Esgos recalificó como urbanizables varias fincas rústicas de Baltar

ELPAÍS/Ourense* : El Ayuntamiento de Esgos, que preside Manuel Blanco, cuñado de José Luis Baltar, aprobó en 2006 un planeamiento urbanístico que recalifica varias parcelas propiedad del presidente provincial del PP elevándolas de suelo rústico a urbanizable.

La aprobación inicial del plan tuvo el único respaldo del grupo de gobierno (PP), en el que el hijo del presidente provincial, el parlamentario José Manuel Baltar Blanco, es teniente de alcalde. La Diputación de Ourense que preside el propio José Luis Baltar, beneficiario de la calificación, le dio también el visto bueno.

Sin embargo, el planeamiento fue declarado inviable por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, dependiente de Medio Ambiente, y ha sido rechazado por la Consellería de Política Territorial que considera injustificada "la clasificación de suelos urbanizables no delimitados de uso residencial" de algunas zonas, entre las que menciona las de As Vendas y Folgoso, en las que se enclavan las fincas del presidente provincial del PP.

El planeamiento rechazado por la Xunta era el primero del que se pretendía dotar el ayuntamiento de Esgos, que se rige hasta el momento por las normas complementarias subsidiarias provinciales de Ourense.

El informe de la consellería destaca la contradicción existente entre el volumen de población de Esgos, de 1.294 habitantes en 774 viviendas, "de las que 512 son principales", frente a la previsión que se realiza en el plan general de urbanismo. En este documento se incluye una estimación de edificabilidad para los próximos ocho años de 5.471 viviendas de nueva creación y se extienden, en consecuencia, los núcleos rurales. Basándose en lo desproporcionado del cálculo, el gabinete de la Xunta destaca que la clasificación de suelo urbanizable residencial "debe reducirse a la necesaria" para satisfacer las necesidades del crecimiento del núcleo urbano de Esgos.

La consellería informa, además, de que, en el caso de que resultara "justificadamente necesario" el crecimiento de los núcleos rurales que se pretende convertir en urbanos, ello debería realizarse "mediante áreas de expansión que, de hecho, el plan prevé".

En cuanto a la clasificación del suelo, dice el informe de Política Territorial que se han calificado como urbanos terrenos que no disponen de los servicios adecuados y destaca que las áreas de expansión de diversos núcleos que se han incluido en el planeamiento no se ajustan a la ley y deben ser clasificados como terrenos de "suelo rústico de especial protección".

Advierte junto a ello de que el planeamiento debe justificar "la idoneidad de la localización de las zonas para el desarrollo urbanístico". Un hecho que, según los responsables de la consellería no se da, ya que la previsión que se hace de suelo urbanizable de uso residencial ocupa terrenos -como ocurre en el caso de los núcleos de Folgoso y As Vendas, donde están las fincas de José Luis Baltar- "con potencialidades de suelo rústico de protección agropecuaria".

"En cada uno de estos ámbitos", dice el informe de la consellería, "se reconocen valores agrícolas y forestales". La Dirección Xeral de Urbanismo sostiene que deben clasificarse como suelo rústico de protección de infraestructuras los terrenos afectados por la estructura de la carretera OU-536 en el área de expansión de los núcleos de As Vendas, O Pinto y Cachamuiña.

No son las únicas recomendaciones de la Xunta. También conmina al Ayuntamiento a que justifique la viabilidad de las actuaciones previstas con fondos municipales ya que "no se incorpora en la documentación" un estudio sobre la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento y el interventor "no incluye justificación" que acredite la capacidad de financiación municipal. Reclama, además, que se incluya "de forma completa y detallada" la estrategia para el desarrollo coherente del plan y para la ejecución de los sistemas generales que deban crearse para las áreas de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado "en el caso de que existan".

El informe de la consellería sostiene que no están acreditadas "ni la necesidad de clasificar suelo urbanizable de uso industrial ni la adecuación de su emplazamiento".

El 18 de febrero pasado, siete días después de que la Dirección Xeral de Urbanismo firmara el mencionado documento rechazando el planeamiento e instando al ayuntamiento a que mantuviera la calificación de rústica de las fincas recalificadas como urbanizables, el alcalde de Esgos publicó en el DOG un edicto ordenando la exposición al público de la delimitación del núcleo rural de Folgoso. Con esa exposición pública, "una vez aprobado por el pleno de este Ayuntamiento", Manuel Blanco pretendía completar el trámite de la recalificación urbanística. Sin embargo, fuentes de la consellería sostienen que esa gestión carece de validez, ya que el planeamiento debe ser rehecho desde cero.




* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 08/06/2008
Foto: ourensenet.com

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La Axarquía, una catástrofe de ladrillo y cal

ELPAÍS/Málaga* : Mientras políticos y medios de comunicación centraban su foco en el enladrillamiento sin fin de la Costa del Sol occidental, con Marbella como ciudad-símbolo, la comarca de la Axarquía -29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de Málaga- se ha convertido, casita a casita y casi en silencio, en uno de los mayores desastres urbanísticos de Andalucía.

Entre 10.000 y 21.468 viviendas ilegales, según si el cálculo lo realiza la Junta o los ecologistas, se han desparramado sin orden alguno por valles y laderas, sobre todo en los pueblos de la segunda línea de costa.

Las construcciones en suelo rústico -habituales cuando la zona vivía mayoritariamente de la agricultura- se han multiplicado en la última década, especialmente por la demanda de ciudadanos de media Europa ansiosos de sol y campo. Pueblos como Alcaucín, de 2.286 habitantes censados, han pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, según los datos de la Dirección General del Catastro. En Algarrobo, las nuevas casas construidas en lo alto de los montes carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas. En Arenas se han levantado adosados en pleno monte. Y así sucesivamente.

El descontrol urbanístico ha degradado, quizá irreversiblemente, un territorio privilegiado. Y lo ha hecho en la misma cara de las administraciones públicas. Por un lado, los alcaldes se han visto desbordados por un fenómeno que ha enriquecido a muchos de sus vecinos y contra el que carecían de instrumentos -tanto legales como humanos- para actuar. Tampoco es que a los municipios les haya sobrado voluntad, ya que negarse a conceder licencias de obra o intentar poner un mínimo orden en el urbanismo es arriesgarse a perder las elecciones, sobre todo cuando un vecino que acondiciona su casa de campo por unos 48.000 euros, la puede vender por 360.000. "Los alcaldes que han consentido más tropelías son los que luego sacan más concejales", afirma Rafael Yus, presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA),

Por otro lado, la Junta de Andalucía no aprobó hasta julio de 2006 el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, que rige el urbanismo de toda la comarca. Y ello tras doblegar la voluntad de los alcaldes, sobre todo los del PSOE, rebelados contra un documento que dejaba definitivamente fuera de la legalidad -y por lo tanto expuestas a un posible derribo- a cientos de viviendas en suelo rústico. Para lograr la adhesión de los regidores, la Junta se comprometió a crear un consorcio que estudiaría la legalización de aproximadamente el 85% de las viviendas ilegales a cambio de compensaciones en forma de reforestación con especies autóctonas y de que los propietarios costeasen sus servicios de agua, luz saneamiento y basuras.

También se anunció la creación de un consorcio entre Junta, ayuntamientos y Diputación Provincial que se encargaría de autorizar los proyectos, lo que en la práctica supondría aliviar a los alcaldes de la presión urbanística. Dos años después no se ha movido un papel y todavía el viernes el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, anunciaba la creación de una "mesa de trabajo" con los alcaldes para "buscar soluciones a los problemas urbanísticos de la Axarquía". Vuelta a la casilla de salida.

Muchos regidores denuncian que los sucesivos cambios que ha sufrido el POT, con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y las modificaciones sobre el crecimiento de población y viviendas de los municipios les han impedido tener listos sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), con los que pretenden legalizar la inmensa mayoría de las casas.

Rafael Yus ha presentado más de 650 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en la comarca. Muchos de estos escritos han acabado archivados, pero unos cuantos están propiciando un goteo de causas que agobia a casi todos los alcaldes axárquicos. Pendón afirmó que las "situaciones de ilegalidad deben ser abordadas por la vía del derecho administrativo y nunca con carácter general desde el aspecto penal", y reclamó que se dejen para los tribunales "las irregularidades que de ninguna manera admiten posible legalización". Entre estas aberraciones se encuentran, por ejemplo, las decenas de casas levantadas en el área de protección del embalse de la Viñuela, y cuyas aguas sucias acaban directamente en el mayor embalse de la provincia, o las construcciones junto al castillo de Benthomiz, en Arenas. La alcaldesa de este pueblo, Basilia Pareja (PSOE) ha intentado, sin éxito, ceder a la Junta de Andalucía las competencias de urbanismo.

Sin embargo, todos los partidos están de acuerdo en que la bicicleta de la construcción no debe detenerse. "Existe un gran desequilibrio entre las zonas costeras y el interior que ha llevado a la Fiscalía a denunciar a muchos alcaldes por seguir adelante con proyectos verdaderamente necesarios" afirma el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, del PP. Por su parte, Pendón habla de "reconocer el carácter singular de la Axarquía (...) con una importante demanda que hay que satisfacer".

Muchas de las viviendas ilegales se han levantado por decreto de las alcaldías mediante la figura legal del proyecto de actuación, que permite construir una casa vinculada a una explotación agraria. Ahora, la mayoría de los agricultores axárquicos se llaman Ronald, Terry, Michael o Patrick. Muchos de los proyectos de viviendas unifamiliares han acabado conviertiéndose en "urbanizaciones encubiertas", según define Rafael Yus, donde las casas de dos o tres plantas con torreones y piscinas, construidos sobre enormes escolleras de piedra para salvar las pendientes han sustituido a los tradicionales cortijos de planta baja. Justamente lo que el POT pretende evitar.





* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/06/2008
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

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Costas considera ilegales gran parte de las casas de la zona litoral de Malpica

LAVOZ/A Coruña* : Más de la mitad de las construcciones en primera línea de mar en la playa Area Maior de Malpica, todas las del Caldeirón y la inmensa mayoría de las de la dársena están dentro de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre que Costas ha presentado a los propietarios de Malpica. Al caso de la villa hay que sumarle el resto del litoral, entre el fin del arenal de Canido y el límite con Carballo.

Los afectados por esta medida se cuentan por decenas. Por no salvarse, no se salva ni la cofradía de pescadores, puesto que el edificio tiene una parte en zona de dominio público. De hecho, son muy pocos los propietarios del municipio que se han salvado del disgusto. Por ejemplo, toda la calle Ramona Criado, con los edificios que hay en cada una de sus aceras, está afectada por la normativa de Costas, al igual que la rúa Caldeirón en todo su trazado.

Para los que ya tienen edificios en esta área, el principal problema es la pérdida de valor actual y futuro de sus inmuebles; para los que tienen solares en las zonas afectadas lo peor es que saben que nunca podrán construir, aunque haya un edificio de más de seis plantas, y de nueva construcción, junto a su terreno. La situación se repite en las demás áreas urbanizadas de la costa, como es el caso de Barizo o Seiruga.

Los afectados ya se han empezado a poner en marcha. Se ha iniciado una recogida de firmas y el PP también desarrollará distintas iniciativas al respecto.

El último deslinde de Costas realizado en Malpica data de principios de los años ochenta. En esta actuación se basa la normativa urbanística que sigue en vigor, con las correspondientes autorizaciones. Hasta ahora, en las áreas que están afectadas por el deslinde se han concedido licencias sin problemas.

En el casco urbano los problemas comienzan a partir del número 59 de la calle Emilio González López. Desde ahí hasta el centro hay decenas de construcciones afectadas, además de varios solares. En algún tramo no se va a poder construir en el lado del mar. Curiosamente, es una zona en la que hay varias casas bastante antiguas, justo antes de las primeras escaleras que bajan desde la avenida principal de Malpica hasta Area Maior.

Movilización

Todos los partidos que conforman la corporación local se han movilizado por este asunto que preocupa a la mayor parte de los propietarios de terrenos y viviendas en Malpica. Los populares ofrecerán en los próximos días una charla a cargo de técnicos para que asesoren a los afectados. Además, presentarán una moción en el próximo pleno, el día 12, en el que propondrán a la corporación que envíe un escrito a Costas para que «amplíe el plazo de exposición para que los vecinos que no están familiarizados con estos asuntos tengan más tiempo para poder defender sus intereses».

El equipo de gobierno ha contratado a un arquitecto y a un asesor jurídico para elaborar las alegaciones que presentará el Concello de Malpica en nombre de todos los propietarios afectados. También el BNG trató este tema con los vecinos.





* La Voz de Galicia - Cristina Viu - 07.06.2008
Foto: El último deslinde de Costas en Malpica data de los años ochenta y en él se basa la norma urbanística que sigue en vigor/ JANET GONZÁLEZ VALDÉS, lavozdegalicia.es

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Un juez dice que no es delito ´ocupar´ una casa ´abandonada´ por su dueño

DIARIODEMALLORCA* : El magistrado palmesano Jaime Tartalo ha dictado una sentencia pionera sobre la responsabilidad penal de las personas que se instalan a vivir sin permiso en casas ajenas, conocidos coloquialmente como ocupas. Según el juez, la ocupación de una casa no constituye un delito de usurpación de la vivienda ajena si el propietario de la misma la tiene en estado de abandono y no ejerce una "posesión social" sobre el inmueble.

La sentencia, que ya ha adquirido firmeza al no haber sido recurrida por la fiscalía, ha absuelto a una mujer, para la que se pedían 5 meses de multa, a razón de 4 euros diarios, por haberse metido a vivir en una casa deshabitada de la calle Presbítero Rafael Barrera, 42, de Palma.
Los hechos se remontan a principios del año pasado cuando la acusada, que no tenía donde vivir, optó por asentarse en la vivienda de la calle Rafael Barrera. La casa estaba deshabitada desde hacía más de 20 años y los candados que había colocado su dueña no habían impedido que se colasen allí indigentes y otras personas.
El inmueble estaba lleno de basuras, muebles viejos, ratas y jeringuillas. Semanas después, un vecino avisó por teléfono a la propietaria de que desconocidos estaban metiendo muebles en el inmueble y ésta llamó a la Policía.
Finalmente la mujer, defendida por Carlos Portalo, fue desalojada, tras dialogar con los agentes e intentar convencer a la denunciante de que le dejara seguir viviendo allí.
La sentencia destaca que la dueña se había desentendido del inmueble, que estaba en mal estado. La dueña no tenía mucho interés en la casa, puesto que ni la visitaba y pensaba que se la iban a expropiar.
El juez añade que la conducta de la acusada fue reprochable, pero que no fue constitutiva de una usurpación de vivienda "al no disfrutar la perjudicada (la propietaria) de una posesión material o socialmente manifestada sobre el inmueble ocupado".
La denunciada también fue acusada de una falta de desobediencia a la autoridad por no abandonar la casa nada más ser conminada a ello por la Policía. Sin embargo, la mujer también ha sido absuelta de dicho cargo al entender el juez que los agentes no dieron directamente la orden de desalojo, sino que estuvieron tratando de convencerle de que saliera voluntariamente.
La acusada llegó a estar detenida dos días en los calabozos por estos hechos.




* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/B.PALAU. PALMA - 07 de junio de 2008
Foto: Los hechos ocurrieron en la calle Presbítero Rafael Barrera de Palma/ Anna Sastre, diariodemallorca.es

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Roca pagó unos 8 millones de euros a Ayuso, que éste habría repartido entre concejales

LAVERDAD/Murcia* : Muy valiosos habían de ser sus servicios para cobrarlos tan bien. El arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso Fernández, uno de los principales imputados en la denominada Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares, habría recibido, por sí mismo o a través de sociedades que controlaba mediante testaferros, al menos coho millones de euros del cerebro de la trama malaya, Juan Antonio Roca.

Ésta es una de las conclusiones que se derivan de la investigación, realizada a lo largo de casi dos años, por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Sección de Blanqueo de Dinero, de la Dirección General de la Policía, y que se documenta en unas diligencias judiciales a las que este periódico ha tenido acceso.

Los especialistas de la Policía consideran que Mariano Ayuso era el «eslabón de conexión» entre una presunta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Los Alcázares, y Juan Antonio Roca y su maraña de sociedades y testaferros. Así, las millonarias cantidades de dinero que Ayuso iba recibiendo por sus múltiples gestiones -desde redactar el proyecto de un hotel de cuatro estrellas propiedad de Roca a impulsar la aprobación de convenios urbanísticos- tendrían una posible triple condición: pagos por sus irregulares servicios profesionales al margen de la Administración local, «recompensas por la obtención de resoluciones administrativas directamente emanadas por Ayuso», o bien «como precio para que el arquitecto medie ante instancias diferentes del Ayuntamiento».

Entre los principales sospechosos de haber recibido parte del dinero obtenido por Mariano Ayuso figura el ex alcalde socialista Juan Escudero, quien desde el primer momento se convirtió en uno de los primeros objetivos de los investigadores. Escudero se halla actualmente en libertad bajo fianza de 60.000 euros (diez millones de pesetas) , mientras que Ayuso, tras pasar casi tres meses encarcelado, quedó libre con una fianza de 100.000 euros (casi 17 millones de pesetas).

CUATRO SOCIEDADES CONTROLADAS

Los agentes de la UDEF señalan que Mariano Ayuso recibía el dinero de Roca bien directamente o a través de cuatro sociedades, que controlaba mediante personas de su máxima confianza: el despacho de arquitectura Gyps Fulvus S.L., a cuyo frente estaba su hermano Juan Ignacio, y las mercantiles Dekema Bull S.L., Dorma Golf S.L. e Ilka Baley S.L., cuya titular era su cuñada Inmaculada Camacho Escudero, esposa de Juan Ignacio.

Las pruebas de los pagos realizados por las sociedades de Roca al arquitecto municipal de Los Alcázares las encontraron los especialistas de la Policía Nacional en los registros que realizaron en las sedes de varias firmas controladas por el cerebro de la trama malaya, así como en la espectacular finca agrícola La Loma de la localidad marmenorense.

En estas dependencias fueron hallados documentos, como facturas, cheques y reconocimientos de pago por importantes de 650.000, 10.000, 754.000, 452.000, 301.600, 66.816, 124.437, 300.000, 72.000, 211.000, 1.054.773 y 200.000 euros, cantidades que suman un total de 3.745.476 euros (más de 616 millones de pesetas).

Asimismo, la Policía constató que una finca de 7.000 metros cuadrados, que el Ayuntamiento adjudicó directamente a una de las sociedades controladas por Ayuso, Ilka Baley S.L. -costó 1,5 millones de euros-, fue vendida poco después a una sociedad de Juan Antonio Roca, generando unas plusvalías de unos cuatro millones de euros (660 millones de pesetas).

De esa cantidad, más de dos millones de euros se entregaron en dinero negro, por lo que la Policía considera que este dinero «pudiera corresponderse con comisiones que van directamente al patrimonio de las personas físicas; es decir, al patrimonio de Inmaculada Camacho Escudero y posiblemente al de miembros del Ayuntamiento».

De esta forma, unos se enriquecían -altos funcionarios municipales- y Roca conseguía lavar, mediante la adquisición de terrenos, el dinero negro, de procedencia ilícita, que habría obtenido con sus operaciones en Marbella.





* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 8 junio 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - EFE, laverdad.es

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El fiscal acusa de prevaricación al ex alcalde de Pontedeume

ELPAÍS/A Coruña* : El fiscal especializado en delitos urbanísticos Antonio Roma ha presentado una querella ante el Juzgado Decano de Betanzos contra el ex alcalde socialista de Pontedeume, Belarmino Freire, al que acusa de prevaricación por otorgar una licencia para construir una vivienda familiar sobre suelo rústico de protección costera.

La denuncia se dirige a su vez contra el resto de los concejales de su comisión de gobierno que avalaron el permiso en varias votaciones entre octubre de 2001 y noviembre de 2002 y contra Manuel Valiente García que ejerció como arquitecto municipal durante aquella época.

La finca a la que se refiere el escrito se encuentra clasificada según las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Pontedeume como suelo no urbanizable de protección costera. Cuando se iniciaron los trámites para demoler la construcción, el propietario del inmueble intentó esquivar la piqueta presentando en la oficina de urbanismo del ayuntamiento coruñés un nuevo proyecto de explotación hortícola. Según la querella del fiscal, la maniobra administrativa pretendía "disimular la existencia de una vivienda unifamiliar ya rematada" a escasos metros del mar.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Coruña declaró nula esa segunda licencia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó el pasado 10 de abril esa decisión. En su escrito, el ministerio público oficia al concello de Pontedeume para que identifique a los miembros de la Comisión de Gobierno entre 2001 y 2002 para que se les acuse de un delito de prevaricación. La misma calificación que otorga al técnico que avaló la aprobación del permiso.




* ELPAIS.com - J. P. - Santiago - 07/06/2008
Foto: Pontedeume (A Coruña) - caminoasantiago.com

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3.000 voces contra la Central de Agando en Fuerteventura

LAPROVINCIA* : Gran Tarajal se vistió este sábado de luto. 3.000 vecinos tomaron sus calles ataviados con camisetas negras para mostrar su rechazo a la instalación de la central térmica que pretende ubicar el Gobierno de Canarias en el Valle de Agando.

Un solo pueblo y una sola voz para hacer llegar a las instituciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de Tuineje y Cabildo de Fuerteventura que "Agando no se toca, alguien se equivoca", como proclamaban al unísono.

Nunca se había visto una movilización igual en Gran Tarajal. Miles de personas en las calles, los comercios cerrados, un sentimiento de rabia y 4.700 firmas que rechazan la industria energética que pretenden ubicar cerca de los núcleos poblados de Gran Tarajal, Giniguinamar, Tarajalejo y Las Playitas. Además, los manifestantes ante la ausencia de los miembros del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje, aunque si estuvieron los de la oposición, le enviaron un mensaje envenenado al alcalde Salvador Delgado "alcalde, escucha el pueblo está en lucha" en plena calle y a viva voz.

Tras la finalización del recorrido los manifestantes se concentraron en la avenida marítima donde uno de los miembros de la Plataforma Ciudadana de rechazo a la citada Central, Víctor Carmona, leyó un manifiesto en la que señalaba que el pueblo salió a la calle de forma espontánea "para defender su calidad de vida y decidir sobre el modelo de Isla en que quiere vivir. Salimos a la calle para decir no a la central térmica en Agando ni en otro lugar que perjudique a la población, no a convertir el muelle de Gran Tarajal en el puerto de descarga de combustible. El pueblo quiere calidad de vida", sentenció.

Gran Tarajal habló ayer alto y claro. Sus vecinos no quieren la central eléctrica en Agando. Ahora el turno de palabra la tiene el Ayuntamiento de Tuineje y el Cabildo majorero.




* La Provincia - ANTONIO CABRERA / PUERTO DEL ROSARIO - 07 de junio de 2008
Foto: Vecinos de Gran Tarajal, durante la manifestación de este sábado/ CARLOS DE SAA, laprovincia.es

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Los restos de Numancia están hechos una ruina

EFE/Soria* : Las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia han denunciado hoy la "delicada situación" del yacimiento arqueológico de Numancia y han reclamado la paralización de cuatro proyectos que "amenazan" la zona, a fin de evitar "daños irreparables".

Ambas instituciones han hecho público hoy un comunicado en el que afirman que el territorio de la zona arqueológica "está siendo sometido a una presión creciente de ocupación urbanística, como consecuencia del crecimiento y desarrollo de la ciudad de Soria".

Las academias establecen hasta cuatro actuaciones o proyectos urbanísticos que están amenazando el yacimiento arqueológico de Numancia y sus alrededores: un vertedero con "clara alteración del paisaje", la llamada Ciudad del Medio Ambiente, la urbanización del Cerro del Alto Real en Garra y el Polígono Industrial Soria II.

Las dos instituciones consideran que "resulta insuficiente" la protección exclusiva del yacimiento arqueológico, "entendiendo como tal la ciudad celtibérica y romana y los campamentos romanos del cerco de Escipión".

Numancia, desprotegida

Además han denunciado la ausencia de una figura legal que contemple la protección de Numancia y su entorno "como una unidad en la que hay que entender el espacio geográfico e histórico de la ciudad y los campamentos como un paisaje arqueológico y cultural que requiere un tratamiento específico".

Las academias consideran "urgente y prioritario" estudiar los límites del territorio arqueológico "de modo riguroso y científico", para "hacer compatible su protección con la justa aspiración de un proceso de desarrollo económico".

"Atendiendo a los daños irreparables que podrían ocasionarse en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro patrimonio histórico", las academias de Bellas Artes e Historia solicitan de "las autoridades competentes" que se paralicen las actuaciones y proyectos citados, hasta que se haya realizado el estudio de protección del paisaje de Numancia.

El comunicado recuerda que fue la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la institución que promovió la declaración del yacimiento arqueológico de Numancia como monumento nacional, "lo cual ha contribuido desde entonces a la especial protección de la que ha sido objeto".




* ADN - EFE - 06.06.2008
Foto: Excavaciones en el yacimiento de Numancia - EFE

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Vecinos de Viladecans consideran un 'misterio especulativo' la compra de terrenos del Barcelona

TERRA/Barcelona* : La Plataforma Salvem Oliveretes consideró hoy un 'misterio especulativo' que el FC Barcelona haya comprado 27,8 hectáreas de suelo en Viladecans (Barcelona), propiedad de Golf Viladecans, ya que son terrenos 'preservados como Xarxa Natura 2000' y en los que 'no se puede hacer ninguna intervención urbanística'.

Los terrenos están ubicados en el entorno de L'Estany del Remolar, situado entre la autovía de Castelldefels (Barcelona), el Aeropuerto de El Prat y la delimitación del dominio público marítimo terrestre. Según el club, esta operación fortalece el patrimonio inmobiliario de la entidad y es fruto de un proceso que se inició el primer semestre del año pasado, con la colaboración del Ayuntamiento de Viladecans.

La plataforma se preguntó cómo es posible que el club se gaste dinero en unos terrenos donde 'no puede hacer ninguna intervención urbanística' y aseguró que el Ayuntamiento de Viladecans ha colaborado en esta operación ya que hace años 'quería realizar en estos mismos terrenos, con la promoción conjunta con la empresa Golf de Viladecans, un campo de golf'. La oposición ciudadana impidió que dicho proyecto se pudiese llevar a cabo.

Añadió que todo parece indicar que el consistorio 'ha hecho de mediador' entre la empresa y el club, 'quizás para paliar compromisos no cumplidos con Golf Viladecans' o para conseguir la cesión de terrenos titularidad del club catalán en la zona de Els Reguerons.

En cuanto al FC Barcelona, señaló que los terrenos adquiridos pueden ser 'pieza de cambio' para conseguir la autorización de edificar más en la zona del Miniestadi. 'Si este fuese el caso, no tienen ningún sentido porque el Barça ha comprado unos terrenos 'no urbanizables' y, por lo tanto, no tiene derecho de edificabilidad para cambia por ningún cromo', sentenció la plataforma.




* Terra Actualidad - Europa Press - 06.06.2008
Foto: Viladecans (Barcelona) - comercio.es

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El Defensor del Pueblo cree que la ley urbanística valenciana diluye la responsabilidad pública

LEVANTE* : El Defensor del Pueblo considera que el marco normativo de la Comunitat Valenciana en materia urbanística introduce novedades que pueden "desvanecer la plena asunción de la responsabilidad que incumbe a los poderes públicos en el desarrollo armónico del territorio".

Así se recoge en el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007, al que ha tenido acceso EFE, en el que se afirma que la ejecución del planeamiento urbanístico "adolece de serios problemas relacionados con la complejidad de la gestión administrativa y con las dificultades para llevar a efecto sus previsiones, especialmente cuando se acude al sistema de compensación".

El Defensor del Pueblo cree necesario que la legislación aborde un régimen de cumplimiento más estricto de los preceptos que establecen el requisito de evaluación ambiental previa, vinculada a los proyectos de infraestructuras.

En el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007 buena parte de las quejas recibidas en materia de medio ambiente se refieren a la ausencia o falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental que acompañan a los proyectos.

El Defensor del Pueblo cree que con una legislación más estricta se evitarían "aquellos comportamientos administrativos que soslayan o prescinden del principio de protección del medio ambiente".

De las 2.932 quejas recibidas en materia de ordenación territorial, la mayor parte (2.267) se refieren a urbanismo y vivienda, 492 a medio ambiente y 173 a ordenación y planificación territorial.

La contaminación acústica continúa siendo objeto de un número importante de quejas, especialmente en lo referente a la lenta reacción de las administraciones ante las denuncias de ruido excesivo.

El informe señala que la Administración, principalmente las corporaciones locales, "pueden mejorar mucho su capacidad de respuesta rápida ante las actividades contaminantes que impediría que se consumara la lesión de los legítimos derechos de los ciudadanos".

La insuficiencia de recursos hídricos en relación con determinados planes urbanísticos que no garantizaban un abastecimiento adecuado ha sido también objeto de queja en 2007.

El informe liga la insuficiente protección de los espacios naturales a la eficacia o a la propia aprobación y puesta en marcha de los planes de ordenación de los recursos naturales.

En el de este año destacan las investigaciones seguidas respecto al retraso en la aprobación del plan para la Sierra de Guadarrama, en Madrid, y la modificación, impugnada ante los tribunales, del plan de ordenación de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, en Castilla y León.




* Levante-EMV - EFE - 05.06.2008
Foto: Valencia, consell cultura - cvc.gva.es

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Expertos advierten que la corrupción de la Costa se habría trasladado al interior

MÁLAGAHOY* : Los criminólogos que en julio de 2003 publicaron el reputado y criticado estudio sobre la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en el que alertaban de una situación delictiva instaurada que después fue evidenciada por casos como Malaya, Hidalgo o Ballena Blanca, han publicado un nuevo trabajo en el que avisan de que estas prácticas ilegales podrían haberse "trasladado a contextos más favorables" y hablan de "urbanismo salvaje en la segunda franja del litoral".

La Revista Española de Investigación Criminológica recoge el trabajo del director del Instituto de Criminología de Málaga, José Luis Díez Ripollés, y de la criminóloga especializada en delincuencia económica y organizada Alejandra Gómez-Céspedes titulado La corrupción urbanística: estrategias de análisis, una investigación que supone una revisión del que publicaron hace cinco años y que levantó ampollas entre los ayuntamientos costeros y el sector inmobiliario al destacar la existencia de corruptelas en las corporaciones locales y la permisividad para blanquear dinero procedente de las mafias con inversiones en la construcción.

Este nuevo estudio, cuyas numerosas horas de trabajo se han plasmado en 37 páginas, refleja un cambio de mentalidad ante este tipo de delitos, la mayor implicación de los poderes públicos para perseguirlos y alerta del previsible trasvase a municipios menos llamativos.

Ripollés y Gómez-Céspedes manifiestan que las recientes intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han producido un cambio de la visión social que se tenía de este tipo de delincuencia, que con un cierto halo romántico se calificaba de cuello blanco y que se beneficiaba por la reputación y el prestigio de los que la llevaban a cabo.

Esta nueva mentalidad también se ha instaurado en las instituciones. Ambos criminólogos señalan que a partir de 2004, a raíz del doble crimen del hotel Andalucía Plaza de Marbella, el Ministerio del Interior reforzó las unidades de la Udyco Costa del Sol, se crearon los Grupos de Respuesta Especial contra la Delincuencia Organizada (Greco) y puso en marcha los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil. Además, se potenció el apoyo de la Brigada de Investigación del Banco de España y la puesta en marcha de fiscalías especiales.

No obstante, los autores valoran como gran logro de estos últimos tiempos la mayor implicación de las distintas administraciones. "Hasta hace muy poco tiempo, el control de la actividad urbanística de la Costa del Sol estaba caracterizado por inspecciones tímidas y poco frecuentes a nivel local. Cuando el cumplimiento de la legalidad se elevaba a instancias autonómicas (Junta de Andalucía) o judiciales (activadas generalmente por particulares), ésta tampoco se subsanaba, cuando menos de manera eficaz. El largo periodo de tiempo que transcurría hasta la adopción de resoluciones sancionadoras administrativas ha motivado que la inmensa mayoría de edificaciones ilegales no sólo se construyeran sino que se habitaran", señalan los criminólogos, que reflejan la cuestionable eficacia de iniciativas como el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de Andalucía Occidental, puesto en marcha en 2006 por la Junta de Andalucía e impugnado por los alcaldes socialistas de Estepona y Mijas.

El estudio señala que el cambio en la tendencia permisiva existente hasta entonces con la mayor implicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "que se había mantenido pasivo" , fue con la primera sentencia condenatoria contra Julián Muñoz. Este nuevo panorama ha provocado "un notable aumento de las diligencias previas incoadas por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia de Málaga, que pasan de 29 en 2002 a 99 en 2006".

A esta nueva tendencia en el ámbito autonómico y judicial hay que unir las actuaciones del Gobierno de la nación, con la aprobación de la Ley 8/2007 del Suelo y el aumento de investigaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Ripollés y Gómez-Céspedes concluyen que "los últimos datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Málaga indican que la construcción de nuevas viviendas en la provincia retrocedió casi un 20% en los tres primeros meses de 2007. Creemos que, además de la desaceleración del mercado inmobiliario, las actuaciones de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Ministerio Fiscal han jugado un papel determinante en el freno del urbanismo salvaje de la Costa del Sol".

No obstante, los autores advierten de un posible trasvase de estas prácticas urbanísticas irregulares y delictivas afirmando que, "mientras la construcción de viviendas ha descendido en todos los municipios de la Costa del Sol occidental, en algunas localidades del interior esa bajada es casi imperceptible. Por ejemplo, mientras que en Marbella el descenso de la edificación de casa nueva rondó el 70%, en Ronda los visados aumentaron un 163% y en Álora un 468%".

Esta situación hace que los autores se cuestionen "si realmente las actuaciones de los poderes públicos han tenido la capacidad de reducir el problema, o si simplemente se ha trasladado a contextos más favorables. En algunos círculos informados se habla del urbanismo salvaje de la segunda franja del litoral".

Los criminólogos finalizan la investigación reflejando los síntomas de este nuevo panorama. "Hasta el momento no podemos saber al detalle qué tanto ha influido el cambio de actitud de los poderes públicos en el control de la actividad urbanística de la Costa. Intuimos que el descenso de la vivienda nueva no puede atribuirse solamente a una desaceleración del mercado. Más bien parece que en la zona se han comenzado a cerrar o dificultar el acceso a espacios vulnerables a la corrupción y especulación urbanísticas".




* Málaga Hoy - Pablo D. Almoguera - 06.06.2008
Foto: Manilva - J.R. (El País)

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Gentrificación

MONCHO ALPUENTE/Madrid* : Uno a uno han ido cayendo los decrépitos tugurios de la calle de la Ballesta, patéticos vestigios de lo que en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo fuera emporio cutre de la jarana nocturna y referencia obligada del sórdido mapa de la prostitución urbana, apenas encubierta de puertas afuera bajo la denominación bastarda de bares americanos y barras de alterne, o viceversa.

En sus momentos de mayor auge titilaban en tan breve vía hasta doce rótulos luminosos de otros tantos establecimientos del ramo alternativo, burdos y chabacanos reclamos para el mercadeo prostibulario que se consumaba en una red de hospitalarias pensiones de la zona. Los puticlús, así los bautizaron los castizos del barrio, se extendían por las calles y travesías adyacentes a espaldas de la Gran Vía formando un pequeño barrio chino, otro término bastardo y racista, ni todos los bares americanos eran antesalas de burdeles, y en la China de Mao los barrios chinos habían sido extirpados. Hoy el barrio es más chino, sin comillas, dedicado a otro tipo de comercio, más ultramarino y colonial que nunca.

En la calle de la Ballesta vivió Rosalía de Castro, aún no había bares americanos pero el barrio ya gozaba de una mala fama aquilatada desde que un lansquenete jubilado de los de Carlos V montó en sus andurriales una taberna con un tiro al blanco. Hasta hoy han llegado dos versiones diferentes del deporte que allí se practicaba: una afirma que se tiraba sobre siluetas de animales de caza mayor; la otra certifica que los ballestazos iban dirigidos a bestias de carne y hueso. Uno de los motivos que impulsaron la apertura de la Gran Vía fue el de sanear esta zona de callejones lóbregos, donde toda inmoralidad tenía su asiento según los moralistas de la época. Los callejones de Ceres y del Perro cayeron bajo la piqueta por infames e insalubres, pero el negocio del ocio noctámbulo y venéreo rebrotaría con más fuerza en las inmediaciones, precisamente por su proximidad con la nueva, anchurosa y lujosa arteria.

Los neones de Ballesta se iban extinguiendo al paso y a los usos de los años, pero un día, hace no muchos días, se apagaron de golpe y en su lugar aparecieron los carteles de una empresa benefactora que ha comprado 50 locales en esta calle y sus alrededores para sustituir el penoso comercio de la carne mercenaria por modernos y sanos negocios de ropa y complementos, de diseño y de vanguardia. En su imaginativa y agresiva campaña de promoción, Triball propone la okupación creativa de los viejos tugurios y oferta a jóvenes y creativos comerciantes sus locales para que los renueven y limpien la mucha mugre y la mala fama del barrio, se supone que con alquileres económicos y contratos provisionales. La posible peatonalización de algunas de estas calles y el aumento de las medidas de seguridad, cámaras de vigilancia incluidas, hacen de este céntrico enclave un prometedor centro comercial, prolongación de la zona de Fuencarral y de las grandes superficies franquiciadas de la Gran Vía.

Las tiendas jóvenes y creativas de Fuencarral que animaron y crearon una joven y creativa clientela van siendo usurpadas, día a día, por las voraces franquicias. Aviso para navegantes del barrio de la Ballesta, Desengaño y la Corredera, en los confines de la de Malasaña, barrio curtido en múltiples bregas inmobiliarias y especulativas y habitado por jóvenes y creativos residentes que han organizado una plataforma Anti-Triball y un concurso de carteles replicantes contra la "triballización" y sus previsibles secuelas. La plataforma denuncia la sustitución solapada del núcleo popular del barrio con todas sus lacras, subsanables con una administración municipal menos especulativa, por un vecindario de mayores recursos económicos, un fenómeno conocido desde los años sesenta como gentrificación, del inglés gentry, burgués, aburguesamiento o elitización, aproximadamente; la Wikipedia, que dedica 10 páginas a glosar el espantoso vocablo, explica que "la gentrificación comienza cuando un grupo de personas de un cierto nivel económico descubren un barrio que, a pesar de estar degradado y descapitalizado, ofrece una buena relación entre la calidad y el precio y deciden instalarse. Estos barrios suelen estar situados cerca del centro de la ciudad...".

Una definición de libro para un proceso ya probado en Madrid. La gentrificación sanea los barrios desplazando a sus antiguos moradores, que no pueden hacer frente a los altos precios de las viviendas rehabilitadas y de los nuevos comercios gentrificados. Algo así como la versión urbanística de La invasión de los ladrones de cuerpos.




* ELPAIS.com - Opinión - 04/06/2008

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El ex alcalde de Totana extorsionó a industriales desde la Cámara murciana

ELPAÍS/Murcia* : La Guardia Civil cree que el ex alcalde de Totana del PP y diputado del grupo mixto en el Parlamento autonómico murciano, Juan Morales, siguió aprovechándose de su cargo de diputado para hacer negocios ilícitos y tratar de cobrar comisiones ilegales por las gestiones urbanísticas iniciadas cuando era primer edil totanero.

Documentos interceptados al abogado de Morales muestran que la ex mujer de éste -está separado, no divorciado y sin separación de bienes- firmó un convenio con la empresa Visanfer en la que el empresario se comprometía a pagar cinco millones de euros de comisión a cambio de la recalificación de una finca en un Parque Natural.

Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) que consta en el sumario de la Operación Tótem, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya: "Juan Morales, desde su nueva posición de diputado regional, sigue aprovechándose de su condición de servidor público con influencias en la Administración (...) para seguir haciendo ver a Manuel Núñez Arias que aún conserva cierta influencia y que de él depende la exitosa culminación de la operación, consiguiendo así una recompensa por sus servicios". Morales fue alcalde de Totana hasta 2007, cuando pasó a la Asamblea regional en la lista del PP. En diciembre pasado, cuando estalló el escándalo de corrupción, fue expulsado y pasó al Grupo Mixto. IU recordó ayer que Morales fue elegido por el PP portavoz de la Comisión de Ordenación del Territorio, por la que debería pasar la recalificación de esa parcela.

Según la investigación judicial, Morales habría pactado con el empresario una comisión ilegal de 3,6 millones, de la que también se beneficiarían los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, así como el empresario totanero Gabriel Martínez, amigo íntimo de Morales. Una frase de este último, dueño de Huevos Maryper, llevó a la Guardia Civil a pensar que el ex alcalde continuaba delinquiendo desde la Asamblea.

Martínez y Morales, una vez que éste había salido de la alcaldía de Totana, negociaban con Núñez Arias la comisión ilegal por las gestiones para aprobar el convenio urbanístico. "Por si hay que dar un toque en Murcia o donde sea", señaló el empresario totanero.

El responsable de Política Municipal de IU y edil de Totana, Juan José Cánovas, dijo tener constancia "de que hubo personas del municipio que informaron al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, o a parte de su entorno, sobre qué pasaba en el municipio". El alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, aseguró ante la prensa que las presuntas corruptelas de Morales las conocía "media Totana y medio Región de Murcia".

NEGOCIANDO LA PASTA

José Antonio Alcántara, Juan Morales y Gabriel Martínez (en la foto, escaneada de un informe de la Guardia Civil) viajaron a Vigo en octubre de 2007 para cobrar 3,6 millones de euros de comisión. Luego rebajaron el monto a 600.000 euros para "bajarse el dinero a Murcia en bolsas".




* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 06/06/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es

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Ben Magec afirma que la nueva moratoria triplicará las camas turísticas

LAPROVINCIA* : La organización ecologista Ben Magec critica el incremento de nuevas camas turísticas que auspicia el Gobierno canario en la reforma de las Directrices y el consumo de suelo que supondrá. En este sentido, los ecologistas aseguran que, con esta nueva norma, habrá complejos que puedan pasar a tener el triple de camas y en terrenos que, aunque sean urbanizables, ahora mismo están sin utilizar.

Para Ben Magec, uno de los principales problemas es que "ni el Gobierno de Canarias ni los ciudadanos conocen el volumen de licencias municipales, autorizaciones previas y planeamientos parciales que hay en las Islas", algo que para la organización "parece que a nadie le preocupa".

Ben Magec presentó ayer sus alegaciones a la Ley de Medidas Urgentes impulsada por el Ejecutivo que modifica aspectos de la Ley del Territorio y de las Directrices de Ordenación del Turismo de 2003. Su portavoz, Antonio Hernández, afirma que esta iniciativa del Gobierno es consecuencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Ben Magec en el Parlamento, donde se defiende el crecimiento cero y la renovación de las zonas turísticas pero sin ofrecer el doble o el triple de camas como hace el Ejecutivo en su norma.

Hernández tildó de "fraude democrático" la paralización en la que se encuentra al ILP en la Cámara ya que, a este ritmo, se aprobará primero la Ley de Medidas Urgentes que la propuesta de los ecologistas, avalada por más de 45.000 firmas, con lo que esta iniciativa popular quedaría totalmente descafeinada.

El arquitecto Eduardo Torres criticó que el Gobierno esté "enredando" más la situación al permitir construir nuevos hoteles sin conocerse exactamente cuántas autorizaciones previas hay aún vigentes desde antes de las Directrices. Ante ello, Ben Magec exige que se den a conocer los datos reales sobre el suelo turístico calificado existente en el Archipiélago.




* La Provincia - R. ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05.06.2008
Foto: Canarias, hoteles sur grancanaria - laprovincia.es

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La Plataforma Vivienda Digna afirma que ahora es el peor momento para comprar

La asociación Plataforma por una Vivienda Digna* exige a la nueva Ministra de Vivienda –Beatriz Corredor- que se retracte por sus recientes declaraciones en las que afirmaba que “es el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita”, o en su defecto que dimita; puesto que no necesitamos un Ministerio para confundir a la población por medio de mensajes de sesgado interés, cuando ya tenemos a los agentes, analistas y lobbys del sector inmobiliario que realizan esa labor casi a diario.

Nos parece una aberración que la titular de Vivienda haya sucumbido tan rápido a las presiones del sector inmobiliario hasta llegar a asumir prácticamente su discurso con total sumisión, como se plasma en las anteriores declaraciones que incluyen también la frase “el Ejecutivo ha tomado medidas muy parecidas a lo que piden”. Y consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo- y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero –bajar los precios significativamente-. De esta forma, la institución que preside Beatriz Corredor está echando más leña al fuego de las causas que han provocado esta crisis socioeconómica para beneficiar precisamente a los que tienen una buena parte de la culpa en provocarla. Muchos ciudadanos que sucumban a este mensaje lanzado desde nuestras instituciones, lo pueden pagar muy caro en el futuro y buscando el símil, supone poco más o menos que si, tras la presión de las empresas tabaqueras, la Ministra de Sanidad animara a la población a fumar.

Le recordamos a la nueva Ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las empresas inmobiliarias y entre ellas cabe citar las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica, los constantes abusos y fraudes, etc., cuestiones todas ellas que por no resolverse, sólo están consiguiendo enquistar el problema y que su resolución sea más dolorosa aún para el conjunto de la ciudadanía mientras se perpetúa la exclusión de un amplio porcentaje de la población de lo que es un derecho constitucionalmente protegido.

Respecto a las medidas anunciadas ayer, también le recordamos a la Ministra que el “alquiler con derecho a compra” no es alquiler social –el gran déficit de la política de vivienda española frente a la europea-, sino una solución que se presta a ser una nueva trampa que postergue la insostenibilidad del mercado inmobiliario, que la rehabilitación debe orientarse fundamentalmente a satisfacer el acceso de los excluidos del mercado y a dar impulso a un mercado regulado del alquiler y que el Gobierno va muy mal encaminado en las soluciones, si éstas pasan por sostener el sector y los precios actuales con la financiación artificial del ICO y manteniendo una fiscalidad orientada fundamentalmente a la compra de viviendas que actualmente consume dos terceras partes de los recursos totales asignados a políticas de vivienda.

A los ciudadanos les recordamos que pueden comprobar fácilmente que la vivienda ha bajado significativamente de coste en dos periodos muy recientes de nuestra Historia, que ya en otros países afectados por la burbuja inmobiliaria están bajando mucho los precios y que en España también han empezado a hacerlo a pesar de que no se refleje suficientemente en las estadísticas oficiales por las deficiencias de éstas. Así pues, lo mejor que pueden hacer ahora los que tengan intención de adquirir una vivienda es no dejarse encandilar por estos mensajes, extremar la cautela y esperar a que se desenvuelva la situación del mercado inmobiliario y, sobre todo, de la crisis en la que estamos inmersos.

La Plataforma pide cambios radicales en la política de vivienda

Para la Plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública extenso para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al Gobierno que atienda realmente las recomendaciones que se le realizan desde numerosas instituciones nacionales e internacionales y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Que los precios de la vivienda vuelvan a una senda razonable debería ser el cometido principal del Ministerio y no justo el contrario.

Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la Plataforma consensuaron en su día una batería de 40 propuestas que ya le fueron remitidas al Gobierno en espera de que sirvieran para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país y seguimos esperando que así sea.



* Plataforma Vivienda Digna - 05.06.2008

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El Supremo condena al Ivima por construcción ilegal

ELPAÍS/Madrid* : Mil viviendas públicas ya construidas por la Comunidad de Madrid en cinco enclaves de la región fueron edificadas tras la convocatoria de un concurso ilegal en 2004 por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional.

Así lo denunció en su día el Colegio de Arquitectos y así lo confirmó ayer una sentencia del Tribunal Supremo. En las viviendas, situadas en La Ventilla (Tetuán), Arroyo Culebro (Leganés), el Ensanche de Vallecas, Valdemoro y Navalcarnero viven unas 5.000 personas.

Formalmente, la sentencia del Supremo podría acarrear la demolición de las viviendas y la convocatoria de un nuevo concurso en regla, pero fuentes jurídicas destacan que, para ello, "habría que acudir a un incidente de ejecución de sentencia que no parece que las partes interesadas contemplen", informa Julio M. Lázaro. La eventual demolición y la consiguiente reconstrucción dañarían a quienes ya habitan las casas, extremo que la justicia y ambas partes tratan de eludir.

El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por el Ivima contra una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitida el 5 de octubre de 2006 a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Su decano, por entonces Ricardo Aroca, invocaba argumentos jurídicos y éticos contra la forma en que el instituto regional había convocado el concurso para tal construcción. "Solapar el proyecto arquitectónico y el de obra, tal como hizo el Ivima, era una medida disparatada", subraya Aroca. "Por más que discutimos entonces que íbamos a recurrirla se nos dijo desde el Gobierno regional: 'Mientras el Supremo decide, acabamos de construir las viviendas". Y añade Aroca: "Eso debería llevar aparejado que la gente que tomó aquella decisión ilegal quedara apartada de cargos públicos".

La norma que obliga a separar ambos proyectos, de obra y arquitectónico, obedece a la necesidad de mantener la independencia creativa del arquitecto, su autonomía ejecutiva y la calidad de la edificación frente a eventuales prácticas de mera optimización económica en las que podría incurrir la entidad constructora. Un portavoz de la Consejería de Vivienda señaló: "Desde el año 2006, los procedimientos empleados anteriormente, que solapaban el proyecto de obra y el arquitectónico, ya no se realizan de aquella forma, sino conforme a la norma que la ley establece".




* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS / JESÚS SÉRVULO - Madrid - 06/06/2008
Foto: Madrid, viviendas ensanche Vallecas - burbujona

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El fiscal denuncia por prevaricación a dos gobiernos del PP en Abegondo

ELPAÍS/A Coruña* : La querella formulada por el fiscal especializado en delitos urbanísticos ante el Juzgado decano de Betanzos imputa a los dos últimos gobiernos del PP en Abegondo un delito de "prevaricación continuada" por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre los años 2002 y 2005.

Se trata de la corporación que presidió el ex conselleiro de Agricultura y actual diputado autonómico del PP, José Antonio Santiso Miramontes, y la que encabezó su sucesor, Juan José Rocha Carro, actual alcalde independiente del municipio.

La denuncia del ministerio público acusa por el mismo motivo a los tres últimos arquitectos que trabajaron para el ayuntamiento coruñés: al actual, Manuel Cortón Muinelo, a su antecesora, Cristina Ballón López, y a Antonio Carro Núñez que ejerció a través de una asistencia técnica como aparejador municipal entre 1998 y 2003, así como a dos de sus colaboradores.

La querella del fiscal relata el procedimiento administrativo que permitió urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas donde ya se han construido medio centenar de viviendas unifamiliares en Limiñón, Os Valiños, Pedregal, Coto, parroquias todas del municipio de Abegondo. Según su querella, entre los años 2002 y 2007 "por parte de los denunciados se facilitó la construcción de numerosas viviendas unifamiliares, todas ellas en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal".

El objetivo de la trama consistía, según la denuncia, "en conceder licencias" para edificar construcciones para "usos incompatibles con el suelo en que se enclavaban las fincas, que según su calificación sólo podrían permitir "actividades agropecuarias".

La denuncia cuestiona los informes del arquitecto municipal, Antonio Carro Núñez, a favor de la parcelación en suelo rústico a lo largo de 2002 y la posterior aprobación de las licencias por parte del Gobierno del PP que presidía Santiso Miramontes.

A Santiso como al resto de los concejales le imputa el fiscal un delito de "prevaricación continuada", incluido su teniente de alcalde y actual regidor de Abegondo, Juan José Rocha Carro. De hecho, el hombre que dirige el Gobierno local (actualmente bajo las siglas de la Agrupación Progresista de Abegondo en coalición con BNG y PSOE) aparece doblemente imputado. Por su votación a favor en 2002 y por aprobar tres años después, ya como alcalde, proyectos urbanísticos reformados y segundas licencias que permitieron legalizar decenas de viviendas.
Permisos caducados

Esta última decisión la adoptaron Rocha y los ediles del PP que componían la Junta de Gobierno local de Abegondo en 2005 con el informe en contra de la secretaria municipal. Los arquitectos municipales no pusieron trabas a la operación.

En sus conclusiones, el ministerio público advierte de que los permisos concedidos en 2002 se encontraban caducados cuando tres años más tarde el Gobierno de Rocha pretendió legalizar las construcciones. Además, el fiscal duda de que los promotores que solicitaron las primeras licencias antes de vender fincas y permisos a segundos compradores, iniciasen las obras para las que pidieron permiso. El escrito desvela que su verdadero interés fue el de edificar sobre suelo rústico para venderlas y obtener beneficios económicos.




* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 06/06/2008
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com

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Promotoras de pisos protegidos en el norte de Madrid aplican subidas del 30%

DIAGONAL* : En tan sólo cuestión de días, los adjudicatarios de 570 viviendas protegidas en el municipio de San Sebastián de los Reyes, en el límite norte de Madrid, han visto cómo el precio que tenían que pagar por sus pisos subía en proporciones ni siquiera soñadas durante los años del ‘boom’ inmobiliario.

En abril, fecha de resolución del sorteo, el precio del metro cuadrado en las ocho promociones del barrio de los Tempranales seguía siendo de 1.474 euros, tal y como figuraba en el pliego de condiciones publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el 21 de diciembre de 2006. Cuando los agraciados contactaron con sus promotoras, se enteraron de que las condiciones iban a ser muy distintas. Las subidas conocidas por DIAGONAL a través del foro de afectados superan el 30% : de 1.400 a 1.900 euros el metro cuadrado. Según el diario gratuito 20 Minutos, el aumento alcanza el 66% : 2.400 euros por metro cuadrado.

“El problema no es sólo la cantidad, sino la forma de pago”, asegura Hamadi, uno de los compradores. La entrada, según figura en el BOCAM, no debía superar el 20% del precio total del piso. Ahora, quienes quieran optar por una vivienda de 65 metros cuadrados deben abonar desde el principio 30.000 euros, con una cuota mensual de 750 euros y dos cuotas adicionales al año de 1.500 euros. En el proceso, en al menos tres de las ocho promociones, los adjudicatarios han pasado, sin saberlo, a ser cooperativistas. “Y no nos han dado ningún plan de precios cerrado. Todavía no sabemos exactamente cuánto tendremos que pagar”, se lamenta Hamadi.

Ante las primeras quejas, el actual Gobierno municipal, del PP, dijo no tener constancia de esta situación, pese a que el terreno para las promociones fue sacado a la venta por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV). “Se escudaron en que la operación se realizó con la otra alcaldía, de PSOE e IU”, cuenta Hamadi. Las primeras apariciones de los afectados en los plenos municipales, que se han llegado a prolongar hasta las 12 de la noche, han arrojado la promesa informal del Ayuntamiento de una reunión con las promotoras para que cumplan las condiciones iniciales. Al cierre de esta edición, los vecinos esperaban que se produjeran los primeros contactos. Sin embargo, en el intermedio muchos de ellos han tenido que renunciar ya al piso debido a las nuevas condiciones de pago. Hamadi ve clara la vinculación entre la reciente subida de un 30% en el precio de la vivienda protegida, aprobada por la Comunidad de Madrid, y el caso de los Tempranales.

“Ahora que bajan los precios, las promotoras y cooperativas se han subido al carro de la vivienda protegida para seguir haciendo dinero”, asegura. El negocio es redondo : las promotoras le compran el suelo a los ayuntamientos al precio estipulado por éstos, con la condición de que reserven parte del terreno a pisos protegidos. Con la revisión de los módulos, sólo en el caso de la promoción de Hamadi, la revalorización alcanza los tres millones y medio de euros. Se han producido casos similares en Los Espartales (Alcalá de Henares), Getafe (donde el Ayuntamiento ya ha tenido que recular) y Alcorcón. Un fenómeno generalizado No obstante, la tendencia es estatal. Una de las últimas acciones de Carme Chacón al frente de Vivienda fue emitir el decreto por el que las comunidades autónomas podían subir el precio básico de las viviendas protegidas.

Fernando Martín, presidente de la promotora Martinsa-Fadesa, valoraba en el salón inmobiliario de Madrid las oportunidades de esta política : “Nos permite ganar más dinero con la vivienda protegida que con la libre”. Estas palabras, pronunciadas en plenas negociaciones con sus acreedores, subrayan la importancia estratégica de la vivienda protegida para las inmobiliarias con problemas. Así, las subidas van del 24% medio en Madrid al 15% de Castilla y León o el 6% del País Vasco, todas ellas por encima de la pauta marcada por el mercado libre, cuyos precios bajarán este año un 2,2%, según La Caixa.





* Diagonal - Diego Sanz Paratcha, Redacción - 29 may - 11 jun de 2008
Foto: SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Vista aérea de la ciudad/ diagonalperiodico.net

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El Defensor del Pueblo pide al Consell que escuche a la CHJ para los PAIs

PANORAMAACTUAL* : El Defensor del Pueblo, reclama a la Generalitat valenciana en su informe anual correspondiente a 2007 que tenga en cuenta los estudios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que se acredite la suficiencia hídrica para aprobar nuevos planeamientos urbanos que conlleven un incremento del consumo de agua.

El documento hace "mención especial" a las quejas que se tramitan en la Conselleria de Vivienda y destaca el caso de Parcent.

El informe del Defensor del Pueblo, al que tuvo acceso EuropaPress, hace "especial mención" a las quejas que se tramitan en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Así, destaca que en 2007 "se ha constatado un cambio notable" respecto a etapas anteriores, ya que en alguno casos la Conselleria no ha facilitado los expedientes solicitados, y en otros, la información ofrecida es "insuficiente, excesivamente breve, incompleta" y en ocasiones fuera de plazo.

Asimismo, explica que en la mayoría de estos expedientes se denuncia la aprobación de instrumentos de planeamientos por parte de ayuntamientos "sin que se haya acreditado la suficiencia" de los recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas. Una cuestión que califica de "grave" y que "preocupa de forma notable".

El informe señala que el fin de las peticiones que el Defensor del Pueblo reclamó a la Conselleria era contrastar y conocer la posición de la Administración autonómica frente a estos instrumentos de planeamiento urbano.

Parcent

Así uno de los casos a los que se refiere es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el de la localidad alicantina de Parcent, al que destaca por su "especial relevancia" y porque afecta a un "número importante" de vecinos, 200 concretamente, formularon en marzo de 2006 una queja contra el Ayuntamiento por aprobar de tres programas de actuación integrada, ´El Replà´, ´El Cantalar´ y ´La Solana´.

Esta actuación, apuntó, conllevaría la construcción de cerca de 1.800 viviendas, por lo que la población pasaría de 1.050 habitantes a 10.200. Además, añade que este aumento se llevaría a cabo "sin que estuviesen previstas de forma adecuada las infraestructuras necesarias para garantizar la prestación de servicios básicos".

Por ello, se inició una investigación que culminó el 2 de noviembre de 2006 con la recomendación al Ayuntamiento de Parcent y a la Conselleria de que no se aprueben estos tres programas sin el informe favorable de la CHJ.

Conclusiones

Así, en las conclusiones finales del Defensor de Pueblo indica que los ayuntamientos "no deberían aprobar instrumentos urbanísticos" que conllevasen un incremento del consumo de agua "si no cuentan con el previo informe favorable de la CHJ".

Asimismo, indica que la Administración autonómica "no debería admitir a trámite ningún expediente urbanístico elevado por los ayuntamientos para su aprobación definitiva que no incluya el citado informe o en el caso de que este sea desfavorable.

De esta manera, el Defensor de Pueblo, manifiesta que en caso de que la Comisión Territorial de Urbanismo aprobase un expediente urbanístico sin el citado informe con siendo este desfavorable, insta a la CHJ a informar a la Abogacía del Estado de la Delegación de Gobierno, por si hubiera que interponer un recurso contencioso-administrativo.

Como los programas de actuación de Parcent estaban en posesión de la Generalitat en espera de la aprobación definitiva, se pidió, el 29 de mayo de 2007, un informe a la Conselleria para conocer el estado de la tramitación. Dicho informe, señala el Defensor del Pueblo, tuvo que ser requerido en dos ocasiones más, el 17 de julio y el 11 de septiembre de 2007, sin que la Conselleria hubiese dado respuesta a la fecha de finalización del documento elaborado por este organismo estatal.

Además, esta entidad resalta que "este mismo escenario se repite" con motivo de las quejas formuladas por la actuación urbanística de Benicàssim Golf, por los que se solicitaron los informes a la Generalitat en tres ocasiones, el 26 de julio, 20 de septiembre y 22 de noviembre de 2007.




* Panorama-Actual - 05/06/2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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La sostenibilidad urbanística como clave en el cuidado del medio ambiente

ABC/Sevilla* : El urbanismo y el medio ambiente se convirtieron en un matrimonio mal avenido con el advenimiento de la fiebre del ladrillo. Las recalificaciones de zonas verdes o rústicas en los planes urbanísticos, así como la agresividad inmobiliaria en el litoral andaluz han causado pérdidas, en muchos casos irreparables, que no obstante han generado una concienciación social que ya se deja notar en la legislación.

Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, el urbanismo se sitúa entre los temas más acuciantes de la agenda internacional y por este motivo, la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible del Instituto de Práctica Empresarial ha presentado en Sevilla el libro «Hacia un urbanismo sostenible. Estrategias europeas y españolas para un urbanismo y medio ambiente sostenibles», elaborado por el abogado especializado en medio ambiente y profesor de esta nueva disciplina, Jesús Vozmediano.
Novedad
Esta monografía recopila, por primera vez en España, todos los principios, recomendaciones e indicaciones contenidos en las principales Estrategias de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea y España.
Jesús Vozmediano destacó la idoneidad de publicar este compendio justo ahora «en este periodo de crisis económica, energética y, en general, de denuncia del desarrollo insostenible que se ha seguido en los últimos años».
Libro «necesario»
De hecho, calificó el libro de «plenísima actualidad y vitalmente necesario para todos los profesionales, ya que la sociedad del futuro conllevará necesariamente un cambio total de enfoque a todos los niveles, en cuánto a sostenibilidad se refiere».
Por su parte, José Antonio Pérez, director de la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible comentó las claves de la crisis inmobiliaria actual y algunas recetas para afrontarla a través del desarrollo de estrategias de urbanismo sostenible, bioconstrucción y el empleo de energías renovables, integradas gracias a las nuevas tecnologías en el proceso del planeamiento, urbanización, edificación y rehabilitación en el sector inmobiliario. Pérez, quien detalló que de los 14 años de experiencia que acumula el Instituto de Práctica Empresarial, la cátedra de urbanismo respetuoso con el medio ambiente lleva dos en funcionamiento, añadió que «los volúmenes de crecimiento no serán sostenibles si se siguen desarrollando en la actual dirección. Y teniendo siempre en cuenta el pilar básico, que es la ordenación territorial y el planeamiento, debemos atender las necesidades de la ciudadanía, pero optimizando el gasto energético y maximizando las zonas verdes». Así, en su opinión de igual forma que en la anterior etapa 92-96 se fabricaron las claves para dimensionar en volumen al sector inmobiliario, «en esta nueva etapa que estamos viviendo, la necesidad agudiza el ingenio, de tal forma que se fabricarán las nuevas líneas por donde cabalgar en el sector inmobiliario español, donde la base es ser más sostenible que ayer, en aras a mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones». Para el director de la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible, «más allá de las palabras y las buenas intenciones ha llegado la hora de tomar decisiones y llevarlas a la práctica por el futuro de todos».




* ABC - LOLA RODRÍGUEZ - 05.06.2008
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)

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