ELPERIÓDICO/Aragón* : La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) considera que el Gobierno autonómico debería limitarse a ser "garante de la legalidad" del proyecto de ocio y juego Gran Scala y le insta a no convertirse en "portavoz" de una iniciativa privada de estas características, ya que repercute en su "credibilidad".
Así lo indicó el presidente de la UCA, José Ángel Oliván, en una conferencia de prensa en la que presentó la memoria de actividades de la asociación durante 2007, los actos con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor y un informe sobre el macroproyecto que se podría construir en la comarca de Los Monegros y ante el cual este organismo lamenta la falta de información, lo que hace todavía prematuro un análisis más pormenorizado del proyecto.
Oliván lamentó la confusión que se ha transmitido a la ciudadanía sobre si se trata de un proyecto público o privado, y por ello insistió en que el Gobierno de Aragón debería limitar su posición a garantizar que sus promotores cumplen con la legalidad y no convertirse en "propagandista". En un estudio realizado por la UCA sí se ha constatado, según los datos hechos públicos, que Gran Scala podría suponer la creación de entre 13.000 y 50.000 empleos, aunque Oliván hizo hincapié en que Aragón "tiene suficiente futuro" como para "no tener que aceptar cualquier cosa".
Si el parque finalmente no se instala no es una "catástrofe", dijo el presidente de la UCA, al tiempo que recordó la buena marcha de la economía aragonesa respecto al resto de comunidades autónomas e incluso países europeos.
La UCA celebró un debate sobre esta iniciativa para intentar llegar a un acuerdo y a una posición unánime, algo que no se ha logrado, ya que el proyecto tiene defensores y detractores, como en el resto de la sociedad, dijo Oliván. No obstante, dijo que hay dos cuestiones sobre las que sí hubo unanimidad: la sensación de que "en Aragón se puede legislar a la carta a partir de cierto nivel de inversiones" y la realidad de que el proyecto, dada su envergadura, trasciende una comarca.
Por ello, consideró que el Ejecutivo de Marcelino Iglesias debería hacer todo lo posible para que se abra un debate sobre este asunto en el que puedan opinar todos los aragoneses, sobre todo ante la escasa información que ha trascendido.
Es precisamente la falta de información la que propicia que las conclusiones del documento elaborado por la UCA se plantean en forma de interrogantes. La primera conclusión es la incertidumbre por saber cuándo se dispondrá "de más y mejor información sobre el proyecto", sobre todo sobre la participación "de las administraciones públicas en la viabilidad de Gran Scala". También se plantea si es posible modificar la legislación en favor de un interés empresarial y si Gran scala es "compatible con los discursos de sostenibilidad" de la Expo. La Unión de Consumidores de Aragón también se interesa por saber si no hay otras alternativas para fomentar el desarrollo de Los Monegros. Asimismo, tiene interés por saber si se ha pensado ya en "mecanismos compensatorios" si las inversiones previstas finalmente no se cumplen y aparecen "contratiempos". El documento concluye de la siguiente forma: "solo el tiempo nos dirá cuánto de humo tiene el proyecto y quiénes acertaron en sus pronósticos".
* El Periódico de Aragón - 15/03/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
Los consumidores alertan sobre Gran Scala
en
15.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Aragón
Una ampliación de la denuncia contra el ex consejero del Cabildo de La Gomera acusa al presidente Curbelo de prevaricación y cohecho
ELDIGITAL/Canarias* : El caso Bernal Trujillo no se muere en él y su hermano y la investigación judicial puede tambalear al intocable e inmune presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo, cabeza rectora de dicha institución y del que hay depositado en el juzgado la ampliación de una denuncia bastante documentada y potente que fundamenta lo que hasta ahora era un rumor y corrillos de bar y que en estos momentos está en manos del ministerio fiscal de la Audiencia Provincial de Sta. Cruz de Tenerife.
Se trata de un duro golpe al prestigio y a la figura de uno de los personajes más poderosos del socialismo canario y que ha convertido en La Gomera en un bastión inexpugnable del PSC-PSOE y especialmente del voto canario en el exterior, siendo responsable del éxito electoral, entre otros, de los socialistas en la Isla colombina y en Venezuela, no en vano los dirigentes regionales acuden a él cuando se organiza un viaje a la Octava Isla.
La ampliación de la denuncia a la que ha tenido acceso en rigurosa exclusiva este diario digital, presentada en Fiscalía, se dirige contra “Casimiro Curbelo Curbelo, presidente del Cabildo Insular de La Gomera y Antonio Javier Trujillo Bernal, ex consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Agricultura del Cabildo Insular de La Gomera, por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, previstos y penados en el Código Penal, que al igual que la denuncia anterior, se acreditan indiciariamente con la documentación que se aporta y se podrá confirmar con la correspondiente investigación de esa instancia, por el que se pone de manifiesto el aprovechamiento de información e influencia de sus cargos públicos en beneficio de sus propios intereses”.
La denuncia se basa en hechos que en sí mismos son demoledores y ponen en una muy difícil situación al presidente cabildicio gomero. Señala en un primer momento que la “técnico Yasmina Sánchez Fuentes, abogada, responsable del equipo director del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera, así como del documento de aprobación provisional y posteriores del Plan de Insular de Ordenación de La Gomera, al servicio de Gesplan, está íntimamente relacionada con la empresa Servicios Integrales de Asesoramiento Urbanístico (de dudosos expedientes de contratación de la corporación insular), así como con el arquitecto redactor de los proyectos de los hoteles rurales mencionados en la denuncia y el propio consejero, uniendo a todos ellos lazos económicos, familiares y/o conyugales. Esta abogada ha sido la redactora de dichos documentos, dándoles forma bajo las directrices directas emanadas del consejero insular y su presidente. ¿Cómo se acredita el pago de honorarios de los proyectos técnicos?”.
Este escrito, que quema nada más leerlo, precisa que, “el ex consejero insular, no sólo recalifica parcelas de su propiedad en Alajeró como aptas para el turismo asimilable, sino que entre otros, también lo hace con determinados personajes ligados al entramado empresarial y político que maneja las contrataciones en el Cabildo gomero, aún incumpliendo los requisitos establecidos en la ley 6/02 y el propio Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera. De forma muy similar a lo ocurrido en el municipio de Alajeró y limitándonos al municipio de San Sebastián de La Gomera, existen seis ámbitos de turismo asimilable delimitados en dicho municipio, de los cuales, tres, TA-19, TA-21, TA-38, son propiedad de personajes ligados económicamente a los responsables políticos y técnicos de la corporación insular.
Dichos ámbitos son Aluce (TA-19); El Molinito (TA-20), Barranco de La Villa (TA-21), El Cabrito (TA-22), Caserío de Benchijígua (TA-23); La Cabezada (TA-38)”.
La denuncia empieza a analizar algunos de dichos ámbitos. Vamos al de La Cabezada (TA-38), el cual, “coincide exactamente con el límite de la parcela 84 del polígono 14, Los Frontones, en San Sebastián de La Gomera, propiedad de José Juan Martínez Aparicio, ingeniero de Caminos (Estudio Gurugú SL, CIF B38334835 y La Haciendita Agroturismo SL, CIF B38706693), el mismo nombrado en la anterior denuncia como primer redactor (no competente) del proyecto del hotel rural promovido por el ex consejero. A este ámbito se le designan expresamente 40 plazas alojativas de turismo asimilable, independientemente del total de 114 máximas establecidas para todo el municipio. Es decir, sin constituir un ámbito específico, se le atribuyen y se le reservan 40 plazas y nadie le puede arrebatar dichas plazas alojativas, al no estar sometido a los requisitos en orden de prelación de los ámbitos rurales para uso turístico en la modalidad de turismo asimilable (artículo 16 del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera)”.
La denuncia asegura que “la parcela 84 del polígono 14, propiedad de José Juan Martínez Aparicio, linda con cauce público y, siendo esta circunstancia más que suficiente para excluirla como ámbito apto para uso turístico, además de que, de la totalidad del ámbito (24.836 metros cuadrados), únicamente 7.401 metros cuadrados (subparcelas B,C,D) son productivos, el equipo redactor no duda en delimitar toda la propiedad, incluyendo la subparcela A, pese a tener esta una pendiente superior al 50% para alcanzar los 10.000 metros cuadrados necesarios para la unidad apta para la edificación. El Plan Insular de Ordenación de La Gomera, pendiente de aprobación definitiva, mantiene este ámbito. ¿Por qué tanto empeño y tantas atenciones con este ámbito, aún incumpliendo la ley? ¿Estará relacionado con el hecho de que este ingeniero, es la única empresa, Estudio Gurugú SL a la que se han adjudicado los contratos de ingeniería contratados por el Cabildo Insular y su presidente actual durante años? ¿Será porque casualmente Alvamar Promociones e Inversiones SL, con CIF B 38453031, cuyo administrador único es José Juan Martínez Aparicio, es el promotor inmobiliario de la actual y reciente residencia de Javier Trujillo Bernal (edificio Ancor) en la capital de la Isla? ¿Cómo se acredita el pago del primer proyecto técnico de los hoteles? ¿Será porque es promotor inmobiliario con numerosas relaciones comerciales con Casimiro Curbelo?”.
Caserio de Aluce
Sobrecoge esta ampliación de la denuncia que ilumina pasajes de la inicial y anterior en el tiempo. Tras analizar el primer ámbito, ahora entra en el TA-19, conocido como el caserío de Aluce, “coincidente con la propiedad de un conocido empresario y contratista más que asiduo al entorno económico del Cabildo Insular (familia Arteaga Alvárez), fue expresamente eliminado como como ámbito turístico mediante el decreto 56/03, de 30 de abril, por el que se aprueba definitivamente y de forma parcial, el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera. Pues aún así, pese a ser eliminado expresamente por la Cotmac y el consejo de Gobierno, el mismo equipo redactor, bajo las instrucciones del ex consejero insular y su presidente, insiste en su inclusión como ámbito turístico en el Plan Insular de Ordenación de La Gomera, pendiente de aprobación definitiva, pese a los informes desfavorables de la Cotmac”.
Y aquí viene lo más duro de la denuncia: “¿Por qué tanto empeño? ¿Será porque el 3 de diciembre de 2004, Fortunato Segundo Arteaga Castilla, apoderado de la empresa Construcciones y Promociones Ramón Arteaga SL, con CIF B38795365, constituye la empresa Chewy West SL, CIF B38795365, con un capital desembolsado de 889.000 euros y apenas dos meses después, el 18 de enero de 2005 se nombra a Casimiro Curbelo Curbelo, administrador único de la citada empresa, con domicilio social en la Avenida Quinto Centenario, s/n, 3ºB, edificio Mango (residencia habitual del presidente en San Sebastián? ¿Será por las innumerables obras de dudosa adjudicación a la empresa Construcciones y Promociones Ramón Arteaga Alvárez SL?”.
Ámbito Barranco de La Villa (TA-21)
Todas estas aseveraciones están fundamentadas, cada una de ellas, en documentación que se ha aportado a la Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife, la misma que abrió diligencias en el juzgado de instrucción número uno de San Sebastián de La Gomera. La ampliación, presentada el 21 de noviembre del año pasado, habla del ámbito TA-21 más conocido como Barranco de la Villa, el cual, “incluye varias parcelas, desde la 88 del polígono 14, contiguas y en paralelo al cauce del barranco, hasta la ermita. Entre los propietarios de este ámbito merece destacarse a Antonio Manuel Pérez y Pérez, conocidísimo médico y promotor en la Isla, además de antiguo amigo y socio, y posterior enemigo del presidente del Cabildo (recuérdense caso Plan Parcial Santa Ana, en el municipio de Alajeró, también en tribunales). Curiosamente, “amigo” de nuevo tras varias acusaciones, querellas, y propietario de parte del ámbito de turismo asimilable denominado TA-21”.
Más datos comprometedores en relación a este médico que curiosamente “es el promotor inmobiliario de la residencia habitual de Casimiro Curbelo Curbelo (un envidiable ático en el edificio Mango frente al parque de la Torre del Conde, así como un piso anexo, garaje), además de otras propiedades de este último en un edificio colindante del mismo promotor (cuatro magníficos áticos). Además figuran como otros propietarios a destacar: Santiago Elías Martín Francisco, secretario accidental del Cabildo y cuñado del hermano del ex consejero de Política Territorial y de nuevo José Juan Martínez Aparicio, el ingeniero, aunque posteriormente vendió la propiedad”.
Ámbito Barranco de La Villa
Seguimos desgranando esta ampliación de la denuncia inicial que lleva meses en manos de la Fiscalía. Esta vez le toca al ámbito Barranco de la Villa, “no contiguo al ámbito TA-21,. coincide exactamente con las parcelas 233 y 439 del polígono 14, El Escobonal, de San Sebastián de La Gomera, propiedad de Antonio Manuel Velásquez Herrera y hermano, respectivamente. El primero, jefe de servicio de Obras Públicas del Cabildo Insular de La Gomera, responsable de las contrataciones en la corporación”.
Asegura la denuncia que la “parcela 233 propiedad del técnico insular, de 5.333 metros cuadrados, aún no presentando superficie suficiente para alcanzar los 10.000 metros necesarios para la Unidad apta para la Edificación, el equipo redactor, de nuevo, no duda en delimitar la propiedad de su hermano, 4.914 metros cuadrados a efectos de computar la superficie necesaria pese a no ser terreno productivo. Una vez más el equipo redactor no advierte el incumplimiento del artículo 95 del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera que establece como ámbitos no aptos para las actividades turísticas los terrenos colindantes con los cauces públicos. La parcela rústica del jefe de servicio oferta su venta en la empresa Servicios Inmobiliarios Integrados Huracán SL (también casualmente propiedad del mencionado ingeniero). Además, es el propietario del solar donde el mismo ingeniero está realizando la construcción y promoción de viviendas en el edificio Velásquez”…
* El Digital de Canarias - San Sebastián de La Gomera (La Gomera) - 22-02-2008
Foto: San Sebastian de la Gomera (Canarias) - Oliver Raupach (wikipedia.org)
en
15.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
Denuncian al alcalde de Alcaucín por obras ilegales
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha denunciado al alcalde de Alcaucín, Juan Manuel Martín (PSOE), por la presunta concesión de licencias para viviendas ilegales en el municipio. Fuentes cercanas al caso indicaron que en la denuncia se apunta a un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido entre 2004 y 2006.
Al parecer, según las fuentes, el regidor habría autorizado una decena de licencias para reforma de viviendas, cuando en realidad se trataba de permisos para nuevas construcciones unifamiliares. Estas nuevas edificaciones se ubicarían en suelo no urbanizable, por lo que se considerarían ilegales.
Las fuentes explican que la legislación permite la concesión de permisos para reforma de viviendas antiguas, independientemente del tipo de suelo donde se ubiquen. De esta forma se pretendía avalar la legalidad de la licencia, pero realmente el permiso servía para levantar una casa nueva, relatan las fuentes.
El arquitecto municipal de Alcaucín también ha sido denunciado ya que, según las fuentes, sin comprobación alguna habría emitido informes favorables a las actuaciones.
En la denuncia se recogen diez expedientes urbanísticos que podrían ser ilegales, correspondientes a licencias concedidas desde 2004 a 2006.
La Fiscalía pide al juzgado competente de Vélez Málaga que abra diligencias de investigación por si estos hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio.
Gena Ecologistas en Acción ha presentado un centenar de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio, de unos 2.300 habitantes, y ha informado a la Fiscalía de determinadas actuaciones que podrían ser ilegales.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 15 de marzo de 2008
Foto: Alcaucín (Málaga) - E. GUZMÁN (Sur)
en
15.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Una empresa municipal alquila infraviviendas en El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : Alfonso Grau, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, calificó de "bulo" las referencias a una supuesta práctica de alquiler de infraviviendas desde la empresa municipal Cabanyal 2010, encargada de comprar el máximo de viviendas en el área afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio. No era un bulo.
En la calle de Sant Pere, estrecha y paralela al mar, que se transformará con el proyecto al que el Tribunal Supremo dio el jueves luz verde para que el Ayuntamiento pueda ejecutarlo, hay cuatro viviendas alquiladas por Cabanyal 2010 que no pueden llamarse así.
No son las únicas. Decenas de familias tienen desde hace meses en El Cabanyal un contrato de arrendamiento de la empresa mixta constituida por la Generalitat, el Ayuntamiento y varias empresas, por el que han tenido que depositar una fianza. Sin embargo, el contrato no ha servido en algunos casos para poder empadronarse, ya que los habitáculos alquilados son, por ejemplo, almacenes.
Las viviendas que ya han abandonado los que fueran sus propietarios, tras venderlas a Cabanal 2010, son puestas en el mercado hasta que se ejecute el derribo de los inmuebles. Hay alquileres que alcanzan los 250 euros. En una de esas viviendas, un jubilado, con 312 euros de pensión, cobija a cuatro de sus descendientes, entre ellos a tres menores. En menos de 20 metros cuadrados se amontonan cuatro camas. No tienen luz, no tienen agua, no tienen ventilación, las paredes están llenas de humedad y el suelo es de cemento plagado de agujeros. Desde hace ocho meses este jubilado malvive con la autorización del Ayuntamiento. Afectados por el proyecto acusan a la alcaldesa, Rita Barberá, de haber deteriorado el barrio.
"He sido un hombre honrado, un buen trabajador. Se lo di todo a Unión Naval de Levante. He sacado adelante a cinco hijos. Mi mujer ha trabajado día y noche para cuidarlos. Ahora, con 63 años, sin poder casi andar, con una hija enferma de los nervios, de la que nos tenemos que hacer cargo, un nieto huérfano que vive en casa, y otro hijo que ha tenido que venirse a vivir a casa, con 580 euros de pensión, doña Rita quiere que me vaya y me hipoteque". Basilio Muñoz vive en la calle de Sant Pere, en el tramo de El Cabanyal que desaparecerá. La planta baja del número 81 de la calle es suya desde hace 17 años.
"La compramos por ocho millones de pesetas. Nos dan 50.000 euros por ella. ¿Es éste el único lugar en el que la vivienda no ha subido? ¿Creen que somos estúpidos? No, señora, somos pobres, no tenemos estudios, pero la alcaldesa tiene que saber que no somos tontos", afirma Basilio, que deja escapar su rabia mientras en una mano sostiene un papel. "Fíjese, doña Rita me dice que me echa de mi casa mientras me pasa el recibo para que pague 70,90 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles". María, su mujer, por detrás, añade: "Necesitamos una casa, no somos perros. Toda nuestra vida la hemos pasado entre Natzaret y El Cabanyal, ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué?".
La respuesta es una avenida que prolongará Blasco Ibáñez hasta el mar, un gran proyecto con la firma de Rita Barberá que ha logrado luz verde del Tribunal Supremo. 1.652 viviendas se verán afectadas. Diez años de pleitos no han servido para que el valor histórico y cultural del barrio, con una trama urbanística singular, haya salido reforzado. Los vecinos se han desgastado, dividido en algunos casos. Y en ese tiempo, el abandono del barrio por el Ayuntamiento ha servido para que se instalen familias marginales que en algunos casos han quebrado una convivencia casi familiar.
Casi todos recuerdan que el barrio era otra cosa. "Aquí las puertas estaban abiertas, todos nos conocíamos, los chiquillos iban de casa en casa, se hacían fiestas. Claro que todos esos drogadictos que hay aquí deberían desaparecer", se exclama Francisca Cubells, una mujer menuda, nacida en la calle de Escalante, muy cerca del lugar que tuvo que abandonar hace pocos meses, la que fuera su casa de toda la vida en la calle de Sant Pere. "Por mí, que venga la avenida y lo que quieran, pero nosotros necesitamos una casa. Tengo miedo, me quedaré en la calle. Tengo 84 años, una pensión de 800 euros, soy viuda, me echaron de la casa donde vivía y a cambio me dieron 50.000 euros. Me mandaron a las nuevas viviendas de la avenida de los Naranjos. ¿Qué compraba yo con ese dinero? Nada", relata mientras recorre a paso lento un camino, el del mercado, que conoce de memoria y que la pone al día de cómo palpita el barrio. Ahora, aunque está más lejos, mantiene esa rutina. "Mi hijo ha tenido que pedir un préstamo para la nueva casa que me ofrecieron. No sabemos si se lo darán. Mientras tanto, pago un alquiler de 375 euros, que con los gastos sube a 500. No tengo nada. Estoy aturdida, enfadada y con mucho miedo. Nunca pensé que me vería así. Menos mal que mi marido, el pobre, murió antes de que esto pasara, hace tres años".
Pedro Anrrubia, de 81 años, y Cati Torres, de 80 años, también viven en la zona que sólo quedará en la memoria. Sólo él tiene pensión. No quieren ni oír hablar de que los manden a La Coma o a cualquier otro sitio. Su única alternativa viable es una casita en una aldea cerca de Anna, sin médico, sin tiendas. "Es como un destierro". Lo mismo les ocurre a José Montañana, que trabajó siempre en cervezas El Águila, y a su mujer, Encarna Baltrina.
La mayoría de los afectados son gente mayor, con escasos recursos. Pero también están Lola, Maite, Ana, Rosi, José y Vía. Son gente joven, que eligió el barrio por su ambiente popular y sus características. Han comprado casas, las han reformado, se han implicado con la cultura, con los vecinos y los hábitos de El Cabanyal. Están dispuestos a resistir.
Maribel Domènec, vecina del barrio y profesora en la Universidad Politécnica de Valencia, resume ayer el sentimiento de los afectados: tras la sentencia del Tribunal Supremo "Nos hemos quedado solos".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 15/03/2008
Foto: Valencia, el Cabanyal un barrio partido en dos - S.Carregui, elpais.com
en
15.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
"Dentro de 20 años habrá nostalgia de los 'okupas"
ELPAÍS/Barcelona* : Los textos que componen el ensayo La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del 'modelo Barcelona' (Catarata) representan para su autor, el antropólogo Manuel Delgado, una carta de amor a la ciudad, aunque el lector desprevenido podría pensar que hay amores que matan. El autor lamenta la exclusión que, a su juicio, se da en la capital catalana, a la que retrata como un producto comercial para los que tienen dinero.
ENTREVISTA
Pregunta. Habla del modelo Barcelona como si diera la espalda a los problemas de los ciudadanos. Si la situación es tan grave, ¿por qué no hay un movimiento de protesta?
Respuesta. No creo que sea un modelo que dé la espalda a la ciudadanía, sino a la vida. A cualquier cosa que de una forma u otra se escape de los estrechos mapas mentales de los que mandan y administran. Con odio, detestan a todo lo que es espontáneo y vibrante. Las autoridades han convertido sus políticas en una maquinaria antipasional. Evidentemente no hay una respuesta articulada de los ciudadanos, ni en esto ni en nada.
P. Una de las críticas más duras de su libro: en Barcelona se criminaliza la pobreza.
R. En primer lugar, tener una renta baja te excluye automáticamente. No es que la pobreza se criminalice en primera instancia, sino que se la expulsa.
P. Asegura que las autoridades recurren a los okupas para echarles la culpa de todo.
R. Los okupas pertenecen a la tradición insumisa de toda la vida de Barcelona y eso no se borra de un plumazo. En realidad, para ir bien las cosas, tendrían que ser los mossos los que okuparan (ríe). Pongo las manos en el fuego de que dentro de 20 años, no diré que vamos a levantar un monumento a los okupas, pero se hablará de ellos con nostalgia, de la misma manera que ahora hacemos todos el elogio de aquel apogeo de la kale borroka que fue el Mayo del 68 parisino.
P. Lo que parece haber abandonado el Ayuntamiento es aquello de los grandes acontecimientos que cambiarán el mundo...
R. Estamos en 2008 y todavía queda reciente eso del Fórum del 2004... No se puede montar un gran congreso eucarístico cósmico cada cuatro años. Se tendrán que tomar su tiempo... Por cierto, ¿el Fórum se celebró finalmente, porque no estoy muy seguro?
P. Pregúnteselo a los urbanistas.
R. En realidad, se trata de una cosa muy sencilla: los urbanistas deben planificar la ciudad, pero no la vida urbana. Por lo tanto, que nos dejen un poco en paz y, como mínimo, un rincón para montar una hoguerilla en San Juan. Hoy el urbanismo y la arquitectura están al servicio del mercado. Quien manda en Barcelona es el mercado.
P. Por lo tanto, si es así, en Barcelona no pasaría nada que no pase en el resto del mundo.
R. Pero hay una cosa singular: el énfasis publicitario. Barcelona se exporta literalmente como un producto comercial, como una marca registrada con la que se quiere vender una forma de civilidad que se asienta en el conformismo de la mayoría.
P. ¿Quiere decir que la mayoría de los barceloneses ha participado de cierta autocomplacencia que tuvo su momento álgido en los Juegos Olímpicos del 92, cuando parecía que todos éramos voluntarios?
R. Eso es legítimo. Yo amo Barcelona y puedo ser todo lo chovinista que me dé la gana. ¿Pero cuánto ha durado aquella ilusión de los Juegos Olímpicos? Hoy esa complicidad no la encuentras en ningún sitio.
P. El problema de la vivienda es un motivo recurrente en su libro. La palabra de moda: gentrificación. ¿En qué consiste?
R. En el reemplazamiento de una población popular por un vecindario de clase media. Es algo que no se ha intentado sólo en el Raval. Ahora lo atractivo es vivir en Poblenou. Dentro de poco, en la Barceloneta. Y sólo es el principio, porque las mejores vistas de Barcelona están en barrios como el del Carmel.
P. Pues al final no va a quedar sitio para guetos.
R. Los discursos antiguetos sirven para no hacer vivienda social. En el fondo se quiere evitar que los pobres se junten. Así de sencillo. Es como la política de dispersión de presos, pero aplicada a los pobres. Como consecuencia se genera un fenómeno de barraquismo invisible. En Barcelona hay barraquismo, aunque no sea aquel histórico que logramos vencer. El barraquismo de la actualidad se encuentra en los pisos patera o en las pensiones ilegales en las que se hacinan decenas de personas.
P. ¿Su discurso crítico es también nostálgico?
R. Eso sería el tipo de interpretación más reaccionaria de un punto de vista crítico como el mío. Nadie con sentido común puede tener nada en contra de que cambien las ciudades. Las ciudades cambian. Como diría Baudelaire, más que el corazón de un mortal. No se puede añorar una Barcelona que en realidad nunca existió. El mismo Barrio Chino fue un invento literario y romántico. Pero en realidad, Barcelona no ha cambiado. De eso es de lo que me quejo. La ciudad sigue estando en las manos de las mismas familias de siempre.
P. Cultura oficial o a la calle. Es otra de sus conclusiones, ¿no?
R. El arte y la cultura son hoy excusas con una matriz que no deja de ser en cierta manera religiosa. Los grandes templos de la cultura son como catedrales en las que supuestamente están la belleza, la verdad... Dan la idea de que lo que rodea a esas macroinstituciones no vale nada. Donde ahora están el CCCB y el MACBA, antes había la vida de la gente de la calle. Entre esa cultura y la vida, me quedo con la vida. La cultura que nos venden es un puro exorcismo, es el mecanismo con el que se quieren expulsar los demonios de la ciudad.
P. Se está poniendo un poco apocalíptico...
R. Es que la cultura se utiliza para hacer la ciudad más digna, selecta, pura y elevada. Como si nuestras miserias cotidianas quedaran redimidas al entrar en un centro cultural, donde recibimos una bendición que nos convierte en más sensibles e inteligentes. En el fondo, todo está pensado para hacerte creer que tu vida fuera de aquel recinto no vale una mierda. A las instituciones les interesa sólo la cultura que da dinero o prestigio, pero la creatividad de tanta gente que trabaja a ras de suelo no les importa para nada. El dinero se va en la cultura-espectáculo y en la cultura-mercancía. A los demás: desalojo.
* ELPAIS.com - ISRAEL PUNZANO - Barcelona - 15/03/2008
Foto: Barcelona, lujo y miseria, plaza de Les Glóries - L.Tusell, adn.es
en
15.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Cataluña
¿Hacia dónde nos dirigimos? El caso de los Merinos
MANUEL J. ORDÓÑEZ RUÍZ* : Hace ya casi un año llegué a mi casa de Ronda (Málaga), y como suelo hacer los fines de semana que vengo por aquí, solté mis maletas y me fui a dar una vuelta. Todo iba como siempre hasta que torcí la esquina en busca de la calle principal y me crucé con una niña de unos quince años que bolígrafo en mano pedía nuestra firma a favor de la construcción del complejo urbanístico de club de campo y golf de los Merinos.
Aquel instante, marcó el punto de inflexión por el que ahora (después de descubrir todo el entramado de corrupción e inmoralidad económica, social y por supuesto ecológica que el dichoso complejo implica) me dispongo a resumiros un poco todo lo que he ido averiguando…
Desde hace años, los políticos de esta ciudad malagueña parecen haberse empeñado en destruir lo más valioso que tenemos, la naturaleza. Las intentonas han sido tan absurdas como continuas, pero la cuestión es que hasta ahora el atisbo de cultura que asomaba por nuestras aceras había conseguido nivelar la balanza frente a proyectos tan abstractos como el de construir una urbanización de lujo frente al Tajo. Sin embargo, una vez más en la historia, el capital ha vuelto a ganarle el pulso a la razón, y parece que esta vez, los cuatro personajillos especuladores de siempre han visto buen negocio en la destrucción de un ecosistema único en nuestro país.
El proyecto nace allá por 1994, y consistía en la construcción de un pequeño campo de entrenamiento en el cual, vaya usted a saber porqué, la junta vio una magnífica oportunidad para engordar el dichoso PIB.
Sin embargo se le dio carpetazo al asunto y todos nos habíamos olvidado de aquello hasta que hace un par de años y como surgido de la nada el ayuntamiento de Ronda lanzó su casi divino macro proyecto de “Club de Campo y Golf de Ronda” la sociedad, compuesta por multitud de empresas en su mayoría constructoras y encabezada por el polémico empresario valenciano Jorge Juan Flor Gallén (compañero de negocios de Salvador Palop Martínez, ex concejal del PP en Valencia procesado durante el caso Naseiro por un cohecho destinado a obtener comisiones ilegales para financiar al PP) afirmaba contar con el apoyo gubernamental en la construcción de un complejo privado de 8 millones de metros cuadrados entre cuyas instalaciones (agarraos) se hayan 341 viviendas de lujo, 442 fincas de 7.000 metros cuadrados de media cada una, varios hoteles de lujo, dos campos de golf completos de 18 hoyos (nada de campos de entrenamiento), un club hípico, y otro de tenis y padel.
Las alarmas no tardaron en saltar entre el pueblo que no llegaba a comprender como se iba a permitir la tala de 8 millones de metros cuadrados de encinares de una finca forestal de la Serranía de Ronda, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y como era de esperar, junto a dichas alarmas comenzaron a brotar las forzadas disculpas ante las posibles mal interpretaciones de la supuesta aprobación del proyecto.
Según se predicaba en la televisión local era cuestión de “retoques meramente burocráticos” de no demasiada trascendencia.
Pero la realidad es que tanto la Junta de Andalucía, como los distintos partidos políticos a escala nacional habían manifestado su descontento ante un proyecto que consideraban inviable. Mientras, sus compañeros locales predicaban lo positivo que sería para Ronda.
Observemos por ejemplo:
-En el informe que el Partido Popular presentó a finales de noviembre del año pasado con 55 “casos de corrupción urbanística en Andalucía” se incluye la construcción del macro-complejo turístico de la finca de Merinos Norte, en la Serranía de Ronda.
-Al mismo tiempo la operación inmobiliaria cuenta con el apoyo y la implicación directa de destacados dirigentes de este mismo partido en Ronda: el concejal de Urbanismo, el ‘popular’ José Herrera, es el principal valedor político del complejo.
Por supuesto el Ayuntamiento se encargó junto a la sociedad en cuestión de que dichos vientos no llegaran a oídos de la calle, y los meses posteriores fueron un continuo flujo pro-golfista, en el que, de golpe y porrazo, todo fue subvencionado por la sociedad de Club y Campo de Golf, sus carteles publicitarios comenzaron a lucir en las fachadas de los más “distinguidos” negocios de la ciudad, y en los supermercados, las peluquerías, y en la cola del banco los tonos de incomprensión se evaporaron casi mágicamente…
Al más puro estilo dictatorial, el ayuntamiento había conseguido todo lo que necesitaba: con el control de la información (el dueño de la televisión local es uno de los inversores en el proyecto, y el periódico local ha manifestado su total simpatía a lo largo de sus candidaturas por Antonio María Marín Lara actual alcalde y miembro del Partido Andalucista) ahora contaban con una población desinformada, en cuyas cabezas habían logrado implantar una única y por supuesto equivocada idea, la del crecimiento de nuestra ciudad mediante la creación de puestos de trabajo, es en ello en lo que resumidamente me centraré a continuación, pero antes dejadme contaros el final del cuento.
La cuestión es que los meses fueron muriendo entre polémicas, se convocó una manifestación en contra de los campos de golf en la que cientos de vecinos de Ronda y su comarca rogaban clemencia en nombre de la razón, en la que se rogó la inmediata paralización de unas obras que no sólo machacarían el ecosistema malagueño, y supondría un gravísimo problema de escaseo de agua que hoy por hoy la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, sigue recalcando “La Cuenca Mediterránea Andaluza no puede garantizar en estos momentos que las viviendas que se van a construir en el complejo Los Merinos, en Ronda puedan tener un suministro de agua de calidad y el complejo podría provocar el agotamiento de un acuífero que abastece a los municipios de Cuevas del Becerro y Arríate” sino que además supondría machacar la lógica democrática de quienes realmente saben del tema a manos de un grupo empresarial que ha comprado la voluntad de quienes no han tenido la oportunidad de comprender todo este numerito especulativo o simplemente han preferido fabricarse una venda de moneditas que ciegue su conciencia. Por supuesto el ayuntamiento nunca acepta una derrota, y pensaron que quizá el mejor contraataque fuese llenar las calles de la ciudad con carteles Pro-Golfistas durante la manifestación, que fueron aplaudidos por los componentes de APYMER (Asociación de Pequeñas Y Medianas Empresas de Ronda) a los que se les ha prometido comer perdices con los cuatro duros que ganarán si dejan que ellos se forren a su costa, y a la semana organizaron su propia manifestación.
La dura realidad es que en este preciso instante las obras siguen hacia delante, y no se sabe como, la empresa ha conseguido todos los permisos necesarios para arrasar ocho millones de metros cuadrados de encinares declarados reserva de la biosfera, y lo que es peor, ha logrado que los habitantes hayan tomado como certeza una mentira y ahora nos tachen de “idealistas” o “soñadores” a todos los que como yo, ahora mismo gritamos no a la inconsciencia económica y natural y nos preguntamos: ¿Hacia donde nos dirigimos?.
Siendo lo más breve posible os propongo despojaros de cualquier juicio de moral y conciencia ecológica, aunque sea por un segundo transformémonos en ese personajillo maximizador de utilidades de la economía ortodoxa, supongamos que simplemente queremos mejorar y hacerlo a toda costa:
Tan sólo les rogaría a todos los que se empeñen en defender las líneas de crecimiento de la costa del sol que acudan a tratados de economía sencillitos para darse cuenta de que el proceso de desarrollo y crecimiento económico español es incompleto, y lo es, en definitiva por el gigantesco déficit que tenemos en el ámbito industrial, no por la marea de oferta de sector servicio que encontramos en nuestro estado.
Pero la realidad es que el PIB parece ser lo único que cuenta, y los políticos y charlatanes de turno parecen haberse aprendido bien las dichosas siglas, y hoy por hoy parece que todo está permitido para incrementarlo, cuando la realidad es que este es un dato, no un dogma.
Si para medir un concepto tan amplio como es el crecimiento de una nación queda más bien escaso hablar sólo de producción de bienes y servicios, resulta absurdo creer que dicho dato puede reflejarnos la situación de una nación en general, a pesar de no tener en cuenta indicadores tan básicos como la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, de educación, de prioridades humanas o el índice de desarrollo sostenible.
Utilizando un ejemplo del profesor Juan Torres López (Catedrático de economía de la facultad de derecho de la U.M.A. y uno de los pocos expertos en esta ciencia que han levantado su voz en Ronda):
Derribando todos los monumentos de una ciudad incrementamos su PIB (creamos puestos de trabajo con quienes se ofrezcan a hacerlo y compramos maquinaria), arrasando 8 millones metros cuadrados de naturaleza también lo haremos crecer, pero, ¿es así como realmente queremos hacerlo?
* Rebelión - Manuel J. Ordóñez Ruiz - 15-03-2008
en
15.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Una sentencia declara ilegales 52 pisos, la mayoría ya vendidos, en Fisterra
LAVOZ/A Coruña* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso - Administrativo de A Coruña considera ilegal la obra de 52 viviendas de una promoción construida por el grupo inmobiliario Lábaro en Fisterra. El fallo judicial no responsabiliza a la promotora sino al Ayuntamiento, por considerar que la licencia dada el 28 de octubre del 2004 para la construcción de dos edificios frente a la playa de A Langosteira es nula de pleno derecho.
La sentencia responde a un recurso presentado por la Xunta después de que el Concello no acatase el requerimiento de revisión de varias licencias -que afectan a cerca 400 viviendas- que la Dirección Xeral de Urbanismo consideraba ilegales, por no cumplir las parcelas los requisitos necesarios para poder urbanizar. El Ayuntamiento fisterrán no acató el requerimiento y el Gobierno gallego presentó cerca de una decena de recursos, uno por cada promoción que consideraba ilegal. En total, 400 viviendas.
Un primer fallo judicial permitió a la mayor parte de los promotores seguir con las obras mientras no hubiese sentencia firme. Casi todos los proyectos inmobiliarios cuya legalidad se dirime en los tribunales están ya finalizados y muchas viviendas, como las del grupo Lábaro, vendidas y habitadas.
La sentencia considera que, «en la fecha de concesión de la licencia, la parcela carecía del grado de urbanización necesario como para merecer la consideración de solar, pues si bien en el momento en que giró visita [el arquitecto designado por el Juzgado] a las edificaciones ya se contaba con todos los servicios urbanísticos, no existía en el momento de la concesión de la licencia el saneamiento, como tampoco funcionaba la estación depuradora».
Por todo ello, el juez considera que el área «o bien no tenía la consideración de suelo urbano o (en el caso más favorable), no se presentó proyecto de urbanización, lo que suponía que tuviera que haberse accedido a la pretensión de revisión de oficio». El texto dice también que «se debe sumar la discordancia de ese conjunto edificatorio con el que presenta la zona, de edificios bajos unifamiliares, lo que supone el grave incumplimiento urbanístico advertido». Así, el juez admite el recurso de la Xunta y anula la licencia aprobada por el Ayuntamiento.
El mismo juez
Hace una semana, el mismo juez emitió un fallo similar con respecto a otro edificio, de 88 viviendas y construido por Plaza Gardens, que también está ya finalizado y habitado.
En total, 130 pisos que quedan fuera de la legalidad y que podrían acabar demolidos.
El alcalde muxián aseguró que recurrirá las dos sentencias e insiste en que el Concello cumplió escrupulosamente con las normas subsidiarias en vigor, en las que la zona aparece calificada como suelo urbano.
Los servicios, como el saneamiento, que aún estaban sin acometer cuando se iniciaron las obras -dice el regidor- estaban previstos desde el año 2002, cuando fueron aprobados por la Diputación.
* La Voz de Galicia - Eduardo Eiroa - 14/3/2008
Foto: Fisterra - XESÚS BÚA, lavozdegalicia.es
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Más de un centenar de personas protesta contra Gran Scala y Biel
ELPERIÓDICO/Aragón* : Un centenar de personas aproximadamente se concentró ayer por la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para expresar su reprobación al Ejecutivo aragonés, especialmente al vicepresidente, José Ángel Biel, por la gestión del macro proyecto Gran Scala, ya que "no es capaz de ver más allá de recoger dinero", según informó Efe.
La Plataforma contra Gran Scala sostiene que el Gobierno de Aragón modificará leyes en detrimento de los intereses de los ciudadanos para favorecer los intereses empresariales de la promotora que quiere instalarse en Monegros, y presenta este parque de ocio "como el maná", cuando en realidad "no hay nada, solo humo", indicó una portavoz de esta asociación, Maribel Martínez.
"Nos avergüenza tener un vicepresidente como Biel, y también el resto del Gobierno, empezando por el señor Iglesias", aseveró la representante. Esta plataforma es la principal asociación opositora a la instalación del macrocomplejo de ocio y juego.
El colectivo había convocado una concentración en el centro de Zaragoza que congregó cerca de un centenar de personas que coreaban consignas como Monegros no se vende, Gran Scala, gran estafa y portaban pegatinas con el lema: A ´cascala´ Gran Scala. Este complejo de ocio que se ubicará en la comarca de Los Monegros conllevará "basar" el desarrollo de Aragón en el juego, cuando hay otras cuestiones "importantes para la comunidad que se deberían potenciar", reseñó la portavoz, quien apuntó a la agricultura o el desarrollo de la industria como posibles alternativas.
"El monocultivo del juego no va a ser el futuro de Aragón, y el señor Biel se equivoca y tiene que anteponer los beneficios y derechos de los aragoneses", añadió la portavoz, quien denunció el gran impacto medioambiental que vivirá esta zona de Aragón.
En este sentido, Martínez anunció que la Plataforma contra Gran Scala proseguirá con concentraciones periódicas y prevé organizar una manifestación, con fecha aún por determinar.
* El Periódico de Aragón - 14/03/2008
Foto: La plataforma ´Stop Gran Scala´ se concentró en el Paraninfo de la universidad/ CHUS MARCHADOR, elperiodicodearagon.com
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Aragón
Telde: El juez imputa a la ex concejala Torres por blanqueo de capitales
EFE/Gran Canaria* : El juez que instruye el "caso Faycán", sobre una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), imputó ayer a la principal acusada de este sumario, la ex concejala de Obras Públicas María Antonia Torres, a la que algunos consideran como el cerebro de gran parte de esta trama, por un presunto delito de blanqueo de capitales, según informaron fuentes judiciales.
María Antonia Torres se negó ayer a declarar ante el juez de instrucción número 3 de Telde, Javier García García-Sotoca, quien la había citado a declarar por la mañana, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Además de imputar a la ex concejal por blanqueo de capitales, el juez añadió contra Torres una nueva acusación, un delito contra la ordenación del territorio, mientras que le retiró las imputaciones que había mantenido anteriormente contra ella por los delitos de tráfico de influencias y alteración de precios.
34 imputados
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde investiga desde hace dos años el caso, en el que figuran como imputados más de 34 personas, entre ellos el que fuera alcalde del municipio de Telde, Francisco Valido (elegido como primer edil en las filas del Partido Popular), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso en el que están implicados varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.
Entre los ediles figura la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas y ex diputada autonómica por la formación conservadora María Antonia Torres, así como las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López.
Las investigaciones de lo que se da en llamar "caso Faycán" se iniciaron en julio del año 2005 después de que el representante legal de una empresa denunciase que la concejalía de la cual era titular Torres le había exigido el pago de una comisión de hasta el 20 por ciento del presupuesto de la obra pagada con fondos municipales y a cuya adjudicación aspiraba.
Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron presuntamente favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al consistorio.
* El Día - EFE - 14 DE MARZO DE 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
Tres investigados del 'caso Alhendín' controlaban doce empresas y más de 70 cuentas bancarias
IDEAL/Granada* : La Policía Nacional ha entregado un informe de 34 páginas sobre el patrimonio y las empresas de 14 investigados en el 'caso Alhendín' por la supuesta trama de corrupción en Alhendín. El estudio constata que los implicados habían montado una descomunal trama de sociedades por donde circulaba el dinero unas veces con mayor control que otras.
Según el propio informe, algunos de los investigados declaraban una cantidad aislada por una venta mientras la empresa o particular con los que hacía el trato expresaba otra diferente, normalmente superior. Le ocurre al ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, detenido en marzo de 2007. Con la circunstancia añadida de que aparecen ingresos a nombre de algunas entidades que tenían suelo en el pueblo y estaban metidas en proyectos urbanísticos.
Pero no es un fenómeno aislado. Los peritos y el juez tendrán que analizar a qué obedecen tantos movimientos y el destino de los terrenos que se compraron y vendieron entre 2003 y 2005. La red es descomunal: sólo tres de los investigados -el ex concejal, el ex alcalde, José Guerrero, y uno de sus hermanos- controlaban al menos 70 cuentas bancarias y una docena de empresas. Y eso suponiendo que casi la mitad de las cuentas estuvieran compartidas.
Manuel Fernández figuraba en 2003 en 17 cartillas bancarias; en 2004 consta como titular y beneficiario en 20 y en 2005 en 19. El alcalde aparece, entre titular o autorizado, en 25 cuentas en 2003, en 30 en 2004 y en 29 en 2005. Uno de sus hermanos está presente en 33 cuentas en 2003, en 52 en 2004 y en 37 al año siguiente. Además, los hermanos Guerrero comparten una decena de sociedades y el ex concejal de Urbanismo figura en dos empresas, una de ellas dedicada al ladrillo.
El informe policial también llama la atención sobre dos cheques de 12.000 euros cada uno en los que aparece Manuel Fernández. En el informe se destapan otras operaciones sin especificar conceptos de una investigada por importes de 8.495, 6.342, 4.543 y 3.100 euros
Varios de los implicados hacen tratos -a título particular o través de sus sociedades- con la empresa Frai, la promotora que construye los edificios que hay que desmochar para que pasen los aviones de la base. Una operación urbanística en la que los peritos han calculado que el Ayuntamiento 'perdió' medio millón de euros. La Policía apunta en 2004 una venta del ex alcalde a Frai por 115.454 euros. Uno de sus hermanos también recibe 115.454 euros de la empresa en otra operación.
Según el informe, el hermano Jesús es uno de los pilares económicos. Figura en 52 cuentas, ingresa 176.555 en 2004 y 153.000 en 2006, año en el que invierte 40.000 en un fondo inversión. Jesús aparece además como «transmitente» de un solar a Frai.
Áridos Guerrero es el buque insignia de la familia. La sociedad -según la Policía- experimenta un crecimiento espectacular entre 2003 -con una base imponible de 151.703 euros- a 2005 -con una base de 2.181.442 euros-. Áridos Guerrero figura como propietaria de 49 fincas de distintos tipos.
Una empresa de envergadura que en 2003 justifica sendos importes de 54.000 euros en concepto de compra de reactores nucleares en Holanda; otro de 82.800 en el mismo concepto y otra operación de 30.232 euros en Bélgica en sal, azufre, tierras, piedras y yesos.
* Ideal - Q. CHIRINO Y C. MORÁN - 14 marzo 2008
Foto: alhendin - ideal digital
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Bigastro: La juez imputa a los ediles que en 2005 aprobaron las subastas de La Pedrera
INFORMACIÓN/Alicante* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orihuela ha imputado a todos los concejales del PSOE de Bigastro del anterior mandato municipal en relación con un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos ligado a la adjudicación de parcelas rústicas municipales en el paraje de La Pedrera.
Según la denuncia, presentada por el PP local de Bigastro, en una misma sesión plenaria, el 8 de agosto de 2005, y a propuesta de la alcaldía, se adjudicaron 35.000 metros cuadrados a una empresa y se cedió el uso de otros 45.000 a la misma sociedad. A la vez se recalificaron de rústicos a urbanos las parcelas para un "complejo hotelero", sin mediar el procedimiento para modificar su condición de no urbanizables, competencia supervisada por la Generalitat, según la legislación.
En el marco de las diligencias previas 3062/2006 la juez Raquel Lacunza Ruiz pide en febrero, entre otros procedimientos, que declaren en calidad de imputados los concejales del PSOE que votaron a favor en el pleno de esa aprobación a Promociones Alicante Torrevieja S.L. A la imputación ya anunciada del alcalde José Joaquín Moya, se suma la del actual concejal de Cultura y Barrios, José Espinosa Espinosa y Mari Carmen Grau Espinosa, que dejó su cargo de teniente alcalde el pasado mes de octubre. A éstas se añaden la de los ex ediles Maria Jesús Torres García, Juana Ortiz Ferrer, Maria Francisca Nortes Hernández y José Julián Sánchez Martínez.
En esencia la denuncia relata que se adjudicó la subasta de suelos rústicos para realizar una actuación urbanística "encubierta" sin la supervisión de la Generalitat sobre 35.000 m2 y la cesión de otros 45.000 m2 por 50 años a la misma sociedad para hacer un campo de golf de "reducida superficie". A cambio el municipio obtuvo 2,1 millones de euros de la empresa constructora. La Genealitat paralizó la actuación.
Entre otras supuestas irregularidades administrativas el acuerdo se aprobó en el pleno municipal dos días antes de que se terminara el plazo legal para la presentación de plicas para optar a la subasta. Este periódico intentó ayer recaber la valoración del primer edil sobre este procedimiento.
Okupa
Por otra parte el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, opinó ayer sobre la polémica de la denuncia - que no ha sido retirada- del portavoz del PP, Aurelio Murcia, contra uno de sus socios por robo con fuerza, lesiones y allanamiento tras el derribo de una puerta de su vivienda. Moya dijo que Murcia es un "okupa" de esa vivienda. El alcalde, a pesar de aclarar que se trataba de un asunto personal, sugirió en Onda Cero que ese edil no debería dedicarse a los negocios y a la política al tiempo.
Un edil del PP testifica hoy
José Antonio Ricart, concejal del Partido Popular de Bigastro, ha sido llamado a declarar hoy en calidad de testigo en relación al otro procedimiento en el que también está imputado el alcalde José Joaquín Moya y que denunció junto a la militante de Los Verdes, Carmen Castaño ante la Fiscalía Anticorrupción. En esta denuncia, con diligencias de investigación número 251/2008, el juzgado intenta esclarecer entre otros hechos el supuesto uso de recursos materiales y humanos por parte del alcalde José Joaquín Moya para levantar un edificio en Vistabella (Jacarilla). La misma denuncia recoge supuestas irregularidades a la hora de conceder una licencia para un huerto solar en el paraje de La Pedrera a una empresa.
* Información - D. PAMIES - 14 de marzo de 2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
¿Ha influido la corrupción urbanística en las elecciones generales?
SER* : ¿Cuántas referencias han hecho los líderes de PP y PSOE durante la campaña electoral a la corrupción? ¿Cuántas medidas han propuesto para poner freno al desmán urbanístico? Ambos partido apenas han profundizado en este asunto en campaña electoral a pesar de que no son pocos los cargos públicos de uno y otro partido que están inmersos en asuntos judiciales por esta cuestión. El único que lo ha hecho, y de forma recurrente, ha sido Gaspar Llamazares.
Los resultados en los diferentes municipios arrojan resultados desiguales. En algunos el voto de castigo se ha hecho notar, en otros las formaciones en el poder han consolidado su mayoría. Estos son los casos más significativos:
En Castellón, Carlos Fabra, concejal y Presidente de la Diputación -del PP-, está imputado por presuntos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. El Partido Popular es la única formación que mejora los resultados respecto a 2004. Obtiene un 3 % más de sufragios.
En Totana, Murcia, el alcalde José Martinez Andreo está encarcelado por una trama de corrupción urbanística cuyo presunto cabecilla es el diputado del PP, Juan Morales. La participación ha subido al 85%, 14 puntos por encima de la media nacional. El PP ha obtenido resultados históricos, el PSOE ha bajado. IU, que denunció la trama cae en picado.
También en Murcia, en Los Alcázares, el ex alcalde, Juan Escudero, del PSOE, junto al arquitecto municipal, son los principales implicados en una trama de favores a constructores vinculados a la Operación Malaya. El PP ha subido 8 puntos. Voto de castigo para el PSOE, que baja 7.
Cerca de la capital, en Ciempozuelos, el alcalde Pedro Antonio Torrejón y el ex alcalde Joaquín Tejeiro -ambos del PSOE- fueron detenidos esta legislatura acusados de cohecho y blanqueo. Los electores han castigado a los socialistas que caen más de siete puntos. El PP ha subido ocho.
En noviembre de 2006, en Andratx, Mallorca, el alcalde Eugenio Hidalgo y el director general de urbanismo Jaume Massot, del PP, fueron detenidos acusados de blanqueo de capitales y delitos contra el territorio. Voto de castigo. Los populares han caido un punto y medio y los socialistas han subido casi cinco.
En Alhaurín El Grande, el alcalde popular, Juan Martín Serón, está acusado de los delitos de prevaricación y cohecho. La policia intervino en su domicilio 70.000 euros. El PP no se resiente en las urnas. Sube 11 puntos y el PSOE baja 9 respecto a 2004.
Además, en Seseña, en Toledo, Izquierda Unida denunció en Julio de 2006 que la Junta de Castilla la Mancha había favorecido al empresario Francisco Hernando que levantó 13.000 viviendas en un secarral del muncipio. La coalición ha caído cinco puntos en las generales respecto a 2004. El PSOE ha perdido siete y el PP ha subido 10 puntos.
Son sólo algunos ejemplos pero la lista es interminable. En los municipios de Telde o Mogán, en Las Palmas, el PP se ha visto envuelto en casos de corrupción. Sus resultados electorales han sido peores que en 2004 pero aún así han superado ampliamente al PSOE.
Esta información ha sido elaborada por las redacciones de Radio Madrid, Málaga, Murcia, Mallorca y Castellón.
* Cadena Ser - 13-03-2008
Foto: corrupción urbanística, viñeta
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO
Piden 10 años de inhabilitación para el alcalde de Humanes por prevaricación
MADRIDIARIO* : El fiscal del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuenlabrada pide diez años de inhabilitación para el alcalde de Humanes de Madrid, Adolfo Álvarez Sojo (CSH), por un "delito continuado de prevaricación" entre 1998 y 2001 al considerar que "fraccionó varios contratos de ejecución de obras a pesar de contar con reiterados informe negativos el secretario y el interventor del Ayuntamiento".
Estas actuaciones tenían como objetivo "disminuir la cuantía de la obra y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación de las mismas, impidiendo la participación de otras empresas", según reza el texto de la diligencia según el PSOE de la localidad, que fue quien presentó la denuncia.
Concretamente, Álvarez Sojo habría adjudicado diez obras por importe de 30 millones de euros a las empresas Consvial, S.L. y Jemecon, S.L. en 1998. Además, fraccionó 33 contratos menores de ejecución de las obras de la avenida Campohermoso y en el barrio de la Estación, ambas "con informes negativos del secretario y del interventor".
En el año 2000, y también con un informe negativo del secretario y prescindiendo del procedimiento negociado o concurso, el alcalde habría adjudicado asimismo directamente a la empresa Jemecon la realización de once obras menores en la misma zona.
Un año después, el alcalde procedió, según el PSOE, a fraccionar los contratos en la realización de las obras de la plaza Miguel Echegaray y Campo Hermoso. Una vez más las empresas adjudicatarias fueron Consvial y Jemecon.
Por su parte, el regidor negó este jueves que cometiese un presunto delito de prevaricación al fraccionar dichos contratos de obras, y afirmó que todas las operaciones de aquel entonces "contaron con el visto bueno" del arquitecto municipal y que fueron aprobadas en Comisión de Gobierno.
"Tengo la conciencia muy tranquila porque actué conforme a lo que me dijeron los técnicos municipales, ahorrando dinero al municipio y acelerando los trabajos", declaró.
Por otro lado, Álvarez Sojo atribuyó la petición del fiscal a "una denuncia política" de sus ex compañeros en el PSOE, que le expulsaron del partido en 2002. Por último, admitió que algunas de las adjudicaciones contaron con el informe desfavorable del secretario municipal o de Intervención, pero recalcó que en estos casos los firmantes de los informes "no visitaron las obras para verlas" y comprobar que la segregación estaba justificada.
* Madridiario - 13-03-2008 - MDO/E.P.
Foto: Humanes (Madrid) - madridiario.es
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Madrid
Valencia: La avenida partirá en dos El Cabanyal
ELPAÍS* : Rita Barberá podrá prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo. El barrio de El Cabanyal, en Valencia, con una planimetría singular protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) por la importancia de su trama urbana, quedará partido en dos por una gran avenida. 1.652 viviendas se verán afectadas por el que ha sido un proyecto emblemático del PP en Valencia, que ha tenido diez años de recorrido judicial y que levantó desde el primer momento oposición en diversos sectores ciudadanos.
Unos sectores a los que Barberá no se recató ayer en calificar como "izquierda radical".
Salvem El Cabanyal, plataforma cívica que agrupa a los damnificados por el proyecto, lamentó ayer la respuesta del Supremo y anunció que, si es posible, planteará un nuevo debate jurídico en el Constitucional. La sentencia del Supremo no estaba ayer redactada y solo se dio a conocer el fallo. Según fuentes de Salvem El Cabanyal, la resolución se fundamenta en que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, tras un exhaustivo estudio del asunto, ya se pronunció a favor del Ayuntamiento de manera razonada y, por tanto, no ha entrado a discutirlo.
Un portavoz de Salvem El Cabanyal afirmó que dos sentencias de 2007 sobre asuntos similares les servirían para plantear un recurso. Esa fue una primera afirmación, a falta de conocer el detalle de los argumentos utilizados por la sala del Supremo para respaldar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La plataforma celebró anoche una asamblea en el Teatre de Titelles la Estrella, ubicado en el popular barrio del distrito marítimo.
La oposición política expresó su respaldo a Salvem el Cabanyal ante la inminencia de la ejecución del proyecto. Muy distinta fue la reacción de la alcaldesa de Valencia, que se mostró satisfecha y afirmó que el fallo permitirá acabar con la "degradación" del barrio, cuya "culpa", señaló, ha sido "exclusivamente de la izquierda radical". Agregó que durante los 10 años de conflicto entre el Ayuntamiento y los afectados, "ha habido momentos de tremenda violencia". Barberá añadió que en sucesivas elecciones los vecinos de El Cabanyal han respaldado la intervención, en alusión a las reiteradas victorias electorales que el PP ha obtenido en esa zona de Valencia. La alcaldesa no quiso concretar una fecha para retomar el proyecto, pero sí se comprometió con los vecinos a que se comenzará "muy intensamente para poder avanzar" tanto en la prolongación de la avenida como en la recuperación de este barrio.
Por su parte, la portavoz socialista, Carmen Alborch, lamentó que el Ayuntamiento "no haya invertido en El Cabanyal y haya permitido que el barrio se deteriore". Y exigió el cumplimiento de la parte buena del proyecto: "La construcción de 70 equipamientos, la rehabilitación de 560 edificios y la construcción de vivienda pública".
La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta, expresó su rechazo al fallo. "No es una decisión justa. En lugar de dejar degradado todo lo que está alrededor, se tendría que haber reactivado la zona para que los vecinos tuvieran sus casas como toca, rehabilitadas y bonitas, y covertir este barrio en una zona entrañable de la ciudad de Valencia".
La asociación de vecinos Pavimar y el Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal Canyamelar (Indipcacc-Salvem El Cabanyal) recurrieron al Tribunal Supremo después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) diera la razón a Rita Barberá y le permitiera separar el barrio con la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Entonces, en 2004, con ocho votos a favor de los 11 miembros de la sala, el TSJ consideró que el proyecto urbanístico lograría "la mejora del barrio siendo respetuoso con él" y facilitaría "su integración en la ciudad". Para el TSJ, la protección por su condición de BIC (Bien de Interés Cultural) no fue una circunstancia que pudiera restar peso al "interés general". En aquel fallo, los magistrados reconocían las singularidades del barrio y también su deterioro. Precisamente, esas dos cuestiones fueron esenciales en el recurso plateado al Supremo.
Los afectados expusieron que el plan de reforma urbanística supone "un claro expolio del patrimonio histórico español", y con ello una vulneración de normas estatales específicas sobre patrimonio. El Cabanyal, barrio de pescadores, se unió a Valencia en 1897, se caracteriza por la particular disposición de sus calles, una trama urbana que discurre perfectamente paralela y perpendicularmente al mar, con algunos de los mejores ejemplos de arquitectura industrial del siglo XIX y con viviendas populares inspiradas en el modernismo. Eso le valió la declaración de BIC. Los tribunales han ignorado el valor añadido que encierra El Cabanyal. Su historia, su geometría urbana, no han contado para los jueces.
El proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, que presentó Rita Barberá hace 11 años afecta a 450 inmuebles. De ellos, un centenar están catalogados. Son 1.652 viviendas. Los derribos previstos, sobre los que hubo hasta el año pasado una suspensión cautelar excepto en la zona protegida, se extienden por 25.000 metros cuadrados de la parte del barrio declarada BIC y 100.000 metros cuadrados del total del conjunto histórico. 2.000 vecinos serán obligados a desplazarse. Todo eso, a cambio de la división en dos del barrio para dar cabida a una avenida de 48 metros, aunque la franja derribada alcanzará los 106 metros de ancho, y la construcción de edificios de cinco o seis alturas romperá claramente con la morfología característica de El Cabanyal-Canyamelar. El Supremo considera, como lo hizo el TSJ, que vale la pena.
Los afectados se reunieron anoche en asamblea en el Teatre de Titelles La Estrella. La convocatoria fue multitudinaria. Los vecinos esperan el detalle de la sentencia del Supremo y buscan una nueva forma de hacer frente a lo que consideran un ataque cultural y social para favorecer los intereses urbanísticos del Ayuntamiento del PP.
El PP, con el apoyo de los tribunales, defiende la actuación sobre El Cabanyal. Ayer se evidenció de nuevo. La oposición pidió responsabilidad a Barberá, para que el respaldo judicial no suponga una licencia sin límites. Isaura Navarro, de Iniciativa del Poble Valencià, afirmó: "La justicia está para defender al débil frente al poderoso y en el fallo no se ha cumplido esta premisa".
El secretario comarcal del Bloc de Valencia, Ximo López, manifestó que la decisión del Supremo "no puede ser un talón en blanco para la alcaldesa".
Una batalla legal
- 1998. Después de perfilado el proyecto, se inicia la tramitación.
- 2001. La Generalitat da el visto bueno en abril y en mayo lo ratifica el Ayuntamiento.
- 2002. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acepta las reivindicaciones de los vecinos y ordena la paralización cautelar.
- 2004. El TSJ levanta la paralización de los derribos y respalda a Barberá.
- 2008. El Tribunal Supremo da luz verde al proyecto.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 14/03/2008
Foto: Zona del barrio de El Cabanyal que se verá afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar/ SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Fiscalía denuncia al alcalde de Atarfe por delito contra la ordenación del territorio
TERRA/Granada* : La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por un posible delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de una nave en suelo no urbanizable y tratar de consolidar esa actuación en el nuevo PGOU extendiendo el límite urbano en zona de valor productivo.
La denuncia, que el fiscal dirige al alcalde 'sin perjuicio de la ampliación de la imputación a otros posibles coautores', es el resultado de las diligencias de investigación penal abiertas por el Ministerio Público tras la denuncia interpuesta por IU, Ecologistas en Acción y otras dos asociaciones conservacionistas contra el regidor, al que atribuían también un presunto cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y estafa.
En el decreto por el que acuerda denunciar al alcalde, del que ha informado hoy el Ministerio Público, el fiscal considera que en la construcción de la nave comercial 'no se dieron los requisitos legales de exigencia básica' y que mediante resoluciones 'claramente ilegales' se autorizaron las obras en suelo no urbanizable según las normas subsidiarias vigentes.
La edificación de la nave, en la N-4332 Granada-Córdoba, se produjo a escasos metros de la vía del tren, en zona contemplada en las normas subsidiarias como Sistema General de Ferrocarriles al estar dentro de los cien metros de afección territorial y limitando con una franja considerada área de reserva de terrenos.
En el informe remitido por el alcalde a la Fiscalía en el marco de las diligencias de investigación, Sánchez reconocía que la nave se hizo en suelo no urbanizable pero con la declaración de interés público, declaración que se aprobó en un pleno municipal en 1999 -por mayoría de ocho ediles del PSOE, tres de IU y uno del Grupo Mixto, y el voto en contra del PP- sin que fuera impugnado.
Según el fiscal, aunque es cierto que el pleno aprobó la construcción bajo la invocación del interés social, esa declaración 'se alejó de la legalidad' porque no fue autorizada por el órgano competente -la Consejería de Obras Públicas-, como exige la ley.
La consejería, según el fiscal, afirmó que el proyecto era de utilidad pública pero se opuso a la ubicación de la nave en la parcela pretendida por el Ayuntamiento y propuso otra localización.
Tampoco se elevó la propuesta a la Comisión Provincial de Patrimonio, según el fiscal, a quien consta igualmente un informe de la oficina técnica municipal indicando que el emplazamiento de la nave era contrario a la normativa y las ordenanzas municipales.
Esas circunstancias, unidas a la 'reticencia municipal' a mostrar al Seprona la información requerida, llevan al fiscal a considerar que en la construcción de la nave 'no se dieron los requisitos legales de exigencia básica'.
El fiscal también considera acreditado 'indiciariamente' que el alcalde pretendió dar 'cobertura legal a los hechos consumados', mediante la revisión del PGOU incluyendo el terreno de la nave como equipamiento comercial y extendiendo el límite urbano de la localidad en suelo no urbanizable de excepcional valor productivo según el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG).
* Terra Actualidad - EFE - 13 de Marzo de 2008
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Cáceres: Ofensiva judicial contra las construcciones ilegales en la provincia
HOY* : En la provincia de Cáceres hay numerosos parajes de gran belleza, espacios protegidos en los que a muchos les gustaría hacerse una casa, y la realidad es que en esos sitios se han construido miles de viviendas ilegales. Los interesados compraban los terrenos y sin pedir licencia alguna se ponían a construir. Esa ilegalidad, prácticamente ha terminado.
El origen de que por fin se cumpla la ley en el campo, se debe a que hace un año, en marzo del 2007 se crearon las unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la delincuencia urbanística. La dirección general de la Policía y la Guardia Civil, repartió por toda España a 194 agentes especializados en investigar las infracciones penales relacionadas con el desarrollo urbanístico y su impacto en el medio ambiente. Tres de esos agentes comenzaron a investigar las construcciones ilegales que hay en la provincia, deteniendo a los promotores que eran sorprendidos, nunca mejor dicho, con la manos en la masa. Los guardias han contado con el apoyo de la Fiscalía de Cáceres, que desde el año 2006 tiene al fiscal Juan Antonio Galán especializado en perseguir los delitos de ordenación del territorio.
La especialización de la Guardia Civil y la Fiscalía ha dado sus frutos. En el año 2005 en los tribunales de la provincia sólo había un procedimiento por una construcción ilegal, en el año 2006 hubo otro caso; pero en el año 2007 los procedimientos ya fueron 40.
Segunda vivienda
Juan Antonio Galán señala que la mayoría de los casos se han detectado en la zona norte de la provincia, « la razón -explica-, es que la actuación que realiza la nueva unidad de la Guardia Civil se concentra en las zonas de especial protección de aves y la zona que está comprendida en la Red Natura 2.000, que es en casi su totalidad el valle de El Jerte, La Vera, la mayor parte de Las Hurdes y Sierra de Gata».
De los cuarenta casos que están pendiente de juicio, el fiscal indica que la mayoría son casos de segunda vivienda, personas que viven por ejemplo en Plasencia y tienen una casa de recreo en La Vera. Se da el caso de los que cometen la ilegalidad pensando en enriquecerse con un negocio de turismo rural. De los 40 casos hay cuatro de apartamentos turísticos y casas rurales. También hay unos tres casos de naves industriales de ganado ilegales.
La Justicia puede perseguir a los que han construido ilegalmente en los últimos tres años, ya que más allá de ese tiempo el delito prescribe; pero la Guardia Civil está actualmente deteniendo a los promotores y dueños de terrenos que están levantando las construcciones sin permisos. Tienen tanto trabajo que por ahora no persiguen a los que ya han terminado la construcción de la vivienda. Por ahora centran su ataque a los que están construyendo.
Hay afectados que alegan desconocimiento, pero eso no les exime de culpa. «Todo el mundo sabe que para edificar se necesita una licencia municipal -señala el fiscal-. Para realizar un pozo, una pequeña caseta, para poner una alambrada hace falta licencia municipal y según el sitio, también de la Junta de Extremadura. Ahora se persiguen, sobre todo, los casos de viviendas y chales, en los que hace falta una licencia municipal de obras, un proyecto técnico y si es una zona protegida un informe del impacto ambiental ante la Junta».
Dos casos
Se espera que cuando termine la huelga de los funcionarios de Justicia, se sucedan los juicios por levantar construcciones ilegales. Galán, que no duda de que los jueces ordenarán en sus sentencias el derribo de las viviendas, ya ha elaborado cinco acusaciones.
Un caso es el de la propietaria de dos parcelas rústicas de Casas del Castañar de unos 3.000 metros cuadrados. En el 2006 ella y su compañero comenzaron a construir una vivienda unifamiliar de dos plantas, otra vivienda de una planta, una cochera, una piscina con depuradora, un pozo de agua y una barbacoa. Las hicieron sin tener proyecto técnico y sin licencia municipal. Edificaron en suelo no urbanizable protegido. El ayuntamiento de Casas del Castañar les ordenó en julio de 2007 que pararan las obras, pero siguieron. El fiscal tiene previsto solicitar para cada uno de los acusados 2 años y 3 meses de prisión, que tiren las edificaciones, y pagar 400 euros de multa.
El otro caso ocurrió en El Torno. Julián J. C. compró en 2006 dos parcelas en El Torno de unos 7.000 metros cuadrados. En enero de 2007 comenzó a construir una vivienda de dos plantas, con una superficie de 176 metros cuadrados cada una, más una terraza de 46. El chalé se hizo sin proyecto técnico y sin licencia municipal, y en un paraje incluido en los espacios de la Red Natura 2000. El fiscal tiene previsto solicitar al tribunal que se tire el chalé, y que Julián y el constructor sean condenados cada uno a un año y medio de prisión y pagar 400 euros de multa. Además de inhabilitarles dos años para el ejercicio de la construcción.
* Hoy - Cáceres - 14.03.08 - SERGIO LORENZO
Foto: Aldeanueva de la Vera (Cáceres) - ctv.es
en
14.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Extremadura
Andratx: Pinchazos telefónicos involucran a Gibert en tráfico de favores urbanísticos
DIARIODEMALLORCA* : Jaime Gibert, el celador municipal de obras del ayuntamiento de Andratx que se ha declarado culpable ante la fiscalía de Balears de varios delitos en el sumario contra la presunta trama de corrupción urbanística en dicho municipio, habló por teléfono con otros implicados en la causa de licencias irregulares, certificados presuntamente falsos y de favores ante determinados amigos y conocidos para camuflar excesos de volumen de edificación, o legalizar diferentes construcciones en suelo rústico.
La conformidad de Gibert, adelantada el martes por DIARIO de MALLORCA, se ha pactado con el visto bueno también de la acusación particular en nombre del ayuntamiento de Andratx.
En el voluminoso sumario existen unos veinte pinchazos telefónicos de conversaciones mantenidas por el celador municipal de obras, entre junio y noviembre del 2006, con otros compañeros del consistorio, arquitectos, empresarios y particulares.
En una de esas charlas, el suspendido funcionario municipal asesora a un amigo sobre la forma de legalizar una construcción en suelo protegido ARIP, con la excusa de ampliar un vivero de plantas ubicado en dicha finca.
"Yo puse 85 metros (en un certificado sobre una nave agrícola), pero si tú coges las fotos más antiguas verás allí donde has construido había la casa también", le dice el celador a su conocido.
"Puedes repartir un trozo de aquí y otro de allá", apostilla Gibert, dentro de su actividad de supuesto tráfico de favores urbanísticos.
Desmadre urbanístico
Algunos de los pinchazos grabados por la Policía Judicial y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción 12 se hicieron sobre conversaciones de Jaime Gibert con Maribel Seguí, la arquitecta municipal y también encausada en el sumario.
En el verano del 2006 la tensión y las diferencias entre los principales imputados en la supuesta trama, entre ellos el entonces alcalde por el Partido Popular, Eugenio Hidalgo, creció a medida que la prensa publicaba noticias sobre presuntas irregularidades urbanísticas y jueces y fiscalía empezaban a investigar algunas licencias.
Seguí es de los primeros implicados en ser citada por la fiscalía de delitos urbanísticos y Gibert le aconseja que se ponga de acuerdo con otros encausados para dar una misma versión. Ambos funcionarios hablan sobre una licencia anulada mediante una sentencia. Gibert, aunque al principio niega haber cometido alguna irregularidad en dicho expediente, acaba admitiendo ante Seguí que la habían "cagado" al dar aquella licencia. El celador también reconoce el desmadre en el urbanismo de Andratx.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 13 de marzo de 2008
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
en
13.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Baleares
Canarias: 35.000 firmas avalan la iniciativa para frenar la construcción de más camas
EFE* : Ben Magec-Ecologistas en Acción presentó este jueves ante el registro del Parlamento de Canarias 35.000 firmas para intentar frenar la construcción de más camas turísticas en las Islas, 20.000 más que las establecidas por la Cámara para las Iniciativas Legislativas Populares (ILP).
El representante de la organización ecologista y miembro la Comisión Promotora de la "Iniciativa Legislativa Popular en contra de más camas turísticas", Antonio Hernández, informó de que el plazo para presentar esta iniciativa concluye el próximo lunes por lo que "esperamos que para ese día ya hayamos conseguido 40.000 firmas".
Añadió, que ésta es la tercera ILP que mayor apoyo popular ha conseguido en las islas junto a la de Veneguera y Granadilla, por lo que las firmas que van a pasar ahora al registro del Parlamento se convierten en un "icono de la lucha ambiental y de participación ciudadana de Canarias".
Con la iniciativa legislativa lo que se pretende, dijo Hernández, es presentar una serie de medidas para renovar las plantas alojativas turísticas y la paralizar así su crecimiento.
Indicó, que ésta es la 26 iniciativa legislativa popular que se presenta ante el Parlamento de Canarias y "esperamos que hayan muchas más".
Es más, afirmó, si el Parlamento de Canarias consideraba que tras rechazar la iniciativa legislativa para la declaración de Granadilla como Espacio Natural Protegido (ENP) pensaba que la ciudadanía se iba a "amilanar", no sólo no lo han conseguido sino que además han conseguido el efecto contrario.
Con esta iniciativa, explicó Hernández, lo que se pretende es contener el crecimiento alojativo y urgir la inminente renovación de la planta alojativa obsoleta, para la cuál esta ley plantea medidas económicas, laborales, administrativas y financieras fundamentales.
"Esperamos que se tome en consideración esta ley de forma inminente, ya que las leyes anteriores han fracasado", apuntó el representante de la Comisión Promotora.
Para ello, se presenta esta ILP turística que a contado con el respaldo de 35.000 firmas cuando el mínimo indispensable impuesto por el Parlamento era de 15.000, por lo que "creemos que es un éxito de todos los ciudadanos que han estampado su firma y que de esa forma expresan su oposición al crecimiento turístico desmesurado que se ha llevado en las Canarias".
Por lo tanto, la ley apuesta erradicar los planes turísticos que prevén la construcción de 3.600 nuevas camas turísticas y aplicar esta ley de renovación de la planta alojativa sobre todo en las islas de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife.
Las zonas en las que se ha producido un apoyo a la ILP es en las islas de La Gomera y en La Palma, las menos turísticas, y sobre todo en los municipios turísticos, en los cuáles la urbanización ha incrementado el deterioro ambiental.
Por ello, indicó Hernández, es importante que el Parlamento de Canarias tome en consideración esta iniciativa de ley para su posterior debate parlamentario, ya que "entendemos que esta es la ley que necesita la economía canaria, las 310.000 personas que viven del turismo de forma directa en las islas y las miles de personas que viven de él de forma indirecta".
Los informes gubernamentales e Impartur 2006, expresan que desde 2006, la economía turística en Canarias ha perdido diez puntos porcentuales en referencia al Producto Interior Bruto (PIB).
Por ello, estas firmas van a contar no sólo con la Comisión Promotora de la ILP "no más camas turísticas", sino también con el de Ben Magec-Ecologistas en Acción, otras organizaciones y la de los principales sindicatos, entre otros Comisiones Obreras, UGT e Intersindical Canaria.
Esta ley presentada al Parlamento plantea además un plan de empleo para Canarias, un plan para renovar la planta alojativa y para de alguna forma reformar lo que ya es "metástasis", es decir las zonas que ya están deterioradas y en las cuáles "si no actuamos y aplicamos esta ley se convertirá en cánceres", indicó el portavoz de la iniciativa.
Hernández recordó que las firmas registradas se encuentran dentro de lo establecido por el Estatuto de Autonomía, por lo que hoy "con el registro celebramos la fiesta de la participación directa ciudadana, que creen en las instituciones y los derechos fundamentales".
* Canarias Ahora - EFE. Santa Cruz de Tenerife - 13/03/2008
Foto: Representantes de Ben Magec, este jueves ante el registro del Parlamento de Canarias. (ACFI PRESS)
en
13.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
La Justicia para el proyecto de construcción de 18.000 casas en el litoral de Dénia
INFORMACIÓN/Alicante* : La Homologación de Les Marines ha pasado definitivamente a la historia. El polémico proyecto urbanístico impulsado dos mandatos atrás cuando gobernaba la ciudad el Partido Popular, que suponía -con el beneplácito del entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco- la edificación de 18.000 nuevas viviendas por fases en el litoral norte de la capital de la Marina Alta, es ya cosa del pasado.
La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia ha visto frustrado su último intento por resucitar el proyecto que paralizó en 2003 el recién entrado gobierno municipal de PSPV y Bloc.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por las promotoras contra aquella decisión municipal de dejar sin efecto la aprobación de la homologación.
La sentencia es un triunfo del actual gobierno de socialistas y nacionalistas en el consistorio dianense, por cuanto no sólo avala la decisión que adoptó en 2003 de dejar sin efecto la homologación, sino que también refrenda los planes municipales de mantener los sectores de aquel plan ajenos a la urbanización.
El recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Promotores solicitaba la vigencia del proyecto aduciendo que fue aprobado en su día por el pleno municipal, pero que ni la Generalitat y ni el ayuntamiento llegaron a publicar en los boletines oficiales su aprobación definitiva. Sin embargo, el TSJ respalda la tesis mantenida por el ayuntamiento, por cuanto la Homologación de Les Marines quedaba automáticamente anulada a raíz de que el mismo tribunal declarara ilegal el 7 de julio de 2003 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000, en el que se basaba.
La homologación de Les Marines, una adaptación de parte del antiguo planeamiento de la ciudad a la LRAU, fue aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alacant el 4 de febrero de 2003. La publicación y la entrada en vigor quedaron supeditadas a la corrección de una serie de observaciones.
En agosto de 2004, una vez ya suspendido el PGOU de 1990, la Asociación de Promotores Turísticos remitió un escrito a la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial en el que exponía que el Ayuntamiento ya había enmendado los errores y solicitaba la publicación de la homologación. Al no obtener respuesta de la conselleria, la asociación recurrió contra la actuación de las administraciones autonómica y local el 21 de enero de 2005.
La sentencia del TSJ ratifica que "al no estar ya vigente el PGOU de 2000, y no encontrar su causa la homologación, la publicación de la cual se pretende, debe entenderse también como no vigente la citada homologación". En consecuencia, concluye el tribunal, la pretensión de la Asociación de Promotores Turísticos "carece de fundamento, ya que se refiere a la publicación de un instrumento de planeamiento sin vigencia".
Estatutos de la Gerencia
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Dénia intentarán modificar hoy los estatutos de la Gerencia de Urbanismo. La iniciativa puede prosperar, si se tiene en cuenta que en la actualidad el gobierno local (PSPV-Bloc) está en minoría en el órgano urbanístico. El PP pidió el martes por urgencia que se incluya la modificación de estatutos en la reunión del Consell.
* Información - SERGI GARCÍA - 13 de marzo de 2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
en
13.3.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana