MADRIDIARIO* : El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Javier María Casas, abogó este miércoles por una legislación "más estricta" sobre urbanismo ante el incremento de la corrupción administrativa en este campo y subrayó que "el real sometimiento a las normas dependerá de que las técnicas de control sean cada vez más efectivas".
El máximo responsable del TSJM inauguró en la sede del Consejo General del Poder Judicial las jornadas 'Licencias Urbanísticas y Corrupción Administrativa', acompañado de la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Paloma Sobrini.
En su discurso, Casas aludió a los datos incluidos en el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007, en el que se recogen un total de 2.267 quejas sobre esta materia. Así, recalcó que "la indudable fuente de poder económico" que entrañan las cuestiones urbanísticas hace que este ámbito sea susceptible a su "utilización corrupta".
Por ello, consideró imprescindible que se aborden debates sobre los aspectos jurídicos en el tratamiento de los delitos urbanísticos desde "una perspectiva plural para profundizar en un fenómeno cuya trascendencia lo convierte en un reto para el conjunto de la sociedad". Por su parte, Sobrini criticó "la arbitrariedad" que se da en el campo de la concesión de licencias, pese a ser "un acto reglado". "No es razonable que cada cual tire por donde quiera en las licencias. Al final, el arquitecto siempre está perdido", denunció.
Desde el pasado septiembre, el COAM trata de homogeneizar los procedimientos de regulación en la tramitación de licencias a fin de evitar que se den supuestos como el 'caso Guateque', en el que se investiga una supuesta trama de funcionarios corruptos del Ayuntamiento de Madrid que agilizaban licencias a cambio de elevadas cantidades de dinero.
* Madridiario - 11-06-2008 - MDO/EP
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google
El presidente del TSJM pide leyes más estrictas contra la corrupción urbanística
Sevilla: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día
GAS* : El futuro de Sevilla se ve color de ladrillo. A pesar de la crisis inmobiliaria y de la ya de por sí elevada construcción en el Área Metropolitana de Sevilla, el futuro de Sevilla es seguir aumentando la conurbanización entre la capital y los pueblos de su periferia: Alcalá, Dos hermanas, el Aljarafe, etc.
Los últimos años han sido de crecimiento espectacular en las poblaciones “dormitorio” sevillanas; así, en cuarenta y ocho localidades de la provincia se han dado de alta en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) 59.000 viviendas durante los últimos seis años. Estas cifras, que no engloban a la totalidad del territorio sevillano, ya dejan ver el “boom” urbanístico del último lustro.
De entre las localidades que más aumentan, se encuentran Dos Hermanas, que está viviendo una expansión urbanística sin precedentes. Los últimos planes urbanísticos reflejan la creación de 7.000 viviendas de protección oficial (VPO), tras los que se esconde la creación de otras 14.000 viviendas de renta libre. Esta dinámica de crecimiento incontrolado, reflejada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente, incumple el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Otra localidad que muestra señales de multiplicar su población es Alcalá de Guadaira. Así, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de la Junta en Sevilla ha aprobado la modificación del plan parcial de La Isla. En dichos suelos, de 65 hectáreas, se construirán 2.500 viviendas de renta libre y otras 1.145 de VPO, además el nuevo estadio municipal de fútbol y un nuevo hospital, reservándose 3,2hectáreas para usos terciarios. Esta medida traerá consigo la conversión en vía urbana de la antigua N-334 y la creación de una circunvalación que impactará directamente en el río Guadaira al tener que cruzarlo con un nuevo puente. A esto hay que sumar la construcción de unas 4.500 viviendas en la zona de contacto con el Parque del Guadaíra.
Ya dentro de Sevilla, la expansión de la ciudad se plantea por el noroeste y el sur; por el noroeste, en los terrenos de Santa Bárbara, se prevé utilizar una parcela de 380 hectáreas para continuar el llamado desarrollo urbanístico de la conurbanización de Sevilla. El proyecto comenzará el próximo octubre, planteándose 17.000 viviendas, siendo 6.000 de protección oficial. Será la empresa DUSE SL, participada por Sando, Realia y Noriega la encargada de las obras. Este terreno nuevo barrio se situará entre Sevilla Este y el Aeropuerto.
Sin embargo, es el sur el que se pretende inundar completamente de viviendas y urbanizaciones. De este modo, en los próximos 15 años nacerán cuatro nuevas zonas residenciales para lo que las infraestructuras se multiplicarán: por un lado, se construirán nuevas conexiones por carretera (el Paso Territorial Sur) entre el sur del Aljarafe, Dos Hermanas y Los Quintos, y las líneas férreas se completarán con la Línea 1 de Metro ya en ejecución. Así, se pueden entender las obras de creación de la S-40 y los desdobles de diversas carreteras en la periferia sevillana.
Las zonas elegidas serán Cortijo de Cuarto, Entrenúcleos, Palmas Altas y Villanueva del Pítamo, además de los equipamientos que aportará la ordenación de los terrenos del Guadaira y del Puerto de Sevilla. Contarán con 5.000, 20.000, 3.000 y 12.000 viviendas, respectivamente.Las viviendas, que serán casi la mitad de protección oficial, pretenden convertir algunos de esos enclaves en los llamados “barrios del siglo XXI”, con espacios verdes bien distribuidos, comunicaciones por carretera, tren y bicicleta, con centros como la futura Ciudad del Conocimiento, parques tecnológicos, equipamientos, espacios comerciales, etc. Las obras en algunos de estos espacios comenzarán en el año 2009, y ya las inmobiliarias han adquirido los suelos así como han comenzado la construcción de los centros comerciales. Sin embargo, este edén de fantasía y vida “americana”, conllevará la supresión de tierras de cultivo por viviendas innecesarias, el cambio del cauce del río Guadaira, así como el impacto en la flora y fauna de esos espacios.
Esta práctica constructora frenética, unido a la crisis en el sector, hace que se llegue a la contradicción de tener, actualmente, 7.000 pisos nuevos sin vender, y 19.000 en construcción y paralizados. Esta situación hace que las administraciones diseñen planes para que las casas se vendan y la crisis se frene: es la nueva política de las VPO. Viviendas pagadas en parte por la administración para personas con bajos recursos, lo que a su vez da a los políticos un aire populista. Por lo tanto, las administraciones están pagando a las constructoras para que no desaparezcan y tengan negocios, sin replantearse si son necesarias.
La contradicción se hace patente cuando vemos la actuación que se lleva a cabo en el centro de Sevilla: se destruyen casas, corrales de vecinxs, se echan a lxs vecinxs y se especula con ellos, construyendo nuevos apartamentos de lujo para las capas altas de la sociedad, que pasan a vivir en estos centros históricos, que, además, se están convirtiendo en verdaderos espacios “impolutos” con las medidas represivas tales como la ordenanza “cívica” que se quiere aprobar, las cámaras de “seguridad”, la ley antibotellón, etc. Y la población termina segregada en barrios periféricos, con una calidad de vida peor y sosteniendo a las empresas constructoras. A esta situación hay que añadir los centenares de espacios desocupados y vacíos de la ciudad.
Esta política, que se deja ver en diferentes medidas, tiene su ejemplificación en el tema de la vivienda cuando vemos que el Consorcio de la Vivienda de la Gran Sevilla tiene pactadas 10.000 VPOs o que la Junta prevé construir 27.440 VPO más en el área metropolitana de Sevilla. De hecho, se invertirán 12.000 millones el nuevo Plan de Vivienda y Suelo que pretende conseguir, antes del 2012, que 4 de cada 10 viviendas construidas sean de protección oficial.
Y, por si no fuera poco, estas decenas de miles de viviendas que se construyen, degradan los espacios naturales del territorio, saturan los acuíferos, implantan modelos de transporte perjudicales y hacen crear infraestructuras gigantescas que no hace más que repercutir sobre el medio ambiente de la zona en la que se implanta. Los datos, de la Fiscalía de Medio Ambiente sevillana, revelan que entre 2005 y 2007, el 61% de los más de mil cien asuntos relacionados con delitos ecológicos y del patrimonio se con infracciones urbanísticas. Según datos del Seprona, entre enero del 2005 y septiembre del 2006, se detectaron 1.400 construcciones ilegales y 309 parcelaciones ilegales en 21 municipios de la provincia la mitad de las construcciones irregulares de Andalucía.
Ante esta coyuntura de irregularidades en las poblaciones andaluzas y sevillanas, ha nacido una plataforma, “Vivir en el campo”, impulsada por el alcalde de Marchena, que pide la regularización de las viviendas ilegales.
* Grupo de Acción Social - 07/06/2008
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es
Madrid: Las organizaciones ambientales exigen la paralización inmediata de la M-501
SOITU* : WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra exigen el cumplimiento de la sentencia por parte de la Comunidad de Madrid y la paralización inmediata de la M-501. Además, las cuatro organizaciones ecologistas internacionales piden la eliminación de la fianza impuesta por el TSJM a Ecologistas en Acción para hacer efectiva la suspensión cautelar mientras se analiza el recurso de la Comunidad de Madrid.
Los grupos ecologistas promoverán un cambio legislativo para que no se impongan fianzas o cauciones en acciones de asociaciones de utilidad pública contra la mala gestión de las administraciones.
WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra solicitan que se haga efectiva la paralización de las obras de la Comunidad de Madrid en la carretera M-501, conocida como la «carretera de los pantanos», tal y cómo ha acordado la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además, solicitan que se lleve a cabo sin necesidad de presentar fianza alguna . La paralización tiene como objetivo evitar un grave perjuicio para el medio ambiente que es uno de los deberes encomendados a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no puede considerarse a la Comunidad de Madrid como perjudicada por cumplir con su obligación de paralizar unas obras demostradamente dañinas para la naturaleza.
Reforma de la ley de procedimiento administrativo
Según los grupos ecologistas, resulta urgente restablecer el equilibrio entre los intereses generales y los públicos y privados, por lo que solicitarán modificaciones legislativas que completen y perfilen el marco del derecho a la justicia gratuita en temas ambientales.
La legislación actual permite a los tribunales imponer fianzas, garantías o cauciones a la hora de aplicar medidas cautelares si de ellas pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza. En algunos casos, los tribunales se acogen a esta potestad para imponer estas garantías, con cuantías imposibles de cumplir para las organizaciones ecologistas, a la hora de acordar paralizaciones cautelares que garanticen, hasta que se dicte sentencia, que no se destruye el medio ambiente.
La imposición de estas fianzas genera que el acceso libre a la justicia establecida por la Ley 27/2006 quede dañado, ya que el derecho de acceso solo queda reconocido de manera parcial en caso de establecimiento de este tipo de garantías. Hay que recordar que estos grupos ecologistas son entidades de utilidad pública que tienen por objeto la conservación de la naturaleza y que sólo pleitean contra las administraciones cuando éstas no hacen bien su trabajo.
* Soitu.es - 11-06-2008
Foto: Madrid, obras carretera de los pantanos - elpais.com
Sanxenxo continúa tramitando una urbanización que la Xunta pretende paralizar
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LAVOZ/Pontevedra* : El Concello de Sanxenxo continúa con la tramitación de un proyecto urbanístico que la Xunta trata de paralizar. Se trata del denominado suelo urbanizable número 25, en el lugar de Telleiro, en la parroquia de Noalla, parcela en la que se prevé levantar 143 chalés.
De hecho, la gerencia municipal de urbanismo probablemente notificará mañana la aprobación definitiva del proyecto de estatutos y bases de actuación de la promoción. En septiembre del año pasado, la Consellería de Medio Ambiente, dirigida por el socialista Manuel Vázquez, instó al gobierno local, encabezado por la popular Catalina González, a paralizar el proyecto por no haberlo sometido al estudio de impacto ambiental. No obstante, el Concello hizo públicos unos informes en los que constaba que el departamento autonómico había eximido al Ayuntamiento de someter el plan para Telleiro al trámite de evaluación ambiental. La fecha de registro de salida de la Xunta del expediente fue el 16 de marzo del 2007.
Sin embargo, el requerimiento de anular el desarrollo urbanístico número 25 se produjo en septiembre del año pasado. Medio Ambiente amenazó con interponer un contencioso-administrativo en caso de que el Concello no frenase de oficio dicho desarrollo urbanístico, cuya edificación se proyecta sobre una parcela de 67.000 metros cuadrados situada en el entorno de A Lanzada.
Contencioso-administrativo
Dos meses más tarde, en noviembre, y ante la insistencia del Concello de continuar adelante con el plan, el organismo autonómico cumplía su amenaza y presentaba el recurso, según relataban ayer fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento, sin embargo, procede con el plan urbanístico, puesto que, como ya habían indicado fuentes municipales, «tiene la absoluta certeza de que su tramitación se ha realizado de forma correcta».
Pero la batalla legal de Medio Ambiente no se limita al proyecto del complejo de viviendas de Telleiro. Todo lo contrario, esta urbanización es la tercera que la consellería pretende paralizar. En junio, el departamento autonómico instó al Concello a actuar de oficio para anular la construcción de 161 chalés en Major y otros 38 en Montalvo. La Xunta, en ambos casos, también interpuso un contencioso-administrativo.
* La Voz de Galicia - Nino Soto - 11.06.2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
La CHJ pide al juez poder derribar en un día las cien casas ilegales del delta del Palancia
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LEVANTE/Valencia* : La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha pedido autorización al Juzgado para poder demoler en un día las casi cien casetas que hay en el delta del río Palancia con tal de regenerar ambientalmente el lugar, como tiene previsto desde hace años.
Este derribo se pretende acometer antes del próximo mes de agosto, según han apuntado fuentes del organismo, que admitían que "sólo resta que nos llegue el permiso".
Los trámites para expropiar los terrenos a más de cien propietarios siguen su curso pero, según ha podido saber este rotativo, "el día en que se reciba la autorización judicial, las palas entrarán en la zona y en una mañana dejarán todo listo para la adecuación del paraje", según informan desde el CHJ.
Los afectados por las expropiaciones siguen con incertidumbre las noticias relativas al caso y algunos consultados por Levante-EMV admitían estar confusos, pero resignados a perder construcciones o terrenos que muchos frecuentan en sus horas libres. Las distintas situaciones en las que se encuentran los afectados dificultan la unificación del proceso pues existen propietarios con y sin escrituras, parcelas en zona marítimo terrestre y en el propio cauce. No obstante, está previsto que todas las parcelas sean ocupadas al mismo tiempo.
Pese a esta previsión oficial, el abogado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y de un colectivo de afectados, Eduardo Faus, rechazaba que las demoliciones puedan producirse a la vez y señalaba: "Podrán entrar en aquellas parcelas en las que tengan firmada la ocupación, pero en las demás deberán esperar hasta obtener este permiso".
El colectivo de propietarios representado por el abogado de AVA ha rechazado los precios que les han ofrecido por las expropiaciones, de unos 10 euros por m2, al considerar que la cifra "está muy lejos de sus pretensiones", según explicaba el letrado Eduardo Faus.
Desacuerdo con la expropiación
Lejos de esta cantidad, algunos afectados han demandado seis veces más, es decir, unos 60 euros. Como argumento, aseguran que se les debe indemnizar como si la zona fuera suelo urbano, teniendo en cuenta que su remodelación la convertirá en un parque de uso público; una calificación distinta a la que posee realmente el lugar, considerado como no urbanizable.
A falta de llegar a un acuerdo sobre los precios, a finales de mes, se firmarán las actas de ocupación de las parcelas ubicadas en zona marítimo terrestre.
* Levante-EMV - Armando Valdearcos, Sagunt - 11 de junio de 2008
Foto: Degradación. La remodelación del delta obliga a demoler las casetas.
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Greenpeace no cederá «al chantaje» de las inmobiliarias que amenazan con demandarla
LAVERDAD/Murcia* : «Estupefactos». Así afirmaron ayer responsables de la ONG ecologista Greenpeace sentirse después de que cuatro inmobiliarias les exijan 27,1 milllones de euros por los supuestos daños provocados por la campaña sobre cambio climático de la organización, que mostraba un fotomontaje sobre cómo quedaría La Manga si el nivel del mar subiese apenas medio metro.
Los ecologistas han hecho llegar a esta redacción dos de las cartas en las que un bufete de abogados -en representación de las inmobiliarias Inversiones Dos Mares S.L., Faher Holydays S.L., Bureau Investment y Nuevo Pozo Estrecho S.A.- exigen a Greenpeace daños al considerar que su campaña «ha provocado el hundimiento del mercado inmobiliario y de servicios de la zona afectada».
«Nos honra que piensen que está en nuestra mano hundir el mercado inmobiliario, pero creo que esto sólo responde a que nos quieren intimidar y chantajear, pero no vamos a ceder», afirmaba ayer Mario Rodríguez, director de Campañas de la ONG ecologista. Rodríguez acusa a las firmas de «cargar contra el más débil», ya que Greenpeace lanzó esta iniciativa después de que en el 2005 más de 50 expertos -muchos de ellos participantes en el panel sobre cambio climático de Naciones Unidas y con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y varias universidades- advirtieran de que La Manga sería uno de los territorios más y antes afectados por una hipotética subida del nivel del mar debido al calentamiento global.
Las inmobiliarias solicitan la indemnización para reparar los daños causados, «incluido el daño moral» y amenazan con emprender «acciones legales» si Greenpeace renuncia a un «acuerdo amistoso».
Fuentes de la ONG aseguraron que «esperaban» algo así después de detectar en prensa anuncios de bufetes en los que se trataba de movilizar a los «afectados» por el fotomontaje de Greenpeace sobre La Manga.
* La Verdad - GUILLERMO HERMIDA - 11 junio 2008
Foto: La Manga fotomontaje - greenpeace
Marbella tiene embargadas 300 fincas municipales
ELPAÍS* : El cementerio no es el único bien de servicio público que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tiene embargado por las deudas acumuladas durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL). Los juzgados tienen bloqueadas otras 300 fincas municipales - sobre todo por impagos a bancos- entre las que hay otros bienes inembargables por definición, como calles, parques o dependencias municipales.
La ausencia de plan urbanístico en la ciudad, unida al descontrol de la época del GIL, ha hecho que los acreedores reclamen parcelas que no podrán poseer de forma práctica.
"El cementerio está adjudicado, pero no va a dejar de serlo porque es un bien de dominio público, inembargable e inalienable", explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno (PP) Félix Romero. La semana pasada un juzgado forzó su adjudicación a la Liga de Fútbol Profesional como pago de una deuda de medio millón de euros contraída durante el mandato del fallecido Jesús Gil.
La parcela en la que se encuentra el camposanto, de 64.000 metros cuadrados, obtuvo en 1993 una licencia municipal para un complejo lúdico deportivo, con pistas de karts, guarderías, chiringuitos, túnel de lavado y piscina. El permiso se emitió cinco años después del primer enterramiento, en noviembre de 1989, según datos de la delegación de Urbanismo. La concesión nunca se llevó a cabo.
Por la misma vía, otros juzgados han decretado el embargo de varias calles y parques. "Se han dado situaciones muy raras en Marbella en estos años", asegura el coordinador de Hacienda Carlos Rubio. Para levantar esos embargos, el Ayuntamiento puede pleitear -alegando que son inembargables por ser de uso público- pero para recobrar la escritura del resto ha de poner dinero sobre la mesa.
La ciudad se las apaña con una deuda que gira en torno los 500 millones de euros. Aunque tienen varios frentes de deuda abiertos con la Seguridad Social o con Hacienda, ya casi han cerrado el capítulo de los bancos, a los que deben 43 millones de euros.
La primera gran operación fue la negociación de la deuda con del BBVA y el Banco Local de Crédito. La Comisión Gestora, que gobernó tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya, pactó un calendario de pagos que redujo el montante de 63 millones a los 43 actuales.
Las negociaciones favorecieron el desbloqueo de algunas de las propiedades embargadas desde 1991, entre las que estaba el cementerio de San Pedro Alcántara, tres tenencias de alcaldía, tres centros de salud y numerosos centros educativos.
El año pasado saldaron las cuentas con Unicaja, que reclamaba 12 millones, y ayer la Junta de Gobierno Local aprobó un pago de 557.000 euros a Cajasur. Este último desembolso cancela la deuda de 1,1 millones que Marbella mantenía con la entidad de ahorro cordobesa.
"Esta es una legislatura sanadora", afirmaba ayer el portavoz del gobierno marbellí Félix Romero. "Hay que buscar liquidez que nos permita ir quitando todos estos embargos y en paralelo ir estudiando la viabilidad de otras reclamaciones que nos llegan", añadía. Las amenazas llegan de todos los frentes.
Las cuentas de Marbella
- La arcas tienen agujero de unos 500 millones y sus principales acredores son la Seguridad Social y Hacienda.
- Unas 300 propiedades municipales han sido embargadas sobre todo por impago a bancos.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 11/06/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Denuncia por construcción ilegal en l'Albufera
ELPAíS/Valencia* : La Fiscalía de Valencia ha presentado una denuncia contra el representante legal de la empresa Hostelería Ademuz, S L, y contra Juan Luis B. M., arquitecto municipal de Sueca adscrito a la entidad local del Mareny de Barraquetes, por un delito contra la ordenación del territorio por una construcción dentro del parque natural de l'Albufera.
Según consta en la denuncia, el pasado 25 de mayo se comprobó que en la parcela 37 del polígono 34, en término de Sueca, en suelo no urbanizable protegido, dentro del área de uso agrícola y de huerta, en el ámbito del Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural de l'Albufera, hay unas grandes naves. Tras realizar averiguaciones preliminares, la Fiscalía constató que esas construcciones no contaban con la autorización del consejo directivo del parque, que emitió un informe desfavorable, y no habían obtenido la declaración de Interés Comunitario.
La denuncia contra el arquitecto municipal se sostiene en que el 28 de diciembre de 2007 firmó un informe favorable a sabiendas de que infringía al menos dos artículos del Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural de l'Albufera.
La Fiscalía pide que sean citados a declarar ambos denunciados, que se obtenga toda la información registral de la empresa propietaria de las naves, que se solicite a la Consejería de Medio Ambiente que remita informes varios y al secretario de la entidad local de El Mareny (perteneciente a Sueca) que aporte la certificación urbanística de la parcela en cuestión.
* ELPAIS.com - L. GARRIDO - Valencia - 11/06/2008
Foto: Valencia, l'Albufera - elmundo.es
El Juzgado admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Canal de Badajoz
HOY* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Badajoz ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el asunto del Canal de Badajoz. A partir de este momento será la magistrada titular de este juzgado, María Dolores Fernández Gallardo, quien dirija la investigación sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en la zona del Canal.
La Fiscalía Anticorrupción, o Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, que es su nombre oficial, inició a principios de 2006 las pesquisas sobre la comisión de supuestas irregularidades urbanísticas en Badajoz. La denuncia ante la Fiscalía partió de Izquierda Unida. Las averiguaciones de los fiscales han concluido con la presentación de la citada querella. En principio, está dirigida contra dos técnicos municipales y dos empresarios.
La querella fue presentada el 26 de mayo en los juzgados de Badajoz. La magistrada ha analizado la documentación que se le facilitó y ha acordado admitirla a trámite. Ello supone la apertura de diligencias previas y el inicio de la investigación judicial propiamente dicha para determinar si existen o no los delitos que la Fiscalía ha imputado.
La magistrada tendrá que acordar la práctica de las pruebas e interrogatorios que considere pertinentes, ya sean por propia iniciativa o porque los pidan las partes, ya sea la acusación o las defensas de las personas que han sido acusadas. La acusación pública la llevarán directamente fiscales de Anticorrupción, no los adscritos a la Fiscalía de Badajoz.
Este proceso que ahora se abre puede concluir bien en la apertura de juicio oral, si la juez estima que hay elementos incriminatorios suficientes, o bien con el sobreseimiento de las actuaciones si considera que no hay delito en los hechos denunciados.
La presentación de la querella produjo diversas reacciones políticas: el Grupo de Gobierno Municipal defendió a los técnicos que han sido acusados y se felicitó porque no haya ningún político implicado; Izquierda Unida aseguró que esta querella es sólo «la punta del iceberg» y el PSOE opinó que existe una «trama urbanística».
* Hoy - 11.06.08 -M. M.
Foto: Badajoz, canal - elperiodicoextremadura.com
Inmobiliarias acusan a Greenpeace de hundir los precios de La Manga
ELPAÍS/Murcia* : Un grupo de promotores inmobiliarios y propietarios de pisos de La Manga del Mar Menor anunció ayer que reclamarán en los tribunales cientos de millones a la organización ecologista Greenpeace, a la que acusan de "hundir los precios hasta un 50%" tras mostrar unos fotomontajes de cómo quedará La Manga con la subida prevista del nivel del mar por el cambio climático.
El abogado José Ángel Abad, en representación de varias de las promotoras, ha comenzado a enviar cartas con la reclamación, que ya supera los 20 millones de euros: "Greenpeace manipuló la subida prevista, de medio metro, para crear alarma. Ha hundido el mercado inmobiliario: nadie compra y todo el mundo ha puesto su casa a la venta". Mario Rodríguez, de la organización ecologista, se defiende: "No nos van a intimidar. Las fotos responden a las previsiones de los científicos".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 10/06/2008
Foto: Fotomontaje de Greenpeace sobre cómo quedará La Manga con la subida del nivel de mar.
El Puerto: Denuncian al jefe de licencias urbanísticas por presunta prevaricación y estafa
LAVOZ/Cádiz* : El jefe de licencias urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, fue denunciado el pasado 6 de junio por presunta «comisión de un delito de estafa en relación media con un delito contra la ordenación del territorio», según aparece en la propia denuncia realizada por José Pedro Piñero y redactada por el letrado José Miguel Gómez Pedrosa.
Además, la denuncia también se dirige a su novia, Milagros Trigo, propietaria de la empresa TEC, y a Isabel Ruiz, trabajadora de la citada empresa.
Los hechos, según explica el denunciante, se remontan a junio de 2007, cuando su sobrino, Sergio Carmona, adquirió una parcela en el desarrollo urbanístico Arenas Cárdenas. José Pedro Piñero, a petición de su sobrino, comenzó a realizar las gestiones para solicitar una licencia para construir sobre el terreno una vivienda unifamiliar aislada.
Piñero se dirigió al despacho de Milagros Trigo, propietaria de la empresa TEC, dedicada a proyectos de arquitectura, para informarle sobre la intención de adquirir la parcela e interesarse por la posibilidad de pedir una licencia de obras sobre la citada parcela. Según explica el denunciante, «Trigo consultó el Plan General e incluso telefoneó al jefe de servicio de licencias y disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, que aseguró que el suelo era de carácter urbano y que era posible otorgar una licencia de obra».
Además, según expone Piñero en la denuncia, Milagros Trigo le aseguró que «en caso de que no le resolvieran expresamente el otorgamiento de la licencia de obras, cabía la posibilidad de conseguirla a los tres meses desde su solicitud por silencio administrativo».
Así, el denunciante explica que, a tenor de las informaciones ofrecidas por Trigo y Fornell, su sobrino adquirió la parcela y le encargó a Milagros Trigo, a través de la empresa TEC, la redacción del proyecto básico de ejecución y el estudio de seguridad y salud, con la finalidad de tramitar la concesión de la licencia de obras.
Pedro Piñero denuncia que al no recibir la licencia de obras por resolución expresa se dirigió al área de Urbanismo para hablar con Fornell, que, según asegura Piñero, le aseguró que era posible conceder la licencia por silencio administrativo, para lo que le explicó que era necesario el informe favorable del asesor jurídico del área de Urbanismo.
Pero, según explica el denunciante, «el tiempo pasaba sin que el asesor jurídico diera su visto bueno», por lo que intentó, sin éxito, hablar en varias ocasiones con Fornell. Finalmente, explica que «fue la redactora de los proyectos de la empresa TEC, Isabel Ruiz, quien me comunicó que el informe del asesor jurídico no era favorable porque el suelo no estaba recalificado y que las circunstancias en la Concejalía habían cambiado con el nuevo Gobierno local por lo que era imposible otorgar la licencia como se hacía anteriormente».
Por todo ello, y al considerar el denunciante que «Trigo y Fornell eran conocedores de todas las circunstancias» se dirigió a la empresa TEC para que le devolvieran, sin éxito, las cantidades abonadas por el encargo de los proyectos, que según denuncia Piñero, «asciende a más de 11.000 euros». Por su parte, los denunciados y el Ayuntamiento aún no han realizado valoraciones.
* La Voz Digital- 10.06.08 -CRISTINA LOJO
Foto: URBANIZACIÓN. Imagen de la zona en la que se encuentra la parcela. / C. L., lavozdigital.es
Cabanyal: Presente, pasado y futuro
Denuncia de la situación actual del barrio del Cabanyal
YouTube - saludmental123 - May 12, 2008
Algunas pinceladas sobre las políticas neoliberales en el urbanismo y la vivienda
ARNAU* : Economia de mercado; convertir las personas en propietarias y consumidoras.
“Ella para él, él para el Estado y los tres para el mercado”, con esta frase Chusa Lamarca define el modelo de relaciones sociales que se establecen dentro la llamada sociedad neoliberal. Con esto nos plantea cómo el mercado, cómo la estructura económica, se ha apoderado y condiciona todas las relaciones de opresión social. Y es que todos los ejes sociales giran alrededor del mercado (trabajo, educación, sanidad, transporte, alimentación, vivienda…).
La sociedad se ha ido estructurando a partir de ganancias empresariales. El beneficio económico se establece como eje principal, justificado por la ideología que entiende la sociedad como simple suma de individuos consumistas, ciudadanas reducidas a simples consumidoras, valoradas principalmente por su capacidad de consumo. Se premia y se mesura el éxito social con esta capacidad de consumo. Así, un consumo basado en la propiedad privada aparece como eje cultural central, y la acumulación de este consumo y de esa propiedad parece que supone la máxima satisfacción.
A nivel mundial, las políticas neoliberales, desde principios de los ’80, se han caracterizado por la aceleración en apartar los poderes públicos del control de la economía, desregulando la actividad económica, privatizando servicios y empresas públicas y eliminando los controles de cambios entre las divisas. Así, se ha creado una inmensa burbuja de dinero especulativo mundial.
Entendiendo este vínculo entre estructura social-cultural y políticas neoliberales es como se puede comprender el modelo de relaciones económicas y sociales que se desarrollan alrededor de la vivienda. Un derecho básico, transformado en mercancía, que desde hace unos años se ha convertido en uno de los principales conflictos internos de nuestra sociedad.
La vivienda, una mercancía
La lógica de este mercado que pretende controlarlo todo no tiene en cuenta las necesidades sociales y culturales que giran alrededor de la vivienda. La vivienda no es un simple producto de consumo, nos sirve de refugio y es un puntal de nuestra vida social y cultural.
Por eso, fácilmente se acentúa la contradicción entre propiedad mercantil y propiedad de uso. Quien tiene la facilidad para traficar o hacer negocio con la vivienda normalmente no relaciona la actividad con su propia vivienda. En cambio, la consumidora, la víctima del negocio, tiene más en mente el uso, satisfacer la necesidad; para ella el aspecto mercantil sólo es el camino, y, en este caso, se convierte en la dificultad para conseguirla o en la amenaza de perderla.
Así, el alza de precios en la vivienda, que responde a esta lógica mercantil, aporta beneficios extraordinarios a los mercaderes o traficantes de inmuebles y supone un gran peso a sus habitantes, las cuales no se benefician. Los datos nos dicen que en las últimas décadas el precio de la vivienda ha aumentado un 300%, mientras que el IPC lo ha hecho en un 80% y los salarios en un 45%.
La lógica política de que el alza brutal de los precios se debe a la escasez de suelo y vivienda nueva, unida a una demanda creciente, y que la solución está en la liberalización del suelo para nueva construcción para satisfacer la demanda y rebajar los precios, responde a la lógica política mercantilista incapaz de plantearse una distribución justa de la vivienda según las necesidades. Al contrario, esta lógica nos lleva a datos como los que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística, que al 2002 señalaba que un 50% de la demanda del mercado inmobiliario correspondía a inversiones de capital sin función de vivienda. Pues la lógica del mercado no responde a las necesidades.
Hipoteca; la llave del consumismo y la sumisión
Retomando el esquema social basado en el individuo consumidor feliz y juntándolo con el aumento desorbitado del precio de la vivienda llegamos al nexo de esta complicada conjugación: la hipoteca.
En una sociedad caracterizada por una conducta como la de trabajar por un salario para poder consumir, la aparición de la hipoteca aprieta aún más el espiral. Por un lado nos facilita la satisfacción del primer consumo, por otro, nos proporciona la deuda, la incapacidad de hacer marcha atrás. Lo transforma en endeudarse para consumir y trabajar por un salario para pagar la deuda.
La promoción de la propiedad privada en materia de vivienda y los elevados precios del mercado han volcado a la gente en masa a las cadenas de la hipoteca. Entre el 1999 y el 2005 la deuda a los hogares del estado español se incrementó del 66% al 103%, evidentemente siendo la vivienda el objeto principal.
Este hecho, engañando a la gente mostrándole que el acceso a la vivienda es sencillo, también supone una atadura de amplias consecuencias, partiendo de la de dependencia de un trabajo de remuneración suficiente y fija. Estos vínculos pueden resultar ser una piedra atada al cuello, a punto de caer en cualquier momento, y que siempre se nos presenta cuando nos decidimos a formar parte de la disidencia al sistema para intentar cambiar las cosas.
Por otra parte, este proceso nos convierte en propietarias endeudadas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez firmada la hipoteca, aunque cambie la política y el precio de la vivienda baje hasta unos precios más asequibles, nosotras estaremos condenadas a ir pagando la fortuna. Es más, hasta estamos expuestas, y eso se ha notado en los últimos años, a un posible aumento de la deuda, según evoluciones financieras que poco entendemos y que nada controlamos. De esta forma, hasta es fácil que observáramos una pérdida del valor monetario de los inmuebles como una pérdida de nuestro valor que estaremos pagando durante años y años… El enfrentamiento entre propietarias endeudadas y no-propietarias con voluntad de acceso digno a una vivienda está servido. A no ser que se tomasen medidas políticas contundentes para anular las hipotecas. Pero si no se toman ni para aturar el aumento de los precios de la vivienda, ¿qué partido político se enfrentará, haciéndolo con el lobby inmobiliario, también con la banca?
La estructura cultural de clase, de género y de edad en el urbanismo y la vivienda
El modelo urbanístico y de vivienda va más allá del conflicto económico entre valor de uso y valor de mercancía.
Las contradicciones históricas entre campo y ciudad se acentúan a ritmos frenéticos con el fomento de las metrópolis del modelo de desarrollo insostenible occidental. Estas no dejan de evolucionar y de desplazar zonas laborales y zonas residenciales sin tener en cuenta las relaciones culturales y provocando la fragmentación social con la aparición de ghettos de pobreza también vinculados a las olas migratorias provocadas por la pobreza global, la destrucción de la identidad y la dinámica social de los barrios y la separación cada vez más distante de la vivienda y el trabajo, que a la vez provoca la intensificación del transporte que engulle gran parte de los recursos energéticos y aísla el “movimiento obrero” de la “sociedad civil”.
Dentro de ese contexto y respondiendo a la cultura patriarcal y individualista, la vivienda asume unas características específicas relacionadas con la unidad familiar monoparental y en una escasa vida colectiva, tanto en las relaciones sociales y los usos de espacios comunitarios como en el aprovechamiento de los recursos energéticos y tecnológicos.
Una simple vista panorámica de nuestras ciudades nos muestra claramente como hay zonas diferenciadas según su estatus. Desde barrios con la infraestructura degradada habitados por gente con pocos recursos económicos, hasta barrios de chalets casi cercados con muros, pasando por los nuevos barrios-dormitorio dónde desaparecen las conductas socializadoras de los espacios públicos, y por las zonas comerciales dónde el marketing hace del ocio un negocio con valores culturales muy perniciosos para la vida comunitaria.
Y las estructuras del barrio se trasladan al interior de los edificios de viviendas. Aislados generalmente al uso de la familia monoparental pasan a ser el espacio de reposo después de la jornada laboral. Un reposo que sigue discriminando por razón de género sexual, ya que se convierte en un primer o segundo trabajo para muchas mujeres, sobre las cuales recae el cuidado y la organización del espacio. Esperamos que el avance en la igualdad de género en el ámbito doméstico no se limite a identificar la figura masculina cómo una simple “ayuda”.
Esta desigualdad en el trabajo doméstico se ve agudizada por la privatización de los servicios sociales, lo cual aumenta el trabajo, sobre todo para las clases con menos recursos económicos. Esto provoca la necesidad de un cambio en las viviendas, teniendo en cuenta que muchas veces tienen que ser el epicentro del cuidado de niñas y niños o de gente mayor.
En este sentido el elevado coste de la vivienda puede suponer de un lado dificultades en sus usos sociales y, del otro, un grave problema en el aspecto de género cuando se transforma en una atadura que impide escapar o enfrontar diversas violencias domésticas.
Visto des de la perspectiva de edades, la vivienda subyugada al mercado causa dificultades educativas a las niñas y niños que viven en pisos de barrios sin vida social, a las jóvenes que pretenden emanciparse y a la gente mayor que termina encontrándose sola en estas viviendas aisladas de la vida colectiva.
Reflexiones sobre las responsabilidades
¿Y cómo se aguanta todo ese modelo desigual y insostenible? Por intereses económicos. Por el poder económico, político y cultural que ejercen las beneficiarias de este negocio, y por la dificultad y incapacidad de hacerles frente de unas clases populares desorientadas, en parte compradas o engañadas, y excluidas de la participación política.
A nivel estatal nos encontramos en que los sectores económicos relacionados con la construcción y la especulación inmobiliaria son los más dinámicos en un Estado que ha asumido el desmantelamiento de los sectores primarios (tan industriales como agrícolas). Y es que el mercado inmobiliario, además de ser un pilar de los movimientos económicos interiores también recibe (al año 2005) el 40% de la inversión extranjera directa y deviene el principal destinatario de dinero negro.
Esta conversión de la vivienda en una fuente de negocio de primer orden ha provocado el aumento de nuevas formas de violencia empresarial, desarrolladas fundamentalmente cuando aparecen las contradicciones entre el interés del mercado y el interés social. Así, más allá de la violencia directa “legal” en forma de aumento desproporcionado de los precios del mercado, estructuración individualizadora y segregacionista del urbanismo y penalización de la protesta, también aparecen prácticas de perfil mafioso como el llamado “mobbing”, consistente en expulsar inquilinas o pequeñas propietarias que aun se benefician de cierta protección legal cuando se resisten a la depredación de las grandes promotoras que a base de derribos y nuevos planes urbanísticos van dibujando estas metrópolis deshumanizantes.
Toda esta situación que parece estar emparada en una especie de “ley de la jungla” no deja de estar bajo la tutela de una estructura institucional estatal que cada cuatro años nos vende la moto de su democracia.
Las instituciones del Estado en materia de urbanismo y de mercado inmobiliario se limitan a elaborar legislaciones de protección de la propiedad privada y del “libre mercado”, limitando en pocos sentidos i dando cobertura legal en muchos otros a la dinámica mafiosa y especulativa que se desarrolló durante la época franquista.
Estas legislaciones parten de un lado de la promulgación de la Ley del Mercado Hipotecario que formó parte de los Pactos de la Moncloa y que impulsó el acceso a la vivienda a través de la compra privada y mediante las hipotecas, y del otro, de la Ley Boyer, aprobada al 1985, que significó el inicio de la ofensiva contra la vivienda en condición de alquiler, caracterizada por provocar la disminución de los derechos de las inquilinas, la agilización de los procesos de desahucio y la desregulación de los precios. El parque de pises de alquiler ha caído del 40% al 1960 al 12% al 2006. Todas estas políticas han sido desarrolladas por todos los partidos que han pasado por el gobierno des de entonces y responden a la simple lógica de que el poder político se ha dejado caer a los brazos de los grandes lobbys económicos que, como más poder económico adquieren, más poder político son capaces de manipular para ampliar el poder económico. Y la rueda va girando…
En materia urbanística y inmobiliaria los grandes beneficios provocados per el espiral especulativo han recaído a las grandes empresas del sector, las cuales se han convertido en grandes entre las grandes a nivel europeo y mundial, capaces de comprar a otras grandes empresas a Europa y a todo el mundo. Y entre esas grandes empresas, representadas por promotoras, constructoras y inmobiliarias, también están bien presentes los bancos y las cajas de ahorros, que además de enriquecerse con los movimientos y la gestión del dinero destinado y proveniente del mercado inmobiliario, han sido uno de los sectores más implicados en la construcción y promoción inmobiliaria, en algunos casos participando en el accionariado o absorbiendo grupos ya consolidados o simplemente creando sus propias divisiones inmobiliarias.
Y si todo ese lobby del mercado inmobiliario es capaz de trazar la legislación estatal, se entiende perfectamente su mayor influencia a nivel municipal, dónde la transferencia de suelo público a manos privadas se convierte en costumbre para los ayuntamientos que se venden la organización urbanística a las promotoras por aumentar las arcas de la institución o los bolsillos de concejalas y alcaldesas.
La ley del mercado domina la economía, la ley del mercado dirige la política, la ley del mercado condiciona las relaciones sociales, la ley del mercado deviene principio de nuestra cultura.
La ley del mercado se basa en el continuo crecimiento económico, en la competencia y sólo cede terreno a las necesidades sociales cuando le espanta un conflicto que puede derivar en profundos cambios sociales. Si no somos capaces de generar esos cambios, si no somos capaces ni de amenazar con esos cambios, la ley del mercado se irá inflando hasta que sólo pueda reventar con una crisis económica. Y si nos miramos la historia, ya sabemos cómo terminan las crisis económicas y quien sufre las máximas consecuencias, ya sabemos qué es una guerra mundial y ya sabemos quién pone las muertes.
* Arnau. Judici Popular contra la violencia urbanística.
www.somnisdesperts.org
* Rebelión - 05-06-2008
Castilla-La Mancha: Pacto por la Vivienda
EMILIANO G.PECES* : En Castilla-La Mancha existen 84.000 viviendas sin vender y, al mismo tiempo, 48.000 demandantes de vivienda cuyos salarios no les permite adquirirlas. Luego, a primera vista, no parece que el problema sea la falta de vivienda, sino más bien las dificultades para acceder a ellas por parte de los ciudadanos castellano-manchegos, en especial los jóvenes, que al empleo precario y al bajo nivel salarial existente en la región han de sumar ahora el advenimiento de la crisis financiera que, ante la falta de liquidez, dificulta y encarece aún más la contratación de créditos hipotecarios.
Pues bien, así las cosas, llega Barreda y su magnífico equipo de brillantes y bien pagados asesores, y propone un Pacto (aquí todo se arregla con un pacto que siempre firman los mismos) por la Vivienda, que prevee para el período 2008-2015 la construcción de 50.000 viviendas más. La novedad estriba en la modalidad de éstas, que van a ser públicas pero de iniciativa privada, no con la finalidad de facilitar el acceso a una vivienda digna a los numerosos demandantes, sino con el ánimo de que “los instrumentos y medidas que se incorporan a este Pacto pueden y deben contribuir al mantenimiento de la actividad en el sector de la construcción para Castilla-La Mancha”. Este es su verdadero objetivo: el apoyo a los promotores inmobiliarios para que sigan construyendo y que el negocio no decaiga. Y para ello, el gobierno de Castilla-La Mancha no duda en establecer un precio medio para esta nueva modalidad de 2.000 €/ m2 (130.000 a 150.000 € por una vivienda de 70 m2), a pesar de que el precio medio de la vivienda libre en nuestra región está en 1.519 €/m2, o de comprometerse con los promotores a que las viviendas que no se vendan serán adquiridas por la Junta, con el dinero de todos.
Aparte del entusiasmo de los constructores y del gobierno de Zapatero, el susodicho pacto contó con el ya habitual apoyo “ovejuno” (para cualquier tipo de pacto) de los mal llamados “agentes sociales” de nuestra región: la patronal, CC.OO. y UGT. A falta de cualquier asomo de debate político o social (este jueves se lleva a las Cortes de Castilla-La Mancha, un mes después de su firma), tanto el PP, por la forma, como IU, por el contenido, se han manifestado en contra de dicho Pacto.
* Rebelión - Emiliano G. Peces - 06-06-2008
El TSJA anula los acuerdos de la Comisión de Urbanismo relativos al PGOU de Llanes
EFE* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado los acuerdos de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) relativos a la aprobación del texto refundido y la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes.
El fallo, dictado el pasado 30 de mayo, lo ha hecho público hoy la junta directiva de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), la entidad que en su día recurrió la decisión de la CUOTA a través de un recurso contencioso administrativo dirigido contra este organismo, así como contra el Ayuntamiento de Llanes.
Este decisión supone la segunda anulación del PGOU de Llanes por parte del TSJA después de que este mismo tribunal ya se pronunció y anuló el planeamiento llanisco en abril de 20007, como consecuencia de un recurso presentado por Andecha Astur.
A la hora de valorar la magnitud de la última sentencia, el secretario de Avall, Domingo Goñi, ha destacado que "se recoge exactamente todo lo que se planteaba en la sentencia de Andecha Astur, pero ahora se entra en más asuntos de fondo".
En este sentido, ha explicado que el TSJA determina "la anulación de todos los planes parciales y de todos los crecimientos en los núcleos que se transformaron de rurales a urbanos, como Barro o Poo, e incluso los crecimientos de los núcleos que ya eran urbanos, pero que los hicieron crecer sin justificar".
Goñi, que estuvo acompañado por la presidenta de Avall, Mari Paz Saínz, y su antecesor en el cargo, Álvaro Bueno, ha destacado algunos contenidos de la sentencia del TSJA, como aquellos relativos a las deficiencias en las que se incurrió durante la tramitación del PGOU respecto a su información pública.
"El TSJA dice que esa participación ciudadana tiene que ser real y lo afirma con contundencia", ha comentado el secretario de Avall en alusión a lo sucedido con varios planes parciales afectado ya en su día por anulación judicial de las Normas Subsidiarias de Llanes en 1997 y que, según los denunciantes, la CUOTA y el Ayuntamiento de Llanes pretendieron "convalidar" con la aprobación del PGOU.
Según Avall, el TSJA "arremete contra el intento de maquillaje que el Ayuntamiento y la CUOTA pretendieron cuando esta última se atrevió a aprobar el Plan señalando que lo hacía a reserva de dar cumplimiento a determinadas condiciones, observaciones y subsanaciones a cuyo efecto se elaboraría un texto refundido".
Goñi ha solicitado al Ayuntamiento y al Principado que "lejos de seguir adelante con el proceso de cirugía plástica al que el gobierno del PSOE de Llanes, en colaboración con la CUOTA y la dirección general de Urbanismo están sometiendo al PGOU, reconsideren su postura e inicien la redacción "ajustada a derecho" de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.
"Lo que deben hacer es iniciar de inmediato la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico desde cero. No hay modificación que valga, aquí se lo han cargado entero y no se trata de adaptarlo a ninguna normativa sino de un Plan nuevo y no vale hablar de cosas desarrolladas o consolidadas, porque están anuladas", ha añadido.
A este respecto el secretario de Avall ha anunciado que por parte de este colectivo se apuesta porque Principado y Ayuntamiento de Llanes renuncien a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como hicieron en 2007.
Así, Avall trasladará a los organismos correspondientes "que hagan el favor de no presentar ese recurso para intentar ganar tiempo inútilmente" y, en caso de que lo hagan, la asociación pedirá la ejecución de la sentencia.
"Aunque se anula todo el plan, hay crecimientos urbanísticos normales y previstos en la normativa anterior y no tenemos por qué pedir que se anule o se tire, pero hay otros en núcleos como Barro o Niembro que no estaban previstos", ha añadido.
* La Nueva España - EFE - 07 de junio de 2008
Foto: Obras en la Talá, Llanes -Foto Asociación AVALL
3.000 personas, contra el desalojo del 'Patio Maravillas'
MADRIDIARIO* : Más de 3.000 personas se manifestaron en apoyo al "Espacio Polivalente Autogestionado El Patio Maravillas", cuyos miembros llevan varias semanas en alerta ante la posibilidad de que el juzgado nº48 de Madrid ordene un desalojo cautelar del centro social, situado en la calle del Acuerdo 8.
La manifestación convocada en su defensa discurrió en la tarde de ayer entre la Plaza de España y la del 2 de Mayo, en el barrio de Malasaña. Al grito de 'El Patio vive, la lucha sigue' y 'El Patio no se cierra, Malasaña no se vende', los asistentes revindicaron la 'okupación' como práctica legítima ante la existencia de edificios abandonados y la autogestión de los centros sociales como un elemento fundamental para la participación ciudadana en los barrios.
La marcha, que transcurrió en un tono festivo, alegre y rebelde, reunió a niños, ancianos, familias y también a muchos jóvenes, y a una enorme lista de colectivos sociales, culturales y políticos de Madrid. La lucha por la construcción de un barrio diferente y de una ciudad más habitable para todos fue otra de las reivindicaciones de la marcha.
Por su parte, el propietario del edificio 'okupado' en la calle Acuerdo, 8, afirmó que el inmueble "nunca estuvo abandonado ni se pretendió especular con el mismo". El edificio fue adquirido el 11 de Mayo de 2000 y se cedió de forma gratuita a las Obras Misionales Pontificias de Madrid hasta octubre de 2006 cuando dicha entidad se trasladó a un nuevo inmueble.
Según precisó el propietario, la calificación urbanística del edificio es de 'Equipamiento Privado' y la sociedad propietaria realizó ante el Ayuntamiento de Madrid las consultas necesarias para rehabilitarlo como Residencia de Tercera Edad. "Por tanto, el edificio nunca ha estado abandonado, ni se ha pretendido especular con el mismo", señalaron.
El 1 de Julio de 2007, el colectivo de 'okupas' 'Rompamos el Silencio' ocupó el edificio "de forma violenta, descerrajando la puerta de acceso y rompiendo los muretes existentes en los huecos de las ventanas", hechos que fueron denunciados inmediatamente en el Juzgado de Guardia, explicó el propietario.
Durante la "ocupación ilegal", la sociedad titular, "en uso legítimo de su derecho de propiedad", ha continuado ejerciendo las acciones legales para que se desaloje el edificio. Además, el propietario del edificio 'okupado' afirmó que las comunidades de vecinos colindantes han denunciado ante la Policía Municipal las "actividades molestas y peligrosas" que lleva a cabo el colectivo 'okupa', "amenazando su seguridad y tranquilidad, generando humedades y ruidos hasta altas horas de la noche, y utilizando suministro de agua y electricidad de forma ilegal y sin ningún control de seguridad".
* Madridiario - 08-06-2008 - MDO / E.P.
Foto: madridiario.es
Una investigación de lujo para un pelotazo de libro
LAPROVINCIA/Tenerife* : Especialistas en blanqueo de capitales, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, los mejores inspectores de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... nunca antes una investigación había movilizado tantos medios y de tanto nivel en Canarias.
Y nunca antes se había investigado "un pelotazo de libro", calificativo que dio Hacienda a la operación urbanística de Las Teresitas.
Desde que un informe de la IGAE puesto en las manos de la Fiscalía Anticorrupción explicara que "nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable", el denominado caso Las Teresitas se convirtió en un asunto de Estado.
Tal es así, que a Santa Cruz trasladaron su residencia hace un año el jefe de la UDEF y dos de los mejores especialistas en rastreo patrimonial que trabajan en España y que en su día fueron los verdaderos artífices del descubrimiento del caso Malaya y de la desarticulación de la mayor red de blanqueo de capitales que se ha conocido en este país hasta el momento, denominada operación Ballena Blanca.
Desde hace más de un año en Santa Cruz de Tenerife se desarrolla una investigación policial al más alto nivel, por tanto, encaminada a desentrañar una presunta red de corrupción político-empresarial que afecta directamente a la jet set santacrucera, y en la que el principal imputado es el alcalde Miguel Zerolo, uno de los pocos líderes que quedan en pie del tinerfeñismo de ATI .
INVESTIGACIÓN. Fuentes muy cercanas al caso aseguran que los resultados del trabajo policial han sido espectaculares. Tal es así, que esta semana la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC e instructora del caso, Carla Bellini, ordenaba la que es primera detención en la historia del alto tribunal canario: Mauricio Hayek Hayek, abogado de una Junta de Compensación que se constituyó para velar por el interés común de los propietarios de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas y que después trabajó al servicio (secreto) de quienes compraron el suelo, Inversiones Las Teresitas SL.
Esta sociedad, perteneciente al cincuenta por ciento a dos de los empresarios más relevantes de Tenerife, Ignacio González y Antonio Plasencia, ambos imputados, es la verdadera beneficiada del pelotazo urbanístico.
Mauricio Hayek, un astuto abogado de 74 años es probablemente la pieza clave para poder completar el puzzle de Las Teresitas. Los investigadores, conocedores de la información que maneja Hayek, no lo incluyeron en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción para judicializar el caso. Durante la espera, se ha podido obtener información muy importante para dejar atada la posible participación de Hayek desde dos puntos de vista: el primero, su labor como abogado de la Junta de Compensación para ejecutar la venta de los terrenos; el segundo, los movimientos económicos derivados de presuntas comisiones ilegales, de los que Hayek podría tener información "única", según alguien muy próximo a la investigación.
La exhaustiva investigación patrimonial realizada a los principales imputados, encargada por la magistrada instructora a la policía, ha podido dar avances muy importantes en los últimos meses, varios de ellos en paraísos fiscales que, al principio de la investigación, parecían prácticamente infranqueables. Al menos cuatro comisiones rogatorias tramitadas por el Ministerio de Justicia a petición de la Fiscalía Anticorrupción han podido ofrecer notables resultados para la investigación, tras detectar movimientos de dinero e inversiones que afectan, directa o indirectamente, a alguno de los imputados iniciales de la querella.
Para poder tener una idea de la información obtenida por la policía, nada mejor que hacer una comparación de la documentación que en la actualidad está desclasificada con la que permanece secreta. Si en enero del presente año Bellini decretaba el alzamiento del secreto sobre unos veinte mil folios, en la actualidad el triple (sesenta mil) permanecen al alcance, únicamente, de la jueza, la fiscal y un puñado de investigadores en el más estricto de los secretos que se recuerdan en Canarias.
Dentro de esos sesenta mil papeles tamaño Din A-4, juegan un papel fundamental las averiguaciones efectuadas a través de las comisiones rogatorias gestionadas por el Ministerio de Justicia en el extranjero, alguna de ellos en paraísos fiscales en los que la opacidad y el secreto bancario suponen una barrera difícil de superar para la policía.
Sin embargo, los resultados de la investigación van por buen camino y una de las pistas más fiables conducen a la policía a una inversión urbanística realizada en México tras un posible paso del dinero por Isla de Man. Para despistar, al parecer.
La denominada pista mexicana indaga en la construcción de un complejo urbanístico en una de las zonas turísticas más importante de Cancún. Los datos a los que ha podido llegar la policía podrían situar la inversión en unos treinta millones de euros, capital que, todo o en parte, es posible que proceda del pago de presuntas comisiones ilegales abonadas al socaire de ese "pelotazo de libro" que es la compraventa de Las Teresitas, que generó unas plusvalías de 120 millones de euros a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
Los investigadores cuentan con testimonios de personas que aseguran, incluso, que alguien relacionado con la inversión mexicana mostró los planos de la construcción poco antes de que estallara la investigación: este sujeto pasa, además, largas temporadas en Centroamérica.
Y aunque los tentáculos de la presunta red de corrupción son numerosos y variados, los avances que se han producido por esta investigación de lujo hacen pensar que muchos nombres, algunos de la conocida jet set santacrucera, podrían estar cercados en estos momentos y con los movimientos perfectamente vigilados.
El caso Las Teresitas avanza, lento, y de lo que no hay duda es de que pasará a la historia como la mayor y más lujosa investigación judicial que se ha desarrollado en el Paralelo 28.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 08 de junio de 2008
Foto: Vista general de la playa de Las Teresitas y los terrenos aledaños objeto de la polémica. LA PROVINCIA / DLP
Los cascos históricos suspenden en servicios e infraestructuras
CONSUMER* : Cascos históricos urbanos: Analizadas 144 calles de las zonas antiguas de 18 ciudades para comprobar su habitabilidad. Sólo Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Madrid y Barcelona logran un "bien". Las mayores deficiencias se hallaron en A Coruña, Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo y Valencia.
El casco histórico de una ciudad es su corazón y su emblema. Sin embargo, sus residentes no disfrutan por ello de una situación privilegiada. Al contrario, es habitual que la vida urbana transcurra de espaldas a estos enclaves. Escasa dotación de servicios, infraestructuras insuficientes o problemas de accesibilidad son algunos de los síntomas que CONSUMER EROSKI ha podido constatar en el estudio realizado en 18 capitales de nuestro país.
Los técnicos de esta revista visitaron y examinaron ocho de las calles más representativas de los centros antiguos de Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Logroño, Zaragoza, Vitoria, Valladolid, A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga y Murcia. En cada una de ellas se estudió su nivel de habitabilidad, es decir, si la persona que reside allí cuenta con las infraestructuras y equipamientos adecuados para vivir con un mínimo de comodidad y cubrir sus necesidades más básicas. La evaluación in situ se complementó con un cuestionario remitido a los ayuntamientos (que los de seis ciudades rehusaron contestar). De forma paralela, se encuestó a 1.000 residentes de estos centros para conocer sus impresiones sobre la zona en la que viven.
Según se desprende de las notas finales del estudio, los cascos viejos no se pueden asociar al paradigma de la habitabilidad. La valoración global no pasa de un mediocre 'aceptable'. Las mayores carencias, sancionadas con un rotundo 'mal', se encontraron en la dotación de servicios (infraestructuras comerciales, de alimentación, educativas, sanitarias, sociales, institucionales, deportivas, esparcimiento o zonas verdes...). Tampoco pasaron del 'aceptable' la limpieza y mantenimiento, movilidad, accesibilidad y mobiliario urbano.
Por ciudades, ninguna supera el 'bien'. De hecho, sólo cinco logran esta valoración (Barcelona, Madrid, Pamplona, Valladolid y Zaragoza), mientras que siete se quedan en el 'aceptable' (Bilbao, Granada, Logroño, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Vitoria). El resto suspende con un 'regular' (A Coruña, Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo y Valencia).
Las respuestas de los 1.000 vecinos de los cascos históricos encuestados por esta revista (100 en Madrid y Barcelona, y 50 en el resto de las ciudades) refrendan estas valoraciones. Seis de cada diez se mostraron muy críticos con la limpieza de la zona, en idéntica proporción denunciaron el descuido y la ausencia de zonas verdes, el 46% consideró que el estado de los inmuebles es lamentable y uno de cada tres criticó la carencia de servicios.
* Consumer - Junio 2008
Foto: consumer
Premios Atila País Valencià 2008
Ecologistes en Acció del País Valencià* concede los Premios Atila 2008 con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992 a nivel nacional, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”, aunque este año ha acordado conceder un áccesit especial a la sentencia judicial más escandalosa e impresentable. Premio Atila 2008: Francisco Camps. Premio Caballo de Atila 2008: Rita Barberá.
Muchas personas se han dirigido a esta asociación proponiendo, desgraciadamente, numerosos candidatos, entre los cuales el Jurado ha elegido.
Premio Atila 2008: Francisco Camps en representación del Consell de la Generalitat, por su política sistemática del peor modelo desarrollista, insostenible, contaminante, etc,etc... defensor del urbanismo depredador que ha arrasado el País Valenciano, cuestionado y censurado desde numerosos sectores sociales y desde Europa. Defensor a ultranza del modelo de los grandes eventos (Copa América, Circuito de F1,etc) y grandes proyectos que están suponiendo auténticos agujeros negros tanto a nivel ecológico como económico, donde desaparece nuestro patrimonio no sólo natural sino también cultural, histórico, incluso social.
Premio Caballo de Atila 2008: Rita Barberá, en representación del Ayuntamiento de Valencia, corazón y centro neurálgico del modelo insostenible más extremo dentro del País Valenciano. Vértice, norte y sur, referente, alfa y omega, etc, etc, del modelo más depredador y brutal contra el medio ambiente que seguramente se pueda concebir.
Accesit a la sentencia judicial más escandalosa e impresentable, para la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Séptima con sede en Elche) por la sentencia de la contaminación del río Segura en la Vega Baja, en la que todos los acusados han sido absueltos y los únicos condenados, mediante la imposición de costas por un valor que seguramente se acercará a los 12.000 euros, hemos sido los colectivos ecologistas, personados en la causa como acusación popular y que llevamos denunciando hace años la lamentable situación del río Segura.
Otros nominados: Conseller de Territori i Habitatge, Ayuntamiento de Alicante, Alcalde de Sella (Alacant), Ayuntamiento de Campello (Alacant), Alcalde de Castalla, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, Apartamentos Beta de Alfafar(Valencia).
* Ecologistes en Acció del País Valencià - 4 de junio
¿Crisis inmobiliaria? Un ajuste necesario
JUAN CARLOS LONGÁS* : Desde que estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos se ha hablado mucho de la conveniencia o no de que la autoridad monetaria (en aquel caso la Reserva Federal) interviniera para paliar sus efectos y salvar los bancos comprometidos, a costa de avalar comportamientos temerarios e incluso aberrantes desde el punto de vista económico y social. Los partidarios de la intervención arguyen que así se evitan males mayores. Los detractores, que de esa manera se traslada a los agentes económicos el mensaje de que todo vale -hasta el falseamiento de datos- en la loca carrera por engordar las cuentas de resultados, siempre que el problema creado sea lo suficientemente grave.
Es lo que se denomina un problema de riesgo moral, que se presenta cuando los costes y perjuicios de una decisión no recaen sobre quien decide.
Sin pretender equiparar dos situaciones con denominaciones similares pero bien diferentes en sus características, aquí esta pasando lo mismo con la construcción. Cuando los indicios de debilitamiento, enfriamiento, crisis, o comoquiera que llamemos a la actual circunstancia, se van imponiendo con la perseverancia de lo inexorable, comienza a generarse un estado de opinión favorable a la intervención pública para paliar los perjuicios que se adivinan. Incluso se ha creado un lobby que aglutina a los principales promotores inmobiliarios, con el fin, quizá no explícito pero sí explicitado en pronunciamientos y actuaciones públicas, de presionar al Gobierno y promover políticas que favorezcan sus intereses. Por eso es conveniente un análisis algo más pormenorizado de la situación y hacer un poco de memoria.
Como todo el mundo sabe -y buena parte lo ha sufrido en las carnes cada vez más escuálidas de su renta mensual (los salarios más bajos llevan años reduciéndose en términos reales)- el precio de la vivienda ha experimentado en la última década subidas que, con perspectiva histórica, cabe calificar de espectaculares. El fenómeno es resultado de una concatenación de elementos que van a coincidir cronológicamente en unos pocos años, a los que no es ajena la unión monetaria en Europa: reducción de tipos de interés hasta niveles desconocidos, necesidad de aflorar dinero fiscalmente oculto, fase expansiva del ciclo económico. Todo ello va a redundar en una especulación exacerbada, muy asociada a la corrupción urbanística, un contexto en el que todo vale y cualquier cantidad de viviendas que se construya encuentra inmediatamente compradores. El ritmo de construcción es frenético, sin relación con las necesidades reales y el número de viviendas vacías se incrementa tan deprisa como los precios. El problema ya no es de vivienda, que haberlas haylas, sino de acceso a la vivienda. Para colmo, la dinámica de ocupación de suelo es depredadora y generadora de servidumbres ambientales, económicas y sociales (emisiones de CO2, congestión, incremento de necesidades de movilidad, contaminación en todos sus tipos) difícilmente asumibles en el inmediato futuro.
Así pues, durante bastantes años se ha confiado el crecimiento económico (con lo que lleva consigo, claro, de exhibición de agregados macroeconómicos aparentemente sólidos y positivos) a la construcción; y, como no podía ser de otro modo por ser las bases muy débiles, tal crecimiento va a ser fuerte pero desordenado y enfermizo, con empleo de mala calidad y un peso preocupante (por lo que significa) del sector en la economía. Socialmente, se produce una gigantesca transferencia regresiva de rentas, desde la población de menor nivel de renta y el sector público hacia los grandes promotores (ni siquiera a los constructores, cuyos márgenes no son tan elevados). Basta observar las listas de las personas más ricas. En España, una buena porción de ellas están muy vinculadas a la promoción inmobiliaria y han hecho su fortuna en un plazo relativamente breve. Y es que la misma Administración ha alimentado el proceso mediante políticas miopes, por más que cuenten con un amplio respaldo social, especialmente las desgravaciones fiscales, pero también la VPO.
No contentos con enriquecerse de esa manera, ahora forman un grupo de presión y se permiten -en ocasiones con notable impertinencia- adoctrinar sobre qué políticas hay que aplicar que, casualmente, coinciden con sus intereses. Con el chantaje del aumento del desempleo, tienen el desparpajo de exigir -ése es el verbo adecuado- un aumento de las deducciones fiscales o más fondos para VPO. Saben, naturalmente, que los más beneficiados de medidas así serían ellos. Y saben, también, que pocos políticos tienen la honestidad intelectual suficiente como para explicar a la ciudadanía que el ajuste no sólo es necesario, sino saludable y que el empleo creado al amparo del boom inmobiliario es poco estable y de muy mala calidad. Al mismo tiempo, el coste de oportunidad (en términos de posibilidades perdidas por no invertir en actividades de mayor futuro) de dedicar tan inmensos recursos al ladrillo es muy elevado para una economía que, a pesar del triunfalismo oficial, presenta indicadores poco halagüeños en aspectos esenciales como la educación, la innovación tecnológica, el medio ambiente o la productividad.
¿A qué nos ha conducido todo ello? A la vista está: precios disparatados, una expansión urbana ambientalmente insostenible, la liquidación de patrimonio público, el agotamiento de las posibilidades financieras de muchos municipios y la condena de parte de la población a vivir durante décadas atados a una hipoteca. Buena culpa de ello la tiene la confusión (quizá interesada) entre derecho a la vivienda y derecho a la vivienda en propiedad. Si una sociedad opta por garantizar el segundo, allá ella con sus consensos. Como mecanismo de control social puede ser eficaz, pero ¿es progresista una política con resultados tan retrógrados?
* http://juancarloslongas.blogspot.com
* Rebelión - 03-06-2008
