ELPAÍS* : La falta de planificación y las prisas por acabar las obras antes de las pasadas elecciones le han supuesto al Ayuntamiento de Madrid pagar bastante más de tres millones de euros por un aparcamiento que en principio iba a salirle gratis. La historia tiene su miga.
Durante la pasada legislatura, la Concejalía de Seguridad y Transportes decidió construir un aparcamiento para residentes en la calle de Cándido Mateos, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. La idea consistía en adjudicar la obra a una empresa, que se haría cargo de la inversión, a cambio de que ésta fuera la que luego comercializara las plazas de aparcamiento. Pero el proceso tuvo irregularidades desde el principio.
El 7 de julio de 2005, el Ayuntamiento adjudica a la unión temporal de empresas Grupo Dico Obras y Construcciones-Aglomerados Daimiel la construcción de un aparcamiento con 547 plazas por 3,9 millones de euros. La empresa asume la obra y comienza los trabajos tras el verano de 2005.
Pero año y medio más tarde, a seis meses de las elecciones municipales de mayo de 2007, la concejalía que dirige Pedro Calvo ordena modificar el proyecto porque se vincula la construcción del aparcamiento al túnel que se está construyendo entre la calle de Sor Ángela de la Cruz y la M-30. El Consistorio quiere que el estacionamiento vaya debajo de este túnel, por lo que se tiene que modificar el proyecto, y con él los plazos. La modificación supone un incremento del presupuesto de 3.382.408 euros. Un dinero que tiene que pagar el Consistorio, porque la modificación no aparecía en el proyecto firmado por las empresas cuando se les adjudicó la construcción del aparcamiento, y, por tanto, éstas no están obligadas a asumir el gasto extra.
Y hay que hacerlo rápido. El túnel y, por tanto, el aparcamiento tienen que estar terminados el 14 de abril, un mes antes de los comicios. Y ya se sabe lo bien que lucen las inauguraciones en época electoral.
El director general de Movilidad del Ayuntamiento, Fernando Autrán, explica que hubo que cambiar el diseño del aparcamiento. "Se estaba haciendo con la técnica habitual a cielo abierto. Pero el nuevo subterráneo obligó a cambiar el proyecto y hubo que hacerlo en mina [como un túnel]", explica Autrán, que reconoce el hecho: "Al modificar el proyecto, tuvimos que asumir el nuevo coste".
El concejal de IU responsable de Obras e Infraestructuras, Daniel Álvarez, califica el asunto como "una chapuza del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que sale muy cara a los madrileños". Y agrega: "Es un ejercicio más del descontrol y la descoordinación de este Ayuntamiento y un ejemplo del interés que para este alcalde tienen las arcas municipales, que utiliza para su interés electoral".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalaba en mayo de 2007 que "el Ayuntamiento convocó el concurso en 2005 sin seguir todos los trámites administrativos". Y, según reconocen los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento, "la urgencia en la realización de estas obras impidió el cumplimiento jurídico-administrativo correspondiente". Así lo reconoce también el Tribunal Superior, que establece en una sentencia, motivada por una denuncia del Grupo Socialista, que "la contratación fue aprobada y el anuncio de licitación publicado antes de que hubiera concluido el trámite de información pública".
Los responsables municipales no expusieron el concurso a información pública para ganar tiempo. Una chapuza administrativa que costó más de tres millones de euros.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 02/07/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Madrid: El Ayuntamiento paga tres millones por un aparcamiento que iba a ser gratuito
El Consell aprueba el PAI de 1.200 casas de Montserrat sin el informe de la CHJ
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LEVANTE* : La Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de la Generalitat Valenciana ha dado luz verde al programa de actuación integrada (PAI) que prevé la construcción de más de 1.200 viviendas y un campo de golf en los municipios de Montserrat, Torrent y Picassent a pesar del informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre los recursos hídricos, que señalaba que "no ha quedado acreditado el origen de los recursos hídricos".
El portavoz del Ministerio de Medio Ambiente en la CTU celebrada el 28 de mayo hace suyo el rechazo de la CHJ y recuerda que la Ley de Aguas "exige [...] el informe previo preceptivo de la confederación hidrográfica".
Con estas palabras desautoriza el informe de disponibilidad de recursos hídricos presentado por la promotora de este PAI, Mas Vilanova SA, y realizado por la suministradora Aquagest Levante, que alega que la compra por parte de la promotora del Pou del Vicari garantiza no sólo los recursos suficientes sino "la capacidad de cederlos, como [...] se ha venido haciendo para el riego, sin poner en riesgo la disponibilidad futura de recursos hídricos del mismo ni causar sobreexplotación". Sin embargo, el representante del ministerio hace referencia al reciente auto del Tribunal Superior de Justicia sobre la aprobación del plan parcial El Pinaret de Ador, que establece que el informe del organismo de cuenca es preceptivo y que el informe que pueda emitir una entidad suministradora "no puede sustituir" al del organismo de cuenca y que el estudio previo de la CHJ "es requisito necesario" para aprobar un instrumento de planeamiento.
* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó, Alzira - 02 de julio de 2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
El fiscal denuncia al alcalde de Otura por prevaricación
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ELPAÍS/Granada* : Un promotor dio a conocer los hechos que han llevado al fiscal a denunciar al alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), y a cuatro ediles más por supuesta prevaricación. Fue un contraataque.
Previamente, el regidor había acusado de extorsión al promotor, después de que éste presentara un recurso en el Ayuntamiento en el que se oponía a la entrega de unas viviendas de su empresa porque tenían "defectos" que debía subsanar la constructora Alcuba, que estaba a cargo de las obras.
Según el empresario, la Junta de Gobierno local había acordado por unanimidad conceder licencias de ocupación a las viviendas sin haber finalizado la obra de urbanización. Además, según la denuncia, los ediles prescindieron, a su vez, del preceptivo informe jurídico sobre la legalidad de los hechos, pese a la advertencia del secretario municipal. Lo hicieron dos veces para conceder en total licencias de ocupación a 50 viviendas.
"Múltiples deficiencias"
Además de que no estaban terminadas tenían "múltiples deficiencias", según la denuncia presentada por el empresario. Sin embargo, el Ayuntamiento les dio luz verde después de que los solicitara la constructora Alcuba. La empresa pidió después la recepción parcial de las obras de la urbanización, pero el arquitecto municipal emitió un informe negativo.
Entre otras cosas, según el empresario, la obra no se ajustaba a los plazos y ni la red de abastecimiento ni la de saneamiento estaban a punto. Pese a ello, la Junta Local acordó recepcionarlas, sin hacer referencia a su carácter parcial, lo que supuestamente obliga a la constructora a subsanar las deficiencias en 90 días.
El empresario sostiene que después de pasados sólo 15 días y el alcalde ordenó al técnico municipal que emitiera un informe sobre la subsanación, aunque para ello no le permitiera ni siquiera realizar una inspección de las obras. El informe volvió a ser negativo, pero el alcalde dictó una resolución dando por subsanados todos los defectos.
Finalmente, la obra se recepcionó pese a carecer de los "mínimos elementos necesarios", según el fiscal, que cree que la "voluntad personal" del alcalde se impuso contra todo criterio jurídico y aplicable en este caso. El PSOE ha solicitado ya la dimisión de Fernández-Sanz.
+ ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 02/07/2008
Foto: Otura (Granada), ayuntamiento - foro-ciudad.com
Tapian con ladrillos una de los locales de Triball en Ballesta para criticar la 'privatización' del barrio
EUROPAPRESS/Madrid* : El grupo activista 'Rompamos el Silencio' tapió con ladrillos anoche la fachada del local situado a la altura del número 9 de la calle Puebla, en Madrid, perteneciente al grupo empresarial TriBall, con el objetivo de "señalar a los especuladores" y criticar a quienes "intentan eliminar la vida pública mediante la privatización de los barrios".
La acción ha transcurrido con absoluta normalidad y sin incidentes, en tiempo récord. "Estaba preparada para ser realizada con publicidad, de cara al vecindario, puesto que queremos que sepan que es un acto legítimo", indicaron los organizadores.
La empresa TriBall ha procedido en los últimos meses a la compra de numerosos locales en la zona del Triángulo de Ballesta con la intención de modernizar y revitalizar el barrio a través de la instalación de tiendas.
'Rompamos el silencio' criticó que este grupo de empresarios ha "comprado" el barrio mediante estrategias de "mobbing inmobiliario" con la intención de "privatizarlo". "Quieren hacer un barrio para nuevos ricos, en el que sólo quepan locales de vanguardia, galerías de arte y donde el vecindario no tenga opción de opinar cómo quieren que sea su barrio. El mejor ejemplo es que la empresa ha negado espacios a ciudadanos chinos para la instalación de locutorios o tiendas de alimentación porque no los quieren en el barrio", señaló.
Según la organización, TriBall cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y desde su llegada la presencia policial se ha intensificado, han instalado cámaras de vigilancia y se ha procedido a peatonalizar algunas calles.
"Queda claro el sesgo elitista, excluyente e incluso xenófobo del proyecto. Por ejemplo, TriBall aclara que no va a alquilar locales para tiendas de alimentación regentadas por ciudadanos chinos o locutorios para la comunidad latinoamericana, ya que ese tipo de negocio no encaja en la filosofía de barrio que pretendemos extender", concluyeron los activistas anticapitalistas.
* Europa Press - MADRID, 1 Jul 2008
Foto: Madrid, contra especulación Triball - rompamoselsilencio.net
MÁS INFORMACIÓN: http://www.rompamoselsilencio.net
Otra sentencia frena la construcción en primera línea de les Marines
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha desestimado un segundo recurso interpuesto contra el Plan Transitorio (PGT) de Dénia que protegió parte de los terrenos anteriormente urbanizables que existen en primera línea de playa de les Deveses, justo en el último tramo virgen de dunas que subsiste en el litoral norte.
Se trata de la segunda sentencia en poco más de un mes que hace referencia al mismo emplazamiento, una zona protegida por el valor ambiental y paisajístico al tratarse de las últimas dunas vírgenes de la costa de Dénia. En mayo este diario se hizo eco de otra sentencia del TSJ que anulaba la intención de una promotora de construir 31 apartamentos con parking y piscina en una parcela en la zona de Racons.
En esta ocasión, el TSJ frena la posibilidad de que un particular construya 124 apartamentos en un espacio que el anterior Plan General (anulado por el mismo tribunal) calificaba como suelo urbano de uso residencial. Sin embargo, con la entrada en vigor del Plan Transitorio, se modifica la consideración del suelo, pues incorpora el deslinde provisional aprobado por Costas, lo que se traduce en que parte de los terrenos pasan a ser de dominio marítimo terrestre.
Además, la zona queda incluida en el Catálogo de Zonas de Interés Botánico y Paisajístico, pues, según la sentencia, "se trata del único relicto del sistema dunar con una cohorte florística extensa y una estructuración fitosociológica bastante buena. En realidad debería considerarse la posibilidad de una protección incluso a escala supramunicipal".
El demandante destaca especialmente la "contradicción que existe entre la protección que se dispensa en la zona y el gasoducto que se proyecta". Cabe recordar que la empresa Enagás S. A. tiene previsto ubicar en les Deveses esta infraestructura.
En este punto, la sentencia es clara: "esa contradicción no es manifiesta, pues se desconoce la situación final de la tubería y, en consecuencia, si van a resultar finalmente alterados los 10.000 metros cuadrados que aproximadamente integran la zona de protección". De otra parte, las obras del gas "van enterradas y, acaso pudiera ser posible, la restauración de los valores ecológicos a proteger".
A estos fallos judiciales hay que sumar la medida cautelar del TSJ en les Marines al suspender el PGT en el litoral norte hasta que se resuelva el contencioso-administrativo que el Ayuntamiento de Dénia interpuso a la aprobación definitiva del documento.
En el PGT la Conselleria permitía acumular la edificabilidad en las parcelas que lindan con el dominio marítimo terrestre. Una decisión que a PSPV y Bloc no agradó. El gobierno local decidió acudir a los tribunales para frenar así la construcción en la zona.
Font (CU) y Llobell (GD) se reparten el área de Urbanismo
El nuevo gobierno pentapartito (PP, Gent de Dénia, Centre Unificat, PSD y el edil tránsfuga Juan Collado) cumple a medias el guión. Si el próximo día 7 de julio triunfa la moción de censura, este nuevo pacto se dotará de un organigrama que, en principio, parece cantado. El único concejal que parece que se sale del guión es Juan Sancho (PSD), quien suena para las concejalías de Educación y Cultura. El urbanismo, como en tiempos del pacto entre PSPV, PP y Gent de Dénia se reparte entre dos concejales. Pepa Font, la portavoz del Centre Unificat, se ocupará del área de Planeamiento Urbanístico, mientras que Miguel Llobell, de Gent de Dénia, se hará cargo de Disciplina Urbanística.
* Información - M. J. MASCARELL - 01 de julio de 2008
Foto: La zona de les Deveses aún conserva un sistema dunar vírgen - ernest weber, diarioinformacion.com
Empieza el juicio del caso Tótem con 18 imputados, entre ellos, el alcalde de Totana
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20MINUTOS/Murcia* : Un total de dieciocho personas, 15 de ellos imputados en el caso Tótem sobre presunta corrupción urbanística en Totana, comenzarán a declarar este martes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
Esta Sala investiga la presunta implicación del ex alcalde Juan Morales en la supuesta trama de cobro de comisiones para recalificar unos terrenos donde la empresa gallega Inmonuar, del grupo Nuaria, pretendía construir varios miles de viviendas.
La condición de diputado regional de Morales, y por tanto de aforado, obligó al TSJ a abrir una nueva vía judicial por el caso, además de la iniciada en Totana por la titular del juzgado número 1 Asunción Navarro, a raíz de las investigaciones realizadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El magistrado instructor de la causa en el TSJ Julián Pérez-Templado tomó declaración a Morales a primeros de abril y tras ello ahora ha llamado otras 17 personas, entre imputados y testigos para ampliar esta declaración.
Los imputados, uno a uno
Los imputados Joaquín Carmona Abellán, al que se relaciona con la empresa Nubia Inversiones en libertad bajo fianza de 24.000 euros, y Gabriel Martínez Navarro, gerente del grupo empresarial Maryper y que pagó 90.000 euros por su libertad tras sus primeras declaraciones, serán los primeros en comparecer el martes día 1 de julio.
A continuación están citados otros tres imputados, los hermanos Fulgencio y Juan Marín Bravo, empresarios, y José Antonio Alcántara Nicolás, relacionado con la empresa gallega Inmonuar y supuesto "intermediario", que debió abonar 24.000 euros como fianza.
Continuará con otros tres imputados, los hermanos Francisco y Domingo Sánchez Martínez, y la ciudadana brasileña Vaneide Freyta, compañera sentimental de Morales, así como el testigo Matías Navarro Lorente.
El calendario fijado indica que a continuación lo harán en calidad de imputados Emiliano Ovide Castillo, empresario y presunto intermediario con quien se entrevista en Albacete el alcalde Andreo; así como José Antonio Carrocera García, empleado en Madrid del grupo Nuaria; Pablo Maceira Galarza, responsable de Inmonuar y en libertad bajo fianza de 24.000 euros, así como el máximo responsable del grupo empresarial, el abogado Manuel Núñez Arias.
En la penúltima sesión de la agenda de declaraciones, prevista para el día 7 han sido llamados ante el magistrado el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, que salió de la cárcel después de mes y medio tras pagar 70.000 euros de fianza.
Asimismo deberán hacerlo Juan Francisco Casanova, empresario y ex concejal del PP de Totana (15.000 euros de fianza), como imputado, así como el peluquero Manuel Cánovas y su mujer Raquel Vigil López, en calidad de testigos.
El último llamado a comparecer será Juan Morales Cánovas, en libertad tras abonar 200.000 euros para eludir la prisión provisional.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 30.06.2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
Las empresas privadas retiran su dinero del plan de El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : El proyecto estrella de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se queda sin apoyo privado. Las 11 promotoras y constructoras que aceptaron en 2005 entrar como socias en la sociedad mixta que desarrollará el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal han decidido vender su participación y dar la espalda al proyecto.
En el consejo de Cabanyal 2010, SA, celebrado ayer, las empresas presentaron en bloque un documento en el que anuncian la "intención" de vender todas sus acciones, que suponen el 45% del capital social desembolsado. La mayoría, con un 55%, está en manos de la Generalitat -a través del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA)- y del Ayuntamiento de Valencia, representada por la empresa municipal Aumsa. Las administraciones públicas tendrán que prescindir así del soporte de la empresa privada para sacar adelante un plan que exige una inversión mínima de 240 millones de euros para pagar las expropiaciones de los propietarios de las 1.600 viviendas que serán derribadas para abrir la avenida y construir equipamientos y nuevos pisos.
El Ayuntamiento y la Generalitat tienen el derecho de compra preferente de las acciones, y ayer anunciaron que lo ejercerán. La decisión final solo está a expensas de que estudien la oferta de las constructoras, que piden por sus acciones un total de 7.875.000 euros -la misma cantidad que desembolsaron-, a los que se anadiría una compensación en concepto del IPC más un punto desde julio de 2005, cuando se constituyó Cabanyal 2010, SA. La crisis inmobiliaria ha alejado al capital privado de un proyecto en el que no ve negocio.La crisis del ladrillo ha empezado a hacer mella en constructoras y promotoras inmobiliarias, que en esta situación no ven rentable mantener su dinero ligado a un proyecto de larga tramitación y que se enfrenta al conflicto social con los vecinos que rechazan dejar sus casas. "Estamos tiesos como la mojama, no hay negocio", afirmaban ayer fuentes de una de las empresas que vende sus acciones. Las constructoras necesitan liquidez y el plan de abrir la avenida de Blasco Ibáñez, por su complejidad y envergadura, exigirá contratar créditos para llevarlo adelante. "El horno no está para bollos", sentenciaron fuentes del sector de la construcción.
Desde el Ayuntamiento admitieron que las empresas no ven negocio en El Cabanyal. "Habrán hecho números y con la crisis inmobiliaria ahora no verán mercado", afirmaron fuentes municipales. Para el equipo de gobierno, la salida del capital privado demostraría también que no hay pelotazos detrás del plan. "Es un proyecto de calado social, con mucha vivienda protegida, edificios de cuatro alturas, zonas verdes y equipamientos", destacaron las mismas fuentes. Pero las posibilidades de "ganar dinero legítimamente" que debieron percibir hace tres años al entrar en la sociedad, se han esfumado. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda hizo hincapié en que la propuesta de salida de las empresas se realiza "de mutuo acuerdo". "El proyecto es de interés general y la intención es que sea una iniciativa pública".
No era esa la perspectiva en enero de 2005, cuando Barberá lanzó la sociedad mixta junto a la Generalitat e invitó al sector privado a participar "en una de las grandes apuestas" de su gobierno. Las administraciones del PP, fuertemente endeudadas, contaban con el capital privado. Sin embargo, la sociedad Cabanyal 2010, con un capital suscrito de 35 millones de euros, sólo ha llegado a desembolsar 17,5 millones, entre aportaciones públicas y privadas. Ahora las instituciones s deberán desembolsar al menos 7,8 millones de euros en tres años para hacerse con las acciones y crear una sociedad enteramente pública para afrontar el proyecto.
Para el concejal socialista Vicente González Móstoles, la decisión de los socios privados "es el indicador más fiable de que la operación ha perdido todo su sentido económico", y es reflejo de su "nula viabilidad" social. Salvem El Cabanyal celebró la retirada empresarial, porque a su juicio "sin su soporte económico el plan de expropiación será muy difícil" de ejecutar.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 01/07/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
Tarragona: Un restaurante con cuatro lustros de ilegalidad
PÚBLICO* : Poco podía imaginarse el ejército británico que el fortín conocido popularmente como el de la Virreina, construido por sus ingenieros en Tarragona durante el siglo XVIII, acabaría dejando al descubierto las miserias de una administración.
Para ser más precisos, ha sido la administración local quien durante casi 19 años (y con alcaldes socialistas y convergentes) ha alentado el negocio privado en forma de restaurante de altos vuelos en este espacio catalogado como protegido, a pesar de las reiteradas sentencias que certificaban su ilegalidad, emitidas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y por el Tribunal Supremo. El recurso desesperado del Ayuntamiento de implicar al Constitucional no fue tomado en consideración por este órgano.
El alcalde socialista surgido de las elecciones del 2007, Josep Fèlix Ballesteros, ha entendido, por fin, que las sentencias están para cumplirlas y ha contratado, por casi 700.000 euros, los servicios de una empresa para derribar este mes de julio el negocio (que ha calado hondo en el imaginario social de la ciudad porque ha sido escenario de los banquetes de bodas de media Tarragona) y devolver al fortín su condición original eliminando, entre otros elementos, las ventanas con vistas al
Mediterráneo.
A fuerza de voluntad
En esta historia hay una protagonista indiscutible: la procuradora Rosa Elias, que impugnó en 1989 la licencia de obras para la construcción del restaurante concedida al propietario de los terrenos por parte del alcalde socialista Josep Maria Recasens, basándose en un informe favorable y sorprendente del secretario municipal, que obvió que el plan urbanístico vigente en aquel momento calificaba ese espacio de “zona verde”, según explica a Público la propia Elias y tal y como han ratificado todos los tribunales desde entonces.
Un año después el poder municipal cambiaba de manos gracias a una moción de censura y el convergente Joan Miquel Nadal iniciaba un reinado que lo mantendría como alcalde hasta el 2007. Y a pesar de todo, no arregló el entuerto y su obstinación en la defensa del restaurante fue tal que Elias empezó a vivir una pesadilla personal. Afirma haber padecido mobbing por parte de la policía local y haber recibido una oferta de dinero para retirar la denuncia.
Al final, el hartazgo de los tribunales ha sido tal ante la resistencia del Ayuntamiento que Nadal fue condenado a pagar de su bolsillo una multa de 1.500 euros por cada 15 días de retraso en la ejecución de la sentencia. En los últimos días también se ha barajado la posibilidad de que el propietario del restaurante cobre una indemnización millonaria.
* Público - JORDI SIRÉ - Tarragona - 30/06/2008
Foto: Vistas del fortín de la Virreina, en Tarragona. - PEP IGLESIAS, publico.es
12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio
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ELPAÍS/Málaga* : La vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento de Estepona no está siendo fácil. Al menos 12 de los imputados en la trama de corrupción siguen en sus puestos de trabajo dos semanas después de que la policía pusiera patas arriba las dependencias municipales y la juez enviara a prisión a su alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE.
Los cuatro concejales del equipo de gobierno detenidos volvieron a sus puestos de trabajo casi directamente de los calabozos. Lo mismo ocurrió con los técnicos de Urbanismo implicados.
Pero la situación no se ha calmado. A finales de la semana pasada, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, al que los investigadores han tomado declaración como imputado, alertó de un posible riesgo de destrucción o eliminación de pruebas por la continuidad de cinco técnicos implicados en el caso Astapa.
El edil remitió una nota interna al concejal de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pidiéndole que los apartase para evitar que se manipulen informes técnicos. La carta ha provocado un pulso entre Zamorano, expulsado del PSOE por su imputación, y Duarte, al que el partido no ha retirado su confianza y postula como posible alcalde de la ciudad.
Zamorano contestó a Duarte ayer asegurando que no existe ningún auto que limite el acceso a dependencias municipales a los implicados. La respuesta llegó en forma de escrito, difundido previamente por los medios de comunicación.En la carta, Zamorano rehúsa adoptar cualquier medida. "Cada concejal ostenta la máxima responsabilidad (...), por lo que deberá ser usted quien eleve
tanto ésta como cualquier decisión oportuna", recoge la nota. El concejal adjunta un informe jurídico en el que le explica cómo actuar en cada caso. Con los empleados de libre designación debe abrir un expediente, motivar la decisión y elevarlo a alcaldía, mientras que con los funcionarios se debe abrir un procedimiento sancionador.
El edil de Hacienda, del que dependen las contrataciones, ha sido el primero en hacer despidos tras su imputación en el caso Astapa. Así, notificó el cese a Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona, alegando que había desaparecido la confianza que depositó en él cuando fue contratado en 2003. Tres días antes, Gurrea había declarado como testigo ante los investigadores.
Los técnicos de Urbanismo implicados y cuya permanencia en sus puestos de trabajo podría hacer peligrar posibles pruebas son el ingeniero Héctor Ruiz, director técnico de la Empresa Municipal de la Vivienda, y los arquitectos Tomás Álvarez y Arturo Cebrián.
Este último aparecía en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. También continúan en su puesto el responsable de los servicios jurídicos, Andrés Flores, y el jefe de servicios técnicos, Ignacio de la Hoz, a quien trabajadores municipales supuestamente sorprendieron a finales de la semana pasada manipulando el ordenador del responsable de las tasaciones, Javier Wittmeur, en prisión preventiva.
De la Hoz, en libertad bajo fianza de 50.000 euros está acusado de fraude y malversación. Flores quedó en libertad con cargos de cohecho y blanqueo tras una larga declaración. El edil de Urbanismo entiende que ninguno de lo dos puede seguir en sus puestos como cargos de libre designación.
Dentro del área de Urbanismo también están implicados el gerente Juan Manuel Ramos y la coordinadora Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Para ellos no se ha pedido ninguna medida de separación. Según fuentes municipales, sus cargos tienen un carácter "eminentemente político".
El viernes pasado el concejal de Seguridad Antonio Sánchez (PSOE) envió una patrulla de Policía Local a la delegación de Urbanismo para evitar que cualquier persona ajena al edificio accediera a las oficinas sin un motivo justificado. Según fuentes municipales, el día anterior, el abogado Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acudió a las instalaciones municipales y amedrentó a varios de los empleados de Urbanismo diciéndoles que ellos también resultarían acusados de irregularidades. Ante esta peculiar visita, Rafael Duarte dio instrucciones al servicio de seguridad para que no se permitiera el acceso al abogado sin su consentimiento previo. Hasta el inicio de la operación, Simón entraba y salía a placer del edificio, en el que también se encuentra la delegación de Personal.
El concejal de Seguridad Ciudadana ha ordenado a la empresa que vigila el edificio Puerto Sol de que impida el acceso a cualquier persona que no tenga autorización expresa y ha pedido a las patrullas de la Policía Local cercanas que estén alerta y puedan acudir ante cualquier incidencia. Las concejalas Asunción López (Cultura), Mariví López (Educación) y Marisa Rodríguez (Playas) son los otros cargos políticos que siguen en sus puestos, al igual que Zamorano.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 01/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
«En los ayuntamientos hay una enorme falta de cumplimiento de la ley urbanística»
ABC/Entrevista* : Ángel Núñez, Coordinador de la Red de Fiscales de Medio Ambiente de Andalucía. Nació en Sevilla en 1965, y trabaja en la Fiscalía de Cádiz desde 1991. A partir de su creación se integró en la Red de Fiscales de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo de Andalucía. Dos semanas atrás Ángel Núñez fue nombrado coordinador de este grupo.
-La Red cumple ahora cinco años. ¿Qué balance puede hacer? ¿Está cumpliendo sus objetivos que se marcaron?
-El balance es muy positivo. Hemos conseguido en principio alcanzar la unidad de actuación en una materia muy nueva desde el punto de vista jurídico que requería interpretaciones de los textos legales. Y esa interpretación que nosotros hemos hecho desde la unidad de actuación en la mayor parte de los casos la hemos logrado trasladar a las resoluciones judiciales, que han ido acogiendo nuestros planteamientos. Hemos conseguido una potenciación de al concienciación social en relación con las materias medioambientales, fundamentalmente urbanística, que es el gran problema hoy en día en Andalucía. Y en ese sentido el balance es muy positivo.
-En las diferentes Memorias anuales de las Fiscalías de Medio ambiente se han quejado de falta de medios materiales y humanos. ¿Se va a corregir ese déficit alguna vez?
-Se va mejorando, pero seguimos teniendo una importante carencia de medios, tanto desde el punto de vista de personal, no sólo en el Ministerio Fiscal, sino también entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está avanzando. Se han creado en la Guardia Civil los equipos de delincuencia urbanística; en las unidades de Policía Autonómica hay ya áreas de ordenación del territorio, pero siguen estando desbordados por el caudal de trabajo que hay frente a los medios personales con los que se cuenta. Sigue siendo también una asignatura pendiente el que la Fiscalía cuente con instancias periciales imparciales. En muchas ocasiones tenemos enormes dificultades para obtener periciales imparciales en materias urbanísticas o en materias ecotoxicológicas de vertidos al medio marino o al medio fluvial y a la atmósfera. Es una reclamación que venimos haciendo, también en la Memoria de este año.
-¿Cuál es el grado de colaboración de las Fiscalías con las diferentes administraciones?
-En líneas generales es muy buena. Con la Junta de Andalucía la relación es magnífica. Tanto con la Consejería de Cultura como con la de Medio Ambiente y Obras Públicas. No lo es tanto con los ayuntamientos. Nosotros venimos denunciando año tras año que por parte de los ayuntamientos no se cumple con las funciones de disciplina urbanística que les atribuye el ordenamiento. Y ése es el principal problema. La primera barrera frente al desorden urbanístico es la del Ayuntamiento. Si los ayuntamientos ejercieran adecuadamente los procedimientos sancionadores, sobre todo los del restablecimiento de la legalidad y adoptaran de manera extemporánea las medidas cautelares paralizando las construcciones que se inician, no existiría el problema de la demolición, porque no sería necesario demoler en la medida de que no se habría construido. Entonces, por parte de los ayuntamientos detectamos una enorme falta de cumplimiento de las funciones que les atribuye la ley urbanística
-¿Cree que la normativa urbanística habría que endurecerla?
-Pienso que los instrumentos legales son los adecuados para cumplir los fines que se pretenden. Evidentemente, toda legislación es susceptible de mejora. Y aunque el instrumento es el adecuado, el problema está en su aplicación, o mejor dicho en su falta de aplicación por quienes tienen la competencia para ello, que en primera instancia son los ayuntamientos. Lo que nosotros reclamamos es una reforma, no administrativa sino penal, de la figura de la prevaricación omisiva. Entendemos que cuando nos encontramos con dejación de funciones por parte de funcionarios públicos, no siempre es fácil articular acusaciones de prevaricación omisiva. En ese sentido sí sería necesario reformas del Código Penal.
-¿En urbanismo se practica mucho la política de hechos consumados? ¿Quienes cometen irregularidades confían en que tarde o temprano se legalizará la situación?
-Efectivamente. Es obvio que cuando nos encontramos con una situación como en el caso de Chiclana, de 30.000 viviendas ilegales, no se pude meter una excavadora y derribarlas. Lo que sucede es que hasta ahora los procesos de regularización no han venido acompañados de algo que a nosotros se nos antoja imprescindible, el rigor a partir de ese momento en el ejercicio de la disciplina urbanística. Hasta ahora lo que hemos visto es que se han regularizado viviendas y eso ha dado lugar a que continúe la construcción ilegal, precisamente al amparo de esa expectativa de que pueda haber una posterior regularización. La regularización, si no viene acompañada de un hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora ejerceremos con rigor la disciplina urbanística, los procedimientos sancionadores y el restablecimiento de la legalidad, no hay ninguna solución. Y además se acaba con lo que es la esencia del planeamiento. El planeamiento lo que pretende es la planificación ordenada de la ciudad, y en lo que se convierte es sencillamente en la legitimación de facto de lo que ya se ha producido de manera desordenada.
-Los fiscales vienen criticando desde hace tiempo la pasividad de los ayuntamientos a la hora de combatir el urbanismo ilegal. Sin embargo, consistorios como el de Marbella o Estepona lo que presuntamente hacen es utilizar el urbanismo para saltar la barrera establecida por el Código Penal ¿Qué opina al respecto?
-Año tras año venimos denunciando esa pasividad. Las causas son múltiples. En algunos casos habrá falta de medios, en otros la falta de voluntad por asumir los costes, probablemente electorales, que pueden tener la adopción de medidas impopulares, como los derribos, y en otras ocasiones, los titulares están en los periódicos, son casos de flagrante corrupción. No creo tanto que se trate de sustraer competencias a los ayuntamientos, porque en definitiva son los más adecuados para llevar a cabo estas funciones, pero sí hay que establecer consecuencias sancionadoras, de naturaleza penal, para aquellos que de manera dolosa no cumplan las funciones que tienen encomendadas.
-¿Casos concretos como los de Marbella o Estepona se pueden evitar?
-Lo fundamental es contar con medios adecuados para llevar a cabo investigaciones. En Cádiz, donde hemos desarrollado investigaciones, como la de la «Operación Obra Nueva» de Chiclana, ha puesto de manifiesto una conducta que estaba generalizada, pero que hasta ahora no había aflorado porque no había medios para realizar investigaciones. Por otra parte, hace falta una mejora de los textos legales penales que permitan sancionar esas conductas. Pero todo esto surge al amparo de ese espíritu de relajamiento en relación con el cumplimiento de las normas que venimos denunciando.
-¿Los procesos de recalificación de suelos son caldo de cultivo para el delito urbanístico?
-En los procedimientos de reclasificación se producen determinados delitos. ahí nos encontramos con los cohechos, las prevaricaciones, y no tanto con los delitos de construcciones ilegales. Y se proponen diferentes soluciones. La Ley estatal del Suelo ha supuesto una mejora en el sentido de que ha limitado las enormes expectativas de beneficios que se derivaban de los procedimientos de reclasificación. Yo creo que lo esencial es que haya transparencia y que se garanticen instancias de control e inspección en los procesos de reclasificación.
* ABC - JOSÉ CEJUDO. SEVILLA - 30 de junio de 2008
Los juzgados mantienen abiertos tres casos por posibles delitos urbanísticos en La Rioja
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LARIOJA* : Los juzgados de La Rioja investigan actualmente tres casos de posibles delitos de corrupción urbanística en la comunidad. Se trata del expediente de la urbanización Las Rozas, en Lardero, la conocida como 'Casa de las Colonias', en Santurde, ambos a la espera de una sentencia, y de la construcción de un edificio en Briñas. En los tres casos estudiados por el Ministerio Fiscal de La Rioja están implicados los ex alcaldes de estas localidades.
En el sumario de Lardero, los juzgados están a la espera de determinar si la promoción de viviendas denominada Las Rozas, al igual que sucedió con el edificio Alfil, es ilegal y debe ser demolido (o indemnizados los vecinos, en su defecto) por exceder los metros cuadrados construidos. En este caso, el ex alcalde del PP, Pedro Vallejo, participaba en las obras a través de una empresa de la que era accionista.
Mientras, en Santurde, la Justicia deberá determinar si existe delito en la compra de un solar en el centro del pueblo por parte del ex alcalde 'popular', Jesús Montoya, quien, posteriormente, recalificó esos terrenos para la construcción de decenas de chalés y un hotel, que podrían generar unas plusvalías superiores a los 7 millones de euros.
Por otra parte, en Briñas, se investiga al ex alcalde socialista, Roberto Salinas, por permitir mayor edificabilidad en unas parcelas pertenecientes a familiares directos.
Según el fiscal superior de La Rioja, Juan Calparsoro, pese a estos tres sumarios que continúan abiertos, «en La Rioja cada vez se producirán menos delitos urbanísticos porque va creciendo la conciencia social y ha caído el 'boom' de la construcción. Los temas urbanísticos que han ocurrido en algunos municipios de La Rioja casi seguro que no vuelven a pasar en el futuro», explica.
Eso sí, los delitos denunciados no son todos los que existen. El informe anual de la Fiscalía reconoce abiertamente que no todos los casos llegan a investigarse «por la renuencia de la Administración para informar sobre hechos que puedan constituir delitos contra la ordenación del territorio». Es decir, que la cooperación no es suficientemente fluida porque «estos delitos tienen mayor incidencia política, pudiendo afectar a cargos públicos». «En Fiscalía tenemos nuestras limitaciones y si no hay un verdadero afán de colaborar por parte de la Administración, no podemos llegar al fondo de los temas», asegura Calparsoro.
A la Fiscalía tampoco han llegado casos de incompatibilidades de políticos que, tras ejercer su labor pública, se integran en una constructora. «Realmente no es ilegal pasar a una promotora. Cada persona tiene su ética y debe evaluarse. Pero es llamativo y es consecuencia de este sistema económico del ladrillo», justifica.
Casillas ilegales
En lo que la Fiscalía ha constatado una notable impunidad es en la edificación de casas de recreo en zonas rurales que superan el tamaño permitido. «Se ha consentido por parte de los ayuntamientos una actividad que se debería prohibir», indica Calparsoro.
«En vez de imponer una multa y permitir que la casilla continúe en pie, habría que derribarla para restaurar la situación previa. Es complicado porque hay muchos intereses, pero en ocasiones es la única manera posible de solucionar el problema», concluye.
* La Rioja - V. SOTO - 30 junio 2008
Foto: Construcciones investigadas en Santurde, junto a la antigua Casa de las Colonias. / A.I., larioja.com
Bruselas vuelve a tener dudas sobre el puerto de Granadilla
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CANARIAS7* : La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife asegura que todo está listo para empezar las obras del puerto de Granadilla, pero en Bruselas no lo tienen tan claro. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere profundizar en las quejas presentadas por colectivos sociales y ecologistas tras oírlos el pasado martes.
Las reiteradas quejas presentadas en la Unión Europea (UE) por colectivos sociales y ecologistas han tenido su efecto y esta semana la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere profundizar en esas denuncias e investigar si realmente se está cumpliendo con los requisitos que se impusieron para autorizar el puerto de Granadilla.
La Comisión Europea autorizó en noviembre de 2006 la construcción del puerto industrial de Granadilla, asumiendo las «razones imperiosas de interés público» esgrimidas por el Gobierno de España, pero advirtiendo a las autoridades españolas sobre la necesidad de aplicar una serie de medidas compensatorias por el daño que causará a los ecosistemas de su entorno. Entre esas medidas, la Comisión Europea obligaba a la creación de una fundación independiente para «garantizar que el puerto se construya y gestione de manera respetuosa con el medio ambiente». La fundación está creada, pero Bruselas ahora quiere saber con certeza si es independiente o si, como denuncian los colectivos ciudadanos y ecologistas, está «absolutamente controlada» por la Autoridad Portuaria.
De entrada, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó el martes solicitar a la Comisión de Medio Ambiente un informe exhaustivo sobre la independencia de la FundaciónObservatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, pero, además, los coordinadores de la Comisión de Peticiones decidirán a mediados del próximo mes de julio si envía una misión a Tenerife para conocer y valorar sobre el terreno el cumplimiento de las medidas compensatorias así como la independencia de la Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, denunciada por la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla y por Ben Magec-Ecologistas en Acción.
Queja
La queja de estos colectivos al respecto fue tratada por la Comisión de Peticiones el martes en Bruselas, hasta donde se desplazaron miembros de la plataforma y el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Anatael Meneses, que actuó de portavoz de estos colectivos y denunció que «las autoridades canarias han roto su compromiso de crear una fundación independiente para supervisar la construcción del puerto». Muy al contrario, dijo, «que siete u ocho de sus miembros han sido asignados a dedo» por la Autoridad Portuaria.
Meneses quiso además dejar patente que tampoco la Autoridad Portuaria está cumpliendo con el dictamen de autorización del puerto de Granadilla emitido por la Comisión Europea en lo que a la incorporación de un mecanismo de trasvase de arena de norte a sur en el proyecto del muelle, pues en lugar de incorporar el by-pass de arena al proyecto, la Autoridad Portuaria, dicen los denunciantes, pretende tramitar conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de la obra,
También viajó hasta Bruselas el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granadilla, Antonio Cabrera, quien reclamó ante las autoridades europeas la presencia del Consistorio en el patronato de la fundación, habida cuenta de que, explicó Cabrera, «la obras se van a realizar en el municipio y lo lógico -dijo- es que el Ayuntamiento esté presente y también vigile las obras».
* Canarias 7 - R. R.
Santa Cruz de Tenerife - 30 junio 2008
Foto de archivo de Granadilla, donde se construirá el nuevo puerto, que está siendo mirado con lupa desde la Unión Europea/ canarias7.es
Objetivo: plantar cara a los 'asustaviejas'
ADN/EFE* : Lavapiés en Madrid. Ciutat Vella en Barcelona. Triana en Sevilla. Tres ejemplos, tres escenarios urbanos de ese drama silencioso que es el mobbing inmobiliario, un acoso que soportan sobre todo personas mayores con escasos recursos económicos y al que la Justicia y los Ayuntamientos empiezan a plantar cara.
El problema es de tal magnitud que hasta Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda de la organización, quien tras un reciente viaje a España calificaba la situación de "muy grave".
Kothari, que estuvo en San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, entre otras ciudades, alertaba en un informe sobre la "vulnerabilidad" de las víctimas -ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes...- ante la falta de escrúpulos de los especuladores inmobiliarios, los asustaviejas como son conocidos popularmente, y se sorprendía por la "tímida" actuación de los jueces en estos casos.
La semana pasada uno de Barcelona condenaba a una inmobiliaria a rehabilitar "a fondo" un edificio en el que viven, en condiciones muy precarias, con ratas correteando a sus anchas por el inmueble, ocho vecinos, en su mayoría ancianos, que habían denunciado a su "casero" por usar "métodos de extorsión" y "presión psicológica" en un intento por hacerles abandonar sus pisos de renta antigua.
Este de Barcelona es uno de los miles de casos de mobbing inmobiliario registrados en España en los últimos años, con un escenario casi siempre común: los cascos antiguos de las ciudades.
Suculenta presa para especuladores
Allí proliferan edificios mal conservados, infraviviendas muchas veces, que son presa suculenta para los especuladores, además de, una vez rehabilitados, objetos de deseo para una élite económicamente pudiente que ahora quiere vivir en el centro.
"El problema es más grave de lo que a primera vista pudiera parecer", asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, "porque tienen la competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios".
Más de 200 casos en Barcelona en 2007; 137 "posibles" en Madrid desde 2003, según Juan José de Gracia, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda; 160 edificios sevillanos con "patologías graves de deterioro de la edificación" y unos propietarios que no garantizan las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato.
Son cifras que ponen al descubierto una realidad que el Ministerio de la Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han propuesto combatir con un teléfono gratuito que desde comienzos de año está a disposición de quienes se sienten víctimas de acoso inmobiliario.
A esta iniciativa se han acogido, de momento, diez municipios -A Coruña, Fuenlabrada y Getafe en Madrid, Gijón, L Hospitalet de Llobregat en Barcelona, Denia y Elche en Alicante, Vitoria, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria- y hay otros interesados en sumarse.
Esos ayuntamientos tomarán en cuenta las denuncias telefónicas -hasta el momento unas quinientas, y procedentes de toda España, según Vivienda- y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso de acoso lo requiera, además de dirigir a los ciudadanos hacia servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita.
De momento, en el Código Penal no está tipificado como delito el mobbing inmobiliario, si bien estas conductas de violencia psicológica y presión pueden calificarse como constitutivas de un delito o falta de coacciones recogidas en los artículos 172 y 620.2, castigadas con multas y hasta prisión.
Reformar el Código Penal
Desde diferentes ámbitos se ha reclamado ir más allá, reformando el Código para incluir éste y otros tipos de mobbing. "La Justicia no es lo suficientemente sensible en estos casos", apunta María Isabel Torralba, presidenta de la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, quien habla de la necesidad de una legislación "tajante" y de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que haya juicios rápidos.
En el Ayuntamiento de Barcelona son partidarios de la mediación, de "explorar la autoridad moral" del consistorio, y de la coordinación, porque, destaca Itziar González, concejala responsable del distrito de Ciutat Vella, cuando no existe "la impunidad es más fácil".
González, arquitecta y vecina de su distrito, ha sido la principal impulsora del acuerdo suscrito por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y la Fiscalía de Cataluña para crear la primera fiscalía de España especializada en mobbing inmobiliario.
"Que sirva como aviso a los especuladores para que tomen nota y vean que el Ayuntamiento se toma muy en serio el problema", destaca Antonio Sorolla, delegado de Vivienda en el consistorio barcelonés.
La concejala de Ciutat Vella abunda en la misma idea. "Hemos levantado el brazo en un gesto de autoridad para decirles a los acosadores que su actitud no quedará impune", comenta.
Los planes a corto y medio plazo de la Fiscalía General del Estado, informó un portavoz, no contemplan extender la iniciativa a otros lugares de España, si bien hay ya voces en la oposición municipal madrileña que la reclaman para la capital.
A cara de perro
En Sevilla, la lucha a cara de perro de su Ayuntamiento contra los acosadores es más efectiva desde que en 2004 se creara la Oficina de asesoramiento a inquilinos en situación de abuso (OTAINSA), que desde entonces ha mantenido reuniones con inquilinos de más de 350 edificios del casco histórico.
"Las condiciones de inhabitabilidad de los edificios provocan en sus moradores un estado grave de desesperanza y desasosiego" que obliga a intervenir con carácter de urgencia a la autoridad urbanística, dijo Antonio Rodrigo Torrijos, delegado de OTAINSA, oficina dentro de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad.
El primer objetivo de OTAINSA, informa su delegado, es exigir a los propietarios el cumplimiento "escrupuloso" del deber de conservación de los edificios. Si no es así puede llegarse a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor. Actualmente hay abiertos 25 expedientes en uno u otro sentidos.
"Pretendemos contribuir -insiste- a la implantación de una cultura en la que sean plenamente compatibles los derechos de propiedad y los de arrendamiento".
El Ayuntamiento de Madrid apostó hace tiempo por el "control preventivo", con la puesta en marcha de la ITE, la inspección técnica de los edificios antiguos. Pese a ello, continúa el goteo de denuncias de acoso. "Se ha rehabilitado mucho, pero siguen dándose casos", afirma Manuel Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos "La Corrala", en el centro de la capital.
* ADN - Carlos Mínguez (EFE) - 28.06.2008
Foto: Mobbing, vecinas de la corrala madrileña del Ventorrillo - A.García, elpais.com
El Gobierno ha recurrido desde 2005 unos 80 planes urbanísticos
ELPAÍS/Valencia* : El Gobierno ha impugnado en los últimos tres años la aprobación de unos 80 planes urbanísticos por parte de la Generalitat y de algunos ayuntamientos porque no respetan sus competencias, según datos de la Delegación del Gobierno. Más de 60 recursos -de los que seis han supuesto la suspensión cautelar de los planeamientos- están a la espera de sentencia y otros siete se han resuelto de forma extraprocesal, es decir, se han corregido los defectos antes de que acabe el proceso.
Dos de los recursos se han fallado en contra de la reclamación del Gobierno y uno, a favor. Y es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de invalidar el plácet dado por la Generalitat al plan del Pinaret, en Ador, porque carecía del informe de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
"Esperamos muchos más", advierten desde la Delegación del Gobierno, que desde 2005 hasta el pasado mayo ha impugnado 82 aprobaciones, ya sea por parte de las comisiones territoriales de urbanismo o de ayuntamientos, al considerar que no respetan las competencias estatales. Un gran número de estos planes o no tiene informe de aguas de las confederaciones o éste era negativo. Otros planes se han impugnado por problemas de movilidad (falta de capacidad de las carreteras) o porque invadían el dominio público de los cauces de los ríos.
La nueva Ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para la aprobación de futuros proyectos. Si la Ley del Agua -a la que se refieren la mayoría de recursos del Estado- sólo considera preceptivo, no vinculante, el informe de la confederación, la nueva norma ve sus dictámenes "determinantes". "El agua es una cuestión crucial en la fase de planeamiento y los tribunales lo han dejado claro", defiende el subdelegado del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Martínez.
El balance de impugnaciones es aleccionador. Desde finales de 2005, el Gobierno central ha recurrido macroproyectos urbanísticos como la Vega de Cullera (12.000 viviendas) -más conocido como el Manhattan-, el de Brosquil en esta misma localidad de La Ribera, el de Nou Mil·leni de Catarroja, el de Gran Manises (10.000 viviendas), el de las lagunas de Rabassa o Porxinos (2.700 casas). Todos estos recursos, presentados por cuestiones hídricas, están admitidos a trámite y a la espera de resolución judicial.
El Ejecutivo central ha cosechado varios fracasos a la hora de suspender cautelarmente algunos de ellos. Es el caso de la Vega-puerto de Cullera, Porxinos en Riba-roja o el Pinaret de Ador. Sí ha conseguido detener provisionalmente, según datos de la Delegación del Gobierno, el concierto previo de Llaurí, un plan en Loriguilla, el plan general de Enguera, el plan de San Diego en Alfara del Patriarca o el plan parcial de Segaria, en Benimeli. El caso más sonado fue la paralización de la revisión del plan general de Benimuslem, un pequeño pueblo de La Ribera Alta de 600 habitantes, donde se prevé la construcción de 1.500 nuevas casas. La sala no vio probada la existencia de agua suficiente.
Un tercer bloque de recursos se ha saldado con lo que técnicamente se conoce como satisfacción extraprocesal, es decir, tras la impugnación, los consistorios han corregido los problemas. En esta situación están el plan parcial de mejora en Gilet, el Parque Empresarial Circuito de Cheste -un proyecto de 900.000 metros cuadrados donde los promotores no acreditaron la existencia de agua para albergar un centro logístico y una ciudad circuito con hoteles y servicios-. El TSJ desestimó la suspensión provisional pedida por los abogados del Estado porque los promotores probaron la existencia de agua. Completan la lista otro plan de mejora en Oliva, el plan general de Alfara de Algimia, un proyecto en Aldaia o el plan general de Algar del Palancia. En esta última localidad, la Delegación del Gobierno envió un escrito al juzgado dando luz verde al PGOU. El Consistorio garantizó a la CHJ el abastecimiento de agua a los 1.600 nuevos residentes.
Otras organizaciones ajenas al Estado han impugnado, con desigual suerte, otros planes urbanísticos. Es el caso de Ecologistas en Acción, movimientos vecinales y partidos políticos.
Y vino Ador
Desde la Generalitat, las cosas no se ven del mismo modo. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente explica que casos como el de Ador -que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia aprobó sin la existencia del informe de aguas que debe elaborar la Confederación Hidrográfica del Júcar- pueden considerarse un error o un caso aislado. Insisten en que tras la cruzada del Gobierno central contra las resoluciones de la Generalitat, no hay más que una bronca política, por lo que apuestan por colaborar con las confederaciones hidrográficas para acreditar la existencia de agua de algunos planes urbanísticos.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana considera, sin embargo, la sentencia de Ador -que la Generalitat acata y no recurrirá ante el Tribunal Supremo como le permite el TSJ- de "histórica", al ser la primera que se pronuncia sobre uno de los asuntos de fondo de la polémica urbanística de los últimos años. Y es que, se tenga en cuenta o no, la Generalitat no puede aprobar un plan urbanístico sin el preceptivo dictamen de los organismos reguladores de cuenca. El fallo de Ador se añade a la paralización cautelar conseguida en su día por afectados por varios programas urbanísticos en la localidad alicantina de Parcent. La CHJ emitió a principios de año un informe desfavorable a los tres PAI impulsados en Parcent por no tener garantizada la disponibilidad de agua.
Situación de los recursos del Gobierno
- Más de 60 recursos han sido admitidos a trámite desde principios de 2005 hasta el pasado mes de mayo. Entre los más grandes están la Vega de Cullera, Nou Mil·leni de Catarroja, Gran Manises o Porxinos, en Riba-roja.
- Dos recursos -el plan Molí Nou de Benaguasil y el PAI de Urbacón Levante, en Villalonga- se han fallado de forma desfavorable.
- El TSJ ha dictaminado las suspensiones provisionales de 6 planes urbanísticos en: Llaurí, Benimuslem, Loriguilla, Enguera, Alfara del Patriarca y Benimeli.
- La sentencia sobre el Pinaret, en Ador, es la primera que se pronuncia sobre el asunto de fondo: si son precisos o no los informes de las confederaciones.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 30/06/2008
Foto: Cullera - Representacion_Manhattan -elpais.com
Los especuladores devuelven pisos que habían comprado a los promotores
DIARIODEMALLORCA* : El parón en las ventas inmobiliarias está provocando la devolución a los promotores de viviendas que únicamente se habían adquirido con fines especulativos, según han asegurado algunas de las empresas afectadas.
Las estimaciones de la patronal realizadas en 2007 indicaban que cada año se estaban vendiendo en las islas unos mil pisos en esas condiciones, el equivalente a un 15% de los que se edificaban.
La operación estaba resultando hasta hace poco sumamente rentable. Una persona compraba una o más viviendas en una misma promoción cuando las obras ni siquiera se habían iniciado, por lo que sólo tenía que abonar en torno a un 20% de su valor, quedando el resto pendiente de pago para el momento en que la construcción ha concluido y se produce la entrega de las llaves, lo que puede suponer un plazo de 18 meses.
Sin embargo, antes de llegar a esa última fecha el comprador inicial ya había procedido a la reventa del inmueble por su valor total, consiguiendo un apreciable beneficio gracias a las fuertes revalorizaciones que se registraban antes de que diera comienzo la crisis inmobiliaria a mediados de 2007 y que durante los últimos ejercicios se han movido por encima del 10% anual.
El problema radica ahora en que los pisos que se adquirieron con fines especulativos no están encontrando demanda para proceder a la reventa, y se acerca el momento en que el comprador va a tener que abonar el precio total del mismo, en la mayoría de los casos subrogando la hipoteca del promotor. Pero una buena parte de estas personas no dispone de capacidad económica para hacer semejante desembolso.
La opción que algunos de estos inversores están comenzando a adoptar es renunciar a la adquisición definitiva del inmueble en el momento de la entrega de las llaves y aceptar perder a cambio la cantidad inicial que abonaron como garantía.
Perjuicio para las empresas
Según destacó uno de los promotores que reconoce haberse visto afectado por esta situación, este hecho no supone una ventaja real para la empresa, ya que aunque se queda con la cantidad inicialmente desembolsada, rompe los planes que se habían realizado en materia de ingresos, dado que se daba por hecho que se iba a cobrar el total del valor del piso. Sobre este punto, se recuerda que en este momento no se pone en marcha ninguna nueva promoción hasta que no está vendida la mayor parte de la anterior.
Hasta ahora, los promotores reconocían que las citadas operaciones con fines especulativos les daban mayor tranquilidad, ya que ayudaban a que en torno a un 20% de los pisos estuvieran vendidos antes de iniciar las obras y el 50% cuando la edificación se encontraba ya a la mitad.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 29.06.2008
Foto: Antes de la crisis, muchas viviendas se vendían mientras aún no estaban construidas. / Manu Mielniezuk, diariodemallorca.es
Ladrillos en primera línea
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MÁLAGAHOY* : Ladrillos en primera línea. Eso es lo que se puede encontrar a lo largo del 90 por ciento del litoral de Estepona según denuncian Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja a través de un informe en el que analizan la situación urbanística del municipio a raíz de la puesta en marcha de la operación Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal destapada en el Ayuntamiento de Estepona.
Según explican, el 90 por ciento del litoral oriental "está ocupado por urbanizaciones que llegan a asentarse en dominio público marítimo-terrestre e incluso por debajo del nivel de pleamar en algunos casos". Desde el citado colectivo señalan que solo resisten en este tramo las zonas de dunas de Casasola, Punta del Saladillo y la desembocadura de Guadalmansa.
Desde Ecologistas en Acción propusieron en 2006 la protección de unos tres kilómetros del tramo litoral de El Saladillo-Matas Verdes comprendido entre las desembocaduras de los ríos Guadalmansa y Guadalmina.
En cuanto al tramo occidental, desde Ecologistas apuntan que "los escasos hitos que quedaban libres de urbanización se puede considerar que ya no lo están, pues nuevas promociomes los han ocupado".
En el citado informe aseguran que "no se puede considerar que el gobierno intervenido en junio de 2008 sea el único culpable de la situación a la que se ha llegado, pues todos los partidos de la oposición han participado en esta política urbanística o han mirado para otra parte".
De hecho, Ecologistas se remonta a los años 80, momento en el que se levantó la urbanización Forest Hill "en una de las fincas con mayor valor ecológico del territorio esteponero: Las Abejeras". Posteriormente, entre 1990 y 1994 el citado colectivo denunció la construcción del edificio Jacaranda en el límite oriental de la playa de La Rada, vulnerándose la ley de costas, mientras que en 1995 llamaron la atención sobre el gran incendio que arrasó los terrenos en los que se levanta actualmente el parque Selwo.
Según el informe de los Ecologistas, "en 1995, con el GIL recién llegado, se produjo ese fuego. Inmediatamente salió a la luz pública el proyecto de parque zoológico". El grupo naturalista Grusberg "fue el único grupo social o político que se atrevió a decir que ubicar esa instalación en la zona quemada, suponía una ilegalidad y que el fin último era dedicar esa zona, no urbanizable, a la recalificación por suelo residencial", especifican en el escrito. Posteriormente, en 2006, gobernando Antonio Barrientos (PSOE) con José Ignacio Crespo (PES), se anunció la intención de reclasificar 600.000 de los 90.000 metros cuadrados del recinto de ocio si bien finalmente no prosperó esta operación.
En 1999, el gobierno del GIL adjudicó a una empresa la explotación de los usos del monte público de Sierra Bermeja, proyecto que, según los Ecologistas, trató de continuar el gobierno del PP que dirigió Rosa Díaz, actualmente miembro del equipo de gobierno por Estepona 2007. En esta ocasión Grunsberg presentó un recurso contencioso administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en la actualidad está en fase de conclusiones.
A modo de conclusión, Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja recuerda que en 2003, Estepona ya había cambiado su PGOU de 1994 en más de 70 unidades de ejecución. "Los recursos naturales y culturales del municipio están prácticamente sepultados bajo innumerables urbanizaciones". Como muestra señalar el proyecto del Parque Central, donde "los terrenos están mayoritariamente ocupados hoy por grandes bloques de pisos de renta libre".
* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 29.06.2008
Foto: Estepona, en una imagen aérea que muestra la expansión de la ciudad hasta la orilla de la mar/ malagahoy.es
Alicante: Los vecinos rechazan el plan de Fomento para soterrar las vías y lo tachan de ´barbaridad´
INFORMACIÓN* : Oposición total. Los vecinos de la zona de la Estación de Adif, agrupados en la Plataforma Renfe, mostraron ayer su frontal rechazo al nuevo proyecto del soterramiento de las vías férreas de Alicante propuesto por el Ministerio de Fomento y que incluye la construcción de 13 bloques de viviendas, lo que impediría realizar el gran parque lineal previsto.
"Esto es una barbaridad inviable, increíble e indecible", confesó ayer a este diario el coordinador de la Plataforma Renfe Joaquín López, quien aseguró que el último planteamiento del Ministerio "es un invento que demuestra que se quiere hacer todo lo posible para no poner el dinero suficiente para acometer un proyecto que lleva estancando cuatro años". Según la propuesta técnica de Fomento, el incremento del número de pisos en los terrenos de Renfe liberados se distribuirían en 13 grandes torres: cinco de 41 plantas y otras ocho de 22 alturas. De este modo, de las 1.500 viviendas previstas en el acuerdo inicial, se pasaría ahora a más de 4.000 para poder financiar las obras del soterramiento a través de las correspondientes plusvalías. El coste del proyecto ascendería a 600 millones frente a los 200 previstos inicialmente.
"Los errores de los políticos -comentó el representante de los vecinos- no los debe pagar la ciudad. Si el proyecto cuesta ahora 400 millones más, que los paguen quien tenga que pagarlos, pero no a través de las plusvalías, porque Alicante no se merece que se quiera hacer un Manhattan en medio de la ciudad". Asimismo, la Plataforma Renfe exigió que el proyecto respete la gran zona verde incluida "en el convenio consensuado entre PP y PSOE y que ahora quieran quitar".
Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, consideró ayer "muy preocupante que todavía no haya fecha para el inicio de las obras del soterramiento". Mientras tanto, el portavoz del colectivo local de Esquerra Unida (EU), Miguel Ángel Pavón, denunció "la excesiva dependencia que tienen las plusvalías de los terrenos liberados sobre la financiación del proyecto". "Las torres no responden a ninguna justificación urbanística o arquitectónica, y únicamente encuentran su razón de ser en la falta de financiación pública", afirmó Pavón.
El Consell considera "difícil" que el AVE llegue en 2010
El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, afirmó ayer que las últimas adjudicaciones de seguridad y señalización del tren de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana "hacen temer que con los plazos de ejecución previstos va a ser muy difícil que el AVE llegue en 2010".
En este sentido, Flores lamentó en un comunicado que esos plazos son "muy ajustados" ajustados y con ellos el Gobierno central "en lugar de impulsar el AVE, lo que está haciendo es poner en riesgo la llegada de la alta velocidad en la fecha prevista". El conseller tildó de "decepcionante" que "tras más de un año sin reunirse, la sociedad Avant para el soterramiento de Alicante haya convocado una reunión para el martes que viene donde sólo va a tratarse la aprobación ordinaria de las cuentas, donde va a procederse al cese y nombramiento de consejeros que debía haberse realizado hace un año y donde, previsiblemente, va a seguir sin avanzarse en la aprobación del proyecto de la llegada del AVE a la ciudad de Alicante", concluyó.
* Información - F. D. G. - 29 de junio de 2008
Foto: Las obras del soterramiento - CRISTINA DE MIDDEL, diarioinformacion.com
Los residentes, críticos con el estado de los cascos históricos
CONSUMER* ha querido conocer de primera mano la opinión de los residentes sobre los cascos históricos en los que viven y desarrollan buena parte de su día a día. Se ha encuestado a 1.000 personas (100 en Madrid y Barcelona, 50 en el resto de capitales visitadas). En la visión de estas ciudades predominan más las sombras que las luces, en especial en los apartados de limpieza, conservación de inmuebles, dotación de servicios y zonas verdes.
De hecho, la nota media que le conceden a estas zonas es, en una valoración de cero a diez, de un escueto 6. Los más satisfechos, los encuestados en Pamplona (8 puntos sobre 10), Logroño, Murcia, Oviedo, Valladolid y Bilbao (todos ellos con 7 puntos sobre diez). Los más descontentos, los de Barcelona y Sevilla (4 puntos):
- Limpieza: El 61% de los 1.000 encuestados suspendieron la limpieza de su casco histórico con un 'regular' o un 'mal'. Los motivos fueron tres: "se limpia con poca frecuencia","hay muchas pintadas, carteles y todo tipo de desperfectos"; y "todo está muy sucio y huele muy mal".
- Servicios: Uno de cada tres vecinos consultados se quejaron de la dotación de servicios de los cascos históricos. En Vitoria (el 54% de las personas preguntadas) y Granada (un 65%) se mostraron especialmente descontentos.
- Movilidad y accesibilidad: El 41% de los encuestados afirmó que las calles en las que viven no son accesibles para personas con algún tipo de discapacidad o mayores.
- Seguridad: Ciertas calles o zonas de los cascos antiguos de las ciudades se han convertido en un foco de delincuencia. De ahí que muchos vecinos, tanto de estos barrios históricos como de otras partes del las ciudades, aludan a la inseguridad de estas calles. Entre los más descontentos: los residentes en el casco viejo de Barcelona, Vitoria, Córdoba y Sevilla. Los más confiados: granadinos y vallisoletanos.
- Rehabilitación integral: La mitad de los encuestados considera necesaria una reforma de los cascos históricos. Los más satisfechos con el estado actual de las calles en las que viven: los residentes en San Sebastián y Valladolid; zaragozanos y alicantinos son los más críticos. Puestos a hacer reformas, los porcentajes apenas varían pero destacan los que apuestan por mejorar calles y viviendas.
Comparando con otras zonas de la ciudad: Los encuestados se muestran en general poco satisfechos de los resultados de la comparación entre su barrio y el resto de zonas de la ciudad en la que viven:
1. Servicios: Al menos la mitad de los residentes preguntados considera que está igual que otras zonas de la ciudad, pero un 30% opina que la dotación de infraestructuras es peor en el casco viejo.
2. Viviendas: Un 46% considera que el estado de sus casas es lamentable, en especial los malagueños, alicantinos, coruñeses y zaragozanos.
3. Calles: La mayoría asegura que el estado de las calles es similar al del resto de vías de su ciudad.
4. Limpieza: Para uno de cada dos vecinos consultados, la limpieza y el mantenimiento de las calles en las que viven apenas se diferencian de las de otros barrios. Sin embargo, un 30% afirma que la dejadez es mayor en el centro histórico. Los de Oviedo son los que menos se quejan en este apartado.
5. Accesibilidad: Un 48% defiende que la accesibilidad en estas zonas es mala, sobre todo en Alicante y Granada.
6. Zonas verdes: Seis de cada diez encuestados critican que la dotación de zonas verdes es peor en el casco histórico.
El casco antiguo ideal
El centro histórico no sólo debe ser un escenario preparado para los turistas. Las personas que residen en las calles más antiguas de la ciudad deberían ser la prioridad en sus proyectos de recuperación. Por ello, el casco antiguo ideal tendría que disponer de:
- Oficinas administrativas: Es beneficioso que el ciudadano perciba que entre la Administración y él se establece una relación cercana y que el casco antiguo también es importante.
- Centros de salud y farmacias: Se trata de un servicio fundamental para que el residente en el casco histórico cuente con un mínimo de calidad de vida y no tenga que hacer sus gestiones médicas al otro lado de la ciudad.
- Centros para la tercera edad: El envejecimiento de la población es general, pero aún mayor en los cascos históricos.
- Centros educativos, de ocio, culturales y bibliotecas municipales: La dimensión cultural y educativa juega un papel muy importante para dinamizar y cohesionar la vida del casco antiguo.
- Zonas verdes y parques infantiles: Al igual que en el resto de la ciudad, los espacios públicos de reunión mejoran la calidad de vida en la ciudad.
- Calles peatonales: Fomentan la vida social en las calles del barrio.
- Movilidad: Los vecinos del casco histórico deben disponer de paradas de autobús, tranvía o metro que les lleven al lugar de la ciudad que necesiten. Además, para fomentar el transporte sostenible es conveniente instalar aparca-bicis.
- Viviendas y pavimento en buen estado: El casco histórico de muchas ciudades conserva viejas construcciones y pavimento que necesitan ser rehabilitadas.
- Mobiliario urbano: Al igual que en otros barrios de la ciudad, un casco antiguo precisa de farolas que proporcionen la necesaria iluminación, papeleras que ayuden a conservar en buen estado las calles, pivotes o bolardos que separen el tráfico (si la calle no es peatonal) de los viandantes, bancos...
- Limpieza: Los cascos históricos deben tener papeleras, contenedores de recogida selectiva de basura y los equipos de limpieza deben limpiar la zona con regularidad.
- Accesibilidad: Lo más habitual es que las estructuras de los cascos históricos sean irregulares, con rampas y escaleras inaccesibles para personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Por ello, el Gobierno municipal debe instalar sistemas (rampas o escaleras mecánicas y ascensores) que permitan a esta parte de la población salvar este tipo de obstáculos.
* Consumer Eroski - Reportaje, pag.4 - junio 2008
Foto: Consumer
NOTICIA RELACIONADA: Cascos históricos urbanos: 18 ciudades, una a una - CONSUMER - Junio 2008
La UE investiga Gran Manises
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LEVANTE/Valencia* : La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia del Agrupament Progresista de Manises (APM) -actualmente en el grupo municipal junto al PSPV- contra la macrourbanización Gran Manises y ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación.
La queja se presentó por APM en diciembre de 2007 por los "numerosos incumplimientos legales" que supondría la ejecución del PAI, en opinión de este partido. En concreto, en la denuncia se incidió en la "invasión del dominio público hidráulico" de diversos barrancos como el Salt de l'Aigua y el Fondo, además de ubicarse "en zona susceptible de inundaciones". Durante la tramitación del PAI también APM denunció estos asuntos ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Otro asunto al que se hace referencia en la queja es el impacto que Gran Manises tendrá sobre determinadas carreteras del Estado, así como "el elevado coste que supondrá hacer los accesos necesarios" al by-pass y al aeropuerto "sin que su definición y financiación estén de ninguna manera detallados en el proyecto urbanístico que se ha aprobado" y que presentó una empresa mixta en la que participa el Instituto Valenciano de la Vivienda. APM denunció asimismo estos condicionantes previamente ante el Ministerio de Fomento.
La Comisión de Peticiones ha respondido que "de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Parlamento Europeo, ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea".
Para APM, la decisión es "muy importante" ya que "una institución de prestigio va a investigar Gran Manises, un proyecto que, de realizarse, supondría convertir Manises en otra ciudad que duplicaría la actual población de 30.000 habitantes".
* Levante-EMV - Laura Sena, Manises - 29 de junio de 2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es
Más de 40 cargos públicos imputados por corrupción en Canarias en tres años
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LAPROVINCIA* : Más de cuarenta cargos públicos imputados por corrupción en Canarias en los últimos tres años es el balance que arroja la denominada operación manos limpias. Treinta y seis meses a algo más de un imputado por mes, o un cargo público imputado cada 26 días.
Desde que el juez Parramón ordenó la detención de Celso Perdomo por el denominado caso eólico, pasando por el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que situaba a Miguel Zerolo en el epicentro de una presunta trama de cobros ilegales en Santa Cruz de Tenerife, hasta la libreta de Mickey Mouse en la que Toñi Torres apuntaba los pagos secretos en Telde, el Archipiélago canario vive a sobresalto de portada de periódico.
Alcaldes y concejales, fundamentalmente, componen el grueso del perfil del cargo público imputado en Canarias, donde los últimos 36 meses han dado para mucho.
9 de febrero de 2006. Por orden del juez Parramón, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, la policía detiene a siete personas, entre ellos el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo. Arrancaba así el caso eólico, una presunta trama que pretendía hacerse con el negocio de los parques eólicos en el Archipiélago a cambio de comisiones por kilovatio de potencia adjudicada.
Pero sólo fue el inicio. El 1 de marzo de 2006, pasadas las siete de la mañana, la policía acudía a una vivienda de la calle Galicia, en la capital grancanaria, para detener a Toñi Torres, concejala de Obras Públicas en el municipio de Telde y cerebro de otra presunta trama de corrupción en torno al ayuntamiento cuyo objetivo era cobrar comisiones a empresarios por adjudicación de obras públicas.
La operación Faycán es la más voluminosa investigación de corrupción que se lleva en Canarias en estos momentos, con una cifra de imputados que ronda el medio centenar, doce de ellos cargos públicos. Un alcalde (Francisco Valido), nueve concejales, un asesor de obras públicas y un ex parlamentario, para ser exactos.
MOGÁN. Tras Telde, la ruta de la corrupción (presunta) tomó el camino de la autopista del sur de Gran Canaria para detenerse en Mogán, el turístico municipio de 21.000 habitantes. El 23 de enero de 2007, el alcalde del Partido Popular Francisco González y su teniente de alcalde, Onalia Bueno, se encontraban con una sorpresa a primera hora de la mañana en sus propios domicilios: la policía. Aunque sorpresa a medias, pues de las escuchas telefónicas que existen en el sumario judicial se deduce que ambos sabían de buena fuente que algo se estaba gestando en la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y que pronto serían detenidos.
La denominada operación Góndola se salda, por el momento, con un total de trece imputados, cuatro cargos públicos entre ellos: el alcalde, la teniente de alcalde y su padre, a su vez ex primer edil del municipio, y un concejal.
Tras Mogán, en junio de 2007, la operación manos limpias se detuvo en San Bartolomé de Tirajana, otro municipio turístico que levantaba sospechas de corrupción en los últimos años. Un concejal con mucho poder, Pacuco Guedes, es el cargo público imputado.
Pero hay más, está la operación Brisán que afecta a otros tres cargos públicos de Santa Brígida, y antes de todas ellas, el caso Icfem, que diez años después de su inicio sigue vivo con seis cargos públicos imputados. En total, más de cuarenta.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 29 de junio de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), puerto - wikipedia.org
