LEVANTE/Alacant* : El colectivo Arrels denunció ayer la desertificación del territorio a causa de la presión urbanística en Pego. Para ello se desplazaron a la partida Penya Roja, donde la promotora Fadesa está desarrollando una "macro urbanización". En el lugar descrito como zona verde, cerca de cuarenta personas plantaron cincuenta árboles, en la segunda "inspección ciudadana" que los ecologistas realizan a la zona.
La actividad se desarrolló bajo el lema "Quan caiga l'últim arbre haurem de menjar ciment". Y recordaron que parte de la consecuencia de la riada de octubre la tuvo la falta de vegetación forestal que no pudo absorber el agua.
Además, en los participantes pidieron al consistorio pegolino, a través de un manifiesto que "se ponga en funcionamiento la Agenda 21 Local ya porque continuar como hasta ahora es un insulto para la inteligencia de los vecinos de Pego". Arrels argumentó estas declaraciones en que el tripartito prometió hace cinco años su puesta en marcha.
Asimismo, reivindicaron su derecho a "la democracia participativa de la que muchos políticos se llenaron la boca en las pasadas elecciones".
* Levante-EMV - E.V., Pego - 24 de febrero de 2008
Foto: Pego (Alicante), la Penya Roja - lasprovincias.es
Pego: Arrels reforesta Penya Roja para denunciar la presión urbanística
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Lanzarote: Seis hoteles con licencia nula recibieron más de 23 millones de fondos europeos
LAPROVINCIA* : Al menos seis hoteles con la licencia anulada por los tribunales se construyeron gracias a la ayuda de fondos europeos. Estos hoteles, de Playa Blanca y Costa Teguise, casi todos ya con sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recibieron más de 23 millones de euros acogiéndose a las subvenciones reguladas en los llamados incentivos económicos regionales, que son fondos aplicados por la Unión Europea para el fomento del empleo en zonas o sectores en declive, cuando Canarias disfrutaba de la condición de Región Objetivo Uno.
Las ayudas, para zonas deprimidas, se concedieron entre el año 1998 y el año 2002, cuando en la Isla se habían iniciado precisamente la articulación de políticas de contención turística y cuando los municipios de Teguise y de Yaiza gozaban ya de una renta por habitante de las más altas del Archipiélago. Los incentivos regionales suponen unos porcentajes de la inversión total de los hoteles que se acercan en algunos casos al 25%. Es el caso del Hotel Princesa Yaiza, uno de los más lujosos de la Isla, la subvención, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de agosto de 1999, fue de 4.092.238,17 euros, mientras que el presupuesto del hotel, según la propia documentación del Ayuntamiento de Yaiza, ascendía a más de 2.700 millones de pesetas (16 millones de euros).
A finales de esta semana, el TSJC emitía una sentencia por la que declaraba "radicalmente nula" la licencia concedida a la empresa Demadu SL para construir un hotel de 456 habitaciones y 912 plazas en la parcela 244 F de Costa Teguise. Las obras del hotel no se llegaron a terminar y recibió una subvención de más de cuatro millones y medio de euros.
Excepto en este caso, los otros hoteles están funcionando en la actualidad y suman casi 3.000 plazas alojativas. Entre ellos está el Hotel Rubicón Palace, para cuya construcción recibió la empresa Teide 10 una subvención europea de casi siete millones de euros. También está el Iberostar Papagayo, con la licencia anulada recientemente. En ese caso, la empresa promotora, Riversun Inmuebles recibió más de un millón y medio en abril del año 2000. La empresa Lanzarote 6 SA, recibió para el Hotel Gran Melián Volcán más de tres millones en 1999, aproximadamente la misma cantidad que se le aprobó a la empresa Yaiza Beach Club para el Natura Palace, todos ellos en la localidad de Playa Blanca.
En Costa Teguise, además de la subvención a Demadu se concedieron dos subvenciones a la empresa Hoteles Playa Canarias, por un importe total de más de tres millones y medio. Esa licencia también está recurrida por el Cabildo.
Otros establecimientos también recibieron fondos europeos, como el hotel Hesperia Puerto Calero, que no está recurrido por el Cabildo o la empresa Yudaya SA que recibió más de seis millones de euros. Esta empresa fue la única que llegó hace dos años a un acuerdo con el Cabildo para no terminar el pleito a cambio de desclasificar tantas plazas como las que se le concedieron para un establecimiento.
Hay que recordar que el informe elaborado por el letrado Agustín Domingo Acosta que dio pie a una investigación contra los dos ex alcaldes de Yaiza y Teguise por parte de la Unidad de drogas y crimen organizado, señalaba la existencia de una trama organizada en ambos municipios para conceder licencias de construcción ilegales, con una misma dirección legal. Unas 13.000 plazas están en los tribunales, que supusieron una inversión de unos 300 millones de euros. El Cabildo ha ganado ya más de veinte sentencias y el Ayuntamiento de Yaiza, a pesar de las inversiones, tiene una deuda de 50 millones de euros.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 24 de febrero de 2008
Foto: Una mujer pasea junto al Rubicón Palace en Playa Blanca. ADRIEL PERDOMO, laprovincia.es
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Orihuela: Más de mil vecinos salen a la calle para protestar contra la planta de residuos
INFORMACIÓN/Alicante* : Más de mil personas se manifestaron ayer en Orihuela Costa contra la construcción del vertedero comarcal en la pedanía oriolana de Torremendo, la segunda protesta convocada por la Asociación de Vecinos Virgen de Monserrate de esta partida rural desde que se diera a conocer el pasado mes de enero la adjudicación del Plan Zonal de Residuos a la unión de empresas formada por Cespa y Ortiz en este término municipal.
Bajo el lema "Medioambiente sano, vertederos corrupción no", los vecinos partieron desde la puerta del Ayuntamiento de Orihuela Costa con numerosas pancartas con el mensaje "Poblaciones en pie de guerra por unos corruptos de mierda" y camisetas en las que podía leerse "Torremendo sano, vertedero corrupción".
El Consorcio del Plan Zonal de Residuos del área XVII recoge que para la gestión de los residuos sólidos urbanos de la Vega Baja debe construirse una planta en Torremendo que recibirá 400.000 toneladas de basuras al año. La asociación de vecinos ha manifestado en varias ocasiones que el Plan Zonal y la falta de información que sobre él existe son elementos "sospechosos" en donde se priman más los "intereses económicos de unos pocos que los de los ciudadanos".
En el acto de ayer participaron también vecinos de los municipios murcianos de El Mojón, La Zeneta y Beniel debido a su cercanía con las ubicaciones que se barajan para instalar el vertedero, así como el alcalde pedáneo de Torremendo, Joaquín García, del PP, y concejales de la oposición en Orihuela. Miembros del partido de la costa Claro y numerosos vecinos extranjeros también estuvieron presentes en la protesta.
Desde la directiva de la asociación se leyó un manifiesto al final del recorrido en el que se dijo que la alcaldesa, Mónica Lorente, gobierna "dando la cara para sonreir ante los medios de comunicación y gobernando a espaldas de los ciudadanos, favoreciendo los interereses particulares por encima de los de los ciudadanos". El manifiesto también hizo referencia a que el título de Gran Ciudad, que se ha acordado en pleno municipal solicitar ante las Cortes Valencianas, será el de "Gran Ciudad de la Basura", en referencia a los vertederos de La Murada y Torremendo, los vertederos de escombro ilegales de Hurchillo o los incontrolados de la Costa, uno de ellos en una zona verde junto a la A-7.
* Diario Información - S. LL. - 24 de febrero de 2008
Foto: Un momento de la manifestación de ayer en la Costa contra el vertedero previsto en la pedanía de Torremendo / diarioinformacion.com
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Hacienda rastrea irregularidades en más de 4.500 promociones inmobiliarias
ELPAÍS/Galicia* : La Agencia Tributaria dispone de información pormenorizada sobre más de 4.500 promociones inmobiliarias desarrolladas en Galicia en los últimos años y comienza a cruzar los datos en busca de posibles movimientos irregulares de fondos. A escala nacional, según detallan fuentes de Hacienda, el parque inmobiliario rastreado por sus técnicos supera las 80.000 promociones.
La ofensiva, fruto del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, pivota sobre varios ejes: desde descubrir la ocultación de la titularidad real de los bienes hasta la comprobación de la declaración de transmisiones por valores inferiores a los reales, pasando por las subcontrataciones y las uniones temporales de empresas. Otro frente abierto consiste en actuaciones coordinadas sobre inmobiliarias que están interrelacionadas o que realizan operaciones entre ellas.
El peso del sector inmobiliario en la Galicia atlántica ha llevado a los técnicos de Hacienda a centrarse sobre todo en las promociones de Ferrol-A Coruña-Santiago y Vigo-Pontevedra. Sólo el año pasado se concedieron en Galicia 52.000 visados de obra por parte de los colegios de arquitectos, de los cuales 7.000 fueron para rehabilitación y el grueso se lo llevaron las nuevas edificaciones, según datos de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia.
Las pesquisas de los inspectores fiscales, según Luis Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, avanzan en una doble dirección. Por un lado, se está aprovechando la información facilitada en algunos casos por los propios promotores, los colegios de arquitectos y los notarios para destapar minoraciones irregulares de beneficios en los desarrollos urbanísticos.
De otro, los inspectores fiscales proceden a contrastar el coste de ejecución de las obras declarado por el constructor con el precio final de venta. "Si el margen de rentabilidad obtenido se sitúa fuera de determinados parámetros se procede a investigar", señaló Pedroche. Juegan con una ventaja: los márgenes de las promociones suelen ser bastante fijos, según las calidades, lo que facilita el trabajo de la Agencia Tributaria.
Entre otras medidas, Hacienda está procediendo en algunos casos al requerimiento de los contratos privados para dificultar que se escrituren operaciones por un valor inferior al real cuando se trata de ventas sobre plano. Técnicos de la Agencia Tributaria han detectado que algunos inversores que adquieren el inmueble al promotor por esta vía lo transmiten a terceros antes de firmar la escritura, "obteniendo un beneficio fácil de ocultar", dado que no han llegado a figurar como propietarios en los registros de la propiedad, "por lo que es preciso requerir información al promotor sobre los titulares intermedios".
Dentro del control del sector, los inspectores fiscales también tienen puestos sus ojos en las empresas pequeñas o incluso creadas para una única promoción y que después quedan inactivas, aunque sin darse de baja en el censo. "Se llegan a dar casos", aclaran, "en que existe una solicitud de devolución del IVA soportado, sin ingreso del IVA correspondiente a la venta de viviendas o locales terminados".
El arrendamiento entre particulares ocupa otro capítulo del plan de prevención puesto en marcha por la Agencia Tributaria. Y, en concreto, son las viviendas deshabitadas uno de los focos de atención de los inspectores. Para Hacienda resulta muy complicado el chequeo de los alquileres irregulares en viviendas desocupadas. Una de las vías empleada es la solicitud a las comunidades autónomas información sobre las fianzas de los arrendamientos.
Los notarios, criticados por la permisividad con la que procedían a dar fe de escrituras públicas en la compraventa de viviendas por debajo de su valor real de transacción, comienzan a colaborar con el fisco. En virtud de un acuerdo, todas las operaciones por importe superior a los 200.000 euros que consideren que pudieran tener trascendencia fiscal o conllevar riesgo de delito son comunicadas a Hacienda. También los actos o cambios de titularidad de bienes.
* ELPAIS.com - JULIÁN RODRÍGUEZ - A Coruña - 24/02/2008
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
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La Fiscalía investiga el triple de casos de fraude inmobiliario
LAOPINIÓN/Málaga* : El fraude a la Hacienda Pública tiene su máximo exponente en el sector inmobiliario. Las ingentes sumas de dinero negro que se mueven en este ámbito han llevado a la Agencia Tributaria a intensificar las inspecciones a promotoras y constructoras. Este aumento del control ha multiplicado los procesos judiciales.
La Fiscalía investiga una veintena de casos de fraudes inmobiliarios contra la Hacienda Pública, que se derivan de las querellas presentadas en 2007 a raíz de la información proporcionada por los inspectores de la Agencia Tributaria. Esta cifra casi triplica a los ocho procesos que se tramitaron en 2006.
El fiscal delegado de delitos económicos de Málaga, Antonio González, explica que ahora hay más coordinación entre la Abogacía del Estado, Hacienda y los órganos judiciales para perseguir este tipo de delitos. A este respecto, destaca que "hay normas de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Fiscalía", para que en cuanto se detecten fraudes mayores de 120.000 euros se ponga en marcha una investigación judicial.
El incremento de los casos tiene su origen en el Plan de Prevención del Fraude impulsado por el Gobierno en 2005, que precisamente refuerza el control en el sector inmobiliario por las grandes sumas que se defraudan, según comenta José Antonio Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos Financieros de Hacienda (Gestha). "Cada año se dejan de ingresar importantes sumas de dinero en el ámbito de la construcción".
En 2007 la deuda liquidada en España gracias a las inspecciones en este sector ascendió a 1.200 millones de euros, y el número de contribuyentes inspeccionados creció un 31 por ciento, según datos de Hacienda.
En Málaga el capital defraudado puede alcanzar, como media en cada caso, los 500.000 euros. Teniendo en cuenta los procesos investigados el pasado año (20), se calcula que el Estado no ingresó 10 millones de euros. Marbella acapara el 75 por ciento de los casos que se investigan.
Métodos para estafar. El fraude fiscal en el sector inmobiliario puede cometerse de varias formas, como la omisión de ingresos mediante facturas falsas, o la venta de inmuebles a un precio muy inferior al escriturado para mover dinero en ´B´. En muchos, se utilizan sociedades domiciliadas en paraísos fiscales para conseguir canalizar el capital no declarado sin levantar sospechas. La tramitación de estos casos es lenta, por la complejidad de los métodos con los que se defrauda al fisco. Así, las instancias judiciales deben recabar información tributaria de otros países sobre sociedades de préstamo o socios de una empresa.
Pero al margen de los casos que se investigan, los juzgados de Málaga tramitaron en 2007 un total de 40 procesos relativos a delitos contra la Hacienda Pública.
La Sección de delitos económicos de la Fiscalía lleva también otros asuntos, como los delitos societarios o los fraudes a la Seguridad Social. En el primer caso, se abrieron 21 procedimientos relativo a administración desleal de entidades financieras. También se investigaron 20 delitos de insolvencia punible, 4 de apropiación indebida, 7 de fraude a la Seguridad Social por contrataciones irregulares y 6 asuntos de facturas falsas. Precisamente la Fiscalía ha promovido una investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, que trata de esclarecer la supuesta emisión de facturas por parte de 3 empresas ´fantasma´ por un valor 120.000 euros al Ayuntamiento por trabajos de jardinería que nunca se hicieron.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 23 de febrero de 2008
Foto: Fraude fiscal. El sector inmobiliario mueve grandes sumas de dinero negro en la Costa del Sol / laopiniondemalaga.es
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El Algarrobico, el hotel escombrero
ELPAÍS/Almería* : Justo cuando se cumplen dos años desde que se paralizaran las obras del hotel de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), la empresa que promovió el complejo ha invitado a varios medios a visitar las entrañas del devastado esqueleto de hormigón que, de estar prácticamente alicatado, ahora languidece con el paso del tiempo.
El Gobierno y la Junta persiguen desde febrero de 2006 el derribo de uno de los principales símbolos de la destrucción del litoral andaluz, cuya ejecución depende de la resolución de los hasta ocho procesos judiciales abiertos y del coste de expropiación del inmueble, que para el Ministerio de Medio Ambiente no debe superar los 40 millones de euros, mientras que para la promotora asciende a 300.
Al acercarse al edificio, a apenas tres kilómetros de Carboneras, un gran cartel en el que se lee "Hotel legal" recibe a las visitas. El ruido de las máquinas cesó definitivamente la tarde del jueves 23 de febrero de 2006, cuando se ultimaban los detalles para tratar su apertura no más allá del verano.
Un día antes, un juzgado de Almería ordenaba la paralización cautelar de obras al apreciar indicios de ilegalidad en la licencia concedida en enero de 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, por una posible invasión de la línea de servidumbre marítimo terrestre que el consistorio fijó en 20 metros al situarse el hotel en terrenos urbanizables.
La ocupación del edificio protagonizada meses antes por activistas de Greenpeace y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un nuevo deslinde de cien metros para esta zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, cambiaron la suerte de esta mole en la que actualmente campa el deterioro.
De la legalidad que rodeó hasta entonces el proyecto, se pasó en noviembre de 2005 al anuncio por parte del Ministerio de Medio Ambiente del inicio del proceso administrativo de expropiación de los terrenos y a las primeras peticiones de demolición formuladas por la Consejería de Medio Ambiente que, en septiembre de 2006, ejerció oficialmente el retracto de los terrenos sobre los que se alza el edificio, de 20 plantas y 411 habitaciones.
A pesar de los constantes mensajes lanzados desde entonces por sendas administraciones en favor de un rápido derrumbe, el portavoz de la promotora del complejo, Antonio Baena, permite descubrir todavía hoy los entresijos del edificio que empieza ya a amarillear por la humedad y en cuyos rincones se acumulan escombros y materiales de obra. Frente a una amplia cristalera salpicada de vidrios rotos y desde la que te sientes justo sobre el mar, el promotor traslada su inquietud sobre los motivos por los que un proyecto "amparado" por las administraciones y entendido como una pieza de un plan de reconversión turístico aprobado en Consejo de Gobierno en enero de 2004, se ha llegado a convertir en un "monumento a la especulación urbanística". Lamenta esta "ambivalencia" y sostiene que, para la destrucción del hotel "construido legalmente", el Gobierno deberá satisfacer 300 millones de euros o esperar a que hable la justicia en un proceso que, como ya auguró Manuel Chaves el 23 de noviembre de 2005, podría dilatarse en extremo en el tiempo de no encontrarse una solución dialogada.
Iniciadas meses atrás las conversaciones entre Medio Ambiente y la empresa en busca de una fórmula de consenso que no cuaja por el momento, el primero de los grandes golpes judiciales contra la pervivencia del hotel llegó en enero de este año, cuando la Audiencia Nacional fijó en los 100 metros la franja de servidumbre para la zona, lo que supone que la mitad de la estructura del polémico hotel quede dentro del dominio público marítimo terrestre. "Si al final se reconoce esta servidumbre, todo el núcleo vital del edificio" se incluirá en la zona a expropiar, a derrumbar y, algún día, a devolver a su estado natural "si es que tal cosa es posible", traslada Baena.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 23/02/2008
Foto: hotel El Algarrobico (Carboneras - Almería) - J.Rojas (El País)
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El fiscal Anticorrupción es partidario de que la ley obligue a dejar sus cargos a los políticos imputados
LAVERDAD/Murcia* : El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, afirmó ayer que «se debería modificar la ley para que los cargos electos, como alcaldes y concejales, investigados o imputados en procesos judiciales sean suspendidos» de su responsabilidad.
Díaz Manzanera calificó de «vacío legal» en la legislación vigente el hecho de que se permita a los cargos electos imputados permanecer en su función pública. Con esta medida, al menos una docena de alcaldes de la Región, y varios concejales de distintos ayuntamientos, que son objeto actualmente de investigaciones judiciales, tendrían que abandonar sus funciones. Hasta ahora el abandono de la responsabilidad de gobierno depende del criterio personal del político electo y de las directrices marcadas por su partido.
Un «vacío legal»
Una muestra de lo que el fiscal considera un «vacío legal» en materia de delitos cometidos por los funcionarios públicos y cargos electos, son las manifestaciones del alcalde de Totana, Martínez Andreo, quien aseguró que para tomar la decisión de dimitir «primero miraré al pueblo a los ojos».
No bastaría con esto de modificarse la ley en el sentido que propone el fiscal Díaz Manzanera. «Creo por supuesto que los alcaldes y concejales imputados no deben seguir en sus cargos, y menos en los casos en que han pasado a prisión», respondió ayer el fiscal tras su ponencia en las Jornadas de Derecho Penal y Práctica Policial organizadas por la Policía local de San Pedro del Pinatar.
Díaz Manzanera negó que se sienta acosado por las acusaciones de parcialidad en las últimas intervenciones judiciales en ayuntamientos de la Región. «Independencia ante todo», respondió el fiscal, aunque añadió que «eso no impide que en su momento tome medidas contra ciertas manifestaciones e insultos» contra él por políticos del PP, extraídas de conversaciones telefónicas que pertenecen al sumario del caso de presunta corrupción urbanística en Torre Pacheco y Fuente Álamo.
Calificó como «sorprendente» la publicación de parte de las escuchas telefónicas de dicho sumario y anunció que «ya se han incoado diligencias penales ante esto». Sobre los numerosos casos de presunta corrupción urbanística que han obligado a abrir investigaciones en la Región, afirmó que «tengo la sensación de que se está investigando y esto da confianza».
Aseguró además que «en los casos abiertos sobre los ayuntamientos que tienen alcaldes y concejales imputados estamos actuando con una celeridad extraordinaria en una labor conjunta con las jueces de San Javier». Reconoció que las intervenciones judiciales en ayuntamientos tienen una repercusión social que necesita decisiones judiciales cuanto antes.
En su ponencia, recordó a los funcionarios públicos que «la mera solicitud del funcionario al particular, aunque no llegue a recibir nada es un delito». El fiscal no quiso hablar sobre nuevas investigaciones en ayuntamientos de la Región.
* La Verdad - ALEXIA SALAS - 23 febrero 2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
Granada: El fiscal lleva al juzgado a Lorente y a otro jefe de Urbanismo
IDEAL* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha presentado denuncia en el juzgado contra el ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y otro jefe de servicio por autorizar el polémico vial de La Chana saltándose supuestamente la legalidad urbanística.
Se trata de las obras de la rotonda y de la nueva calle que se abrió en la antigua carretera de Málaga, unos trabajos que están paralizados por otro juzgado desde el mes de julio por un pleito -otro diferente- que presentó la Junta. El trasfondo del asunto es que la nueva calle se construyó sobre el terreno que estaba reservado para un parque.
La denuncia parte de un escrito que presentaron los vecinos en la Fiscalía del TSJA el 21 de febrero de 2007, en el que alertaban de que se podría haber cometido un delito urbanístico. Las diligencias que se abrieron afectaban también al ex concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, que no figura finalmente en la denuncia que ha presentado el fiscal.
El gobierno municipal autorizó las obras apoyado en los informes de los técnicos, que defendían que era posible hacer la calle sin grandes cambios en el plan. El fiscal considera que Lorente es el responsable de que se aprobaran los trabajos el 31 de octubre de 2006 tras un informe que había redactado el día anterior, a pesar de que por su «conocimiento» y «experiencia» sabía que «podrían vulnerar la legalidad urbanística».
A grandes rasgos, el fiscal entiende que antes de dar luz verde a la calle y a la rotonda tendría que haberse modificado el planeamiento urbanístico y enviar el proyecto a la Junta y por el Consejo Consultivo.
Además, la Fiscalía apunta que puede ser «objeto de investigación» el millonario convenio que se firmó en la operación urbanística. El Ayuntamiento cedió terreno para una gasolinera por 75 años. A cambio, la empresa tenía que pagar dinero en metálico y costear las obras del vial de marras y otras importantes reformas en la ciudad. El fiscal relata en su decreto que uno de los funcionarios se negó supuestamente a dar información a otra empresa que ofreció 2,7 millones por una serie de derechos, más que la primera. Entre sus argumentos, el fiscal llama la atención sobre el plazo por el que se ceden los terrenos y aduce que 75 años son muchos dado el «futuro incierto de los combustibles».
Dimitió hace diez días
La denuncia del fiscal llega diez días después de que el histórico gerente de Urbanismo presentará su dimisión por motivos personales. De todas formas, no es este el procedimiento que más inquieta en el entorno del gobierno municipal de los que afectan a Lorente, convertido en blanco de los ataques del presidente del Granada 74, Carlos Marsá.
Para la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, todo se trata de la disconformidad de un grupo de vecinos por un acuerdo que tomó el Ayuntamiento: «Para estas situaciones está la vía de lo contencioso administrativo, se está abusando mucho de la vía penal y se está haciendo mucho daño al honor de las personas».
El urbanismo está tan en entredicho y tan judicializado que los funcionarios tienen «miedo» de firmar papeles: «Actúan en el ejercicio de sus funciones. Si no emiten informes no se pueden adoptar acuerdos», explica Nieto, que asegura que el gobierno municipal va a respaldar a estos dos funcionarios. «Todavía no es más que una denuncia que se va a aclarar. Pero tardará años y por el camino se habrá perjudicado a estas dos personas», lamenta.
* Ideal - 23.02.08 - Q. CHIRINO
Foto: Granada, tribunal justicia andalucía - junta andalucía
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23.2.08
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Globalízate respalda las manifestaciones por 'una vivienda digna' del 1 de marzo
ELMUNDO* : La Asociación Globalízate, parte de la Campaña Global contra el cambio climático, manifestó hoy su adhesión a las manifestaciones convocadas por la plataforma 'V de Vivienda' para el próximo 1 de marzo "solicitando una moratoria en la ejecución de planes urbanísticos mientras estos no sean guiados por el interés general", es decir, con "una efectiva participación de la ciudadanía y una Inversión del proceso de depredación del espacio medioambiental y del tejido social de los espacios urbanos".
Según declaró la asociación en un comunicado, apoya de forma "total" todas las movilizaciones que V de Vivienda convoque en España en esta fecha "tanto por el derecho universal a una vivienda digna como por el derecho a un medio ambiente adecuado".
"En España, se han construido muchísimas más viviendas de las necesarias para atender las necesidades de la población y paradójicamente, 3 millones de viviendas se encuentran vacías", denuncia la organización, quien señala que "los ciudadanos no llegan a fin de mes, asfixiados por la hipoteca y con las promotoras e inmobiliarias pidiendo ayuda al gobierno, cosa que no ocurría cuando llenaban sus bolsillos a espuertas".
Según afirman en Globalízate, "la respuesta del actual gobierno del PSOE ha sido la de reunirse con los grandes propietarios" mientras desarrollaba "medidas como la Renta de Emancipación" que, en opinión de la asociación, "lejos de ayudar, están complicando el acceso al alquiler".
"La propuesta de 210 euros a los jóvenes para ayudar a su emancipación ha provocado ya una subida de los precios, que los mayores de 30 años, separados o divorciados tengan más dificultades para encontrar un hogar y que muchos caseros no quieran legalizar un contrato", reza el comunicado.
En cuanto al Partido Popular, Globalízate advierte de que "pretende además liberalizar todo el suelo. La idea es muy clara, como nos dice su eslogan electoral: Beneficiar de nuevo a las promotoras, constructoras e inmobiliarias. Esto ya se hizo y estamos sufriendo las consecuencias".
"Mientras, tanto el relator de la ONU por el Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, ha pedido a las autoridades españolas que tomen medidas para frenar la especulación urbanística, garantizar el derecho a una casa digna y ha señalado que España es el país de la Unión Europea con más viviendas desocupadas".
* El Mundo - Europa Press - 22/02/2008
Foto: cartel manifestación 1 marzo - VdeVivienda
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23.2.08
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¡Murcia no se vende! ¡Mapea contra la dictadura del ladrillo!
CANALSOLIDARIO* : ‘Murcia sostenible’ es el nuevo proyecto de investigación del colectivo Basurama. El objetivo es cartografiar la región de Murcia en lo referente a cuestiones como el consumo de suelo por parte de las nuevas urbanizaciones, las infraestructuras y campos de golf; el consumo de agua; la agricultura intensiva y la producción de residuos.
Para poder cartografiar la zona el grupo ha abierto un espacio interactivo en la red donde recopilan diferente tipo de información, como textos, vídeos y fotografías debidamente georeferenciadas. Para ello han utilizado la herramienta Meipi.org. Se trata de un mapa colaborativo en el que el usuario puede dejar archivos asociados a un lugar exacto de una ciudad, de manera que las fotografías, las impresiones personales, las historias y los paisajes percibidos por los habitantes se pueden compartir de una manera inmediata y cotidiana con otras personas.
Desde Basurama animan a que todas aquellas personas preocupadas por el entorno y el espacio natural de la región de Murcia cuelguen, compartan sus datos sobre el mapa y dejen comentarios a los posts. La información puede visualizarse como mapa o también como un listado clasificado por temas. Si quieres aportar tus conocimientos sólo tienes que registrarte y subir tu propia entrada muy fácilmente.
“Queremos reunir toda esa información para tener una visión panorámica de lo que está pasando ahora mismo en esta región y de lo que está por ocurrir”, explican desde el colectivo y citan como ejemplo de crecimiento insostenible el proyecto de la futura urbanización de La Marina de Cope en el parque nacional del Cabo Cope.
En este complejo residencial, que ocupará una franja costera de más de 21 millones de metros cuadrados, se construirán 9.000 viviendas y se generarán más de 20.000 plazas hoteleras, que irán acompañadas de cinco campos de golf, diversas instalaciones deportivas, comerciales y de ocio, así como una gran marina con capacidad para unas 2000 embarcaciones.
Según los investigadores de Basurama, todos los fenómenos que se congregan en esta región, como los ‘golf resort’, las urbanizaciones ‘efecto isla’, el descontrol urbanístico, la agricultura intensiva de invernadero o el turismo masivo hacen de Murcia “un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en España”.
Barniz ecológico para calmar las conciencias
Denuncian también que la construcción incontrolada paradójicamente va acompañada de un “barniz ecológico-sostenible” para “calmar las conciencias ahora que la problemática del cambio climático y la panacea del desarrollo sostenible están tan de moda”. Y ponen como ejemplo que los campos de golf empiezan a promocionarse como “completamente ecológicos”.
Vecinos en movimientos Otras plataformas y asociaciones vecinales trabajan también en la denuncia de la situación de crecimiento insostenible que vive la región de Murcia. Ecologistas en Acción de la región murciana tienen varios planes de acción en los que se trata de frenar el ritmo de construcciones en el litoral y en los que se ponen en evidencia episodios de contaminación atmosférica y se reclama una política de crecimiento más sostenible.
Varias asociaciones para la defensa del patrimonio cultural y natural de la región de Murcia se han unido en la plataforma ‘Murcia no se vende’. Los integrantes de la plataforma han organizado varias manifestaciones y actos de reivindicación en los que demandan una región de Murcia sostenible y denuncian el desarrollo urbanístico desenfrenado.
El próximo acto de esta plataforma tendrá lugar el próximo mes de mayo. “Volveremos a salir a la calle en una manifestación que comienza a ser un evento tradicional de la primavera en la región”, explican desde la asociación.
¿Qué PueDo HaCer yo?
Puedes colaborar activamente en el mapa de Basurama aportando tus datos, conocimientos, fotografías o denuncias de especulación urbanística.
También puedes unirte a las actividades reivindicativas de asociaciones como ‘Murcia no se vende’ o Ecologistas en Acción de la región murciana.
En el directorio de Canal Solidario podrás encontrar otras asociaciones que trabajan a favor del medio ambiente. ¡Conócelas y colabora con ellas!
* Canal Solidario - Aida Sánchez - 22/02/2008
Foto: Murcia no se Vende, pancarta - murcianosevende
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23.2.08
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Tema: NOTICIAS Murcia
Vecinos contra el parón del Carmel
ELPAÍS/Barcelona* : Tromba de reproches y críticas de vecinos y comerciantes del Carmel y partidos políticos por el parón a la reforma del barrio, que afecta a 750 familias -cerca de 2.000 personas- y persigue esponjar una zona densamente poblada y reformar la rambla. El voto contrario de los tres partidos de la oposición -CiU, el PP y ERC- a la aprobación inicial de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) fue calificado ayer de "flaco favor" al barrio por la asociación de vecinos.
"Estamos en elecciones generales, eso es lo que pasa", decía ayer Fernando González, presidente de la Asociación de Vecinos del Carmel, que no entendía cómo de un aparente consenso en las discusiones en el barrio se pasó a un no. No era la única voz crítica.
El presidente de la asociación de comerciantes, Josep Maria Mas, no entendía qué había pasado: "Se van a sustituir viviendas que no están en condiciones por otras nuevas y se abrirán paseos y zonas verdes. No puedo entender los argumentos de la oposición". Mas opina que el "sorprendente" no a la reforma se debe a dos razones: desacuerdos internos políticos y mala gestión de la información desde el distrito.
Lo cierto es que la reforma del barrio no por esperada deja de despertar inquietud. Algunos edificios tienen que ser derribados porque es imposible cualquier tipo de reforma. Por ejemplo, 100 pisos del paseo de Sigüenza, una de las calles con más pendiente del barrio, en el que las traseras de las casas están literalmente enganchadas. "Se hablaba, pero sin un conocimiento claro de a quién le podía tocar", comentaban ayer en el mercado del Carmel. "Pero la gente está a gusto en sus casas y muchos tienen miedo a cambiar", terciaba Rosa, tendera y vecina. La angustia y la desconfianza son naturales en un barrio en el que se hundió un túnel del metro.
Mientras, los grupos políticos del Consistorio seguían ayer a la greña y echándose las culpas de que no saliera adelante una reforma "largamente esperada", según la definen todos. La falta de información fue alegada por CiU para votar en contra en la comisión y ayer la regidora de esa formación, Maite Fandos, insistía: "No se ha informado a los afectados y nos han llamado asustados". "Pero ¿cómo se va a informar antes de delimitar con claridad las zonas y aprobar inicialmente el plan?", se preguntaba la regidora del distrito, Elsa Blasco (ICV), en una conversación con este periódico. Que el asunto se llevara a la aprobación inicial el día que empezaba la campaña electoral tiene mucho que ver con lo ocurrido. Algunos lo reconocían en voz baja; otros, como el tercer teniente de alcalde, Jordi William Carnes, sin rodeos: "Seguiremos trabajando para llegar a un acuerdo con la oposición y confío en que se pueda sacar adelante después del 9 de marzo". Ricard Martínez, edil de ERC, advirtió: "Bueno, eso ya se verá....".
* ELPAIS.com - BLANCA CIA - Barcelona - 23/02/2008
Foto: Vista de la Rambla del Carmel- TEJEDERAS, elpais.com
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23.2.08
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Tema: NOTICIAS Cataluña
"Hace falta un cambio radical de modelo urbanístico"
ELPAÍS/Almería* : El portavoz de la asociación Salvemos Mojácar, Jaime del Val, califica de "desastre" el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense, uno de los pocos espacios de litoral mediterráneo que no se han convertido en un muro de ladrillo. "El plan no sirve para limitar el crecimiento, sino que es un instrumento para la urbanización masiva", sostiene Del Val.
Según este ecologista, el "plan de desorden" abre la puerta para que "se instalen 500.000 personas de la nada" en los municipios de la cuenca del bajo Almanzora.
El líder de Salvemos Mojácar, cuya lucha más emblemática es por la demolición del hotel en la playa del Algarrobico, en pleno parque natural del Cabo de Gata, considera que la Junta de Andalucía "está cediendo a las presiones de los promotores y de los ayuntamientos", a quienes los límites marcados por el plan territorial parecen demasiado estrictos. Los planes urbanísticos municipales de la zona son, para él, "lo nunca visto en urbanismo salvaje".
Del Val aboga por poner un freno mayor al ladrillo en Andalucía. "Nosotros pedimos que el crecimiento se limite al 10% en una década en los municipios que no han crecido. Los que han superado esa cota, que no crezcan más. En España hay tres millones de viviendas vacías, no hace falta un millón más cada año".
"Hace falta un cambio en el modelo urbanístico", asegura Del Val, que teme que la actual crisis inmobiliaria sólo sirva "para decir: pobres promotores".
* ELPAIS.com - Málaga - 22/02/2008
Foto: Mojácar (Almería), stop montañas cemento - salvemosmojacar.org
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23.2.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Justicia anula la licencia de obras para construir un hotel de 912 habitaciones en Costa Teguise
DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una nueva sentencia, el pasado15 de enero, en la que declara “radicalmente nula” la licencia de obras que el alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, concedió el 5 de julio de 1999 a la empresa Demadu SL autorizando la construcción de un hotel de 912 habitaciones en la parcela 244-F del Plan Parcial Costa Teguise, al final de la urbanización.
En la misma resolución judicial también se declara “nula de pleno derecho” la prórroga que el Ayuntamiento concedió el 14 de junio de 2002 al promotor, que ya entonces era la empresa “Milenium Hotels SL, la cual había adquirido la titularidad de la anterior propietaria. El hotel 'anulado' se hubiera situado junto al complejo Lanzarote Beach Club.
El Alto Tribunal ha estimado el recurso interpuesto por el Cabildo contra estas licencias y las declara “nulas de pleno derecho”, entre otras razones, porque la misma se concedió vulnerando los acuerdos de suspensión de licencias -en noviembre de 1998 y enero de 1999- adoptados por la institución durante el proceso de Revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO), que impedían otorgar licencias para complejos turísticos en la isla.
Otro de los motivos que la Sala considera determinante de la anulación de la licencia es que la misma fue concedida por el alcalde de Teguise sin que se hubiera solicitado al Cabildo “el informe previo, preceptivo y vinculante de la Oficina del PIO”. Así, entiende el TSJC que este dictamen previo constituye un requisito esencial para la concesión de licencias en ámbitos de suelo cuyos planes parciales no se hayan adaptado al Plan Insular, como es el caso de Costa Teguise.
En ese sentido, desde la entrada en vigor del Plan Insular en 1991, las licencias urbanísticas deben concederse con el informe favorable del Cabildo insular, algo que han obviado los ayuntamientos de Yaiza y Teguise a la hora de conceder autorizaciones de obras.
De este modo, el TSJC destaca en esta sentencia que sin que se garantice la compatibilidad del proyecto de obras con el Plan Insular no es posible otorgar la licencia urbanística porque dicho informe cabildicio “se trata, además, de un trámite unido a garantizar los intereses insulares e impedir que puedan desarrollarse actuaciones incompatibles con las limitaciones establecidas en el planeamiento insular, jerárquicamente superior a los instrumento de planeamiento municipales”.
Por ello, declara la Sala que “el Ayuntamiento de Teguise, vinculado por la determinación vinculante del planeamiento jerárquicamente superior al municipal, debió pedir informe del Cabildo antes de la concesión de la licencia”.
Licencias que no son eternas
Por otro lado, el Alto Tribunal también acoge en esta sentencia el criterio de la “caducidad automática” de las licencias de obras concedidas a finales de los años ochenta -antes de la entrada en vigor el Plan Insular de 1991- que durante casi una década no se ejecutaron y que trataron de prorrogarse entre los años 1998 y 2000, precisamente cuando se estaba revisando el planeamiento insular para esquivar su aplicación.
El Cabildo sostuvo en el procedimiento que este tipo de licencias deben ser consideradas 'extinguidas' desde la entrada en vigor del Plan Insular del año 1991 sin que sea necesaria una declaración expresa. Y ello porque, sostuvieron los servicios jurídicos del Cabildo en el procedimiento, estas licencias anteriores al PIO autorizan proyectos incompatibles con la norma de ordenación territorial.
Freno a un hotel subvencionado
Contra la licencia concedida por Juan Pedro Hernández presentó recurso no sólo el Cabildo, sino también la Fundación César Manrique (FCM). Ambos procedimientos han impedido la construcción del hotel, en cuyo proyecto constan 912 habitaciones y más de 1.000 plazas turísticas.
En este caso, además, se da la circunstancia de que el proyecto obtuvo una subvención europea para incentivos regionales, a propuesta de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, por un importe de 4,7 millones de euros.
Para obtener la subvención europea, que supone casi el 10 por ciento del coste del proyecto, Milenium Hotels SL declaró que la ejecución del hotel supondría una inversión de 51,6 millones de euros y que se crearían 219 puestos de trabajo.
* Diario de Lanzarote - 22 de febrero de 2007
Foto: Vista aérea de la parcela (en la parte de la derecha de la imagen) donde iría el hotel /DiariodeLanzarote.com
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23.2.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
Salvemos Mojácar pide la paralización cautelar del hotel de Macenas por ser 'similar' al Algarrobico
TERRA/Almería* : Las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas han pedido al titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, la paralización cautelar de las obras del hotel de cinco estrellas que la empresa Medgroup construye dentro del complejo turístico y residencial de lujo 'Beach & Golf Resort Playa Macenas' (Mojácar), un proyecto que consideran 'muy similar' al del hotel paralizado en el paraje del Algarrobico (Carboneras, Almería).
Sendos colectivos anunciaron en un comunicado que también han pedido al juez la suspensión cautelar del riego del campo de golf de 18 hoyos, prácticamente terminado, que incluye el residencial y la impugnación de todo el Plan Parcial al entender que el complejo se ubica íntegramente en suelo protegido --hábitat prioritario-- y que carece de los preceptivos informes de impacto ambiental.
Para Salvemos Mojácar, el proyecto de Macenas tiene aspectos similares al del Algarrobico e incluso 'más graves', como son la 'ocupación ilegal' de servidumbre de protección marítimo-terrestre y de dominio público de ramblas y la ocupación de hábitat prioritario, además del 'riego ilegal' de los campos de golf.
A su juicio, el hotel de cuatro plantas, de las que ya ha comenzado a construirse el piso inferior, invade la servidumbre de protección marítimo-terrestre, sin que la promotora, que 'reconoció' que así era, haya realizado ninguna modificación del proyecto.
Respecto al deslinde de la servidumbre de protección marítimo-terrestre, el Ministerio de Medio Ambiente, según ellos, ha hecho una revisión de error del mismo, ya en la zona del hotel bajaba 'misteriosamente' de 100 a 50 o 20 metros, una de las muchas 'arbitrariedades' que habían ocurrido en Almería, con lo que se ha aprobado un deslinde de 100 metros 'igual que en el caso del Algarrobico', aunque el deslinde podría ser de hasta 200 metros al tratarse de una rambla, lo que implicaría la eliminación total del edificio.
En cuanto a los campos de golf, los ecologistas señalaron que uno de ellos está ubicado en su totalidad en la Rambla de Macenas y más de la mitad ocupa el terreno de dominio público que delimita la rambla tanto en el deslinde original como en el aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el año pasado.
La promotora tiene un permiso de ocupación de 40 años del deslinde a condición, entre otras cosas, de no verter escombros aunque han echado más de un millón de metros cúbicos de tierra transformando lo que multiplica los riesgos de inundación, que se concentran sobre todo en el hotel que se sitúa justo en la desembocadura de dos ramblas y además en la zona inundable de costas, denunciaron.
Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas presentaron en 2006 un contencioso contra las licencias de obras del hotel y el campo de golf, que fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería.
* Terra Actualidad - Europa Press - Almería, 22-02-2008
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas - salvemosmojacar.org
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22.2.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El Consell acumula 70 expedientes de demolición que afectan a grandes obras en suelo rústico
DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca acumula en torno a 70 expedientes de demolición total y varios de carácter parcial que afectan a obras situadas en suelo rústico que están repartidas por toda la Isla. De momento, está previsto que en la próxima reunión de la Comisión Insular de Urbanismo se acuerde iniciar el expediente de ejecución de demolición de 15 obras seleccionadas.
Se trata de la "primera acción de esta legislatura" puesto que, según apuntó la consellera de Territorio, Maria Lluïsa Dubón, el objetivo del Consell es poner en marcha actuaciones que permitan "agilizar" los trámites burocráticos y administrativos que requieren estos procedimientos, cuya tramitación en algunos casos se prolonga hasta diez años.
Precisamente Dubón compareció hoy en rueda de prensa, junto al director insular de Urbanismo, Miquel Vadell, para presentar nuevas medidas que permitan ejercer un "mayor control" de la indisciplina urbanística en el territorio insular, un tema sobre el que existe "una mayor sensibilización social después de que se destapara el caso Andratx", indicó.
Con el objetivo de garantizar una mayor protección, la responsable insular de Urbanismo, apuntó la propuesta del Consell de crear una Agencia de protección de la legalidad urbanística de Mallorca, "un ente público que alcanzaría las competencias en la materia que tiene el Consell y los Ayuntamientos que decidan adherirse".
UN NUEVO ÓRGANO DEPENDIENTE DEL CONSELL
Dubón defendió la instauración de esta nueva figura frente a la creación de un Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico de la isla --que propone el PP-- porque, según apuntó, "es más operativa y eficaz, y no incurre en una duplicidad de funciones".
Al respecto, añadió que la propuesta de los 'populares' no implica ningún cambio del actual marco legal, mientras que la iniciativa que propone Dubón supondría la creación de un órgano independiente dentro del Consell -similar al Instituto mallorquín de Asuntos Sociales- "con personalidad jurídica, presupuesto y plantilla propio y capacidad para ordenar demoliciones", matizó al respecto un técnico de la Institución.
La consellera sostuvo, no obstante, que "dado el calado político que representa la creación de una agencia de estas características", cuya actuación se extendería también a los grandes municipios de la Isla, su aprobación, dijo, deberá ir precedida de un amplio debate entre las diversas formaciones políticas.
ENCUESTA
Por otra parte, la consellera informó del resultado de una encuesta realizada por su departamento entre 28 municipios de Mallorca, de población inferior a 5.000 habitantes, 21 de los cuales aceptaron "la cooperación del Consell para realizar labores de inspección urbanística y de control de la legalidad" en su territorio.
La consellera se felicitó por la "respuesta" de los municipios, porque, a su juicio, demuestra que existe una sensibilización por la disciplina urbanística. Así, añadió que próximamente se procederá a la firma de convenios con cada Ayuntamiento, en los que se acordarán las función específicas que realizará el Consell.
En la mayoría de los pueblos ejercerá una labor inspectora en el ámbito de suelo rústico de cada municipio, mientras que en de ellos también acometerá la instrucción de los procedimientos sancionadores.
Asimismo, siete Ayuntamientos gobernados por el PP que pertenecen a la Asociación de Municipios de las Islas Baleares (AMIB) -Alaró, Deià, Estellencs, Fornalutx, Llubí, Montuïri y Selva- no aceptaron la propuesta del Consell, señalando en su respuesta que debería ser el Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico el encargado de dichas funciones.
* Diario de Mallorca - Europa Press - 22 de febrero de 2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
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22.2.08
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Tema: NOTICIAS Baleares
Andalucía: La convulsión urbanística
ELPAÍS/Reportaje* : En la legislatura que acaba de terminar la Consejería de Obras Públicas se propuso cerrar los pilares normativos sobre los que se debe sustentar el desarrollo urbanístico de Andalucía en los próximos años: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y planes subrregionales en las principales áreas urbanas, a los que se sumó después la iniciativa de una ley sobre el derecho a la vivienda.
El camino se había iniciado en la legislatura anterior, con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la primera normativa de suelo autonómica en 20 años de autogobierno, que entró en vigor en enero de 2003. Tras las autonómicas de 2004, el presidente de la Junta renovó mandato al frente de Obras Públicas a Concha Gutiérrez del Castillo con la encomienda de completar el dibujo de la ordenación territorial.
Básicamente se trataba de diseñar una planificación que garantice crecimientos urbanísticos dotados siempre de infraestructuras y servicios públicos precisos y que no agoten los recursos naturales.
Del empeño han surgido fricciones y la legislatura ha resultado convulsa, quizá porque como sostiene un conocido urbanista los tiempos de expansión inmobiliaria no son propicios para la planificación, porque hay muchos intereses en juego, por más que nadie crea que los ritmos de crecimientos eran sostenibles.
El empeño de la Consejería de Obras Publicas ha causado de hecho muchas fricciones, especialmente a causa del POTA, aprobado en diciembre de 2006 e impugnado por varias asociaciones empresariales. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) llegó a acusar a la Junta de deslealtad por romper la concertación social. Y en el frente político, el PP ha declarado un combate con el que persigue la derogación del POTA.
La CEA se quejaba de que la norma más trascendente del POTA no fue consultada en la mesa de concertación social como el conjunto del documento -fue introducida en el trámite parlamentario por iniciativa de IU-.
Se trata de la famosa norma 45 que determina que la Junta no aprobará planes de ordenación urbana municipales que contemplen en ocho años un crecimiento del 30% de la población existente o del 40% del suelo urbano actual.
La norma fue sumando rechazos, de alcaldes de todo color político, incluida IU, y incluso de urbanistas que comparten filosofía con la Junta. Se le achacaba a la norma además de ser injusta por establecer un mismo límite para situaciones muy dispares, que impedía crecer a municipios pequeños.
Finalmente, hace menos de un mes, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una rebaja de los límites para los municpios mayores de 10.000 habitantes, que podrán crecer entre el 40% y el 60% en población, y eliminar los suelos industriales del cómputo para calcular el 40% tope de nuevos suelos urbanos.
Fue una medida previamente pactada por la Junta con la Federación de Municipios y Provincias (FAMP) y la CEA y que permitió aprobar el Plan de la Vivienda que contempla el compriso de las partes a construir 700.000 nuevas casas en 10 años, 300.000 de ellas de VPO.
No es ni mucho menos el primer cambio normativo en esta convulsa legislatura. En 2005 se aprobó la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, que reformaba algunos apartados de la LOUA apenas a los dos años de entrar en vigor. Esta norma extendió la obligación de destinar el 30% de los nuevos suelos en desarrollo a VPO a todos los municipios, sea cual sea su ntamaño. Uno de los puntos más polémicos fue la prohibición a los ayuntamientos a disponer del dinero que recaudan por anticipado de convenios urbanísticos hasta que no están aprobados definitivamente los planes que garanticen que la actuación acordada es viable.
También los planes subrregionales han motivado fricciones entre la Junta y los ayuntamientos. El de la Costa del Sol Occidental por ejemplo ha sido impugnado por dos alcaldes socialistas, los de Mijas y Estepona. Todos además van con retraso, y esta circunstancia junto a los sucesivos cambios de las normas a aplicar son usados como excusa por los ayuntamientos para no haber adaptado aún sus planes urbanísticos a la LOUA aprobada hace cinco años, proceso que apenas han iniciado un tercio de municipios.
Para la nueva legislatura queda mucha tarea sobre la mesa.
Propuestas de los partidos
- PSOE: Planes de ordenación territoriales para el interior y de movilidad en las grandes áreas urbanas.
- PP: Derogar el POTA y elaborar uno nuevo. Ley de control urbanístico. Reforma de las comisiones provinciales.
- IU: Medidas para invertir la concentración de población en el litoral y grandes ciudades. Plan de desarrollo sostenible.
- PA: Medidas para mejorar el control urbanístico.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 22/02/2008
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Generalitat tiene 1.439 pisos públicos sin ocupar
PÚBLICO/Barcelona* : Promociones de vivienda pública de alquiler para jóvenes con hasta un tercio de los pisos vacíos. Esto es lo que Público ha encontrado en una investigación en el área de Barcelona, donde los precios del mercado libre están por las nubes y hay largas listas de espera para acceder a un piso protegido. La Ley catalana del Derecho a la Vivienda contempla la expropiación forzosa a propietarios que mantienen sus viviendas vacías y no las alquilan en estas mismas áreas donde hay más necesidad. Mientras, hay 1.439 pisos públicos pendientes de adjudicarse.
Calle Josep Duran 2-4, Cornellà de Llobregat. En esta promoción de 24 pisos hay ocho en los que no vive nadie. "Algunos están vacíos desde hace más de un año", asegura una joven vecina. A Marta Rodríguez le adjudicaron una de estos casas en octubre de 2005. Pero, pese a estar vacía, hasta marzo de 2006 no le entregaron las llaves. "Me dijeron que tardaban tanto por temas de burocracia", explica.
Abandono progresivo
Carretera Reial número 1-7, Sant Just Desvern. De 48 pisos que hace cuatro años se adjudicaron a otros tantos jóvenes, 13 están vacíos. Dos de ellos desde el año 2006. El resto se han ido abandonando progresivamente, a medida que sus inquilinos encontraban una vivienda fija, dado que sólo pueden beneficiarse del alquiler público durante un periodo de cinco años.
Los propios vecinos denunciaron esta situación en una carta que el lunes remitieron a Adigsa -empresa de la Generalitat que gestiona los pisos- y al Ayuntamiento de Sant Just. "Queremos que la ocupación sea del 100%, y creemos que el Ayuntamiento lo gestionaría mejor", explica la presidenta de la comunidad, Mercè de Noguera.
Calle Marina 343, Barcelona. "El 7º-5A está vacío desde hace un año", explica una vecina de la misma planta, que añade: "me parece fatal porque hay muchos que lo necesitan". En este caso, la Generalitat tuvo que echar a los antiguos inquilinos porque no pagaban el alquiler. En esta promoción la gestión ha sido algo más rápida. Algunos pisos han sido readjudicados en un plazo de entre tres y cuatro meses.
La Generalitat dice que sólo tiene 41 pisos vacíos, entre los de venta y los de alquiler. Sin embargo, al insistir en la cantidad de viviendas que ha localizado Público, añade que hay otros 1.439 donde no vive nadie, pero no los considera vacíos porque están en vías de adjudicación.
Uno de los problemas es que las listas de espera caducan a los dos años. "Readjudicar un piso requiere un trámite legal para hacer cumplir la igualdad de oportunidades", explica el consejero delegado de Adigsa, Frederic Linares. La Generalitat contempla elaborar listas permanentes. También prevé que los ayuntamientos gestionen en el futuro estos pisos.
* Público - GLÓRIA AYUSO - Barcelona - 20/02/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
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El Valencia construirá un hotel de lujo y con veinte alturas junto al nuevo estadio
LEVANTE* : El Valencia CF ha introducido cambios de calado en la parcela en la que ya se empieza a erguir el nuevo estadio en la avenida de Les Corts Valencianes. En una modificación de la modificación del PGOU (para llevar a cabo la obra ya fue necesaria una previa) que aprobarán Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana se incluye un futuro hotel recayente a las calles la Safor y Amics del Corpus.
El uso hotelero -inicialmente prohibido- se justifica, según la sociedad deportiva, como "una mejora de la oferta para aspirar a la celebración de grandes eventos". Las características del establecimiento, que será de lujo (cuatro o cinco estrellas) se definirán más adelante, aunque se baraja provisionalmente una altura de unas 20 plantas. De ser así, podría equivaler a un negocio de 126 millones de euros -según el precio de terciario de la zona, unos 3.00 euros por m2- que vendría a compensar en caja la operación de momento fallida de venta del suelo recalificado del antiguo Mestalla.
La solicitud, de la que se dará cuenta el lunes, data de finales de enero y en realidad supone cuatro modificaciones: la cota de referencia de la instalación se recalcula (la parcela tiene un importante desnivel de altura de terreno de más de unos cinco metros de uno a otro lado); la altura de cornisa sube de 20 a 25,30 metros; el estadio, a diferencia de los edificios de la línea de Corts Valencianes, no se retranquea y el ya referido cambio en los usos.
Tras un tira y afloja, el proyecto se aprobó con la posibilidad de integrar actividades comerciales consideradas vinculadas a la actividad deportiva en sí (cafeterías, restaurantes, tiendas, oficinas de prensa), etc. Pero se excluía expresamente el uso hotelero. Ahora no sólo se abre esa puerta, sino que se especifica que "más del 50%" de la edificabilidad total permitida (84.000 m2 techo) será la de uso deportivo y el resto, el terciario (esto, es, 42.000 m2). Ambos usos se separan en dos zonas diferenciadas de la parcela. Además, las actividades compatibles antes citadas e integradas en la "piel" del estadio no computan.
El cambio ha recibido los parabienes de los técnicos municipales, que incluso recomiendan abrir la mano en todas las demás modificaciones de planeamiento. En un primer momento, el Valencia ya planteó la inclusión de un área de oficinas (también en una torre de 20 plantas) y su eliminación fue clave para que el PSPV se abstuviese en vez de votar en contra en el pleno. La vuelta al terciario plantea una incógnita respecto a la valoración de los solares permutados entre ayuntamiento y club.
Se cuidará que el hotel se aleje de la escultura de la Dama Ibérica para no eclipsarla.
* Levante-EMV - S. G., Valencia - 22 de febrero de 2008
Foto: Diseño provisional. A la izquierda de la maqueta del estadio, una figuración de lo que sería el nuevo edificio propuesto en la calle de la Safor. levant-emv
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Los Albertos, el Príncipe y don Dinero
JESÚS CACHO* : Un poco de historia, siquiera apresurada. El 29 de diciembre de 2000, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid declaró, con todo lujo de detalle, a Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de Alcocer Torra, los Albertos, responsables de haber estafado a sus socios en Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla de Madrid donde hoy se alzan las torres KIO, aunque absolvió a los demandados al considerar que el delito había prescrito.
El 14 de marzo de 2003, sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo casó esa sentencia ratificando la censura moral de la Audiencia Provincial y condenándoles, además, a penas de tres años y cuatro meses de prisión y 6.000 euros de multa como autores de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil, al negar la prescripción de los delitos.
El 1 de abril de 2003, los Albertos –que de forma paralela solicitaron el indulto al Gobierno Aznar- interpusieron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Supremo, recurso que semanas después la Sala Segunda del TC admitió a trámite, un filtro previo que no prejuzgaba el fondo de la cuestión, pero que un prestigioso catedrático madrileño, con muchos años de oficio en el foro, calificaba entonces a quien esto escribe como “una decisión poco común, preocupante y sorprendente, porque son muchas, demasiadas las veces que el Constitucional ha negado la admisión a trámite de recursos mucho más fundamentados, con mucha más carga de eventual lesión de derechos fundamentales, y tiene que ser precisamente éste, qué casualidad, que afecta a dos personajes tan conocidos, el que haya sido admitido por un Tribunal que, además, está abrumado por una carga de trabajo que le sobrepasa”.
El recurso, al decir de los especialistas en Derecho, “carece del más mínimo contenido de posible amparo, y es casi imposible que el TC les conceda amparo alguno”, porque no parecía que los Albertos fueran precisamente una pareja de inmigrantes indocumentados recién llegados a las costas de Tarifa, cuyos derechos fundamentales habían sido violados por falta de recursos o de abogados. Pero, misterios dolorosos de esta España nuestra, los españoles avisados comenzaron a sospechar de inmediato que la pareja terminaría por salirse con la suya no por la fuerza de sus argumentos en Derecho sino en razón de la importancia de sus apoyos políticos, a la cabeza de los cueles se encontraba –se encuentra- el mismísimo Rey de España, íntimo amigo de francachelas de Alberto Alcocer Torra.
La decisión del Alto Tribunal se ha venido demorando desde la primavera del 2003 hasta casi rozar el fuera juego, y es que atender la petición de los condenados por el Supremo suponía tal escándalo ante la opinión pública, tan notoria befa para la Justicia, hacían falta tantos Bacigalupos para concederles el amparo, que los señores magistrados no se atrevían a dar el paso al frente, y así hemos llegado al borde del precipicio, al filo mismo en que (ver noticia publicada en este diario el pasado 12 de febrero) si no se pronunciaba antes del 14 de marzo próximo, la pena podía prescribir al cumplirse los cinco años desde la condena del Supremo. Puestos en esta tesitura, de cara a la pared entre una solución mala y otra peor, los señores Magistrados han optado por la pésima. Doña Justicia huye despavorida por los riscos de una España una vez más humillada por togas y puñetas.
Preocupados por la deriva que estaban tomando las cosas a cuenta de las noticias periodísticas sobre la prescripción que se venía encima, los demandantes -y al tiempo estafados-, Pedro Sentieri y Julio San Martín, remitieron el pasado viernes 15 un escrito al TC solicitando que, dada la importancia del caso a tratar, el recurso de marras fuera visto por el Pleno del Alto Tribunal en lugar de por una de sus Salas. La respuesta llegó ayer a toda prisa, con nocturnidad y cierta alevosía, y sin aviso de ninguna clase a las partes. “Como español siento consternación y vergüenza”, aseguró ayer a este diario Julio San Martín, una especie de santón laico cuyo último deseo sería ver a los Albertos en la cárcel.
Consternación por el significado procesal, jurídico y político que tiene la sentencia conocida ayer; vergüenza porque la situación de deterioro de la Justicia está tomando proporciones tan alarmantes que mejor esconder la cabeza bajo el ala para no reparar en los perniciosos efectos que, en términos de futuro colectivo y convivencia en democracia, representa esta Justicia severa con el pobre y dócil con el poderoso, Justicia que hace trizas el principio de igualdad de todos ante la ley, Justicia cada día menos digna de tal nombre, es decir, más injusta, y además lenta, terriblemente lenta, incapaz en su laxitud de dar respuesta a las exigencias de una sociedad y una economía modernas.
Porque si en algo tienen razón Alberto Cortina y Alberto Alcocer es en que resulta de todo punto inadmisible que el TC haya tardado 5 años en pronunciarse, al punto de que en términos de censura social han pagado con creces los tres años y cuatro meses de cárcel que el Supremo les impuso. Pero no es eso, no es eso. No estamos hablando de la desgracias de dos pobres ricos, sino de las miserias morales de un país dizque democrático que consiente en silencio el deterioro creciente de pilar tan esencial como es una Justicia digna de tal nombre. “Deberíamos tener el coraje suficiente para romper con mucho de lo que el hombre de finales del siglo XX considera normal”, decía en 1997 el entonces cardenal Ratzinger en su libro La Semilla de la Tierra, que añadía una soberbia lección para los Eugenio Gay de este mundo, “dispuestos a comprar el bienestar, el éxito personal, el prestigio social y el aplauso de la opinión dominante al precio de la verdad”.
Una sentencia que salpica peligrosamente al Rey y, por ende, a la propia institución monárquica. Es ya una realidad que en la democracia española no se aplica un mismo Código Penal a todos los ciudadanos. Un chorizo sin posibles puede terminar entre rejas si roba cien euros, pero si afana mil millones, entonces tranquilo, sobre todo si es millonario y cuenta con amigos importantes. El entrañable “Todo por la Patria” de la Guardia Civil, ha sido sustituido por el más realista “Todo por la Pasta”. Tiempo habrá para referirse a las technicalities de esta sentencia, así como al ejercicio de honestidad que con su voto particular realizó ayer Ramón Rodríguez Arribas. De momento, pongamos en valor el viejo principio de Jeremy Bentham, según el cual “toda ley es un mal, en tanto en cuando su aplicación depende del capricho de unos jueces a menudo plegados al poder coercitivo del Príncipe”. El Príncipe y don Dinero.
* El Confidencial - 21/02/2008
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22.2.08
por UrbanismoPatasArriba
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El promotor de Maneje y La Bufona, en Arrecife, tiene tres planes en suelo protegido en Almería
LAPROVINCIA/Lanzarote* : El administrador único de las empresas que promueven los planes parciales de Arrecife Maneje Sector V y La Bufona, el arquitecto Federico Echevarría Sainz, promueve a su vez tres planes parciales en Almería en terreno protegido. Uno de ellos, en el que se proyectaba la urbanización de 48 hectáreas Marinas del Agua Amarga, con 353 viviendas, hotel y campo de golf, acaba de ser anulado por el Tribunal Supremo después de un largo proceso y de las dificultades puestas por parte del Ayuntamiento de Níjar y de la Junta de Andalucía.
Los otros dos, de seis hectáreas cada uno, se encuentran proyectados dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, según la denuncia de la asociación Ecologistas en Acción. Los ecologistas denuncian que la Junta de Andalucía no aporta ni siquiera a requerimiento de los tribunales la cartografía que zonifica los usos de este parque natural. Es la misma zona donde se encuentra el macrohotel de El Algarrobico, del que se ha iniciado el trámite para su demolición.
Los terrenos en los que se acaba de anular este proyecto, pertenecientes a Echevarría, se incluyeron como zona urbanizable en las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar en 1987. Posteriormente en 1995 se le encargó al propio Echevarría la redacción de las nuevas normas a pesar de que es propietario de parcelas en el municipio, en un claro caso de incompatibilidad. El suelo se sigue considerando apto pero el estudio de impacto ambiental es desfavorable por su alto valor ecológico (hábitat prioritario y exclusivo). El arquitecto y el Ayuntamiento recurrieron ese estudio y ganaron en primera instancia, pero perdieron finalmente.
CON ESPARZA. Federico Echevarría Sainz es un arquitecto de relevancia con despacho profesional en Madrid desde 1970, además de en el pueblo de Níjar, en Arrecife y en Sevilla.
Ha ejecutado proyectos de arquitectura en la Gran Vía de Madrid, un gran número de edificios de oficinas, la rehabilitación del Círculo de Bellas Artes, varios hoteles en Cuba y el concurso de la Torre Mutua de la antigua Ciudad deportiva del Real Madrid. Entre sus clientes aparecen en su página web grandes empresas españolas e incluso la multinacional Halliburton del vicepresidente de EE UU, Richard Cheney.
Además trabajó para la Guardia Civil en la época en que era director Luis Roldán. Realizó la Comandancia de la Benemérita de Barcelona. Echevarría figura como socio de Jorge Esparza en la mercantil Ramansipa. Esparza, condenado a 16 años de cárcel, está considerado como el testaferro de Roldán y era presidente de la constructora Huarte a la que se le adjudicaron 26 obras de construcción o rehabilitación de casas cuartel, algunas de las cuales no se llegaron a hacer, por un importe de unos cien millones de euros.
Echevarría aparece, asimismo, como presidente o administrador único en veinte sociedades mercantiles. Entre esas se incluyen Brisa Inversiones y Yaide, promotoras de los planes parciales La Bufona y Maneje, ambos aprobados en 1998.
EN ARRECIFE. En el primero de los casos, la urbanización está repleta de irregularidades. De hecho, Echevarría está imputado en un proceso penal, junto a su ex socio en Brisa Francisco Carmona (funcionario municipal y ex responsable del catastro de Arrecife), Antonio Caro, Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.
Se le imputa un delito de ordenación del territorio y otro de usurpación. Después de ocho años, el procedimiento continúa en diligencias previas y sólo han declarado los imputados.
La Fiscalía no ha acudido a ninguna de las tomas de declaración. Presuntamente se usurparon terrenos de alta protección de jable, del servicio de Carreteras y de un particular y se construyeron 56 viviendas unifamiliares donde sólo se podían construir casas adosadas de menor tamaño.
Brisa Inversiones no ha ejecutado tampoco el proyecto de compensación para el Ayuntamiento de Arrecife y muchas de esas viviendas, entre las que se incluye la del fiscal Jefe de Arrecife, Miguel Pallarés, han estado omitidas del catastro durante años.
Por otro lado, en Maneje, cuyo plan tampoco estaba catastrado hasta 2006, se promueve la urbanización Jardín de Maneje de unas mil viviendas. Tampoco está aprobado el proyecto de compensación y por eso el Ayuntamiento no concede las licencias de obra.
En la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Arrecife se incluía una nueva rambla diseñada sobre una gran cantidad de viviendas en Morro Angelito. Los vecinos se levantaron en pie de guerra por ese trazado que favorecía el acceso tanto a la urbanización de Maneje como a la de Los Geranios.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 21 de febrero de 2008
Foto: Arrecife (Lanzarote), vista desde La Bufona - plangeneraldearrecife.com
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21.2.08
por UrbanismoPatasArriba
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