Denuncian al Ayuntamiento de El Puerto por no parar obras de campo de golf

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Ecologistas en Acción ha presentado en el Juzgado de lo contencioso administrativo una demanda contra el Ayuntamiento de El Puerto por no paralizar las obras "ilegales" en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango para construir un campo de golf.

Según un comunicado de la organización conservacionista, el TSJA anuló mediante sentencia de noviembre de 2005 las licencias otorgadas el 10 de octubre de 2002 a la entidad Golf El Puerto S.A. para construir el campo de golf en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango.

Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento la continuación de estas obras consistentes en movimientos de tierra, obras de urbanización, construcción de viales y canalizaciones, tanto en el propio ámbito del citado campo de golf como en las inmediaciones de la carretera de Sanlucar, y dirigió un escrito al alcalde, Enrique Moresco (PP), en el que denunciaban los hechos.

Tras un "silencio administrativo" en relación a la denuncia mencionada, y como quiera que las obras denunciabas continuaban, Ecologistas reiteró dicha denuncia el pasado diciembre, solicitando la paralización de las obras, la restitución de los terrenos a su estado originario, y la apertura de los expedientes sancionadores.

Según ha añadido la organización, el Ayuntamiento portuense, "lejos de proceder en la forma prevista Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía", se ha pronunciado a través de los medios informativos expresando que las obras "han sido inspeccionadas y que cuentan con la autorización del anterior equipo de gobierno, licencia que en todo caso se nos ha negado".

Asimismo, han solicitado al Juzgado la suspensión de las obras denunciadas.







* La Voz Digital - 18.01.08
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), obras golf - lavozdigital.es


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Resquicios legales demoran años el derribo de construcciones ilegales

LAVOZ/A Coruña* : Hace sólo unos días que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba la orden de demolición de dos viviendas en A Pedra do Sal (Carballo) dictada por la Consellería de Política Territorial hace cuatro años. Sentencias similares afectan a un buen número de construcciones en la Costa da Morte, pero la misma legislación que sustenta la actuación de los jueces también hace posible que los infractores busquen cualquier resquicio para demorar, en ocasiones durante décadas, la ejecución de las resoluciones de los tribunales.

De hecho, son muy pocas las demoliciones que llegan a consumarse, a pesar de que los denunciantes -casi siempre particulares- recurren de forma reiterada a los juzgados para exigir la reposición de la legalidad.

Éste es el caso de Manuel Ramas Bellón, un carballés que reclama desde el 2002 la ejecución de una sentencia en la cual el TSXG otorgaba al Concello de Carballo, «y, en particular, a su señor alcalde-presidente», un plazo de 15 días para «abrir expediente repositorio de la legalidad urbanística» de una casa situada en la avenida de Fisterra. El propietario del edificio, José Cotelo Pérez, había solicitado en 1997 una licencia para reformar la fachada y la cubierta del edificio, pero, según el tribunal, las obras no se ajustaron al permiso concedido por el Ayuntamiento, como decía el denunciante. También aceptó el argumento de que el inmueble se encontraba fuera de ordenación, aunque rechazó el relativo a su situación ruinosa.

Aquellos 15 días pasaron sin que el Concello de Carballo tomase las medidas ordenadas por el TSXG. En el 2006, a instancias de Ramas Bellón, el Ayuntamiento retomó el caso y abrió el expediente. Los servicios técnicos municipales ya han elaborado su informe, y ahora están pendientes las indicaciones jurídicas, porque, en opinión del concejal de Urbanismo, José Antonio Viña, «hai que interpretar en que consiste repoñer a legalidade». Además, el gobierno local ha recibido un requerimiento de la Fiscalía pidiendo información sobre la actuación de la Administración local.

En la misma avenida de Fisterra, a pocos metros de distancia, se sitúa otro inmueble en parecida situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó en 1998 la demolición de un edificio de cinco plantas, también a raíz de la denuncia de un particular y después de que el Ayuntamiento aprobase una licencia basada en una modificación urbanística que, según el TSXG, no se ajustó a derecho. El fallo fue ratificado en el 2002 por el Supremo, y el Concello de Carballo ordenó el derribo en agosto del 2006, pero tampoco se ha ejecutado. «O propietario presentou un recurso de reposición e acudiu ao contencioso-administrativo contra a orde de demolición», explicó el concejal de Urbanismo.

En otro punto de la Costa da Morte, en Fisterra, esta misma semana salieron a licitación los trabajos de demolición de una vivienda situada en Calcoba. Pero detrás de esta decisión están 25 años de pleitos entre vecinos a raíz de la construcción, sin licencia, de la polémica casa, y numerosas órdenes de paralización y derribo que fueron desoídas por los propietarios del inmueble.

Como en el caso anterior, también en 1984 se levantó sin licencia un edificio en Corme. En este caso, la obra fue parcialmente legalizada en el 2002, pero la normativa urbanística sólo permite tres pisos y bajo cubierta, por lo que será preciso derribar las dos plantas superiores y, en todo caso, reconvertir la cuarta en ático. El Concello de Ponteceso ha encargado el proyecto, aunque los afectados anunciaron su intención de recurrir.

Otras veces son los propios vecinos quienes se oponen a la ejecución de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el 2006 en Anllóns (Ponteceso), donde la orden de derribo de una casa ilegal provocó movilizaciones en contra.







* La Voz de Galicia - 18/1/2008
Foto: casal - lavozdegalicia.es


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Un viceconsejero de Aguirre, citado como imputado en el 'caso Guateque'

ELPAÍS/Madrid* : El actual viceconsejero madrileño de Transportes, Luis Armada, ha sido citado hoy a declarar como imputado por el juez Santiago Torres, que instruye la investigación contra una presunta trama de cobro de comisiones por la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Armada estuvo, entre 1997 y 2003, al frente de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital y, según fuentes judiciales, se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias. Se trata del primer cargo de designación política implicado en la trama de corrupción.

La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las doce de la mañana en calidad de imputado en la Consejería. No detalla e ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información. Pero, según fuentes judiciales, se investiga por un presunto trato de favor respecto a su propia vivienda. En concreto, posibles irregularidades en la obtención de una licencia para retejar el sótano del edificio de su propia vivienda, situada en la calle de La Bola. El magistrado ha admitido a trámite una denuncia de un particular sobre este asunto, en el que se da cuenta de que el viceconsejero "se aprovechó de su cargo al frente de Urbanismo para beneficiarse personalmente".

Luis Armada es actualmente viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y lleva en el Gobierno regional en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. Sin embargo, el juez el ha citado por su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto como gerente de Urbanismo cuando José María Álvarez del Manzano estaba al frente del Consistorio. Armada tuvo que abandonar el cargo casi al final de su mandato, en febrero de 2003, tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid por el incumplimiento de la orden de demolición de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes. El político popular fue inhabilitado durante 16 meses para ocupar un cargo público.

Su firma, en 36.000 licencias

Cuando Alberto Ruiz-Gallardón ganó las elecciones municipales en mayo de 2003, Luis Armada fue nombrado consejero-delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), pero en noviembre de ese año, al ganar Esperanza Aguirre las elecciones de octubre en la Comunidad de Madrid, pasó a la Administración regional como consejero de Transportes e Infraestructuras, cargo en el fue reafirmado

tras las elecciones autonómicas de 2007. Desde marzo de 2007, Armada es además vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. El propio Armada ha confirmado a este periódico que ha sido citado a declarar como imputado, una noticia que no le ha sorprendido. De hecho, "esperaba que le citaran" en cualquier momento, dada la responsabilidad que ejerció durante seis años en la Gerencia de Urbanismo". Sin embargo, ha asegurado estar "muy tranquilo" porque no cometió ninguna irregularidad, a lo que ha añadido que le dará al juez todas las explicaciones necesarias. Armada ha subrayado que su etapa al frente de Urbanismo fue "modélica". Entre 1997 y 2003, Armada otorgó 36.000 licencias.

La noticia debe sorprender al Gobierno de Aguirre, ya que hace apenas unos días, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, afirmaba que el Ejecutivo "no tiene ninguna preocupación" y que "no es nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid". Al respecto, fuentes del Gobierno regional se han limitado a recordar que, cuando se produjeron los hechos por los que Armada está siendo investigado, éste trabajaba en el Ayuntamiento. La citación, según las mismas fuentes, no tiene nada que ver con su cargo en la Comunidad de Madrid.

La semana pasada, este periódico publicó el contenido de unas grabaciones del sumario del caso Guateque, que recogía una conversación telefónica entre uno de los empresarios detenidos, Antonio Sanz Escribano, con José Almansa, copropietario de la sala de fiestas 'La Botellita', situada en el número 63 de la calle de Serrano. El dueño del establecimiento se jactaba de que Aguirre les iba a ayudar a abrir sin licencia.


El PSOE ve un "componente urbanístico"

El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, ha señalado que la citación de Armada muestra que la operación "no es sólo una trama que se dedica a temas de licencias" sino que tiene "un componente urbanístico indudable". Sánchez ha criticado el "desgobierno" del Ejecutivo municipal.







* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 18/01/2008
Foto: Madrid, interior nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)


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La Fiscalía negocia un máximo de seis años de cárcel por todas las licencias ilegales de Marbella

MÁLAGAHOY* : La Fiscalía negocia tras ser requerida por los abogados de los ex ediles del GIL, entre los que está el ex alcalde Julián Muñoz, un trato para evitar que los casos por delito urbanístico en Marbella se eternicen en los juzgados de Málaga. El acuerdo, muy avanzado, está sólo pendiente de concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales por las decenas de causas que atascan los tribunales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel.

¿Por qué es así? Fuentes del Ministerio Público precisaron ayer que se trata de "delitos conexos" que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena mayor que establece el Código Penal. El artículo 320, el que contiene el tipo de delito del que se acusa a los ex ediles, fija un máximo de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. Es decir, el máximo serían seis años de prisión.

Éste es el límite y la negociación se moverá de ahí para abajo, por lo que el trato se podría cerrar incluso con una pena menor a esos seis años. Fuentes jurídicas explicaron ayer que se baraja la posibilidad de que al acuerdo se selle finalmente con tres años de cárcel. Lo que la Fiscalía tiene claro es que partirá de una pena de prisión y no de multa, que es la otra opción que permite el delito. Las fuentes apuntaron que eso es "innegociable" y que el trato sólo afectará a las licencias de obras, no a los procedimientos por los convenios urbanísticos u otras irregularidades que se imputan a los ex concejales de Marbella. Otra condición, según las fuentes del Ministerio Público, es que los ex miembros del GIL asumen la "culpabilidad" de los procedimientos que tienen pendientes.

La reflexión de la Fiscalía es que si la Ley establece un límite de cumplimiento de pena para los delitos conexos, las decenas de causas por delito urbanístico que hay pendientes se convierten en "una carga" para la Administración de Justicia, es decir, llegaría un momento en el que los juicios no servirían para nada. Uno de los objetivos que persigue el Ministerio Público es, por tanto, la "economía procesal". Las fuentes puntualizaron que se busca que el acuerdo sea "positivo" para la Justicia y que ésta salga beneficiada. Descartaron que se trate de una acumulación de casos.

Los contactos se iniciaron a finales del año pasado y el primer interlocutor al que se dirigieron los abogados fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que después derivó el tema a la Fiscalía malagueña. El trato podría estar ultimado en febrero, antes de que se celebre el próximo juicio por delito urbanístico, que es el del caso Belmonsa.

El primero que habló ayer del pacto fue el abogado Pablo Luna, defensor de uno de los ex concejales del GIL. Lo hizo tras un juicio por delito urbanístico celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga en el que los acusados se conformaron con la petición de pena solicitada por la Fiscalía por la concesión de sendas licencias que autorizaban la construcción de 89 apartamientos en un suelo rústico.

Tras la vista, que duró unos 30 minutos precedidos de más de una hora de negociaciones, Julián Muñoz, Marisa Alcalá y Rafael González fueron condenados a un año de prisión y siete de inhabilitación para cargo público, pena que en el trámite de ejecución se conmutó por una multa de 10.800 euros. José Luis Troyano, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa fueron penados a seis meses de cárcel, aunque la ejecución ha quedado suspendida durante tres años. Javier Lendínez, otro de los acusados, será juzgado otro día porque su abogado no pudo asistir al juicio.

Pablo Luna apuntó que la de ayer fue "la primera manifestación pública" de las negociaciones que se llevan a cabo con la Fiscalía. "Empezamos una serie de conversaciones para el bien de todos, entre ellos, la Administración de Justicia por el exceso de trabajo que puede significar la cantidad de juicios pendientes", dijo. Las fuentes del Ministerio Público apuntaron que el cambio de criterio de ayer en cuanto a la sustitución de la pena de prisión por una multa es "excepcional" y se hizo para "no obstruir el proceso de negociación". La Fiscalía siempre pide cárcel en los casos por delito urbanístico en Marbella.








* Málaga Hoy - Esperanza Codina / Málaga - 18.01.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba


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Más de 200 expertos buscan en Almería un protocolo para gestionar la costa

IDEAL* : Más de 200 expertos de los 21 países de la cuenca y la Unión Europea debaten esta semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce junto a los ministros de Medio Ambiente de Albania, Croacia, Eslovenia, España, Israel, Italia, Montenegro y Túnez, así como los viceministros de Siria y Bosnia Herzegovina un modelo de gestión para las zonas costeras en la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mar Mediterráneo, conocido como Convenio de Barcelona.

El principal objetivo es analizar y recomendar la adopción de un nuevo Protocolo para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras Mediterráneas, presentar la que será conocida como 'Declaración de Almería', y mejorar y facilitar la transferencia de información sobre las actuaciones ya realizadas en el marco del convenio para, de este modo, incrementar su visibilidad.

El director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, pidió ayer a los representantes de los 21 países mediterráneos que participan en la cumbre que establezcan un "cambio radical" en el modelo de gestión del litoral.

Durante el acto de inauguración de la conferencia, que se celebra hasta el viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce con el objetivo de revertir los efectos del cambio climático en el Mediterráneo, el director general de Costas señaló que el "reto actual no consiste en hacer lo mismo pero mejor", sino en establecer un "cambio radical del modelo" de gestión en este mar.

España es el país anfitrión de esta reunión del Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), conocido como 'Convención de Barcelona', en la que los representantes reunidos persiguen la aprobación de un nuevo Protocolo de Gestión Integrada de la Zona Costera.

Este documento, que deberá ser ratificado por los 21 países miembros, tendrá un contenido vinculante y podría establecer, entre otras medidas, la obligación para todas las partes de preservar de edificaciones e infraestructuras los cien primeros metros de la línea de costas.

Desequilibrios

Fernández, máximo representante de España en esta conferencia de la ONU hasta la incorporación mañana de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó asimismo la "necesidad urgente" de poner en marcha medidas eficaces con las que corregir los "desequilibrios" en el litoral mediterráneo.

El agotamiento de "ciertos modelos insostenibles" que se han mantenido durante las últimas décadas, además de los cambios en el uso del suelo y de la acción del cambio climático, han propiciado una «alteración drástica» de los ecosistemas de algunas regiones mediterráneas, cuyo litoral, ha dicho, precisa de una gestión integrada por todos los países ribereños.

En este sentido, y ya en declaraciones a la prensa, el responsable ha indicado que el nuevo protocolo será un "instrumento potente" que fijará reglas comunes y de obligatorio cumplimiento para todos los países firmantes, con el fin de evitar "la fragmentación territorial, sectorial, administrativa y política" y afrontar los grandes retos de un mar "en donde muchas zonas costeras se están deteriorando progresivamente".

El Jefe de la División de Protección del Medio y de los Ecosistemas Marinos, Javier Cachón, explicó a Efe que la aprobación de este documento servirá para establecer un compromiso común de respeto a la línea de costas, una medida que España contempla en su legislación, pero sobre la que "no hay nada en algunos países del área mediterránea".

España como ejemplo

Cachón añadió que "España es un ejemplo de gestión del litoral", aunque ha matizado que su litoral no está a salvo de amenazas como el exacerbado desarrollo urbanístico, la sobreexplotación pesquera, los vertidos o los efectos del calentamiento global en un mar especialmente sensible, debido a su condición interior.

Esta semana los representantes reunidos en la conferencia abordarán, asimismo, la puesta en marcha de nuevos planes de acción para la protección de los arrecifes de coral y las tortugas marinas, además del estudio de las técnicas de captura y del secuestro de dióxido de carbono en estructuras geológicas submarinas del Mediterráneo.

El tramo ministerial del encuentro tendrá lugar durante la jornada de hoy bajo el lema 'Los retos del cambio climático en el Mediterráneo', al que se incorporarán los responsables de los departamentos de Medio Ambiente de los distintos países mediterráneos.








* Ideal Almería - 16.01.08 - M. J. M. (EFE)
Foto: Málaga, costa saturada - Arciniega, laopiniondemalaga.es




NOTICIA RELACIONADA: Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo - Ecologistas en Acción - 17 de enero : España se encuentra muy lejos de cumplir sus compromisos de protección del Mediterráneo. Ecologistas en Acción advierte que esta falta de seriedad y voluntad política de la administración en el cumplimiento de la normativa vigente está dejando muy mermados los ecosistemas y recursos naturales del mediterráneo...



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Murcia: "La batidora de la corrupción"

FERNANDO CUÑADO* : Los escándalos urbanísticos se suceden en la Región desde hace dos años. Los jueces y los políticos se mezclan en un cocktail que ha lanzado municipios como Totana o Los Alcázares a la actualidad nacional. La imagen de una furgoneta policial aparcada en las puertas de un ayuntamiento se está convirtiendo en habitual en la Región de Murcia. Alcaldes detenidos, funcionarios en los juzgados y empresarios se mezclan en una bola de nieve que empezó a rodar el día que se destapó la ‘Operación Malaya’.

Tras el escándalo en el Ayuntamiento de Marbella, la corrupción urbanística saltó al primer plano de la actualidad y la espectacular red que supuestamente ideó el cartagenero Juan Antonio Roca extendió sus tentáculos hasta el municipio de Los Alcázares, donde el presunto cerebro tenía importantes intereses inmobiliarias a través de cuatro sociedades dirigidas por testaferros de su confianza. Al hilo de esta mediática operación en la que también está implicado el promotor cartagenero Tomás Olivo, adornada con la ‘salsa rosa’ que aportan el ex alcalde Julián Muñoz y la cantante Isabel Pantoja, los escándalos urbanísticos han ido saltando en diferentes municipios de la Región.

Los ayuntamientos de Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana y Los Alcázares han sido testigos en menos de un año de cuatro intervenciones judiciales. Los dos primeros han seguido con las declaraciones en el Juzgado de San Javier de sus alcaldes, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, varios concejales, técnicos municipales y el empresario Facundo Armero, ex socio de la empresa Polaris World que para esclarecer supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. En su investigación, la Guardia Civil recurrió a pinchazos telefónicos antes de requisar numerosa documentación en los ayuntamientos. Este caso, ahora está en manos de la Policía Judicial y fuentes de la investigación apuntan a que en los próximos días podría haber novedades.

Tras el Campo de Cartagena, la acción judicial se trasladó en el mes de noviembre hacia el Guadalentín con el estreno de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los UCO desembarcaron en Totana durante la mañana del 26 de noviembre y registraron varios locales entre ellos la asesoría fiscal de la ex mujer del diputado regional y ex alcalde Juan Morales, expulsado del Grupo Parlamentario Popular. Se ponía en marcha la ‘Operación Tótem’, que hasta la fecha ofrece un balance de quince detenciones en Murcia, Galicia y Madrid de los cuales solo permanece en prisión el actual alcalde, José Martínez Andreo, que ha renunciado a su militancia en el Partido Popular pero que no ha dimitido de su cargo. Durante casi dos meses, la jueza Asunción Navarro con el fiscal José Luis Díaz Manzanera están tratando de esclarecer las oscuras ramificaciones de una supuesta trama de corrupción donde todos los indicios apuntan hacia el ex alcalde y diputado Juan Morales y que aún no ha pasado por los juzgados al escudarse en su condición de aforado. Ahora, con el caso ya en el Tribunal Superior de Justicia en apenas un mes será llamado a declarar y podrá arrojar algo de luz sobre los “supuestos maletines” por reclasificar terrenos en El Raiguero para la construcción de 4.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf.

También en el ojo del huracán se encuentra la tramitación urbanística del plan parcial de La Zerrichera en Águilas donde están imputados altos cargos del Gobierno regional y el alcalde Juan Ramírez. Este proyecto urbanístico desendecadenó en plena precampaña de las elecciones autonómicas una guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista utilizando la corrupción urbanística como una suculenta arma arrojadiza en casi todos los municipios de la Región, con el anuncio casi diario de querellas y apertura de diligencias.

Sobre la mesa hay otros casos como Lo Poyo, Novo Carthago, las obras de Puerto Mayor, la relación entre el ex Jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia y un despacho perteneciente a su familia o el convenio sobre el nuevo hospital del Mar Menor. La corrupción inherente al auge de la construcción también ha llegado a la Región en los últimos años provocando una mezcla explosiva de fiscales, jueces, políticos y empresarios que ha salpicado toda la geografía desde el Guadalentín al Mar Menor.






* El Faro de Murcia - 17 de Enero de 2008
Foto: Murcia, batidora de la corrupción - E.Nogales, elfarodecartagena.com


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El ex alcalde de Chiclana, imputado por un convenio que afecta a 600 viviendas

EUROPASUR/Cádiz* : El ex alcalde de Chiclana (Cádiz) y actual portavoz municipal del PSOE en la oposición, José María Román, deberá comparecer el próximo 24 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana como imputado en el denominado caso Coto San José. Junto a él han sido citados dos arquitectos municipales y también deberá personarse el actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón como testigo.

En noviembre de 2004, Román aceptó como libre de cargas una parcela sobre la que pesaban hasta seis embargos. En el documento en cuestión se afirmaba incluso que la aceptación se llevaba a cabo tras comprobar en el Registro que la misma estaba libre de cargas, pero entonces la inscripción de los embargos ya estaba realizada.

A raíz de esta aceptación, y como consecuencia de la vulneración del convenio urbanístico, Cortega (una de las empresas a las que judicialmente se le ha reconocido el derecho de embargo) inició un proceso judicial que ya ha deparado consecuencias. Varios cientos de viviendas ya terminadas, de las 600 previstas, no pueden recibir por el momento la licencia de primera ocupación de forma definitiva, ya que están condicionadas a un permiso que debe otorgar la Junta de Andalucía y que de momento es inviable.

La falta de permiso dificulta la la instalación de una torreta para el tendido eléctrico en la parcela embargada. Respecto al agua sucede prácticamente lo mismo, ya que Medio Ambiente también deberá autorizar su trazado por zona de servidumbre para que la licencia de primera ocupación pueda hacerse efectiva.

Al proceso judicial se sumó en 2006 el entonces edil de IU y actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, que presentó denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de malversación de caudales públicos por parte del entonces alcalde, José María Román. Dicha denuncia ante la Fiscalía es la que actualmente instruye el Juzgado número 2 de Chiclana. Cortega ya anunció a través de su letrado, José Antonio Gamero Albarrán, que citaría a declarar al anterior alcalde y dos técnicos en calidad de imputados, petición que ha sido aceptada.

Al Ayuntamiento se le presentan ahora una serie de problemas añadidos. Por una parte, la paralización en la entrega de las 600 viviendas que se encuentran terminadas o en su última fase de construcción en el Coto San José II A. También la paralización del planeamiento urbanístico de Coto San José II B, donde ni tan siquiera se ha podido aprobar aún el Plan Parcial.

En breve saldrá a subasta la parcela, lo que llevará al Ayuntamiento a perder su propiedad, a pesar de que la misma formaba parte de un convenio urbanístico que ya está en marcha. Para no perderla, el Ayuntamiento debería abonar un mínimo de 1,2 millones de euros, que es la cantidad a la que está dispuesto a pujar

José María Román tendrá que ser juzgado para conocer si es considerado culpable o no de lo que, hasta el momento, sólo es un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. En caso de ser declarado culpable, sería inhabilitado para todo cargo público por un periodo de tiempo a determinar.







* Europa Sur - D. Martínez / Cádiz - 17.01.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org


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La Justicia tumba una operación urbanística estrella de la ex alcaldesa de Las Palmas

LAPROVINCIA* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunalde Justicia de Canarias notificó ayer la sentencia que echa por tierra una de las operaciones urbanísticas estrella de José Manuel Soria y Pepa Luzardo en la capital grancanaria. La Sala obliga al Ayuntamiento a iniciar el expediente de reversión de los terrenos ubicados en la calle Pavía en los que una constructora pretendía ejecutar el gran proyecto del arquitecto César Pelli, que diseñó la edificación de una torre de corte singular en la zona cercana al Auditorio.

Se trata del solar que la anterior alcaldesa del PartidoPopular, Pepa Luzardo, permutó a los propietarios de El Confital para conseguir esos otros terrenos costeros para la ciudad, puesto que el Consistorio no disponía de dinero para poder pagarlos. Posteriormente, los propietarios de El Confital vendieron el solar de la calle Pavía a Evemarina, que encargó el espectacular proyecto urbanístico al arquitecto César Pelli.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, pero que cuenta con un voto particular de una de las magistradas de la Sala, estima el recurso interpuesto por los hermanos Reyes Fuentes, originarios propietarios de los terrenos, a los que se les expropió el solar por parte del Consistorio para destinarlo a espacio libre. Como en aquel entonces el Ayuntamiento tampoco se podía permitir el pago de ese solar (en 2003, cuando se permutó por El Confital, se valoró en 18 millones de euros, pero hoy podría costar el doble), se les entregó a cambio a los propietarios otro solar en La Minilla, pero el acuerdo dejó claro que se trataba de un expediente de expropiación y el solar de la calle Pavía tendría que ser destinado a espacio libre.

Sin embargo, con motivo del Plan General de 2000, el Ayuntamiento desiste del espacio libre y lo declara edificable con una altura de cinco plantas, que después se elevaron a ocho.

Ante eso, los hermanos Reyes Fuentes iniciaron ante el Consistorio en 2004 un expediente de reversión por incumplimiento del acuerdo de expropiación, que fue desestimado por Luzardo, por lo que se inició la demanda. En 2006, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas falló a favor del Ayuntamiento, pero ahora la Sala revoca esa sentencia y reconoce "el derecho de reversión ejercitado respecto al solar de la calle Pavía propiedad de los recurrentes", puesto que el Ayuntamiento ha incumplido el objeto de la expropiación inicial: dedicar los terrenos a espacio libre. Según afirma la sentencia del TSJC: "El destino que motivó la expropiación ya no era necesario y no se iba a ejecutar la previsión de equipamientos para disfrute de los vecinos del barrio, por lo que, desaparecido el interés público, procede la reversión del solar".







* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 17 de enero de 2008
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, solar calle Pavía - laprovincia.es


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La Policía desmonta una trama de corrupción que se lucró desde el ayuntamiento alcazareño

LAVERDAD/Murcia* : Aunque el nombre asignado a la operación policial mueve a la sonrisa -Ninette, por la obra de Miguel Mihura Ninette y un señor de Murcia-, los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales que ayer llegaron desde Madrid y se desplegaron por el municipio de Los Alcázares no venían con ganas de broma. Llevaban sobre los hombros un año y medio largo de ardua investigación y estaban deseosos de poner patas arriba el Ayuntamiento de Los Alcázares y, con ello, de reventar de una vez la trama de corrupción que tanto trabajo les había dado.

Uno tras otro, antes de acordonar las ostentosas dependencias municipales y de proceder a su registro, los especialistas de la Policía Nacional fueron localizando y deteniendo a los supuestos líderes de la red, el triunvirato sospechoso de haber dirigido durante años el Ayuntamiento como si fuese su finca: el ex alcalde y ex diputado socialista Juan Escudero, el recientemente jubilado secretario municipal, Diego Sánchez Gómez, y el antes arquitecto jefe y ahora responsable del control de las obras municipales, Mariano Ayuso Fernández.

Junto a este último fue arrestado su hermano y presunto cómplice, Juan Ignacio Ayuso, y dos conocidos empresarios de Santiago de la Ribera, Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier Garcerán García, beneficiarios de adjudicaciones de importantes obras públicas -entre otras, el edificio consistorial ayer registrado- y también supuestamente relacionados con la trama.

Las indagaciones policiales, dirigidas desde el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, con la estrecha participación de la Fiscalía de Murcia, tienen su origen en dos querellas presentadas por el PP local y en las revelaciones periodísticas que durante meses realizó La Verdad sobre esta red. Partiendo de esta base inicial, los especialistas de la Comisaría General de Policía Judicial han desarrollado una laboriosa investigación que, según fuentes próximas a la misma, habría logrado sacar a la luz el funcionamiento de la trama, los supuestos negocios ilícitos que habría cerrado y los millonarios bienes que habría acumulado en muy pocos pocos años.

Sociedades instrumentales

Los supuestos delitos que están siendo investigados irían así, según las mismas fuentes, desde el cohecho y la prevaricación a la malversación de bienes públicos, pasando por la falsedad documental y el blanqueo de capitales, entre otros.

En resumen, lo que se investiga es si el ex alcalde Escudero, el arquitecto municipal Mariano Ayuso y el durante años secretario Diego Sánchez planearon la constitución de varias sociedades instrumentales, a cuyo frente situaron a personas de su confianza, para ser receptoras de solares públicos y de terrenos que empresarios locales habrían entregado como forma de pago por la adjudicación de obras.

Tres de estas sociedades son Ilka Baley S.L., Dekema Bull S.L. y Dorma Golf S.L., que estaban administradas por Inmaculada Camacho Escudero, a la vez cuñada de Ayuso y prima segunda de Escudero. Estas tres firmas habrían acumulado en pocos años, entre el 2000 y el 2003, un importante patrimonio, consistente en parcelas públicas que le fueron adjudicadas directamente por el Ayuntamiento y valiosos solares procedentes de transacciones cerradas con empresarios de la comarca.

Sólo una de estas parcelas, de 7.473 metros cuadrados urbanizables, situada en el Plan Parcial Torre del Rame -el proyecto urbanístico estrella de la localidad-, tendría un valor cercano a los tres millones de euros (500 millones de pesetas).

La redada policial causó ayer una gran conmoción en la localidad de Los Alcázares y decenas de vecinos se congregaron durante toda la jornada frente al Ayuntamiento, con el fin de seguir las evoluciones del registro realizado por los policías judiciales. Los agentes, con quienes colaboró la actual alcaldesa Encarnación Gil, se interesaron por documentación escrita y digital de varios expedientes urbanísticos y requirieron los discos duros de diversos ordenadores.

Asimismo, otros funcionarios, divididos en grupos perfectamente organizados, emplearon muchas horas en registrar todas las viviendas y locales de los seis detenidos. Éstos fueron luego trasladados a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena, donde serán interrogados y permanecerán detenidos durante al menos dos días.

Con la redada policial, muchos asuntos de los que ocurrían en Los Alcázares comienzan a estar más claros. Queda, sin embargo, un misterio por resolver: si ya está claro que el señor de Murcia al que se referían los policías madrileños era Juan Escudero. ¿Quién es Ninette? ¿Será su lejana prima Inmaculada? Eso queda para más adelante.







* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 17 enero 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía Ayuntamiento - laverdad.es



NOTICIA RELACIONADA: Sospechas sobre cuatro operaciones de empresarios con miembros de la trama - LA VERDAD - 17.01.08


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La oferta de pisos sin comprador puede superar el millón a lo largo de este año

EUROPAPRESS* : El mercado inmobiliario continúa estancándose, de forma que aumenta el número total de viviendas pendientes de venta en manos de los promotores. El Instituto de Práctica Empresarial, asegura que en el primer trimestre el parque de estas viviendas alcanzará el medio millón y el doble a partir de marzo, como consecuencia de la caída en el ritmo de las ventas de un 50%.

Sin embargo, el problema de estas viviendas sin comprador no es la falta de demanda, que "quiere pero no puede" acceder a una, por lo que necesita mejoras en las condiciones de financiación y que no se consoliden los actuales niveles de paro, que llevan varios meses superando la barrera de los dos millones de desempleados.

A pesar de que la subida de los precios de la vivienda mantiene una senda de desaceleración, los problemas de financiación continúan dificultando el acceso de los ciudadanos a una vivienda, lo que se traduce en el considerable aumento de las que permanecen pendientes de venta. Así, la cifra de estas viviendas aumenta en gran medida según aseguró hoy el IPE durante la presentación de un informe de tendencia de precios del mercado inmobiliario en 2008.

Allí, el director del área de investigación del IPE, José Antonio Pérez, aventuró que durante el primer trimestre del año, los inmuebles, tanto nuevos como de segunda mano, sin comprador serán 500.000, cifra que se incrementará hasta el millón a partir del mes de marzo. Estas cifras revelan una caída del ritmo de ventas del 50%, ya que supone aproximadamente la mitad de las más de 1,8 millones transaccionadas a lo largo del año 2007 y que ya supusieron una caída del 5,1% respecto a 2006.

Pero estos datos no implican, ni mucho menos, una falta de demanda de inmuebles, sino todo lo contrario. Según explicó Pérez, "la demanda latente está ahí", esperando para poder lanzarse a la compra de una casa, tal y como demuestran las abarrotadas listas de espera para la obtención de una vivienda de protección. Por ello, aseguró que lo necesario es mejorar las condiciones de financiación para abrir las puertas de una nueva casa a toda esa demanda que "quiere y no puede" adquirir una.

Por ello, el IPE considera que este excedente de viviendas vacías podría ser absorbido de materializarse estas mejoras y siempre y cuando no se consolide la tasa de paro, que en los últimos meses ha superado los dos millones de desempleados. Al mismo tiempo, los agentes de venta, aconsejan desde IPE, deberán incrementar sus líneas de marketing financiero para permitir el acceso a la demanda potencial de viviendas, ya que las rebajas en el mercado de la vivienda no harán más que crear una expectativa de futuras caídas mayores.

DESACELERACIÓN DE PRECIOS

"El mercado inmobiliario está marcando un momento de estabilidad en sus precios", por lo que "para quien pueda comprar", es buen momento para hacerlo. Pérez se refería así a la evolución que seguirá el mercado, de forma que prevé un incremento del precio de la vivienda del 1,92% en 2008, cifra que se traduciría en una caída real de precios al situarse por debajo de los niveles esperados de IPC para este año. De hecho, en IPE constatan ya descensos en los precios de la vivienda de segunda mano.

Además, por si esto fuera poco para la construcción, no sólo verán reducidos sus beneficios a lo largo del año, sino que los costes de construcción se verán incrementados más de cuatro veces por encima de los precios de venta. Por otra parte, debido a la necesidad de los promotores de vender sus viviendas, el precio del suelo podría descender un 5,33%, según las previsiones de IPE.

Estos datos no contribuyen a mejorar la situación que hoy día vive el sector de la construcción, ya que debido a los efectos de la crisis 'subprime' se prevén la pérdida de multitud de puestos de trabajo derivada de la desaceleración del sector. En este sentido, desde IPE consideran que es "demasiado tarde" para intentar remediarlo y proponen que una buena solución habría sido poner "20.000 millones de euros en inversión directa en proyectos adicionales en 2007" para evitar los problemas de trasvase de un sector a otro de aquellos trabajadores afectados por la crisis.







* Europa Press - MADRID, 17 Ene. 2008
Foto: Viviendas, obras - europapress.es


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Corrupción inmobiliaria en España



YOUTUBE - sanjorge1788 - January 11, 2008
http://www.youtube.com/watch?v=Gnzsw_M70Z0



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Ecologistas Extremadura denuncia construcciones ilegales en Jarandilla de la Vera

KAOSENLARED/Cáceres* : “La campaña de esta organización contra el urbanismo ilegal para poner fin a la pasividad de las administraciones públicas, continúa. A las denuncias de Orellana de la Sierra, Puebla de Alcocer, Navalvillar de Pela y Guijo de Santa Bárbara se suman ahora las de Jarandilla de la Vera.” Jarandilla es una de las localidades más importantes de la Comarca de la Vera.

Esta zona se caracteriza por la abundancia de precipitaciones las cuales, unidas a unas temperaturas suaves, favorecen el desarrollo de bosques de castaños y robles de gran riqueza medioambiental. La mayor parte de esta comarca está incluida en el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la “Sierra de Gredos y Valle del Jerte ES4320038”, encontrándose en él hábitats de gran valor natural protegidos por la directiva Hábitats 92/43/CE, que conforma la red de espacios naturales protegidos Natura 2000.

Su emplazamiento, a tan sólo una hora de Plasencia, hora y media de Cáceres y poco más de dos horas de Madrid, ha favorecido que se haya convertido en una de las zonas en las que el urbanismo ilegal tiene mayor incidencia, con graves repercusiones sobre las zonas protegidas.

Ecologistas Extremadura ha denunciado en esta ocasión un total de o­nce construcciones realizadas en zonas de Especial Protección por Afección de Márgenes de Zonas Húmedas, Cauces y Embalses y en zonas de Especial Protección por su Interés Ecológico. Según la organización ecologista, el número de construcciones ilegales en Jarandilla de la Vera es muy elevado, y podría alcanzar el centenar, por lo que próximamente habrá más denuncias, aunque esperan que las administraciones tomen las medidas a las que están obligadas por ley para frenar esta situación.

Ecologistas Extremadura denuncia que dichas construcciones se han realizado en un clima de absoluta impunidad, amparadas por la pasividad de las corporaciones municipales y del resto de las administraciones. Desde esta organización se recuerda a los responsables municipales su obligación de impedir estas actuaciones ilegales, la de dar curso a las denuncias interpuestas por los agentes de la autoridad o por ciudadanos, así como adoptar las medidas sancionadoras y disciplinarias pertinentes en el ejercicio de sus competencias, puesto que de lo contrario incurrirían en el supuesto tipificado en el artículo 408 del código penal como “omisión del deber de perseguir delitos”.

Para esta organización resulta sumamente llamativo el hecho de que, ocupando los casos de delitos y escándalos urbanísticos un lugar predominante en el panorama informativo nacional -y siendo consciente el conjunto de la sociedad española de las nefastas repercusiones medioambientales de estas actuaciones así como de la necesidad de perseguir y castigar a los infractores-, exista una evidente permisividad de las administraciones hacia las actuaciones individuales en el medio rural. A juicio de los ecologistas, dicha permisividad dimana de varios factores, entre los que destacan el beneficio económico inmediato que los propietarios de estos terrenos perciben y por el ahorro en los costes de las construcciones ilegales, que no requieren el pago de ningún tipo de impuesto o licencia. Recuerdan que estas construcciones más tarde repercuten negativamente sobre el resto de ciudadanos que sí respetan la ley, los cuales ven cómo se deteriora el medio ambiente e incluso -lo que resulta más indignante- se gasta dinero público en urbanizar a posteriori estas zonas, en limpiar la suciedad y las escombreras derivadas, en apagar los incendios producidos en el entorno, depurar los vertidos contaminantes de estos chalets -como es el caso del controvertido colector del Valle del Jerte-, realizar obras de suministro energético, agua o vías de acceso a estas zonas,…

Para Ecologistas Extremadura la situación actual es más que preocupante, ya que en muchas zonas existen auténticas concentraciones de chalets en zonas no urbanizables que salpican muchos de nuestros más bellos paisajes, los inundan de ruidos, de basura, de caminos, de alambradas, árboles cortados y aguas contaminadas.

La construcción ilegal está tipificada como delito en el artículo 319 del código penal, el cual prescribe penas de prisión e inhabilitación para promotores, constructores y técnicos directores, y asimismo la demolición de lo construido. Además, existen sanciones administrativas de diferente cuantía y que en Extremadura, para construcciones en espacios protegidos, oscilan entre los 150.000 y los 600.000 euros.

Ecologistas Extremadura considera que la conservación de los paisajes y de los valores y recursos naturales está muy por encima de los intereses económicos inmediatos de los especuladores, por lo que tomarán todas las medidas legales necesarias para garantizar que estos delitos urbanísticos sean sancionados, haciendo especial hincapié en la necesidad de la ‘reparación del daño’ tal y como marca la ley, que supone necesariamente la demolición de las edificaciones ilegales.


Enlaces relacionados sobre urbanismo en medio rural de Extremadura:

Construcciones ilegales en espacios naturales protegidos incluidos en la red Natura 2000 del Guijo de Santa Bárbara:
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2007/08/comunicado-construcciones-ilegales-en.html

Denuncian urbanismo incontrolado en los espacios naturales protegidos extremeños
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2007/07/comunicado-denuncian-urbanismo.html

Especulación urbanística y ciudades mixtas
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2006/12/especulacin-urbanstica-y-ciudades.html

Oposición al macroproyecto turístico inmobiliario en Valdecañas
http://ecologistascaceres.blogspot.com/2006/02/oposicin-al-macroproyecto-turstico.html

Especulación asociada a los campos de Golf
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2006/06/especulacin-asociada-los-campos-de-golf.html

Recurrido el archivo de la causa por delito ecológico en los Llanos de Cáceres
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2004/11/recurrido-el-archivo-de-la-causa-por.html

Especulación urbanística en Espacios Naturales
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2004/04/especulacin-urbanstica-en-espacios.html


Ecologistas Extremadura
http://www.ecologistasextremadura.org/






* Kaos en la Red - 16.01.2008
Foto: Jarandilla de la Vera (Cáceres), construcciones dispersas - ecologistasextremadura.blogspot.com



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Ávila: Los miembros de la Comisión de Urbanismo 'desconocían' los informes de la Ciudad del Golf

ÁVILADIGITAL* : Varios de los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo votaron a favor de la Ciudad del Golf "sin leer el expediente" y sin conocer que había informes medioambientales contrarios. Así lo aseguró el portavoz de Centaurea, Carlos Bravo, después de las declaraciones de tres de los 19 imputados por el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf.

Se trata del ex jefe del Servicio Territorial de Cultura, José Cubillo; Tertulino Fernández González, entonces miembro de la Comisión de Urbanismo en representación de la Administración del Estado; y José Crespo, que representaba al área de Fomento.

Las declaraciones por el caso de la Ciudad del Golf continuaron este martes con la comparecencia de varios de los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo que dieron el visto bueno a la recalificación como suelo urbano de un Área Crítica para la cigüeña negra, en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), y que han sido citados como imputados.

Todos ellos aseguraron ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez Moreno, que no recordaban lo que se trató en las sesiones de la Comisión Territorial de Urbanismo en la que se aprobaron los expedientes de la Ciudad del Golf, salvo José Crespo, quien manifestó que “en esas reuniones no se había informado nunca de que hubiera habido informes desfavorables de Medio Ambiente, y ni siquiera que esa zona fuera ZEPA o LIC”.

Según Carlos Bravo, sus declaraciones demuestran que “votaron sin leer los expedientes”, a pesar de que formaban parte de un órgano colegiado en el que “los funcionarios públicos tienen la obligación de emitir su voto tras estudiar el expediente para emitir su voto de forma responsable”.

Dice en este sentido que “votaron lo que allí surgía de la reunión y es decepcionante que reconozcan estos hechos, que hayan tomado decisiones sin haber visto los expedientes”.






* Ávila Digital - María Cuenca - 16 DE Enero 2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com



NOTICIA RELACIONADA: El fiscal dice que el caso Las Navas “está claro” y espera que llegue a juicio - Ávila Digital - María Cuenca - 16 DE Enero 2008


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Juzgan al ex alcalde de Torredonjimeno por el derribo de la antigua estación de Renfe

TERRA/Jaén* : La sección tercera de la Audiencia Provincial de Jaén celebra hoy el juicio contra el ex alcalde de la localidad jiennense de Torredonjimeno y actual secretario provincial del PSA de Jaén, Javier Checa, por el derribo de la antigua estación de Renfe de este municipio.

Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el ministerio fiscal solicita en su escrito de acusación que Checa sea condenado a cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental en concepto de inductor así como ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El ministerio público relata en su escrito que el acusado ordenó el 28 de abril de 2004 la demolición del edificio de viajeros de la estación de ferrocarril de Torredonjimeno, si bien 'no procedió a incoar a tal fin procedimiento administrativo alguno que justificase la necesidad o conveniencia para el interés público de efectuar la indicada demolición'.
De igual modo, expone que tampoco declaró 'previamente' la ruina de ese edificio y que no puso en conocimiento de los titulares del inmueble el acto administrativo de la orden de demolición, de tal manera que estos no tuvieron opción de 'hacer valer sus derechos en orden a la conservación' del edificio.
Asimismo, recoge que el también acusado Francisco B.M., aprovechando su condición de arquitecto técnico municipal, elaboró un informe 'mendaz'-- que ni siquiera está registrado en el Ayuntamiento, según apostilla-- en el que argumentaba que había visitado ese edificio y constatado su deterioro físico además de su estadio de ruina y peligro.
No obstante, el fiscal alega que ese informe fue realizado con posterioridad al derrumbe y que la única finalidad de su elaboración fue 'proporcionar amparo fáctico y jurídico a la conducta de Javier Checa' ya que además el informe recoge unas circunstancias sobre el estado del edificio que no se corresponden a la realidad y añade que incluso este acusado no visitó ese inmueble.
Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita que Checa sea condenado por un delito de prevaricación a la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental en concepto de inductor, por el que también le solicita el pago de una multa de 3.240 euros.
Con respecto al otro acusado, el fiscal pide que se le impongan cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental y que abone una multa de 3.240 euros.

En concepto de responsabilidad civil, recoge que los acusados deben indemnizar a los titulares del edificio derruido, en este caso Renfe, en la cantidad que resulte al valorar los trabajos necesarios para la restauración del edificio al estado anterior a su demolición e incluye al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.







* Terra Actualidad - Europa Press - 14 Ene 2008
Foto: Torredonjimeno (Jaén), ayuntamiento - prodecan.es


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La piqueta llega a la costa norte de Gran Canaria

LAPROVINCIA* : El paisaje de la costa norte de Gran Canaria se ha ido pincelando en los últimos 30 años a golpe de edificaciones ilegales, muchas de ellas construidas en las mismas rocas y en parajes de difícil acceso. Sin embargo, esta situación tiene sus días contados, ya que la Demarcación de Costas de Canarias está acometiendo una campaña de limpieza profunda de edificaciones ilegales en el litoral norteño para recuperar una zona costera deteriorada por la acción del hombre. Ayer Costas ejecutó el expediente de demolición de una vivienda ilegal ubicada en la zona de El Sobradillo, en el municipio de Gáldar.

La edificación, dos viviendas conectadas entre sí, con dos plantas de unos 70 metros cada una y sótano, estaba construida sobre las mismas rocas de esa zona del litoral galdense, lo que dificultó los trabajos de demolición, ya que lo agreste de la orografía impidió la utilización de maquinaria pesada.
Si difíciles han sido los trabajos de demolición, no menos tuvieron que serlo los de la edificación, sobre todo el transporte de materiales utilizados para construir esta casa, casi en medio del mar, con piscinas naturales de las que disfrutar del verano y un paisaje que quita el hipo por su hermosura.

La vivienda, utilizada por sus propietarios como residencia de verano, está levantada sobre suelo de dominio público marítimo terrestre, ya que la misma fue construida unos metros por delante de las balizas que delimitan el suelo público.
Al ser una residencia para la época vacacional, no se tuvo que recurrir al desalojo de sus propietarios, ya que estaba desocupada en el momento de comenzar las tareas de derribo.

MÁS DERRIBOS. El derribo de edificaciones ilegales que está acometiendo la Demarcación de Costas en el litoral de la comarca norte no se suscribe solamente al derribo de viviendas o casetas levantadas sobre suelo de dominio público.
Desde Costas se informa de que también se están acometiendo trabajos de eliminación de caminos artificiales que han sido construidos por vecinos para facilitar el acceso a parajes vírgenes de la zona costera, en los que abundan las piscinas naturales.

Así, los caminos de hormigón e incluso de madera están siendo eliminados para devolver a la zona su paisaje natural. Al tiempo que se acomete la eliminación de estos caminos artificiales, Costas espera por la tramitación de varios expedientes más de demolición de viviendas ilegales en otras zonas del litoral del norte como el barranco de La Ballena, con lo que queda claro que no estamos ante una actuación puntual, sino que la recuperación de la costa del norte va en serio. Tanto que para agilizar los trámites se están localizando las edificaciones que en la actualidad estén abandonadas o deshabitadas para proceder con menos problemas a su demolición.

Hasta este momento, los norteños han tenido carta blanca a la hora de apropiarse de unos espacios que son de todos, pero parece que esta situación por fin se ha acabado, y que quienes no hayan construido conforme a la legalidad vigente tendrán que pasar por el amargo trago de ver cómo las viviendas en las que han pasado las tardes familiares de verano, los apacibles días de pesca y diversión de las vacaciones son demolidas sin piedad ni vacilación, ya que la ley, después de muchos años, ha llegado a la costa norteña.






* La Provincia - MARÍA JOSEFA MONZÓN - GÁLDAR - 16 de enero de 2008
Foto: Gáldar (Gran Canaria), derribo en El Sobradillo - canarias7.es




NOTICIA RELACIONADA: Costas derriba la primera vivienda en Los Molinos ante la impotencia de los vecinos majoreros - LA PROVINCIA, 16 de enero de 2008


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Barcelona: La plataforma contra el túnel del AVE pide la dimisión de Hereu

ELPERIÓDICO* : La plataforma de Defensa del Patrimonio de Catalunya, que engloba a varias asociaciones contrarias al actual trazado del túnel del AVE por Barcelona, ha pedido hoy la dimisión del alcalde de la capital catalana, Jordi Hereu, por su respaldo a este proyecto, sobre el que reclaman además una consulta popular.

Miembros de la plataforma han entregado hoy en el Palau de la Generalitat una carta dirigida al presidente del Govern, José Montilla, donde le piden una reunión para exponerle su rechazo a esta obra, que se prevé se licite esta semana, a la vez que han hecho entrega en el registro de dos baúles que contenían las fotocopias de los "centenares de miles" de firmas que han recogido contra este trazado, que discurre junto a la Sagrada Familia.

"Cientos de miles de firmas"

Pere Vallejo, portavoz de la asociación AVE por el Litoral, una de las entidades que se oponen con más ahínco a este túnel que deberá conectar las estaciones de Sants y Sagrera, ha explicado que la entrega de las firmas "se ha precipitado" ante la inminencia de la adjudicación, por lo que la plataforma no tenía cuantificado su número, algo que deberán certificar ante un notario.

La plataforma quiere entregar los originales de las firmas "en mano" al presidente del Govern, a quien reclaman también una mayor implicación por el rechazo que genera esta proyecto. "Son cientos de miles de firmas de personas que no quieren que el AVE pase ni junto a la Sagrada Família, ni ante la Pedrera ni por delante de cerca de 1.000 edificios de viviendas, y que sirven para decirle también a Hereu que cumpla el acuerdo del pleno del 20 de julio, contrario a este túnel", ha añadido Vallejo.

La segunda batalla

El portavoz de AVE por el Litoral ve "más prudente" la postura que hasta el momento había mantenido el Gobierno, de no adjudicar este tramo hasta pasado el día 9 de marzo, que la del propio alcalde, al que acusa de no respetar el "juego democrático", y sobre todo teniendo en cuenta que hay dos recursos pendiente ante la Audiencia Nacional contra el túnel.

Vallejo ha señalado que aunque se adjudique la obra, como reclama el equipo de gobierno municipal, la Audiencia podría ordenar una "parada cautelar", lo que conllevaría un coste económico muy elevado "por el simple capricho de un mandatario". Además, ha advertido a la empresa adjudicataria de que "no se imagina los problemas con los que se va a encontrar, porque los ciudadanos nos opondremos al túnel ahora y siempre, la historia no se acabará cuando comiencen las obras, y el día que se adjudique será el inicio de la segunda batalla que estamos teniendo".

85% de barceloneses en contra

Sobre la consulta popular, el portavoz del AVE por el Litoral, ha recalcado que es un instrumento legal de participación que puede plantear "cualquier ciudadano" si viene respaldada por 2.000 firmas.

"Si el Ayuntamiento no la hace, lo haremos nosotros porque tenemos derecho, y además lo avalan las encuestas que se han hecho en medios de comunicación, que demuestran que hay más de un 85% de barceloneses en contra del trazado actual", ha subrayado Vallejo, que ha recalcado que el futuro de la estación de la Sagrera no está vinculado a la construcción del túnel.







* El Periódico - EFE - 15/1/2008
Foto: Barcelona, obras AVE - EFE


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El Decreto del golf fomentará la especulación y la corrupción urbanística

ECOLOGISTASENACCIÓN/Andalucía* : El proyecto de Decreto sobre el golf elaborado por la Junta de Andalucía no es más que una nueva cesión a las presiones de los especuladores urbanísticos, y un inadmisible incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que se opone a que los campos de golf sean meras excusas para las recalificaciones de terrenos y las promociones inmobiliarias. Este Decreto propiciará el que siga campeando en Andalucía una política urbanística que ha desencadenado todo tipo de ilegalidades, impactos ambientales y corrupción.

La Junta de Andalucía parece haber tirado la toalla en la lucha contra la especulación urbanística que está asolando nuestro territorio. La situación creada es claramente insostenible desde los puntos de vista ambiental, territorial, económico, político y social. La Administración Autonómica, en vez de poner coto a tal desmadre, lo propicia con normas como este Decreto. Los campos de golf y sus urbanizaciones anexas representan el peor modelo de ocupación del territorio, el que más suelo, agua y recursos naturales consume. El Informe de Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) de 2006, auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha dejado en evidencia que el ritmo de ocupación del suelo triplica el del crecimiento de la población en Andalucía; ya hay provincias que tienen más de la mitad de la primera línea de costa construida.

Este Decreto incumple normas como el POTA, y las reiteradas promesas del Presidente de la Junta de no permitir que los campos de golf se utilicen para recalificar suelos y construir promociones inmobiliarias. De nuevo, las presiones de las constructoras han vencido al interés general que deben defender los poderes públicos. Las condiciones que se incluyen en el Decreto para “permitir” promociones inmobiliarias son ridículas y no sólo no minimizarán el impacto territorial y ambiental de los campos de golf, sino que los aumentarán, ya que obligará a recalificar grandes extensiones de suelo, pues a las 70 has. mínimas del campo de golf hay que añadir los suelos correspondientes a la zona residencial, hotelera y comercial, por lo que cada campo de golf conllevará la recalificación de más de 100 has de suelo; en muchos casos una superficie superiora la las propias poblaciones existentes.

Con este Decreto la Junta demuestra un desprecio absoluto a las normas legales y al Parlamento. El POTA -aprobado tanto por el Parlamento andaluz como por Consejo de Gobierno de la Junta hace poco más de un año- propugna un modelo territorial basado en la ciudad compacta mediterránea, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales como el suelo, el agua o la energía. Establece como objetivo el romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados.

Evidentemente, con estas grandes recalificaciones es imposible cumplir la norma que prohíbe incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano. También se infringen las normas que prescriben que hay que dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes, y contemplar las instalaciones turísticas destinadas al ocio y deporte (campos de golf, parques temáticos…) desde su propio valor y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas. Los empresarios aducen que los campos de golf no son rentables y que hay que “valorizarlos” con el complemento residencial, entonces ¿por qué se van a seguir promoviendo y construyendo?

El hecho de que la aprobación de campos de golf con desarrollos urbanísticos dependa de una comisión política, y que no exista ningún baremo objetivo para evaluar el número de viviendas que se incluirá en cada proyecto, propiciará la más absoluta discrecionalidad y potenciará la corrupción urbanística.

En cuanto al uso del agua, el Decreto no establece la obligatoriedad de regar con aguas depuradas ni prohíbe taxativamente el uso de agua potable. En la más flagrante ambigüedad sólo introduce la obligatoriedad de disponer de estaciones meteorológicas y balsas de 100.000 m3, con lo que además de no solucionar los problemas de riego irregular que se dan en buena parte de los campos de golf de Andalucía seguirá fomentando los pinchazos ilegales a los acuíferos y las tomas fraudulentas a la red general.

La propia Consejería de Turismo reconoce en el estudio sobre la demanda de golf en Andalucía que en 2005 Andalucía recibió sólo 364.000 turistas que declararon el golf como el objetivo de su viaje, lo que supone un 1,5% del total, muchos menos de los que vienen atraídos por nuestro patrimonio cultural o por los espacios naturales. Para ese 1,5% de turistas se quiere condicionar todo el desarrollo urbanístico e hipotecar nuestro futuro con un desmesurado consumo de suelo y agua.

La Consejería de Turismo nos ha remitido este proyecto de Decreto para que presentemos nuestras alegaciones. Ecologistas en Acción presentará una alegación a la totalidad por entender que este Decreto sólo propiciará más especulación, más corrupción y mantener un nivel insostenible de destrucción de nuestro territorio, de nuestro paisaje, y de recursos escasos como el agua.









* Ecologistas en Acción de Andalucía - 14 de enero 2008
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org



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Detenidos el ex alcalde de Los Alcázares y otras cinco personas por el 'caso Malaya'

EFE/Murcia* : La Policía ha realizado seis detenciones en relación con el registro que está practicando desde primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), entre ellas, la del ex alcalde Juan Escudero, según informaron fuentes de la investigación. El registro y las detenciones se han producido, según las mismas fuentes, en el marco de una pieza separada abierta en el sumario del caso Malaya.

El registro en el Ayuntamiento ha comenzado pasadas las 10 de la mañana y su actuación se ha centrado en "pedir expedientes y discos duros de ordenadores", según ha dicho a Efe un funcionario de ese municipio.

La alcaldesa de Los Alcázares, Encarnación Gil Castejón, del PSOE, que accedió al cargo en las pasadas elecciones del mes de marzo, está facilitando el trabajo a los agentes, según ha indicado el funcionario.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha sido escenario durante la anterior legislatura de diversas actuaciones judiciales que llevaron al entonces alcalde, el socialista Juan Escudero, a dimitir en septiembre de 2006. Escudero dimitió alegando motivos personales cuando se hicieron públicas las actividades económicas del asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, en ese municipio del Mar Menor.

Su sucesor, Antonio Martínez Meca, renunció a presentarse en las elecciones de marzo después de expresar en un pleno extraordinario que nunca había sido amigo, ni había hablado ni trabajado para Juan Antonio Roca.

Un portavoz del ayuntamiento informó de que cuatro furgones policiales llegaron pasadas las 10 de la mañana a la plaza consistorial para comenzar las actuaciones, que desarrollan efectivos de la policía judicial. El registro se efectúa en las plantas segunda y tercera del ayuntamiento, donde se encuentran los servicios de urbanismo, industria, personal y vía pública, entre otros.

Los vecinos siguen con expectación el registro del Ayuntamiento

Varias decenas de vecinos del municipio costero siguen desde primeras horas de la mañana el desarrollo del registro que está llevando a cabo la Policía Nacional en el Ayuntamiento. Frente a la decena de agentes que custodian la entrada principal del consistorio, numerosos curiosos, en corrillos, aguardan el fin del registro y muchos coinciden en lamentar que este municipio sea noticia "por culpa de los políticos".

Entre las personas que se encuentran frente al consistorio está el portavoz del grupo municipal del PP, Aniceto Bastida, que en declaraciones a EFE dijo que "lo penoso de esta situación es que el nombre de Los Alcázares aparezca en los medios por presuntas irregularidades en la gestión municipal".

Bastida indicó que no sabía el motivo del registro, aunque apuntó que puede deberse a las denuncias que presentó en su momento el PP ante un juzgado de San Javier por presuntas irregularidades en la adjudicación de parcelas municipales.







* El Mundo - EFE - 16/01/2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - elsemanaldigital.com


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Una casita de cartón para Chacón

ELMUNDO/Madrid* : La Asamblea 'V de Vivienda' entregará el próximo miércoles a la ministra de Vivienda, Carme Chacón -embarazada de tres meses-, una "casita de cartón (...) acorde con las dimensiones" de "su futuro retoño", en denuncia por "la catastrófica situación del derecho a techo en España" y "la inevitable escalada del precio de los alquileres". Según informa la Asamblea, varios activistas de la Asamblea acudirán al Ministerio de Vivienda, sobre las 19horas, para dejar en la recepción este singular 'regalo'.

En palabras de la organización, "mientras que para cualquier bebé una casita acorde con sus dimensiones es otro juguete más, para muchos adultos este tipo de casitas es lo único a lo que pueden aspirar".

"Este regalo para el niño de Chacón es también una respuesta al tono electoralista y demagógico de su madre, que hace meses anunció públicamente su embarazo para después ponerse a sí misma como ejemplo del éxito de las políticas de conciliación y de igualdad del Gobierno socialista", afirmó V de Vivienda.

Además, la organización ciudadana espetó a la ministra de Vivienda que "si cree que su situación se puede extrapolar a la de la mujer española trabajadora media, o bien es de otro planeta (...) o simplemente es una maestra del populismo".

Además, V de Vivienda sostiene que las ayudas de 210 euros para el alquiler, que contempla la Renta Básica de Emancipación impulsada por Chacón, provocarán una subida del 10% en el precio de los alquileres por la mayor liquidez de la demanda.

Por ello, la organización volvió a pedir "un parque totalmente público de viviendas en alquiler a precios asequibles", para lo que consideró necesario dar un uso social a las viviendas vacías.

Asamblea estatal a primeros de febrero

En el acto de entrega se darán también a conocer los detalles de la asamblea estatal de organizaciones por el derecho a una vivienda digna que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de febrero, para analizar la situación actual de este movimiento, anunciar la nueva manifestación prevista para el 1 de marzo, y configurar un programa de reivindicaciones de V de Vivienda a nivel nacional.







* El Mundo - EUROPA PRESS - 14/01/2008
Foto: Casa_cartón - periodistadigital.com



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Javier Arteche, socio de la Kutxa y miembro de la 'trama vasca', es imputado en el 'Caso Malaya'

ELCONFIDENCIAL* : Socio de la Kutxa en Murcia y de Montserrat Corulla en Madrid, pero sobre todo, amigo personal del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. Todo eso y mucho más ha sido Francisco Javier Arteche Tarascón, uno de los integrantes de la denominada trama vasca de Marbella, que ha sido imputado por fin en el Caso Malaya. Su juez instructor Óscar Pérez le ha incluido en una pieza separada del caso que investiga las operaciones urbanísticas correspondientes a las parcelas Ave María y Francisco Norte.

Arteche es un viejo conocido de los lectores de El Confidencial. Empresario de origen guipuzcoano, ha operado activamente en la Costa del Sol, Murcia, Espartinas (provincia de Sevilla) y Madrid. Tejió, junto a sus socios Luis María Maya Galárraga y Agustín Aguirre Iguíniz una colosal telaraña de empresas especializadas en la recalificación de terrenos, entre las que destacan Yeregui, Obarinsa, Proinsa, Lubide o Inversan.

A las actuaciones de la trama vasca debemos obras como los polémicos proyecto urbanísticos de Lo Poyo y La Zerrichera, en Murcia, promovidos junto a la Kutxa; el Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí; la compra de cuadros millonarios; o las sospechosas operaciones en edificios emblemáticos en Madrid utilizando a la presunta testaferro de Roca, Montserrat Corulla, como fachada. Sus tentáculos han llegado incluso hasta la Hacienda de Guipúzcoa.

Precisamente, el propio Juan Antonio Roca reconoció en enero del 2007 ante la instructora de las diligencias de la fiscalía anticorrupción, Carmen Rodríguez Medel, que mantenía una relación de “amistad” con Arteche, que le dejó un piso durante dos años “a cambio de nada” en el número 54 de la madrileña calle Goya.

"Indicios de fraude"

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la operación Ave María, además de a Arteche, a Roca, al ex alcalde Julián Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el Caso Malaya-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

El magistrado señala que en la operación Ave María el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en Ave María, así como casi 900 en Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros. Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de Ave María a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros. El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.

Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos". El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.

Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".

Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".








* El Confidencial - Fátima Martín.- 15/01/2008
Foto: Murcia - kutxa - google.es



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