Terremoto urbanístico en Granada

ELPAÍS* : Un terremoto ha sacudido esta semana el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Las sospechas de graves irregularidades sonaban con cierta frecuencia, pero la Fiscalía acaba de poner nombre y apellidos a las ondas sísmicas que han conmocionado la ciudad por su extrema gravedad. El consistorio, de manera sorprendente, ha intentado frenar la onda expansiva con gruesos ataques al fiscal, en vez de conservar la cautela y esperar a la posterior decisión del juez.

La Fiscalía ha denunciado al ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente; al jefe de servicio de Gestión Urbanística, Emilio Martín Herrera, y al promotor José Julián Romero, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. El decreto del fiscal se centra en tres actuaciones urbanísticas pero apunta a seis operaciones presuntamente irregulares de gran envergadura, como la ciudad deportiva Granada 92 o el centro comercial Neptuno. Todo nace de la relación de amistad entre Romero y Lorente, una amistad espinosa y muy poco conveniente entre uno de los principales constructores de la ciudad y el anterior número dos del urbanismo granadino durante varias legislaturas, hasta que dimitió hace sólo un mes, aunque permanece como funcionario.

El origen es cuando menos peculiar. El ex socio y enemigo público de Romero, Carlos Marsá, presidente del equipo de fútbol Granada 74, contrató un equipo de detectives para que siguiera al empresario y al gerente en su viaje conjunto al Mundial de Baloncesto en Japón en 2006. El año pasado Marsá trasladó el peliagudo informe de los detectives a la Fiscalía, y ésta comenzó una investigación que demostró que los 6.919 euros que costó el viaje fueron abonados por Romero y Lorente olvidó devolverle su parte de la supuesta dádiva. Sólo una vez iniciadas las diligencias del fiscal, el promotor devolvió 4.654 euros al ex gerente. "Resulta francamente extraño y desafortunado que sea el empresario y promotor urbanístico quien se ocupe de la contratación de un viaje conjunto con el Gerente de Urbanismo, pese a las funciones de control y del natural conflicto de intereses que puede surgir entre ambos", subraya el fiscal Alejandro Roldán.

El Ministerio Público establece que las operaciones de una de las promotoras de Romero, JJ Consulting, fueron presuntamente beneficiadas "de manera reiterada" por parte de cargos municipales. Lorente informó "favorablemente" a las pretensiones del promotor en situaciones "que pugnaban con lo pactado previamente y con la propia legalidad urbanística".

Las irregularidades denunciadas afectan a tres complejos. El más grave es el del edificio Penta. Romero ofreció presuntamente unos terrenos que no son suyos en un convenio con el Ayuntamiento. El edificio obtuvo dos plantas de más y tras devolver Urbanismo un aval de 416.246 euros al promotor, finalmente la gerencia propuso una compensación de 182.000 euros. Dicha compensación fue recurrida por los afectados y ha generado un pleito contra el Ayuntamiento de 13 millones de euros.

La promoción Los Cármenes, cuyos pisos presentaban 10 centímetros menos de lo recogido en el proyecto, y que Lorente informó favorablemente el estudio de detalle y su aprobación definitiva. A pesar de que en mayo la constructora fue multada con 794.579 euros, la sanción fue reducida finalmente a 596.069 euros y está aún sin abonar medio año después.

Finalmente, Romero como promotor del Edificio Europa 4 estaba obligado a realizar en la calle obras de infraestructuras y urbanización y a no vender las viviendas a precio superior al fijado por el Ayuntamiento. Sin embargo, Lorente informó a favor de las licencias a pesar de reconocer que el promotor no había cumplido sus compromisos.

Tan sorprendente como el rocambolesco inicio de la investigación ha sido la reacción del Ayuntamiento. La edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ridiculizó la denuncia y no dejó títere con cabeza en el Ministerio Público: "Son verdades a medias y todo es erróneo. La denuncia es apresurada y mezcla unos temas con otros. No se ha hecho una investigación, sino que se ha dado crédito a la denuncia de un señor. Precipitada y sin investigación", resumió. La severa censura del fiscal superó incluso a la férrea defensa de sus funcionarios. "No ha examinado los expedientes en su totalidad y la denuncia está hecha a raíz de una denuncia parcial e interesada" (en referencia a la de Marsá).

Mientras que la oposición municipal mostró su perplejidad por las duras críticas de Nieto, el alcalde, José Torres Hurtado, asemejó la investigación a una "especie de auditoría" generada por el presidente del Granada 74 y motivada por su odio hacia Romero. Tras el revuelo político, la instrucción corresponde al Juzgado de Instrucción 4 de Granada.







* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Granada - 17/03/2008
Foto: Granada, Albaicin - wikipedia.org

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La burbuja inmobiliaria española expuesta a Europa por el relator de la ONU

DENUNCIAS POR VIVIENDA* : En los dos últimos años, en parte gracias al trabajo con medios ultraprecarios de los movimientos sociales que se han dedicado a investigar y hostigar de manera altruista alrededor de la especulación, han aflorado muchos casos de corrupción político-inmobiliario-financiera a lo largo y ancho del país. De las tramas de corrupción que han salido a la luz pública tras las investigaciones judiciales de la 'operación Malaya' en la Costa del Sol... a la monstruosidad insostenible medioambientalmente de 'Residencial Francisco Hernando', el sueño retrofuturista para pequeños inversores y otras aves de rapiña que Paco 'El Pocero' y sus cómplices diseñaron en un secarral toledano...

... de la aberración de la construcción del hotel El Algarrobico destruyendo un paraje natural en el Cabo de Gata denunciada por Greenpeace y otras organizaciones ecologistas y cuya construcción avaló hasta el último momento la Junta de Andalucía y otros poderes oficiales... a la situación tercermundista de alarma humanitaria grave en la Cañada Real Galiana de Madrid, donde malviven 40.000 personas (la ciudadanía de la ciudad de Soria, sirva de medida; y de ellos, 6.000 niños y niñas) en viviendas ilegales sin agua ni luz ni servicios básicos a lo largo de 10 kilómetros de campo; de la multitud de casos de 'mobbing' (las abuelas del Ventorrillo como ejemplo sangrante y cañí)... a la inanidad de las medidas tomadas por el Ministerio de Vivienda: de la chacota de las zapatillas y los minipisos de la ministra Trujillo (a la que sospechamos que le faltaba un hervor) hasta el politiqueo del 'plan Chacón' con el 'lobby' del ladrillo para intentar salvarles el culo frente a su impagable deuda contraída con los bancos y cajas de ahorro.

Hemos pasado del silencio en los medios y el pasotismo social al alarmismo de un sociedad (polarizada políticamente) desactivada para pensar los problemas al margen de las mentiras o medias verdades ideológicas que nos sirven día a día los medios de masas apoyados en los aparatos de los dos grandes partidos. (La mayoría de los españoles, votantes de hecho, ese 54 por ciento que no lee un periódico (aunque sólo sea UNO) jamás, sólo se informa por los pírricos informativos de televisión... y vive el problema entre enjambres de prejuicios y opiniones enlatadas sin posibilidad de contraste, agravando aún más el problema de la desinformación y la desmovilización).

Lo único sano ante este panorama enrrarecido y costrificado, puesto al desnudo por los movimientos sociales y la gente anónima que participa en ellos frente a los poderes tabulados que nos uniforman, un esfuerzo mayormente asambleario, pese a las múltiples zancadillas de la clase política instalada y la modorra de la profesión periodística, ay, tan poco especializada o tan interesada o quizá ambas cosas al unísono, quién sabe, es la intervención del relator especial de Naciones Unidas para el problema de la vivienda. Las conclusiones del borrador del 'informe Kothari' son rotundas, clarificadoras y desalentadoras sobre el horizonte social y el futuro bienestar del país.

Señalan a la especulación urbanística y financiera, fruto del egoísmo personal, la complicidad de amplias capas sociales y la cegera política o su falta de transparencia a la hora de financiar sus partidos, como las principales causas de que en España hayamos fabricado la mayor burbuja inmobiliaria de la Europa contemporánea. Añade que el nuestro es el país de la Unión Europea con más viviendas vacías (3 millones de pisos vacios, sin contar segundas residencias, ¡en 2001!, último dato oficial del padrón... sospechamos que habrá entre 5 y 7 millones de pisos vacíos actualmente... por el frenético ritmo de construcción de vivienda residencial de los dos últimos lustros, el mayor de la UE-15 de larguísimo, pero no hay datos oficiales). Y remata identificando que una de las causas de la violencia machista que ejercen hombres sobre mujeres es el alto precio de la vivienda en alquiler o comprada, y la ausencia de una alternativa, un parque de viviendas protegidas en alquiler social, como reclaman entre sus prioridades hace meses las distintas asambleas V de Vivienda repartidas por diferentes municipios.

Constatamos la ausencia de realismo en los principales actores implicados en el tinglado -empresarios del ladrillo, cúpulas de bancos y otras entidades financieras y la cuádruple autoridad política (municipal, autonómica, nacional, europea)-a la hora de analizar la situación que padece una inmensa parte de la sociedad española y tomar medidas paliativas. Constatamos la debilidad de una respuesta social amplia, al hallarnos ante un tejido atomizado por el bombardeo desde los medios de comunicación de masas de noticias confusas, montajes interesados y opinión desordenada. Por último, también hacemos notar que han sido los diferentes movimientos sociales los principales colaboradores del relator especial, Miloon Kothari, para ver, palpar e informarse de parte de los problemas que le han debido ayudar a elaborar sus tesis, que hoy expone en la ciudad de Bruselas para una audiencia mundial en un foro transnacional. Los ciudadanos ingleses, franceses, alemanes, holandeses, nórdicos o belgas seguro que van a escuchar sus razones y tomarán nota atentamente.







* Denuncias por Vivienda - marzo 12, 2008


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Crisis en el urbanismo de Cantabria. Sin noticias del Gobierno

ELDIARIOMONTAÑÉS* : Agua de borrajas. En eso parece haberse quedado el acuerdo del Parlamento de Cantabria en el que instaba al Gobierno regional a buscar una solución al problema de las sentencias de derribo de viviendas en la comunidad autónoma. Han transcurrido tres meses y el Ejecutivo regional no ha tomado ninguna decisión.

Cantabria cuenta con 23 sentencias firmes de derribo que afectan a un total de 532 viviendas repartidas en cinco municipios costeros (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos y Miengo). Todas las denuncias, excepto una (Escalante), fueron presentadas por la asociación ecologista Arca y en todos los casos se condena a los ayuntamientos y al Gobierno regional. Ambas administraciones son condenadas también en el caso de las sentencias por los daños morales ocasionados a las familias.

El pasado 17 de diciembre, el Parlamento de Cantabria aprobó, por unanimidad, «encomendar al Gobierno regional que, a la vista de la situación en que se encuentran las personas perjudicadas por las sentencias de derribo de viviendas, establezca, en el plazo más breve posible, un plan encaminado a dar solución, en la medida de lo legalmente viable, a los problemas planteados, teniendo en cuenta las distintas situaciones en que se encuentran las personas afectadas».

Según el Parlamento, el Gobierno deberá actuar «de acuerdo con la naturaleza de la situación planteada y a la vista de la ley y de la jurisprudencia, la posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidad, la posible legalización de los inmuebles, el asesoramiento a las personas afectadas y cuantas medidas de similar naturaleza se consideren procedentes». Por último, pide que, en la medida que sea necesario, le sean remitidas las iniciativas legislativas adecuadas para «permitir la viabilidad de la solución que se proponga».

La gran mayoría de las familias afectadas integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que viene pidiendo justicia y movilizándose desde hace varios años. Su presidente, Antonio Vilela, mostró ayer su decepción por la dejadez con la que están actuando los ayuntamientos y el Gobierno regional.

«Ellos son los condenados y están obligados a buscar una solución. Han pasado tres meses desde el acuerdo del Parlamento y no han hecho nada. Ni siquiera hemos podido hablar con Mediavilla -consejero de Justicia-. Les estamos pidiendo que, por lo menos, se informe a los jueces de los cambios que se producen. Por ejemplo, en Argoños se ha aprobado un nuevo planeamiento urbanístico y hay urbanizaciones que ya no son ilegales», afirma.

Según Vilela, el ejemplo a seguir es Andalucía, donde «se ha aprobado la suspensión de la ejecución de las sentencias mientras se busca una solución». «Si seguimos así, en Cantabria se van a producir algunos derribos cuando las urbanizaciones ya sean legales», señala.

Hasta el momento, no se ha demolido ninguna vivienda en Cantabria. Los ayuntamientos, atendiendo órdenes judiciales, siguen licitando los derribos, pero quedan desiertos. La única adjudicación tuvo lugar en el caso de El Encinar, pero la empresa, Erri-Berri, renunció el año pasado a ejecutar la sentencia tras recibir presiones.

En la asociación ecologista Arca es problema es visto de otra manera. Gonzalo Canales, su presidente, declaró recientemente a EFE que la demora en la aplicación de las sentencias de derribo «supone una clara burla al sistema democrático».

«La demora en la ejecución de las sentencias es injusta», sostiene Canales que cree que el que no haya empresas dispuestas a ejecutar los derribos responde a «las amenazas veladas» que, «según ha publicado la prensa» han vertido los propietarios de las casas contra los adjudicatarios.






* El Diario Montañés - 16.03.08 - J. I. ARMINIO
Foto: Piélagos, viviendas Alto del Cuco - eldiariomontanes.es

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Los vecinos de Horta de Sant Joan tumban el proyecto del parque eólico

ELPERIÓDICO/Tarragona* : Los vecinos de Horta de Sant Joan (Terra Alta) han votado hoy mayoritariamente contra el proyecto municipal de instalar un parque eólico en la consulta popular impulsada por el propio ayuntamiento. El 78% de los 811 vecinos de la localidad tarraconense que han acudido a las urnas -en una población de alrededor de 1.000 habitantes- han dicho no al proyecto impulsado por el consistorio, mientras que solo el 20% ha dado su apoyo.

Xavi Fortuño, uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, que se opone al proyecto, ha expresado su satisfacción y su sorpresa por los resultados, ya que se esperaba que fuera "más ajustado".

"Los vecinos de Horta de Sant Joan han entendido la amenaza que supone para el territorio la instalación de las empresas que iban a gestionar la planta eólica", ha agregado.

Votación vinculante

El alcalde de Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, convocó la consulta para conocer la opinión de los vecinos sobre el proyecto de instalación de un parque eólico que inició el ayuntamiento en el año 2002, cuando él no había accedido aún a la alcaldía.

Ferràs se comprometió en que si el no resultaba vencedor se denegarían los permisos del proyecto, que ya ha recibido la autorización del Departament d'Indústria y la declaración de impacto ambiental.

La Plataforma en Defensa de la Terra Alta y otras organizaciones ecologistas, como SEO/Birdlife y GEPEC/Ecologistes de Catalunya, sostienen que en el área donde se quería instalar el parque habitan especies de fauna y flora únicas y algunos carroñeros en peligro de extinción.





* El Periódico - EFE - 16/3/2008
Foto: Horta de Sant Joan (Tarragona) - ivive.com

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La alegría de un derribo espectacular

Estepona (Málaga): Imágenes del derribo espectacular de la estructura del edificio Prasa, situado en pleno paseo marítimo del casco urbano, en la playa de La Rada, frente a la barriada de pescadores.

NOTICIA.- ANTECEDENTES: La obra, que fue paralizada en 2003 porque no se ajustaba a la legalidad urbanística (entre otras irregularidades, invade zona de dominio marítimo-terrestre de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y carece de licencia para uso hotelero), tuvo su embrión durante el gobierno del GIL, en 1996, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con el propietario del solar, Acasa, donde se contemplaba una modificación de elementos en el PGOU para casi quintuplicar la edificabilidad de la parcela y otorgarle 22.000 metros cuadrados de techo para construir un hotel. En 1999 se aprobó esta modificación del planeamiento y unos meses después se le concedió a una sociedad del grupo Prasa, Estepona Beach 2000, la licencia para edificar.

El Ayuntamiento de Estepona firmó el día 20 del pasado mes de noviembre el convenio de planeamiento con la promotora Prasa para la demolición de la estructura. El acuerdo urbanístico contempla compensar a la empresa promotora por la superficie que se demuele en la parcela de La Rada y por las pérdidas ocasionadas durante la tramitación del expediente con 25.000 metros cuadrados de edificabilidad en unos terrenos ubicados en primera línea de playa, en Arroyo Antón (El Velerín). Los suelos son propiedad de Prasa y pasarán a disponer de un total de 35.000 metros cuadrados de techo, tras la operación urbanística de permuta de terrenos, aunque no se plasmará hasta que se apruebe la revisión del planeamiento. Será entonces cuando se analice esta operación en el contexto del modelo territorial que defina el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), si bien el equipo redactor que diseña la revisión del planeamiento ha emitido un informe favorable en el que se indica que los planteamientos del convenio se ajustan al plan.


(malagapueblos.com)


FOTOS: 8 de marzo de 2008.- Estepona (Málaga), derribo estructura hotel paseo marítimo/ urbanismopatasarriba

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Casas sin gente... gente sin casa

GAS/Sevilla* : Tras el cierre de un centro para pernoctar en Sevilla, de nuevo la gente “sin techo” deben volver a pasar las noches en la calle, uniéndose a los cientos que pueblan la capital hispalense. De esta manera, se vuelve a poner de manifiesto la irracional situación de la ciudad, donde no cesa de construirse viviendas, mientras miles de casas están deshabitadas.

Las calles se llenan de gente. Los datos lo confirman: cada vez más extranjeros y jóvenes se buscan la vida en las calles de las ciudades andaluzas. En Sevilla, las cifras oficiales apuntan la existencia de 300 “sin techo”, aunque esta cifra, en la realidad, podría dispararse. Para pasar las frías noches sevillanas, el Ayuntamiento y diversas organizaciones (algunas de ellas de carácter religioso) ponen a disposición de estas personas un lugar donde dormir, pero sin embargo, esta medida se torna insuficiente.

Otro medio de supervivencia es la creación de barrios chabolistas, donde cientos de personas se unen para vivir, esperando viviendas que las autoridades prometen, pero que nunca llegan.

La Sala Guadalquivir, salón de conferencias, donde se había habilitado un espacio temporal para acoger a los “sin techo”, acaba de cerrar. Esto hace que de nuevo, cientos de personas tengan que sobrevivir en las calles sevillanas, donde por la noche las temperaturas bajan mucho. Esta Sala había llegado a acoger en este invierno hasta a 2.000 personas, lo que denota del problema real que vive la capital hispalense. Precisamente, el cierre del Centro Social Okupado y Autogestionado Casas Viejas, supuso la expulsión a la calle de varias personas sin lugar donde dormir y que pasaban allí las noches. De nuevo, una medida del Ayuntamiento los dejó a la intemperie.

De hecho, en este invierno, se han sucedido varias muertes de los llamados por los medios de desinformación “indigentes”, uno de ellos cuando ya había pedido auxilio a unos operarios del Ayuntamiento. Esta situación choca irracionalmente con el cierre de infraestructuras como la Sala Guadalquivir, la disminución del número de plazas en los albergues locales o, en sumo grado, con el enorme número de casas vacías existentes en la capital.

Estas casas vacías, compradas por especuladores, serán vendidas a precios de lujo para una minoría social, mientras cientos de jóvenes e inmigrantes deben quedar reducidos a las calles, algunos de ellos trabajadores, cobrando un sueldo ínfimo y sin nadie a quien acudir. Esta situación se refleja también en la expulsión de familias enteras en diversos barrios sevillanos, lo que ha causado que 25 familias que vivían en alquiler se hayan echado a la calle para reivindicar sus derechos a tener una vivienda y denunciar la actuación de los especuladores y asustaviejas, que consiguen pingues beneficios a base de la extorsión. Éstos desalojan, amparados en la legalidad o en la complicidad administrativa, a cientos de personas humildes que ahora se unen para proteger sus derechos.






* Grupo de Acción Social - 15/03/2008
Foto: Vagabundos, dibujo - redasociativa.org

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Canarias: Golpe mortal a la moratoria

LAPROVINCIA* : La moratoria podría tener los días contados. La sentencia que obliga al Gobierno de Canarias a pagar una indemnización a los empresarios por no poder construir hoteles a pesar de "haber cumplido con los deberes urbanísticos concretos" coloca a la polémica Ley al borde del precipicio. El Supremo tiene la última palabra.

1.- La Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias ha estado siempre marcada por la polémica. Para empezar, el Gobierno autonómico lanzó un decreto, el 4/2001, que paralizaba ya la construcción indiscriminada de hoteles, pero muy pronto la Justicia lo anuló por las grandes deficiencias que tenía en su redacción. Apenas unos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbara este primer decreto, el Gobierno que presidía en aquel entonces Román Rodríguez contraatacó con un segundo decreto, el 126/2001, que también se mantuvo poco tiempo en pie, justo hasta que la Sala de lo Contencioso volviera a declararlo nulo de pleno derecho. Las sentencias que anularon ambos decretos fueron confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo. Ahora, la Ley 19/2003 recibe también un varapalo judicial de dimensiones incalculables, pues el TSJC acumula reclamaciones por valor de 1.500 millones de euros.

2.- La sentencia 78/08 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que contó con el magistrado Javier Varona como ponente, será en adelante un instrumento vital para entender el perjuicio causado por la moratoria turística. La sentencia viene a explicar que el Gobierno de Canarias creó un instrumento sin parangón en el marco legislativo nacional, y asegura que "no existen antecedentes normativos que hayan suspendido de forma indefinida el otorgamiento de licencias en suelos en los que el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos". Pero además, advierte que "no se trata de una suspensión transitoria o cautelar por tiempo determinado, sino un plazo indeterminado que queda a la voluntad de las administraciones que han de confeccionar los planes territoriales". Y apostilla el fallo, que "como suele ser habitual, ni los instrumentos planificadores han sido elaborados ni existe una certeza sobre cuando puedan cumplirse", por lo que "tal situación produce un perjuicio".
En síntesis, el fallo viene a explicar que el Gobierno de Canarias creó una Ley para salvaguardar la construcción indiscriminada pero que posteriormente la guardó en el cajón, por lo que la Administración debe pagar por su desidia.

3.- Una de las peculiaridades de la sentencia del magistrado Javier Varona es la forma que establece para fijar la indemnización que debe pagar el Gobierno de Canarias a los empresarios turísticos. Por hacer un símil, es como si los empresarios colocan un dinero en un banco a plazo fijo y reciben por ello los intereses que da el dinero. De esta forma, la Sala establece pagar el valor del Euríbor anual sobre la cantidad resultante del valor de los aprovechamientos urbanísticos que posee cada empresario. A todo esto, habrá que sumarle el interés anual habitual. Sólo con la sentencia que otorga al Grupo Seaside Hotels el derecho a ser indemnizado, teniendo en cuenta que el valor de sus aprovechamientos urbanísticos asciende a 19 millones de euros, resulta una cantidad anual de 600.000 euros, sin contar con los intereses, que podrían suponer otros 90.000 euros cada año. Por el momento, la suma supera ya los tres millones de euros.

4.- En su contestación a la demanda presentada por el grupo Seaside Hotels, del empresario Teo Gerlach, el Gobierno de Canarias argumenta que "si la Sala otorgase una indemnización a la actora por los daños que invoca, esto es, la pérdida de facto de su derecho a edificar, se produciría un enriquecimiento injusto, pues nada le impide después ejecutar su licencia ya obtenida y materializar unos aprovechamientos cuyo valor le habría sido resarcido previamente". Y es que en realidad, el empresario turístico Teo Gerlach (y el resto de los reclamantes cuyas sentencias saldrán en los próximos seis meses) lo que solicitaba a la Sala es una indemnización por el total del valor de los aprovechamientos urbanísticos de los que son titulares. De esta forma, y como quiera que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias apuntaron acertadamente que los empresarios no perdían sus aprovechamientos, sino que permanecían una vez se levante la moratoria turística, y con ello se les permita construir, la sentencia deja claras varias cosas: primero, que los empresarios mantienen sus aprovechamientos urbanísticos; después, deja claro que se produce un perjuicio por el tiempo en que no pueden disponer de esos aprovechamientos; y por último, fija la manera de pagar por el perjuicio.

5.- Diferentes expertos urbanísticos consultados por este periódico coinciden en afirmar que la solución al problema con el que se encuentra el Gobierno de Canarias tras la sentencia que estima el recurso del grupo Seaside Hotels no puede ser otro que un cambio legislativo o el levantamiento del veto a la construcción de hoteles, denominada moratoria turística. El primer paso, claro está, es el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero los expertos urbanísticos consultados coinciden también en que la sentencia de la Sala, que contó con el magistrado Javier Varona como ponente, está muy bien construida y fundamentada. Si el Supremo confirma el fallo del TSJC, las indemnizaciones a los empresarios con el mantenimiento de la moratoria en vigor supondrán un problema económico de calado. La otra opción sólo pasa por un cambio en la ley que permita a los empresarios construir.






* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 15 de marzo de 2008
Foto: construcción de un complejo turístico en el Sur de Gran Canaria - laprovincia.es

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Almería entre la ley y la anarquía

JAVIER SALVADOR* : Un filósofo italiano dijo una vez que debe estimarse muy poco vivir en una ciudad donde las leyes pueden menos que los hombres. Yo no quiero vivir en esa provincia y Almería tiene ante sus narices un reto espectacular en el que deberá decidir si “todos moros o todos cristianos”. Hay que demostrar si las leyes son para todos por igual o nos sumimos en un estado de anarquía ciudadana en la que soy el primero que me niego a pagar impuestos.

Si un alcalde puede hacer una obra ilegal, sin licencia de apertura y multiplicando la edificabilidad, yo no quiero pagar IVA, retenciones o mejor aún, no pago la hipoteca porque como es la única casa que tengo no me pueden mandar a la calle con mis niños. Y ése es el juego que se trae entre manos Gabriel Amat con Gran Plaza y su reto a Chaves.

Almería tiene ante sus narices un reto. Demostramos que las leyes son para que todos las cumplamos o no las cumple nadie. Hay una tercera vía, que la Junta de Andalucía acepte públicamente que en esta comunidad, socialista desde que conoce la democracia, hay ciudadanos de primera que buscan el cobijo del PP y luego, muy detrás, viene el montón.

Se han terminado las elecciones y no hay más excusas. El dinero no puede tumbar el sentido común, el estado de Derecho y las normas que rigen nuestro comportamiento para nuestra propia protección.

Una cosa normal puede ser que no se cierre Gran Plaza por no afectar a las personas que allí trabajan, pero un alcalde que no sabe ni decir su nombre no puede retar a la Junta de Andalucía y hacerle un corte de mangas en un pleno diciendo eso de ven a por mi, que aquí te espero manolín.

Independientemente de que este individuo tenga un subidón y la pinza se le soltase hace mucho tiempo, lo que no puede ser, lo inaceptable por coherencia, es que el resto de ciudadanos veamos como algunos se pasan por el forro la ley que acatamos los demás.

Amat le ganó la partida a la Junta con un despliegue de euros sin precedentes comprando medios para su defensa ante el intento de la Junta de cerrar el centro comercial como medida que le obligase a tramitar la documentación que pueda hacer legal. Especiales publicitarios pagados con talonazos, un programa de Carlos Herrera para darse un baño de masas desde el mismo centro comercial Gran Plaza y chicas con camisetas ajustadas recogiendo firmas en el Paseo de Almería.

Y quizás ésa sea una de las claves de su victoria electoral en Almería. Igual hay que plantearse estar del lado de Atila, porque éste demuestra que nadie le toca.

Almería tiene ante sus narices la barbaridad de las barbaridades. Un informe de la inspección urbanística que hace temblar las piernas hasta al más experto urbanista y que no vale de nada para el receptor del mensaje.

Vimos pasar de largo los acantilados de Aguadulce. Somos testigos de cómo en un plan general se contempla una zona que supuestamente va a ser declarada de dominio público si no hay bajada de pantalones por parte de Costas y aún así nadie hace nada. Esto más que Almería empieza a parecerse a esa Calabria que nos describen en las novelas.

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, ha retado a la Junta de Andalucía a que le toque si es capaz. El plazo que le dio la Junta para que restituyese la legalidad en el caso Gran Plaza termina el día dos de abril y el juego está más que claro.

Amat sabe que Tomás Olivo, promotor del centro comercial, no va a pagar el exceso de edificabilidad, pero también sabe que la ley es clara y que si no lo hace le pueden retirar las competencias urbanísticas del municipio.

Su juego se centra en la postura de fuerza y no ya en los puestos de trabajo, que en ningún caso peligran, sino aprovechando la situación política actual. Ha ganado las elecciones y cualquier actuación en su contra la venderá como una revancha del PSOE por el daño hecho. A diferencia del caso de Marbella el PP aquí no le va a apoyar, así que no le queda más remedio que asumir el riesgo y cumplir con la ley como prometieron a todos los andaluces hacer cumplir o con la mano puesta sobre la Constitución o perder el respeto de todos.






* Teleprensa - Almería - 16 de Marzo del 2008


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Los consumidores alertan sobre Gran Scala

ELPERIÓDICO/Aragón* : La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) considera que el Gobierno autonómico debería limitarse a ser "garante de la legalidad" del proyecto de ocio y juego Gran Scala y le insta a no convertirse en "portavoz" de una iniciativa privada de estas características, ya que repercute en su "credibilidad".

Así lo indicó el presidente de la UCA, José Ángel Oliván, en una conferencia de prensa en la que presentó la memoria de actividades de la asociación durante 2007, los actos con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor y un informe sobre el macroproyecto que se podría construir en la comarca de Los Monegros y ante el cual este organismo lamenta la falta de información, lo que hace todavía prematuro un análisis más pormenorizado del proyecto.

Oliván lamentó la confusión que se ha transmitido a la ciudadanía sobre si se trata de un proyecto público o privado, y por ello insistió en que el Gobierno de Aragón debería limitar su posición a garantizar que sus promotores cumplen con la legalidad y no convertirse en "propagandista". En un estudio realizado por la UCA sí se ha constatado, según los datos hechos públicos, que Gran Scala podría suponer la creación de entre 13.000 y 50.000 empleos, aunque Oliván hizo hincapié en que Aragón "tiene suficiente futuro" como para "no tener que aceptar cualquier cosa".

Si el parque finalmente no se instala no es una "catástrofe", dijo el presidente de la UCA, al tiempo que recordó la buena marcha de la economía aragonesa respecto al resto de comunidades autónomas e incluso países europeos.

La UCA celebró un debate sobre esta iniciativa para intentar llegar a un acuerdo y a una posición unánime, algo que no se ha logrado, ya que el proyecto tiene defensores y detractores, como en el resto de la sociedad, dijo Oliván. No obstante, dijo que hay dos cuestiones sobre las que sí hubo unanimidad: la sensación de que "en Aragón se puede legislar a la carta a partir de cierto nivel de inversiones" y la realidad de que el proyecto, dada su envergadura, trasciende una comarca.

Por ello, consideró que el Ejecutivo de Marcelino Iglesias debería hacer todo lo posible para que se abra un debate sobre este asunto en el que puedan opinar todos los aragoneses, sobre todo ante la escasa información que ha trascendido.

Es precisamente la falta de información la que propicia que las conclusiones del documento elaborado por la UCA se plantean en forma de interrogantes. La primera conclusión es la incertidumbre por saber cuándo se dispondrá "de más y mejor información sobre el proyecto", sobre todo sobre la participación "de las administraciones públicas en la viabilidad de Gran Scala". También se plantea si es posible modificar la legislación en favor de un interés empresarial y si Gran scala es "compatible con los discursos de sostenibilidad" de la Expo. La Unión de Consumidores de Aragón también se interesa por saber si no hay otras alternativas para fomentar el desarrollo de Los Monegros. Asimismo, tiene interés por saber si se ha pensado ya en "mecanismos compensatorios" si las inversiones previstas finalmente no se cumplen y aparecen "contratiempos". El documento concluye de la siguiente forma: "solo el tiempo nos dirá cuánto de humo tiene el proyecto y quiénes acertaron en sus pronósticos".






* El Periódico de Aragón - 15/03/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala

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Una ampliación de la denuncia contra el ex consejero del Cabildo de La Gomera acusa al presidente Curbelo de prevaricación y cohecho

ELDIGITAL/Canarias* : El caso Bernal Trujillo no se muere en él y su hermano y la investigación judicial puede tambalear al intocable e inmune presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo, cabeza rectora de dicha institución y del que hay depositado en el juzgado la ampliación de una denuncia bastante documentada y potente que fundamenta lo que hasta ahora era un rumor y corrillos de bar y que en estos momentos está en manos del ministerio fiscal de la Audiencia Provincial de Sta. Cruz de Tenerife.

Se trata de un duro golpe al prestigio y a la figura de uno de los personajes más poderosos del socialismo canario y que ha convertido en La Gomera en un bastión inexpugnable del PSC-PSOE y especialmente del voto canario en el exterior, siendo responsable del éxito electoral, entre otros, de los socialistas en la Isla colombina y en Venezuela, no en vano los dirigentes regionales acuden a él cuando se organiza un viaje a la Octava Isla.

La ampliación de la denuncia a la que ha tenido acceso en rigurosa exclusiva este diario digital, presentada en Fiscalía, se dirige contra “Casimiro Curbelo Curbelo, presidente del Cabildo Insular de La Gomera y Antonio Javier Trujillo Bernal, ex consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Agricultura del Cabildo Insular de La Gomera, por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, previstos y penados en el Código Penal, que al igual que la denuncia anterior, se acreditan indiciariamente con la documentación que se aporta y se podrá confirmar con la correspondiente investigación de esa instancia, por el que se pone de manifiesto el aprovechamiento de información e influencia de sus cargos públicos en beneficio de sus propios intereses”.

La denuncia se basa en hechos que en sí mismos son demoledores y ponen en una muy difícil situación al presidente cabildicio gomero. Señala en un primer momento que la “técnico Yasmina Sánchez Fuentes, abogada, responsable del equipo director del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera, así como del documento de aprobación provisional y posteriores del Plan de Insular de Ordenación de La Gomera, al servicio de Gesplan, está íntimamente relacionada con la empresa Servicios Integrales de Asesoramiento Urbanístico (de dudosos expedientes de contratación de la corporación insular), así como con el arquitecto redactor de los proyectos de los hoteles rurales mencionados en la denuncia y el propio consejero, uniendo a todos ellos lazos económicos, familiares y/o conyugales. Esta abogada ha sido la redactora de dichos documentos, dándoles forma bajo las directrices directas emanadas del consejero insular y su presidente. ¿Cómo se acredita el pago de honorarios de los proyectos técnicos?”.

Este escrito, que quema nada más leerlo, precisa que, “el ex consejero insular, no sólo recalifica parcelas de su propiedad en Alajeró como aptas para el turismo asimilable, sino que entre otros, también lo hace con determinados personajes ligados al entramado empresarial y político que maneja las contrataciones en el Cabildo gomero, aún incumpliendo los requisitos establecidos en la ley 6/02 y el propio Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera. De forma muy similar a lo ocurrido en el municipio de Alajeró y limitándonos al municipio de San Sebastián de La Gomera, existen seis ámbitos de turismo asimilable delimitados en dicho municipio, de los cuales, tres, TA-19, TA-21, TA-38, son propiedad de personajes ligados económicamente a los responsables políticos y técnicos de la corporación insular.

Dichos ámbitos son Aluce (TA-19); El Molinito (TA-20), Barranco de La Villa (TA-21), El Cabrito (TA-22), Caserío de Benchijígua (TA-23); La Cabezada (TA-38)”.

La denuncia empieza a analizar algunos de dichos ámbitos. Vamos al de La Cabezada (TA-38), el cual, “coincide exactamente con el límite de la parcela 84 del polígono 14, Los Frontones, en San Sebastián de La Gomera, propiedad de José Juan Martínez Aparicio, ingeniero de Caminos (Estudio Gurugú SL, CIF B38334835 y La Haciendita Agroturismo SL, CIF B38706693), el mismo nombrado en la anterior denuncia como primer redactor (no competente) del proyecto del hotel rural promovido por el ex consejero. A este ámbito se le designan expresamente 40 plazas alojativas de turismo asimilable, independientemente del total de 114 máximas establecidas para todo el municipio. Es decir, sin constituir un ámbito específico, se le atribuyen y se le reservan 40 plazas y nadie le puede arrebatar dichas plazas alojativas, al no estar sometido a los requisitos en orden de prelación de los ámbitos rurales para uso turístico en la modalidad de turismo asimilable (artículo 16 del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera)”.

La denuncia asegura que “la parcela 84 del polígono 14, propiedad de José Juan Martínez Aparicio, linda con cauce público y, siendo esta circunstancia más que suficiente para excluirla como ámbito apto para uso turístico, además de que, de la totalidad del ámbito (24.836 metros cuadrados), únicamente 7.401 metros cuadrados (subparcelas B,C,D) son productivos, el equipo redactor no duda en delimitar toda la propiedad, incluyendo la subparcela A, pese a tener esta una pendiente superior al 50% para alcanzar los 10.000 metros cuadrados necesarios para la unidad apta para la edificación. El Plan Insular de Ordenación de La Gomera, pendiente de aprobación definitiva, mantiene este ámbito. ¿Por qué tanto empeño y tantas atenciones con este ámbito, aún incumpliendo la ley? ¿Estará relacionado con el hecho de que este ingeniero, es la única empresa, Estudio Gurugú SL a la que se han adjudicado los contratos de ingeniería contratados por el Cabildo Insular y su presidente actual durante años? ¿Será porque casualmente Alvamar Promociones e Inversiones SL, con CIF B 38453031, cuyo administrador único es José Juan Martínez Aparicio, es el promotor inmobiliario de la actual y reciente residencia de Javier Trujillo Bernal (edificio Ancor) en la capital de la Isla? ¿Cómo se acredita el pago del primer proyecto técnico de los hoteles? ¿Será porque es promotor inmobiliario con numerosas relaciones comerciales con Casimiro Curbelo?”.

Caserio de Aluce

Sobrecoge esta ampliación de la denuncia que ilumina pasajes de la inicial y anterior en el tiempo. Tras analizar el primer ámbito, ahora entra en el TA-19, conocido como el caserío de Aluce, “coincidente con la propiedad de un conocido empresario y contratista más que asiduo al entorno económico del Cabildo Insular (familia Arteaga Alvárez), fue expresamente eliminado como como ámbito turístico mediante el decreto 56/03, de 30 de abril, por el que se aprueba definitivamente y de forma parcial, el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera. Pues aún así, pese a ser eliminado expresamente por la Cotmac y el consejo de Gobierno, el mismo equipo redactor, bajo las instrucciones del ex consejero insular y su presidente, insiste en su inclusión como ámbito turístico en el Plan Insular de Ordenación de La Gomera, pendiente de aprobación definitiva, pese a los informes desfavorables de la Cotmac”.

Y aquí viene lo más duro de la denuncia: “¿Por qué tanto empeño? ¿Será porque el 3 de diciembre de 2004, Fortunato Segundo Arteaga Castilla, apoderado de la empresa Construcciones y Promociones Ramón Arteaga SL, con CIF B38795365, constituye la empresa Chewy West SL, CIF B38795365, con un capital desembolsado de 889.000 euros y apenas dos meses después, el 18 de enero de 2005 se nombra a Casimiro Curbelo Curbelo, administrador único de la citada empresa, con domicilio social en la Avenida Quinto Centenario, s/n, 3ºB, edificio Mango (residencia habitual del presidente en San Sebastián? ¿Será por las innumerables obras de dudosa adjudicación a la empresa Construcciones y Promociones Ramón Arteaga Alvárez SL?”.

Ámbito Barranco de La Villa (TA-21)

Todas estas aseveraciones están fundamentadas, cada una de ellas, en documentación que se ha aportado a la Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife, la misma que abrió diligencias en el juzgado de instrucción número uno de San Sebastián de La Gomera. La ampliación, presentada el 21 de noviembre del año pasado, habla del ámbito TA-21 más conocido como Barranco de la Villa, el cual, “incluye varias parcelas, desde la 88 del polígono 14, contiguas y en paralelo al cauce del barranco, hasta la ermita. Entre los propietarios de este ámbito merece destacarse a Antonio Manuel Pérez y Pérez, conocidísimo médico y promotor en la Isla, además de antiguo amigo y socio, y posterior enemigo del presidente del Cabildo (recuérdense caso Plan Parcial Santa Ana, en el municipio de Alajeró, también en tribunales). Curiosamente, “amigo” de nuevo tras varias acusaciones, querellas, y propietario de parte del ámbito de turismo asimilable denominado TA-21”.

Más datos comprometedores en relación a este médico que curiosamente “es el promotor inmobiliario de la residencia habitual de Casimiro Curbelo Curbelo (un envidiable ático en el edificio Mango frente al parque de la Torre del Conde, así como un piso anexo, garaje), además de otras propiedades de este último en un edificio colindante del mismo promotor (cuatro magníficos áticos). Además figuran como otros propietarios a destacar: Santiago Elías Martín Francisco, secretario accidental del Cabildo y cuñado del hermano del ex consejero de Política Territorial y de nuevo José Juan Martínez Aparicio, el ingeniero, aunque posteriormente vendió la propiedad”.

Ámbito Barranco de La Villa

Seguimos desgranando esta ampliación de la denuncia inicial que lleva meses en manos de la Fiscalía. Esta vez le toca al ámbito Barranco de la Villa, “no contiguo al ámbito TA-21,. coincide exactamente con las parcelas 233 y 439 del polígono 14, El Escobonal, de San Sebastián de La Gomera, propiedad de Antonio Manuel Velásquez Herrera y hermano, respectivamente. El primero, jefe de servicio de Obras Públicas del Cabildo Insular de La Gomera, responsable de las contrataciones en la corporación”.

Asegura la denuncia que la “parcela 233 propiedad del técnico insular, de 5.333 metros cuadrados, aún no presentando superficie suficiente para alcanzar los 10.000 metros necesarios para la Unidad apta para la Edificación, el equipo redactor, de nuevo, no duda en delimitar la propiedad de su hermano, 4.914 metros cuadrados a efectos de computar la superficie necesaria pese a no ser terreno productivo. Una vez más el equipo redactor no advierte el incumplimiento del artículo 95 del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera que establece como ámbitos no aptos para las actividades turísticas los terrenos colindantes con los cauces públicos. La parcela rústica del jefe de servicio oferta su venta en la empresa Servicios Inmobiliarios Integrados Huracán SL (también casualmente propiedad del mencionado ingeniero). Además, es el propietario del solar donde el mismo ingeniero está realizando la construcción y promoción de viviendas en el edificio Velásquez”…







* El Digital de Canarias - San Sebastián de La Gomera (La Gomera) - 22-02-2008
Foto: San Sebastian de la Gomera (Canarias) - Oliver Raupach (wikipedia.org)

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Denuncian al alcalde de Alcaucín por obras ilegales

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha denunciado al alcalde de Alcaucín, Juan Manuel Martín (PSOE), por la presunta concesión de licencias para viviendas ilegales en el municipio. Fuentes cercanas al caso indicaron que en la denuncia se apunta a un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido entre 2004 y 2006.

Al parecer, según las fuentes, el regidor habría autorizado una decena de licencias para reforma de viviendas, cuando en realidad se trataba de permisos para nuevas construcciones unifamiliares. Estas nuevas edificaciones se ubicarían en suelo no urbanizable, por lo que se considerarían ilegales.
Las fuentes explican que la legislación permite la concesión de permisos para reforma de viviendas antiguas, independientemente del tipo de suelo donde se ubiquen. De esta forma se pretendía avalar la legalidad de la licencia, pero realmente el permiso servía para levantar una casa nueva, relatan las fuentes.
El arquitecto municipal de Alcaucín también ha sido denunciado ya que, según las fuentes, sin comprobación alguna habría emitido informes favorables a las actuaciones.
En la denuncia se recogen diez expedientes urbanísticos que podrían ser ilegales, correspondientes a licencias concedidas desde 2004 a 2006.
La Fiscalía pide al juzgado competente de Vélez Málaga que abra diligencias de investigación por si estos hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio.
Gena Ecologistas en Acción ha presentado un centenar de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio, de unos 2.300 habitantes, y ha informado a la Fiscalía de determinadas actuaciones que podrían ser ilegales.






* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 15 de marzo de 2008
Foto: Alcaucín (Málaga) - E. GUZMÁN (Sur)

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Una empresa municipal alquila infraviviendas en El Cabanyal

ELPAÍS/Valencia* : Alfonso Grau, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, calificó de "bulo" las referencias a una supuesta práctica de alquiler de infraviviendas desde la empresa municipal Cabanyal 2010, encargada de comprar el máximo de viviendas en el área afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio. No era un bulo.

En la calle de Sant Pere, estrecha y paralela al mar, que se transformará con el proyecto al que el Tribunal Supremo dio el jueves luz verde para que el Ayuntamiento pueda ejecutarlo, hay cuatro viviendas alquiladas por Cabanyal 2010 que no pueden llamarse así.

No son las únicas. Decenas de familias tienen desde hace meses en El Cabanyal un contrato de arrendamiento de la empresa mixta constituida por la Generalitat, el Ayuntamiento y varias empresas, por el que han tenido que depositar una fianza. Sin embargo, el contrato no ha servido en algunos casos para poder empadronarse, ya que los habitáculos alquilados son, por ejemplo, almacenes.

Las viviendas que ya han abandonado los que fueran sus propietarios, tras venderlas a Cabanal 2010, son puestas en el mercado hasta que se ejecute el derribo de los inmuebles. Hay alquileres que alcanzan los 250 euros. En una de esas viviendas, un jubilado, con 312 euros de pensión, cobija a cuatro de sus descendientes, entre ellos a tres menores. En menos de 20 metros cuadrados se amontonan cuatro camas. No tienen luz, no tienen agua, no tienen ventilación, las paredes están llenas de humedad y el suelo es de cemento plagado de agujeros. Desde hace ocho meses este jubilado malvive con la autorización del Ayuntamiento. Afectados por el proyecto acusan a la alcaldesa, Rita Barberá, de haber deteriorado el barrio.

"He sido un hombre honrado, un buen trabajador. Se lo di todo a Unión Naval de Levante. He sacado adelante a cinco hijos. Mi mujer ha trabajado día y noche para cuidarlos. Ahora, con 63 años, sin poder casi andar, con una hija enferma de los nervios, de la que nos tenemos que hacer cargo, un nieto huérfano que vive en casa, y otro hijo que ha tenido que venirse a vivir a casa, con 580 euros de pensión, doña Rita quiere que me vaya y me hipoteque". Basilio Muñoz vive en la calle de Sant Pere, en el tramo de El Cabanyal que desaparecerá. La planta baja del número 81 de la calle es suya desde hace 17 años.

"La compramos por ocho millones de pesetas. Nos dan 50.000 euros por ella. ¿Es éste el único lugar en el que la vivienda no ha subido? ¿Creen que somos estúpidos? No, señora, somos pobres, no tenemos estudios, pero la alcaldesa tiene que saber que no somos tontos", afirma Basilio, que deja escapar su rabia mientras en una mano sostiene un papel. "Fíjese, doña Rita me dice que me echa de mi casa mientras me pasa el recibo para que pague 70,90 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles". María, su mujer, por detrás, añade: "Necesitamos una casa, no somos perros. Toda nuestra vida la hemos pasado entre Natzaret y El Cabanyal, ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué?".

La respuesta es una avenida que prolongará Blasco Ibáñez hasta el mar, un gran proyecto con la firma de Rita Barberá que ha logrado luz verde del Tribunal Supremo. 1.652 viviendas se verán afectadas. Diez años de pleitos no han servido para que el valor histórico y cultural del barrio, con una trama urbanística singular, haya salido reforzado. Los vecinos se han desgastado, dividido en algunos casos. Y en ese tiempo, el abandono del barrio por el Ayuntamiento ha servido para que se instalen familias marginales que en algunos casos han quebrado una convivencia casi familiar.

Casi todos recuerdan que el barrio era otra cosa. "Aquí las puertas estaban abiertas, todos nos conocíamos, los chiquillos iban de casa en casa, se hacían fiestas. Claro que todos esos drogadictos que hay aquí deberían desaparecer", se exclama Francisca Cubells, una mujer menuda, nacida en la calle de Escalante, muy cerca del lugar que tuvo que abandonar hace pocos meses, la que fuera su casa de toda la vida en la calle de Sant Pere. "Por mí, que venga la avenida y lo que quieran, pero nosotros necesitamos una casa. Tengo miedo, me quedaré en la calle. Tengo 84 años, una pensión de 800 euros, soy viuda, me echaron de la casa donde vivía y a cambio me dieron 50.000 euros. Me mandaron a las nuevas viviendas de la avenida de los Naranjos. ¿Qué compraba yo con ese dinero? Nada", relata mientras recorre a paso lento un camino, el del mercado, que conoce de memoria y que la pone al día de cómo palpita el barrio. Ahora, aunque está más lejos, mantiene esa rutina. "Mi hijo ha tenido que pedir un préstamo para la nueva casa que me ofrecieron. No sabemos si se lo darán. Mientras tanto, pago un alquiler de 375 euros, que con los gastos sube a 500. No tengo nada. Estoy aturdida, enfadada y con mucho miedo. Nunca pensé que me vería así. Menos mal que mi marido, el pobre, murió antes de que esto pasara, hace tres años".

Pedro Anrrubia, de 81 años, y Cati Torres, de 80 años, también viven en la zona que sólo quedará en la memoria. Sólo él tiene pensión. No quieren ni oír hablar de que los manden a La Coma o a cualquier otro sitio. Su única alternativa viable es una casita en una aldea cerca de Anna, sin médico, sin tiendas. "Es como un destierro". Lo mismo les ocurre a José Montañana, que trabajó siempre en cervezas El Águila, y a su mujer, Encarna Baltrina.

La mayoría de los afectados son gente mayor, con escasos recursos. Pero también están Lola, Maite, Ana, Rosi, José y Vía. Son gente joven, que eligió el barrio por su ambiente popular y sus características. Han comprado casas, las han reformado, se han implicado con la cultura, con los vecinos y los hábitos de El Cabanyal. Están dispuestos a resistir.

Maribel Domènec, vecina del barrio y profesora en la Universidad Politécnica de Valencia, resume ayer el sentimiento de los afectados: tras la sentencia del Tribunal Supremo "Nos hemos quedado solos".






* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 15/03/2008
Foto: Valencia, el Cabanyal un barrio partido en dos - S.Carregui, elpais.com

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"Dentro de 20 años habrá nostalgia de los 'okupas"

ELPAÍS/Barcelona* : Los textos que componen el ensayo La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del 'modelo Barcelona' (Catarata) representan para su autor, el antropólogo Manuel Delgado, una carta de amor a la ciudad, aunque el lector desprevenido podría pensar que hay amores que matan. El autor lamenta la exclusión que, a su juicio, se da en la capital catalana, a la que retrata como un producto comercial para los que tienen dinero.

ENTREVISTA

Pregunta. Habla del modelo Barcelona como si diera la espalda a los problemas de los ciudadanos. Si la situación es tan grave, ¿por qué no hay un movimiento de protesta?

Respuesta. No creo que sea un modelo que dé la espalda a la ciudadanía, sino a la vida. A cualquier cosa que de una forma u otra se escape de los estrechos mapas mentales de los que mandan y administran. Con odio, detestan a todo lo que es espontáneo y vibrante. Las autoridades han convertido sus políticas en una maquinaria antipasional. Evidentemente no hay una respuesta articulada de los ciudadanos, ni en esto ni en nada.

P. Una de las críticas más duras de su libro: en Barcelona se criminaliza la pobreza.

R. En primer lugar, tener una renta baja te excluye automáticamente. No es que la pobreza se criminalice en primera instancia, sino que se la expulsa.

P. Asegura que las autoridades recurren a los okupas para echarles la culpa de todo.

R. Los okupas pertenecen a la tradición insumisa de toda la vida de Barcelona y eso no se borra de un plumazo. En realidad, para ir bien las cosas, tendrían que ser los mossos los que okuparan (ríe). Pongo las manos en el fuego de que dentro de 20 años, no diré que vamos a levantar un monumento a los okupas, pero se hablará de ellos con nostalgia, de la misma manera que ahora hacemos todos el elogio de aquel apogeo de la kale borroka que fue el Mayo del 68 parisino.

P. Lo que parece haber abandonado el Ayuntamiento es aquello de los grandes acontecimientos que cambiarán el mundo...

R. Estamos en 2008 y todavía queda reciente eso del Fórum del 2004... No se puede montar un gran congreso eucarístico cósmico cada cuatro años. Se tendrán que tomar su tiempo... Por cierto, ¿el Fórum se celebró finalmente, porque no estoy muy seguro?

P. Pregúnteselo a los urbanistas.

R. En realidad, se trata de una cosa muy sencilla: los urbanistas deben planificar la ciudad, pero no la vida urbana. Por lo tanto, que nos dejen un poco en paz y, como mínimo, un rincón para montar una hoguerilla en San Juan. Hoy el urbanismo y la arquitectura están al servicio del mercado. Quien manda en Barcelona es el mercado.

P. Por lo tanto, si es así, en Barcelona no pasaría nada que no pase en el resto del mundo.

R. Pero hay una cosa singular: el énfasis publicitario. Barcelona se exporta literalmente como un producto comercial, como una marca registrada con la que se quiere vender una forma de civilidad que se asienta en el conformismo de la mayoría.

P. ¿Quiere decir que la mayoría de los barceloneses ha participado de cierta autocomplacencia que tuvo su momento álgido en los Juegos Olímpicos del 92, cuando parecía que todos éramos voluntarios?

R. Eso es legítimo. Yo amo Barcelona y puedo ser todo lo chovinista que me dé la gana. ¿Pero cuánto ha durado aquella ilusión de los Juegos Olímpicos? Hoy esa complicidad no la encuentras en ningún sitio.

P. El problema de la vivienda es un motivo recurrente en su libro. La palabra de moda: gentrificación. ¿En qué consiste?

R. En el reemplazamiento de una población popular por un vecindario de clase media. Es algo que no se ha intentado sólo en el Raval. Ahora lo atractivo es vivir en Poblenou. Dentro de poco, en la Barceloneta. Y sólo es el principio, porque las mejores vistas de Barcelona están en barrios como el del Carmel.

P. Pues al final no va a quedar sitio para guetos.

R. Los discursos antiguetos sirven para no hacer vivienda social. En el fondo se quiere evitar que los pobres se junten. Así de sencillo. Es como la política de dispersión de presos, pero aplicada a los pobres. Como consecuencia se genera un fenómeno de barraquismo invisible. En Barcelona hay barraquismo, aunque no sea aquel histórico que logramos vencer. El barraquismo de la actualidad se encuentra en los pisos patera o en las pensiones ilegales en las que se hacinan decenas de personas.

P. ¿Su discurso crítico es también nostálgico?

R. Eso sería el tipo de interpretación más reaccionaria de un punto de vista crítico como el mío. Nadie con sentido común puede tener nada en contra de que cambien las ciudades. Las ciudades cambian. Como diría Baudelaire, más que el corazón de un mortal. No se puede añorar una Barcelona que en realidad nunca existió. El mismo Barrio Chino fue un invento literario y romántico. Pero en realidad, Barcelona no ha cambiado. De eso es de lo que me quejo. La ciudad sigue estando en las manos de las mismas familias de siempre.

P. Cultura oficial o a la calle. Es otra de sus conclusiones, ¿no?

R. El arte y la cultura son hoy excusas con una matriz que no deja de ser en cierta manera religiosa. Los grandes templos de la cultura son como catedrales en las que supuestamente están la belleza, la verdad... Dan la idea de que lo que rodea a esas macroinstituciones no vale nada. Donde ahora están el CCCB y el MACBA, antes había la vida de la gente de la calle. Entre esa cultura y la vida, me quedo con la vida. La cultura que nos venden es un puro exorcismo, es el mecanismo con el que se quieren expulsar los demonios de la ciudad.

P. Se está poniendo un poco apocalíptico...

R. Es que la cultura se utiliza para hacer la ciudad más digna, selecta, pura y elevada. Como si nuestras miserias cotidianas quedaran redimidas al entrar en un centro cultural, donde recibimos una bendición que nos convierte en más sensibles e inteligentes. En el fondo, todo está pensado para hacerte creer que tu vida fuera de aquel recinto no vale una mierda. A las instituciones les interesa sólo la cultura que da dinero o prestigio, pero la creatividad de tanta gente que trabaja a ras de suelo no les importa para nada. El dinero se va en la cultura-espectáculo y en la cultura-mercancía. A los demás: desalojo.






* ELPAIS.com - ISRAEL PUNZANO - Barcelona - 15/03/2008
Foto: Barcelona, lujo y miseria, plaza de Les Glóries - L.Tusell, adn.es

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¿Hacia dónde nos dirigimos? El caso de los Merinos

MANUEL J. ORDÓÑEZ RUÍZ* : Hace ya casi un año llegué a mi casa de Ronda (Málaga), y como suelo hacer los fines de semana que vengo por aquí, solté mis maletas y me fui a dar una vuelta. Todo iba como siempre hasta que torcí la esquina en busca de la calle principal y me crucé con una niña de unos quince años que bolígrafo en mano pedía nuestra firma a favor de la construcción del complejo urbanístico de club de campo y golf de los Merinos.

Aquel instante, marcó el punto de inflexión por el que ahora (después de descubrir todo el entramado de corrupción e inmoralidad económica, social y por supuesto ecológica que el dichoso complejo implica) me dispongo a resumiros un poco todo lo que he ido averiguando…

Desde hace años, los políticos de esta ciudad malagueña parecen haberse empeñado en destruir lo más valioso que tenemos, la naturaleza. Las intentonas han sido tan absurdas como continuas, pero la cuestión es que hasta ahora el atisbo de cultura que asomaba por nuestras aceras había conseguido nivelar la balanza frente a proyectos tan abstractos como el de construir una urbanización de lujo frente al Tajo. Sin embargo, una vez más en la historia, el capital ha vuelto a ganarle el pulso a la razón, y parece que esta vez, los cuatro personajillos especuladores de siempre han visto buen negocio en la destrucción de un ecosistema único en nuestro país.


El proyecto nace allá por 1994, y consistía en la construcción de un pequeño campo de entrenamiento en el cual, vaya usted a saber porqué, la junta vio una magnífica oportunidad para engordar el dichoso PIB.

Sin embargo se le dio carpetazo al asunto y todos nos habíamos olvidado de aquello hasta que hace un par de años y como surgido de la nada el ayuntamiento de Ronda lanzó su casi divino macro proyecto de “Club de Campo y Golf de Ronda” la sociedad, compuesta por multitud de empresas en su mayoría constructoras y encabezada por el polémico empresario valenciano Jorge Juan Flor Gallén (compañero de negocios de Salvador Palop Martínez, ex concejal del PP en Valencia procesado durante el caso Naseiro por un cohecho destinado a obtener comisiones ilegales para financiar al PP) afirmaba contar con el apoyo gubernamental en la construcción de un complejo privado de 8 millones de metros cuadrados entre cuyas instalaciones (agarraos) se hayan 341 viviendas de lujo, 442 fincas de 7.000 metros cuadrados de media cada una, varios hoteles de lujo, dos campos de golf completos de 18 hoyos (nada de campos de entrenamiento), un club hípico, y otro de tenis y padel.

Las alarmas no tardaron en saltar entre el pueblo que no llegaba a comprender como se iba a permitir la tala de 8 millones de metros cuadrados de encinares de una finca forestal de la Serranía de Ronda, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y como era de esperar, junto a dichas alarmas comenzaron a brotar las forzadas disculpas ante las posibles mal interpretaciones de la supuesta aprobación del proyecto.

Según se predicaba en la televisión local era cuestión de “retoques meramente burocráticos” de no demasiada trascendencia.

Pero la realidad es que tanto la Junta de Andalucía, como los distintos partidos políticos a escala nacional habían manifestado su descontento ante un proyecto que consideraban inviable. Mientras, sus compañeros locales predicaban lo positivo que sería para Ronda.

Observemos por ejemplo:

-En el informe que el Partido Popular presentó a finales de noviembre del año pasado con 55 “casos de corrupción urbanística en Andalucía” se incluye la construcción del macro-complejo turístico de la finca de Merinos Norte, en la Serranía de Ronda.

-Al mismo tiempo la operación inmobiliaria cuenta con el apoyo y la implicación directa de destacados dirigentes de este mismo partido en Ronda: el concejal de Urbanismo, el ‘popular’ José Herrera, es el principal valedor político del complejo.

Por supuesto el Ayuntamiento se encargó junto a la sociedad en cuestión de que dichos vientos no llegaran a oídos de la calle, y los meses posteriores fueron un continuo flujo pro-golfista, en el que, de golpe y porrazo, todo fue subvencionado por la sociedad de Club y Campo de Golf, sus carteles publicitarios comenzaron a lucir en las fachadas de los más “distinguidos” negocios de la ciudad, y en los supermercados, las peluquerías, y en la cola del banco los tonos de incomprensión se evaporaron casi mágicamente…

Al más puro estilo dictatorial, el ayuntamiento había conseguido todo lo que necesitaba: con el control de la información (el dueño de la televisión local es uno de los inversores en el proyecto, y el periódico local ha manifestado su total simpatía a lo largo de sus candidaturas por Antonio María Marín Lara actual alcalde y miembro del Partido Andalucista) ahora contaban con una población desinformada, en cuyas cabezas habían logrado implantar una única y por supuesto equivocada idea, la del crecimiento de nuestra ciudad mediante la creación de puestos de trabajo, es en ello en lo que resumidamente me centraré a continuación, pero antes dejadme contaros el final del cuento.

La cuestión es que los meses fueron muriendo entre polémicas, se convocó una manifestación en contra de los campos de golf en la que cientos de vecinos de Ronda y su comarca rogaban clemencia en nombre de la razón, en la que se rogó la inmediata paralización de unas obras que no sólo machacarían el ecosistema malagueño, y supondría un gravísimo problema de escaseo de agua que hoy por hoy la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, sigue recalcando “La Cuenca Mediterránea Andaluza no puede garantizar en estos momentos que las viviendas que se van a construir en el complejo Los Merinos, en Ronda puedan tener un suministro de agua de calidad y el complejo podría provocar el agotamiento de un acuífero que abastece a los municipios de Cuevas del Becerro y Arríate” sino que además supondría machacar la lógica democrática de quienes realmente saben del tema a manos de un grupo empresarial que ha comprado la voluntad de quienes no han tenido la oportunidad de comprender todo este numerito especulativo o simplemente han preferido fabricarse una venda de moneditas que ciegue su conciencia. Por supuesto el ayuntamiento nunca acepta una derrota, y pensaron que quizá el mejor contraataque fuese llenar las calles de la ciudad con carteles Pro-Golfistas durante la manifestación, que fueron aplaudidos por los componentes de APYMER (Asociación de Pequeñas Y Medianas Empresas de Ronda) a los que se les ha prometido comer perdices con los cuatro duros que ganarán si dejan que ellos se forren a su costa, y a la semana organizaron su propia manifestación.

La dura realidad es que en este preciso instante las obras siguen hacia delante, y no se sabe como, la empresa ha conseguido todos los permisos necesarios para arrasar ocho millones de metros cuadrados de encinares declarados reserva de la biosfera, y lo que es peor, ha logrado que los habitantes hayan tomado como certeza una mentira y ahora nos tachen de “idealistas” o “soñadores” a todos los que como yo, ahora mismo gritamos no a la inconsciencia económica y natural y nos preguntamos: ¿Hacia donde nos dirigimos?.

Siendo lo más breve posible os propongo despojaros de cualquier juicio de moral y conciencia ecológica, aunque sea por un segundo transformémonos en ese personajillo maximizador de utilidades de la economía ortodoxa, supongamos que simplemente queremos mejorar y hacerlo a toda costa:

Tan sólo les rogaría a todos los que se empeñen en defender las líneas de crecimiento de la costa del sol que acudan a tratados de economía sencillitos para darse cuenta de que el proceso de desarrollo y crecimiento económico español es incompleto, y lo es, en definitiva por el gigantesco déficit que tenemos en el ámbito industrial, no por la marea de oferta de sector servicio que encontramos en nuestro estado.

Pero la realidad es que el PIB parece ser lo único que cuenta, y los políticos y charlatanes de turno parecen haberse aprendido bien las dichosas siglas, y hoy por hoy parece que todo está permitido para incrementarlo, cuando la realidad es que este es un dato, no un dogma.

Si para medir un concepto tan amplio como es el crecimiento de una nación queda más bien escaso hablar sólo de producción de bienes y servicios, resulta absurdo creer que dicho dato puede reflejarnos la situación de una nación en general, a pesar de no tener en cuenta indicadores tan básicos como la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, de educación, de prioridades humanas o el índice de desarrollo sostenible.

Utilizando un ejemplo del profesor Juan Torres López (Catedrático de economía de la facultad de derecho de la U.M.A. y uno de los pocos expertos en esta ciencia que han levantado su voz en Ronda):

Derribando todos los monumentos de una ciudad incrementamos su PIB (creamos puestos de trabajo con quienes se ofrezcan a hacerlo y compramos maquinaria), arrasando 8 millones metros cuadrados de naturaleza también lo haremos crecer, pero, ¿es así como realmente queremos hacerlo?







* Rebelión - Manuel J. Ordóñez Ruiz - 15-03-2008


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Una sentencia declara ilegales 52 pisos, la mayoría ya vendidos, en Fisterra

LAVOZ/A Coruña* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso - Administrativo de A Coruña considera ilegal la obra de 52 viviendas de una promoción construida por el grupo inmobiliario Lábaro en Fisterra. El fallo judicial no responsabiliza a la promotora sino al Ayuntamiento, por considerar que la licencia dada el 28 de octubre del 2004 para la construcción de dos edificios frente a la playa de A Langosteira es nula de pleno derecho.

La sentencia responde a un recurso presentado por la Xunta después de que el Concello no acatase el requerimiento de revisión de varias licencias -que afectan a cerca 400 viviendas- que la Dirección Xeral de Urbanismo consideraba ilegales, por no cumplir las parcelas los requisitos necesarios para poder urbanizar. El Ayuntamiento fisterrán no acató el requerimiento y el Gobierno gallego presentó cerca de una decena de recursos, uno por cada promoción que consideraba ilegal. En total, 400 viviendas.

Un primer fallo judicial permitió a la mayor parte de los promotores seguir con las obras mientras no hubiese sentencia firme. Casi todos los proyectos inmobiliarios cuya legalidad se dirime en los tribunales están ya finalizados y muchas viviendas, como las del grupo Lábaro, vendidas y habitadas.

La sentencia considera que, «en la fecha de concesión de la licencia, la parcela carecía del grado de urbanización necesario como para merecer la consideración de solar, pues si bien en el momento en que giró visita [el arquitecto designado por el Juzgado] a las edificaciones ya se contaba con todos los servicios urbanísticos, no existía en el momento de la concesión de la licencia el saneamiento, como tampoco funcionaba la estación depuradora».

Por todo ello, el juez considera que el área «o bien no tenía la consideración de suelo urbano o (en el caso más favorable), no se presentó proyecto de urbanización, lo que suponía que tuviera que haberse accedido a la pretensión de revisión de oficio». El texto dice también que «se debe sumar la discordancia de ese conjunto edificatorio con el que presenta la zona, de edificios bajos unifamiliares, lo que supone el grave incumplimiento urbanístico advertido». Así, el juez admite el recurso de la Xunta y anula la licencia aprobada por el Ayuntamiento.

El mismo juez

Hace una semana, el mismo juez emitió un fallo similar con respecto a otro edificio, de 88 viviendas y construido por Plaza Gardens, que también está ya finalizado y habitado.

En total, 130 pisos que quedan fuera de la legalidad y que podrían acabar demolidos.

El alcalde muxián aseguró que recurrirá las dos sentencias e insiste en que el Concello cumplió escrupulosamente con las normas subsidiarias en vigor, en las que la zona aparece calificada como suelo urbano.

Los servicios, como el saneamiento, que aún estaban sin acometer cuando se iniciaron las obras -dice el regidor- estaban previstos desde el año 2002, cuando fueron aprobados por la Diputación.







* La Voz de Galicia - Eduardo Eiroa - 14/3/2008
Foto: Fisterra - XESÚS BÚA, lavozdegalicia.es

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Más de un centenar de personas protesta contra Gran Scala y Biel

ELPERIÓDICO/Aragón* : Un centenar de personas aproximadamente se concentró ayer por la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para expresar su reprobación al Ejecutivo aragonés, especialmente al vicepresidente, José Ángel Biel, por la gestión del macro proyecto Gran Scala, ya que "no es capaz de ver más allá de recoger dinero", según informó Efe.

La Plataforma contra Gran Scala sostiene que el Gobierno de Aragón modificará leyes en detrimento de los intereses de los ciudadanos para favorecer los intereses empresariales de la promotora que quiere instalarse en Monegros, y presenta este parque de ocio "como el maná", cuando en realidad "no hay nada, solo humo", indicó una portavoz de esta asociación, Maribel Martínez.

"Nos avergüenza tener un vicepresidente como Biel, y también el resto del Gobierno, empezando por el señor Iglesias", aseveró la representante. Esta plataforma es la principal asociación opositora a la instalación del macrocomplejo de ocio y juego.

El colectivo había convocado una concentración en el centro de Zaragoza que congregó cerca de un centenar de personas que coreaban consignas como Monegros no se vende, Gran Scala, gran estafa y portaban pegatinas con el lema: A ´cascala´ Gran Scala. Este complejo de ocio que se ubicará en la comarca de Los Monegros conllevará "basar" el desarrollo de Aragón en el juego, cuando hay otras cuestiones "importantes para la comunidad que se deberían potenciar", reseñó la portavoz, quien apuntó a la agricultura o el desarrollo de la industria como posibles alternativas.

"El monocultivo del juego no va a ser el futuro de Aragón, y el señor Biel se equivoca y tiene que anteponer los beneficios y derechos de los aragoneses", añadió la portavoz, quien denunció el gran impacto medioambiental que vivirá esta zona de Aragón.

En este sentido, Martínez anunció que la Plataforma contra Gran Scala proseguirá con concentraciones periódicas y prevé organizar una manifestación, con fecha aún por determinar.






* El Periódico de Aragón - 14/03/2008
Foto: La plataforma ´Stop Gran Scala´ se concentró en el Paraninfo de la universidad/ CHUS MARCHADOR, elperiodicodearagon.com

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Telde: El juez imputa a la ex concejala Torres por blanqueo de capitales

EFE/Gran Canaria* : El juez que instruye el "caso Faycán", sobre una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), imputó ayer a la principal acusada de este sumario, la ex concejala de Obras Públicas María Antonia Torres, a la que algunos consideran como el cerebro de gran parte de esta trama, por un presunto delito de blanqueo de capitales, según informaron fuentes judiciales.

María Antonia Torres se negó ayer a declarar ante el juez de instrucción número 3 de Telde, Javier García García-Sotoca, quien la había citado a declarar por la mañana, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Además de imputar a la ex concejal por blanqueo de capitales, el juez añadió contra Torres una nueva acusación, un delito contra la ordenación del territorio, mientras que le retiró las imputaciones que había mantenido anteriormente contra ella por los delitos de tráfico de influencias y alteración de precios.

34 imputados

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde investiga desde hace dos años el caso, en el que figuran como imputados más de 34 personas, entre ellos el que fuera alcalde del municipio de Telde, Francisco Valido (elegido como primer edil en las filas del Partido Popular), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso en el que están implicados varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.

Entre los ediles figura la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas y ex diputada autonómica por la formación conservadora María Antonia Torres, así como las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López.

Las investigaciones de lo que se da en llamar "caso Faycán" se iniciaron en julio del año 2005 después de que el representante legal de una empresa denunciase que la concejalía de la cual era titular Torres le había exigido el pago de una comisión de hasta el 20 por ciento del presupuesto de la obra pagada con fondos municipales y a cuya adjudicación aspiraba.

Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron presuntamente favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al consistorio.






* El Día - EFE - 14 DE MARZO DE 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad

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Tres investigados del 'caso Alhendín' controlaban doce empresas y más de 70 cuentas bancarias

IDEAL/Granada* : La Policía Nacional ha entregado un informe de 34 páginas sobre el patrimonio y las empresas de 14 investigados en el 'caso Alhendín' por la supuesta trama de corrupción en Alhendín. El estudio constata que los implicados habían montado una descomunal trama de sociedades por donde circulaba el dinero unas veces con mayor control que otras.

Según el propio informe, algunos de los investigados declaraban una cantidad aislada por una venta mientras la empresa o particular con los que hacía el trato expresaba otra diferente, normalmente superior. Le ocurre al ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, detenido en marzo de 2007. Con la circunstancia añadida de que aparecen ingresos a nombre de algunas entidades que tenían suelo en el pueblo y estaban metidas en proyectos urbanísticos.

Pero no es un fenómeno aislado. Los peritos y el juez tendrán que analizar a qué obedecen tantos movimientos y el destino de los terrenos que se compraron y vendieron entre 2003 y 2005. La red es descomunal: sólo tres de los investigados -el ex concejal, el ex alcalde, José Guerrero, y uno de sus hermanos- controlaban al menos 70 cuentas bancarias y una docena de empresas. Y eso suponiendo que casi la mitad de las cuentas estuvieran compartidas.

Manuel Fernández figuraba en 2003 en 17 cartillas bancarias; en 2004 consta como titular y beneficiario en 20 y en 2005 en 19. El alcalde aparece, entre titular o autorizado, en 25 cuentas en 2003, en 30 en 2004 y en 29 en 2005. Uno de sus hermanos está presente en 33 cuentas en 2003, en 52 en 2004 y en 37 al año siguiente. Además, los hermanos Guerrero comparten una decena de sociedades y el ex concejal de Urbanismo figura en dos empresas, una de ellas dedicada al ladrillo.

El informe policial también llama la atención sobre dos cheques de 12.000 euros cada uno en los que aparece Manuel Fernández. En el informe se destapan otras operaciones sin especificar conceptos de una investigada por importes de 8.495, 6.342, 4.543 y 3.100 euros

Varios de los implicados hacen tratos -a título particular o través de sus sociedades- con la empresa Frai, la promotora que construye los edificios que hay que desmochar para que pasen los aviones de la base. Una operación urbanística en la que los peritos han calculado que el Ayuntamiento 'perdió' medio millón de euros. La Policía apunta en 2004 una venta del ex alcalde a Frai por 115.454 euros. Uno de sus hermanos también recibe 115.454 euros de la empresa en otra operación.

Según el informe, el hermano Jesús es uno de los pilares económicos. Figura en 52 cuentas, ingresa 176.555 en 2004 y 153.000 en 2006, año en el que invierte 40.000 en un fondo inversión. Jesús aparece además como «transmitente» de un solar a Frai.

Áridos Guerrero es el buque insignia de la familia. La sociedad -según la Policía- experimenta un crecimiento espectacular entre 2003 -con una base imponible de 151.703 euros- a 2005 -con una base de 2.181.442 euros-. Áridos Guerrero figura como propietaria de 49 fincas de distintos tipos.

Una empresa de envergadura que en 2003 justifica sendos importes de 54.000 euros en concepto de compra de reactores nucleares en Holanda; otro de 82.800 en el mismo concepto y otra operación de 30.232 euros en Bélgica en sal, azufre, tierras, piedras y yesos.







* Ideal - Q. CHIRINO Y C. MORÁN - 14 marzo 2008
Foto: alhendin - ideal digital

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Bigastro: La juez imputa a los ediles que en 2005 aprobaron las subastas de La Pedrera

INFORMACIÓN/Alicante* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orihuela ha imputado a todos los concejales del PSOE de Bigastro del anterior mandato municipal en relación con un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos ligado a la adjudicación de parcelas rústicas municipales en el paraje de La Pedrera.

Según la denuncia, presentada por el PP local de Bigastro, en una misma sesión plenaria, el 8 de agosto de 2005, y a propuesta de la alcaldía, se adjudicaron 35.000 metros cuadrados a una empresa y se cedió el uso de otros 45.000 a la misma sociedad. A la vez se recalificaron de rústicos a urbanos las parcelas para un "complejo hotelero", sin mediar el procedimiento para modificar su condición de no urbanizables, competencia supervisada por la Generalitat, según la legislación.
En el marco de las diligencias previas 3062/2006 la juez Raquel Lacunza Ruiz pide en febrero, entre otros procedimientos, que declaren en calidad de imputados los concejales del PSOE que votaron a favor en el pleno de esa aprobación a Promociones Alicante Torrevieja S.L. A la imputación ya anunciada del alcalde José Joaquín Moya, se suma la del actual concejal de Cultura y Barrios, José Espinosa Espinosa y Mari Carmen Grau Espinosa, que dejó su cargo de teniente alcalde el pasado mes de octubre. A éstas se añaden la de los ex ediles Maria Jesús Torres García, Juana Ortiz Ferrer, Maria Francisca Nortes Hernández y José Julián Sánchez Martínez.
En esencia la denuncia relata que se adjudicó la subasta de suelos rústicos para realizar una actuación urbanística "encubierta" sin la supervisión de la Generalitat sobre 35.000 m2 y la cesión de otros 45.000 m2 por 50 años a la misma sociedad para hacer un campo de golf de "reducida superficie". A cambio el municipio obtuvo 2,1 millones de euros de la empresa constructora. La Genealitat paralizó la actuación.
Entre otras supuestas irregularidades administrativas el acuerdo se aprobó en el pleno municipal dos días antes de que se terminara el plazo legal para la presentación de plicas para optar a la subasta. Este periódico intentó ayer recaber la valoración del primer edil sobre este procedimiento.

Okupa
Por otra parte el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, opinó ayer sobre la polémica de la denuncia - que no ha sido retirada- del portavoz del PP, Aurelio Murcia, contra uno de sus socios por robo con fuerza, lesiones y allanamiento tras el derribo de una puerta de su vivienda. Moya dijo que Murcia es un "okupa" de esa vivienda. El alcalde, a pesar de aclarar que se trataba de un asunto personal, sugirió en Onda Cero que ese edil no debería dedicarse a los negocios y a la política al tiempo.

Un edil del PP testifica hoy

José Antonio Ricart, concejal del Partido Popular de Bigastro, ha sido llamado a declarar hoy en calidad de testigo en relación al otro procedimiento en el que también está imputado el alcalde José Joaquín Moya y que denunció junto a la militante de Los Verdes, Carmen Castaño ante la Fiscalía Anticorrupción. En esta denuncia, con diligencias de investigación número 251/2008, el juzgado intenta esclarecer entre otros hechos el supuesto uso de recursos materiales y humanos por parte del alcalde José Joaquín Moya para levantar un edificio en Vistabella (Jacarilla). La misma denuncia recoge supuestas irregularidades a la hora de conceder una licencia para un huerto solar en el paraje de La Pedrera a una empresa.







* Información - D. PAMIES - 14 de marzo de 2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com

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¿Ha influido la corrupción urbanística en las elecciones generales?

SER* : ¿Cuántas referencias han hecho los líderes de PP y PSOE durante la campaña electoral a la corrupción? ¿Cuántas medidas han propuesto para poner freno al desmán urbanístico? Ambos partido apenas han profundizado en este asunto en campaña electoral a pesar de que no son pocos los cargos públicos de uno y otro partido que están inmersos en asuntos judiciales por esta cuestión. El único que lo ha hecho, y de forma recurrente, ha sido Gaspar Llamazares.

Los resultados en los diferentes municipios arrojan resultados desiguales. En algunos el voto de castigo se ha hecho notar, en otros las formaciones en el poder han consolidado su mayoría. Estos son los casos más significativos:

En Castellón, Carlos Fabra, concejal y Presidente de la Diputación -del PP-, está imputado por presuntos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. El Partido Popular es la única formación que mejora los resultados respecto a 2004. Obtiene un 3 % más de sufragios.

En Totana, Murcia, el alcalde José Martinez Andreo está encarcelado por una trama de corrupción urbanística cuyo presunto cabecilla es el diputado del PP, Juan Morales. La participación ha subido al 85%, 14 puntos por encima de la media nacional. El PP ha obtenido resultados históricos, el PSOE ha bajado. IU, que denunció la trama cae en picado.

También en Murcia, en Los Alcázares, el ex alcalde, Juan Escudero, del PSOE, junto al arquitecto municipal, son los principales implicados en una trama de favores a constructores vinculados a la Operación Malaya. El PP ha subido 8 puntos. Voto de castigo para el PSOE, que baja 7.

Cerca de la capital, en Ciempozuelos, el alcalde Pedro Antonio Torrejón y el ex alcalde Joaquín Tejeiro -ambos del PSOE- fueron detenidos esta legislatura acusados de cohecho y blanqueo. Los electores han castigado a los socialistas que caen más de siete puntos. El PP ha subido ocho.

En noviembre de 2006, en Andratx, Mallorca, el alcalde Eugenio Hidalgo y el director general de urbanismo Jaume Massot, del PP, fueron detenidos acusados de blanqueo de capitales y delitos contra el territorio. Voto de castigo. Los populares han caido un punto y medio y los socialistas han subido casi cinco.

En Alhaurín El Grande, el alcalde popular, Juan Martín Serón, está acusado de los delitos de prevaricación y cohecho. La policia intervino en su domicilio 70.000 euros. El PP no se resiente en las urnas. Sube 11 puntos y el PSOE baja 9 respecto a 2004.

Además, en Seseña, en Toledo, Izquierda Unida denunció en Julio de 2006 que la Junta de Castilla la Mancha había favorecido al empresario Francisco Hernando que levantó 13.000 viviendas en un secarral del muncipio. La coalición ha caído cinco puntos en las generales respecto a 2004. El PSOE ha perdido siete y el PP ha subido 10 puntos.

Son sólo algunos ejemplos pero la lista es interminable. En los municipios de Telde o Mogán, en Las Palmas, el PP se ha visto envuelto en casos de corrupción. Sus resultados electorales han sido peores que en 2004 pero aún así han superado ampliamente al PSOE.



Esta información ha sido elaborada por las redacciones de Radio Madrid, Málaga, Murcia, Mallorca y Castellón.





* Cadena Ser - 13-03-2008
Foto: corrupción urbanística, viñeta

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