LUIS FALCÓ MAESTRE* : No nos engañemos, y es que a estas alturas y tras un decenio, el PGOU está malherido o más bien herido de muerte; ya no sólo porque expira el plazo establecido para su exposición y aprobación del PGOU, que puede convertirse en la puntilla a pesar de las trampas desde Conselleria de Urbanismo, sino porque la posibilidad de desarrollar PAIs ha desgajado gran parte del contenido del Avance, desnaturalizando lo que en él se planteaba, con el beneplácito e interés del alcalde.
Basta con revisar el planteamiento lanzado hace 8 años y comprobar cómo algunas zonas del extrarradio planteaban un crecimiento moderado considerando diversos factores como el PATEMAE (¿se acuerdan de la conexión Elx-Santa Pola-Alicante?), PATRICOVA (zonas de riesgo inundación) o movilidad entre otros. Como ejemplo que ilustra este cambio tenemos el planteamiento para el desarrollo de Rabassa, donde no alcanzaba las 8.000 viviendas, zona de recreo y deportiva y el respeto a las "balsas" o lagunas y el hito del Cerro del Gallo.
Una despolítica territorial que ya sufrimos los ciudadanos, pues en estos planes no se contempla una serie de servicios, condiciones previas y dotaciones que sí se establecen en el PGOU.
Abusar, por tanto, de una figura como son los planes parciales, establecida como aplicación excepcional dentro de la ley urbanística, desvirtúa y abandona las verdaderas necesidades de la población en pro de unas suculentas ganancias a los promotores amigos y una política del parche que saltará en pedazos. Una visión peligrosamente reduccionista donde el concepto de crecimiento se relaciona sólo con más hormigón y terrenos en propiedad.
Por otro lado, la visión global de la metrópolis posibilita adecuar y establecer diferentes servicios que los PAIs no suele contemplar. Veamos algunos factores donde se vislumbra esas carencias por retrasar el PGOU.
Dotaciones sociales: básico y primordial, sus instalaciones escolares, deportivas, sanitarias, seguridad, policía, bomberos... Actualmente se abordan con planes especiales como el del centro tradicional y el insuficiente de la zona norte.
Zonas y corredores verdes: parques, cordones y bulevares verdes. Donde el déficit es alarmante, sólo hay 3,5 m2 de manto vegetal por habitante.
Movilidad: Se contempla conexiones de viales de transporte, accesibilidad y movilidad sostenible, con carriles bici, carril bus, etecétera. El presente apuesta por el vehículo privado, aparcamientos en el centro y desdoblamientos de carriles (como en la avenida de Dénia), además de un encarecido tranvía.
Ajustes y armonía con los municipios limítrofes: no hay planificación comarcal, basta con ver la proyección y los PGOU de El Campello o Sant Joan donde recalifican a urbanizable casi todo su término municipal.
Equilibrio centro-periferia: se pretendía en el concierto previo del PGOU un control del hábitat disperso en pedanías y extrarradio. La tardanza ha dado como resultado un crecimiento desordenado e inconexo si observamos la Condomina, Rabassa, Nuevo San Blas, Pino-Ruaya, etcétera.
Cultura participativa: el PGOU tiene un tratamiento más democrático y global que los PAIs, requiere una reflexión sobre el modelo de ciudad y unos pasos que integran los diferentes factores sociales, económicos y culturales vitales para la buena salud de la ciudad y sus habitantes.
Patrimonio: ya sea arqueológico, arquitectónico o natural. Otros afectados del retraso y en franca decadencia, maltratando la historia, la identidad y de paso las posibilidades de un turismo de calidad. ¿Realmente hay un catálogo de edificios protegidos? Miren lo que queda del Ideal, de la estación de Benalúa, de la Serra Grossa, de Aguamarga, Infraestructuras portuarias: Alicante es una ciudad marítima y enlazada al desarrollo de su puerto, mira (o miraba) al mar con orgullo y ahora parece que torres de silos, humos y elementos nocivos pueden ser los nuevos vecinos de Benalúa, Babel y San Gabriel.
Todos estos factores conjugados sirven para optimizar los propios recursos y no establecer pequeñas, o no tanto, aldeas con sus servicios desconectados al resto. Un PGOU establece un modelo de ciudad, nos guste más o menos, pero con una línea, un orden y racionalidad ante los retos que se establecen en la entrada del siglo XXI. No tenerlo a estas alturas es ahogar a la ciudad, negarle una dirección, y este alcalde no es que esté pasivo ante esta circunstancia sino que es quien tira de la cuerda.
Es verdad que algunos PAIs contemplan su equipamiento, servicios y zonas verdes, pero sólo circunscrito a su desarrollo interno e independiente, suponiendo un gran error para la configuración general del municipio.
Un retraso, pues, que ha arrastrado a un bloqueo en la gestión de diversas concejalías y a lo que no podrá esperar establecer acciones en detrimento de la salud y bienestar de la ciudadanía.
Una inexplicable demora que ha supuesto una reducción de servicios y calidad de vida, pues recordemos que en los últimos 10 años la población se ha incrementado en más de 60.000 habitantes y el PGOU vigente es del 87. Prórrogas que sólo han beneficiado a los constructores poniendo en peligro la rehabilitación de viviendas del centro o los empleos de muchos conciudadanos.
Así pues, entrando en la cuarta legislatura con el mismo alcalde, seguimos sin PGOU, pero además sin Palacio de Congresos, plan especial de protección de Tabarca, Agenda Local 21 aplicada o pacto por la movilidad. Sin embargo el ritmo de la transformación de Alicante es vertiginoso y desordenado, como venimos denunciando Els Verds Esquerra Ecologista desde hace mucho tiempo.
Personalmente me siento engañado y estafado por el incumplimiento sistemático de nuestros gobernantes, que han demostrado una gran carencia en aquello que supuestamente deben hacer, que es gestionar las arcas públicas para revertir en bienes y servicios para todos y no sólo para unos pocos.
* Luis Falcó Maestre es portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista y candidato al congreso por Bloc-Iniciativa-Verds.
* Información - Opinión - 12 de febrero de 2008
El PGOU de Alicante languidece
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14.2.08
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Las Palmas: El TSJC anula las torres del Canódromo
CANARIASAHORA* : La Justicia ha dado un nuevo "varapalo" a los anteriores gobiernos del PP en la capital grancanaria. En esta ocasión se trata del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha anulado el Plan Especial del Canódromo, el Plan General de 2000 y su adaptación de 2005 que afecta a este espacio, según informó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Dicho plan, aprobado por la mayoría popular en 2003, fue duramente criticado por los grupos de la oposición, que llegaron incluso a tachar el proyecto de ''pelotazo urbanístico''. La sentencia, en todo caso, es recurrible.
La resolución judicial se basa en que se ha modificado de forma sustancial el modelo territorial previsto sin haberlo sometido a exposición pública, y que no cabía introducir uso residencial en la parcela al estar agotada la edificabilidad en los barrios de Escaleritas y Schamann.
La resolución judicial es consecuencia de una demanda presentada en su día por la asociación vecinal Avecalta, que basó su oposición a la construcción de las llamadas torres del Canódromo en el agotamiento residencial de los barrios cercanos al referido espacio libre, hoy un parque urbano en la mayor parte de la parcela. Esa consideración estaba recogida en el Avance del Plan General municipal, aprobado en 1998, y ha servido de base al TSJC para elaborar la sentencia.
Según fuentes conocedoras de la sentencia, en la misma se hace alusión a que la denuncia vecinal de supuesta especulación, con la connivencia del Ayuntamiento, en esta parcela no ha podido ser probada, si bien admite la existencia de indicios que así lo avalan.
El Plan Especial de Ordenación del antiguo Canódromo fue aprobado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a finales de 2003 con los votos en contra de la oposición, quien denunció el "pelotazo urbanístico" de esta operación que suponía autorizar la construcción de dos torres pantalla de 15 pisos y más de 50 metros de altura en esta zona del barrio de Schaman.
Un proyecto duramente criticado desde la oposición
La portavoz de Compromiso y actual concejala de Fomento y Servicios Públicos, Nardy Barrios, criticó en su día el echo de que al construirse los dos edificios, el barrio se veía condenado a soportar aún mayor presión poblacional de la que ya se denunciaba en la memoria del proyecto. No en vano, la memoria del plan recordaba que Schaman tiene 28.800 habitantes por metro cuadrado, cuando la media de la ciudad es de 3.300 y la del segundo barrio con mayor población 16.000.
Además, al igual que se hace en la sentencia del Alto Tribunal, la memoria hablaba de "edificabilidad agotada" en el barrio. Algo que en ningún caso se tuvo en cuenta a la hora de dar luz verde al Plan General, que sufrió una modificación y un cambio del uso del suelo -de dotacional terciario a residencial-, triplicándose la edificabilidad en la zona, de 6.800 metros cuadrados a 20.000.
Todos los grupos de la oposición también coincidieron entonces en la urgencia injustificada que manifestó el gobierno del Partido Popular para llevar a cabo la aprobación. Al igual que ahora estima la Justicia, la oposición criticó que no se hubiese dado la suficiente audiencia a los vecinos, manifestando el convencimiento de que el proceder del grupo de gobierno municipal respondía en realidad "a voraces intereses particulares".
Antecedentes
La actuación prevista en ese espacio, ubicado en el corazón de Ciudad Alta, el distrito más poblado de Las Palmas de Gran Canaria con 101.000 habitantes, era la construcción de un parque urbano, aunque el Ayuntamiento accedió a otros usos a cambio de la titularidad de la parcela.
El suelo era propiedad de una promotora inmobiliaria, Inprocansa, que había adquirido el mismo a la titular anterior -la hija del ex abogado de los antiguos trabajadores del Canódromo- apenas unos meses antes de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para tramitar la operación urbanística. Sus anteriores propietarios habían intentado durante años, y sin éxito, llegar a un acuerdo con la administración municipal que, en cambio, sí logró la constructora en tiempo récord.
A cambio de la entrega de la parcela, y en el contexto de un convenio urbanístico, el Ayuntamiento entregó a Inprocansa una franja del solar para la construcción de dos edificios de vivendas en 15 plantas de altura, además de otros suelos urbanos en el sector de Tamaraceite. Así, la ciudad obtenía un espacio libre -ya estaba calificado así, por muy privado que fuese, en el anterior Plan General de 1989- que destinaría a parque.
En aquel entonces era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Soria y el concejal de Urbanismo era Juan José Cardona. En el debate político, el PSOE se opuso frontalmente a la operación, que calificó de especulativa.
Esta sentencia, que se puede recurrir, se comunicó este jueves a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, donde los técnicos están analizando los términos de la misma, para actuar en consecuencia, señala una nota oficial del Ayuntamiento.
Fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consideran que esta sentencia supone "un varapalo" para el Partido Popular, ya que el Plan Especial del Canódromo se aprobó en el anterior mandato. No obstante, las soluciones a esta anulación deben ser arbitradas por la actual mayoría municipal socialista.
Trabajando con normalidad en la parcela
Mientras tanto, y pese a la sentencia conocida este miércoles, este periódico pudo comprobar que durante la tarde en la parcela de Los galgos se seguía trabajando con total normalidad en la construcción del proyecto Torres del Mar.
Tal y como reza la información de la promotora de las viviendas -la empresa Realia-, se trata de un conjunto residencial compuesto por dos "torres emblemáticas" que albergan un total de 120 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, dúplex, garajes y trasteros.
Las viviendas, que se han puesto a la venta a un precio que oscila entre los 184.225 euros y los 259.000 euros, está previsto que se entreguen a lo largo del primer trimestre de 2009.
* CanariasAhora - ACN. Las Palmas de Gran Canaria - 13/02/2008
Foto: maqueta de las torres que se están levantando en la conocida parcela de 'Los galgos'. (QUIQUE CURBELO), canariasahora.es
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13.2.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
«Las leyes ambientales se saltan a la torera»
20MINUTOS/Málaga* : Habla de «coacciones y amenazas» y de «denuncias absurdas» de los promotores de Los Merinos (Ronda) contra ecologistas y colectivos que se oponen al proyecto de levantar casi 800 viviendas, tres hoteles y dos campos de golf. El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, estuvo ayer en Málaga para apoyarles.
Entrevista:
¿A quiénes amenazan?
Han amenazado a 11 personas y han puesto casi 40 denuncias por distintos temas, todos absurdos, cuando lo que quieren es intentar frenar la oposición a este proyecto destructivo para una reserva de la biosfera.
¿Por qué lo ve destructivo?
La razón de nuestra denuncia es que en el interior se está reproduciendo el modelo urbanístico ya saturado del litoral. Y en Los Merinos se añaden dos cosas: es reserva de la biosfera y, como tal, debería ser de total protección; por otro lado, está asentado sobre un acuífero.
¿Cómo conjugar el desarrollo con el medio ambiente?
Lo que hay es una cuestión de ordenación del territorio y de que el urbanismo no esté promovido por la especulación, sino que detrás haya una utilización adecuada del suelo y que los desarrollos se hagan donde puedan.
Los Merinos han pasado por varios filtros y sigue...
En España, el medio ambiente y las leyes que lo protegen se saltan a la torera. Y eso lo hemos visto en Algarrobico (Almería), con un hotel casi terminado.
BIO
Nació en San Sebastián hace 44 años y desde 2001 dirige Greenpeace. Es ingeniero agrónomo y dice que apenas le queda tiempo libre.
* 20 Minutos - M. R. 13.02.2008
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Un juez impide a Alperi financiar un proyecto privado con dinero público
ELPAÍS/Alicante* : Un juez considera ilegal la pretensión del Ayuntamiento de Alicante de asumir la mitad del coste de un proyecto de reparcelación. En la práctica, esta intención beneficiaba al urbanizador, que compartía gastos con el Ayuntamiento, e implicaba un desembolso de dinero público que la oposición municipal socialista cifra en 500.000 euros.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante declara nulo un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante del 29 de mayo de 2006, en el que se aprobó el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur. En este acuerdo, el equipo de gobierno que preside Luis Díaz Alperi, del PP, preveía asumir el 50% del gasto de reparcelación, con el que costearía obras como la elevación de rasantes de la Avenida de Elche y la reurbanización de sus aceras. Este acuerdo se produjo pese a que en marzo de 2004 la Gerencia de Urbanismo había firmado un convenio con el agente urbanizador en el que se estipulaba la obligación del urbanizador de "proceder a la urbanización íntegra".
El juez considera inadmisible "que se pretenda ignorar" el citado convenio urbanístico, que "tiene fuerza vinculante". El programa, además, alteraba el sentido del PAI aprobado provisionalmente en la sesión plenaria del 5 de octubre de 1999, según subraya el juez de lo contencioso administrativo. La sentencia es consecuencia del recurso interpuesto, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno, por el entonces portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Manuel de Barros. Ayer los socialistas mostraron su satisfacción por una sentencia gracias a la cual "los alicantinos ahorrarán unos 500.000 euros que el Ayuntamiento pensaba pagar por la urbanización de Benalúa Sur cuando estos gastos debían correr a cargo del urbanizador".La unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur es una de las dos en las que se ha dividido la zona. En esta unidad está prevista la construcción de un nuevo colegio que los vecinos reclaman desde hace más de ocho años. Los vecinos también reivindican un centro de salud y un centro social. En noviembre del año pasado, la Asociación de Vecinos de Benalúa El Temple presentó ante el registro municipal del Ayuntamiento de Alicante y en la sede del Consell en Alicante sendos escritos, apoyados por la firma de 2.128 vecinos de la zona, en los que urgían a las dos administraciones a ejecutar las obras. Ayer, el concejal socialista Manuel de Barros insistió en que la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo no afecta en ningún sentido a la construcción del centro, cuyas obras van a empezar tras años de retraso. "Las obras del colegio público de Benalúa no sufrirán ningún retraso ya que la sentencia solo afecta a los gastos de urbanización", apostilló el edil socialista.
De Barros valoró la sentencia en una rueda de prensa en la que también participó la actual responsable socialista del área de urbanismo, Loles Fernández, quien recordó que los gastos que el Ayuntamiento pretendía asumir no le corresponden según la ley y también según el PAI aprobado en el pleno de 1999. La edil explicó que los socialistas tuvieron que intervenir ante lo que calificó no solo de una "gran deslealtad del urbanizador" sino ante la posición del Ayuntamiento, "que nuevamente favorece los intereses del urbanizador" en detrimento de los de los ciudadanos. Los socialistas esperan que el Ayuntamiento no recurra la sentencia "pues iría en contra de los alicantinos".
Tensiones
Los socialistas, además, relacionan la evolución de este programa urbanístico con las tensiones existentes en la Gerencia de Urbanismo entre técnicos y dirección. De Barros recordó que en su momento diversos técnicos de la Gerencia de Urbanismo emitieron informes contrarios a la intención del Consistorio de asumir la mitad del coste de esta reparcelación. Uno de esos funcionarios, que entre otras cuestiones emitió un informe sobre el Plan Parcial de Benalúa Sur, en alusión a Climent Lozano, fue posteriormente apartado de su responsabilidad y ha interpuesto una demanda contra la decisión de la dirección de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 13/02/2008
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exige a los partidos que se pronuncien sobre la especulación urbanística
COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO* : "Denunciamos el silencio y la exclusión del debate sobre el territorio y la corrupción, del debate político y la campaña electoral. Es un tema que ha desaparecido del debate público porque a nadie le interesa que se hable de ello, aunque está en la raiz de la destrucción del territorio y de la inaccesibilidad de la vivienda, entre otras muchas cuestiones y la corrupción sigue sin atajarse de ninguna forma concluyente. La especulación urbanística es el problema más grave del Estado Español".
La especulación urbanística es el problema más grave del Estado Español:
- por la destrucción del territorio, del patrimonio y del medio ambiente sin precedentes en el mundo;
- por el engaño y abuso sistemático de los ciudadanos,
- por la creciente precariedad e inaccesibilidad de la vivienda,
- por la inconstitucionalidad de un crecimiento que es un atentado contra el interés general;
- por la escasez de agua
- por el desequilibrio económico y el riesgo enorme del estallido de la burbuja inmobiliaria;
- por la precariedad democrática, y la corrupción generalizada del sistema donde Marbella no es la excepción sino el paradigma: España es Marbella.
La causa de esta situación única en el mundo es:
- que la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano:
- plusvalías a los propietarios
- convenios urbanísticos
- Ley de Suelo del 98 (etc., etc.)
Qué es imprescindible para frenar la corrupción:
Proponemos 85 medidas para un Pacto de Estado agrupadas en cuatro grupos principales.
- Eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación y fortalecer los mecanismos contra la especulación y la corrupción.
- Una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales
- Moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero o limitacion del crecimiento al 10% del suelo urbano y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje.
- Un nuevo modelo de desarrollo y una nueva cultura de ordenación del territorio para España.
Las medidas adoptadas hasta ahora son tibias, totalmente insuficientes y no sirven para atajar la situación.
Denunciamos la demagogia desarrollista del PP, que lejos de reconocer el problema quiere liberalizar más suelo, y la tibieza de las actuaciones del PSOE y de otros partidos políticos, que reconociendo en parte el problema no ponen en marcha las medidas necesarias.
La actual crisis económica vinculada al sector inmobiliario, no puede servir para proteger aun más el sector con medidas paliativas, sino que ha de ser el aviso definitivo para la necesidad de un cambio inmediato y radical de modelo de crecimiento económico.
Exigimos el posicionamiento y pronunciamiento inmediato de todos los partidos de cara a las elecciones generales y autonómicas del 9 de Marzo sobre el problema de la especulación urbanística y las 85 medidas para un Pacto de Estado, propuestas en el texto que se les ha enviado; para que los ciudadanos sepan si votan contra la especulación o a favor de ella, en defensa del territorio o por su destrucción, por una vivienda digna o por la precariedad creciente.
Se están enviando copias del Manifiesto por una democracia del territorio y 85 medidas contra la especulación a los principales partidos políticos, con una carta exigiendo su pronunciamiento inmediato sobre el problema de la especulación.
En las próximas semanas, en las diferentes capitales españoles, se repartirán decenas de miles de billetes de 500 euros con la campaña VOTA CONTRA LA ESPECULACIÓN ¡QUE SE PRONUNCIEN LOS PARTIDOS!, frente a las sedes de los principales partidos de todo el arco parlamentario, exigiendo un posicionamiento inmediato.
Los billetes llevan el siguiente texto al dorso:
LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA ES UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES DEL ESTADO ESPAÑOL
La corrupción y la especulación urbanísticas suponen una amenaza sin precedentes a nuestra democracia, están devastando de forma irreversible el territorio y haciendo inaccesible la vivienda para casi tod@s, sumiendo a la sociedad en la precariedad.
¡QUE SE PRONUNCIEN LOS PARTIDOS! El 9 de Marzo
Vota
CONTRA LA ESPECULACIÓN
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
POR UNA VIVIENDA DIGNA
COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO
www.nosevende.org
* Rojo y negro - Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio - 12 de febrero de 2008
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Vía libre para la construcción de un 'megaresort' de ocio en Ciudad Real
ELMUNDO* : ¿Quién dijo que el sector de la construcción atraviesa una crisis? No para las sociedades El Reino y Caesars España -filial de una de las mayores firmas de casinos de Estados Unidos- beneficiarias del Plan de Actuación Urbanística aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real. No es el único que se construirá sobre el árido suelo español, ya que a mediados de diciembre de 2007 se presentó un proyecto similar en Los Monegros (Aragón).
El proyecto, presentado en Fitur el pasado 31 de enero- será inaugurado en 2010 y comprende un resort turístico internacional con un casino de la cadena Caesars, un hotel-balneario bautizado como El Bosque Horai; un hotel de cinco estrellas con centro de convenciones; campos de golf (dos de 18 hoyos, uno de 9 nueve y un campo de prácticas, una casa-club y hotel de golf), así como 3 hoteles de cuatro y cinco estrellas, una zona comercial con tiendas de lujo y una gran laguna central.
Junto a este monstruoso proyecto, la compañía El Reino prevé levantar 2.064 viviendas en una primera etapa y 7.000 más en una segunda y tercera fase.
El 'megaresort', con una superficie de 6,8 millones de metros cuadrados, ha sido declarado de Interés Regional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que lo incluyó en el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, mientras que el Ayuntamiento lo ha bautizado como de 'Utilidad Pública e Interés Social'.
Todas las cifras marean: 6.500 millones de euros de inversión total - 2.500 millones de euros en la primera fase (hasta el cuatro trimestre de 2010); 700 hectáreas de superficie de actuación (1.250 has. de superficie total), y 4.000 habitaciones de hotel.
Según sus responsables, el proyecto beneficia a Ciudad Real y a toda Castilla-La Mancha, ya que ambas compañías "actuarán como motores económicos de la región y contribuirán a la creación de puestos de trabajo de calidad".
Sólo el desarrollo de infraestructuras –movimiento de tierras, vías, conducciones y desarrollo de zonas verdes–, ha supuesto una inversión de 144 millones de euros, informa la promotora El Reino, que acometerá en pocos meses la construcción de las distintas áreas. La primera piedra del 'resort' se colocará en el segundo semestre del año.
Dentro del PAU aprobado hoy, 2'3 millones se destinarán al sector terciario (hoteles, centros de convenciones, área comercial, etc.), 1'1 a residencial y 178.000 metros cuadrados a dotaciones y servicios (22.500 m2 de ellos para convenciones y congresos). El resto, algo más de tres millones de metros cuadrados irán destinados a viales, jardines y zonas verdes.
* El Mundo - Su Vivienda - 12/02/2008
Foto: Imágenes del futuro 'macroresort' en el corazón de la meseta manchega / ELREINODEDONQUIJOTE.COM
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Tema: NOTICIAS CastillaMancha
Amenazas de muerte contra el periodista Chema Gil por destapar una trama urbanística en Murcia
PERIODISTAS/MARTA MOLINA* : Amenazas de muerte, llamadas telefónicas e, incluso, alusiones a su lugar de residencia, a su familia y a su trabajo. En ese día a día se mueve desde hace dos años el periodista murciano Chema Gil, director del digital www.noticiasdemurcia.com. Gil es autor de las informaciones periodísticas que llevaron a incoar el caso de corrupción urbanística en Torre Pacheco (Murcia). Un proceso que implicó al Ayuntamiento y que ahora investiga el juzgado número cuatro de San Javier en las diligencias 878/2007. Entre quienes profirieron parte de esas intimidaciones, se cuenta el alcalde de la localidad, Daniel García Madrid, quien amenazó con dejar sin trabajo al periodista.
Chema Gil comenzó a desvelar asuntos escandalosos en la gestión del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el periódico La Gaceta del Mar Menor, que antes dirigía y que debió cerrar presionado por la falta de anunciantes.
“Intimidados por el Ayuntamiento”, atribuye el periodista. Sus informaciones sirvieron de base para que los juzgados iniciaran la causa penal que ahora se ha puesto al descubierto. El periodista recibe desde entonces amenazas casi diarias. La mayoría, telefónicas. Algunas, de muerte. Como las que colgaron desconocidos en el foro de la página web del Ayuntamiento de Torre Pacheco o la que atendió la delegación en Murcia de la agencia EFE. Incluso han llegado a advertirle de que sabían el colegio y la hora exacta donde cursa su hija de ocho años. El periodista puso todo en conocimiento de la Guardia Civil e, incluso, consiguió recibir protección de este cuerpo durante dos días. Pero, aunque las amenazas continúan, las autoridades le retiraron el amparo “por entender que no había de qué preocuparse”, explica.
El periodista, en cambio, considera de extrema gravedad su situación y la de su familia. Tomó conciencia del cariz del asunto cuando colegas de profesión le alarmaron de la implicación del alcalde de Torre Pacheco en las amenazas. Los periodistas conocieron ese dato una vez que se levantó el secreto sumarial, aunque parcial, del caso. “Ésto hay que sacarlo”, le dijeron. “Porque si mañana te fallan los frenos del coche, nadie va a saber quién está detrás”, le advirtieron. No obstante, Chema Gil denuncia la pasividad de las autoridades y los colectivos periodísticos que, ante la gravedad de la situación, “solo me recomiendan mantener la calma”. Le piden “aguantar el tipo”, pero confiesa temer por la integridad de su familia y por su propia vida. Sus recelos no pasan tanto por el alcalde o e constructor Facundo Armero. Teme, más bien, la reacción de algún “exaltado próximo a sus intereses”.
Las escuchas telefónicas que han quedado fuera del secreto de sumario hace unos días ponen de manifiesto que el alcalde García Madrid encargó a una persona --“no identificada” en las investigaciones de la Guardia Civil- que diera nombres y apellidos de los familiares del periodista, según consta en la desgrabación de las escuchas telefónicas que quedaron fuera del secreto del sumario. Además, desde el teléfono móvil del alcalde, intervenido por orden judicial al edil del PP, el 22 de abril del pasado año se envió un sms solicitando la identidad de la esposa del periodista. El titular del teléfono receptor satisfizo el requerimiento ocho horas después. En otra conversación, seis días después, el alcalde amenaza con lograr que el periodista se quede sin trabajo, incluyendo en la conversación que mantiene con un familiar suyo la frase: “ya verá ese”.
La situación no quedó ahí ya que el 19 de mayo, poco después de las dos de la tarde, Daniel García, según obra en las diligencias de la Sección de Investigación Criminal de la Guardia Civil, llamó al mismo número de teléfono al que un mes antes había dirigido el mensaje pidiendo datos de la familia del periodista. El alcalde solicita ahora la dirección del domicilio de Chema Gil. La persona que recibe el encargo saluda al alcalde con un “a sus órdenes”. Poco después le comunica la dirección. El alcalde, interpelado, responde que la necesita para enviarle un jamón al periodista. Ese obsequio nunca llegó al domicilio.
“Desamparado y desprotegido”, según confiesa, Chema Gil denuncia la pasividad de los colectivos periodísticos regionales, que han desatendido su caso. “A pesar”, dice, “de la gravedad del asunto”.
* Periodistas-es - Murcia - 12-02-2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Murcia
El constructor de Murcia, su bisoñé, la 'nena', el alcalde, su jefe de prensa y el consejero
ELCONFIDENCIAL/Murcia* : Si la Operación Tótem contra la corrupción en Totana (Murcia) hizo alucinar en colores a algunos agentes de la UCO de la Guardia Civil que realizaron el servicio de escuchas telefónicas, el levantamiento parcial del secreto del sumario de las investigaciones por supuesta corrupción en los también murcianos ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo ha desvelado, entre otras cosas, que esos agentes ya debían estar curados de espanto cuando grabaron las cintas de Totana.
Si en ésta última hablamos en su momento de la brasileña, el diputado, su ex mujer y el alcalde, en Fuente Álamo y Torre Pacheco habría que hablar del constructor, su amada edil, el alcalde, su querida, el consejero y el diputado. Mucho más escandaloso, aunque no haya club de alterne que dé nombre al operativo ni brasileña de por medio, como en Totana.
Porque resulta que las grabaciones de Torre Pacheco y Fuente Álamo, hechas antes que las de Totana y conocidas ahora, ponen al descubierto un cutre entramado de intereses creados, traiciones rastreras, celos, encuentros (sexuales o no) y desencuentros de la más baja estofa, al lado de los cuales Falcon Crest queda como paradigma de la finesse de una ópera, aunque sea bufa, y el personaje de la Celestina sería una bendita alma de la caridad al lado de los "grabados" en Torre Pacheco y Fuente Álamo.
Buena parte del contenido de esas cintas –que el sumario califica prudentemente de "asuntos privados no sometidos a investigación"– revelan la íntima relación del afamado constructor portador de arcaico bisoñé con una joven alcaldesa a la que aquél se refiere telefónicamente como "la nena". "Dile a la nena...", "que lo arregle la nena...", son algunas de sus expresiones grabadas por los agentes.
También se deduce de las cintas magnetofónicas que Daniel García Madrid, ex abogado de ese constructor y ahora joven alcalde felizmente casado y con hijos, se veía a escondidas con la jefa de prensa de su ayuntamiento con más frecuencia de lo que las buenas costumbres católicas harían desear.
Y que más de media docena de concejalas y concejales de ambos ayuntamientos le cuentan, cada uno por su lado y por teléfono, al afamado constructor con peluquín cualquier chismorreo relacionado directa o indirectamente con la vida social o política del municipio. "La alcaldesa María Antonia Conesa estuvo bailando con todo el mundo" en una fiesta oficial. "Y yo le dije, ¿pero tú ves al alcalde de Murcia bailando con alguien?", le cuenta una concejal, probablemente envidiosa, al constructor. Pero el receptor de la confidencia tampoco se anda a la zaga, pues en más de un caso y acto seguido a obtener la confidencia usa su propio móvil: "Oye, que me acaba de decir la concejal que piensa de ti que eres un tal y un cual".
En las mismas larguísimas grabaciones todo un entonces consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, que vive en un chalet de Polaris World, se permite el lujo de advertir al alcalde y al diputado en el Congreso de los Diputados de que un "chivatazo" le ha hecho saber que sus conversaciones están siendo grabadas por la Guardia Civil. Es el mismo personaje que ya como ex consejero precisó con mucha suficiencia a El Confidencial en septiembre pasado que no trabajaba para Polaris World, sino para "una de las muchas empresas de Pedro García Meroño", principal socio de ese holding inmobiliario, y ahora "separado provisionalmente" del sumario por la juez instructora y, por tanto, también provisionalmente no imputado.
En las cintas hay confidencias, chismorreos, dimes, diretes y cutrez hasta la saciedad. Los periodistas que han visto las transcripciones e, incluso, oído algunas cintas alaban los quintales de paciencia que han tenido los agentes de la Guardia Civil para hacer los seguimientos telefónicos. Y es que algunos de los investigados eran capaces de tirarse más de una hora hablando por el teléfono celular de cómo iban a ir en avión privado a un partido de fútbol en el Camp Nou o cómo había resultado la corrida de toros de Sevilla a la que habían ido por el mismo medio y, entretanto, era cuando revelaban los favores y negocietes que han dado lugar a la investigación sobre corrupción urbanística.
Ahora bien, fuentes conocedoras del sumario y de la misma investigación opinan que muy posiblemente la candidez de los investigadores pueda devenir en que todo el asunto quede en nada, judicialmente hablando. "No se puede pedir oficialmente unos expedientes determinados a un alcalde o a una alcaldesa que saben que están siendo investigados: te los da cribados, limpios", o mandar a la Guardia Civil al ayuntamiento después de que se haya avisado de las investigaciones, aseguran. Sobre todo si el que dio ‘el queo’ del peligro inminente fue todo un consejero de la Presidencia regional que advirtió de que el propio presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el diputado nacional oriundo de la zona, Alberto Garre, también estaban al tanto.
Por eso es que la Operación Tótem, que se hizo en noviembre, cuando ya se sabía que lo de Torre Pacheco y Fuente Álamo estaba en marcha desde seis meses antes, tiró por el camino de en medio aunque causara un escandalazo: cincuenta agentes de la UCO aparecieron de buena mañana en el ayuntamiento totanero sin aviso previo, lo cercaron, lo cerraron y se llevaron toda la documentación que el fiscal consideró oportuno. Y esta actuación de Totana, con brasileña o sin brasileña, pero con un alcalde popular que no dimite ni en broma y un diputado regional ex del PP y ahora convenientemente en el Grupo Mixto, dicen que sí dará frutos muy tangibles. Aunque sea "a la sombra".
* El Confidencial - Redacción - 12/02/2008
Foto: TorrePacheco (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
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El incierto planeamiento de Lugo
LAVOZDEGALICIA* : El reloj corrió más rápido que los políticos y los técnicos en la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal y llegó el momento de levantar la suspensión de licencias en la capital lucense sin que esté aprobado el nuevo planeamiento. Desde ayer, el Ayuntamiento tiene que tramitar las solicitudes de licencias que se presenten y tendrá que gestionarlas de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 1991, que es el que está en vigor.
Desde los frentes político, empresarial, profesional y ciudadano se analizan las posibles repercusiones del final del levantamiento de la suspensión de licencias, una cautela que no podrá ser adoptada de nuevo hasta dentro de cuatro años.
COLEGIO DE ARQUITECTOS
«Ábrese un período de indeterminación xurídica»
Para el presidente de la sección lucense del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Alberte González, con el levantamiento de la suspensión de licencias y mientras no esté aprobado el nuevo planeamiento, se abre en el municipio de Lugo, desde el punto de vista jurídico, un período de indeterminación. Cree que, desde el campodel diseño urbano, lo peor de la situación es que será necesario prolongar el uso de un instrumento de planeamiento, el PGOU de 1991, que ha quedado obsoleto y que no da respuesta a las necesidades y a los retos que tiene por delante la ciudad. «Pódense crear situacións problemáticas que se manteñan durante varios anos», manifestó González. Añadió: «Todas as etapas de indefinición acaban por provocar problemas e crear situacións anómalas». Opina que la actual situación pone de manifiesto «a incapacidade que demostramos todos como sociedade» para cerrar en un tiempo prudente el nuevo planeamiento urbanístico.
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
«É unha situación difícil de avaliar»
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, David García Vilela, cree que la situación que se abrió ayer es «difícil de avaliar» hasta que transcurra cierto tiempo. Apunta que «ao mellor» el levantamiento de la suspensión de licencias antes de que esté aprobado el PGOM no tiene efectos especialmente negativos en el urbanismo lucense. En esta línea señala que, con el PGOU de 1991 y las limitaciones de la Lei do Solo, hay una gran superficie de suelo que es muy difícil de desarrollar. Sí puede ocurrir que allí -señala- donde en el nuevo planeamiento se prevén menos alturas se pidan ahora las correspondientes licencias. Destaca igualmente que el sector de la construcción no atraviesa por su mejor momento «e non se vai meter en moitas operacións», declaró el presidente de los promotores inmobiliarios.
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
«Isto, finalmente, terá custos para o Concello»
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Jesús Vázquez, está convencido de que el inevitable levantamiento de la suspensión de licencias antes de aprobar el PGOM, tendrá costes económicos para el Ayuntamiento, vía indemnizaciones. Dice que, aunque no exactamente por el mismo motivo, ya hay precedentes. En todo caso, opina que esta situación se da porque el gobierno local no hizo sus deberes con la diligencia debida. «O do PGOM de Lugo é como o parto dos montes; case dez anos e estamos así», señaló. Está convencido de que habrá propietarios de terrenos en zonas del borde urbano, como Albeiros o As Gándaras, que solicitarán licencias que podrían condicionar el desarrollo del planeamiento que está en tramitación.
GOBIERNO MUNICIPAL
«Non hai preocupación nin no goberno nin entre os técnicos»
El concejal de Urbanismo, Francisco Fernández Liñares, insiste en que en dos o tres meses, que, a su juicio puede demorarse la aprobación del plan, no se pueden tramitar grandes desarrollos urbanísticos. Asegura que en el Concello de Lugo no hay especial preocupación y dice que en las próximas horas será convocada una nueva reunión de la comisión municipal de planeamiento.
* La Voz de Galicia - Enrique G. Souto - 12/2/2008
Foto: Lugo. plan general - abc.es
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Barbate debe regularizar la situación de Zahora en diez días
DIARIODECÁDIZ* : La magistrado juez del Juzgado Número 3 de Cádiz ha dictado una providencia que ha sido trasladada a la Asociación de Vecinos Costa de la Luz de Zahora, que da cuenta de la firmeza de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo que ganó recientemente dicho colectivo y que exigía al Ayuntamiento la mejora de las condiciones de vida de los vecinos de esta pedanía barbateña.
Según han explica desde el colectivo vecinal, al no haberse recurrido por mutuo acuerdo con el Ayuntamiento esta sentencia, se hace firme con esta comunicación, lo que obliga al Consistorio a hacerla efectiva en el plazo de diez días . El colectivo se ha dirigido al Consistorio para que haga efectiva dicha sentencia, a la vez que muestran la "preocupación de muchos vecinos porque el Ayuntamiento continúa tramitando expedientes urbanísticos dictando órdenes de demolición y pagos de multas". La Asociación exige y así se lo solicita al alcalde de Barbate, Rafael Quirós, que "dé las ordenes precisas a su Delegación de Urbanismo para la suspensión de la tramitación de los expedientes urbanísticos hasta no se redacten las ordenanzas de regularización que son de obligado y urgente cumplimiento".
La asociación recuerda al alcalde que "otra de las medidas recogidas en la sentencia era la creación de unas ordenanzas, así como iniciar de forma paralela y la regularización legal de comercios y viviendas de Zahora y la dotación de los servicios públicos necesarios".
" Si estas ordenanzas se hubieran dictado en su momento, como era obligación del Ayuntamiento, estos vecinos no estarían ahora expedientados, multados y con orden de demolición para sus viviendas", enfatizan desde la asociación vecinal.
Los vecinos, en un escrito dirigido al Consistorio, expresan al alcalde "su preocupación por la tardanza de la ejecución de las actuaciones previstas en Zahora, estando ya próximo el verano cuando se quintuplicará la población y los problemas por la falta de servicios y, una vez más, aumentará de forma alarmante el riesgo para la seguridad de las personas".
* Diario de Cádiz - José María Ruiz - 12.02.2008
Foto: Barbate (Cádiz), playa Zahora - mma.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Denia: El TSJ avala proteger el entorno del Montgó frente a los intereses de los promotores
INFORMACIÓN/Alicante* : El parque natural del Montgó es sagrado y los promotores ya lo saben. Su resistencia a hacerse a la idea ha hecho que a día de hoy, más de 20 años después de la declaración del macizo como paraje protegido, sigan batallando por edificar en sus inmediaciones. Pero esa obcecación se ha topado ya con un pronunciamiento definitivo de los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha cortado de raíz las intenciones de varios de los mayores promotores y terratenientes de la capital de la Marina Alta (Benito Caudeli, Enrique Pla y la empresa Montesella SL, de José Bañó) de construir en el área de amortiguación de impactos del parque natural. El tribunal ha desestimado íntegramente el recurso que plantearon en el año 2003, en el que pedían la anulación del decreto por el que la entonces Conselleria de Territorio aprobó en 2002 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Montgó, que protegió, declarándolas no urbanizables, sus propiedades junto al macizo en las cercanías de Jesús Pobre. La sentencia es firme y, por tanto, la decisión no tiene marcha atrás.
El PORN del Montgó incluyó los terrenos, hasta entonces urbanizables según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estaba en vigor en Dénia, como parte del conector ecológico del Bisserot en Jesús Pobre, dentro del área de amortiguación de impactos del parque natural. Los promotores y propietarios de los terrenos recurrieron el PORN, exigiendo que la finca quedara excluida del mismo. El Plan General permitía hasta entonces una edificabilidad del 0,10 en el llamado sector P-5.
Pero tras casi 5 años de proceso judicial, en el que el recurso ha pasado por diferentes juzgados, el TSJ hace añicos las expectativas de los promotores con un fallo contundente, que afirma, tras repasar la normativa pertinente -autonómica, estatal y europea-, que la edificación en dichos terrenos podría "poner en riesgo la conservación" del parque natural del Montgó. De esa normativa se desprende, señala el fallo,"que las áreas de amortiguación de impactos están constituidas por aquellos terrenos que, por determinadas circunstancias, permiten preservar a los espacios naturales protegidos, en el presente caso el Parque Natural del Montgó, de actuaciones que pueden resultar perjudiciales o agresivas para el mismo, incumbiendo a la administración estatal y autonómica velar para que tal protección se lleve a debido término".
Tras las pruebas periciales practicadas en el proceso, la sala asume "la convicción de que tal terreno cumple realmente los requisitos para su inclusión en el área de amortiguación de impactos, evitando así un desarrollo urbanístico en las inmediaciones del parque natural". Por ejemplo, el informe biológico practicado afirma que "las superficies incluidas dentro de los conectores ecológicos son esenciales para la pervivencia del Montgó como espacio natural".
En resumen, concluye el TSJ, "queda patente que, si bien no existe en la finca en cuestión unos valores medioambientalmente equiparables a los existentes en el parque natural, lo que supondría su inclusión en el mismo, sin embargo presenta otros lo suficientemente destacables para crear un entorno amortiguador alrededor del espacio natural protegido.
* Información - SERGI GARCÍA - 12 de febrero de 2008
Foto: El Consell desclasificó el entorno del Montgó, aunque permitió el complejo La Sella - travelguide
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El Consell da carta blanca al circuito de F-1 y le exime de licencias y medidas ambientales
LEVANTE/Valencia* : El decreto Consell en el que se declara de interés general el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia otorga carta blanca a las empresas que participarán en el evento, que disfrutarán de las excepciones legales previstas en las leyes urbanísticas, medioambientales, de contratos, actividades y de espectáculos.
Todo lo relacionado con el circuito queda eximido de solicitar solicitar licencia de obra, actividad o de declaración de impacto ambiental. Según fuentes jurídicas consultadas por Levante-EMV, aunque es habitual que las obras se declaren de interés general la manga ancha de la que disfrutará el circuito de F-1 no se ha aplicado ni a la Copa del América, por lo que resulta "bastante inusual".
El Decreto 15/2008 que regula las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno en la ciudad de Valencia entra hoy en vigor, tras publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
La declaración de interés general incluye, según el texto legal, "la carrera, los entrenamientos oficiales y libres, las obras de construcción del circuito, el montaje de instalaciones, equipamientos y todo lo que conlleva la celebración del mismo dentro de la denominada zona del circuito". Aunque también se incluye en el mismo saco "los distintos eventos, espectáculos o actividades recreativas que tengan lugar al amparo o con motivo del desarrollo del Gran Premio y que se hallen ubicados dentro de la zona del circuito podrán ser considerados de interés general", aunque se excluye a las que se celebren fuera. Igualmente también será aplicable a "las administraciones públicas, organizadores, promotores, patrocinadores y equipos participantes en el Gran Premio de Fórmula 1". También a "cualquier persona física o jurídica que solicite la organización de determinados eventos o actividades".
Las medidas aplicables al circuito se despliegan en 19 artículos y una disposición final. Tras las introductorias y de carácter general, las primeras que se tratan son las "urbanísticas y expropiatorias". El circuito se beneficia del "procedimiento de urgencia" previsto en el artículo 100 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) en el caso de que se precisara "la modificación o desarrollo urbanístico de la zona por donde se construye el circuito". Incluso, en el caso de que los proyectos para construir el circuito "resultaran incompatibles con el ordenamiento urbanístico en vigor", como el Plan General de Ordenación de Urbana de Valencia (PGOU), "se estará a lo dispuesto en los proyectos". En este punto, el Consell se acoge a la disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), que inclina la balanza del lado de la Generalitat en el caso de que existan discrepancias entre un proyecto de infraestructuras de la Generalitat y un plan urbanístico "y no es posible resolver las discrepancias mediante acuerdos".
Igualmente, las obras del circuito de Fórmula 1 no necesitan licencia urbanística ni ambiental, ni declaración de impacto ambiental, ni autorización ambiental integrada. La única inspección se producirá a cinco días de la celebración del Gran Premio y será a cargo del técnico director del proyecto o un organismo autorizado.
* Levante-EMV - L. B. B./J. R./S. G., Valencia - 12 de febrero de 2008
Foto: Valencia, ciircuito Fórmula 1 - 20minutos.es
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Alquilar con más de 35: ¿misión imposible?
ELMUNDO* : José María, 37 años, y Susan, más de 35, están a la caza de un piso en alquiler desde hace dos meses, pero de momento han sido incapaces de atrapar su pieza más ansiada. Aunque se las prometían muy felices a priori, el Plan de Fomento del Alquiler impulsado por el Gobierno ha adoptado para ellos forma de un obstáculo difícil de sortear.
"Los propietarios se niegan a arrendar si no obtienen un beneficio directo y nosotros, al ser mayores de 35 años, no tener niños, no ser inmigrantes ni jubilados, estamos pagando el pato de los grupos sociales", declara esta pareja de trabajadores con nómina y aval, que actualmente reside en un minipiso en Lavapiés.
Su caso no es anecdótico. La exención del pago de impuestos a los propietarios que presten sus pisos a jóvenes, aprobada por el Congreso en 2007, y las últimas medidas adoptadas para trabajadores de entre 22 y 30 años que vivan en régimen de renta (fianzas de seis meses y avales de hasta 600 euros por parte de la Administración central) están complicando todavía más a los ciudadanos de mayor edad la travesía de encontrar un hogar de alquiler.
Sólo el principio
Hacemos la prueba en la agencia de intermediación Gaelica Sur. Al plantear la cuestión de si los propietarios de casas en trámites de encontrar un inquilino se ponen exquisitos con el año de nacimiento del interesado. Carolina Barbachano responde con rotundidad: "Sí que tengo un caso que llegó la semana pasada. Me dijo: 'Me interesa que los clientes sean menores de 35 años por el tema de los beneficios fiscales'. Cada propietario pone sus condiciones, como por ejemplo, que no sean extranjeros. Las limitaciones por cuestiones de edad no han hecho nada más que empezar y creo que se acabarán generalizando".
Comparte su opinión Pilar Gómez, de la oficina de Alfa Inmobiliaria de Reina Victoria: "Esto sólo es el principio". Y pone un ejemplo gráfico sobre el tapete. Hace unos días se presentó en su establecimiento un cliente que quería poner en alquiler su piso y que solicitaba información sobre las ayudas de 6.000 euros que da el Ministerio de Vivienda para incentivar el préstamo de las casas vacías. Cuando llamamos a la avenida de Asturias, domicilio de la oficina de vivienda de la Comunidad de Madrid, para confirmar este extremo, les contaron lo de la exención de la tributación de las rentas por arrendamiento si su inquilino es menor de 35 años. "El propietario dijo entonces, tajantemente, que no quería a nadie por encima de esa edad", recuerda Gómez.
Nacho, que ya ha soplado 39 velas en su tarta de cumpleaños, emprendió hace tiempo su peregrinaje por viviendas con carteles de 'Se alquila' y de momento no ha llegado a buen puerto. "Hay gente que te dice directamente que prefiere arrendar a personas por debajo de los 35 por las ayudas que obtienen, pero otros te ponen excusas de lo más variopinto cuando se enteran de tu edad, como que les acaban de llamar de no sé dónde", protesta este madrileño que lleva varios años condenado a compartir piso.
Discriminados
Para José María y Susan la búsqueda de casa se les antoja un auténtico vía crucis. Ya han pasado por 12 estaciones (léase pisos) y en varias de ellas se han sentido discriminados por pertenecer a un tramo de edad nada atractivo para los propietarios. "Ellos son los que filtran y son muy francos a la hora de decirnos que están pendientes de la subvención del Ejecutivo y que, por eso, buscan a menores de 35 años", dice José María.
Ambos aplauden la idea de promocionar el arrendamiento y la Renta Básica de Emancipación de 210 euros mensuales diseñada por el departamento que dirige Carme Chacón, pero creen que la medida debería ser ampliada. "Hay que potenciar las ayudas fiscales a los propietarios, pero sin discriminar a nadie, o quitar la ayuda complementaria que reciben los dueños por alquilar a menores. Si se trata de ocupar pisos vacíos se tienen que dar ventajas generales y no sectarias", señalan.
Sobre la actitud de estos propietarios, los consumidores apuntan una opinión muy crítica. "Nos parece sencillamente intolerable. Además, este tipo de comportamiento puede ser un obstáculo muy importante a la intensa campaña que todas las administraciones públicas han puesto en marcha para intentar ampliar el mercado del alquiler y compensar de esta manera el freno en la compra de vivienda", afirman Antonio López, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu), de Madrid.
En esta asociación se muestran preocupados y no tienen reparo en asegurar que se trata de actuaciones discriminatorias. "Ese tipo de prácticas podría entrar en colisión con preceptos constitucionales que prohíben la discriminación sea cual fuere el motivo que se aduzca para ello (por cuestiones sexuales, de raza, por edad, por condición social, etc.). Cualquier caso que pueda ser documentado debe ser denunciado inmediatamente", añaden en la Cecu.
* El Mundo - Su Vivienda - J. SALIDO | M. BELVER | B. MUÑOZ - 08/02/2008
Foto: Se alquila - elmundo.es
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Bruselas fuerza a Aguirre a hacer un estudio ambiental de la M-501
ELPAÍS/Madrid* : El desdoblamiento de la M-501 (conocida como la carretera de los pantanos), tendrá por fin declaración de impacto ambiental, pero casi siete años después de que se iniciaran las obras. Ya se han duplicado 22 kilómetros entre la M-40 y Brunete, abiertos al tráfico, y desde hace dos años están en obras otros 18 kilómetros entre Brunete y Navas del Rey.
Como el resto de la carretera -quedan otros 32 kilómetros hasta Rozas de Puerto Real, en el límite provincial-, cada tramo tendrá un estudio de impacto ambiental propio, según el concurso convocado por la Consejería de Transporte e Infraestructuras el pasado 4 de febrero, con un presupuesto de 250.000 euros. Se trata del paso previo para cumplir la nueva exigencia de la Comisión Europea para que la Comunidad de Madrid elabore una declaración de impacto ambiental "global", que afecte a toda la carretera (70 kilómetros), según explicó ayer una portavoz de la Consejería de Transportes.
Hasta ahora el Gobierno de Esperanza Aguirre se había negado a elaborar la declaración, y llegó incluso a declarar la obra de "interés general" en julio de 2005 para eludirla en el segundo tramo de las obras. Ese proyecto ya contaba con dos declaraciones desfavorables: una elaborada por la Consejería de Medio Ambiente en 1998, cuando era presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, y la otra, encargada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dos años después. Eso llevó a Gallardón a renunciar al proyecto.
La propia Comisión Europea ya trató en octubre de 2006 de que Aguirre presentara una nueva declaración. Al no recibirla, interpuso un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en agosto del año pasado por violación de las leyes europeas de protección del medio ambiente. Ahora la Comisión le da al Gobierno regional una segunda oportunidad.La portavoz de la consejería aseguró que la Comisión Europea les ha anunciado ahora que "no va a enviar el expediente al Tribunal de Justicia" de Luxemburgo. A cambio, le da dos años de plazo para presentar una declaración de impacto ambiental de la obra en todos sus tramos -incluido el primero, hecho con el Gobierno de Gallardón y ya en funcionamiento-, con el fin de incluir nuevas medidas de protección, según la consejería.
Además, la Comisión impone una serie de actuaciones al Gobierno regional, como que cada dos meses presente informes de cómo se desarrollan las obras. Las mayores asociaciones ecologistas de la región (Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF-Adena, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra), no sólo se han opuesto a los trabajos sobre la M-501 desde su inicio, sino que han denunciado que las obras han obligado a talar centenares de árboles que tuvieron que ser trasplantados y no sobrevivieron.
Por ello, Ecologistas en Acción ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hasta en cinco ocasiones le ha negado la petición de paralizar las obras como medida cautelar. Después, interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, que el pasado 8 de enero pidió a la representación de España ante la UE "la documentación que ha determinado la intervención de la Comisión Europea".
Pero lo que ha sacado a la luz el concurso convocado por Transportes es que por primera vez se plantea que el desdoblamiento de la M-501 llegue a Ávila. El pliego de condiciones indica que están en "estudio" las fases entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa y de aquí a la frontera provincial. La portavoz de la consejería asegura que es un "tecnicismo", puesto que una declaración de impacto ambiental siempre hay que sacarla sobre estudios. "Nuestro compromiso era desdoblar la carretera hasta Navas del Rey", agrega. "Después, se verá".
Sin embargo, fuentes de la consejería explicaron que el estudio ya tiene trazado y en la parte final de la M-501 (desde Navas del Rey hasta el límite con la provincia Ávila) se pretende salvar el embalse de San Juan por el fuerte impacto medioambiental. Por eso, en lugar de desdoblarse el tramo que pasa junto a este embalse, está en estudio otro nuevo, por terreno virgen, que uniría la variante sur de Navas del Rey con la variante recién inaugurada de Pelayos (que volvería a iniciar obras para duplicarla) a través de un paso sobre el embalse de Picadas (véase gráfico). Después de Pelayos, la ampliación de la M-501 seguiría su itinerario junto a San Martín de Valdeiglesias hasta Rozas de Puerto Real.
"Por primera vez aparece en un documento oficial la pretensión oculta del Gobierno regional de llevar el desdoblamiento de la carretera de los pantanos hasta el límite provincial", sostiene el diputado socialista Modesto Nolla, que ayer registró en la Asamblea de Madrid una petición para que comparezca en comisión el consejero de Transportes, Manuel Lamela, y explique el proyecto. "El Ejecutivo se salta sistemáticamente las obligaciones ambientales y pretende legitimarlas cuando los destrozos ya no tienen remedio", agregó.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 12/02/2008
Foto: Vista del embalse de Picadas- SANTI BURGOS, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Madrid
El gran patio de Monipodio
TERESA GALEOTE* : Entre la obra de Cervantes hay una novela corta titulada, Rinconete y Cortadillo, en la que se narran historias de pícaros organizados. Aquellos son tiempos de gran penuria, en donde los que no tienen propiedades ni influencias para colocarse optan por todo tipo de estrategia para sobrevivir, incluyendo los robos de poca monta que les proporcionaban lo imprescindible para ir tirando. Así, la picaresca de aquellos tiempos se convierte en todo un arte; arte que en España dio para recrearla en un género literario. Aquellos robos por necesidad nada tenían que ver con los de hoy, donde los grandes sinvergüenzas, generalmente llamados ladrones de guante blanco, utilizan el ladronicio con descaro; nada de violencia física, aunque las consecuencias sean de mayor calado.
En ese sentido, si antes, el pícaro debía ser rápido en sus robos, expuesto en cada momento a ser descubierto o vapuleado por sus víctimas, hoy es la oratoria la que envuelve la gran estafa. Los propósitos de los tramposos están claros desde el comienzo, aunque las consecuencias no son inmediatas y los finales pueden ser impredecibles. La oratoria engañosa se descubrirá, generalmente, cuando el asunto ha culminado con suculentos beneficios para los estafadores y en la ruina para las confiadas víctimas que, esperando mayores beneficios de sus escasos ahorros, se dejan embaucar por los primeros, aunque la notoriedad del timo se la da el número de estafados.
Hay otros delitos basados en el ladrillo. Delincuentes que, saltándose normas leyes y la más elemental decencia, hacen y deshacen a su antojo porque están seguros de tener todos los resortes de poder en sus manos. Engreídos del dominio que creen tener seguro, piensan que nadie puede darse cuenta de sus trapicheos y que si alguien se percata no hay más que repartir un pequeño porcentaje del millonario beneficio. El patio de Monipodio lo situó Cervantes en Sevilla, pero ahora se expande como mancha de aceite por casi toda la geografía española. Aunque ha saltado en Marbella la mancha se extiende por gran parte de las costas españolas y ciudades del interior.
Actualmente, los delitos cometidos nada tienen que ver con satisfacer las urgencias alimenticias de los pícaros de antaño. En este nuevo formato se pone en marcha un mecanismo psicológico que dice a los estafadores ser más listos que el resto de los mortales, que nadie les pillará porque han logrado con su oratoria, aunque a veces sea de los más tosca, acallar a los desinformados o, cuando la ocasión lo requiere, acallar conciencias por medio de la billetera o de cualquier prebenda transitoria.
Los ladrones de aguante blanco quieren sentirse poderosos; saber que todo lo tienen controlado, que pueden repartir dádivas como si de un poderoso “Padrino” se tratara. Hacen pactos con el diablo para lograr sus planes y seguir ostentando el poder otorgado o usurpado que, como afrodisíaca droga, les envuelve en una nebulosa que les aleja de la realidad que el resto de los mortales están obligados a vivir.
La ambición del pícaro se sustentaba en la necesidad de llenar su tripa; por ello se hacían artistas de la mentira, aunque a veces saliesen peor parados que sus víctimas. La ambición del delincuente moderno está sustentada en otros principios; en la aversión al maldito trabajo de sol a sol y expuestos al despido. Quieren saberse ganadores en un mundo donde abundan los perdedores. Quieren sentirse poderosos en un mundo donde la adoración al “becerro de oro” se ha convertido en lo primordial.
Todas las alarmas están dadas, pero está todo tan enmarañado que cada vez es más difícil marcar las líneas de demarcación. ¿La nueva Ley del Suelo lo hará? ¿Qué dirán las comunidad autónomas que no estén de acuerdo con las medidas que se establezcan? El Tamayazo madrileño fue una muestra más de lo que sucedía en otras regiones del interior. Que seamos el país de la Unión Europea que más cemento gastamos es una pista reveladora, que aquí sea donde se den las mayores tropelías, cuando no fraudes, es algo que debería inquietarnos mucho más. Excavar en los cimientos de cada una de las actuaciones urbanísticas que se dan, podría revelarnos que estamos ante la punta de un iceberg que navega bajo las aguas en todas las direcciones. Los infractores sólo aspiran a la búsqueda del tesoro rápidamente. Como en la edad media, el suelo, el gran feudo, es objeto de deseo para el medro personal. Por él se traicionan proyectos, amigos y otros atributos de los que el hombre dice ser merecedor. Qué pobreza intelectual sustentan las ambiciones de dichos personajes; individuos que, como en los tiempos del anciano régimen, suelen hacerse con un nutrido clan de cortesanos dispuestos a reírles hasta las más sórdidas tragedias. Picaros por necesidad antes, hoy ladrones de guante blanco por ambición, siguen siendo objeto de la atención general. Impotencia, resignación, rabia; son muchas las emociones que suscitan.
¡Lástima! Pensar que las máscaras que ocultan al mentiroso pueden llegar a ser invisibles.
* Teresa Galeote. Alcalá de Henares, Madrid.
Redactora, El Inconformista Digital.
* El Inconformista Digital - 22 Noviembre 2007
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Dos mil construcciones situadas en las costas canarias se enfrentan a la piqueta
LAPROVINCIA* : Unas 2.000 construcciones en Canarias se enfrentan al derribo por ocupar la zona denominada dominio público marítimo-terrestre. Hay de todo, desde chabolas hasta hoteles de lujo, pasando por edificios, viviendas aisladas, garitas, restaurantes y pensiones; algunas presentan un estado lamentable y otras están relucientes; buena parte de ellas se levantaron antes de la Ley de Costas de 1988 y otras, sin embargo, llegaron después.
La mayoría de estas construcciones, unas 1.500, se encuentran en la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente en Tenerife y La Palma. Las 500 restantes se reparten por las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
El Gobierno central, a través de la Dirección General de Costas, está firmemente empeñado en derribarlas todas alegando que se trata de ocupaciones no admisibles, mientras que el Gobierno canario ha mostrado ya sus reticencias para al menos la mitad de estas construcciones y ha pedido que se flexibilice la legislación, de manera especial en lo que afecta a núcleos consolidados de población como podrían ser los casos de El Golfo, en Lanzarote, o Tufia, en Gran Canaria.
Sin embargo, lejos de arredrarse, la Demarcación de Costas ha puesto el ojo en al menos 1.500 de estas construcciones, cifra que coincide con la apertura de otros tantos expedientes de recuperación del dominio público, algunos de ellos tan conocidos como los chalés de Hoya Pozuelo. Alegan desde Madrid que la legislación en esta materia es dura, pero que así es como debe ser.
Uno de los puntos de discrepancia entre el Estado y el Gobierno canario es que mientras el primero entiende que el espacio público llega hasta 100 metros costa adentro y todas las construcciones privadas en esta franja deben demolerse, el Ejecutivo regional opina que los núcleos urbanos consolidados que estén alejados al menos 20 metros de la raya de pleamar podrían conservarse.
Pero no es sólo una cuestión de administraciones, sino sobre todo de personas. Los vecinos afectados por estas demoliciones se están comenzando a organizar en torno a una plataforma promovida por los vecinos de Chovito, en el municipio tinerfeño de Candelaria. El líder de este movimiento, Tomás González, ha llegado a asegurar que el 35% de las viviendas en Canarias están en peligro. Se quejan también de que las demoliciones afectan sobre todo a las casas humildes y no a los grandes hoteles de lujo que también están levantados en la zona de dominio público.
DENUNCIAS. Los expedientes se ponen en marcha por la denuncia de algún particular o de oficio. Sin embargo, desde que se inician hasta que concluyen con la demolición, pueden pasar muchos años. El interesado dispone de la posibilidad de recurrir, lo que suele ocurrir en el caso de que sean construcciones habitadas, y entonces el contencioso llega al TSJC. En ocasiones se alcanzan acuerdos amistosos con la concurrencia de otras administraciones que pueden llegar a incluir, para el caso de que fueran primeras viviendas, la entrega de casas sociales.
Los núcleos más afectados en la provincia de Las Palmas son Tufia, Hoya Pozuelo, la pensión de Melenara y Tauro, en Gran Canaria; Costa Teguise, Caleta Famara, La Santa o El Golfo, en Lanzarote; y Los Molinos, Pozo Negro, Jacomar, Majanicho, Puerto Lajas y Puertito de la Cruz, en Fuerteventura.
* La Provincia - JOSÉ NARANJO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 11 de febrero de 2008
Foto: Hotel de Melenara. LA PROVINCIA / DLP
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Tema: NOTICIAS Canarias
Valencia: Un urbanismo favorable al negocio
ELPAÍS* : La Valencia futura se dibuja sobre los mapas de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que romperá la barrera del viejo cauce del Turia y crecerá a costa de 250 hectáreas de huerta. Del futuro PGOU solo se conocen las líneas principales. El plan aprobado hace 20 años acumula 200 modificaciones, algunas de envergadura y polémicas. En no pocos casos, recalificaciones, planes de reforma interior y alteraciones del uso previstas en el plan han inclinado la balanza del lado del interés privado, y han restado espacio público, huerta y dotaciones a los barrios.
Estos son los ejemplos más destacados que han marcado el debate en torno a la gestión urbanística del gobierno del PP en los últimos 17 años.
- Cemento sobre la huerta. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) diseñada para el puerto a mediados de los noventa, entonces apoyada por los socialistas, implicó la pérdida de 70 hectáreas de huerta protegida y la expulsión de 200 vecinos de La Punta, con la promesa de realojos. La ZAL aún no está en marcha. El segundo bocado a la huerta preservada en el PGOU lo ha dado el proyecto de Sociópolis, con 2.614 pisos sociales y 462 de renta libre en la pedanía de La Torre.
- Todo por el fútbol. El doble pelotazo del Valencia CF se diseñó a medida del club. Su presidente, Juan Soler, ha logrado vía libre para vender el suelo de Mestalla -pasa de deportivo a residencial- y construir un nuevo campo sobre una parcela deportiva pública que se privatiza en la avenida de las Cortes Valencianas. En el club calcularon ingresos de no menos de 300 millones por el suelo de Mestalla, aunque la primera subasta quedó desierta. El lote se lo ha quedado Soler por los 90 de salida.
- Patrimonio que cambia de manos. Importantes edificios históricos han cambiado de manos y de uso. El caso más sonado ha sido el de la antigua fábrica de Tabacalera, que se convertirá en sede administrativa del Ayuntamiento tras la permuta firmada con el grupo Ballester. La constructora cede la fábrica sin rehabilitar a cambio del derribo de naves laterales, sobre cuyo suelo construirá pisos. La plusvalía empresarial alcanza 170 millones.
Más casos. La Lanera, en el mismo entorno, ha pasado de ser un edificio de uso público a hotel de lujo. Igual que el balneario de las Arenas. El PP llegó a decir que los valencianos de a pie podrían usar la piscina del hotel.
- Pérdida de parcelas escolares y otras dotaciones. La ciudad ha perdido parcelas educativas a golpe de cambios del PGOU. Los socialistas cuentan un total de 17 parcelas que han cambiado de uso para convertirse en dos iglesias, instalaciones deportivas, una sede de la Universidad Popular, dos centros de salud y un polideportivo. Otros tres terrenos fueron permutados en un ventajoso convenio a una constructora para viviendas. Tres solares más pasan a manos de los promotores para hacer pisos como forma de pago de una sentencia desfavorable al Ayuntamiento. La Iglesia católica también gana: ha obtenido siete solares con el convenio de cesión de L'Almoina. Además, un terreno previsto como jardín se ha borrado del PGOU para ampliar un club de tenis privado.
- Un hospital en suelo deportivo. La nueva Fe se construye en una parcela de 100.000 metros cuadrados destinados a uso deportivo. Se compensa con un terreno cercano de 15.000 metros.
- Una nueva ciudad. La Ciutat de les Arts i les Ciències original perdió su torre de comunicación y ganó el Palau de les Arts. Los sucesivos cambios han concentrado edificabilidad pendiente en una parcela en la que el Consell pretende que se construyan cuatro rascacielos diseñados por Calatrava. El proyecto, de un alto coste, tropieza con una planificación municipal que previó una reserva de vivienda social en un entorno que ahora cotiza muy alto.
- La gran avenida. El plan de El Cabanyal está pendiente del Supremo tras años de confrontación con los vecinos que se resisten a que la prolongación de Blasco Ibáñez destruya la trama del barrio y atraviese un entorno declarado Bien de Interés Cultural.
- Torres en el parque. El Parque Central ya figuró hace 20 años en el planeamiento, con menos edificabilidad. La decisión del Gobierno del PP en 2003 de que la ciudad aportara su parte de financiación al soterramiento de vías férreas con plusvalías urbanísticas ha llevado a aumentar esa edificabilidad, que se visualiza en cuatro rascacielos.
- De cárcel a centro administrativo. El PGOU reservó la cárcel Modelo para servicio público sociocultural, pero la Generalitat lo convertirá en administrativo.
- Un hotel junto al Botànic. El plan aprobado por los socialistas otorgó edificabilidad al solar de Jesuitas, junto al Jardí Botànic. Varios constructores aceptaron parcelas en otros puntos a cambio de no construir en el solar. Uno de ellos, Antoni Mestre, ha mantenido su exigencia de levantar un hotel. El conflicto sigue.
- Pistas de esquí. El suelo urbanizable que el PGOU dibujó para la futura Ciudad del Transporte va camino de convertirse por la vía de la recalificación en 2.000 pisos y un centro comercial con pista de esquí artificial.
* ELPAIS.com - S. V. - Valencia - 11/02/2008
Foto: Valencia, puerto - C.Francesc (El País)
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Todo tiene un precio para Facundo Armero
ELPAÍS/Murcia* : El caso es que el teléfono móvil de Facundo Armero podría representar una radiografía de su poder. Sus tentáculos alcanzan al poder político, a la Delegación de Hacienda, a los juzgados, quién sabe a qué otros organismos de la Administración, incluida la propia Comunidad Autónoma de Murcia, donde cunde la preocupación porque las conversaciones de Facundo hayan sido intervenidas.
Y es que su teléfono es una herramienta que no descansa a lo largo del día. Durante las semanas previas a las elecciones municipales de 2007, las llamadas se suceden una tras otra. No es Facundo un político. No es un candidato. Ni es un hombre de partido. Él es un constructor, un hombre de origen modesto que empezó como albañil. Para no tener un interés personal en la cita electoral, hay demasiados alcaldes y concejales que le consultan sus inquietudes, algunas tan particulares como si le parece bien que tal o cual persona vaya en unas listas. Facundo Armero parece residir en el centro de gravedad de muchas cosas en Murcia.
El 27 de mayo de 2007 es jornada electoral. Las municipales. A las diez y media de la mañana Facundo llama a su hermano, que le hace una pregunta que podría parecer sorprendente: "¿A quién debo votar?". Facundo le responde que "al Partido Popular". Su hermano le sugiere que llame a su ahijado porque "se ha encaprichado de una candidata del PSOE". Ambos comentan algo de unos votos que ya están preparados. Parece muy interesado en lo que pueda pasar ese día. Y cierto es que la jornada fue intensa: utilizó el teléfono 101 veces. Lo que no sabía Facundo era que, desde el 10 de abril de ese año, la Guardia Civil escuchaba sus conversaciones. Comenzaba el enésimo proceso judicial en un municipio murciano. Y esta vez le tocaba a él.
Porque Murcia tiene un problema. Diecinueve de sus 45 municipios están incursos en procedimientos judiciales, la mayoría de ellos relacionados con el urbanismo y la corrupción. Es un porcentaje demasiado alto, máxime si los municipios afectados son los más importantes de la comunidad. Hay 19 alcaldes en apuros, todos del PP, excepto el independiente de Ojós (imputado por corrupción de menores) y el ex alcalde socialista de Los Alcázares. Junto a ellos están imputados una buena cantidad de concejales, funcionarios y empresarios.
Armero, sin embargo, es el protagonista del último caso. Y el suyo no es menor porque Facundo es uno de los principales constructores de Murcia. Propietario de 44 sociedades, había vendido hace unos meses su participación en Polaris World, la constructora estrella de Murcia. La venta le proporcionó 300 millones de euros: un fondo de inversiones suizo y un grupo de empresarios locales se quedaron con su parte. Los motivos de aquella venta no han sido suficientemente aclarados. Todo indica que Facundo prefiere ir por libre. Por su forma de funcionar, parece que sabe cómo atar todos los cabos.
Facundo es persona de costumbres sencillas cuando no está trabajando pegado al teléfono. Le gusta, como a tanta gente, los toros, el fútbol y acudir de vez en cuando a alguna fiesta nocturna. La vida le sonríe y le permite disfrutar de sus aficiones de una forma privilegiada: si es necesario fleta un avión privado para presenciar una corrida de la Feria de Abril en Sevilla. O acude al Camp Nou para ver a su equipo favorito, el Barcelona. Así pudo disfrutar de aquel gol de Messi ante el Getafe en la Copa del Rey. Un golazo. "Dicen que mejor que el gol de Maradona", comentaba entusiasmado por teléfono.
No tuvo estudios. Comenzó de albañil, llegó a oficial, montó su primera empresa en Torrepacheco, de donde es natural, y fracasó. Dejó deudas, y todavía hay gente que lo recuerda porque no las satisfizo nunca. Sin embargo, en la biografía de Facundo Armero, como en la de tantos hombres que han terminado llegando al éxito, hay golpes de fortuna. Uno le llegó de forma imprevista, cuando, casi arruinado, tuvo la oportunidad de hacerse socio de un vecino del pueblo al que le acababa de tocar la lotería. Entonces, pudo restablecer su negocio y dar sus primeros pasos como constructor. Le empezó a ir tan bien que en 2000 vio otra oportunidad al lado de otro industrial de la localidad, Pedro García Meroño, con quien fundó la empresa Polaris World, un nuevo concepto de hacer urbanismo aprovechando el boom de la construcción. En cuatro años, la empresa factura 600 millones de euros y pasa por ser la niña bonita de la región de Murcia. Polaris World posee 40 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y sus proyectos prevén la construcción de 45.000 viviendas.
A pesar del éxito, Facundo Armero ha sabido mantenerse en un segundo plano. Dicen quienes le conocen que, aunque carece de estudios, tiene un talento natural para mover sus hilos, para colocar peones en puestos estratégicos. A diferencia de otros constructores de origen humilde, Armero no es un hombre de excesos ni de ostentaciones, no busca la portada de los periódicos. Es amable en el trato, pero no perdona si algo se interpone en su camino. Y como él mismo dice, considera que "todo tiene un precio". Ésa es su máxima y puede que el tiempo le haya dado la razón.
El centro neurálgico de Polaris World está en Torrepacheco, donde culminó su primera urbanización. Y tanto el pueblo como sus alrededores pueden considerarse el área de influencia de Facundo Armero. Ningún terreno ha cambiado de calificación en esa zona de España sin su conocimiento y, desveladas sus conversaciones telefónicas, cabe la presunción de que sin su consentimiento. Daniel García Madrid, actual alcalde de esa localidad, fue con anterioridad abogado de Facundo Armero. De hecho, siendo ya alcalde todavía defendió algunos casos pendientes, según documentación que consta en el sumario del caso. Una concejala de esa misma localidad ha sido empleada suya. Otros alcaldes y concejales, en Fuente Álamo por ejemplo, localidad próxima a Torrepacheco, o Alhama, donde Polaris lleva a cabo una fuerte inversión, le llaman, le consultan, tienen un trato familiar con Facundo. Su teléfono irradia poder: empresarios e intermediarios le informan de asuntos en marcha, de buenas oportunidades en otros municipios para hacer dinero. Facundo parece el factótum.
Sus conversaciones con el alcalde de Torrepacheco, Daniel García Madrid, son diarias. Lo mismo sucede con ediles de Fuente Álamo. Tratan de asuntos urbanísticos, de lo que se deduce que Facundo tiene un conocimiento anticipado de cuanto papel se va a mover en cada municipio. Y cuando se acercan las fechas electorales, el diálogo también trasciende a la política municipal. El trato es muy familiar. Demasiado familiar. Por el contenido de las conversaciones, puede interpretarse que Facundo es algo más que un consejero.
Por ejemplo, cuando una concejala de Fuente Álamo le llama para decirle lo siguiente:
- Oye, la jefa [por la alcaldesa María Antonia Conesa] me ha dicho que tienes que venir para acá... pues la campaña ha comenzado y las perras hacen falta.
Fechas después es la propia alcaldesa quien llama:
-Me tienes que traer lo de los toros... la pagamenta... siempre te enganchamos para lo mismo.
Pero es con Daniel García Madrid con quien parece tener mayor afinidad. No es extraño, habiendo sido su abogado. Daniel le consulta todo e incluso le pide dinero para un amigo sin dar demasiadas explicaciones. "Una persona amiga mía necesita 16.000 euros urgentemente. Los necesita mañana. Son para pagar una póliza", dice el alcalde. Y Facundo se muestra dispuesto a satisfacerle.
La conversación más sorprendente es la que mantienen Armero y el alcalde de Torrepacheco con motivo de la confección de las listas electorales del municipio. La llamada se produce a las 22.52 del 12 de abril de 2007. El alcalde le pregunta a Facundo.
- ¿Si pongo a Celi [en la lista de las municipales] me vas a decir que sí o que no?
- Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Has hablado con ella?
- No he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. ¿Si la pongo me vas a decir que sí o que no?
Entre risas, Facundo da por buena la decisión del alcalde, aun cuando Fina, otra concejala, le llama posteriormente para comentarle que la han puesto en el lugar número 8 de las listas y que merecía ser la número 2. En esas mismas fechas, otra concejala le dice a Facundo:
- Ya tenemos el programa electoral. A ver si le puedes echar un vistazo.
Conversaciones de similar contenido se suceden durante las semanas previas a la convocatoria electoral. También le llama el alcalde de Alhama para comentarle los sinsabores que ha tenido para elaborar la lista y su decepción ante algunos nombres que le han obligado a meter.
El día 25 de mayo tiene una importancia esencial. Cerca de la una de la madrugada, el alcalde de Torrepacheco recibe la llamada de Fernando de la Cierva, consejero de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Fernando le explica que un informante le ha dicho que puede haber un asunto judicial relacionado con el alcalde en el juzgado número 4 de San Javier. El consejero le pregunta al alcalde si sabe algo y éste lo niega. Se interesa también por saber si el asunto tiene algo que ver con Facundo. Y, finalmente, le pide que trate de averiguarlo.
-Movilízate mañana mismo.
- Venga, de acuerdo.
- Vale, y yo también tengo gente movilizada, y si cualquiera nos enteramos de algo nos llamamos, ¿vale?
Una hora después, el consejero y el alcalde vuelven a hablar. El consejero llega a decir que la jueza del caso "es pepera" y "se está resistiendo" y le da nuevas instrucciones:
- Pues vete al procurador, que se vaya al libro de diligencias del juzgado, que él tiene acceso porque puede consultar sus asuntos, y que vea si hay algo que haya entrado en los últimos días; y sobre todo, si está, me dicen que estaría secreto.
- ¿Secreto?
- Sí, me dicen eso.
A primera hora de la mañana, quien llama al alcalde es Alberto Garre, diputado nacional del PP. Se interesa por el asunto, le solicita que averigüe lo que pueda y, sobre todo, que no lo comente con nadie. El alcalde ha sido avisado por un consejero de la presidencia y por un diputado del Congreso, dos pesos pesados del PP murciano. Las pesquisas rinden éxito bien pronto: a mediodía, es el consejero de la Presidencia quien informa al alcalde de que hay un procedimiento contra él y que en el mismo está implicado Facundo. El consejero le dice al alcalde que el presidente de la Comunidad, Ramón Valcárcel, ha sido informado de ello.
En fechas posteriores, Fernando de la Cierva le confirma al alcalde que su teléfono ha sido pinchado: deben preparar una estrategia. Desde entonces, el alcalde evita hablar por teléfono. Y cuando lo hace, aprovecha para enviar saludos a quienes le puedan estar escuchando e incluso insulta al fiscal encargado del caso.
¿Qué pasaba entonces con Facundo? Sus conversaciones posteriores pertenecen al secreto del sumario, pero parece evidente que fue informado. Facundo Armero ha tenido que declarar ante la juez y está imputado, así como el alcalde de Torrepacheco, la alcaldesa de Fuente Álamo, cuatro concejales, el arquitecto técnico y otros funcionarios. Desde entonces, Facundo no ha hecho ninguna declaración. Se ha mantenido al margen, como siempre. Pero su poder no se ha esfumado. Eso lo saben muy bien en Murcia.
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ / TONO CALLEJA - Murcia - 10/02/2008
Foto: Una urbanización de Polaris World - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Murcia
El urbanismo, una rama descuidada de la Criminología
ANDRÉS PEDREÑO* : Murcia hoy dota de razón al anuncio de los Situacionistas en el París de 1961: el urbanismo contemporáneo debe someterse a la lupa del criminólogo y del penalista. Lo que estamos conociendo de muchos municipios murcianos desmiente el supuesto 'carácter aislado' de tal o cual caso de corrupción, como argumentan defensivamente desde el Gobierno regional de Ramón Luis Valcarcel. No son hechos aislados, pues no son únicamente individuos los materiales que componen la corrupción urbanística.
El enfoque individualista debe dar paso a una sociología de la corrupción urbanística, como nos proponía recientemente el Foro Ciudadano en un debate sobre la cuestión, en la cual tal fenómeno quede definido como una acción socialmente estructurada e institucionalmente construida.
En los casos de corrupción que conocemos, una apreciación salta inmediatamente a la vista. Hay en todos ellos una precisa división social del trabajo en la cual una variopinta gama de agentes con funciones socialmente definidas ha requerido movilizarse para el ejercicio de la corruptela: alcaldes y concejales recalificadores; promotores y propietarios; periodistas locales que silencian; entidades financieros prestamistas o 'limpiadoras'; notarios y registradores de la propiedad, arquitectos municipales, jefes de la Policía Local, etc. Es decir, auténticas tramas, o mejor dicho redes con papeles y funciones bien delimitadas, y que cruzan de arriba abajo el espacio social.
Redes que tienen una historia, y además una larga historia en el tiempo. En esas redes duraderas los individuos se suceden, pero las posiciones y las funciones permanecen. Los individuos son contingentes, pero la división social del trabajo es necesaria. Es interesante reconstruir la historia de vida de estas redes: ¿cómo y dónde empezó todo? ¿cómo se constituyó? ¿cuál es la trayectoria familiar y profesional de cada uno de los implicados? El caso Fabra en Castellón es emblemático: se trata de una auténtica dinastía familiar que lleva sucediéndose en la Diputación de Castellón desde que Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente. Su actual sucesor en la familia, el actual presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ha multiplicado su patrimonio personal desde que accedió al poder en 1995, así como sus acciones en Bolsa. La Agencia Tributaria ha detectado 600.000 euros no justificados por Fabra. 26 asesores nombrados a dedo (y 700.000 euros destinados a pagarles en sueldos), gastos en 2003 de 165.00 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros.
Comidas y entradas para los toros: normalmente los miembros de la red de corrupción tienen una intensa vida social. Es así como se forman las clientelas y simpatías sociales. Estos días leemos las divulgadas mediáticamente conversaciones telefónicas relacionadas con las alcaldías de Fuente Álamo y Torre Pacheco. Muy relevantes de lo que es la Murcia de hoy la reacción del candidato número dos de la lista del PP al Congreso por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte: "Los vecinos de Torre Pacheco y Fuente Álamo volverán a votar al PP" (La OpiniÓn, 5/II/2008). Impresiona esta certeza. Pero sabemos que en toda red corrupta hay un mecanismo de usurpación del poder público, poniendo el capital político al servicio del interés privado; y un mecanismo de redistribución social del beneficio, el cual suele amortizarse con el respaldo del voto de los electores.
Álvarez Junco denominó a la corrupción "la política en la penumbra". Cuando se crean y arraigan espacios de opacidad dentro del sistema democrático, la democracia se torna inviable. La dinámica de SICILIANIZACIÓN de Murcia nos lleva por derroteros de perversión de la democracia, impidiendo cualquier proyecto de región social y ambientalmente sostenible.
Me parece que para entender la sociología de la corrupción urbanística hoy es interesante establecer un paralelismo con el fenómeno del caciquismo decimonónico de la Restauración: "Cacique es la persona que ejerce el poder político en una localidad, estando vinculado formalmente, a través de un partido político, a un oligarca, informalmente a la autoridad, y que tiene a las personas o grupos sobre los que ejerce el poder en situación de clientela" (Juan del Pino Artacho, 1972). Sustitúyase en este párrafo el término 'cacique' por el de 'corrupto', y tendremos una perfecta definición sociológica de la corrupción entendida como, en primer lugar, una estructura o estrategia de poder de apropiación de capital político. En segundo lugar, una estructura o estrategia de poder político conectada con las relaciones oligárquicas de propiedad del suelo. En tercer lugar, un sistema de utilización del poder político por parte de los que usurpan oligárquicamente la propiedad de la tierra. Y finalmente, un sistema que enraíza en la comunidad local a través de estructuras clientelares.
* Andrés Pedreño es profesor de Sociología de la Universidad de Murcia / Miembro del Foro Ciudadano - forociudadano.org
* La Opinión de Murcia - Opinión - 09 de febrero de 2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Murcia