LAVOZ/Asturias* : Los vecinos de Trubia se echaron ayer a la calle, con cacerolas, silbatos y pancartas, para recordar al equipo de gobierno que su localidad también pertenece a Oviedo. La concentración en la plazoleta, en la que participaron alrededor de 350 personas secundando la convocatoria de la asociación de vecinos, derivó en una manifestación por la carretera AS-228, Trubia-Puerto Ventana, para exigir que cuajen los equipamientos e infraestructuras prometidos.
El tráfico, que estuvo cortado durante el recorrido de la marcha, estuvo regulado por la Guardia Civil.
Su prioridad es la plasmación de un plan integral que cubra las necesidades en materia sanitaria, educativa, deportiva, industrial y de comunicaciones. La lectura de un manifiesto por Trubia dejó constancia del "olvido y abandono" que sufren sus habitantes, quienes abogan por la reversión de sus impuestos en servicios.
Las críticas a "los nefastos gobernantes" fueron continuas. "Hay que sacar a esta gente del ayuntamiento de sus altas torres, de sus palacios y de sus losas, que construyen un Oviedo opulento y especulativo. Un Oviedo de recalificaciones y vacíos decorados, mientras en Trubia nos relegan al olvido", subrayaron para constatar que en la capital sigue habiendo dos realidades contrastadas.
Los vecinos lamentan que el ayuntamiento sólo se acuerde de ellos para instalar en el municipio una central térmica, cuando se cae el techo del centro de salud o para cerrar el puente de la fábrica.
DERECHOS ´ROBADOS´ "En Trubia, que tiene una gran historia industrial, se generan grandes plusvalías y beneficios para el ayuntamiento y el Principado, procedentes de sus industrias y de las contribuciones e impuestos de sus vecinos, todos gente trabajadora que lucha a diario por salir adelante con pocos recursos públicos", denuncian. Los trubiecos advierten que la localidad tiene un potencial sin explotar. "Somos la cabecera de un valle que está en el centro del turismo rural asturiano y que atrae a mucha gente, por lo que Trubia debería ser el principio de ese desarrollo turístico", sugieren.
Los vecinos dedicaron una pitada por cada servicio o derecho "robado" por las administraciones local y regional. En su lista incluyen el nuevo centro de salud, una nueva biblioteca, la apertura del edificio Teatro-Casino, la pasarela de Soto, más frecuencias en las líneas de autobuses y transporte para la zona rural, la reparación del puente de los señores, el polideportivo y la piscina, saneamientos y enganche a la depuradora, un plan de depuradoras, la demolición de la presa del Machón, una escuela de 0 a 3 años y un centro de día para el que proponen como posible ubicación la Bombilla o las Casas del Molín.
Además, reclaman que Feve ponga fin al túnel de Molina y la puesta en marcha de la doble vía así como mejoras en el puente nuevo. La reparación del patrimonio industrial, el museo de la Industria Militar, la mejora del cuartel de la Guardia Civil y la reducción de la contaminación son otras asignaturas pendientes.
* La Voz de Asturias - 10/02/2008 PILAR CAMPO
Foto: La protesta 1. Un grupo de manifestantes con pancartas pidiendo equipamientos y servicios para Trubia /PABLO LORENZANA, lavozdeasturias.es
Trubia se echa a la calle con pitos y cacerolas para exigir servicios
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El Consell ha autorizado 107 actuaciones urbanísticas en zonas inundables desde 2003
LEVANTE/Valencia* : La Generalitat ha aprobado 107 planes urbanísticos en zonas inundables desde 2003, año en el que se aprobó el Plan de Acción Territorial de Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova), según ha reconocido el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, en una respuesta parlamentaria al diputado socialista, Francesc Signes.
De los 107 estudios de inundabilidad a los que se ha dado vía libre en los últimos cinco años, 33 han sido aprobados con una serie de condicionantes y, el resto, tal como se presentaron.
No obstante, la cifra de estudios de inundabilidad presentada es mucho mayor ya que en cinco años se han tramitado prácticamente el doble: un total de 215, según la respuesta del Consell.
El dato de los estudios de inundabilidad aprobados o tramitados no pasaría de la fría estadística si no fuera porque es el documento que se exige a cualquier ayuntamiento o promotor de una actuación urbanística cuando pretende urbanizar en una zona inundable. Según el Patricova, "el riesgo de inundación se determina a través de los planes generales, los estudios oficiales o los estudios de inundabilidad". "Se trata de un coladero en el que se permite construir o reclasificar en zonas con elevado riesgo de inundación (incluso de riesgo 1, el más elevado) y que deja el Patricova en papel mojado", denuncia el diputado socialista.
Es el caso, recuerda Signes, del programa de actuación integrada (PAI) de Vilella en Alzira, donde se aprobó la construcción de un centro comercial en una zona inundable aunque se tienen que desviar dos barrancos, construir sobre una plataforma elevada o, incluso, contratar un buen seguro de daños contra inundaciones como medidas "preventivas". Como éste existen otros muchos casos, que no llegan a ser conocidos por la ciudadanía. ¿Quién consulta el Patricova o los estudios de inundabilidad que los modifican antes de comprarse una casa? ¿Existe algún soporte donde se puedan consultar? A este respecto, el diputado socialista denuncia que la Conselleria de Medio Ambiente no informa sobre los municipios en los que se han aprobado los estudios de inundabilidad. Tampoco si afectan o no a suelos no urbanizables (clasificados así por su elevado riesgo de inundación) pero que se han reclasificado para poder construir, ni del número de viviendas que se han construido en estos terrenos. "El sistema de información actualmente disponible no permite obtener los datos detallados", responde el conseller, lo que "supone una burla al legítimo ejercicio de los diputados y de los ciudadanos a estar informados", critica Signes.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 10 de febrero de 2008
Foto: el verger. La UME del Ejército se desplegó por primera vez en la Marina Alta tras las inundaciones de octubre / tino calvo, levante-emv.com
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El Ayuntamiento de Los Alcázares permite subsanar las obras ilegales en una urbanización que hizo Roca
LAVERDAD/Murcia* : El Ayuntamiento de Los Alcázares ha dado una salida para las numerosas irregularidades urbanísticas en las que se incurrió durante la construcción de la urbanización Nueva Ribera, promovida por Compañía Inmobiliaria Masdevallía S.L. Esta firma figura entre las investigadas con motivo de la Operación Malaya por tratarse de una de las sociedades creadas por el presunto cerebro de esa trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para invertir el dinero obtenido de manera presuntamente ilícita.
Aunque durante años los vecinos de la zona denunciaron supuestas irregularidades en la urbanización, el Ayuntamiento no adoptó medida alguna hasta que el 6 de agosto del 2007 el arquitecto técnico municipal Mariano Capel, que se había incorporado a la plantilla de funcionarios tras unos años fuera del Consistorio, emitió un informe en el que se relataban numerosas ilegalidades. Entre ellas figuraban la construcción de un pórtico de acceso de vehículos y peatones no autorizado en el proyecto, que impedía el acceso de particulares a las vías públicas y al dominio público costero; la ocupación de una zona comercial con un edificio de viviendas; la ejecución de obra por encima de la altura máxima concedida por la construcción de una especie de torreones en las azoteas (con un exceso total de superficie de 540 m2), o el incumplimiento de la distancia a senderos desde dos calles, además de otras supuestas irregularidades.
Cambia el Plan Parcial
El pasado 20 de noviembre, la Junta de Gobierno Local acordó con el voto favorable de la actual alcaldesa, Encarnación Gil, aprobar inicialmente la modificación número 7 de ese plan parcial con el fin de subsanar las irregularidades. Para ello se transfiere a otras zonas la zona comercial invadida por viviendas, y el exceso de edificabilidad de unas parcelas, que se transfiere a otras.
El informe de los servicios jurídicos no halla impedimento a la modificación, pese a que -según la documentación que obra en poder de La Verdad- se omite en el proyecto cómo se puede subsanar el incumplimiento de la altura máxima, la existencia de un vallado perimetral y un control de accesos o la distancia de obra a linderos.
Fuentes del PP en los Alcázares señalaron que esta decisión «viene a constituir una desviación de poder, al adaptar la legalidad urbanística a las irregularidades, en vez de iniciar un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística».
* La Verdad - R. F. - 10 febrero 2008
Foto: POLÉMICA. Imagen de la urbanización Nueva Ribera. / A. GIL/AGM - laverdad.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
"Hay resistencia a la ordenación urbanística, se ve como una traba"
ELPAÍS/Entrevista* : A Manuel González Fustegueras (50 años) parece que le va la marcha. El redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla tiene encomendados planes tan conflictivos como los de Marbella, Chiclana, Barbate y Ronda, o el territorial (POT) de la aglomeración urbana de Málaga. "Yo me dedico a la planificación y uno no puede eludir ningún tipo de toro, hay que lidiar también los morlacos", dice con naturalidad.
Territorio y Ciudad, el estudio que dirige este arquitecto sevillano afincado en Jerez, cuenta con 32 trabajadores y varios equipos de colaboradores que actualmente trabajan en 18 planes. González Fustegueras, que pese a haber sido cuatro años diputado autonómico con el PA (1990-94) y ocho concejal de Jerez nunca se ha considerado un político, niega ser el urbanista favorito de la Junta y asegura que hay muy pocos equipos dedicados específicamente a la ordenación. "Trabajamos con todo tipo de ayuntamientos y normalmente los planes se ganan por concurso", afirma.
Pregunta. ¿Qué diagnóstico hace de la planificación urbanística en Andalucía?
Respuesta. Las ciudades son todas distintas, cada una tiene sus peculiaridades y sólo es modelo de sí misma. Ahora bien, sí puede advertirse que hay una falta de confianza en el urbanismo. Hay una cierta resistencia porque se ve la ordenación urbanística como una traba para hacer cosas. No se valoran suficientemente las capacidades que tiene hacer una buena ordenación incluso para la economía. Hay cierto descreímiento en general en la clase política hacia la planificación.
P. ¿Comparte con algunos de sus colegas que hay un galimatías normativo?
R. Ha habido lo que podíamos llamar una década efervescente, y además con normas que tenían muy poco plazo en vigor. La LOUA, por ejemplo, se ha reformado antes de ver cuál era su verdadera razón de ser porque no hubo adaptaciones de los planes; o la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo y el POTA. Eso ha provocado cierto desconcierto, porque se han empezado planes con una normativa que se ha cambiado en medio del procedimiento, no ha habido transitoriedad. Pero también hay que decir que en general la normativa ha avanzado en determinados principios, con independencia de que haya habido errores.
P. ¿Cuáles son esos avances?
R. Hay una apuesta importante por la ciudad compacta, empieza a ser necesario que los planes contemplen los temas de movilidad que tradicionalmente han estado ajenos a la planificación urbanística, la protección ambiental, las necesidades de suelo para vivienda protegida, la mixtura de usos. Son avances importantes que entroncan con las políticas territoriales europeas.
P. ¿Le parece adecuado fijar límite numérico al crecimiento?
R. No me parece una buena medida. Las ciudades crecen o decrecen y los planes tienen que hacer las proyecciones en cada caso. Los límites provocan problemas en municipios que están a media entre turísticos y residenciales o en otros que no han crecido hasta ahora pero que las nuevas condiciones de contorno los pueden hacer crecer con porcentajes mayores. Sobre todo no soy partidario de poner límites en una ley o en una norma, sí me parecería razonable que los planes subregionales de ordenación pudieran establecer normas de crecimiento que no tendrían por qué ser igual siquiera para todos los municipios.
P. ¿Por qué los planes territoriales (POT) levantan tantos recelos de todo color político?
R. Son instrumentos nuevos y los ayuntamientos los ven como una invasión de sus competencias. Hay ayuntamientos que los han entendido como una represión a su posibilidad de decidir, y sin embargo las compensaciones que podían tener, como las inversiones en dotaciones, tardan en llegar. Pero tengo la sensación de que ya son demandados incluso por los sectores económicos y la sociedad en general. En Málaga se ha planificado el territorio por los planes municipales y por las políticas sectoriales, pero eso no puede seguir así porque entonces construimos un territorio que no va a responder a las demandas de los ciudadanos. Desde las políticas sectoriales tampoco se está de acuerdo con la ordenación territorial porque también las disciplina.
P. Las ilegalidades han sido tónica común en ciudades en las que trabaja, como Marbella, Chiclana o Barbate.
R. No podemos comparar Marbella con el resto de los sitios. En el resto se ha construido de forma ilegal sin licencia, se ha ocupado el territorio, ha podido haber dejación incluso en el convencimiento de que era bueno económicamente. En Marbella los gobiernos GIL fueron parte activa de la ilegalidad con las licencias y con repercusiones para el Ayuntamiento. Cada ciudad es distinta, yo siempre digo que Chiclana es producto de la crisis de Astilleros, era un territorio microparcelado y se vendieron muchas parcelas con los dineros de las jubilaciones anticipadas. En Carmona era la ilusión de las viviendas jardín... Se han producido fenómenos indeseables que ahora hay que abordar y es lo que están haciendo los planes, y sobre todo intentar que no se vuelvan a repetir. Y para eso son necesarias dos cosas, planificación adecuada acorde a las necesidades de la gente y disciplina, cuando esos fenómenos se convierten en masivos son muy difíciles de frenar, hay que atajarlos desde el principio.
P. En el caso de Marbella, ¿no hay otra salida que la normalización con el sistema de compensaciones que ha propuesto?
R. Es lo más razonable. Es un fenómeno que afecta a mucha gente, 18.000 viviendas. Lo que no puede es pagarlo la ciudad, a la que hay que reequipar porque esas construcciones han producido una pérdida de equipamientos. Nos parece que es la solución más justa porque va a servir para poner en situación regular a muchas construcciones ilegales sobre las que pesa la espada de Damocles de una demolición, las últimas sentencias judiciales dicen que se paralizan mientras la regularización prevista en el PGOU alcanza la aprobación definitiva, si no pueden ser demolidas. Un plan no puede legalizar por legalizar, tiene que dibujar una ciudad coherente y si en ese modelo encajan las construcciones, se pueden legalizar, y si no encajan, no.
P. ¿El turismo ha sido pernicioso para la ordenación?
R. No siempre ha sido así. El turismo hay que saber aprovecharlo, cuando se ha desmadrado se ha producido el desorden y no se ha sabido acotar. El turismo va a seguir siendo motor importante, pero los paradigmas del turismo han cambiado, lo que la demanda turística valora ahora es otra cosa de lo que valoraba hace 25 años y si no lo entendemos nos quedaremos atrás y habrá otros territorios que compitan mejor.
P. ¿La recesión en la construcción va a venir bien para la planificación urbanística?
R. Siempre ha ocurrido así, con la recesión económica se atemperan las cosas, las presiones son menores y se trabaja más relajado. Los tiempos en la producción de ciudad también son importantes y producir mucho en poco tiempo no es bueno.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 10/02/2008
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Galiza: Manifestación 'contra a destrución do territorio'
GALIZA NON SE VENDE* : Manifestación en Compostela o 17 de febreiro.
Desde A Guarda a Ribadeo, desde O Courel á Terra Cha, un terremoto de especulación e depredación da terra e do mar está destruíndo a nosa natureza, a nosa paisaxe e a nosa forma de vida. Está destruíndo, polo tanto, a propia identidade de Galiza. Manifesto...
A nosa vida non se entende sen o territorio: sobre el temos a nosa vivenda, por el nos desprazamos, del tiramos alimento e enerxía, nel deitamos os nosos residuos, traballamos, pasamos o noso tempo de lecer… e o facemos desde hai séculos, nel está a nosa historia. O territorio que habitamos conta con paisaxes fermosas ou singulares e alberga, ademais, moitas outras formas de vida, acubilla biodiversidade. O territorio condiciona as nosas vidas, mais tamén temos unha cada vez maior capacidade de modificalo. Combinando desleixo e unha estrema ambición depredadora, levamos décadas destruíndoo e xustificámonos argumentando que é para xerar emprego, para nos desenvolver, para vivir mellor… Este uso insustentábel do territorio está destruír a paisaxe e o noso patrimonio cultural, está a empobrecer a biodiversidade, está a empeorar a nosa calidade de vida e a hipotecar a das xeracións futuras, para, como moito, enriquecer a unha minoría. Galiza perde poboación ao tempo que estende o seu solo artificializado. Urbanismo caótico, infraestruturas de transporte irracionais, piscifactorías, campos de golf, portos deportivos, encoros, parques eólicos indiscriminados, paseos marítimos e fluviais ríxidos, recheos, monocultivos de especies exóticas e invasoras, nulo respecto polas figuras de protección ambiental e os espazos naturais protexidos… teñen unha cousa en común: a inexistencia dun ordenamento territorial ecoloxicamente sustentábel e socialmente xusto. Estamos a atinxir un elevado nível de destrución do territorio, mais aínda temos capacidade para reaxir. Aínda é posíbel deseñar e desenvolver unha política de ordenamento territorial guiada pola sustentabilidade ecolóxica e a xustiza social: que respeite a paisaxe e o patrimonio, que nos permita convivir cunha rica biodiversidade, que mellore a nosa cualidade de vida sen hipotecar a das xeracións futuras. Sabemos que a xeración de emprego de cualidade, o aceso a unha vivenda digna e o gozo do noso tempo de lecer non é incompatíbel coa sustentabilidade, senón todo o contrario, e por iso demandamos un inmediato cambio de rumbo. Somos cada vez máis as organizacións e persoas que demandamos este cambio e traballamos por el desde diferentes ámbitos. Porque o mundo non está á venda e Galiza tampouco. Porque as persoas e o ambiente deben estar por riba do lucro. Porque é imprescindíbel deseñar e implementar xa un ordenamento territorial baseado na sustentabilidade ecolóxica e a xustiza social. Porque para isto é necesaria unha cidadanía forte e autoorganizada que sensibilice, presione e achegue alternativas. Terra viva e vida digna para tod@s!
http://www.galizanonsevende.org
* Kaos en la Red - Galiza Non Se Vende - 05.02.2008
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Galicia
Totana: ´No a este plan urbanístico´ convoca una manifestación contra la corrupción
LAOPINIÓN/Murcia* : La plataforma ciudadana "No a este Plan urbanístico" de Totana ha anunciado la convocatoria de una manifestación en la localidad el próximo día 16 bajo el lema "Esto no es Plan. No a la Corrupción". El portavoz de la Plataforma, Pedro Carrasco, invitó en una rueda de prensa a asistir a la protesta a todos los ciudadanos de Totana preocupados por el futuro urbanístico del municipio.
Dijo que con la manifestación la Plataforma pretende expresar el rechazo ante el "empecinamiento" del equipo de gobierno municipal del PP "de llevar a Murcia" el Plan General de Ordenación Urbana para su aprobación definitiva, a pesar de que actualmente algunos convenios urbanísticos están siendo investigados por la justicia.
Con el acto "queremos mostrar nuestro rechazo y condena hacia aquellas personas que hayan intentado enriquecerse de manera corrupta con algo tan fundamental para el futuro de Totana como es su Plan General".
Recordó que el citado Plan fue "pensado, presentado, desarrollado, firmado y defendido por el ex alcalde Juan Morales", por lo que hasta que no se aclare su implicación en la supuesta trama de corrupción urbanística y se conozcan los supuestos delitos que hayan podido cometerse, aprobar el Plan General es "imprudente" y una "irresponsabilidad política grave".
La Plataforma considera que si el Plan General "ha sido elaborado por una o varias personas que supuestamente no querían el bien común sino llenar su bolsillo, el documento debería ser redactado de nuevo, ajustándose a los intereses de los ciudadanos".
Además reitera su propuesta de un plan general que favorezca el crecimiento de viviendas alrededor del casco urbano y no incluya convenios con grandes urbanizaciones dispersas por el municipio.
"La plataforma no está en contra de la construcción, ni de los promotores, ni del desarrollo económico. Construcción SÍ, pero junto al pueblo, sin especulación, buscando el interés de los totaneros y favoreciendo el acceso de la vivienda a los jóvenes",dijo.
Carrasco subrayó que con la manifestación "no se busca generar confrontación entre los totaneros, sino llamar la atención de quienes gobiernan para que reflexionen sobre algo muy serio que nos afecta a todos"
* La Opinión de Murcia - EFE - 05 de febrero de 2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
Granada: La decadencia del atardecer
ELPAÍS* : Hace poco más de treinta años, el Albaicín era uno de los barrios más lujosos de Granada. En 1997, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se asomó al mayor mirador del barrio hacia la Alhambra, San Nicolás, y regaló a la ciudad aquella famosa frase que dio la vuelta al planeta: "Es el mejor atardecer del mundo". Aquella poderosa visión probablemente sirvió para que el mandatario no viera lo que sucedía detrás con un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pero que se encuentra en sus horas más bajas por su abandono, sus nefastas comunicaciones y su delincuencia.
Estas situaciones han provocado la huida de vecinos hacia la ciudad en los últimos años.
En los setenta, eran más de 25.000 los vecinos del barrio, mientras ahora esa cifra se sitúa en 13.764, de los cuales 980 son extranjeros, según un informe encargado por el Ayuntamiento de la ciudad a la Fundación Albaicín para recaudar fondos europeos.
Casi la tercera parte de las viviendas del Albaicín se encuentran vacías, llegando a la mitad en algunas zonas, sobre todo en las más cercanas a Plaza Nueva y a la Calderería. "Hace años esta zona era tranquila y daba gusto vivir aquí. Hoy esto es un nido de droga y de ruido. Nadie quiere vivir por aquí porque no sabes quién va a ser tu vecino", explica Javier, que desde hace años regenta un negocio de comestibles en la calle Elvira.
De las 6.000 casas del barrio, más de 2.000 se encuentran en mal estado de conservación. Además, el 42% de los edificios va camino del siglo de antigüedad y 35 han sido declarados ya en ruina, algo difícil de explicar en un entorno que alberga 825 edificios catalogados, mientras que 120 están inscritos como bienes de interés cultural.
En opinión de Isabel Nieto, concejal de Urbanismo, "el Albaicín necesita mucha inversión". Pese a esta circunstancia, no cree que esté olvidado, ya que "es el barrio que cuenta con mayor número de equipamientos". "Además, tampoco creo que las casas estén deshabitadas, lo que sucede es que muchas están ocupadas por vecinos que no están empadronados", explica.
Pese a tratarse de la zona de la ciudad con un mayor número de colegios por habitante, se produce una fuerte paradoja demográfica. El 35% de los vecinos no tiene estudios primarios y cerca del 2% es analfabeto. Además, se trata de la zona con menos niños pequeños de la ciudad. De hecho, la llegada de universitarios y de extranjeros es lo que evita que la cifra media de edad pudiera situarse en la cincuentena.
El Ayuntamiento de Granada ha pedido ayuda a la Unión Europea, de la que espera recibir en torno a 14 millones de euros para suprimir las antenas, soterrar el cableado aéreo, extender la banda ancha, mejorar la accesibilidad rodada y peatonal y eliminar las barreras arquitectónicas.
Javier Torres Vela, portavoz del grupo municipal socialista, ha declarado que la celebración del milenio de la ciudad podría ser una fecha clave para acometer una verdadera rehabilitación del barrio.
Sin embargo, los vecinos de toda la vida desde hace bastantes años no creen nada de lo que dicen los políticos de la ciudad, a quienes responsabilizan del abandono del barrio.
Antonio González vive en el Albaicín desde 1989. En su opinión, el salto que en los últimos días ha dado el barrio a los informativos es "el resultado de que el Ayuntamiento haya olido un dinero de Europa que no quiere perder" y no la consecuencia de una verdadera intención de resolver sus problemas. "Están ciegos. Han visto cómo en los últimos años ha disminuido la población autóctona y donde vivía una familia ahora se alquilan pisos a estudiantes. A pesar de esto, el barrio no ha perdido su sentido. Aquí se vive de otra manera, con otro nivel de funcionamiento vital", explica, convencido de que el barrio no está cuidado como debería estarlo, pese a que, después de la Alhambra, sea el principal reclamo turístico de esta ciudad. "No es sabroso en densidad de votos", concluye.
* ELPAIS.com - FERNANDO VALVERDE - Granada - 10/02/2008
Foto: Granada, Albaicin - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La lucha por la vivienda digna continúa en la calle
EVARISTO ESPIGARES y ÓSCAR CORDÓN* : Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los partidos políticos institucionales ultiman sus promesas electorales. Se supone que intentan dar solución a los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, de los que el más importante, según las últimas estadísticas oficiales, es el de la vivienda. Actualmente, el problema de la vivienda junto con la precariedad laboral y la inflación conforman el fantasma de la carestía de la vida. Sin embargo, durante cuatro largos años el gobierno ha vivido de espaldas a esa realidad, hasta que la necesidad acuciante de votos lo hace “reaccionar” y corre a plantear medidas que son claramente insuficientes...
... 210 euros para el pago del alquiler a los jóvenes de entre 22 y 30 años con contrato de 6 meses, subvenciones para la compra de pisos más caros, promesa de construir más viviendas de protección oficial y de ofrecer mayores ventajas fiscales, miserable subida del salario mínimo interprofesional hasta los 600 euros mensuales...
Se trata de medidas destinadas a sostener los intereses de bancos, inmobiliarias y constructoras en un momento de crisis económica, cuando la burbuja inmobiliaria parece que empieza a reventar. Medidas que además suponen un nuevo encarecimiento en el acceso a la vivienda para la clase trabajadora, en especial para la juventud, las mujeres, los inmigrantes y los jubilados. Todo ello además mientras asistimos al encarecimiento progresivo de la lista de la compra. El alza desproporcionada de los productos de primera necesidad (leche, pan, huevos...), combinado con los problemas de la vivienda y la precariedad laboral, dan forma a un fantasma de dimensiones gigantescas, la carestía de la vida, que nos afecta a la clase trabajadora en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
El movimiento por una vivienda digna también en S. Vicenç dels Horts
Frente a ello, sin dejarse engañar por las falsas soluciones del gobierno Zapatero, desde mayo de 2006 se han ido conformando diferentes Asambleas por una Vivienda Digna a lo largo del Estado español, reivindicando el derecho a disponer de un techo a precio asequible. Un derecho básico convertido en un lujo inalcanzable por obra y gracia de los grandes intereses económicos y de las políticas cómplices de los distintos gobiernos.
También con ese objetivo se constituyó la Assemblea per un Habitatge Digne de Sant Vicenç dels Horts (Catalunya), que durante los días 19 y 20 de enero celebró sus primeras jornadas con un más que digno resultado. La acampada reivindicativa, las actividades infantiles, el cine-forum y el pasacalles fueron el contrapunto a una Fiesta Mayor oficial que da la a la precaria realidad social, lo que originó alguna que otra muestra de descontento por parte del ayuntamiento hacia las actividades lúdico-reivindicativas de la Asamblea. Durante las jornadas se recogieron múltiples apoyos por parte de la gente, logrando que alrededor de 400 personas suscribieran el manifiesto aprobado por la Asamblea que, entre otras cosas, reclama un proceso de participación ciudadana y de transparencia en materia urbanística, una nueva ley del alquiler, la creación de un auténtico parque público de vivienda protegida de alquiler, una nueva ley hipotecaría que congele de inmediato todas las hipotecas reduciéndolas progresivamente a costa de los bancos, la protección del medio ambiente, el respeto al cupo de pisos de protección oficial para las personas discapacitadas, medidas fiscales contra la especulación urbanística y financiera y un Salario Mínimo Interprofesional de 1000 euros.
El 1 de marzo de nuevo llenemos las calles
El punto álgido de todas estas reivindicaciones llegará el 1 de marzo con las manifestaciones por una vivienda digna convocadas en las principales ciudades de todo el Estado, a tan solo una semana de las elecciones generales. Los trabajadores y estudiantes debemos responder con fuerza redoblada a dicho llamamiento para denunciar las políticas del gobierno del PSOE que nos han llevado a esta situación y para combatir la insoportable carestía de la vida que padecemos. Ir al supermercado, intentar acceder a una vivienda digna o a un trabajo estable con salario digno son cada día más una odisea, misiones imposibles ante el terrible avance del neoliberalismo. Es por todo esto que el 1 de marzo jóvenes, mujeres, inmigrantes, gente mayor y demás trabajadores debemos salir masivamente a las calles de nuestras ciudades para gritar bien alto un sonoro NO a la carestía de la vida y apostar por una vida más digna que incluya una vivienda digna, un salario digno y unas condiciones de trabajo que estén lejos de la precariedad imperante.
* Rebelión - Corriente Roja - 10-02-2008
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
La Justicia suspende el Plan Xeral de Boiro, que está en vigor desde el 2003
LAVOZ/A Coruña* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no es firme, suspende el plan urbanístico del municipio coruñés y costero de Boiro. La Justicia entiende que el documento, en vigor desde el 2003, fue aprobado sin un informe de Patrimonio Cultural de la Xunta de Manuel Fraga y que, por tanto, no se ajusta a derecho.
La situación preocupa al gobierno local -ahora formado por BNG y PSOE, y del PP cuando se aprobó el documento urbanístico-, que, aunque manda un mensaje de tranquilidad porque va a recurrirse el fallo, es consciente de las consecuencias que pueden avecinarse.
De hecho, si el órgano judicial ratifica su sentencia, habrá dudas sobre el futuro de las 1.500 viviendas a las que se les dio licencia desde que el planeamiento urbanístico entró en vigor. El secretario municipal indicó que, salvo que se buscase alguna solución, estas casas quedarían fuera de ordenación. Eso significa que sus dueños solo podrían hacer obras de mantenimiento y conservación.
Asimismo, la construcción sufriría un varapalo. Habría que echar abajo varios proyectos urbanísticos de importancia que están en marcha en el municipio al amparo del plan urbanístico en vigor y, posiblemente, las licencias también tendrían que darse a cuentagotas hasta que hubiese unas nuevas normas.
Precisamente, el gobierno local, que en su momento votó en contra de este Plan Xeral, señaló que está en marcha la revisión del documento, a pesar de que se calcula que ese proceso se demorará unos tres años.
Aunque desde el Concello de Boiro creen que el documento «ten moitos fallos», aseguran que la falta del informe de Patrimonio no fue culpa de sus predecesores, sino de la Xunta, que fue la que no emitió el dictamen, pese a que el Ayuntamiento lo solicitó. Este hecho no viene recogido en la sentencia, donde lo que se explica es que no existe informe, que la Delegación Provincial de Cultura advirtió de ello con el plan aprobado, y que el Concello no compareció en este proceso judicial.
Dado que el fallo no es firme, el Concello seguirá concediendo licencias de obra como hasta ahora.
* La Voz de Galicia - María Hermida - 9/2/2008
Foto: Boiro (A Coruña), Escarabote - edu.xunta.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Andalucía: La Junta devalúa con un decreto su propia normativa territorial
DIARIODESEVILLA* : Por decreto, y bajo el paraguas del pacto institucional por la vivienda -cocinado apenas unos meses antes de las inminentes elecciones autonómicas-, la Junta de Andalucía ha decidido abrir definitivamente la mano y relajar los polémicos límites urbanísticos impuestos a los municipios andaluces en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) por mandato del Parlamento andaluz.
Y lo ha hecho de forma parcial -para las localidades cuya población no supere las 10.000 personas, precisamente aquellos términos en los que los problemas de presión urbanística son mayores- y con ciertos mecanismos administrativos de control, pero renunciando en buena parte a los argumentos sostenidos desde hace más de un año y -formalmente hablando- orillando las resoluciones de la Cámara andaluza. Oficialmente, todos los cambios han sido acordados con la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) y con otros grupos y agentes económicos.
El texto legal que autoenmienda parcialmente al POTA, pero sin derogarlo, apareció este jueves en el BOJA. Su aplicación rige por tanto a partir de ayer, lo que significa que el cinturón de contención urbanística del Plan Territorial de Andalucía ha pasado a ser bastante más holgado, esencialmente para las localidades cuyo crecimiento en los últimos años ha sido más discreto. El decreto, que aborda también otras cuestiones claves de política urbanística, regula esta flexibilización en su disposición adicional segunda, donde emite unos "criterios" para medir la adecuación de los planes generales "al modelo de ciudad" establecido en el POTA. En su formulación, estos criterios son los que Diario de Sevilla publicó en exclusiva en noviembre: barra libre para la calificación de suelo industrial, aplicación de una ratio de vivienda -a efectos de autorización de los nuevos crecimientos urbanos- distinta en el caso de las VPO y, sobre todo, una "modulación de los límites de crecimiento del Plan Territorial" en función de la población de los distintos términos municipales, aunque siempre sin superar la barrera de los 10.000 habitantes. Tres supuestas excepciones puntuales que, por la vía de los hechos consumados, vienen a cambiar una parte del argumentario que subyacía bajo el POTA.
Este último punto es el que más dará que hablar. Sobre todo por cómo se argumenta desde la Junta: en teoría, la causa de esta flexibilización no son las presiones de la patronal -que amenazó con romper la concertación social- ni de los ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PSOE, sino la voluntad de la Junta de "potenciar la utilización de los equipamientos existentes" en los municipios. Esto es: según la tesis oficial, el POTA no se enmienda por el convencimiento de la Junta de que su formulación inicial era demasiado rígida, sino para que los ayuntamientos puedan rentabilizar los equipamientos existentes con más población.
Con independencia de la solidez de este argumento, lo trascendente es la "modulación" de los límites existentes, que eran del 40 por ciento en lo que a la calificación de suelo se refiere y del 30 por ciento con respecto a la población. Ambos parámetros se fijaban para un periodo máximo de ocho años. Ahora, en aquellos municipios que no hayan crecido más de un 10,2 por ciento (la media andaluza), estos límites se aplicarán con tres parámetros distintos. Los municipios de menos de 2.000 habitantes podrán crecer más de un 60 por ciento. Los municipios de menos de 5.000 vecinos y más de 2.000 podrán incrementar su población un 50 por ciento. Finalmente, los municipios con más de 5.000 y menos de 10.000 empadronados podrán crecer un 40 por ciento. El decreto no explica claramente si estos porcentajes se aplicarían sobre suelo urbanizable o sobre población, aunque de su redacción se deduce el segundo extremo, ya que la contención en suelo urbanizable ya era de un 40 por ciento en el POTA.
De todas formas, la Junta extiende la excepción también a los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan crecido por encima del 10,2 por ciento, aunque lo condiciona a que "en cada caso estén garantizadas las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la legislación vigente". No se explica cómo ni dónde se evaluará dicha adecuación, aunque es de suponer que este punto sea objeto de análisis de las nuevas comisiones de control territorial, el organismo administrativo por el que tendrán que pasar todos los planes generales de los municipios andaluces.
Como ya se avanzó en su día, los suelos industriales no computarán a partir de ahora a la hora de calificar suelo en los planes de ordenación, lo que deja sin validez el límite del 40 por ciento de crecimiento en suelo incluido en la formulación inicial del POTA. El argumento de la Junta para promover este cambio es "potenciar el desarrollo económico".
Con la vivienda protegida la Junta hace la tercera y esencial revocación argumental con respecto al discurso del último año: el número de habitantes por vivienda computará con un coeficiente inferior al marcado, con carácter general, en función de la tipología de las viviendas protegidas. La Consejería de Obras Publicas, consciente de lo que supone tal medida -descafeinar de nuevo los límites al crecimiento con el cobijo de las promociones de vivienda protegida-, trata de compensar esta singular decisión con la prerrogativa de "garantizar la implantación de los equipamientos públicos que se precisen mediante la inclusión de los mismos en la planificación correspondiente". Curiosamente, esta última afirmación contrasta -por contradictoria- con la relativa a la necesidad de "potenciar los equipamientos existentes", motivo con el que se justifica la flexibilización del POTA. Dicho de forma más simple: la Junta, en el caso de la VPO, se mantiene alerta para que estos incrementos poblacionales no supongan merma en las dotaciones públicas existentes. Pero, al mismo tiempo, al justificar las causas de abrir la mano en los límites de crecimiento urbanístico, paradójicamente da a entender que estos mismos equipamientos públicos, en teoría en riesgo de saturación debido a los nuevos crecimientos urbanísticos, son poco utilizados.
* Diario de Sevilla - Carlos Mármol / SEVILLA - 09.02.2008
Foto: Una imagen de edificios en construcción en el área metropolitana de Sevilla /diariodesevilla.es
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Xàbia: El TSJ anula el ´catastrazo´ por elaborarse con datos de inmobiliarias y sus páginas web
LEVANTE/Alacant* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Xàbia contra la ponencia de valores catastrales más de dos años y medio después de su aprobación.
Una sentencia firme que el alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, acompañado del edil José Chulvi, dieron a conocer ayer después de que el catedrático en derecho tributario contratado por el ayuntamiento para frenar el "catastrazo", Juan Martín Queralt, les interpretara el fallo.
Según explicó el primer edil, la sentencia concluye que el TSJ ha declarado nula la ponencia de valores que aprobó la dirección general del Catastro en junio de 2005 y, en consecuencia, ha dictaminado nulos los 354 valores catastrales individualizados relativos a los inmuebles propiedad del ayuntamiento.
El tribunal fundamenta su fallo en "la falta de precisión de las circunstancias fácticas reales que han llevado a la división de cada polígono en determinadas zonas". En este sentido, el TSJ apoya al ayuntamiento al considerar que la división del término municipal en nueve sectores para valorar las propiedades se hizo de manera arbitraria.
Otro de los fundamentos de derecho es que el proceder de la dirección general del Catastro a la hora de llevar a cabo el estudio de mercado no fue fiable. En este sentido, el trabajo de campo realizado para actualizar el valor de los inmuebles se basó, según la sentencia del TSJ, en "consultar determinados portales web y la mención genérica a API" -visitas a inmobiliarias de la zona- y, por lo tanto, las fuentes manejadas no son "concretas ni fiables".
En definitiva, "la ponencia elaborada ni se ajusta a las exigencias de motivación ni desarrolla adecuadamente las previsiones contenidas en el RD 1020/93, y, en consecuencia, resultan nulos los actos de aplicación de la misma", concluye la sentencia.
Para Monfort, la nulidad de la ponencia de valores "se trata de una noticia tremendamente positiva para los xabiencs y para aquellas personas que tienen alguna propiedad en Xàbia".
Devolución de lo cobrado
De hecho, la nulidad de la ponencia significa que, posiblemente, entren en vigor los valores anteriores a la revisión, es decir, los de 1995. Pero, además, el fallo de la sentencia obligaría a devolver el dinero cobrado durante dos ejercicios de acuerdo a la ponencia de valores que ahora se declara nula.
En este sentido, el alcalde de Xàbia aseguró que "en el 99% de los casos habrá que devolver dinero" a pesar de que existe un acuerdo municipal que implicará subir el tipo tras lograr la nulidad del "catastrazo".
Entrevista
Tras conocer el resultado del contencioso-administrativo, el primer edil se puso en contacto con la dirección general del Catastro para concretar una entrevista de forma urgente con el fin de conocer la interpretación que hace de la sentencia este organismo estatal, especialmente, para marcar las directrices a seguir a partir de ahora. En este sentido, el alcalde se comprometió a informar puntualmente a los ciudadanos de todos los pasos que seguirá el ayuntamiento para cumplir el fallo judicial.
Sin embargo, cabe recordar que el consistorio mantiene un recurso en la Audiencia Provincial también contra el "catastrazo". Será la "sala de conflictos" del Tribunal Supremo el encargado de fallar en el litigio.
En el caso de que se dieran dos sentencias contradictorias entre el TSJCV y el TS, se abriría un nuevo conflicto, esta vez entre tribunales. Monfort aseguró que ese extremo "sería de difícil solución".
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, Xàbia - 09 de febrero de 2008
Foto: protesta. Más de 9.000 personas salieron a la calle para exigir que se anulara el "catastrazo" de Xàbia / a. p. f. - levante-emv.com
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Madrid: Los vecinos de Las Tablas se movilizan por sus equipamientos
MADRIDIARIO* : La asociación vecinal Las Tablas de Madrid ha convocado una concentración este domingo a las 12.00 horas para protestar por la falta de equipamientos públicos en el barrio, ya que los vecinos llevan demandando "durante más de dos años centros de salud, un instituto, una biblioteca y más escuelas infantiles", según informó la Federación Regional Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Con el lema, 'Lo primero, equipamientos', la jornada tendrá un importante componente festivo y lúdico, y servirá para seguir recogiendo firmas para crear estos equipamientos. Esta campaña, iniciada el pasado 30 de enero, culminará con la entrega de las firmas el próximo miércoles, día 13 de febrero, en la Junta Municipal de Distrito.
Esta protesta, que tendrá lugar en la confluencia de las calles Isabel Collbrand y Federico Mompou, tiene su origen en la "falta de respuesta" por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid a las "reiteradas peticiones" de la asociación vecinal de equipamientos públicos para el barrio de Las Tablas. Piden espacios espacios públicos como centros de salud, de cultura, educativos y deportivos.
Asimismo, criticaron que el Ayuntamiento haya "cedido tres parcelas públicas para construir centros para personas con riesgo de exclusión social cuando el barrio carece de los equipamientos básicos para satisfacer a los más de 40.000 vecinos y los más de 30.000 trabajadores que la localidad tendrá a final de año". Acusan también al Consistorio de hacer esto "sin contar con su opinión" y de haber adjudicado a entidades privadas las tres parcelas públicas. Con las direcciones de dichas empresas, las fundaciones privadas Padre Garralda y Rais, se ha reunido la asociación vecinal, "confirmándose que los colectivos que ocuparán dichos centros son, por un lado, de acogida con comunidad terapéutica, toxicómanos, muchos de ellos ex delincuentes, y en el otro, personas sin hogar con problemas de reinserción social".
El presidente de la entidad ciudadana, Lorenzo Álvarez, denunció que "el Ayuntamiento ha decidido de forma unilateral, y sin hacer ningún caso a las reiteradas propuestas de información y solución a estos centros y a los equipamientos demandados, la implantación de estos centros de acogida". "En un barrio en el que se nos niega un centro de salud reiteradamente, tener un instituto de secundaria, un nuevo colegio publico, más escuelas infantiles públicas, una biblioteca, un polideportivo, y todos los equipamientos básicos de un barrio, que -aunque pretendan convencernos de lo contrario, diciendo que no vivimos suficientes vecinos-, necesitamos para el normal desarrollo de las personas y su bienestar social", insistió Álvarez.
También se quejó de que las personas que habitan en las viviendas públicas del barrio se encuentran a un kilómetro y medio de la parada de metro de Las Tablas, y criticó que las autoridades hayan dado cuatro años de plazo para poner en marcha los equipamientos básicos demandados. "Nuestros impuestos, los que pagamos todos y cada uno de los vecinos de Las Tablas, no se dedican ni en un porcentaje ínfimo a la consolidación del barrio", consideró el presidente de la asociación. "Reclamamos pues la misma solidaridad de la Administración, que a nosotros se nos impone, por parte del Ayuntamiento", añadió. "Y queremos dejar patente, que en este caso somos nosotros, los vecinos y vecinas del barrio de Las Tablas, quienes nos sentimos también, ciudadanos marginados de la ciudad de Madrid", concluyó.
* Madridiario - 08-02-2008 - MDO / E.P.
Foto: Madrid - madridiario.es
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Vivienda Digna de Navarra dice que el cambio de baremo 'no va a solucionar el verdadero problema'
TERRA* : La plataforma por una Vivienda Digna de Navarra aseguró hoy que el cambio de baremo para el acceso a una vivienda protegida 'no va a solucionar el verdadero problema que sufrimos en Navarra, y que no es otro que el precio de las viviendas, tanto libres como protegidas'. Este colectivo remitió hoy una carta al defensor del Pueblo, Javier Enériz, para transmitirle su opinión sobre sus últimas declaraciones en las que pide un cambio de baremo en la adjudicación de viviendas protegidas.
La plataforma destacó que 'es más importante analizar por qué cientos de adjudicatarios de la última promoción de vivienda protegida han tenido que rechazar sus viviendas, que cambiar el baremo en la adjudicación de viviendas'.
La plataforma añadió al respecto que 'más del 50 por ciento de las viviendas de esa última promoción de VPO eran de modalidad de precio tasado, las más caras, y se está comprobando ahora que muchos adjudicatarios ni siquiera pueden pagarlas'.
Este colectivo animó al defensor del Pueblo a 'actuar en otra dirección respecto al problema de la vivienda en Navarra, porque hay muchas alternativas para abordar este problema'. Así, la plataforma expuso al defensor, en su carta, 38 propuestas para intentar solucionar 'el verdadero problema del acceso a una vivienda digna'.
CINCO PUNTOS
Entre estas propuestas, la plataforma destaca en cinco puntos los temas fundamentales que hay que abordar: la fiscalidad y las reformas hipotecarias; el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler; la gestión del suelo y el urbanismo; la información estadística; y las reformas legislativas y jurídicas de nivel competencial.
En cuanto a la fiscalidad y a las reformas hipotecarias, la plataforma aconseja al defensor la eliminación progresiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven el acceso a la vivienda a través de la compra. Así, los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda sin fomentar el crecimiento de precios.
Entre otras propuestas, dentro del ámbito de la fiscalidad y de las reformas hipotecarias, la plataforma propone que la ley de máximo endeudamiento en hipotecas limite tanto el porcentaje máximo del endeudamiento, un 25 por ciento del salario, como el número máximo de años de amortización de la deuda, con 20 años. Asimismo, solicita la eliminación de ayudas a propietarios y promotores y el uso de esos fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda.
En el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler, la plataforma solicita la creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique la vivienda protegida de promoción pública y privada y la prohibición del sorteo como método de adjudicación y creación de baremos que den prioridad a los más necesitados.
Además este colectivo quiere que las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejen de serlo y las administraciones ejercerán el derecho de tanteo y retracto por obligación para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.
Sobre la gestión del suelo y el urbanismo destacan que los patrimonios públicos de suelo no se podrán 'monetarizar' nunca por parte de las administraciones, obligando a darles como destino vivienda de protección pública de la cual un 80 por ciento será en régimen de alquiler.
Además, solicitan la prohibición de los convenios urbanísticos y que se condicionen las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida. Asimismo desde la plataforma quieren que al menos el 50 por ciento de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.
En cuanto a la información estadística la plataforma quiere crear una estadística de demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgando por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, y otras categorías que muestren el grado de necesidad del o de la demandante.
Además, en esete punto, añaden la modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.
Por último, la plataforma pide en su propuesta de las reformas legislativas y jurídicas a nivel competencial que la ley de financiación de partidos políticos asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.
Igualmente, solicitan una redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.
* Terra Actualidad - Europa Press - 06/02/2008
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Sentencia favorable a las tesis ecologistas en Telde
ECOLOGISTASENACCIÓN/Gran Canaria* : Turcón-Ecologistas en Acción lo puso en conocimiento de la Justicia, un mes de febrero del año 2004, y ahora ya hay una sentencia favorable a las tesis de los ecologistas. Con esta ya son dos sentencias las que dan la razón a los ecologistas que desde un principio vieron irregularidades en el inicio de la urbanización del Parque Marítimo de Jinámar.
Exactamente pusieron un recurso contra el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Telde del mes de diciembre del año 2003 por el que se concedía licencia de urbanización a la empresa HORNERAS, S.L.
Indagar en el expediente urbanístico del Plan Especial del P.M. de Jinámar (PMJ) es entrar en un cajón lleno de sospechosos delitos de carácter variado. Muchos de ellos, han sido estudiados por expertos abogados (Marques Lasso, García de Enterría,). Los ecologistas conocedores del expediente recurrieron el acuerdo del ayuntamiento de Telde, así como el acuerdo de la Dirección General de Comercio que concedió la Licencia Comercial Específica, éste último pendiente de resolución judicial.
Turcón-Ecologistas en Acción detecto el error ya que la ficha del Plan Estructurante, en su punto 7.-º Sistema de ejecución, dice claramente que “el sector se desarrollará por el sistema de expropiación, conforme a los términos concertados entre la administración autonómica actuante y el titular de los derechos expropiados”.
Para conocer el alcance de estos párrafos es necesario acudir al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, artículo 123 y 126 aclara que “la administración actuante (en el caso de Jinámar el Gobierno de Canarias no el ayuntamiento de Telde) es la que aplicará la expropiación…(sic)… y realizará por sí misma las obras de urbanización, y en su caso, de edificación….”.
El ayuntamiento de Telde, presionado por el representante de Promociones Horneras, S.L. concedió licencia de urbanización sin que tuviera competencias para ello.
Los ecologistas de Telde, promotores de una idea de Parque Marítimo de Jinámar que no tiene nada que ver con la que se presenta a la sociedad con el mismo nombre, no permanecieron impasible ante lo que consideraron un atropello y una falta de respeto a la legislación sectorial, y a lo que en su día, se firmo entre el promotor y el Gobierno de Canarias. Las diferencias de la maniobra de Horneras son sustanciales, de entrada el promotor se ahorra más de la mitad del dinero convenido en el año 1998, aproximadamente unos 1.800 millones ptas.
El suelo del PMJ es un 60% es patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto los terrenos del municipio de Telde (unos 223.171 m2), como las parcelas del municipio de LPGC. Los bienes de dominio público son inalienables tal como consagra el artículo 132.1 de la constitución española y en este procedimiento para que se pueda ejecutar el PMJ es necesaria una desafectación previa siguiendo el procedimiento marcado en la Ley del Patrimonio.
En base a todo ello, Turcón-Ecologistas en Acción hizó saber tanto a las instituciones canarias (Gobierno de Canarias, Agencia del Medio, Diputado del Común, Presidente del Parlamento de Canarias) como a la justicia ordinaria, que el acto administrativo del Ayuntamiento de Telde era radicalmente nulo por varios motivos. A saber:
- Violación de un precepto constitucional.
- Omisión del procedimiento previsto en la Ley del Patrimonio.
- Por falta de competencias del Ayuntamiento de Telde para dictar un acto administrativo (art. 62-Ley 30/1992).
- Por incumplimiento de los acuerdos vinculantes de la COTMAC, del convenio firmado entre el promotor y el Gobierno de Canarias (año 1998), y de la ficha del SUSO-E.E.1-3-5.
Ahora la justicia viene a resolver a favor de Turcón-Ecologistas en Acción.
* Ecologistas en Acción de Telde - 7 de febrero 2008
Foto: Telde (Gran Canaria), proyecto Parque Marítimo de Jinámar - turcon.blogia.com
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Alicante: La lucha vecinal no cesa
FRANCISCO J. SEGURA JIMÉNEZ* : El movimiento vecinal, coordinado por la Plataforma en Defensa del Puerto, activa de nuevo su maquinaria para salir en manifestación el próximo 29 de febrero, en contra de la previsible instalación de megasilos de cemento en la zona de ampliación del puerto de Alicante y a favor de un puerto saludable y respetuoso con la conservación del litoral alicantino y la salud y el bienestar de la ciudadanía.
La Autoridad Portuaria tergiversa maliciosamente la realidad cuando, por boca de su presidente, Sergio Campos, atribuye a la convocatoria intencionalidades políticas vinculadas a la proximidad de las fechas electorales. Las organizaciones vecinales y los ciudadanos que a nivel particular participan en la movilización no persiguen otro interés que el de reivindicar un modelo de puerto que, en beneficio de la población alicantina, contemple de forma integrada y sostenible su relación con la ciudad. Son personas que han de hacer uso de su tiempo libre para embarcarse en una lucha en la que Alicante se juega gran parte de su futuro. Por el contrario el presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado a dedo por la Generalitat Valenciana, de la que recibe un sustancioso sueldo, se pliega a las exigencias emanadas del modelo de actuación política del Gobierno autonómico para defender los intereses particulares de las empresas que conciben el puerto como el espacio propicio para maximizar sus beneficios. Hay diferencia.
Desde el status que ostenta, el presidente de la Autoridad Portuaria no reconoce ni va a reconocer sus complicidades empresariales en una sociedad dominada por la "democracia de la imagen". Su política mediática consiste en afirmar que el puerto de Alicante tiene un carácter estrictamente comercial, que las obras de ampliación respetan escrupulosamente el medio ambiente, que la instalación de los silos de cemento ofrecen la máxima seguridad y es beneficiosa para la ciudad y que el movimiento vecinal está instrumentalizado políticamente. En esta estrategia cuenta con el apoyo explícito del Gobierno municipal, con el alcalde Díaz Alperi a la cabeza, del que, en última instancia, depende la concesión de las licencias para la construcción de los silos.
Por el contrario, el movimiento vecinal no duda de que el proyecto para la instalación de las cementeras corrobora, junto con la carga y descarga de graneles al aire libre, los astilleros y la planta de fertilizantes, la tendencia hacia la conversión del puerto en un polígono industrial susceptible de extenderse como un cáncer junto a una zona urbana, sin que medie una evaluación conjunta y actualizada de impacto ambiental,. Desde el punto de vista organizativo, el hecho de que, como corresponde en una sociedad democrática, la representación vecinal traslade la inquietud ciudadana a entidades y partidos políticos con capacidad para actuar a nivel institucional no impide que el movimiento se conduzca desde la más absoluta independencia partidista y el más exquisito respeto a la pluralidad de sensibilidades. Utilizar, como hace el presidente de la Autoridad Portuaria, el recurso a la politización para desacreditarlo supone, por tanto, un total desconocimiento de la cultura democrática.
El comportamiento de la Autoridad Portuaria demuestra una nula receptividad a las demandas vecinales. El verdadero talante de su presidente, Sergio Campos, queda claramente al descubierto cuando se atreve a culpar a los vecinos que han elegido para vivir la zona Sur de Alicante, colindante con el puerto, de no haberse informado sobre la dirección que iba a adoptar la expansión del mismo. Resulta evidente que el presidente de la Autoridad Portuaria pretende responsabilizarlos del oscurantismo que empaña sus propias actuaciones, como lo demuestra el hecho de haber abierto el período de alegaciones contra la instalación de las cementeras en la segunda quincena de agosto, en pleno periodo vacacional.
La manifestación del próximo día 29 de febrero, que partirá a las 20.00 horas desde la antigua estación de Murcia y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento, responde a los intereses de la ciudadanía alicantina en su conjunto. Decir "no" al emplazamiento de las cementeras en el Puerto es decir "sí" a un desarrollo portuario que, asentado en la actividad estrictamente comercial, los servicios y el turismo, permita la mejora de la imagen y el progreso social de la ciudad.
* Francisco Javier Segura Jiménez es profesor de Historia y miembro fundador de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto.
* Información - Opinión - 07 de febrero de 2008
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Nueva protesta de la Plataforma 'Refinería No' en Villafranca de los Barros
HOY/Badajoz* : La Plataforma Ciudadana 'Refinería No' volvió a concentrarse anoche ante las puertas del ayuntamiento de Villafranca, aprovechando, como de costumbre, la celebración del pleno de la corporación municipal, para protestar contra el proyecto industrial del Grupo Gallardo.
Como vienen haciendo desde hace tres años, un grupo de personas contrarias a la refinería reiteró sus protestas ante el Consistorio con eslóganes como «No queremos la refinería» o «Extremadura crece sin refinería».
Para mitigar el frío que hacía en la Plaza de España, los allí concentrados prepararon unas migas y sirvieron bebidas para todos, mientras proseguían con sus gritos contrarios a la refinería, dando muestras de buen humor, mientras la Guardia Civil contemplaba con satisfacción el buen ambiente de calma, hasta el punto que los agentes no tuvieron que intervenir en ningún momento.
A la salida de los concejales socialistas con el alcalde Ramón Ropero a la cabeza, se recrudecieron las proclamas en contra del proyecto industrial, mientras la parte del público contraria a la refinería que había asistido a la sesión plenaria se sumaba a las protestas, incrementando así el reducido grupo que se había concentrado ante las puertas del Ayuntamiento.
No hubo incidentes ni fuera ni dentro del Ayuntamiento, puesto que el pleno discurrió con entera normalidad y con una inusual corta duración pues se prolongó durante algo más de una hora.
* Hoy - ANTONIO ORTIZ - 8 febrero 2008
Foto: protesta 'Plataforma Ciudadana Refinería No' en Sevilla 4Feb08 - plataformarefineriano.es
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Gran Scala: Ecología y Desarrollo pide una evaluación ambiental
ELPERIÓDICO/Aragón* : La Fundación Ecología y Desarrollo reclamó ayer al Gobierno de Aragón que respete toda la legislación medioambiental en Gran Scala y que realice una "evaluación ambiental estratégica", al tiempo que denunció que no se haya preguntado a los aragoneses si se debería desarrollar o no ese macroproyecto de ocio.
Ecología y Desarrollo, que presentó un informe sobre la aplicación de la actual legislación ambiental, elaborado por la letrada madrileña y miembro de la Asociación para la Justicia Ambiental-ELAW España Fe Sanchís Moreno, anunció que si no se cumple la normativa medioambiental se plantearía tomar medidas.
El dictamen jurídico concluye que la construcción del complejo de casinos y parques temáticos Gran Scala puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que como en cualquier gran proyecto es "obligada y necesaria" una previa "evaluación ambiental estratégica", explicó en rueda de prensa el jurista el jurista José Luis Batalla, vicepresidente de la fundación.
Afirmó que el Gobierno de Aragón ha adoptado una serie de compromisos sin haber iniciado ni puesto en marcha esta preceptiva evaluación, además de haber aprobado el proyecto que sustenta dichos compromisos sin la también obligada participación real y efectiva del público.
Aunque en estos momentos desde el punto de vista jurídico sólo existe un breve protocolo firmado entre el Gobierno de Aragón y la empresa promotora ILD, ya se podría estar contraviniendo alguna legislación, dijo Cristina Monge, directora de Proyección Externa de Ecología y Desarrollo.
En este sentido, se refirió al derecho de los ciudadanos al acceso a la información ambiental y a la participación real y efectiva en la toma de decisiones administrativas que afecten al medio ambiente y aseguró que este proceso participativo "debería estar haciéndose ya", antes de poner en marcha el proyecto.
* El Periódico de Aragón - 08/02/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
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Tema: NOTICIAS Aragón
Un juez suspende el acuerdo del pleno que daba al Consell competencias urbanísticas de Dénia
LEVANTE/Alacant* : No habrá concurso-oposición para nombrar nuevo gerente de Urbanismo en Dénia. Los tribunales han dejado cautelarmente sin efecto el acuerdo plenario adoptado por la oposición con el tránsfuga socialista Juan Collado en octubre, que encomendaba a la Conselleria de Administraciones Públicas la convocatoria de las pruebas de selección de gerente.
Un acuerdo que suponía secuestrar competencias del gobierno local (PSPV-Bloc) para entregárselas a la Generalitat, entre otras cosas porque es la Alcaldía la que tiene la potestad de nombrar al director del departamento urbanístico, según reflejan los propios estatutos de la Gerencia de Urbanismo.
Pero los tribunales han frenado en seco la maniobra del tránsfuga aliado con PP, CU, GD y PSD. En la mañana de ayer llegó por fax al Ayuntamiento de Dénia una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Alacant que suspende cautelarmente el mencionado acuerdo, adoptado en el pleno celebrado el 25 de octubre de 2007. La decisión del juez supone -después de la admisión a trámite- el segundo aval judicial al recurso que el equipo de gobierno (PSPV-Bloc) presentó en dicho juzgado denunciando la nulidad del acuerdo adoptado.
La resolución del juez argumenta la necesidad de suspender cautelarmente el acuerdo en que "se debe tener en cuenta el posible perjuicio que podría irrogarse a terceros". Concretamente, a los aspirantes a la prueba de selección y a aquel que obtuviera la plaza. El consistorio ha sido llamado a declarar para el 23 de marzo de 2009.
La alcaldesa, Paqui Viciano, convocó ayer mismo una junta de portavoces urgente para informar a los distintos grupos de la corporación sobre la medida cautelar adoptada por el juzgado. La reunión se celebró a las 14 horas en el ayuntamiento con el portavoz de cada grupo político, a excepción del edil del PSD, Juan Sancho, que no pudo acudir. Tampoco estuvo Juan Collado, puesto que no forma parte de la junta de portavoces por no representar a ningún grupo municipal.
Tras esta decisión judicial, la alcaldesa de Dénia podría hoy mismo contratar un gerente de Urbanismo; incluso a Joan Frasés. Pero no lo va a hacer. Viciano explicó que no es ese el ánimo del ejecutivo municipal. Por el momento, PSPV y Bloc esperarán a ver cuál es la respuesta de la oposición (que podría recurrir la resolución en apelación). Y después, explicó la munícipe, "queremos sentarnos a hablar con el resto de grupos para buscar una solución" consensuada para la selección de gerente de Urbanismo.
No obstante, Ana Kringe, portavoz del grupo mayoritario de la oposición, el Partido Popular, advirtió al equipo de gobierno que los grupos opositores harán "lo que haga falta" para evitar que PSPV y Bloc aprovechen la resolución judicial para volver a contratar como gerente a Frasés. Kringe dijo que la oposición está estudiando si recurren o no la resolución.
* levante-EMV - Sergi García, Dénia - 08 de febrero de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
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El año cero de la ciudad del ‘Pocero’
PÚBLICO/Toledo* : Es como un futuro de ciencia ficción, pero en presente y en Castilla-La Mancha. Allí, en el medio del secarral, en el municipio de Seseña, encima de la arena, se levanta una ciudad de 13.508 viviendas repartidas en edificios de siete alturas. Entre los edificios hay parques, lagos, hay amplias avenidas. Y hay una escultura inmensa que recibe al visitante con una leyenda: Residencial Francisco Hernando.
Lo que no hay todavía es demasiada gente. Apenas están comenzando a entregar los pisos. Dice el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida y candidato al Congreso, que ya hay unos 500 nuevos vecinos empadronados en este arenal con edificios . Comenzaron a llegar en septiembre. Y así comenzó el fenómeno por el que Seseña, que sólo tenía unos 13.000 habitantes, podría cuadruplicar su población. Son 13.508 viviendas las que promueve El Pocero en el conjunto residencial que
lleva su nombre.
Uno llega a allí y se encuentra con la nada. Y un nombre por todas partes: ONDE 2000. ONDE es el acrónimo de Obras Nuevas de Edificación 2000, la empresa que está promoviendo el conjunto de más de 80 edificios. Uno avanza por avenidas inmensas que tienen nombre de figurón de la historia universal del arte: El Greco, un suponer, y que no se diga que no puede haber cultura sobre un secarral. Y de pronto se encuentra una glorieta con una estatua y, de fondo, cuatro banderas: la de la comunidad, la española, la europea, y la de ONDE 2000. Quizás un día alguien estudie todo esto como el peculiar momento de la Historia en el que los españoles redescubrieron, tanto tiempo
después, lo que era tener pasta.
No hay ni un alma por las calles, no hay rastros de orden ni de desorden en las ventanas. Hay un bar -uno- y una empresa asentada en los bajos de sendos edificios. Ahí es todo. Y, en una esquina, lejos de las viviendas, la oficina de ONDE 2000. Por unos 206.000 euros te venden un piso de unos 80 metros cuadrados -dos habitaciones-ya construido. Un primer piso, claro. Dicen en la oficina de ventas de ONDE que todavía quedan suficientes por vender, y que el ritmo de las ventas se ha ralentizado desde que comenzó a enfriarse la burbuja inmobiliaria. Y que todo está bien y es idílico y es maravilloso en el residencial Francisco Hernando, a "media hora" de Madrid por un vial de alta capacidad. El colegio ya está funcionando", dice la vendedora.
Funcionando ya el colegio, sólo falta que funcione todo lo demás. Lo dice el alcalde, Manuel Fuentes. Admite, Fuentes, que su principal problema como alcalde es cómo proveer de servicios a todos esos vecinos que van a llegar en masa, y que están además lejos del pueblo, de la Seseña de siempre, un pueblo de 3.000 viviendas.
Sostiene Fuentes, al frente del municipio desde 2003, que un modelo de desarrollo como el que heredó para su gestión en Seseña no es válido. Y enumera problemas: "Los nuevos vecinos necesitan una serie de servicios como infraestructuras y viales, que no podemos darles". Y dice más: "Aunque tratemos de darle cohesión al municipio, resulta muy difícil. Los que llegan nuevos vienen de otra comunidad autónoma -Madrid- y tienen su vida, casi siempre, en Madrid".
En la calle sigue sin haber ni un alma. Tan sólo aparece un camión de mantenimiento de ONDA 2000, la empresa madre de este planeta secarral del que quizás habríamos abominado si Naranjito, en tiempos de Quini, nos lo propone como opción de futuro.
* Público - PANCHO TRISTÁN - 06/02/2008
Foto: Seseña (Toledo), 'pocerolandia' - EFE
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8.2.08
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El Colegio de Arquitectos alerta sobre el urbanismo descontrolado en España
ELMUNDO* : El sector constructor español debe "experimentar cambios profundos en su lógica para reducir la insostenibilidad" derivada de la "especulación" y el crecimiento urbanístico descontrolado. Ése es el criterio de los expertos consultados para la realización del "Informe Arquitectos 2007. Encuesta sobre el Estado de la Profesión", difundido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y la Fundación Caja de Arquitectos.
Las conclusiones del informe apuntan a que "la evolución de los últimos años en el sector de la construcción ha sido en general muy negativa para los criterios 'verdes', con un modelo de crecimiento urbanístico muy poco controlado, basado en la especulación y en la construcción vertiginosa, especialmente en el litoral".
"En ese contexto", añaden los expertos consultados, "la inercia de la profesión, su activa resistencia incluso, a la hora de incluir criterios de 'construcción verde' ha sido muy notable, con también muy honrosas excepciones".
A su juicio, "la arquitectura española ha mostrado de forma muy acusada un fenómeno reconocido en otros países: el bloqueo que sobre la adopción de criterios ecológicos en la construcción ejercen una serie de factores culturales, económico-políticos y organizativos, pero también estéticos e intelectuales".
Los expertos consultados por los arquitectos añaden que algunos de esos "incentivos perversos" son bien conocidos: "la construcción está pensada desde el punto de vista del contructor y promotor, que no sufrirá las consecuencias de un mal diseño (por ejemplo, en forma de facturas energéticas)".
Sin embargo, el informe admite que no hay una noción compartida de "sostenibilidad" entre los arquitectos españoles, hasta el punto de que hay entre ellos una corriente de opinión "que considera vacío o contraproducente el debate sobre la sostenibilidad, o al menos lo considera en un orden de prioridad menor que otras cuestiones como la especulación, la regulación pública del suelo y el coste de la vivienda".
* El Mundo - SERVIMEDIA - 07/02/2008
Foto: Madrid, nuevas torres - terra.es
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