% del territorio. Ecologistas en Acción ha repasado ocho de ellos (Parques Regionales del Curso Medio del Guadarrama, del Jarama y Manzanares y de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Natural de las Cumbres, Circo y Lagunas de Peñalara, Soto de Henares, Reserva de El Regajal-Mar de Ontígola, Pinar del Abantos y Laguna de San Juan) y su diagnóstico no es nada halagüeño: la presión de las infraestructuras y el abandono de su cuidado los degradan de forma alarmante.

La Consejería de Medio Ambiente no se contuvo y acusó a los ecologistas de mentir: "El informe aporta datos falsos y presentan un panorama apocalíptico e irreal".

Hoy cruzan suelo protegido ocho autovías o autopistas, dos líneas del AVE, 25 carreteras ordinarias, cuatro vías de cercanías y una de metro, según el documento. Además, la M-61 tocará la Cuenca Alta del Manzanares, y la futura unión entre la A-6 y la M-505 afectará al Parque del Guadarrama "con un informe negativo de Medio Ambiente", dice Jesús Sánchez, de Ecologistas. La Consejería afirma que la configuración norte-sur de muchos parques "obliga a que sean atravesados por infraestructuras". Las vías dan servicio a los nuevos ensanches urbanísticos. El estudio denuncia que en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares "la edificación excede el suelo permitido, con la aquiesciencia de la Consejería". "Por ejemplo, en Manzanares el Real ya se ha agotado el terreno urbanizable". El ejecutivo reitera que "se cumple la legislación medioambiental".

"Carrera de locos"

Al mismo tiempo, los ecologistas explicaron estar en "una carrera de locos" contra la Consejería de Transportes por la M-501. "Nosotros por conseguir los 496.000 euros de fianza que paren las obras y ellos por terminar la vía en agosto". Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una nueva sentencia que declaraba ilegal este desdoblamiento.

MARIPOSAS EN GRAVE PELIGRO

En la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola proliferan especies de mariposas exclusivas. La Consejería de Medio Ambiente tiene allí un centro de cría y estudio de nivel mundial. Sin embargo, la basura se ha acumulado alrededor del humedal llamado Mar Chico. Además, cartelones publicitarios se erigen en el cerro Pinar de los Frailes. Todo ello "amenaza de muerte" las 629 hectáreas de este espacio y, por lo tanto, la riqueza de lepidópteros de este entorno.




* ADN - Raúl Rejón - 17.07.2008
Foto: madrid M30 - A.Ferreras (El País)

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El Derrumbe: miles de Torres Gemelas

ANTONIO MAIRA* : Por responsabilidad directa de nuestro equipo neoliberal: El Pacto del Ladrillo Fijo -formado por los sucesivos del gobiernos del bipartito (PP, PSOE y sus aliados en los gobiernos autonómicos)-; que han creado un Sistema de Alternancia Perfecta dentro de la mal llamada “Transición Española”, se acaba de caer la primera parte de un tinglado económico cuyos gestores evalúan en decenas –o centenas- de miles de millones de euros.

El sector inmobiliario en quiebra y el sector bancario con terribles “agujeros negros”. Gobierno, PP, instituciones empresariales, Falsimedia y los equipos económicos institucionales y privados –todos los responsables del desastre- recomiendan un ajuste neoliberal duro, mientras los sindicatos “sistémicos” reparten ungüentos y bendiciones o, sencillamente, desaparecen en el polvo de los primeros derrumbes. "Felicitamos" a González, Aznar, Zapatero y Rajoy y expresamos, con profundo dolor (por las terribles consecuencias que le esperan), nuestro deseo de que el pueblo español –trabajadores y subtrabajadores en general; especialmente las mujeres, los parados y semiparados, los jubilados y los “jóvenes menores de cuarenta años”-; consigan remover los escombros y construir un país totalmente nuevo. En “Leer más”: primeras noticias de una información que ampliaremos inmediatamente y "El Gran Encubrimiento: Durante más de un año nadie sabe nada de la crisis".




* inSurGente.org - 15 julio 2008

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Investigan la conexión de ´Malaya´ con la trama urbanística manchega

LAOPINIÓN/Málaga* : El ´caso Malaya´ estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados.

No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí "con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha".
El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".
Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.
Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.
Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.
Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.




* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA - 17 de julio de 2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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El GOB acusa al Govern de actuar con la misma política ambiental que el PP

DIARIODEMALLORCA/Palma* : El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha denunciado que el actual Govern actúa conforme a las políticas territoriales y ambientales iniciadas por el Partido Popular en la legislatura anterior.

Los ecologistas han manifestado su decepción ante la gestión del Ejecutivo en materia ambiental en un informe que, bajo el título "Mallorca, un toc d´alerta", pretende hacer balance del primer año de legislatura del equipo de gobierno de Antich.
La organización critica en este documento el "exagerado crecimiento de la construcción" en Balears que, según su criterio, no responde a las necesidades reales de vivienda en Mallorca. Los ecologistas reiteran también su oposición a la reciente Modificación del Plan Territorial de Mallorca, que mantiene las polémicas Áreas de Reconversión Territorial (ART).
El GOB también cuestiona la gestión de espacios naturales por parte del Ejecutivo autonómico, al que acusan de "seguir la línea marcada por el Partido Popular" por lo que se refiere a su protección. Las áreas que más preocupan a los ecologistas son la Península de Llevant, Cala d´Hort y la zona de Son Bosc, apunto de convertirse en un campo de golf.
En materia de transporte, la institución se muestra preocupada ante la posible construcción del segundo cinturón y las ampliaciones del puerto de Palma y del Aeropuerto de Son Sant Joan.
Asimismo, los ecologistas tratan en su informe la construcción de polígonos industriales, la actividad de las canteras, la construcción de infraestructuras energéticas y la gestión del agua y de los residuos sólidos en las islas.




* Diario de Mallorca - PAU PALANCO. PALMA - 17 de julio de 2008
Foto: El GOB ya convocó manifestaciones el año pasado contra la política territorial del PP. / D. Martínez, diariodemallorca.es

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La Galicia del galpón con yacusi

LAVOZDEGALICIA* : El vecino quiere construir un galpón. Pero el suelo es rústico. No se puede edificar. No se puede dar licencia. Pero el concejal encuentra la solución. Y le dice al vecino: «Ti vai facendo». El edil acaba de inventarse una nueva fórmula: la licencia verbal. Ese permiso inexistente convierte al vecino en un infractor y potencial delincuente urbanístico.

Ya nada será igual desde entonces y el permiso hablado del concejal acabará convirtiéndose en un chalé de 2.000 metros cuadrados, con tres alturas, piscina y yacusi.

Es un ejemplo real registrado en Galicia y que salió a relucir ayer en una nueva jornada del curso de verano Nuevas formas de delincuencia, que organiza la UNED con el patrocinio del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) del Ministerio del Interior. Se hablaba de los delitos urbanísticos e inmobiliarios y de la respuesta policial ante esos hechos. Antonio Roma Valdés, fiscal del Tribunal Superior de Xustiza especializado en urbanismo, destacó de todas formas que la situación de Galicia está muy alejada de los escándalos detectado en el sur de España, aunque reconoció que se detectaron zonas de la comunidad en la que los chalés «aparecen» sin que nadie se hubiese dado cuenta anteriormente de su construcción.

Este especialista recordó además otro tipo de permiso municipal que se utiliza en algunos casos. Se trata de la licencia condicionada, instrumento que se emplea cuando para realizar la obra se necesita la autorización de otros organismos, como consellerías o ministerios. Entonces, el ayuntamiento permite que se inicien las obras. El problema llega al cabo de los meses, cuando alguno de los otros organismos informan negativamente la licencia y la edificación está concluida. La única solución entonces es la demolición.

Hipólito Pérez Novo, director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, apuntó que la Xunta ejecutó en los dos últimos años más de 800 expedientes por infracciones urbanísticas cometidas en la comunidad. Se hizo por medio del Plan de Inspección Urbanística, que tramitó en el 2006 y en el 2007 un total de 384 expedientes informativos sobre irregularidades urbanísticas, y se han tramitado 168 asuntos de reposición a la legalidad.

En dos años, 800 expedientes

El citado plan autonómico también impugnó en esos dos años 194 licencias urbanísticas por infringir el ordenamiento jurídico. En total, se tramitaron más de 800 expedientes por irregularidades. Llaman la atención las sanciones impuestas por la Xunta por infracciones urbanísticas consideradas muy graves y que superaron los cinco millones de euros en solo dos años. Además, se pagaron multas por más de un millón de euros que se destinaron a cumplir las órdenes de derribo dictadas por la Xunta de alrededor de 40 edificaciones.





* La Voz de Galicia - José Manuel Pan - 17.07.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

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El Ayuntamiento de Alicante permite una industria tóxica sin licencia

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Díaz Alperi, del PP, consiente la actividad de una fábrica de lacados de aluminios, instalada en la partida de Agua Amarga, al sur de la ciudad, que no cuenta con licencia municipal y cuyos vertidos son tóxicos, según un informe pericial.

La carencia de la licencia de actividad de la fábrica está recogida en un informe del asesor jurídico del Consistorio firmado el pasado día 2. Los vertidos de la instalación a un pozo ciego también son objeto de una investigación judicial a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción del País Valenciano y motivo de un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La industria Eurocolor Acabados Metálicos, S A, fue clausurada mediante un decreto de la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el 6 de noviembre de 2007. El decreto incluía la denegación de la licencia de actividad y la suspensión inmediata de su funcionamiento. Esa orden fue revocada el 24 de enero de este año mediante otro decreto de un departamento municipal de rango inferior, la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este negociado justificó la resolución en "la importancia de los prejuicios que pudieran causar con el cese de la actividad". El decreto de la Gerencia se produjo dos días después de que la empresa activase la vía de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el supuesto perjuicio que alega la firma es cuestionado por el asesor jurídico del Ayuntamiento en un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3. El letrado asegura que la empresa no ha acreditado "los gravísimos" perjuicios que le ocasionaría el cese. El informe también subraya que Eurocolor "nunca dispuso de licencia" para la actividad que pretende realizar.

La toxicidad de los vertidos, que la fábrica realiza a un pozo, dado que carece de red de alcantarillado para sus aguas residuales, se recoge en un informe pericial realizado por el Instituto de Medicina Legal de la Universitat de València para el juzgado que instruye la denuncia de los ecologistas. "La inyección directa de las aguas depuradas de la empresa Eurocolor constituye una mala solución técnica y un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas", concluye el estudio.




* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 17/07/2008
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com

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Amplían otra vez la querella contra el alcalde de Arona

CANARIAS7/Tenerife* : El alcalde de Arona se enfrenta a una nueva ampliación de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2007. El abogado Felipe Campos ha llevado al Juzgado 23 nuevas licencias concedidas supuestamente de manera irregular entre febrero y junio del presente año.

El abogado Felipe Campos ha presentado en los Juzgados de Arona una segunda ampliación de la denuncia por prevaricación y delitos continuados contra la ordenación del territorio contra el alcalde del municipio, el nacionalista José Alberto González Reverón, y los nuevos concejales del grupo de gobierno. La denuncia recoge 23 nuevas licencias concedidas supuestamente de manera ilegal que se suman a las casi 300 que ya investiga el juez Nelson Díaz Frías y por las que están imputados el alcalde y siete concejales del anterior grupo de gobierno municipal.

Las 23 nuevas denuncias corresponden a otras tantas licencias concedidas entre febrero y junio de este año que, como en las 300 anteriores, tienen informes jurídicos negativos. Felipe Campos denuncia además que la comisión de gobierno local ha concedido licencias de primera ocupación a construcciones cuyas licencias de obra mayor «son presuntamente delictivas y están dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2007».

En abril

Felipe Campos ya presentó una primera ampliación a la denuncia el pasado mes de abril, donde incorporaba más de 50 nuevas licencias a su juicios ilegales concedidas entre enero y diciembre de 2007 a las 217 licencias y los 79 contratos supuestamente irregulares denunciadas por la fiscal María Farnés Martínez. La mayoría de esas licencias las concedió el grupo de gobierno «cuando ya estaban todos imputados».

El abogado hace especial hincapié en que con al ampliación anterior y con la ahora presentada ya no sólo están involucrado el anterior equipo de gobierno, sino que también los está el nuevo, que salió de las urnas en mayo de 2007-

En la nueva denuncia, Campos alude asimismo a un funcionario municipal «que ha aparecido ahora y que se presta para dar cobertura legal a las licencias concedidas de manera irregular». El abogado considera que a este funcionario «se le tiene también que imputar» y sale además en defensa de la jurista municipal que «durante años ha mantenido su criterio y ha elaborado infames jurídicos desfavorables a las licencias que luego ha concedido el grupo de gobierno y que han sido, en la mayoría de los casos, la base de la querella presentada por la Fiscal Anticorrupción».

El conocido como caso Arona ha llevado ya a cuatro personas a prisión, aunque todas están en la calle en libertad bajo fianza, y mantiene imputados al alcalde y a los siete concejales del anterior equipo de gobierno. Los ediles están imputados por prevaricación y corrupción urbanística continuada.




* Canarias 7 - R.R.
Santa Cruz de Tenerife - 17 julio 2008

Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com

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Sanidad y ladrillos

MONCHO ALPUENTE* : Un banco es un lugar en el que te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Este impecable axioma de la ley de Murphy me viene a la cabeza mientras leo un dossier preparado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) sobre los nuevos hospitales y los nuevos convenios sanitarios de la Comunidad. El Gobierno del PP -informan- ha aprobado introducir la gestión privada en todos los hospitales y centros sanitarios públicos.

Los enfermos ya no serán pacientes, aunque necesitarán grandes dosis de esa virtud heroica, sino clientes, y ya se sabe que para las empresas privadas hay clientes que no se quieren ver ni en radiografía; enfermos crónicos y personas mayores generan más gastos que beneficios, y los beneficios son la única razón de ser de estas empresas. El paraguas de la sanidad pública ya estaba agujereado, aunque muchos de sus agujeros habían sido creados o ampliados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, para vender, y vendernos, al mejor postor, su nuevo modelo sanitario.

En la cabecera del informe de la CAS figura el falso cartel de una falsa película titulada Piratas de la Sanidad Pública, protagonizada por Esperanza Aguirre, que aparece acompañada por el renegado Lamela y el constructor Florentino Pérez. Cambios de última hora sustituyeron a Lamela, el que tomó al abordaje el Severo Ochoa, por Güemes, mucho más fotogénico. La presencia del galáctico Pérez no es gratuita; nada sale gratis cuando se trata con estos tiburones de aguas cálidas. Al olor de la sangre, estos escualos, a la desbandada por la explosión de la burbuja del ladrillo, se ceban ahora en la depauperada salud pública, construyen hospitales y los gestionan con indisimulado afán de lucro. Están en su derecho, derecho que les concedió la ley estatal 15/97, votada por todos los grupos parlamentarios salvo IU y BNG. El pasado 21 de mayo, Izquierda Unida presentó ante la mesa del Congreso una proposición de ley que impediría la cesión de centros y servicios sanitarios a empresas con ánimo de lucro. Pero los zorros ya están a cargo del gallinero y se resistirán a ser desalojados.

Sabedores de que el cazadero inmobiliario que esquilmaban a conciencia, mala conciencia, estaba a punto de agotarse, los babélicos constructores de imperios de hormigón cambiaron ladrillos por enfermos y urbanizaciones por hospitales, y se supone que tratarán el nuevo negocio con la misma sensibilidad con la que trataron el anterior, una sensibilidad de cemento armado. Empresas como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC-C Madrid, Hispánica o Apax Partners edifican nuevos hospitales y gestionan los antiguos. En Aranjuez, Coslada, Vallecas, Arganda, Coslada, Valdemoro, Parla o Majadahonda, la Comunidad de Madrid ha hipotecado, con una auténtica hipoteca basura, la salud de los madrileños durante los próximos 30 años. Durante ese tiempo, los madrileños pagaremos el alquiler de los hospitales privados, privados de camas, de pruebas diagnósticas que vayan más allá del saque usted la lengua y hasta de papel higiénico. Si está usted buscando una oportunidad para morirse en Madrid, hágalo ahora, después le resultará mucho más incómodo, caro y doloroso. Sigo leyendo el dossier de la CAS y me corrijo: en el caso de pacientes privados o de otras áreas, no se limitará el acceso a pruebas diagnósticas o intervenciones, sino todo lo contrario, con el fin de aumentar los beneficios.

Las camas han vuelto a los pasillos del hospital público La Paz, titulaba este diario ayer. Con el nuevo modelo sanitario madrileño, las camas desaparecerán probablemente de los pasillos, y de las habitaciones, también, pero se supone que las de los pasillos las quitarán antes cuando reduzcan, como está previsto, el número de camas por habitante para optimizar el servicio. Una optimización perfecta era la que mostraba la película Cuando el destino nos alcance. En el filme, a los ancianos que se presentaban como candidatos a la muerte voluntaria les ofrecían un placentero viaje virtual de despedida antes de reciclar sus cuerpos en proteínas para alimentar a una humanidad desnutrida y famélica. Sólo una minoría de privilegiados, la de los gestores del sistema, vivía en mejores condiciones. Pero al menos, en el filme, la que gestionaba la muerte y el reciclado era una empresa pública.




* ELPAIS.com - Opinión - 16/07/2008

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Julián Muñoz: «Yo firmaba lo que me decía Jesús Gil, nunca leí un papel»

IDEAL* : Si hay que creer en su palabra, el mayor error de Julián Muñoz -ex alcalde de Marbella, novio de Isabel Pantoja y recluso de la penitenciaria de Alhaurín- fue fiarse del difunto Jesús Gil y Gil, que también fue regidor de la citada localidad malagueña y otras muchas cosas. Al menos ese es el mensaje que traslada machaconamente cada vez que tiene que comparecer ante un juez, algo que ocurre con inusitada frecuencia en los últimos tiempos.

Ayer, Muñoz estuvo en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Granada, pero no como imputado -que es lo usual-, sino como testigo. Una de las partes personadas en el juicio que se sigue contra José Ávila Rojas quería escuchar lo que tenía que decir Muñoz sobre las dos operaciones de compraventa de fincas que han llevado al constructor granadino al banquillo, toda vez que dichos tratos tuvieron lugar en Marbella. Ávila Rojas está acusado de un presunto fraude al fisco que ascendería a varios millones de euros. La Fiscalía reclama para él una pena de ocho años de cárcel.

Famélico

El ex alcalde marbellí no aportó nada al juicio. Muñoz se presentó como una marioneta de Jesús Gil y Gil en materia urbanística. Así que no tenía ni idea del contenido de los convenios que afectaban a las propiedades de Ávila Rojas objeto del pleito. Admitió que su firma y rúbrica figuraban en los citados documentos, pero reiteró que ignoraba por completo lo que decían.

Es lo que sucedía siempre, según su testimonio. Muñoz firmó unos 700 convenios urbanísticos pero nunca leyó ni la letra pequeña ni la grande. Él se limitaba a firmar lo que Gil y Gil le ponía delante. «Jamás he gestionado un convenio urbanístico. Yo firmaba lo que me decían Jesús Gil o Urbanismo, nunca leí un papel. Preguntaba si todo estaba bien y firmaba», declaró.

Muñoz, que dijo conocer superficialmente a Ávilas Rojas y cuyo aspecto es famélico, no se salió del guión. Durante los diez minutos que duró su comparecencia, repitió una y otra vez el mismo mensaje.

Antes que Muñoz, prestó testimonio el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', que participó en una de las dos compraventas de Ávila Rojas que están bajo sospecha. 'Sandokán' tampoco dijo gran cosa.

Ávila Rojas, 'Sandokán' y Julián Muñoz están involucrados en el 'caso Malaya', que pretende señalar a los culpables del saqueo que sufrió el Ayuntamiento de Marbella durante años.



* Ideal - Granada - 16.07.08 -C. MORÁN
Foto: marbella banus - malagaweb

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Alcoy: Sin precedentes

INFORMACIÓN* : El polémico proyecto del Ayuntamiento de Alcoy para construir un hotel en pleno corazón de la Font Roja, junto al santuario, contrasta abiertamente con lo que se ha hecho en las últimas décadas en el resto de espacios protegidos de la Comunidad. La presión urbanística es una amenaza para más parques naturales, pero en ningún otro existe un establecimiento de grandes dimensiones como el que aquí se plantea, con la única excepción de los dos grandes hoteles de El Saler, dentro de la Albufera de Valencia, construidos antes de la declaración del parque.

La intención del equipo de gobierno de Alcoy de levantar un hotel de gran capacidad junto al santuario de la Font Roja ha desatado una fuerte polémica en toda la comarca acerca de la idoneidad de un establecimiento de este tipo en pleno corazón del parque natural. Mientras el PP alcoyano defiende que la ubicación propuesta atraería a un mayor número de turistas, los contrarios al proyecto han denunciado el impacto que tendrían los edificios de nueva construcción con las 55 habitaciones, 10 plazas de albergue, un "spa" con piscina cubierta, cafeterías y restaurantes y un aparcamiento subterráneo. Además, critican que se opte por una solución sin apenas precedentes en la Comunidad.
En ningún otro parque natural de todo el territorio autonómico existe un complejo hotelero como el que se prevé en la Font Roja o, de haberlo, se trata de construcciones anteriores a la protección de estos espacios. Así, el único lugar donde se levantan establecimientos de gran similitud es El Saler, dentro del parque natural de la Albufera de Valencia, donde el parador de turismo y un cercano hotel suman 330 habitaciones. No obstante, los dos son anteriores a la catalogación de este lugar como parque natural, en 1986.
Hay que tener en cuenta además que estos hoteles se hallan en una zona de urbanización consolidada, al igual que otro de 48 habitaciones ubicado en el casco urbano de la pedanía de Mareny de Vilxes. En la zona existe también algún establecimiento más, pero todos ellos también dentro de núcleos urbanos como El Saler o El Perellonet.
Al margen de esto, el único hotel de gran capacidad de la Comunidad ubicado en un parque natural es el Balneario de Fuente Podrida, en las Hoces del Cabriel. Cuenta con 24 habitaciones y 37 chalés de hasta 8 plazas. No obstante, también se trata de una instalación construida hace muchos años -y la declaración de parque natural de este enclave es muy reciente-, que además es mucho menos agresiva con el entorno que otros establecimientos de costa. Otra diferencia de Fuente Podrida respecto a la Font Roja es que está junto a una carretera nacional, con lo que tampoco la accesibilidad al hotel supone apenas impacto sobre el parque.

Pequeños hoteles urbanos
En el resto de espacios naturales de la Comunidad no hay hoteles dentro de los límites de protección o, si los hay, son de muy poca capacidad, como los existentes en la Tinença de Benifassà, al norte de Castellón. El resto son establecimientos situados fuera de los perímetros protegidos, generalmente en los cascos urbanos de las poblaciones del entorno. Para buscar un ejemplo de esto no hay que irse muy lejos, ya que ése es el alojamiento que se encuentra en las proximidades de la Sierra de Mariola, en municipios como Agres o Bocairent.
Tampoco consta la existencia de proyectos parecidos al de Alcoy en el resto de la Comunidad en curso en este momento, salvo el anunciado hace unos días en Benicàssim (Castellón), dentro del parque del Desert de les Palmes. Ahora bien, en este caso se trata de rehabilitar una masía ya existente y acondicionarla como un pequeño alojamiento, por lo que parece que no se trata de la misma opción que la planteada en la Font Roja. Pese a todo, apenas han trascendido datos sobre ese proyecto hasta el momento, por lo que se desconoce la envergadura exacta del establecimiento que se trataría de montar.
Hay que aclarar, de todos modos, que son varios los parques naturales de la Comunidad que soportan una gran presión urbanística en su entorno. Así, las Lagunas de La Mata y Torrevieja están completamente cercadas de edificaciones, lo mismo que el Montgó y el Peñón de Ifach. Otro espacio protegido, el humedal litoral del Prat de Cabanes-Torreblanca, en Castellón, podría también quedar casi rodeado en el futuro por los macroproyectos previstos en sus inmediaciones. Eso sí, aun cuando la afección de estos planes sobre el medio natural sería muy elevada, el perímetro del parque ha sido respetado.
Todos estos factores dan al proyecto hotelero de la Font Roja una especial singularidad y hacen que choque contra lo que se ha hecho hasta ahora en el resto de la Comunidad. La Generalitat, como administración competente sobre los espacios naturales, tendrá la última palabra sobre la autorización para llevar el plan a cabo.

Pocos ejemplos y en espacios muy extensos

En el resto de España sí hay más de un ejemplo de hotel de gran capacidad ubicado en el interior de un espacio natural protegido. Ahora bien, por lo general están en parques de mucha extensión, y rara vez se encuentran en zonas de campo abierto como el santuario de la Font Roja. Un caso ilustrativo es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, donde hay decenas de plazas hoteleras, pero casi todas concentradas en núcleos de población como Arroyofrío, Burunchel o Coto Ríos, lo que alivia la sensación de masificación. Además, el parque es 100 veces mayor que la Font Roja.
Otros recintos son antiguos, construidos antes de que se protegiera el espacio, como el Parador Nacional de Gredos, en Ávila, o el complejo existente en el nacimiento del Llobregat, al norte de la provincia de Barcelona. No obstante, la opción más frecuente es también la del establecimiento situado en algún núcleo urbano del entorno del parque.




* Información - A. TERUEL - 16 de julio de 2008
Foto: Vista del parque natural de la Font Roja, donde el Ayuntamiento de Alcoy proyecta un controvertido hotel- JUANI RUZ, diarioinformacion.com

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Un empresario es condenado a 2 años de prisión por construir un hotel en un parque natural de La Gomera

LAPROVINCIA* : La asociación ecologista Tagaragunche informó de que el empresario afincado en La Gomera, Antonio Pérez, ha sido condenado a la pena de dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de un hotel en un parque natural en la zona de Enchereda, en San Sebastián de La Gomera.

En un comunicado, los ecologistas aseguran que así se recoge en la sentencia dictada por el Juzgado Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

Destacan que la condena incluye además inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio por dos años, demolición de las obras ejecutadas sin licencia, y restauración del equilibrio ecológico perturbado.

Tagaragunche explica que el caso judicial se inició en 2006 con una denuncia de Ben Magec-Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medioambiente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La denuncia fue interpuesta por la construcción de un hotel presuntamente ilegal en el interior del parque natural de Majona, en la zona conocida como Casas de Enchereda.

Añaden los ecologistas que la Fiscalía abrió una investigación y constató que Antonio Pérez, a través de una empresa denominada Enchereda Agrícola S.L., estaba construyendo un establecimiento turístico de forma ilegal.

Recuerdan que el plan rector del parque establece que las Casas de Enchereda se localizan dentro de la zona de uso general del espacio protegido, en la cual sólo es posible la construcción de equipamientos y servicios relacionados con el uso público y la gestión del parque.

Destacan que está prohibido el uso turístico alojativo, excepto en las edificaciones tradicionales rurales existentes y subraya que en las obras denunciadas no se llevó a cabo una rehabilitación, sino el derribo de parte de las construcciones preexistentes y la construcción de nueva planta.

Los ecologistas apuntan que el "caso Enchereda" ha estado unido a algunas determinaciones adoptadas por el Cabildo de La Gomera, y aún no aclaradas, en relación a la compra de la finca.

Señalan que Tagaragunche instó al Cabildo y a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que ejercieran su derecho de tanteo y retracto para adquirir la finca de Enchereda, de cara a su futura incorporación al Parque Nacional de Garajonay.

Agregan que sin embargo, el Cabildo gomero "incomprensiblemente" jamás ejerció su derecho de preferencia de compra "a pesar de que era notorio que la finca reunía suficientes condiciones para ser merecedora de incorporarse al Parque Nacional de Garajonay".

En su opinión, algunas declaraciones y movimientos del Cabildo de La Gomera parecían más encaminadas a tratar de buscar una fórmula para legalizar las obras y favorecer al empresario que a velar por los intereses generales y por el cumplimiento de la ley.

La finca de Enchereda es una de las fincas privadas más grandes de La Gomera, localizada entre los municipios de San Sebastián y Hermigua, y limita con la parte Este del Parque Nacional de Garajonay.

Conserva manifestaciones de monteverde canario, con comunidades vegetales muy singulares y numerosas poblaciones de especies endémicas y amenazadas, así como valores paisajísticos y una variada muestra de hábitats.

La finca se encuentra en el interior del Parque Natural de Majona, que constituye un ejemplo de paisajes abruptos, con grandes barrancos y acantilados de notable interés geomorfológico.

Entre sus barrancos destaca el de Majona, que da nombre al parque, en cuya cabecera se encuentra la finca de Enchereda.




* La Provincia - EFE - SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA - 15.07.2008
Foto: Imagen de la finca de Enchereda, en la isla de La Gomera. CARLOS FERNÁNDEZ - EFE

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