MADRIDIARIO* : El fiscal del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuenlabrada pide diez años de inhabilitación para el alcalde de Humanes de Madrid, Adolfo Álvarez Sojo (CSH), por un "delito continuado de prevaricación" entre 1998 y 2001 al considerar que "fraccionó varios contratos de ejecución de obras a pesar de contar con reiterados informe negativos el secretario y el interventor del Ayuntamiento".
Estas actuaciones tenían como objetivo "disminuir la cuantía de la obra y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación de las mismas, impidiendo la participación de otras empresas", según reza el texto de la diligencia según el PSOE de la localidad, que fue quien presentó la denuncia.
Concretamente, Álvarez Sojo habría adjudicado diez obras por importe de 30 millones de euros a las empresas Consvial, S.L. y Jemecon, S.L. en 1998. Además, fraccionó 33 contratos menores de ejecución de las obras de la avenida Campohermoso y en el barrio de la Estación, ambas "con informes negativos del secretario y del interventor".
En el año 2000, y también con un informe negativo del secretario y prescindiendo del procedimiento negociado o concurso, el alcalde habría adjudicado asimismo directamente a la empresa Jemecon la realización de once obras menores en la misma zona.
Un año después, el alcalde procedió, según el PSOE, a fraccionar los contratos en la realización de las obras de la plaza Miguel Echegaray y Campo Hermoso. Una vez más las empresas adjudicatarias fueron Consvial y Jemecon.
Por su parte, el regidor negó este jueves que cometiese un presunto delito de prevaricación al fraccionar dichos contratos de obras, y afirmó que todas las operaciones de aquel entonces "contaron con el visto bueno" del arquitecto municipal y que fueron aprobadas en Comisión de Gobierno.
"Tengo la conciencia muy tranquila porque actué conforme a lo que me dijeron los técnicos municipales, ahorrando dinero al municipio y acelerando los trabajos", declaró.
Por otro lado, Álvarez Sojo atribuyó la petición del fiscal a "una denuncia política" de sus ex compañeros en el PSOE, que le expulsaron del partido en 2002. Por último, admitió que algunas de las adjudicaciones contaron con el informe desfavorable del secretario municipal o de Intervención, pero recalcó que en estos casos los firmantes de los informes "no visitaron las obras para verlas" y comprobar que la segregación estaba justificada.
* Madridiario - 13-03-2008 - MDO/E.P.
Foto: Humanes (Madrid) - madridiario.es
Piden 10 años de inhabilitación para el alcalde de Humanes por prevaricación
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Valencia: La avenida partirá en dos El Cabanyal
ELPAÍS* : Rita Barberá podrá prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo. El barrio de El Cabanyal, en Valencia, con una planimetría singular protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) por la importancia de su trama urbana, quedará partido en dos por una gran avenida. 1.652 viviendas se verán afectadas por el que ha sido un proyecto emblemático del PP en Valencia, que ha tenido diez años de recorrido judicial y que levantó desde el primer momento oposición en diversos sectores ciudadanos.
Unos sectores a los que Barberá no se recató ayer en calificar como "izquierda radical".
Salvem El Cabanyal, plataforma cívica que agrupa a los damnificados por el proyecto, lamentó ayer la respuesta del Supremo y anunció que, si es posible, planteará un nuevo debate jurídico en el Constitucional. La sentencia del Supremo no estaba ayer redactada y solo se dio a conocer el fallo. Según fuentes de Salvem El Cabanyal, la resolución se fundamenta en que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, tras un exhaustivo estudio del asunto, ya se pronunció a favor del Ayuntamiento de manera razonada y, por tanto, no ha entrado a discutirlo.
Un portavoz de Salvem El Cabanyal afirmó que dos sentencias de 2007 sobre asuntos similares les servirían para plantear un recurso. Esa fue una primera afirmación, a falta de conocer el detalle de los argumentos utilizados por la sala del Supremo para respaldar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La plataforma celebró anoche una asamblea en el Teatre de Titelles la Estrella, ubicado en el popular barrio del distrito marítimo.
La oposición política expresó su respaldo a Salvem el Cabanyal ante la inminencia de la ejecución del proyecto. Muy distinta fue la reacción de la alcaldesa de Valencia, que se mostró satisfecha y afirmó que el fallo permitirá acabar con la "degradación" del barrio, cuya "culpa", señaló, ha sido "exclusivamente de la izquierda radical". Agregó que durante los 10 años de conflicto entre el Ayuntamiento y los afectados, "ha habido momentos de tremenda violencia". Barberá añadió que en sucesivas elecciones los vecinos de El Cabanyal han respaldado la intervención, en alusión a las reiteradas victorias electorales que el PP ha obtenido en esa zona de Valencia. La alcaldesa no quiso concretar una fecha para retomar el proyecto, pero sí se comprometió con los vecinos a que se comenzará "muy intensamente para poder avanzar" tanto en la prolongación de la avenida como en la recuperación de este barrio.
Por su parte, la portavoz socialista, Carmen Alborch, lamentó que el Ayuntamiento "no haya invertido en El Cabanyal y haya permitido que el barrio se deteriore". Y exigió el cumplimiento de la parte buena del proyecto: "La construcción de 70 equipamientos, la rehabilitación de 560 edificios y la construcción de vivienda pública".
La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta, expresó su rechazo al fallo. "No es una decisión justa. En lugar de dejar degradado todo lo que está alrededor, se tendría que haber reactivado la zona para que los vecinos tuvieran sus casas como toca, rehabilitadas y bonitas, y covertir este barrio en una zona entrañable de la ciudad de Valencia".
La asociación de vecinos Pavimar y el Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal Canyamelar (Indipcacc-Salvem El Cabanyal) recurrieron al Tribunal Supremo después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) diera la razón a Rita Barberá y le permitiera separar el barrio con la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Entonces, en 2004, con ocho votos a favor de los 11 miembros de la sala, el TSJ consideró que el proyecto urbanístico lograría "la mejora del barrio siendo respetuoso con él" y facilitaría "su integración en la ciudad". Para el TSJ, la protección por su condición de BIC (Bien de Interés Cultural) no fue una circunstancia que pudiera restar peso al "interés general". En aquel fallo, los magistrados reconocían las singularidades del barrio y también su deterioro. Precisamente, esas dos cuestiones fueron esenciales en el recurso plateado al Supremo.
Los afectados expusieron que el plan de reforma urbanística supone "un claro expolio del patrimonio histórico español", y con ello una vulneración de normas estatales específicas sobre patrimonio. El Cabanyal, barrio de pescadores, se unió a Valencia en 1897, se caracteriza por la particular disposición de sus calles, una trama urbana que discurre perfectamente paralela y perpendicularmente al mar, con algunos de los mejores ejemplos de arquitectura industrial del siglo XIX y con viviendas populares inspiradas en el modernismo. Eso le valió la declaración de BIC. Los tribunales han ignorado el valor añadido que encierra El Cabanyal. Su historia, su geometría urbana, no han contado para los jueces.
El proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, que presentó Rita Barberá hace 11 años afecta a 450 inmuebles. De ellos, un centenar están catalogados. Son 1.652 viviendas. Los derribos previstos, sobre los que hubo hasta el año pasado una suspensión cautelar excepto en la zona protegida, se extienden por 25.000 metros cuadrados de la parte del barrio declarada BIC y 100.000 metros cuadrados del total del conjunto histórico. 2.000 vecinos serán obligados a desplazarse. Todo eso, a cambio de la división en dos del barrio para dar cabida a una avenida de 48 metros, aunque la franja derribada alcanzará los 106 metros de ancho, y la construcción de edificios de cinco o seis alturas romperá claramente con la morfología característica de El Cabanyal-Canyamelar. El Supremo considera, como lo hizo el TSJ, que vale la pena.
Los afectados se reunieron anoche en asamblea en el Teatre de Titelles La Estrella. La convocatoria fue multitudinaria. Los vecinos esperan el detalle de la sentencia del Supremo y buscan una nueva forma de hacer frente a lo que consideran un ataque cultural y social para favorecer los intereses urbanísticos del Ayuntamiento del PP.
El PP, con el apoyo de los tribunales, defiende la actuación sobre El Cabanyal. Ayer se evidenció de nuevo. La oposición pidió responsabilidad a Barberá, para que el respaldo judicial no suponga una licencia sin límites. Isaura Navarro, de Iniciativa del Poble Valencià, afirmó: "La justicia está para defender al débil frente al poderoso y en el fallo no se ha cumplido esta premisa".
El secretario comarcal del Bloc de Valencia, Ximo López, manifestó que la decisión del Supremo "no puede ser un talón en blanco para la alcaldesa".
Una batalla legal
- 1998. Después de perfilado el proyecto, se inicia la tramitación.
- 2001. La Generalitat da el visto bueno en abril y en mayo lo ratifica el Ayuntamiento.
- 2002. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acepta las reivindicaciones de los vecinos y ordena la paralización cautelar.
- 2004. El TSJ levanta la paralización de los derribos y respalda a Barberá.
- 2008. El Tribunal Supremo da luz verde al proyecto.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 14/03/2008
Foto: Zona del barrio de El Cabanyal que se verá afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar/ SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
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La Fiscalía denuncia al alcalde de Atarfe por delito contra la ordenación del territorio
TERRA/Granada* : La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por un posible delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de una nave en suelo no urbanizable y tratar de consolidar esa actuación en el nuevo PGOU extendiendo el límite urbano en zona de valor productivo.
La denuncia, que el fiscal dirige al alcalde 'sin perjuicio de la ampliación de la imputación a otros posibles coautores', es el resultado de las diligencias de investigación penal abiertas por el Ministerio Público tras la denuncia interpuesta por IU, Ecologistas en Acción y otras dos asociaciones conservacionistas contra el regidor, al que atribuían también un presunto cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y estafa.
En el decreto por el que acuerda denunciar al alcalde, del que ha informado hoy el Ministerio Público, el fiscal considera que en la construcción de la nave comercial 'no se dieron los requisitos legales de exigencia básica' y que mediante resoluciones 'claramente ilegales' se autorizaron las obras en suelo no urbanizable según las normas subsidiarias vigentes.
La edificación de la nave, en la N-4332 Granada-Córdoba, se produjo a escasos metros de la vía del tren, en zona contemplada en las normas subsidiarias como Sistema General de Ferrocarriles al estar dentro de los cien metros de afección territorial y limitando con una franja considerada área de reserva de terrenos.
En el informe remitido por el alcalde a la Fiscalía en el marco de las diligencias de investigación, Sánchez reconocía que la nave se hizo en suelo no urbanizable pero con la declaración de interés público, declaración que se aprobó en un pleno municipal en 1999 -por mayoría de ocho ediles del PSOE, tres de IU y uno del Grupo Mixto, y el voto en contra del PP- sin que fuera impugnado.
Según el fiscal, aunque es cierto que el pleno aprobó la construcción bajo la invocación del interés social, esa declaración 'se alejó de la legalidad' porque no fue autorizada por el órgano competente -la Consejería de Obras Públicas-, como exige la ley.
La consejería, según el fiscal, afirmó que el proyecto era de utilidad pública pero se opuso a la ubicación de la nave en la parcela pretendida por el Ayuntamiento y propuso otra localización.
Tampoco se elevó la propuesta a la Comisión Provincial de Patrimonio, según el fiscal, a quien consta igualmente un informe de la oficina técnica municipal indicando que el emplazamiento de la nave era contrario a la normativa y las ordenanzas municipales.
Esas circunstancias, unidas a la 'reticencia municipal' a mostrar al Seprona la información requerida, llevan al fiscal a considerar que en la construcción de la nave 'no se dieron los requisitos legales de exigencia básica'.
El fiscal también considera acreditado 'indiciariamente' que el alcalde pretendió dar 'cobertura legal a los hechos consumados', mediante la revisión del PGOU incluyendo el terreno de la nave como equipamiento comercial y extendiendo el límite urbano de la localidad en suelo no urbanizable de excepcional valor productivo según el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG).
* Terra Actualidad - EFE - 13 de Marzo de 2008
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
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Cáceres: Ofensiva judicial contra las construcciones ilegales en la provincia
HOY* : En la provincia de Cáceres hay numerosos parajes de gran belleza, espacios protegidos en los que a muchos les gustaría hacerse una casa, y la realidad es que en esos sitios se han construido miles de viviendas ilegales. Los interesados compraban los terrenos y sin pedir licencia alguna se ponían a construir. Esa ilegalidad, prácticamente ha terminado.
El origen de que por fin se cumpla la ley en el campo, se debe a que hace un año, en marzo del 2007 se crearon las unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la delincuencia urbanística. La dirección general de la Policía y la Guardia Civil, repartió por toda España a 194 agentes especializados en investigar las infracciones penales relacionadas con el desarrollo urbanístico y su impacto en el medio ambiente. Tres de esos agentes comenzaron a investigar las construcciones ilegales que hay en la provincia, deteniendo a los promotores que eran sorprendidos, nunca mejor dicho, con la manos en la masa. Los guardias han contado con el apoyo de la Fiscalía de Cáceres, que desde el año 2006 tiene al fiscal Juan Antonio Galán especializado en perseguir los delitos de ordenación del territorio.
La especialización de la Guardia Civil y la Fiscalía ha dado sus frutos. En el año 2005 en los tribunales de la provincia sólo había un procedimiento por una construcción ilegal, en el año 2006 hubo otro caso; pero en el año 2007 los procedimientos ya fueron 40.
Segunda vivienda
Juan Antonio Galán señala que la mayoría de los casos se han detectado en la zona norte de la provincia, « la razón -explica-, es que la actuación que realiza la nueva unidad de la Guardia Civil se concentra en las zonas de especial protección de aves y la zona que está comprendida en la Red Natura 2.000, que es en casi su totalidad el valle de El Jerte, La Vera, la mayor parte de Las Hurdes y Sierra de Gata».
De los cuarenta casos que están pendiente de juicio, el fiscal indica que la mayoría son casos de segunda vivienda, personas que viven por ejemplo en Plasencia y tienen una casa de recreo en La Vera. Se da el caso de los que cometen la ilegalidad pensando en enriquecerse con un negocio de turismo rural. De los 40 casos hay cuatro de apartamentos turísticos y casas rurales. También hay unos tres casos de naves industriales de ganado ilegales.
La Justicia puede perseguir a los que han construido ilegalmente en los últimos tres años, ya que más allá de ese tiempo el delito prescribe; pero la Guardia Civil está actualmente deteniendo a los promotores y dueños de terrenos que están levantando las construcciones sin permisos. Tienen tanto trabajo que por ahora no persiguen a los que ya han terminado la construcción de la vivienda. Por ahora centran su ataque a los que están construyendo.
Hay afectados que alegan desconocimiento, pero eso no les exime de culpa. «Todo el mundo sabe que para edificar se necesita una licencia municipal -señala el fiscal-. Para realizar un pozo, una pequeña caseta, para poner una alambrada hace falta licencia municipal y según el sitio, también de la Junta de Extremadura. Ahora se persiguen, sobre todo, los casos de viviendas y chales, en los que hace falta una licencia municipal de obras, un proyecto técnico y si es una zona protegida un informe del impacto ambiental ante la Junta».
Dos casos
Se espera que cuando termine la huelga de los funcionarios de Justicia, se sucedan los juicios por levantar construcciones ilegales. Galán, que no duda de que los jueces ordenarán en sus sentencias el derribo de las viviendas, ya ha elaborado cinco acusaciones.
Un caso es el de la propietaria de dos parcelas rústicas de Casas del Castañar de unos 3.000 metros cuadrados. En el 2006 ella y su compañero comenzaron a construir una vivienda unifamiliar de dos plantas, otra vivienda de una planta, una cochera, una piscina con depuradora, un pozo de agua y una barbacoa. Las hicieron sin tener proyecto técnico y sin licencia municipal. Edificaron en suelo no urbanizable protegido. El ayuntamiento de Casas del Castañar les ordenó en julio de 2007 que pararan las obras, pero siguieron. El fiscal tiene previsto solicitar para cada uno de los acusados 2 años y 3 meses de prisión, que tiren las edificaciones, y pagar 400 euros de multa.
El otro caso ocurrió en El Torno. Julián J. C. compró en 2006 dos parcelas en El Torno de unos 7.000 metros cuadrados. En enero de 2007 comenzó a construir una vivienda de dos plantas, con una superficie de 176 metros cuadrados cada una, más una terraza de 46. El chalé se hizo sin proyecto técnico y sin licencia municipal, y en un paraje incluido en los espacios de la Red Natura 2000. El fiscal tiene previsto solicitar al tribunal que se tire el chalé, y que Julián y el constructor sean condenados cada uno a un año y medio de prisión y pagar 400 euros de multa. Además de inhabilitarles dos años para el ejercicio de la construcción.
* Hoy - Cáceres - 14.03.08 - SERGIO LORENZO
Foto: Aldeanueva de la Vera (Cáceres) - ctv.es
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Andratx: Pinchazos telefónicos involucran a Gibert en tráfico de favores urbanísticos
DIARIODEMALLORCA* : Jaime Gibert, el celador municipal de obras del ayuntamiento de Andratx que se ha declarado culpable ante la fiscalía de Balears de varios delitos en el sumario contra la presunta trama de corrupción urbanística en dicho municipio, habló por teléfono con otros implicados en la causa de licencias irregulares, certificados presuntamente falsos y de favores ante determinados amigos y conocidos para camuflar excesos de volumen de edificación, o legalizar diferentes construcciones en suelo rústico.
La conformidad de Gibert, adelantada el martes por DIARIO de MALLORCA, se ha pactado con el visto bueno también de la acusación particular en nombre del ayuntamiento de Andratx.
En el voluminoso sumario existen unos veinte pinchazos telefónicos de conversaciones mantenidas por el celador municipal de obras, entre junio y noviembre del 2006, con otros compañeros del consistorio, arquitectos, empresarios y particulares.
En una de esas charlas, el suspendido funcionario municipal asesora a un amigo sobre la forma de legalizar una construcción en suelo protegido ARIP, con la excusa de ampliar un vivero de plantas ubicado en dicha finca.
"Yo puse 85 metros (en un certificado sobre una nave agrícola), pero si tú coges las fotos más antiguas verás allí donde has construido había la casa también", le dice el celador a su conocido.
"Puedes repartir un trozo de aquí y otro de allá", apostilla Gibert, dentro de su actividad de supuesto tráfico de favores urbanísticos.
Desmadre urbanístico
Algunos de los pinchazos grabados por la Policía Judicial y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción 12 se hicieron sobre conversaciones de Jaime Gibert con Maribel Seguí, la arquitecta municipal y también encausada en el sumario.
En el verano del 2006 la tensión y las diferencias entre los principales imputados en la supuesta trama, entre ellos el entonces alcalde por el Partido Popular, Eugenio Hidalgo, creció a medida que la prensa publicaba noticias sobre presuntas irregularidades urbanísticas y jueces y fiscalía empezaban a investigar algunas licencias.
Seguí es de los primeros implicados en ser citada por la fiscalía de delitos urbanísticos y Gibert le aconseja que se ponga de acuerdo con otros encausados para dar una misma versión. Ambos funcionarios hablan sobre una licencia anulada mediante una sentencia. Gibert, aunque al principio niega haber cometido alguna irregularidad en dicho expediente, acaba admitiendo ante Seguí que la habían "cagado" al dar aquella licencia. El celador también reconoce el desmadre en el urbanismo de Andratx.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 13 de marzo de 2008
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
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Canarias: 35.000 firmas avalan la iniciativa para frenar la construcción de más camas
EFE* : Ben Magec-Ecologistas en Acción presentó este jueves ante el registro del Parlamento de Canarias 35.000 firmas para intentar frenar la construcción de más camas turísticas en las Islas, 20.000 más que las establecidas por la Cámara para las Iniciativas Legislativas Populares (ILP).
El representante de la organización ecologista y miembro la Comisión Promotora de la "Iniciativa Legislativa Popular en contra de más camas turísticas", Antonio Hernández, informó de que el plazo para presentar esta iniciativa concluye el próximo lunes por lo que "esperamos que para ese día ya hayamos conseguido 40.000 firmas".
Añadió, que ésta es la tercera ILP que mayor apoyo popular ha conseguido en las islas junto a la de Veneguera y Granadilla, por lo que las firmas que van a pasar ahora al registro del Parlamento se convierten en un "icono de la lucha ambiental y de participación ciudadana de Canarias".
Con la iniciativa legislativa lo que se pretende, dijo Hernández, es presentar una serie de medidas para renovar las plantas alojativas turísticas y la paralizar así su crecimiento.
Indicó, que ésta es la 26 iniciativa legislativa popular que se presenta ante el Parlamento de Canarias y "esperamos que hayan muchas más".
Es más, afirmó, si el Parlamento de Canarias consideraba que tras rechazar la iniciativa legislativa para la declaración de Granadilla como Espacio Natural Protegido (ENP) pensaba que la ciudadanía se iba a "amilanar", no sólo no lo han conseguido sino que además han conseguido el efecto contrario.
Con esta iniciativa, explicó Hernández, lo que se pretende es contener el crecimiento alojativo y urgir la inminente renovación de la planta alojativa obsoleta, para la cuál esta ley plantea medidas económicas, laborales, administrativas y financieras fundamentales.
"Esperamos que se tome en consideración esta ley de forma inminente, ya que las leyes anteriores han fracasado", apuntó el representante de la Comisión Promotora.
Para ello, se presenta esta ILP turística que a contado con el respaldo de 35.000 firmas cuando el mínimo indispensable impuesto por el Parlamento era de 15.000, por lo que "creemos que es un éxito de todos los ciudadanos que han estampado su firma y que de esa forma expresan su oposición al crecimiento turístico desmesurado que se ha llevado en las Canarias".
Por lo tanto, la ley apuesta erradicar los planes turísticos que prevén la construcción de 3.600 nuevas camas turísticas y aplicar esta ley de renovación de la planta alojativa sobre todo en las islas de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife.
Las zonas en las que se ha producido un apoyo a la ILP es en las islas de La Gomera y en La Palma, las menos turísticas, y sobre todo en los municipios turísticos, en los cuáles la urbanización ha incrementado el deterioro ambiental.
Por ello, indicó Hernández, es importante que el Parlamento de Canarias tome en consideración esta iniciativa de ley para su posterior debate parlamentario, ya que "entendemos que esta es la ley que necesita la economía canaria, las 310.000 personas que viven del turismo de forma directa en las islas y las miles de personas que viven de él de forma indirecta".
Los informes gubernamentales e Impartur 2006, expresan que desde 2006, la economía turística en Canarias ha perdido diez puntos porcentuales en referencia al Producto Interior Bruto (PIB).
Por ello, estas firmas van a contar no sólo con la Comisión Promotora de la ILP "no más camas turísticas", sino también con el de Ben Magec-Ecologistas en Acción, otras organizaciones y la de los principales sindicatos, entre otros Comisiones Obreras, UGT e Intersindical Canaria.
Esta ley presentada al Parlamento plantea además un plan de empleo para Canarias, un plan para renovar la planta alojativa y para de alguna forma reformar lo que ya es "metástasis", es decir las zonas que ya están deterioradas y en las cuáles "si no actuamos y aplicamos esta ley se convertirá en cánceres", indicó el portavoz de la iniciativa.
Hernández recordó que las firmas registradas se encuentran dentro de lo establecido por el Estatuto de Autonomía, por lo que hoy "con el registro celebramos la fiesta de la participación directa ciudadana, que creen en las instituciones y los derechos fundamentales".
* Canarias Ahora - EFE. Santa Cruz de Tenerife - 13/03/2008
Foto: Representantes de Ben Magec, este jueves ante el registro del Parlamento de Canarias. (ACFI PRESS)
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La Justicia para el proyecto de construcción de 18.000 casas en el litoral de Dénia
INFORMACIÓN/Alicante* : La Homologación de Les Marines ha pasado definitivamente a la historia. El polémico proyecto urbanístico impulsado dos mandatos atrás cuando gobernaba la ciudad el Partido Popular, que suponía -con el beneplácito del entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco- la edificación de 18.000 nuevas viviendas por fases en el litoral norte de la capital de la Marina Alta, es ya cosa del pasado.
La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia ha visto frustrado su último intento por resucitar el proyecto que paralizó en 2003 el recién entrado gobierno municipal de PSPV y Bloc.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por las promotoras contra aquella decisión municipal de dejar sin efecto la aprobación de la homologación.
La sentencia es un triunfo del actual gobierno de socialistas y nacionalistas en el consistorio dianense, por cuanto no sólo avala la decisión que adoptó en 2003 de dejar sin efecto la homologación, sino que también refrenda los planes municipales de mantener los sectores de aquel plan ajenos a la urbanización.
El recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Promotores solicitaba la vigencia del proyecto aduciendo que fue aprobado en su día por el pleno municipal, pero que ni la Generalitat y ni el ayuntamiento llegaron a publicar en los boletines oficiales su aprobación definitiva. Sin embargo, el TSJ respalda la tesis mantenida por el ayuntamiento, por cuanto la Homologación de Les Marines quedaba automáticamente anulada a raíz de que el mismo tribunal declarara ilegal el 7 de julio de 2003 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000, en el que se basaba.
La homologación de Les Marines, una adaptación de parte del antiguo planeamiento de la ciudad a la LRAU, fue aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alacant el 4 de febrero de 2003. La publicación y la entrada en vigor quedaron supeditadas a la corrección de una serie de observaciones.
En agosto de 2004, una vez ya suspendido el PGOU de 1990, la Asociación de Promotores Turísticos remitió un escrito a la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial en el que exponía que el Ayuntamiento ya había enmendado los errores y solicitaba la publicación de la homologación. Al no obtener respuesta de la conselleria, la asociación recurrió contra la actuación de las administraciones autonómica y local el 21 de enero de 2005.
La sentencia del TSJ ratifica que "al no estar ya vigente el PGOU de 2000, y no encontrar su causa la homologación, la publicación de la cual se pretende, debe entenderse también como no vigente la citada homologación". En consecuencia, concluye el tribunal, la pretensión de la Asociación de Promotores Turísticos "carece de fundamento, ya que se refiere a la publicación de un instrumento de planeamiento sin vigencia".
Estatutos de la Gerencia
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Dénia intentarán modificar hoy los estatutos de la Gerencia de Urbanismo. La iniciativa puede prosperar, si se tiene en cuenta que en la actualidad el gobierno local (PSPV-Bloc) está en minoría en el órgano urbanístico. El PP pidió el martes por urgencia que se incluya la modificación de estatutos en la reunión del Consell.
* Información - SERGI GARCÍA - 13 de marzo de 2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
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Los jueces de Córdoba penarán las ampliaciones de urbanizaciones ilegales
ELPAÍS* : El pleno de magistrados de la Audiencia de Córdoba acordó esta semana actuar penalmente contra los chalés que supongan una ampliación de un núcleo ilegal ya existente. Los magistrados se reunieron el lunes pasado para unificar criterios ante este fenómeno tan extendido en Córdoba.
Según afirmó ayer Eduardo Baena, presidente de la Audiencia, hasta ahora, "se decía que, si se hacía un edificio más, como el territorio ya estaba desordenado, no se está violando la ordenación del territorio". Sin embargo, a partir de este momento, "cuando el edifico sea una expansión del núcleo ya desordenado, merece sanción penal", aclaró Baena.
Los magistrados acordaron que "la mera existencia de construcciones previas en la misma zona" no implicará que una nueva edificación esté libre de responsabilidad penal. Los jueces apostaron por examinar cada caso para averiguar si la "nueva construcción supone un plus de degradación del territorio".
Respecto a las demoliciones, los magistrados acordaron que la acusación será la que deba solicitar esta medida "expresamente" y que se aplicará cuando conste que las casas no "sean legalizables". Además, también se podrá ordenar cuando el propietario se niegue a paralizar la obra. Por último, los magistrados acordaron que "las casas prefabricadas se considerarán construcciones" a efectos penales. De momento, en la provincia no se ha detectado ningún caso de este tipo, aunque los magistrados han querido adelantarse previendo que puedan aparecer denuncias contra casas prefabricadas como ya ha ocurrido, por ejemplo, en Sevilla.
La necesidad de unificar criterios sobre las parcelaciones irregulares era algo urgente en Córdoba, donde se han dado interpretaciones dispares del 319 del Código Penal. Mientras un juez ordenaba demoler cinco casas levantadas en una urbanización ilegal de Obejo en la que existen 100 edificaciones más y que no está en terreno protegido, otro compañero de la Audiencia Provincial absolvía sistemáticamente a los propietarios de nuevos chalés del entorno del yacimiento de Medina Azahara, un suelo que tiene la máxima protección existente.
* ELPAIS.com - M. P. - Córdoba - 13/03/2008
Foto: Cordoba, parcelaciones ilegales Sierra - ecologistasenaccion.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Más de 40 años para tramitar el permiso de habitabilidad de un local pontevedrés
20MINUTOS* : Más vale tarde que nunca, o si no que se lo digan al Concello de Pontevedra, que ha tardado más de 40 años en gestionar el permiso de habitabilidad de un emblemático edificio de la ciudad. Todo comenzó el 13 de enero de 1965, algún funcionario municipal, que con toda seguridad lleva tiempo jubilado, abrió un expediente urbanístico sobre la enajenación de una parcela municipal, situada en la ladera que hay entre Reina Victoria y Palamios.
El próximo lunes, más de 43 años después, la junta de gobierno local dará carpetazo a dicho expediente con la aprobación definitiva de la licencia de primera ocupación del apartotel que se ha construido en dicha finca. Se trata, aseguró ayer la teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Teresa Casal, del "expediente vivo" más antiguo de los que se manejan en el Concello de Pontevedra. "Un auténtico incunable administrativo", llegó a afirmar.
Un expediente que ha pasado por las manos de ocho alcaldes -Filgueira Valverde lo inició en 1965 y posteriormente sostuvieron el bastón de mando Ricardo García Borregón, Augusto García Sánchez, Joaquín Queizán, José Rivas Fontán, Javier Cobián, Juan Luis Pedrosa y Miguel Anxo Fernández Lores.
También pasó por las manos de al menos cuatro jefes del servicio de Disciplina Urbanística, y por él se interesaron hasta tres solicitantes.
La historia
El primero en pedir licencia fue Cesáreo Sánchez Alonso, que adquirió la finca e intentó abrir un restaurante. Inició la obra, pero fue paralizada todavía en la década de los sesenta y la estructura, especialmente la terraza superior que queda a la altura de Reina Victoria, se convirtió en un elemento más del paisaje urbano pontevedrés.
Tras muchos años dormido, el expediente se reactivó en 1991, a instancias de Michele Messina di Cecca, empresario venezolano afincado en Santiago. Entonces se solicitó licencia para construir un hostal-residencia, germen del actual apartahotel Dabarca.
No en vano, en el amplio expediente aparecen referencias a problemas concernientes al volumen edificado, a la urbanización de los espacios comprendidos entre el inmueble y el instituto Sánchez Cantón, a la construcción de una escalera para comunicar Reina Victoria con Palamios, al traslado de una fuente en la parte baja de la parcela...
Finalmente, la obra se legalizó con la instalación de unos tubos que disimulan las salidas de humos en Reina Victoria, y desde junio del 2006 funciona como apartahotel. Ahora, al fin, se cerrará el expediente que más polvo ha acumulado en el Concello.
* 20 Minutos - MERCEDES GARCÍA-NIETO. 12.03.2008
Foto: En el edificio se ubica ahora el hotel Dabarca /20minutos.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
La gestión de las viviendas vacías en Europa
BURBUJA.INFO* : En el Estado español el número de viviendas vacías asciende a 3 millones, en la Comunidad Autónoma Vasca ronda el 18% del total de viviendas. Es muy interesante conocer cuál es la gestión que se hace en Europa de las viviendas vacias.
Políticas de gestión de vivienda vacía en países europeos: Holanda, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania, Italia...
------ HOLANDA -------
1.- LA OCUPACION DE VIVIENDAS QUE ESTEN VACIAS DESDE HACE MAS DE UN AÑO ES LEGAL, la vivienda solo se le devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía. Si habéis leido bien: si no alquilas la vivienda te arriesgas a que te la ocupen y a no poder echar al ocupa.
2.- Hay importantes SUBSIDIOS PÚBLICOS PARA PAGAR LOS ALQUILERES
--------- DINAMARCA ---------
1.- En los municipios de mayor tamaño se imponen desde los años 50 del pasado siglo hasta hoy mismo MULTAS PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS QUE LAS MANTENGAN VACIAS MAS DE SEIS SEMANAS. Si habéis leido bien, pone seis semanas.
2.- De hecho la multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la vivienda lleva más de seis semanas vacías.
------- FRANCIA -------
1.- MEDIDAS PÚBLICAS PARA FAVORECER EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS VACANTES: ayudas a la rehabilitación a los propietarios de vivienda (vinculadas a poner en alquiler la vivienda), desgravaciones fiscales por la rehabilitación y posterior puesta en alquiler de la vivienda e incluso el alquiler obligatorio por parte de los HLM de las viviendas vacantes (con garantías para los propietarios de cobro de los alquileres ?no integros-)
2.- TASA SOBRE VIVIENDAS VACÍAS en las ciudades de más de 200.000 habitantes en las que la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones la tasa es del 10% del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12.5% el segundo y 15% el tercero y posteriores. El dinero recuadado va a parar a un instituto público que rehabilita vivienda. Si habéis leido bien en tres años el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda.
3.- REQUISA GUBERNAMENTAL DE VIVIENDAS QUE LLEVEN MÁS DE 18 MESES VACÍAS y cuyos propietarios (solo personas jurídicas) no hayan puesto medios para alquilar esas vivienda en municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La requisa podrá llegar a los 12 años. Si habéis leído bien, requisas de 12 años. Estas viviendas son gestionadas en alquiler por un HLM público. El propietario requisado recibe una compensación por metro cuadrado (de la que se restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc).
----------- REINO UNIDO -----------
1.- AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA VACIA (Empty Home Agency) trata de animar a las autoridades locales a reducir el número de viviendas vacías y media entre las autoridades y los propietarios privados de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario y frenar las viviendas vacías procuran que ningún barrio caiga en la categoría de barrio marginal (unpopular neiboughood).
2.- INCENTIVOS FISCALES para los propietarios privados para la compra y rehabilitación de las viviendas vacías.
3.- PRESUPUESTO PÚBLICO DEDICADO A COMPRAR VIVIENDAS PRIVADAS VACÍAS PARA PONERLAS EN ALQUILER SOCIAL.
4.- PENALIZACIONES IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES A LOS PROPIETARIOS QUE MANTENGAN VOLUNTARIAMENTE VACÍAS SUS VIVIENDAS. Vinculado a lo anterior las autoridades locales deben publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías
5.- ALQUILER O VENTA FORZOSA DE VIVIENDAS PRIVADAS VACIAS. Los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o venta de viviendas que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. Si habéis leído bien, dice seis meses. Y por cierto, he leído por ahí que la medida afecta a unas 600.000 viviendas en Inglaterra.
------ SUECIA ------
1.- LA EXISTENCIA DE VIVIENDAS VACÍAS IMPLICA UN AUMENTO DE GASTO PARA LAS AUTORIDADES LOCALES, dado que cada vivienda privada vacía incrementar el precio de los alquileres de vivienda protegida y como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales, el incremento de viviendas privadas vacías implica mayor coste para el Ayuntamiento en alquiler público.
2.- Para evitar lo anterior, LOS AYUNTAMIENTOS OFERTAN VIVIENDA EN ALQUILER MÁS BARATA y así bajar el número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios.
3.- Y en último extremo, proceden a DEMOLER LAS VIVIENDAS VACÍAS. Si habéis leído bien, prefieren demoler las viviendas privadas, antes de que estén vacías.
-------- ALEMANIA --------
1.- LOS PROPIETARIOS PUEDEN SER OBLIGADOS A REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y FRENTE AL INCUMPLIMIENTO CABEN LAS MULTAS, LA ADMINISTRACIÓN SUSTITUTIVA DE LA VIVIENDA POR LA ADMINISTRACIÓN (lo que estos días ha propuesto Catalunya: la expropiación temporal y el alquiler forzoso) E INCLUSO LA EXPROPIACIÓN.
2.- En municipios con más del 10% de viviendas vacías la Administración procede a DEMOLER LAS VIVIENDAS VACÍAS QUE NO SE PUEDEN ALQUILAR.
------- ITALIA -------
1.- PENALIZACION FISCAL A LAS VIVIENDAS VACIAS a imponer por los Ayuntamientos y por un valor del 9 por mil del valor catastral.
¿En todos estos países las autoridades públicas atacan a la propiedad, son dictatoriales, populistas, etc? ¿O acaso en estos paises, por cierto los más desarrollados del mundo y algunas de las democracias más venerables del planeta, lo que ocurre es que a veces a la propiedad privada no se le permiten hacer cosas que dañan al bien común y al interés general?
Lo dejo a vuestro juicio, pero ya me gustaría ver a todos los periodistas y políticos que nos han insultados tanto en estos últimos días decir lo mismo de lo hecho por los gobiernos de todos estos países durante tantas décadas.
Ah! por cierto, en la mayor parte de estos países es mucho más accesible para el común de los mortales acceder a la vivienda y salvo Italia, todos tienen fuertes parques de alquiler, la mayor parte del mismo público y sus mafias inmobiliarias son mucho más pequeñas que las nuestras.
* Rebelión - Burbuja.info - 12-03-2008
Foto: Casa_carton - periodistadigital.com
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Tema: NOTICIAS Europa , NOTICIAS VIVIENDA
El porcentaje de territorio urbanizable en Canarias pasará del 40 al 56 por los nuevos proyectos
SANBORONDÓN* : Según Greenpeace los nuevos proyectos adjudicados harán que se rebase el límite urbanizable establecido por ley. Por eso, consideran positiva la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Ben Magec Ecologistas en Acción el pasado 9 de octubre de 2007 con la que se pretende “endurecer” las restricciones de la Moratoria.
La cantidad de nuevos proyectos urbanísticos que han aflorado en el Archipiélago en los últimos años, tales como campos de golf, complejos residenciales o puertos deportivos hará que se supere el porcentaje de suelo que se puede urbanizar en Canarias, que según la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias está fijado en un 40% del territorio insular. Según Greenpeace, con los nuevos proyectos adjudicados se alcanzaría el 56% del territorio canario urbanizado incumpliendo la Ley.
Los datos que manejan los ecologistas sobre proyectos futuros ya adjudicados les hace presuponer que se termine desbordando el suelo urbanizable en Canarias, algo que consideran es debido a la “tolerancia” de los políticos que muchas veces “funcionan como alcaldes-constructores o constructores-concejales de urbanismo”.
Así se expresó el director de Campañas de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, quien considera que se está llegando a una situación “desbocada” de la vorágine urbanística en España y en especial en Canarias.
“Existe una saturación clara del litoral –declaró- a pesar de que sólo un 40 por ciento del territorio canario es urbanizable la superficie actualmente considerada como tal ha aumentado a un 56 por ciento, estamos en cifras totalmente desbocadas”.
En este sentido, consideró positiva la adhesión del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Ben Magec Ecologistas en Acción el pasado 9 de octubre de 2007 con la que se pretende “endurecer” las restricciones de la Moratoria.
No obstante, los propios socialistas consideran que esta iniciativa está “un poco coja” porque argumentan que también hay que incidir en “la actividad urbanizadora residencial que encubre núcleos turísticos ilegales”.
BEN MAGEC
Ben Magec Ecologistas en Acción presentó el 9 de octubre de 2007 en el Parlamento de Canarias una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de medidas para la renovación de la planta alojativa turística y de contención de su crecimiento con la que pretende “renovar la planta hotelera y extrahotelera obsoleta del Archipiélago y eliminar la excepción de las 3.600 camas que estaba contemplada en la actual Ley 19/2003 de Directrices generales y del Turismo de Canarias”.
El portavoz de Ben Magec, Antonio Hernández, señaló en su día que se trata de la ILP número 25 de la historia de Canarias y “la más ambiciosa” ya que pretende “endurecer” la Ley de Directrices y se aplicaría en todas las Islas, donde en un plazo de nueve meses el Gobierno regional “establecería un programa detallado, con dotación presupuestaria para el desarrollo de actuaciones de rehabilitación urbana en las zonas turísticas”.
Apuntó que esta ILP se diferencia con la Ley de Directrices en que es de “ámbito archipielágico” y aclaró que la plantean ante “la crisis turística muy grave” que está sufriendo Canarias con hoteles donde la ocupación sólo es de un 25%.
* Revista Digital San Borondón - 12 de marzo de 2008
Foto: Tenerife, suelo artificial 2000-2006 - Dir.Ord.Paisaje
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Navarra: El Defensor propone suprimir el "silencio positivo" en urbanismo
DIARIODENAVARRA* : El Defensor del Pueblo, Javier Enériz, propone en un informe especial remitido al Parlamento que se modifique la ley foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo para suprimir en ella el llamado "silencio administrativo positivo" en la aprobación definitiva de planes generales municipales, planes especiales independientes, planes de sectorización y modificaciones de determinaciones estructurantes del Plan General Municipal.
En su informe especial sobre el silencio administrativo en la actividad urbanística, el Defensor analiza pormenorizadamente las consecuencias que esta figura tiene en la aprobación del planeamiento urbanístico por la figura del silencio administrativo. Cuando dicha aprobación es expresa, "la Administración es consciente de lo que aprueba y valida", señala. Pero, "cuando la aprobación se produce por silencio administrativo positivo, muchas veces por falta de tiempo más que por desidia, la Administración no ha supervisado el contenido del planeamiento sometido a su consideración", con el resultado de que las "determinaciones que incorpora el plan pueden ser ilegales o irracionales, en suma, vulneradoras de principios y derechos constitucionales".
Añade el informe que "la aprobación del planeamiento urbanístico por silencio administrativo es contraria al principio de seguridad jurídica y al de publicidad de las normas". Por ello recomienda al Parlamento su supresión en la ley de Ordenación del Territorio "por cuanto la creación de ciudad en sus trazos generales debe ser siempre una decisión expresa de la Administración competente en defensa del interés general, y no un acto resultante de la pasividad".
Entre otras sugerencias, también propone que la concesión de las licencias urbanísticas sea competencia sólo del Ayuntamiento y no del concejo en los casos de municipios compuestos, ya que así "se agilizaría la gestión y se reducirían los posibles conflictos derivados del informe preceptivo municipal".
Alegaciones de la FNMC
La Federación Navarra de Municipios y Concejos presentó una serie de alegaciones al informe del Defensor en las que, básicamente, rechaza la posición de esta institución relativa a que el Plan General Municipal no debe ser aprobado definitivamente por el silencio administrativo. La FNMC entiende que esta postura del Defensor "supone enjuiciar negativamente la actividad de la administración municipal, que ha de presumirse legal y basada en el interés general".
* Diario de Navarra - NATALIA AYARRA . PAMPLONA - 12 de marzo de 2008
Foto: Pamplona, Parlamento de Navarra - Ngoni (wikipedia.org)
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ARCA considera 'muy alarmante' que el Ayuntamiento proponga construir un parking subterráneo en el parque Mendicuague
LAREGIÓN/Santander* : La asociación ecologista ARCA ha considerado 'muy alarmante' que el Ayuntamiento de Santander proponga construir un aparcamiento subterráneo 'a costa' del parque Mendicuague. A su juicio, la propuesta del Consistorio significaría que, 'después de lo sucedido en Las Llamas', para el Equipo de Gobierno municipal 'los parques son zonas urbanas residuales, sin valor social o ambiental dignos de protección'.
Por contra, ARCA defiende el parque Mendicuague al considerarlo 'fruto de la lucha histórica que mantuvieron los vecinos del barrio de San Francisco por mejorar su calidad de vida y modernizar el diseño urbano de Santander', informó la asociación ecologista en un comunicado. 'El parque Mencicuague debe ser un modelo a seguir para otros barrios de la ciudad y merece ser conservado en su integridad', defendió.
Para ARCA 'no es lógico' que el Ayuntamiento pretenda resolver un problema de aparcamiento 'a costa de crear otro mayor' que suponga 'pérdida de calidad de vida' para los vecinos. Igualmente considera 'poco justificable' que el Consistorio 'quiera corregir las consecuencias de la mala planificación urbanística que Santander ha venido sufriendo durante los últimos 60 años disminuyendo o alterando los escasos parques existentes en una zona tan masificada como es el norte de General Dávila'.
Por otro lado, ARCA recordó que hace varios meses se instaló una carpa frente al Ayuntamiento promocionando una remodelación del diseño urbano de Santander con espacios peatonales, carriles bici, transporte público y movilidad sostenible.
Sin embargo, la asociación ecologista denuncia que lo que el Ayuntamiento está haciendo es 'exactamente lo contrario', es decir, 'priorizar políticas de movilidad insostenible, potenciar la utilización del coche privado y degradar los espacios libres para construir nuevos aparcamientos'.
* La Región Internacional - Agencias - SANTANDER - 12-03-2008
Foto: Santander, ayuntamiento - laregioninternacional.com
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Tema: NOTICIAS Cantabria
Llucmajor: El juez ordena la paralización de las obras del centro comercial de Bahía Grande
DIARIODEMALLORCA* : El juzgado de primera instancia nº 7 de Palma ordenó ayer la paralización de las obras de construcción de un centro comercial en Bahía Grande después de que los vecinos demandaran a la urbanizadora Marina de Llucmajor por permitir su ejecución en solar destinado a zona verde comunitaria.
El terreno, ubicado en la entrada de la urbanización, tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados, de los que más de 1.000 albergarán alrededor de una docena de locales con sus respectivas terrazas.
Diego López, presidente de la comunidad de propietarios, representado por el bufete Pomar, mostró ayer su satisfacción por la medida cautelar, al tiempo que aludió a la celeridad con que se han llevado a cabo las obras. Según dijo, esta parcela consta en el registro civil como zona verde, permitiéndose un uso deportivo, pero no comercial. Así, indicó que en ella se había previsto la construcción de un minigolf que finalmente no llegó a buen puerto. De la misma manera, López afirmó que "la urbanizadora, propiedad de Javier Cabotá y promotor del centro, ya intentó acometer este proyecto hace 10 años, aunque después de hablar con él desistió".
El Ayuntamiento, por su parte, se ampara en la catalogación que el Plan General de 1984 hace de esos terrenos para dar validez a la licencia de obra . Joan Jaume, regidor de Urbanismo del ayuntamiento, afirmó que los terrenos figuran como equipamientos comerciales y en consecuencia las obras que allí se desarrollan se ajustan a la legalidad.
El permiso fue otorgado el 24 de mayo de 2007 a Maioris Internacional S.L para la construcción de un centro comercial de 12 locales con terraza. La vigencia de la misma es de dos años, citando como contratista a Femosa.
El presidente de la comunidad insistió además en que este tipo de proyectos no se pueden acometer sin el visto bueno de la comunidad de propietarios. E indicó, igualmente, que la urbanizadora les prometió que tan sólo se habilitaría una zona para los comercios y que por ello los locales se pagaron más caros. Para López, la nueva zona supone un grave perjuicio para los actuales comerciantes del núcleo, mientras que para a la promotora esta operación urbanística le reportará cientos de miles de euros afirmó, sobre todo porque el solar no les ha costado nada, añadió.
En este sentido, López explicó que incluso ya se han vendido algunos de los locales. Según comentó, tasación en mano, los precios van desde los 300.000 a los 420.000 euros por un espacio de unos 90 metros cuadrados con terraza.
Diversos vecinos de Bahía Grande también se congratularon ayer de la decisión judicial. Es más, algunos barajaron la posibilidad de demandar a la promotora de las obras por los daños ocasionados en sus viviendas a consecuencia de los movimientos de tierra.
Ahora cabrá esperar la apertura del juicio para conocer el desenlace del litigio.
* Diario de Mallorca - F. A / M. C. LLUCMAJOR - 12 de marzo de 2008
Foto: Así estaban las obras, ayer, después de que el juez ordenara su paralización / M. Cañellas, diariodemallorca.es
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Marbella: El TSJA insta al Consistorio a revisar tres licencias ilegales
LAOPINIÓN/Málaga* : El trabajo se acumula para el Ayuntamiento de Marbella. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a recordarle al gobierno de Ángeles Muñoz que tiene pendiente la revisión de las licencias urbanísticas presuntamente ilegales que se concedieron durante los mandatos del GIL.
En concreto, el TSJA le insta a revisar tres nuevas licencias, que se suman a otras 15 anteriores, referidas a 35 viviendas ubicadas en la urbanización Golf Río Real, de la empresa Ray Inmobiliario, y a dos viviendas unifamiliares de la empresa Quatrovillas, que se sitúan en la urbanización La Coneja Sur, informó ayer el concejal socialista Javier De Luis.
Aplazamiento. La Administración local ha solicitado que se aplace la ejecución de estas sentencias y, para justificar su postura, ha recurrido al informe que realizó el ex concejal de Urbanismo durante el gobierno de la gestora, Rafael Duarte.
En este documento, se argumenta que habría que esperar a la aprobación definitiva del Plan General para ejecutar las sentencias de demolición, ya que algunas de los inmuebles irregulares podrían resultar normalizados en el nuevo planeamiento. De Luis aclaró que este informe afirma que la revisión de las licencias ilegales es el camino para resolver el caos urbanístico del municipio, al contrario de lo que ahora defiende el PP, que también condiciona la revisión de las licencias a la aprobación definitiva del PGOU.
"No hay normalización sin el cumplimiento de la ley", afirmó el socialista, tras explicar que la revisión de licencias que ordena el TSJA puede determinar la declaración de nulidad de las mismas o su legalidad.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA - 12 de marzo de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Fiscalía investiga el plan urbanístico de Aranga
ELPAÍS/A Coruña* : La Fiscalía especializada en urbanismo abrió diligencias informativas para averiguar si se incurrió en algún delito en el macroproyecto de urbanización que negoció el alcalde de Aranga, Manuel Brañas (PP), con el empresario del sector del juego José Collazo.
Hoy termina el plazo para presentar alegaciones al plan de ordenación urbanística de esta pequeña localidad coruñesa, que genera una fuerte oposición vecinal al descubrirse que incluye la previsión de urbanizar 300 hectáreas con la construcción de un gran polígono industrial y 744 viviendas en un municipio de 2.200 habitantes.
Ese proyecto fue pactado en secreto entre el alcalde y el empresario, quien compró más de 800.000 metros cuadrados de suelo rústico en Aranga con la promesa de que se recalificaría para poder llevar a cabo sus planes de urbanización. Brañas y Collazo establecieron por escrito en noviembre de 2006 esa "propuesta de convenio", que se dio a conocer hace apenas tres meses y ahora está a expensas del visto bueno de la Consellería de Política Territorial.
El fiscal Antonio Roma encargó un informe a la Guardia Civil para averiguar si esa propuesta se atiene a la legalidad vigente. Ayer, durante el pleno municipal, los concejales socialistas y nacionalistas volvieron a pedir sin éxito al alcalde cambios en ese macroproyecto de urbanizaciones para que no afecte a viviendas ya existentes. Pero Brañas aplazó cualquier modificación hasta que se estudien en detalle las alegaciones presentadas.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 12/03/2008
Foto: Aranga (A Coruña), ayuntamiento - aranga.es
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'Compromís per Aitana' recurre el plan urbanístico del Mas de Pau
INFORMACIÓN/Alicante* : El colectivo ciudadano "Compromís pels Pobles de l'Aitana" ha presentado un recurso de reposición contra el plan urbanístico para construir 200 chalés en la zona del Mas de Pau en Penáguila. Esta agrupación, que reúne a representantes de diferentes poblaciones de El Comtat, considera que se han producido importantes anomalías administrativas en la tramitación de este programa de actuación integrada (PAI), cuya licitación fue aprobada en pleno por el PP y el PSOE de la citada localidad.
Este colectivo está dispuesto a llegar a los tribunales en el caso de que su recurso no sea atendido por la corporación municipal.
En la batería de irregularidades, "Compromís per Aitana" señala en primer lugar que la desafección del Plan General de los terrenos para el PAI no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, tal y como obliga la legislación vigente. Asimismo, también denuncia anomalías en los criterios para puntuar en el concurso. Finalmente, indican que no se ha cumplido la obligación de publicar en la página web del Ayuntamiento -o en la de la Conselleria de Territorio- las bases para este procedimiento.
En este mismo orden de cosas, el colectivo ciudadano indica que la empresa constructora no cumplirá su compromiso de hacer en este paraje un centro de alto rendimiento deportivo. "Compromís per Aitana" recuerda que todavía no se ha obtenido la declaración de utilidad pública para esta obra y que será muy difícil utilizar aguas subterráneas del acuífero Barrancons-Carrasqueta, con las que aprovisionar este hipotético complejo. Hay que recordar que esta obra incluía un campo de golf, que finalmente se ha paralizado, por que no se han podido justificar adecuadamente las disponibildiades de agua.
Hay que recordar que el inicio de los trámites de este proyecto se aprobó en pleno con el voto negativo del partido independiente "Compromís per Penáguila". Desde esta formación política se calificaba de chapucera y deficiente la tramitación. Este partido acusaba a los grupos municipales del PSOE y del PP de dejarse manejar por los intereses de la empresa promotora. Recuerdan que el proyecto está impulsado por un grupo inversor inglés, dirigido por el ex entrenador del Barcelona Tery Venables.
Finalmente, desde esta formación independientes se señala que "hacemos un llamamiento a la sensatez al gobierno del PSOE y PP en Penáguila para que reconsideren este proyecto, que no aportará beneficio alguno a la población y que destrozará nuestro entorno y patrimonio".
Hay que recordar que este partido denuncia el uso del proyecto de centro deportivo como "gancho" para desarrollar una urbanización de 200 chalés en este paraje. Critican el apoyo prestado a este polémica obra por socialistas y populares.
* Información - J.LL. - 12 de marzo de 2008
Foto: Penaguila (Alicante) - cederaitana.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La ONU dice que la crisis de la vivienda en España se resuelve con la protección oficial
PÚBLICO* : El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Digna, Miloon Kothari, considera que la única forma de resolver la crisis de la vivienda en España es construir apartamentos sociales. "No existe un atajo en España que no pase por construir más vivienda de protección oficial, vivienda social que vaya directamente a las personas de menos ingresos", dijo hoy en una entrevista con Efe.
El relator especial presentará mañana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre España, país que visitó del 20 de noviembre al 1 de diciembre del 2006.
En el informe se pone de manifiesto que "el cupo de viviendas subsidiadas es escaso y no satisface las necesidades inmediatas y futuras de la población".
A principios de la década del 2000, sólo el 6,3 por ciento de todas las residencias eran subsidiadas, contra una media del 13,7 por ciento en la Unión Europea.
"A menos que sean capaces de liberar los dos o tres millones de viviendas que están vacías -y aún así sería un proceso lento- si el Gobierno realmente quiere enfrentar la crisis de la vivienda no hay más camino que construir vivienda social", agregó.
Según los datos con los que cuenta el relator, España posee el mayor número de casas vacías de la Unión Europea, con más de tres millones en el 2001, el 15 por ciento del número total.
Consultado sobre si el freno del mercado hipotecario puede mejorar la situación, Kothari volvió a abogar por la implicación gubernamental.
"Se necesita una iniciativa global del Gobierno central en colaboración con las Comunidades Autónomas, que cree un sistema que mantenga un stock regular de viviendas disponibles para los más vulnerables. No se puede dejar eso al mercado, el mercado puede colapsar, pero eso no va a ayudar a los más pobres".
Kothari considera que España enfrenta una crisis nacional de la vivienda y que la causa principal de ello es haber tratado el alojamiento como un bien de consumo.
"Hay varias razones para que exista esa crisis, creo que la primera y la más importante es que en las últimas décadas la vivienda ha sido tratada en las políticas públicas como un bien de consumo". dijo.
"La pregunta es, por qué el Gobierno no ha intervenido antes en el mercado para bajar la especulación, para controlar el poder de los promotores y de los bancos, para dejar claro que no estamos hablando de un producto sino de un derecho social que está reconocido en la Constitución", agregó.
El informe indica que España ha experimentado uno de los mayores incrementos en los precios de las viviendas de los años recientes, y que durante los últimos cinco años los precios han aumentado anualmente de media un diez por ciento.
"En Madrid y Barcelona los precios se incrementaron más del 100 por ciento entre 1997 y el 2007", agrega el informe.
Kothari lamenta que el aumento de los precios haya beneficiado a los especuladores, que en muchos casos han llegado a ganar el 846 por ciento en un año.
El relator de la ONU se mostró muy preocupado y "convencido de que la situación no es sostenible en el largo plazo, y mucha más gente tendrá problemas de pago en el futuro, algo que podrá afectar su derecho a una vivienda adecuada".
La corrupción es otro de los elementos a erradicar: en el 2006, 15 de los 24 quejas por abuso de desarrollo urbano que recibió la Unión Europea provinieron de España.
"Lo que se necesita y lo que pedimos en el informe es una implementación general de políticas públicas, dado que todavía se da un predominio al mercado para que opere, y la especulación aún está demasiado presente", aseveró el relator.
Por ello, volvió a reclamar "una política pública que se embarque a gran escala en lo que se necesita, que es un gran programa de construcción de viviendas sociales, de viviendas públicas para compara y para alquilar".
* Público - EFE - Ginebra - 11/03/2008
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
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Se alquila
CINCODÍAS* : De cada diez hogares españoles, sólo uno se alquila. Y nueve se compran. En la mayoría de los países europeos, el porcentaje de hogares en régimen de alquiler triplica la cifra española. Teniendo en cuenta que en la mayoría de las sociedades avanzadas el deseo de emancipación se manifiesta en los jóvenes entre los 23 y 28 años, ¿qué es lo que hace que los españoles estén esperando a tocar la treintena para irse de casa? ¿Sirven de algo las ayudas a la emancipación? ¿Está el alquiler comenzando a despegar?
Aunque aún sea pronto para lanzar una valoración sobre las últimas medidas puestas en marcha, parece que algo se mueve.
Según datos de la Sociedad Pública de Alquiler, el 80% de la población española entre 23 y 30 años desea emanciparse, pero dice no poder hacerlo debido al esfuerzo económico que requiere. Según un estudio de Deutsche Bank, uno de cada cuatro españoles de entre 26 y 45 años tiene la convicción de que nunca podrá comprarse una vivienda. Nunca. El dato no parece extraño al advertir que casi once millones de españoles son ‘mileuristas’ -el 58% de los asalariados cobran menos de 1.100 euros brutos al mes-. Y que muchos de ellos, claro está, son jóvenes. La subida de tipos -y la consiguiente subida de los pagos hipotecarios- iniciada hace ya tres años, así como las dificultades crecientes por parte de la banca para conceder un crédito hipotecario no ayudan a resolver un problema de acceso a la vivienda sobre el que últimamente se han intentado redoblar los esfuerzos políticos. La creación de la Sociedad Pública de Alquiler o la archiconocida Renta Básica a la Emancipación conforman buenos ejemplos del interés por atajar el problema.
Aunque en España hay más de tres millones de viviendas vacías, el Instituto Nacional de Estadística atestigua que sólo un 10% del total son hogares en oferta de alquiler. Un porcentaje que contrasta claramente con la oferta del 60% o del 50% de viviendas en alquiler que presentan Alemania u Holanda. Incentivar esta oferta es el objetivo de unas ayudas fiscales desplegadas por el Ejecutivo para convencer al propietario que prefiere vender. Éstos, e incluso los propios promotores de vivienda nueva, hace ya algún tiempo que empezaron a mostrar inquietud por el excesivo dilatamiento de los plazos de la compraventa pero, en un mercado que cambió rápidamente de manos, esta vez parece claro que es el comprador el que tiene la sartén por el mango. Una solución no desdeñable para muchos propietarios pasa, así, por alquilar. Detrás de ello, al fin y al cabo, se encuentra la certidumbre instalada entre la población de que los precios de la vivienda, que en diciembre de 2007 se revalorizaron ya sólo seis décimas por encima de la tasa de inflación, continuarán su senda bajista.
“Unas 100 o 150 viviendas al día entran en la Sociedad Pública de Alquiler para ser alquiladas con nosotros, lo que quiere decir que no solamente son propietarios los que lo hacen, sino que también encontramos aquí parque público de las administraciones, promotores que introducen esas viviendas porque no las venden y otros que se están empezando a dedicar de forma exclusiva a la vivienda en alquiler, lo cual es una señal magnífica para este mercado”, ha manifestado recientemente Alejandro Inurrieta, presidente de la Sociedad Pública de Alquiler.
Desde el Ministerio de Vivienda, que el pasado 20 de febrero comenzó a pagar la ayuda que conforma la Renta Básica a la Emancipación, también sacan pecho. Su responsable, Carme Chacón, asegura que las expectativas se han cumplido con creces y que, desde la entrada en vigor de la ayuda, más de 33.000 jóvenes han cursado la solicitud. El buen dato está en línea con la previsión para 2008: que 360.000 jóvenes se independicen. El único peligro es que los alquileres sigan subiendo.
El Plan de Apoyo a la Emancipación, en detalle
Ayudas para el inquilino
- 210 euros al mes para el pago del alquiler, 600 euros de préstamo para la fianza y aval de seis meses para jóvenes ocupados con ingresos y de entre 22 y 30 años. Se trata, eso sí, de una prestación a recibir durante un máximo de 4 años, por lo que durante 48 meses, asciende como máximo a los 10.080 euros.
- Deducción del 10,05%, equivalente a la que existe actualmente para la compra, para todos los inquilinos con ingresos máximos anuales de 24.000 euros netos, sin límite de edad.
Ayudas para el propietario
- 100% de exención para los ingresos derivados de contratos con jóvenes menores de 35 años, que se suma al 50% de exención para los demás casos.
- El ‘Alquiler seguro’ de la Sociedad Pública de Alquiler ofrece, además, al propietario la seguridad de percibir la renta fijada en el caso de impagos, defensa jurídica en supuestos de desahucio y una cobertura multirriesgo para hacer frente a posibles incidencias en la vivienda.
* Cinco Días - Carlos Bello / MADRID (07-03-2008)
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)
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12.3.08
por UrbanismoPatasArriba
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Imputado por prevaricación el ex alcalde del PP en el municipio canario de Santa Brígida
ELPAÍS* : El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Angel Parramón, ha dictado un auto en el que imputa por un presunto delito de prevaricación administrativa al ex alcalde del PP en Santa Brígida (19.000 habitantes), Carmelo Vega, y actual edil de Independientes por esta localidad, por conceder una licencia de obra mayor supuestamente ilegal amparada en una normativa anulada por la jurisdicción contencioso administrativa.
El juez imputa también por el mismo presunto delito a dos técnicos municipales (una arquitecta y una asesora jurídica) que llevaron a cabo sendos informes favorables y a los concejales del Ayuntamiento grancanario en el año 2000, María Teresa Vega y Luis Troya, en aquel entonces en Coalición Canaria (CC), como responsables de Cultura y Vías y Obras respectivamente, y Antonio Díaz, en aquella época edil de Hacienda del PP.
Estas tres últimas personas eran miembros de la comisión de gobierno del Consistorio en la que se aprobó otorgar dicha licencia para la construcción de un edificio de 14 viviendas, locales y garajes en el sector de los Palmerales-San Juanito o Potosi en la villa de Santa Brígida.
Por su parte, el juez acuerda también, en un auto del 27 de febrero, el sobreseimiento de las actuaciones respecto a otras personas que estaban imputadas por esta causa: Juan Armando Umpiérrez -actualmente concejal de Vías y Obras del PP-, y los ex concejales en la oposición en 2000, Manuel Galindo y Marcos Mendoza, ambos del partido La Gaviota Azul (LAGA), y el ex concejal del PSC-PSOE también en la oposición Antonio Cabrera, ya que no formaban parte de la comisión de gobierno que aprobó la licencia supuestamente ilegítima, a pesar de que votaron favorablemente a su concesión en el pleno de noviembre de ese año.
Igualmente, archiva la causa respecto al ex concejal de Asuntos Sociales aquel año Antonio Ojeda hasta que "el imputado recobre la salud", dado que ahora se encuentra enfermo. Contra el auto del juez cabe interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días.
* ELPAIS.com - EP - Las Palmas de Gran Canaria - 11/03/2008
Foto: Santa_Brígida (Gran Canaria) - M.Perdomo, wikipedia.org
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por UrbanismoPatasArriba
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