'Inmobiliaria Forralia'



* ELPAIS.com - Forges - 16-04-2008

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Urbanismo, problemas de gobernabilidad

MANU FERNÁNDEZ/OIHANE MACÍAS* : En un artículo anterior repasábamos algunas de las causas que han generado un proceso urbanizador con enormes impactos económicos, sociales y ambientales, y señalábamos algunas respuestas legislativas e institucionales que se están dando en la actualidad en el contexto español. No abordábamos, sin embargo, el fenómeno de la corrupción y las relaciones clientelares entre los actores económicos del desarrollo urbano y las instituciones públicas locales. Aunque sea de forma breve, en el presente artículo queremos abordar esta situación desde la perspectiva de la gobernabilidad en tres aspectos.

LAS CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA UNA BUENA GOBERNANZA
Podríamos entender, por un lado, que el fenómeno de la corrupción se aprovecha de los resortes sociales que promocionan y dignifican actitudes de ostentación, de gusto por determinada concepción de la modernidad basada en las infraestructuras y los mega-proyectos, de falta de consideración a los valores ambientales y de promoción social de determinado tipo de inversores y empresarios. En muchos casos, la corrupción urbanística es un delito socialmente consentido, por lo que es necesaria una sociedad fuerte, con una cultura del territorio a largo plazo, una sociedad capaz de reprobar colectivamente las formas de degradación urbana y los procesos más oscuros de intervención urbanística.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE DECISIONES PÚBLICAS
Otra vertiente de análisis sería la falta de transparencia, información y participación social en las decisiones del proceso urbanístico, entendiendo que un mayor control y una mejor integración de todos los intereses en juego en el desarrollo municipal pueden asegurar mejor no sólo la legalidad del proceso sino también la adecuación de los resultados al interés general. En este ámbito sí tenemos ejemplos de legislaciones que han querido avanzar en este aspecto como vía de profundización democrática y de establecimiento de mecanismos de control de la corrupción. Así, la legislación más innovadora en el tiempo en esta materia fue la catalana, que en 2002 abrió la posibilidad a que cualquier municipio creara un Consejo Asesor Urbanístico y apruebe un Programa de Participación Ciudadana. Planteamientos similares ha incorporado la ley vasca de 2006. Por su parte, la recientemente aprobada legislación estatal, destaca, en cambio, la significación que se le da a la ciudadanía como sujeto de derechos y obligaciones en materia de urbanismo, ofreciendo así un estatuto subjetivo al interés general en el proceso urbanístico. En este caso, la legislación estatal apuesta por reforzar el derecho de información, al incidir en las diferentes vías de puesta a disposición de los ciudadanos de la información relacionada con los procedimientos urbanísticos, una condición necesaria para poder ejercer de manera efectiva el derecho de participación.
El tiempo dirá si estos mecanismos son suficientes, si bien los procesos de participación necesitan de ciertas condiciones sociales, nuevamente (por ejemplo, una mayor cultura de participación) para que puedan desarrollarse con cierto éxito.

LA ACTUACIÓN INDIVIDUAL (Y EL MARCO INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESARROLLA ESTA ACTUACIÓN) DE LOS RESPONSABLES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO Y POLÍTICO
En tercer lugar, otro aspecto de la gobernabilidad de las políticas urbanísticas tiene que ver con los propios resortes institucionales de control de la actuación de las instituciones. Aquí, en el ámbito municipal, la figura clave es la de los/as interventores/as municipales, que son los funcionarios públicos encargados de velar por el correcto uso de los fondos públicos (función de control y fiscalización interna de la gestión económico-administrativa y presupuestaria).
Sin entrar en muchos detalles, sería conveniente reforzar, por ejemplo, la figura del interventor municipal, independiente del propio Ayuntamiento, de los cargos políticos municipales a los que debe controlar. La falta de precisión en su encaje institucional con el resto de organismos encargados del control de los presupuestos públicos (por ejemplo, los tribunales de cuentas) y la falta de reconocimiento por parte de la sociedad de su función, son obstáculos que una vez salvados podrían reforzar la actividad de la intervención municipal. Tenemos, por tanto, una materia que puede parecer fácil de corregir con medidas legislativas, pero que, tiene mucho más que ver con la independencia de los funcionarios públicos, con la concepción de los cargos políticos, con el concepto social de ilegalidad, etc., elementos que tampoco pueden resolverse únicamente a base de legislación.

En definitiva, tres elementos sobre los que consideramos necesario actuar para asegurar una mejor gestión del territorio en clave de gobernabilidad, sin olvidar que, en los tres casos, se requiere un cambio más profundo que el que pueden ofrecer nuevos marcos legislativos. Avanzar hacia un Contrato Social por el Territorio, que aúne estos elementos -y otros- con compromisos a corto y largo plazo por parte de los agentes implicados podría ser un buen vehículo.





* Naider - 24/05/2007


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Anulan la autorización para construir una pista de esquí en Tordesillas

ELNORTE/Valladolid* : El Juez de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid ha anulado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas que autorizaba la construcción de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro, en la que constituye la primera de las sentencias judiciales sobre la polémica instalación promovida por la Diputación Provincial de Valladolid a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo.

La sentencia entiende que "en la tramitación del expediente administrativo no se ha respetado el trámite de información pública", faltando "datos relativos a la superficie y ocupación de la parcela, alturas, materiales, dotación de servicios necesarios, justificación de las circunstancias de interés público", que o no fueron aportados por el promotor o se facilitaron con posterioridad a la exposición pública, impidiendo "el previo debate social".

Tampoco se respetó el procedimiento administrativo al otorgar la autorización de uso de suelo rústico dos meses antes de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto, invirtiendo el orden legal de los permisos.
Respecto al fondo del asunto, el juez constata que "se está ante un uso incompatible con las categorías de Suelo Rústico con Protección Natural Forestal y Paisajística" que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tordesillas adjudica al emplazamiento elegido para la construcción de la pista de esquí. Asimismo, confirma que los terrenos objeto de intervención sufrieron un incendio en 1999, y que la Ley de Montes prohíbe el cambio de su uso forestal al menos durante 30 años, circunstancia que ya motivó la suspensión judicial de las licencias ambiental y de obras en septiembre del 2007.

Finalmente, la sentencia señala que no se ha acreditado la existencia de un interés público en la obra, que faculte para su implantación en suelo rústico con protección. La sentencia es contundente en este aspecto al señalar que "no puede considerarse que el proyecto vaya a redundar en beneficio de todos los administrados, sino que este beneficio podrá entenderse producido para las personas que puedan obtener un puesto de trabajo". El supuesto interés general queda así reducido a un mero interés de parte, que no justifica los daños ambientales producidos.





* El Norte de Castilla - 16.04.08
Foto: Obras de la pista de esqui de Villavieja del Cerro / Fran Jiménez, nortecastilla.es

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El ex alcalde de Yaiza dio otra licencia a Costa Roja después de que el Cabildo recurriera la inicial

LAPROVINCIA/Lanzarote* : El ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes concedió a la mercantil Residencial Costa Roja S.L. la licencia para el proyecto de ejecución del proyecto de 1.012 viviendas, 2.559 garajes y 228 locales en Playa Blanca después de que el Cabildo interpusiera recurso contencioso administrativo contra la licencia de construcción otorgada para el proyecto básico de esa misma urbanización.

Reyes dio esa segunda licencia después de que se hicieran públicos dos informes, uno encargado por el Cabildo y otro por la Oficina del Plan Insular que resultaron contrarios a la concesión de la licencia para el proyecto básico. Incluso el pleno del Cabildo, en febrero de 2007, acordó por unanimidad ejercer todas las acciones a su alcance para cumplir la legalidad.

Esta licencia se concedió el 8 de junio de 2007, en un periodo en que Reyes se mantenía como alcalde en funciones tras las elecciones del 27 de mayo, que había vuelto a ganar, aunque no sabía si acabaría gobernando. En diciembre de 2006 había concedido licencia para el proyecto básico de esa gran urbanización y el Cabildo, tras conocer que se había otorgado ese permiso, decidió recurrirla en los tribunales. Posteriormente, en julio, solicitó la paralización cautelar de las obras y en septiembre el Juzgado número 5 de Las Palmas estimó esa paralización.

El consejero del Cabildo Carlos Espino presentó una querella criminal el 16 de abril contra Reyes, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y el secretario municipal, Víctor Bartolomé Fuentes.

Precisamente, estos dos funcionarios firman sendos informes relativos a la licencia para el proyecto de ejecución el mismo día que se otorgó, el 8 de junio. Los informes, muy breves (tan sólo un folio cada uno), no hacen mención ni al informe negativo de compatibilidad con el PIO ni al informe, también negativo, encargado por el Cabildo al abogado Agustín Domingo Acosta. En la licencia municipal se hace referencia a un dictamen encargado al catedrático de Derecho Administrativo Rafael Entrena Cuesta, fechado el 23 de mayo, relativo a la conformidad a Derecho de las actuaciones municipales respecto a ese expediente.

INDEFINICIÓN. Los informes no dicen que sean favorables a la concesión de dicha licencia y tampoco dicen lo contrario. El del secretario se limita a dejar constancia de que no han variado las circunstancias urbanísticas del expediente respecto a la aprobación del proyecto básico y que tampoco han variado las de la parcela. Se remite a su anterior informe, en el que, por cierto, se advertía la necesidad de contar con informe de compatibilidad del PIO, que cuando se emite, antes de junio, resulta ser negativo.

En el informe del jefe de la Oficina Técnica se indica que en el proyecto de ejecución no se realizan modificaciones sustanciales con respecto al proyecto básico y que la situación urbanística no ha variado. Señala Lorenzo en su informe que la parcela no se encuentra dentro de la delimitación de suelo urbano del Plan General de Yaiza "vigente en la actualidad ni en el posterior PERI de Playa Blanca". También reconoce que no hay ordenación pormenorizada de la parcela. Pese a estas circunstancias, sorprendentemente, no dice que el informe sea desfavorable a la concesión de la licencia en ese suelo.






* La Provincia - SAÚL GARCÍA - ARRECIFE - 16 de abril de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es

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Tarjeta roja: esta Liga es un ladrillo

ELECONOMISTA* : La crisis inmobiliaria no deja títere con cabeza y cada vez son más los sectores que se ven perjudicados por el estallido de la burbuja. La vinculación de los clubes de fútbol con pequeñas y grandes compañías dedicadas al mercado de la vivienda se empieza a notar y a más de uno le han enseñado ya la tarjeta roja.

Promotoras, constructoras, empresas de materiales de obra... doce de los veinte equipos que conforman la primera división del Campeonato Nacional de Liga podrían cambiar la pelota de fútbol por la calculadora. La crisis amenaza no sólo a las empresas que participan directamente en su capital, sino también a la principal fuente de ingresos de sus dueños.

Sociedades anónimas

Con la transformación en 1992 de los clubes deportivos en sociedades anónimas, los activos de los diferentes equipos, a excepción del Real Madrid, Barça, Athletic de Bilbao y Osasuna, pasaron a ser manejados por accionistas con intereses particulares.

El caso más grave tal vez sea el del Racing de Santander que, a pesar de estar jugando una de las mejores temporadas de su historia, ha visto cómo su máximo accionista, la constructora Seops, se veía obligada a acudir a un concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos.

A pesar de ello, el equipo asegura en su página web que la situación de su dueña no le va a perjudicar especialmente. Los cántabros han sido los primeros en verse afectados por la crisis inmobiliaria, pero hay otros clubes que deberían empezar a preocuparse.

Un golazo imprevisto

Real Zaragoza, Betis, Atlético de Madrid, Murcia, Mallorca, Levante, Almería, Sevilla, Valencia y Villareal podrían correr en un futuro la misma suerte que el Racing. Evidentemente, la caída dependerá más que de los resultados deportivos, de la capacidad de sus accionistas para sobreponerse al estallido de la burbuja inmobiliaria.

La crisis amenaza especialmente a los tres equipos valencianos. El caso más significativo es, sin duda, el del Valencia, controlado por el promotor Juan Bautista Soler, que ha llevado a cabo bajo su gestión dos operaciones urbanísticas ahora en entredicho.

La primera es la del nuevo estadio en la ciudad, para la que logró antes que el Ayuntamiento recalificara el suelo del actual Mestalla en la avenida de Aragón y permitiera la construcción de viviendas. Los ingresos estimados para el club por la operación se elevaban a 300 millones de euros, pero las cosas no han sido totalmente como él pensaba.

El Valencia y la venta de suelo

El Valencia inició el año pasado la venta del suelo con la subasta de una primera parcela, de un total de cinco, por 90 millones. El problema es que esa primera subasta no logró atraer a ningún comprador y fue el propio Soler el que tuvo que asumir la compra.

La otra gran operación es la de la futura ciudad deportiva de Ribarroja, que el propio Soler ha calificado de "pelotazo". Aquí compró suelo rústico por 36 millones, según se publicó en la prensa valenciana, y luego obtuvo la recalificación, vendiendo la parte residencial a Nozar.

La jugada se completaría si lograra la recalificación del suelo de la actual ciudad deportiva de Paterna para uso residencial y comercial, pero de eso no se sabe nada y el proyecto está ahora mismo paralizado.

Algo mejor parece la situación del Villarreal, aunque su principal accionista sea Fernando Roig, dueño de la azulejera Pamesa. Hasta ahora, esta empresa es una de las pocas que ha sabido mantenerse frente a la crisis a pesar de las dificultades por las que atraviesa el mercado.

El peor parado, sin embargo es el Levante, último de la Liga, y con una grave crisis financiera. Su anterior accionista era el promotor Pedro Villaroel, que ha vendido el club a Julio Romero Salvador, relacionado también con el mundo de la construcción a través de la empresa Trover.

Pelotazos urbanísticos

La avalancha de suspensiones de pagos y quiebras que vive el sector inmobiliario no augura nada bueno, pero es cierto también que en el pasado los clubes han sacado también tajada de la especulación urbanística. La venta estadios y la posterior recalificación de los terrenos que ocupaban han sido algunas de las tretas utilizadas por más de un equipo.

Gracias a la colaboración que han obtenido de los Ayuntamientos, y en algún caso de la Comunidad Autónoma respectiva, la mayoría ha conseguido gracias al cambio del uso legal del suelo sanear sus maltrechas cuentas.

Según un estudio del profesor Jordi Blasco, publicado por la Universidad de Barcelona, en los últimos cinco años los clubes de fútbol han ingresado más de 1.000 millones de euros por el incremento del precio del metro cuadrado del suelo que ocupaban sus estadios.

Aunque en un principio se encontraban en las afueras de las ciudades, con el aumento de población los campos han acabado en el centro y, tal y como ha ocurrido en otros países de Europa, muchos han optado por un cambio de localización.

El Real Madrid gana

La operación que más beneficios ha reportado hasta ahora a un club, ha sido la venta de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, por la que según Blasco, se calcula que el club ingresará, una vez urbanizados los 150.000 metros cuadrados, una cantidad cercana a los 600 millones de euros.

Pero el auténtico pelotazo vendrá de la jubilación del Santiago Bernabeu, en pleno centro del Paseo de Castellana. Esta operación, sin embargo, está aparcada y es difícil que se pueda rescatar, salvo que la capital sea elegida como sede de unos Juegos Olímpicos o que el club se encuentra al borde de una axfisia económica.

El Atlético cedería su campo

El primero que ha intentado sacar partido de las Olimpiadas, se celebren o no en la capital española, ha sido el Atlético. Los colchoneros llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento por el que el estadio Vicente Calderón será demolido y en su lugar se levantará un parque de 30.000 metros cuadrados frente a la ribera del Manzanares.

A cambio, el Atlético se trasladará a La Peineta, que será suyo a partir de 2016, año en el que se espera que se disputen en Madrid los Juegos Olímpicos. La familia Gil valoró el estadio en 226 millones de euros, pero el Ayuntamiento fijó el precio finalmente en casi 80 millones. El problema es que el club tendrá que invertir 160 millones de euros para acometer la reforma de La Peineta, para eliminar las pistas de atletismo y crear las nuevas gradas.

A la espera también de las obras están el Athletic de Bilbao, que trasladará el viejo San Mamés sólo unos metros, y el Zaragoza, que transformará La Romareda aprovechando la Expo 2008 y levantará un centro comercial adjunto.






* El Economista - Alejandra Ramón / Javier Romera - 15/04/2008
Foto: Madrid, inicio nuevas torres en la ciudad deportiva Real Madrid- 20minutos.es



NOTICIA RELACIONADA: Los clubes de fútbol afectados por la crisis - El Economista - 15/04/2008

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El alcalde de Cervo autoriza 82 viviendas sobre un castro

ELPAÍS/Lugo* : El ayuntamiento lucense de Cervo, que preside Alfonso Villares, del PP, otorgó tres licencias para levantar 82 viviendas sobre el castro de A Atalaia, en la localidad de San Cibrao. El castro se encuentra en estos momentos parcialmente destruido por los trabajos de excavación que se iniciaron sobre una superficie de 1.000 metros cuadrados en una de las tres parcelas a edificar.

Los vecinos de Porto de Arriba, que habitan en las inmediaciones, se oponen a la construcción y ayer entregaron más de 300 firmas para solicitar la paralización de las obras. Además, cuentan con la colaboración de la asociación Lugo Patrimonio y de Adega. Las agrupaciones intentan preservar los restos que pudieran existir bajo los 2.000 metros cuadrados que ocupan las parcelas sobre las que aún no se inició ningún trabajo y que excavan los arqueólogos, supervisados por la Consellería de Cultura.

Patrimonio paralizó las primeras excavaciones de obra durante el tiempo máximo que permite la ley, un mes, pero los trabajos continuaron al disponer el promotor de licencia municipal. Aun así, Cultura incluyó este castro en el inventario de yacimientos arqueológicos. Fuentes de la consellería confirmaron que se presentó una denuncia ante el juzgado de Viveiro al comprobar que se realizaron "destrozos importantes" de restos arqueológicos. El director general de Patrimonio, Felipe Arias, confirmó que en las excavaciones que se realizan actualmente están apareciendo "restos castrexos y galaico-romanos". Pero los vecinos, Lugo Patrimonio y Adega exigen mayor concreción en las resoluciones oficiales.






* ELPAIS.com - ARCADIO SILVOSA - Lugo - 16/04/2008
Foto: Cervo autoriza 82 viviendas sobre un castro - elpais.com

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Estepona: Derriban 14 años después una casa construida sobre una zona verde

MÁLAGAHOY* : A escasos días de que desaparezca por completo del paisaje de Estepona el edificio de Prasa cuyo derribo está sufragando la Demarcación de Costas, ayer era la Junta de Andalucía la que metía la piqueta nuevamente en el municipio.

Pasado el mediodía se procedía a la demolición de una vivienda unifamiliar con piscina ubicada en el entorno de la urbanización Arena Beach. Según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), "la casa se levantaba sobre zona verde y fue denunciada por la comunidad de propietarios de Arena Beach en 1994". En aquel momento se celebró el juicio y se dictaminó su demolición que no se hizo efectiva hasta ayer, 14 años después.

El propietario de la vivienda, Manuel Carmona, estuvo presente en el momento del derribo y se lamentó de que su casa "tenga que ir abajo mientras que las 70 viviendas que componen la urbanización Los Rosales", próxima a su vivienda, "son igualmente ilegales y sin embargo van a ser regularizadas".

Por su parte el concejal de Urbanismo, señaló que en la zona "no hay edificaciones tan clamorosamente irregulares como este caso" si bien puntualizó que la urbanización denunciada por Carmona "se comenzó a construir antes de que entrara en vigor el PGOU de 1994 y se hizo sin tener en cuenta que la zona no estaba en condiciones de asumir esas obras de edificación".

A favor del propietario, Duarte señaló el hecho de que en 1994 "se podían haber planteado las cosas de otra manera y haberse regularizado esa vivienda, sin embargo, en aquel momento hubo un cambio de ordenación y el terreno pasó a considerarse como zona verde".

Después de esto, además, "se dictó una sentencia firme de demolición, por lo que el Ayuntamiento, ahora mismo, tiene muy poco margen para actuar". Por este motivo, según el citado concejal, "se encomendó el caso a la dirección general de inspección de la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía", que es la que acometió ayer el derribo.





* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 15.04.2008
Foto: Estepona, momento en el que se procedía al derribo de la vivienda - diariosur.es

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La especulación no puede ser una profesión

LUISA GARCÍA GIL* : Ruedan estos días las opiniones sobre la crisis del sector inmobiliario, especialmente por boca de los no profesionales de la cons­trucción. Se quejan de la normativa para hacerla responsable de su irresponsabilidad, de su imprevisión y de su falta de conocimientos. Otros, al calor de las ascuas del caos de la amenaza del paro por la crisis del sector, intentan sacar tajada del tema, intentando crear un clima de culpabilidad en la Administración, que, a su vez, intenta parchear la falta de previsión de lo que se le venía encima.

Estos últimos años, la bonanza económica propició el nacimiento de numerosas empresas promotoras no profesionales atraídas por las mieles del dinero fácil y rápido. Estas empresas, nacidas en muchos casos de la asociación temporal de inversores con ganas de probar fortuna, inundaron el sector con el único fin de hacer dinero y rápido, y el más tonto se puso a promover la huerta de la abuela.

Han sido sociedades sin conocimientos del mundo de la promoción, a las que poco importaba el producto que ponían en el mercado o lo que arrasaban a su paso con tal de vender y recuperar con creces su inversión. Llegaron como plagas a los últimos rincones de la costa o del interior, solo hacía falta detectar el más mínimo interés de movimiento del mercado para que se movilizaran y extendieran su vuelo en la zona.

Una inmobiliaria profesional y solvente es la que analiza el producto que le ofrecen a la venta, analiza su legalidad, su solvencia como inversión y la calidad de aquello en lo que intermedia; es decir, que sirve para abrir los ojos del comprador, que no tiene por qué entender de construcción ni normativa, pero sí el primero, que debe conocer al dedillo los pros y contras del terreno, casa o piso que vende, porque para eso cobra su porcentaje.

Los ayuntamientos, en numerosos casos, aspiraron los aires delirantes del cuerno de la abundancia de las licencias y tragaron con ruedas de molino; por su parte, la banca, más generosa que nunca, se cegó prestando a quien no tenía ni posibles para comprar el solar ni luces para promover. Todos se dejaron querer mientras que el territorio se quejaba del abuso.

Las empresas promotoras surgidas y crecidas al calor del oportunismo del momento, nada tienen que ver con las empresas profesionales del sector, que las hay y muy buenas. Las empresas promotoras profesionales no queman el territorio tras su paso, como hacían los bárbaros en las invasiones de territorio, lo miman y ordenan para poder tener una estabilidad en la zona, van construyendo según la demanda real.

Los otros, los oportunistas, dieron en muchos casos con compradores también oportunistas que adelantaban cantidades para revender rápidamente sin escriturar y, así, ganar en unos meses lo que con su sueldo no verían en toda la vida. Éstos, auténticos especuladores, son los que ahora dejan colgadas a las promotoras porque no pueden ni quieren escriturar, porque no son solventes. Éstos son también en gran parte los responsables de llamada burbuja inmobiliaria, porque ellos, con su especulación, han inflado los precios al crear una demanda inexistente.




* LUISA GARCÍA GIL ARQUITECTA



* El Correo Gallego - Opinión - 14.04.2008

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Piden cárcel para el alcalde y el ex regidor de Morón por prevaricación urbanística

DIARIODESEVILLA* : La acusación particular ha pedido cuatro años de cárcel para el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), y dos años para su antecesor, José Párraga (PSOE), por un delito de prevaricación urbanística al permitir la instalación de varias industrias en un solar rústico no urbanizable.

Fuentes del caso han dicho a Efe que la acusación particular que ejercen los vecinos afectados ha pedido además 7 años de inhabilitación para cualquier cargo o empleo público para ambos, a los que acusan de haber permitido la instalación, en un terreno rústico, de un aparcamiento de camiones y varias industrias relacionadas con esa actividad.

Para Morilla, la acusación particular solicita un año de cárcel por cada uno de los tres delitos de prevaricación urbanística que le imputa y otro año de cárcel por un delito contra el medio ambiente.

Para Párraga, el letrado de la acusación, Francisco Vega, solicita un año de cárcel por un delito de prevaricación urbanística y otro año de prisión por un delito contra el medio ambiente.

El juzgado de instrucción 1 de Morón procesó a ambos alcaldes porque existen indicios de que "durante sus respectivos mandatos y en el ejercicio de sus cargos, habrían estado autorizando actividades contrarias a la normativa urbanística, mediante la concesión de licencias", según un auto al que tuvo acceso Efe.

En concreto, el juez les imputa haber autorizado un aparcamiento de camiones, un taller de tapicería y dos naves de reparación de neumáticos, pese a los informes negativos que les elevaron el arquitecto técnico municipal y la secretaria del Ayuntamiento.

Tras la calificación de la acusación que ejerce la asociación de vecinos "La Alameda", el fiscal especial de Medio Ambiente de Sevilla presentará su escrito de calificación, aunque las citadas fuentes recordaron a Efe que este proceso fue impulsado por denuncia de dicha Fiscalía.

Morilla es el actual alcalde de Morón, cargo para el que fue reelegido en mayo de 2007, y Párraga fue alcalde entre 1991 y 2003.

En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y que no recordar nada sobre su licencia.

Morilla y Párraga indicaron al juez que simplemente se dedicaban a firmar los documentos relativos a la concesión de licencias, sin conocer su contenido, y que no los confeccionaban.

La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en una sentencia a la que entonces tuvo acceso Efe, dijo que "lo que primitivamente era un secadero de algodón" se había convertido en "un polígono industrial donde se ha instalado un establecimiento de engrase de vehículos, un taller de reparación de neumáticos y una industria de tapicería".






* Diario de Sevilla - EFE - 15.04.2008
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com

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Córdoba: La Fiscalía investigará si cinco policías falsificaron sanciones urbanísticas

DIARIODECÓRDOBA* : Cinco agentes de la Policía Local de Córdoba, entre ellos el jefe de Disciplina Urbanística, serán investigados por la Fiscalía por presunta falsificación de documentos públicos. En concreto, los policías locales podrían haber manipulado las actas de las sanciones urbanísticas interpuestas a unos agentes de la Policía Local por construir sin licencia en la parcelación cordobesa de Torreblanca.

En esta urbanización, en vías de regularización, está prohibido edificar de momento.

El equipo de gobierno municipal decidió encargar un informe tras salir a la luz pública la construcción ilegal por parte de varios agentes locales de una vivienda y de una pequeña edificación en Torreblanca, así como la actuación presuntamente irregular de la llamada Línea Verde, la unidad de disciplina urbanística de la Policía Local. La encargada de redactar el informe fue la Secretaría general del Ayuntamiento, María Isabel Alcántara; y el objetivo, conocer si el tiempo transcurrido entre el acta de denuncia y su tramitación a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) fue o no irregular. Al parecer, según las fuentes consultadas, la investigación apunta a que los agentes locales pudieron manipular la fecha de esas actas.

La alcaldesa de Córdoba. Rosa Aguilar, acompañada del concejal de Seguridad y Tráfico, José Joaquín Cuadra (IU), y la concejala de Vivienda, Victoria Fernández (PSOE), compareció ayer ante los medios de comunicación para dar a conocer muy grosso modo el contenido del expediente, puesto que se trata de "información reservada". Así Aguilar explicó sin entrar en detalles, que la secretaria del Ayuntamiento advierte en su informe de la existencia "de indicios de comisión de delito" por parte de varios agentes locales. Por este motivo, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las autoridades municipales tienen la obligación de llevar el caso ante la Fiscalía.

La alcaldesa avanzó además que, a pesar de que solo en tres de los expedientes investigados se observan indicios delictivos, al fiscal jefe le llegarán hoy todos los expedientes "por su interconexión" con el resto.

FUERA DE DUDAS. Aguilar destacó que en el informe municipal queda claro que en el ámbito de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "no ha habido trato de favor" en este asunto de Torreblanca y recalcó que la sanción administrativa que se imponga a los agentes implicados se ejecutará en "su grado máximo" precisamente por la responsabilidad extra de la policía.

Paralelamente a la investigación fiscal, la Junta de Gobierno Local se reúne hoy de manera extraordinaria para abrir seis expedientes disciplinarios a los agentes implicados. Según informó la regidora cordobesa, Rosa Aguilar, se procederá al traslado a otras unidades de estos policías. Hay que decir, sin embargo, que estas sanciones de índole administrativa quedarán suspendidas cautelarmente hasta que se hagan públicas las conclusiones del fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro. Es decir, los agentes se mantendrán en activo, aunque serán trasladados a otras unidades del cuerpo hasta que concluya sus pesquisas la Fiscalía.

El caso Torreblanca se ha cobrado ya su primera víctima: el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, quien presentó ayer su dimisión por ética y responsabilidad, y para no interferir en la investigación de la Fiscalía.





* Diario de Córdoba - 15/04/2008 IRINA MARZO
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - R.Alcaide, abc.es

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Denia: Las entrañas de la urbanización fantasma del Montgó

LEVANTE/Alicante* : En lo alto de la Lloma del Castanyar, en pleno corazón del Montgó, habita un fantasma. Es un fantasma de hormigón; ahora dormido, pero hace 30 años rugiente y poderoso. Un fantasma que, mientras no se borre por completo su rastro, seguirá mirando, desafiante, al Montgó y enseñándole los dientes del urbanismo salvaje.

La urbanización fantasma de El Greco es ahora noticia porque la conselleria de Medio Ambiente ya ha terminado el proyecto de demolición y le ha pasado la pelota al Ayuntamiento de Dénia. El consistorio, que hace más de 30 años dio licencia para construir aquí 600 chalés y luego, tras la declaración del Montgó como parque natural, la revocó, debe echar abajo las 111 casas adosadas que llegaron a construirse. El problema es el dinero. La demolición se presume muy costosa, y el ayuntamiento, por si solo, no puede asumirla.
Mientras tanto, la urbanización ilegal es, tras 30 años de abandono, una ruina en la que el viento, al colarse por puertas, paredes sin terminar y grietas, produce un sonido extraño y fantasmal. La naturaleza, que ya ha tapado prácticamente los caminos que se abrieron hace años y destrozaron la montaña, no puede con las ruinas. El hormigón es un mal enemigo.
Entre los chalés, cimentados en plena roca del Montgó, hay algunos cuya estructura está totalmente acabada, con los tejados todavía intactos. En el interior, a pesar del evidente deterioro, aún se pueden observar las dependencias y, en las paredes, hasta azulejos.
De hecho, estas casas han estado habitadas de manera ilegal durante algunos periodos de tiempo. En las paredes, se observan signos de las constantes visitas como los graffitis.
Desde la urbanización fantasma, la vista sobrecoge. Los chalés se alzan en la dorsal de la montaña, rodeados a ambos lados de profundos barrancos. La montaña del Montgó, el mar, la Torre del Gerro, el litoral de DéniaÉese es el paisaje que se divisa desde lo alto de la Lloma del Castanyar, desde esta ciudad silenciosa y fantasmal que es la urbanización de El Greco. Solo el graznido de las gaviotas o el canto de los pájaros rompen el silencio.
Cuando se pasea por la urbanización fantasma, aún parece que en cualquier momento se va a oir una máquina, el runrún del trabajo. Pero no. El silencio y la soledad estremecen. Además, el laberinto de casas y habitaciones parece una trampa de la que luego no se podrá escapar. Cuando el urbanismo salvaje con el paso del tiempo deviene ruina, el resultado es inquietante: una urbanización fantasma y deshabitada; casas en ruina y muertas.





+ Levante-EMV - 15 de abril de 2008
Foto: La urbanización ilegal El Greco se alza en la Lloma del Castanyar, sobre dos profundos barrancos, y, tras 30 años de abandono, se ha convertido en un fantasma en el parque del Montgó/ a. p. f, levante-emv.com

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Un juez acaba con la persecución a los ediles 'díscolos' de Torrelodones

ELPAÍS/Madrid* : Jesús María Pacios y Reyes Tintó fueron destituidos como concejales del Ayuntamiento de Torrelodones en el verano de 2006. El alcalde, Carlos Galbeño (PP) los relevó porque se opusieron a uno de sus proyectos más polémicos: la recalificación del Área Homogénea Norte (AHN). Esta zona de 128 hectáreas forma parte del parque regional del Manzanares. Y allí, el alcalde pretendía construir un complejo residencial de 1.500 viviendas, campo de golf y un centro comercial.

Desde ese momento, los concejales destituidos denunciaron en público otras actuaciones sospechosas del gobierno municipal. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial consideran que los ediles "denunciaron los hechos irregulares de los que tuvieron noticia". El alcalde, el concejal de Urbanismo y el presidente del PP local Mario Mingo -diputado nacional- se querellaron contra los ediles expulsados y los acusaron de difamación. La audiencia ha desestimado la querella.

Desde que Pacios y Tintó se opusieron a la urbanización del AHN fueron perseguidos por el PP local. De hecho, en el boletín del PP local publicado el 3 de noviembre de 2006 se anunció que los concejales habían sido imputados por un presunto delito de calumnias antes de que los querellantes presentaran la denuncia, el 5 de diciembre de ese mismo año. El alcalde y otros concejales populares acusaron a los ediles díscolos de "defender intereses privados en lugar de los públicos".

Ante estos ataques, los dos ediles denunciaron, en octubre de 2006, ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades urbanísticas. Ambos ex ediles deslizaban en su escrito hechos como que el PP local cobraba dinero a un empresario a cambio de favores urbanísticos -revelan conversaciones con un constructor que asegura que le pidieron dinero a cambio de concederle el permiso para construir un aparcamiento subterráneo-. O que la concesión del servicio de limpieza y mantenimiento de los parques se adjudicó supuestamente con presiones a un ex concuñado de Mario Mingo. El fiscal, sin embargo, archivó la causa por falta de pruebas.

La organización madrileña del PP no tardó en expulsarles del partido, pero los ediles no entregaron su acta de concejal hasta mayo del año pasado cuando se celebraron elecciones municipales. Pacios y Tintó han abandonado la vida política.

Pero el alcalde ha vuelto a la carga. En julio de 2007, Galbeño remitió el plan urbanístico de reclasificación del AHN a la Comunidad de Madrid. De este modo lanza la pelota al Ejecutivo regional gobernado por su mismo partido. Desde entonces, el plan duerme en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente. Mientras el silencio administrativo frena las voces en contra de la recalificación, una veintena de catedráticos e investigadores han presentado hasta cinco informes que defienden "los valores ambientales de la zona y la necesidad de preservarlo".





* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 15/04/2008
Foto: Torrelodones - google

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Ocho años de inhabilitación para el alcalde de Portillo por prevaricación urbanística

EFE/Toledo* : El alcalde de Portillo, Luis Gómez Rodríguez (PP), ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la ordenación del territorio al aprobar por segunda vez un PAU que había sido anulado judicialmente por ilegal.

En la sentencia el juzgado de lo penal número 1 de Toledo también condena a siete años de inhabilitación a otros cinco concejales que formaban parte del equipo de Gobierno de la anterior corporación, entre ellos el responsable de Urbanismo, Alfonso Hernández Pérez.
En la misma resolución, también se condena a Juana López Gómez, Pablo Jesús Pérez de Arribas, María Paz Muñoz del Castillo y Oscar Alberto Nombela Rioja.
Asimismo, en la sentencia, cuya notificación se ha retrasado por al huelga en Justicia, también se le condena al alcalde, que resultó reelegido en las pasadas elecciones, a la pena de quince meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (3.600 euros), mientras que para cada uno de los otros cinco concejales condenados la pena de multa se eleva a los 2.880 euros.
En sus fundamentos jurídicos, el juez de lo Penal hace constar que los hechos juzgados el pasado mes de noviembre no tienen relación con un posible beneficio económico o de otra índole para los acusados, "siendo perfectamente posible que el único móvil que les guiase fuese el desarrollo de su pueblo y la mejora del bienestar de sus vecinos".
No obstante, señala en su sentencia el juez, la conducta es penalmente reprochable, ya que el delito de prevaricación en general y el del 320 en particular (decisiones urbanísticas arbitrarias) pretenden proteger el correcto ejercicio del poder público.
El caso arranca el 23 de diciembre de 2003 cuando el pleno de la corporación de Portillo aprueba el PAU-UE 18 con la adjudicación de la ejecución y la aprobación de un convenio urbanístico.
Cinco semanas después, el 29 de enero de 2004, la Junta de Castilla-La Mancha trasladó un requerimiento al alcalde y a la corporación para que anulase, en el plazo de un mes, dicho acuerdo plenario por ser contrario a varios artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla-La Mancha.
El PAU en cuestión no contaba con un Plan de Ordenación Municipal (POM) ni con el preceptivo informe técnico previo de la entonces consejería de Urbanismo y Vivienda.
La Junta de Comunidades instó a la anulación de dicho acuerdo municipal e interpuso un recurso el 27 de abril de 2004 ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, que anuló dicho PAU.
El fiscal solicitó para el alcalde de Portillo diez años de inhabilitación y ocho para los cinco concejales acusados.
El juez explica que las penas impuestas están próximas al mínimo legalmente previsto por "la escasa repercusión del acuerdo injusto, que finalmente no tuvo ninguna trascendencia práctica y ante la ausencia de antecedentes penales de los encausados.





* ABC - EFE Toledo - 14 de abril de 2008
Foto: Portillo (Toledo), ayuntamiento - diputoledo.es

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Roca abandona desafiante la prisión

ELPAÍS/Marbella* : Un pitido del fax del juzgado nº5 de Marbella alertó a las 11.48 de ayer de que Juan Antonio Roca, el principal imputado del caso Malaya, estaba a un paso de la calle. La máquina imprimió una copia del resguardo de ingreso de un millón de euros que hizo el entorno del ex asesor de Urbanismo en la cuenta del juzgado. La secretaria comprobó que el dinero estaba en el banco y añadió el papel a los más de 60.000 folios que contiene el sumario de la mayor trama de corrupción investigada en España.

Hechas las comprobaciones, el juez instructor, Óscar Pérez, redactó un auto de puesta en libertad en el que, de paso, defendía su independencia ante las críticas políticas y sociales que ha desatado la decisión de excarcelar al presunto cerebro de la trama corrupta. El próximo jueves, una concentración apoyada por la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) protestará por la salida de prisión de Roca, en la que llevaba algo más de dos años.

El hombre fuerte de Marbella entre 1991 y 2006 franqueó la puerta de salida de la cárcel granadina de Albolote a las 18.55, tras 748 días en prisión preventiva. Una galería de cristal de la prisión granadina de Albolote dejó ver a los más de 40 periodistas congregados a un Roca sonriente que les dedicó un saludo. "Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, incluso Roca", dijo su abogado, José Aníbal Álvarez.

Una vez en la calle, Roca, de quien apenas se conocía la voz, rompió su silencio de años. "Hay vicios muy importantes en el caso, falsas acusaciones, durante dos años se ha vendido que tengo la culpa de todos los males", declaró. Sin atisbo de nerviosismo, incidió en que el proceso ha sido desproporcionado. "Se ha pretendido entrar en el Guinness de todo, de detenidos, de bienes incautados, de responsabilidad civil".

Antes de viajar a Marbella, reconoció que no sabía cómo iba a hacer para cumplir la medida cautelar impuesta por el juez Pérez de no acercarse a menos de 500 metros de ningún aeropuerto. "Para empezar voy a viajar en coche", dijo.

Según sus abogados, el dinero de la fianza se ha recabado entre amistades y bancos. Roca está procesado por cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros delitos. Con su salida no queda nadie en prisión preventiva por el caso Malaya.

El segundo instructor del caso, cuyas resoluciones suelen presentar un perfil más técnico que su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Torres, más dado a frases demoledoras, aprovechó el auto de libertad para salir al paso de las críticas que ha recibido desde que decretó la salida de Roca bajo fianza.

En un escrito de nueve páginas recordó que ha tomado esta decisión "en el ejercicio de la función jurisdiccional, conforme a la Constitución, al principio de legalidad y de independencia judicial", y añadió que, en el camino ha sorteado "críticas, reacciones o valoraciones" e "incluso incomodidades o dificultades personales". Este auto desestima además los recursos interpuestos por Fiscalía, Ayuntamiento y Junta de Andalucía contra la excarcelación de Roca.

El magistrado se mostró especialmente crítico con la actitud del Ayuntamiento, al que acusa de verter "silogismos erróneos que no tienen cabida" en las actuaciones. Puso como ejemplo que concluyeran que Roca tiene dinero en paraísos fiscales porque "ha demostrado sus habilidades intelectuales y personales".

En el escrito, se queja de que se haya hecho "una lectura parcial" de su decisión y precisa que el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas a Roca por el caso Saqueo fue "una sola de las circunstancias" que, entre otras muchas, tuvo en cuenta para dejarle en libertad.

Sobre el "elevado riesgo de fuga", otro de los aspectos más criticados, precisa que "es compatible con la exigencia de una fianza" y que "por sí solo no tiene que determinar necesariamente la prisión provisional incondicional".

"Una instrucción viciada"

A dos minutos de las seis y media de la tarde, Juan Antonio Roca saludaba a los periodistas desde el interior de la prisión de Granada, a través de una cristalera que no dificultaba intuir su actitud confiada. Después, ya en libertad, en una multitudinaria rueda de prensa improvisada, no dejó ningún tema sin tratar.

"En particular, no tengo una cosa más importante que hacer que demostrar mi inocencia y defenderme, ya que no he podido hacerlo en estos dos años", dijo. Roca se mostró indignado porque "todas las diligencias de pruebas" que ha solicitado "han sido denegadas sistemáticamente", lo que en su opinión demuestra que "se ha hecho una instrucción totalmente parcial y cargada de irregularidades y de vicios de derechos fundamentales muy importantes".

Sobre su salida de prisión dijo que "hay una serie de cosas que deberían salir a flote, como son la presunción de inocencia y el derecho de una persona a no estar en prisión más del tiempo necesario antes de ser juzgado y condenado". Tras negar la posibilidad de una fuga -"siento un gran arraigo a mi familia"-, explicó que se iba a dedicar a "trabajar para defender" sus empresas.

Animado por las preguntas de los periodistas, Roca no dejó títere con cabeza en los cerca de diez minutos que duró su intervención, mientras su abogado le susurraba "déjalo ya, que no vas a dejar nada por decir".

Sobre la imagen que se ha proyectado de él, Roca dijo: "Soy la persona que tiene la culpa de todos los males de este país, menos de los que tiene la culpa Zapatero, que son la mitad. Los otros los he creado yo".

Por último, quiso agradecer a sus abogados, "que llevan dos años trabajando" para conseguir su libertad". Además, no quiso olvidar a su familia y a sus amigos, "que han conseguido reunir una cantidad desorbitada para que hoy pueda estar aquí". Un especial recuerdo tuvo para su compañero de celda en Granada, Francis El Cateto, "como a él le gusta que le llamen". Deseó "que pronto recupere la libertad, porque es un fenómeno, y se lo merece".





* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. VALVERDE - Marbella / Granada - 15/04/2008
Foto: Marbella, Roca detenido - EFE

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V de Vivienda denuncia el apaño entre las administraciones y los especuladores en el SIMA

Un grupo con decenas de activistas de V de Vivienda* Madrid ha realizado una acción de protesta esta mañana en el stand del Ministerio de la Vivienda en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) para denunciar el apoyo de todas las administraciones públicas, nacionales, regionales y autonómicas, a los constructores y promotores, a los que culpan de ser los causantes del estallido de la burbuja.

En el acto se leyó un comunicado en el que se denuncia que se siga bonificando la compra de vivienda a pesar de que muchas empresas del sector no tienen garantizada su solvencia financiera, y tienen muchas papeletas para acogerse a la suspensión de pagos en los próximos meses. V de Vivienda también exige a las administraciones públicas que no pongan al servicio de los especuladores los instrumentos de los que dispone el Estado para garantizar el derecho a la vivienda, y que en estos momentos están siendo utilizados para salvar a quienes se han enriquecido durante los años del boom del ladrillo.


La asamblea lamenta que en estos tiempos de crisis se quiera salvar al empresariado, que se ha lucrado de forma escandalosa, socializando sus pérdidas, cuando en la época de la bonanza la vivienda se ha transformado, con la ausencia de vigilancia de las instituciones políticas que tendrían que haber defendido el bien social, en una mercancía exclusivamente privada, excluyendo de este modo a la inmensa mayoría de la población.


Después, los manifestantes abandonaron el stand del Ministerio, e iniciaron con las pancartas varios pabellones –como el de la Comunidad de Madrid dedicad a la Vivienda de Protección Oficial-, realizando en este trayecto una parada ante el stand de la Comunidad de Madrid, donde corearon consignas como “Madrid, capital de la especulación” y “Espe, espe, espe, especulación” o “Vosotros, también, estáis hipotecados”.






* V de Vivienda Madrid - 12 de abril de 2008
Foto: V de Vivienda

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Investidura, ni una palabra sobre corrupción

JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ* : Con algún retraso, he recibido el Barómetro Global de la Corrupción 2007, de Transparency International (TI) y no he encontrado ninguna sorpresa agradable... La encuesta ha sido realizada, en 60 países, con un amplio espectro de información, de 63.199 ciudadanos. Las principales conclusiones del Barómetro Global de la Corrupción, no difieren de las anteriores:
-Los partidos políticos, el poder legislativo-parlamento, congreso e instituciones con el poder de representar el interés público, continúan siendo considerados como las instituciones más corruptas.

-Los pobres, tanto de los países en desarrollo como en aquellos altamente industrializados, son las persona más perjudicadas por la corrupción e, incluso, los más afectados por la necesidad de recurrir a los pequeños sobornos para lograr servicios básicos.

- En muchos países, la policía y el poder judicial, forman parte del círculo de la corrupción, lo que significa que “la corrupción interfiere con el derecho básico de igualdad ante la ley”. TI, durante 2007, publicó un informe que afectaba a las cortes: “jueces y personal judicial aceptan sobornos para demorar o acelerar la resolución de los casos, para permitir o negar una apelación o para incidir en el veredicto final”.

-Las expectativa de los ciudadanos, sobre un descenso de los niveles de corrupción, ha empeorado. En 2003, el 43% de los encuestados manifestaba su esperanza en que la corrupción disminuyera. En 2007, solo un 20% de los entrevistados espera que descienda el nivel de corrupción, en un futuro cercano. Mas del 50% de los sondeados piensan que el nivel de corrupción se va a incrementar en los proximos tres años. Las mujeres son mas pesimistas que los hombres.

-El 50% de los encuestados considera que los esfuerzos de sus gobiernos por luchar contra la corrupción son ineficaces.

-Actualmente, aumenta la consideración del rol de las empresas privadas en los procesos de corrupción política.

Huguette Labelle, presidenta de Transparency Internacional, entiende que, “convertir las promesas en acciones es esencial si se pretende que los esfuerzos anticorrupción tengan algín impacto entre la gente común. Pero, los gobiernos no son los únicos responsables. Necesitamos tambien ver acciones concretas de la sociedad civil y del sector privado”.

Transparency Internacional España(TI), ha elaborado un informe, en el que se denuncia un aumento de la corrupción, como consecuencia de la multiplicación de escándalos, vinculados a la denominada especulación urbanística, incentivada, cuando el gobierno de Aznar, en 1998, declaró urbanizable todo el suelo, excepto, el expresamente protegido que, en buena parte, ha sido aligerado de protección real.

La corrupción adopta múltiples formas. Las más extendidas son la aceptación de sobornos, por la concesión de licencias comerciales; recalificaciones de terrenos rústicos, en urbanizables; privatización de servicios públicos o la concesión de campañas publicitarias a empresas cercanas al poder.

Para conseguir un trato privilegiado de los poderes públicos, muchos especuladores, no dudan en pagar sobornos, comisiones, regalar parcelas, apartamentos, pisos, chalets, plazas de garage, locales comerciales a políticos desvergonzados e indignos de representar a los ciudadanos, autenticas víctimas de esa política, donde el enriquecimiento de unos, por el sobrecoste de las obras públicas e infraestructuras, muchas veces, no prioritarias o innecesarias, diez veces mayor que el coste presupuestado, tienen desastrosas consecuencias en la calidad de los servicios públicos, educación, sanidad, protección social, seguridad en el trabajo, transporte público o medio ambiente. No pocas veces, importa más el negocio de construir grandes obras, para proporcionar multimillonarias ganancias a los constructores amigos, que los beneficios que, tales obras, puedan proporcionar a los ciudadanos.

Transparencia Internacional(TI), denuncia que, en España, “no existe una oficina o agencia especializada en el control y persecución de este tipo de actuaciones corruptas, aun cuando la Fiscalía Anticorrupción centraliza las investigaciones cuando los delitos tienen suficiente importancia. No obstante hay que reconocer que esta Fiscalía carece de medios suficientes para realizar este tipo de investigaciones.” Tampoco “existen sistemas de protección de los denunciantes de casos de corrupción, en España o en países extranjeros”. En consecuencia, “quien denuncia se puede ver sometido a represalias, sin que la Administración le proteja”…”Nuestro sistema es bastante exigente con la contabilidad empresarial y las auditorías”, pero, “no es nada exigente con la obligación de comunicar cuentas o movimientos sospechosos, con lo que España es un país donde el blanqueo de capitales es sencillo”.

De acuerdo con fuentes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la OCDE, “las comunicaciones de operaciones sospechosas, en España, son de las más bajas de los países desarrollados y la colaboración de notarios y registradores, es prácticamente nula”. En concreto, de las 2296 comunicaciones sospechosas, en 2005, los notarios y registradores emitieron solo 9.

En España, la influencia política en la justicia es evidente. “Normalmente, los organos de gobierno judicial tienen influencia y/o composición política y están sometidos a la presión de quienes los nombraron para que actúen con criterios partidistas…Cuando existe corrupción política en puestos de responsabilidad, en la estructura de gobierno de los jueces, se ejerce presión sobre magistrados corruptos o influenciables que pueden presionar sobre los jueces para que sus patrones políticos salgan inmunes de las investigaciones”.

Por todo esto, en España, la corrupción relacionada con la especulación inmobiliaria, el enriquecimiento fácil y la complicidad de políticos deshonestos, se ha incrementado en niveles casi geométricos, sin una reacción adecuada del Gobierno y de la ciudadanía, la gran víctima. Se llega al extremo de, en muchos casos de corrupción, los cargos políticos imputados, concejales, alcaldes o presidentes de diputación o cabildos, son aplaudidos por los ciudadanos o reelegidos en nuevos procesos electorales, sin que los dirigentes autonómicos o estatales, de las formaciones políticas a que pertenecen, tomen ninguna medida disciplinaria, salvo acusar a jueces y fiscales de formar parte de una conspiración política.

Por eso resulta inconcebible que, en el Debate de Investidura de Rodríguez Zapatero, convertido en sucedáneo del Debate sobre el Estado de la Nación, no hubiera ni una sola alusión a la corrupción y mucho menos a medidas para corregirla, cuando mas de 700 cargos públicos, en su mayoría del Partido Popular, especialmente de Madrid, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Castellón, Baleares, León o Galicia, están imputados por distintos delitos de corrupción. En Gran Canaria y Tenerife, decenas de casos de corrupción, mantienen imputados a más de medio centenar de alcaldes, concejales y funcionarios públicos, en su gran mayoría del Partido Popular y Coalición Canaria.

Una gran parte de los ciudadanos de estas latitudes, acomodaticios con el poder establecido, no es consciente de las negativas consecuencias sociales de la corrupción política. No son pocos, los que llegan a decir, “Si estuviera en ese puesto, habría hecho igual”.

Todos somos responsables, en distinta medida, de los indeseables niveles de corrupción, consecuencia de la influencia de determinados sectores económicos en la acción de los dirigentes políticos de Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o gobiernos autónomos. Pero, también está en nuestras manos reconducir la actual situación. ¿Tenemos esa voluntad o preferimos integrarnos en la indeferencia suicida o en el fango clientelar de la corrupción?.






* Revista San Borondón - Voz del Pueblo - 14 de abril de 2008


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Detenido el presunto testaferro del ex alcalde Juan Morales en el marco de la operación 'Tótem'

LAVERDAD/Totana* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy en Alcantarilla a J.A.A.M., de 52 años, presunto testaferro del ex alcalde y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, como continuación de las investigaciones realizadas en el marco de la operación 'Tótem'.
En estos momentos, se encuentra en las dependencias de la Benemérita de la capital murciana, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
Según estas fuentes, tanto el presunto testaferro como el ex alcalde cobraban comisión por la recalificación de terrenos. Así, la forma que Morales tenía de llevarse el dinero procedente de estas recalificaciones era a través de la creación de una empresa tapadera.
Esta detención se suma a las realizadas anteriormente desde el pasado 26 de noviembre en el transcurso de esta operación, de los que sólo ha estado en prisión durante dos meses, de momento, el regidor de Totana, José Martínez Andreo, que quedó el libertad bajo fianza de 70.000 euros el 1 de febrero.
Asimismo, el pasado jueves el ex alcalde de Totana declaró, durante más de 12 horas, ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, por su posible relación con el caso 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia asumió la competencia para conocer el asunto en relación a Morales, aforado, en el marco de las investigación de la 'Operación Tótem', al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
La Sala está compuesta por los magistrados Juan Martínez Moya, que es el presidente, así como Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, y el instructor de la causa es el magistrado Pérez Templado.
El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM acordó, tras 12 horas de declaración de Morales, prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana. Para evitar la medida cautelar, el imputado tendrá que hacer efectiva la fianza antes de hoy a las 14.00 horas.
En el caso de hacerse efectiva, el diputado estará obligado a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comunicar cualquier salida al extranjero. Las actuaciones están bajo secreto de sumario.




+ La Verdad - Europa Press - 14.04.08
Foto: Totana (Murcia), iglesia y ayuntamiento - totana.es

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El Gobierno de Canarias ha incumplido todos los plazos para desarrollar las Directrices

LAPROVINCIA* : La revisión de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo será uno de los principales retos del Gobierno en los próximos meses cuando se cumplen mañana cinco años de su entrada en vigor. Esta revisión no sólo se produce porque lo recoge la propia normativa, sino porque en estos cinco años su desarrollo ha sido muy escaso y el Ejecutivo ha incumplido prácticamente todos los plazos estipulados para poner en marcha los diferentes instrumentos y planes establecidos en el texto.

En este lustro el debate político sobre las Directrices ha estado centrado básicamente en la moratoria turística, quedando en un segundo plano el resto de la ley.

En la parte referida a la Directrices de Ordenación General, el Ejecutivo tenía el mandato de desarrollar "de forma inmediata" las directrices sectoriales de Calidad Ambiental, Infraestructuras, Energía, Paisaje, Suelo Agrario, Vivienda y Litoral. En el texto figura un plazo máximo de dos años, es decir, en 2005. En este año lo que se publicó fueron los avances de las directrices del Paisaje y de Recursos Forestales, mientras que del resto aún no se sabe nada.

Asimismo, se establecen plazos de entre seis meses y un año para desarrollar otro tipo de aspectos como un sistema de información territorial, inventarios sobre la situación del suelo, un sistema de indicadores o un programa de medidas económicas, fiscales y administrativas para cumplir los fines de las Directrices. Estos periodos también se han incumplido en su gran mayoría.

En la ley también se recoge la adaptación a las Directrices de los planes insulares de ordenación y del planeamiento de los ayuntamientos en unos plazos que oscilan entre los dos y tres años. Cinco años después, sólo dos planes insulares están adaptados a las Directrices (La Gomera y Tenerife) y la situación de los planes municipales es muy irregular y el Gobierno se ha dado un nuevo plazo hasta 2009.




* La Provincia - RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 14 de abril de 2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org

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Los parques temáticos de Gran Scala arrancan... con mil euros

ELPERIÓDICO/Aragón* : Amusement Park Ventures (APV) fue constituida en septiembre del pasado año para ser el referente empresarial de los parques temáticos de Gran Scala Spyland y Aquántica. Pero Didier Rancher, el más visible de los promotores de este ambicioso complejo recreativo, ha batido el récord a la hora de desembolsar el mínimo capital posible.

En el estado norteamericano de Nevada logró inscribir su sociedad poniendo sólo mil quinientos dólares, algo menos de mil euros al cambio actual. APV, sin embargo, pretende construir en la hipotética neociudad de Los Monegros un inmenso espacio con castillos, canales, gigantescos acuarios, hoteles y atracciones de todo tipo cuyo coste es calculado en cientos de millones de euros.

APV no está en el accionariado de International Leisure Development, la promotora global de Gran Scala, sino que opera en paralelo al pool y se supone que en estos momentos es el principal (probablemente el único) operador reconocible que se ha vinculado formalmente al megaproyecto para Los Monegros. La sociedad se constituyó el 30 de septiembre del 2007 en Reno (Nevada) y dio como dirección local de la empresa y de sus responsables (el secretario, Bernard Censelme; el presidente, Patrick de Saint-Simon; y el director y tesorero, Didier Rancher) el de la oficina de una gestoría en la suite 110 del número 1005 de Terminal Way. Como para echarles un galgo.

En medio de esta aparente pobreza de recursos y de dinero, APV sí se permitió un lujo: dividir su capital de mil quinientos dólares en un millón y medio de acciones, cada una de las cuales tiene un valor nominal de 0,001 dólares. Parece una broma, pero así consta en los registros que emite la secretaría del Estado de Nevada.

CAMINO POR DELANTE Spyland y Aquántica surgieron, respectivamente, como ideas de un ex-agente de los servicios secretos franceses y de un arquitecto que durante años trabajó para el rey Hassán II de Marruecos. Se dice que ambos parques tématicos formarían una gran zona recreativa en Gran Scala. Además de canales navegables de ambiente veneciano, castillos, jardines, áreas hoteleras, dicha zona dispondría incluso de un acuario (de grandes dimensiones y agua salada) para albergar orcas y delfines amaestrados, así como un restaurante submarino. Se supone que en el interín APV debe encontrar financiación para un proyecto que habría de movilizar enormes sumas de dinero. Si parten de menos mil euros tienen desde luego un largo camino por recorrer.

La creación de APV en septiembre del pasado año, indica asimismo que Spyland y Aquántica no eran proyectos muy operativos antes de que apareciera la idea de impulsar Gran Scala. La pretensión de montar el primero de ambos parques en Dubai o Francia debe ser considerada una especie de elaborada fantasía fruto más del deseo que de la realidad. Los promotores de Spyland aseguraban en el 2006 estar a punto de concretar su opción francesa e incluso presumían en su página web de haber firmado protocolos con las autoridades locales de la zona de Valence. Sin embargo, estas mismas autoridades no dicen lo mismo a los medios de comunicación.

Didier Rancher (un ex-oficial del ejército francés) y el equipo de Spyland contactaron con Paul Stephan Ellegrini y Christian Colus, actuales cerebros de ILD, cuando en 2006 éstos se habían retirado a Avignon huyendo de la quema del casino virtual Goldenpot. Probablemente fue este encuentro uno de los desencadenantes iniciales de lo que luego sería el proyecto Gran Scala. Solo quedaba afinar la idea, buscar más compañeros de viaje, encontrar un territorio fácil cuyas instituciones pudiesen aportar un entorno legal adecuado y finalmente unos políticos prestos a dejarse deslumbrar.






* El Periódico de Aragón - 14/04/2008 JOSÉ LUIS Trasobares
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala



NOTICIA RELACIONADA: Sociedades demasiado obvias - El Periódico de Aragón - 14/04/2008

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180 euros por reclamar una vivienda digna

EUROPAPRESS/Sevilla* : El Ministerio Fiscal ha solicitado el pago de una multa de 180 euros para cada uno de los dos manifestantes que interrumpieron a Manuel Chaves para reivindicar "una vivienda digna" en su discurso del pasado Día de Andalucía.

El fiscal ha reclamado esta pena al considerar el gesto como una falta de respeto a la autoridad, y señala que "ésa no es la forma más adecuada de hacer una reivindicación". El Ministerio Público ha pedido como alternativa de 36 euros a cada uno de los acusados -en caso de que el juez desestime la primera acusación- por la falta de desorden público.

La defensa ha pedido la libre absolución de sus clientes apelando al "derecho de la libertad de expresión" y descarta una falta a la autoridad, "pues no hubo insultos, sino disconformidad con la política de vivienda actual".

El derecho a discrepar

En el turno de declaraciones, dos policías explicaron que los jóvenes, identificados como L.M. y F.M.S, fueron desalojados del Teatro de la Maestranza cuando interrumpieron al presidente de la Junta, aunque reconocieron que los acusados "tenían invitación" al acto.

Mientras en el juzgado de Instrucción 7 de Sevilla tenía lugar la vista oral, en la explanada de los juzgados vecinos de la calle Guadalcanal se han concentrado para apoyar a los dos jóvenes que irrumpieron en el patio de butacas del teatro con una pancarta en la que se leía Por una vivienda digna. No al desalojo.

"Me sorprende la celebración de este juicio, ya que simplemente reivindicamos el derecho a una vivienda digna y mantuvimos una actitud respetuosa en todo momento", ha señalado una de las acusadas después de rendir su declaración. "Parece que cuando se discrepa de las políticas de la Junta acabas en los juzgados porque en otro tipo de casos similares las protestas no han acabado en juicio", ha añadido Luis de los Santos, letrado de los acusados.






* ELPAIS.com - Europa Press - 14/04/2008
Foto: Vivienda es necesidad no negocio, cartel

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