ELCONFIDENCIAL* : La crisis inmobiliaria y crediticia ya está golpeando con fuerza a España. Y donde se va a sentir con mayor crudeza es en la costa mediterránea -Andalucía, Murcia y, en menor medida, la Comunidad Valenciana-, según un mapa caliente de la crisis que ha elaborado Citigroup. Por eso, las entidades financieras con mayor riesgo son las que tienen mayor exposición a estas zonas, en especial las cajas de ahorros regionales. Algo que preocupa mucho al Banco de España, que va a lanzar inspecciones masivas referidas al riesgo inmobiliario y al Gobierno, que pretende evitar la quiebra de alguna gran inmobiliaria.
En un detallado estudio titulado gráficamente The Pain in Spain (El dolor en España), Citigroup identifica a siete cajas como las más vulnerables en el entorno actual: todas las andaluzas -San Fernando, Granada, Cajasur, Cajasol, Unicaja y Jaén- más Caja Murcia. Dentro de los bancos, el que peor lo tiene es el Banco de Valencia y, dentro de los grandes, el Popular, a juicio de este análisis.
A su juicio, todo el sistema financiero español tiene una exposición parecida al mercado inmobiliario y a los créditos hipotecarios. Por eso, considera que el factor diferencial es su presencia geográfica. Así, determina el perfil de riesgo de cada comunidad autónoma en función de de 18 criterios referidos al mercado inmobiliario, al crediticio, a la riqueza, a la inmigración, al mercado laboral y al tejido empresarial de cada región. En función del grado de exposición de cada banco o caja a cada comunidad, calcula el riesgo de su cartera de créditos: cuanto mayor es la presencia de una entidad a una comunidad de "alto riesgo", mayor es el peligro para su activo.
La conclusión del estudio es que las zonas que más van a sufrir en la crisis son el sur de la costa mediterránea, es decir, Murcia y Andalucía. Le siguen la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja. En el otro extremo, las regiones con menor riesgo son Madrid, País Vasco y Navarra (ver el mapa adjunto).
"Las cajas sufrirán el grueso del dolor"
Se da la circunstancia de que las cajas tienen una cuota de mercado -sobre todo en hipotecas nuevas- mayor que la media nacional en las zonas con más peligro; en especial, en La Rioja (70% de cuota), Murcia y Castilla-La Mancha (64%) y Valencia (58%). De ahí que las entidades más concentradas en esos mercados regionales afronten los mayores problemas potenciales en sus carteras de créditos. Asimismo, la generalidad de las cajas andaluzas -con muy poca diversificación fuera de su comunidad, según Citigroup- presentan un perfil de riesgo "alto".
Con perfil "medio-alto" aparecen las cajas de Onteniente, La Rioja y la CAM, mientras que el riesgo es "medio", siempre según Citigroup, para Bancaja, Ibercaja, General de Canarias, Asturias, Baleares, CAI, Cantabria, Canarias, Extremadura, Badajoz, Guadalajara y Pollença. En el otro extremo, las entidades más a salvo de la crisis son Caja Navarra y Caja Vital.
Respecto a la banca, ninguna entidad tiene un nivel de riesgo tan alto como estas cajas. La que más se acerca es el Banco de Valencia, con el 73% de sus créditos en su comunidad y en Murcia. Le siguen Banca March, Espirito Santo y Pueyo. Entre los medianos y grandes, el que tiene mayor exposición a las zonas problemáticas es Popular, seguido por Banesto, BBVA, Santander y Bankinter. Por el contrario, los más protegidos son Sabadell, Pastor y, a la cabeza del ranking, Guipuzcoano. Algo que puede sorprender a la vista de los esfuerzos de sus accionistas por vender el banco.
El banco norteamericano coincide con otros expertos (como Merrill Lynch) en las causas de la crisis: el debilitamiento de la economía, el estallido de la burbuja inmobiliaria con caídas de precios, unos mercados de capitales ilíquidos en un momento en que la banca española está fuertemente endeudada y el esperado mayor deterioro del entorno de crédito.
* El Confidencial - Eduardo Segovia.- 11/01/2008
Foto: cotizalia.com
El mapa de la crisis
Las vicisitudes del POTAUS
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : Hace un cuarto de siglo (13 de junio de 1984), oficialmente la Junta de Andalucía, ante los evidentes problemas que se estaban haciendo patentes, reconoció la necesidad de "formular directrices de Planeamiento Urbanístico para el Área Metropolitana de Sevilla" y como consecuencia de ello, cinco años después, publicó el avance de las "Directrices para la Coordinación Urbanística". Tardó 5 años más para ordenar que la Consejería de Obras Públicas redactara y terminara en el plazo de un año, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS 1994). Dos años necesitó para hacer el diagnóstico pero, en lugar de terminar su redacción, sólo se decidió a publicar los "documentos de objetivos del POTAUS 2000". Habían pasado 16 años. ¡Cuántos desmanes se habrían evitado!
Mientras tanto, el proceso de deterioro del territorio metropolitano avanzaba de manera acelerada e irreversible. La construcción sin control de miles de monótonos contenedores de ladrillo, dispersos en un territorio de olivares, vid y naranjos marcaba una nueva forma de ocupar el suelo pero, sobre todo, la inauguración de la primera tienda de IKEA en Andalucía, se convirtió en un nuevo hito efecto de la globalización, que exigía a la Junta, terminar el POTAUS. Durante el 21 de enero 2004, los coches atascados necesitaron más de una hora para recorrer tres kilómetros y llegar a dicha tienda. Existen centros comerciales similares en 33 países.
Para este acontecimiento, no se habían preparado ni las vías ni los accesos ni los aparcamientos. La alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, pequeño término municipal sin patrimonio natural porque su suelo está completamente asfaltado, en lugar de compartir responsabilidades con las empresas, prometió resolver todos los problemas presentes y futuros, como siempre, con dinero público para asegurar, dijo, los puestos de trabajo y el desarrollo. La realidad se ha encargado de contradecirle: pese a la inversión inmobiliaria, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), existen 866 mujeres y 432 hombres en paro en Castilleja, la carencia de equipamientos es notable y la calidad de vida ha disminuido.
Los nuevos problemas que soportaba Castilleja, también se estaban incubando y reproduciendo de forma similar, pero con mayor magnitud y variedad, en los demás municipios del área metropolitana de Sevilla. La finalización de la redacción del POTAUS que ya duraba 10 años, a todas luces resultaba urgente, pero, ¿qué poder o qué ley obligaba a la Junta a cumplir el plazo que ella misma se había impuesto? A tenor de los resultados de las elecciones, ni siquiera éstas fueron un medio eficaz para castigar los incumplimientos. Al contrario, los ciudadanos premiaron al gobierno concediéndole mayoría absoluta.
La desidia de la Junta ha durado un cuarto de siglo. No la comprendían ni los empresarios del Aljarafe que en 2006, en un acto ejemplar digno de mención, entregaron a la Consejería de Obras Públicas la "Estrategia Territorial para el Desarrollo Económico del Aljarafe" y solicitaron que se concluyera el POTAUS. La Consejera les respondió que se harían cuatro planes sectoriales: transportes, espacios verdes, vivienda e infraestructuras y con esa idea, en noviembre de 2006 se publicó por segunda vez una Orden con el mismo motivo y plazo que la primera: redactar el POTAUS pero incorporando varios municipios y, sin razón suficiente, dejando fuera otros. En planeamiento, la suma de las partes no es igual al todo.
El plazo para su conocimiento y alegaciones ha terminado.
Se puede alegar el incumplimiento, la omisión o la incorrecta interpretación de la legalidad (norma) pero no del soporte teórico ni conceptual del Plan. En este aspecto solamente cabe plantear preguntas y compartir públicamente las ideas para enriquecer la opinión pública. Según Habermas "el espacio de la opinión pública es una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agrupadas en torno a temas específicos", por ejemplo, el planeamiento. Su mayor expresión es posible en democracia: interacción entre verdad, transparencia y participación activa.
Justamente lo que no se ha hecho al firmar los convenios, base de la desbocada expansión urbanística que el POTA, instrumento jurídico jerárquicamente superior, ha puesto freno con porcentajes máximos para la expansión del suelo (40%) y de la población (30%) y, por otra parte, ha impuesto una forma de ocupación del suelo para recuperar el "modelo de ciudad mediterránea" compacta y continua: sostenible. Sin embargo, la Junta, lejos de hacer cumplir estas determinaciones, ha prometido excepciones al POTA. El POTAUS, haciendo caso omiso al principio jerárquico de contenido legal, se ha encargado de recogerlas.
Se están cumpliendo los plazos, pero persisten las mismas dolencias urbanísticas que tanto están perjudicando a la salud cívica: elefantiasis del ámbito privado y anemia del público.
* Jorge Benavides Solís es doctor arquitecto y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
* ELPAIS.com - Andalucía - 11/01/2008
Arrestados e imputados por cohecho dos empresarios de Totana
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ELPAÍS/Murcia* : El empresario Domingo Sánchez Martínez fue detenido ayer por la mañana en su domicilio de Totana, dentro de la Operación Tótem contra una trama de corrupción urbanística, y fue puesto en libertad a las seis de la tarde tras declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Murcia. Hacia las tres de la tarde, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que investiga el caso, decidió imputar también al hermano del detenido, Francisco Sánchez Martínez.
A ambos empresarios, propietarios de la empresa Visanfer, la juez les imputa presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la detención de este empresario, cuya sociedad firmó cuatro convenios urbanísticos con el anterior alcalde de Totana, Juan Morales -ahora diputado del Grupo Mixto en el Parlamento murciano tras ser expulsado del PP- para construir un millar de viviendas, podría estar relacionada con una promoción en el paraje del Llano de las Cabras, cerca del Parque Natural de Sierra Espuña.
Recalificación
Los investigadores consideran que pudo haber cometido un delito de cohecho al acordar con el actual alcalde del PP, José Martínez Andreo, en la cárcel desde el pasado 3 de diciembre, la reclasificación de 200.000 metros cuadrados rústicos tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Totana, que todavía está en tramitación. Según fuentes de la oposición, el primer edil había firmado, de forma paralela, un acuerdo privado con una confederación de empresarios en las que se comprometía a no aprobar la urbanización del detenido, que incluía 318 viviendas.
Con el arrestado ayer, que fue puesto en libertad, ya son 14 los detenidos en la Operación Tótem, entre los que se encuentra el regidor del municipio, que no ha dimitido.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia informaron de que la Fiscalía está a la espera de la entrada en la Sala de lo Penal del informe de la juez sobre la supuesta intervención de Juan Morales, parlamentario regional y alcalde de Totana entre 2003 y 2007, en un caso de cohecho. De los detenidos, 11 están en libertad provisional, nueve con fianza.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 12/01/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - totana.es
Un juez anula la venta en Salamanca de una parcela municipal para un hospital privado
NORTECASTILLA* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha declarado ilegal la enajenación mediante venta por parte del Ayuntamiento de la capital de un solar con destino a «equipamientos» para la construcción de un hospital privado por parte de la empresa del conocido médico salmantino Juan Abarca, que había adquirido el suelo por más de cinco millones de euros.
Los Verdes Foro de Izquierdas, que ayer dieron a conocer la sentencia, presentaron los pasados meses un recurso contra la operación al entender que era ilegal destinar esta parcela del patrimonio municipal del suelo en el sector de La Plata para la construcción de un negocio privado.
El portavoz de Los Verdes, Ángel Gamazo, destacó que «los tribunales han emitido una nueva sentencia condenatoria por las malas prácticas urbanísticas de este Ayuntamiento que quiere saltarse las leyes y pretendía llevar a cabo un expolio del suelo de todos los salmantinos».
Por su parte, el Consistorio dio ayer una valoración distinta de la sentencia y aseguró que sí podrá enajenar el solar municipal «tras la desafectación del terreno, expediente en el que ya se está trabajando». El Ayuntamiento reconoció que los servicios jurídicos municipales detectaron un defecto legal en la tramitación de la enajenación, por lo que en noviembre del 2006 «decidió declarar desierto el concurso a pesar de que se había presentado una empresa». El Ayuntamiento insistió en que «la sentencia carece, por tanto, de efecto real ya que no se culminó la enajenación de la parcela con los pliegos de condiciones impugnados y ya está trabajando para subsanar el error».
Obras de El Corte Inglés
Los Verdes también anunciaron ayer que presentarán la próxima semana ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Salamanca una demanda contra las obras de construcción de El Corte Inglés en el antiguo solar del Cuartel Julián Sánchez 'El Charro'. En este caso, Gamazo señaló que el partido no solicitará un «parón radical» de los trabajos, sino que pedirán que se limite la construcción del nuevo edificio por encima de la rasante del solar.
* El Norte de Castilla - 12.01.08 - F. GÓMEZ
Foto: Salamanca, ayuntamiento - Julien Navarro, wikipedia.org
Lanzarote: Otro fallo del TSJC hace que una veintena de hoteles y apartamentos sean ilegales
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LAPROVINCIA* : Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado los permisos que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en los años 1999 y 2003 a la empresa Urena Mountain SA, para la construcción de un hotel de 443 plazas en la parcela 139 del Plan Parcial de Montaña Roja, en las proximidades del faro de Pechiguera. Con esta son ya 20 los complejos turísticos cuyas licencias han sido anuladas por los Tribunales en las Sentencias dictadas en los recursos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote.
Se estima que el número de camas turísticas afectadas por estas sentencias supere ya las 9.000 plazas.
En esta última sentencia el Alto Tribunal estima una vez más los recursos interpuestos por el Cabildo en defensa de la legalidad urbanística y del planeamiento insular y declara nulas las licencias recurridas porque las mismas fueron otorgadas vulnerando la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias (Ley 9/1999, de 13 de mayo), la Ley de Medidas Urgentes en materia turística (Ley 6/2001, de 23 de julio) y el Plan Insular de Ordenación, al haber omitido el informe previo, preceptivo y vinculante que el Cabildo debe emitir en sentido favorable para que puedan autorizarse nuevas obras en suelos cuyos planes parciales no estén adaptados al PIOT.
El recurso interpuesto en 2003 por el Cabildo contra los permisos concedidos por el alcalde de Yaiza para la construcción de este hotel (cuyas obras iban a iniciarse en dicho año) consiguió evitar que ese complejo turístico se ejecutara, impidiéndose de este modo la edificación de una construcción de gran envergadura en las proximidades de Pechiguera.
La batería de sentencias a favor del Cabildo ha hecho que la Corporación haya iniciado una serie de conversaciones con los propietarios de estos establecimientos para determinar una salida negociada con cada uno de ellos. Los promotores han designado a un único interlocutor para estas negociaciones. Desde el Cabildo se ha dejado claro que no todos los establecimientos se podrán legalizar.
* La Provincia - DLP - ARRECIFE - 12 de enero de 2008
Foto: Vista de la zona del Faro Pechiguera en Playa Blanca. LP
Granada: Premios Aguas de Mayo y Atila 2007
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Granada* : El premio Atila 2007, que se concede a la persona o institución que durante el año en curso más ha destacado por su nefasta actuación medioambiental, ha sido ganado por méritos propios por D. Salvador Rodríguez Martín, Alcalde de Carataunas, que lleva una política urbanística nefasta, destrozando su pueblo, desoyendo las indicaciones de las administraciones y de la fiscalía en materia de urbanismo y por los vertidos de escombros y basuras que están tapando las minas de Fátima.
También se han hecho merecedores a este premio las siguientes personas e instituciones:
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por todos sus responsables, por las trabas que ponen a facilitar información a los ciudadanos, a quienes se les obliga a ir a Sevilla para poder consultar cualquier proyecto, aunque se vaya a realizar al lado de su casa.
D. Jesús Amurrio Sánchez, alcalde de la Puebla de Don Fadrique, por confundir el desarrollo con la especulación urbanística, por negar información a los ciudadanos, por mantener un vertedero ilegal junto a los depósitos de agua potable y por apoyar instalaciones insostenibles como marraneras en espacios de gran valor ecológico.
D. Víctor Sánchez, Alcalde de Atarfe, por su actitud al no reconocer su responsabilidad en los vertidos de las balsas de alpechín y por su política urbanística plagada de irregularidades.
Ganadores Premios Aguas de Mayo:
Se conceden a aquellas personas o colectivos que durante el año se han significado por su labor en pro de un medio ambiente saludable en cualquiera de sus manifestaciones. Este año consideramos merecedor de este premio a:
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que está trabajando los temas ambientales con riguroso criterio y además dando a entender a la ciudadanía que la Ley está para cumplirse por parte de todos.
También hay que reconocer la labor que en pro de un mejor medio ambiente han desarrollado:
Plataforma del Teléferico, que han dinamizado a gran parte de la sociedad granadina para conseguir librarnos de ese engendro especulativo.
Dª Beatriz Muñoz Benítez, por su trabajo durante años en pro de un buen urbanismo y de la Ordenación del Territorio en los pueblos de la Cornisa Sur del Área Metropolitana de Granada.
D. Manuel González de Molina, ex Director General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca, por su magnífico trabajo para fomentar el consumo de productos autóctonos y de calidad.
Cortijo del Pino, en Churriana de la Vega, por apostar por el mantenimiento de la vega en su forma tradicional y luchar contra la especulación urbanística.
* Ecologistas en Acción de Granada - 7 de enero 2008
Foto: Carataunas (Granada), bloque voluminoso - Ecologistas en Acción
Valencia: La Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje
ELPAÍS/Valencia* : Dos meses y medio cubren cualquier periodo de cortesía. La Síndic de Greuges (defensora del pueblo autonómica) Emilia Caballero, colgó ayer en Internet el informe correspondiente a 2006 entregado en el registro de las Cortes Valencianas el 17 de octubre. La publicidad del informe se produce después de que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, haya sido incapaz de encontrar un hueco en su agenda para recibir a la Síndic de Greuges que deseaba, como ha sido habitual, entregarle su informe anual en mano.
En el informe correspondiente a 2006, divulgado ayer, la Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje. Caballero relata que tanto el informe sobre la existencia de recursos hídricos como la declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto "el que condiciona y limita en la práctica la declaración de impacto ambiental y no al revés".
La Síndic destaca "la importante reticencia" del Consell y los ayuntamientos para pedir informes favorables sobre la existencia de agua necesaria a la Confederación Hidrográfica del Júcar. El informe asegura que en muchas ocasiones este informe no se llega a solicitar y en otras muchas se intenta suplantar o sustituir con informes de otras entidades que carecen de competencia legal para acreditar la existencia de agua suficiente.
"Desde esta institución no nos cansamos de repetir que no se debe aprobar y ejecutar un plan urbanístico si no se cuenta con el informe favorable de la Administración estatal de aguas", indica Caballero en su informe.
Para Caballero, las Administraciones valencianas deberían ser más transparentes y hacer mayores esfuerzos por facilitar la información urbanística a los ciudadanos. La Síndic también constata que "en más ocasiones de las deseables" la Administración es reacia a iniciar expedientes sancionadores y ordenar las demoliciones de las construcciones ilegales".
En su escrito, la defensora de los ciudadanos recalca también la insuficiente oferta de viviendas de protección pública y afirma: "son muchas las quejas que hemos tramitado relativas a personas que llevan años esperando una vivienda y que, debido a la escasez de las mismas, todavía no han podido acceder a ella". "Son interminables las listas de espera", remacha la Síndic que ve "inadmisible que la propia Generalitat no mantenga en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para garantizar el derecho a una vivienda digna". El informe corresponde a 2006 y, con posterioridad, el Consell anunció un plan para rehabilitar su parque de viviendas públicas de acuerdo con los ocupantes.
De acuerdo con el informe, la Síndic recibió 280 quejas relacionadas con el urbanismo -una de cada cinco presentadas. El documento denuncia que ocho consejerías mostraron una actitud "hostil" o "entorpecedora" a los requerimientos de la Síndic. Actitud demostrada también por un total de 25 ayuntamientos.
* ELPAIS.com - EP - Valencia - 11/01/2008
Foto: Valencia, sede Les_Corts - wikipedia.org
Manos Limpias denuncia que el Ayuntamiento de Roquetas "intenta aprovechar" urbanísticamente el patrimonio de todos
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TELEPRENSA/Almería* : El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas aprobó, con los votos de los Sres. Concejales del PP , el Plan de Sectorización del Sector 43 del PGOU de Roquetas de Mar, o lo que es lo mismo, según el PGOU aún pendiente de aprobación, la actuación de Suelo urbanizable sectorizado Z-PAR-01, dicha actuación se encuentra en la salida de la Autovía del Mediterráneo por El Parador y allí se pretende realizar una nueva gasolinera y naves industriales, según la ficha urbanística.
Viendo la ficha se puede afirmar que aquí existe, como en otros muchos puntos del término Municipal de Roquetas de Mar, el intento de aprovechar urbanísticamente un terreno que es de todos por ser de dominio público en beneficio de particulares, es decir se le da aprovechamiento a una rambla con la connivencia de nuestro ayuntamiento.
Y se demuestra muy claramente ya que el sector según ficha tiene 48.409 metros cuadrados, compuesto Catastralmente por las parcelas 20, 21,25 y 34 del polígono 44 de Roquetas de Mar el resto del terreno que computan como con aprovechamiento, hasta llegar a los 64.527 metros corresponden a las parcelas 9005 y 9007 del polígono 44 de Roquetas de Mar que pertenecen a la Rambla de Las Hortichuelas y por lo tanto no pueden tener ningún tipo de aprovechamiento. .
El beneficio obtenido al precio actual de los terrenos supondría unos 12 millones de Euros
Pero además para realizar dicha actuación no existe normativa al respecto, por encontrarse el Plan General en fase de aprobación y mientras tanto se debe proceder a la suspensión de aprobaciones y otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas.
Desde el Colectivo Manos limpias por el Urbanismo en Roquetas de Mar creemos que una de las obligaciones principales del Ayuntamiento Roquetero es conservar todo aquello que pertenece a “todos” y no utilizarlo para actuaciones especulativas en beneficio de particulares, obligación que hasta estos momentos se está incumpliendo en perjuicio de todos los Roqueteros.
* teleprensa.es - 12 de Enero del 2008
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org
El jefe policial de Conil se construyó una vivienda 'ilegal' con los coches robados
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ELPAÍS/Cádiz* : La trayectoria profesional paralela del jefe de la Policía Local de Conil de la Frontera (Cádiz), Francisco Luis González, detenido el miércoles tras haber sido acusado de comerciar con coches robados, siguió ayer deparando sorpresas. El responsable policial conducía por el pueblo un furgón Mercedes Vito que figura en la lista de vehículos robados. Fuentes de la investigación explicaron que González le daba un uso privado para sus desplazamientos.
El mando policial, además, se construyó en la localidad donde trabajaba como uno de los garantes de la legalidad un chalé ilegal sobre suelo sin calificación urbanística. Por esta razón también tendrá que responder ante el juzgado como supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio, que se suma a las acusaciones de estafa, hurto de vehículo a motor y falsedad documental.
Según fuentes de la investigación, la financiación del chalé ilegal podría haber salido de los fondos que obtuvo Francisco Luis González de manera ilícita por la venta de los coches robados. Tras declarar ayer durante varias horas ante el Juzgado número 1 de Chiclana, González fue puesto en libertad con cargos por el titular de este juzgado, que decidió inhibirse en favor del Juzgado número 3 de Chiclana, que instruye el caso.
El jefe policial había llegado a las dependencias judiciales alrededor de las 17.00 y salió cuatro horas después. Ante el juez también compareció un segundo detenido cuya identidad no ha trascendido y que quedó en libertad a las 15.00. Según la investigación inicial, el mando policial modificaba la documentación y revendía los coches cuyo robo había sido denunciado por sus propietarios. Cuando los vehículos eran recuperados por la Policía Local, González ocultaba a los denunciantes el rescate del automóvil para poder revenderlos en el mercado negro.
La investigación judicial fue abierta hace meses por el juzgado, que actuó a instancias de una empresa aseguradora, que se vio obligada a pagar una indemnización a uno de sus clientes en compensación por el robo de su vehículo.
Al mismo tiempo, abrió una investigación privada para comprobar la veracidad de la denuncia. En el curso de las pesquisas, la compañía relacionó el coche robado con el papel de mediación del jefe de la policía y puso el caso en manos del juez. Varias aseguradoras han anunciado ayer su intención de revisar los casos de indemnizaciones por robo que han pagado en la zona en los últimos tiempos.
Durante la reunión mantenida ayer por los portavoces municipales del Ayuntamiento de Conil, gobernado por Izquierda Unida, el alcalde, Antonio Roldán, informó de la apertura de un expediente urbanístico al jefe policial por el chalé ilegal. Aunque este expediente fue abierto el pasado 14 de noviembre, el policía no sufrió ninguna medida sancionadora.
Tampoco las nuevas actuaciones judiciales han tenido repercusión en la faceta profesional de González de momento, ya que el Ayuntamiento de Conil no ha adoptado ninguna medida contra él de forma provisional. En la junta de portavoces se anunció el inicio de una investigación de la Policía Local.
* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN - Cádiz - 11/01/2008
Foto: Conil (Cádiz) - conil.org
Renta básica de Emancipación ¿Medida social o sostenimiento de la Inversión Especulativa?
MANUEL CAMINANTE* : El PSOE, a través de su ministra Chacón, a cargo de un ministerio estrella (propio de la sociedad del espectáculo en el que estamos inmersos), nos ha vendido la idea de que con una ayuda de 210 euros para jóvenes (que han de tener entre 22 y 30 años, que han de cobrar menos de 22.000 euros y unas cuantas trabas mas) conseguirán paliar en alguna medida su precaria situación vital. Renta básica de Emancipación se atreven a llamarla. A simple vista toda ayuda es bienvenida. Pero parémonos un poquito, que según mi abuela las prisas no son buenas consejeras.
Pongamos un ejemplo. Desde que un amigo –llamémosle Juan Nadie- supo que 22.000 euros era el límite de ingresos, y dado que él cobra anualmente 23.200, anda pensando pedir a su Jefe que le degrade de Oficial de Primera a Auxiliar, que aunque le paguen 1.200 euros menos anuales, conseguirá recuperar esa cantidad mas otros 1320 con las ayuditas de marras. Me parece que su jefe estará encantado con la idea.
¿Pero realmente esa supuesta ayuda será tal para mi amigo Juan Nadie o cualquier otro joven?. Supongamos que Juan Nadie tiene 22 años y accede a esta ayuda. Tendrá ocho años por delante para “disfrutar” de ella. Pero resulta que como se emancipó con 18 años (esto suena a ciencia ficción) le toca renovar su contrato de arrendamiento el año que viene y qué creéis que hará su casero –José Especulador- que lee la prensa y oye la radio por lo que sabe que Juan Nadie (y todos los Juan Nadie disponibles) ingresarán 210 euros extras por pagar su alquiler… Eeeeefectivamente, actualizarle la renta con una subida que se llevará esos 210 o gran parte de ellos (o muchos mas). Es decir, que la ayuda no irá a los bolsillos de Juan Nadie, sino directamente a su humilde casero, que se gana la vida con el sudor de su frente (de la frente de Juan Nadie, se entiende).
Juan Nadie pensó en alquilar un piso entre cuatro amigos que cumpliesen los requisitos de la ayuda, ya que así alcanzarían los 800 euros, precio usual de la vivienda de alquiler en Madrid (en muchos casos de un par de habitaciones). Pero grande ha sido su decepción cuando le han avisado que la ayuda no es por peticionario, sino por piso (por cada piso de Juan Especulador), así que si Juan comparte con otros tres, a cada uno le tocará una ayudón 52’5 euros mensuales.
Andaba yo con estas cuitas cuando me topé con esta noticia: http://www.publico.es/033535/200000/interesados.
Mi tendencia a la obsesividad y mi preocupación por mi compañero de cervezas Juan Nadie me llevaron a otra reflexión. Si los de este periódico no son unos mentirosos manipuladores, no sería de extrañar que si en 48 horas se han interesado por estas ayudas alrededor de 200.000 jóvenes, en los próximos días esta cantidad podría duplicarse. Supongamos que, finalmente, tengan acceso a esta ayuda 150.000 jóvenes (esto habrá que comprobarlo en los próximos meses para ver si mis conjeturas tienen sentido). Si esto es así, cada mes el Estado Español desembolsará en ayudas (que en última instancia se llevarán los José Especulador del reino) una cantidad cercana a los 31’5 millones de euros. Es decir, anualmente 378 millones de euros.
Como decimos en Canarias: “¡Chaaaacho, chaaacho, chaaacho!”.
Si esto fuese así, sinceramente creo que estamos tirando el dinero público y desaprovechando una oportunidad de dar una solución real al problema de la vivienda en todo el Estado, y no sólo la de los jóvenes entre 22 y 30 años. ¿Por qué?. Pensemos ahora en El Pocero, el pocero bueno, el de Fuenlabrada (no el de Seseña). Esa persona que ha impulsado cooperativas de vivienda en Madrid que han construido y entregado pisos en urbanización con piscina por menos de 600 euros el metro cuadrado. Repito, en Madrid (ver: http://www.publico.es/033535/200000/interesados o http://www.youtube.com/watch?v=w04UY3BWzRk).
Pues yas’tá, que diría mi abuela. Las cuentas salen claras. El primer año nos podemos dedicar a construir los famosos y polémicos minipisos (esos de 30 metros cuadrados). Con el presupuesto de 378 millones de euros, El Pocero Bueno puede construir aproximadamente 21.000 viviendas al año que podrían dedicarse al alquiler a muy bajo coste (¿qué tal 200 euros mensuales?... al año, el Estado recuperaría 8’5 millones de euros del dinero invertido –sobre estas 21.000 viviendas-).
Alguno dirá, pero es que sólo da solución a 21.000 de los jóvenes mientras que la ayuda es para 150.000 jóvenes. Efectivamente, pero este dato hay que tomarlo con la cautela pedida por mi abuela. El hecho de inyectar anualmente 21.000 viviendas públicas de alquiler tendrá un efecto directo e inmediato sobre el precio de mercado del alquiler –ajustándolo a la baja-, que se acentuará en los años siguientes… cabe preguntarse si realmente es esto lo que quieren los gobiernos que estamos sufriendo en este país (tendría que serlo, pues nuestra Constitución de 1978 les obliga a ello). Además, en aproximadamente 8 años habríamos usado ese dinero para empezar a tener un parque inmobiliario público de alquiler que se acercaría ligeramente a la media de los países europeos de nuestro entorno. Y no sólo con los micropisos, sino con viviendas mas amplias para parejas sin hijos, y parejas con hijos, y ancianos… que también lo estamos pasando jodido. Y aún así seguiríamos estando por debajo de la media de la Europa de referencia (Suecia, Francia, Alemania, etc).
Las ayudas que nos plantean suponen simplemente trasladar una importantísima cantidad de dinero público (según esta hipótesis podríamos hablar de casi 4.000 millones de euros en 10 años) a los bolsillos de los arrendadores, que en muchísimos casos son los mismos especuladores que han acaparado gran número de las viviendas construidas en el último decenio y, por tanto, responsables de la actual situación. Y pasados estos 10 años no nos quedará nada.
Pero no sé si este gobierno está con Juan Nadie o con José Especulador. Estaremos atentos.
lajaira@gmail.com
* Rebelión - Opinión - 05-01-2008
La fiscalía de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales
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ELPAÍS* : Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, trasladó ayer a los fiscales delegados de esa materia las conclusiones alcanzadas en unas jornadas celebradas en diciembre en Fuerteventura para que se apliquen. Entre ellas, figura que los fiscales de las secciones de Medio Ambiente y Urbanismo pidan la ejecución de las sentencias firmes que hayan declarado una obra ilegal.
En concreto, en el apartado dedicado a cuestiones relativas a los delitos sobre la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico consta: "Se insiste en la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal para evitar sensaciones de impunidad y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de las ejecutorias para la efectiva aplicación de dicha medida cuando así se haya establecido por sentencia".
Esas conclusiones incluyen "la conveniencia de la adopción de medidas cautelares en los casos de obras ilegales" y también de acciones preventivas ante una actuación que pueda significar un daño irreparable. "Como medida preventiva en el caso de acciones anunciadas que puedan suponer un daño irreparable a la ordenación del territorio o al patrimonio histórico, el fiscal considerará la posibilidad de intervenir en el proceso administrativo, de Responsabilidad Medioambiental o bien comunicar a quien pueda autorizar la acción que ocasionaría un daño, que se iniciarán acciones penales", se detalla en el documento.
El texto, que fija entre otras cosas un protocolo para que trimestralmente sean remitidas a Vercher las sentencias de las distintas Audiencias y calificaciones de cada fiscalía en estas materias, también se refiere a la relación con las Administraciones en materia de urbanismo y de medioambiente. Para evitar confusiones y aclarar posiciones, se detalla: "Se pone de manifiesto los conflictos existentes entre las Administraciones de diversas comunidades autónomas con los correspondientes cuerpos de Agentes Forestales, acordándose que dichas circunstancias no deben suponer obstáculo alguno para que por parte de la sección de Medio Ambiente se siga contando con los mismos en el desempeño de su función como policía judicial genérica".
Y, en otro punto, se precisa: "No se estima procedente la suscripción de protocolos de colaboración o convenios en materias que son propias de dichas Administraciones y relativas al ejercicio de sus funciones, dado que el incumplimiento de la obligación de colaborar con la Administración de justicia en general y con el ministerio fiscal en particular lleva aparejada la responsabilidad legal oportuna".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 11/01/2008
Foto: Varias urbanizaciones con sentencia firme de derribo en Liencres (Cantabria)- SANTOS CIRILO, elpais.com
"España está a la cabeza del incumplimiento ambiental en Europa"
CONSUMER/Entrevista* : Luis Jiménez Herrero dirige el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), un organismo autónomo cuyo objetivo es analizar y estimular los procesos de desarrollo sostenible. En marcha desde 2005 gracias a un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá, donde tiene su sede, el OSE ha publicado diversos estudios. Del tercer informe sobre sostenibilidad en España, dado a conocer recientemente, Jiménez destaca que se han producido avances modestos en ciertas pautas, sobre todo en algunos aspectos económicos, pero en mucho menor grado en los aspectos ambientales, territoriales y sociales. "La bonanza de estos años ha permitido un crecimiento económico fuerte, pero emparejado a importantes impactos ambientales y sociales", asegura.
¿Se les está dando solución a los aspectos negativos que destaca el informe?
Se está en una línea acertada. Por ejemplo, hay un indicador clave, la intensidad energética (el consumo de energía por unidad de producto), que ha disminuido en los dos últimos años. Esto significa que somos capaces de mejorar el proceso productivo consumiendo menos energía. En contra tenemos que la distancia con los otros países europeos es también muy grande, porque son mucho más competitivos al producir más bienes y servicios con menos energía. Nos queda mucho camino por recorrer, aunque la tendencia es esperanzadora.
La construcción en España es una de las bestias negras del medio ambiente, pero también uno de los motores de la economía.
En los últimos años se ha construido de forma desproporcionada, no tanto para atender una demanda social sino como inversión alternativa. De las 800.000 viviendas que se han hecho en los últimos años en España, prácticamente la mitad han sido viviendas de residencia no habitual, especialmente en las costas, que ha sufrido un fenómeno de "litorización" en forma de construcción de rápido crecimiento. No obstante, en el último año hemos visto en el informe que este sector crece un poquito menos, y el sector industrial se recupera, lo que produce un cierto reequilibrio del sistema productivo.
¿Y qué se le puede decir al ciudadano que ha comprado una casa que está afectando al medio ambiente?
Si ha sido una compra ilegal, estamos hablando de cuestiones en las que interviene la Justicia. Otra cosa es que las personas tengan cierta conciencia de que su inversión, aunque sea legal, tiene un determinado impacto ambiental. En cualquier caso, todas las formas de consumo siempre tienen un impacto ambiental que dependen de nuestra racionalidad para que puedan ser más sostenibles. Si hubiera una mejor información y más transparente, los consumidores podríamos estar más concienciados, tomar decisiones más racionales y tener una participación más responsable.
El informe también señala que España destaca con respecto a otros países por el aumento de delitos y procedimientos abiertos por cuestiones ambientales. ¿Cuáles son los más graves?
Sobre todo en los ámbitos urbanístico y territorial, con esta expansión descontrolada del urbanismo en los últimos años, en muchos casos con síntomas de corrupción difusa. El 34% del primer kilómetro de las costas españolas está totalmente artificializado, y va llegando incluso hasta el décimo kilómetro. Aunque también hay otros incumplimientos de normativas ambientales, lo que nos hace estar a la cabeza del incumplimiento ambiental en la UE.
¿Qué retos son los más importantes para conseguir la sostenibilidad?
España tiene que tomar como referencia el marco europeo, donde ya se ha diseñado una estrategia de desarrollo sostenible, pero también hay que tener en cuenta las singularidades de nuestro país. Los retos principales son el cambio climático, la energía limpia, el transporte y el consumo sostenible, la salud, la gestión de los residuos, etc. En el caso español, el cambio climático y la energía son elementos aún más trascendentales. Por una parte, somos el país más vulnerable del continente europeo al cambio climático. Por otra parte, tenemos una dependencia energética de casi el 85%, consumimos muchos combustibles fósiles y emitimos por tanto muchos gases de efecto invernadero (GEI). Si la solución pasa, como parece, por las energías renovables, podremos disminuir las emisiones contaminantes y la vulnerabilidad energética. Asimismo, los aspectos territoriales, con la litorización de la que he hablado, o la presión turística, son aspectos más relevantes en España que en la UE.
Vistos los datos del informe, parece que los consumidores no están dispuestos a asumir pautas sostenibles en su vida cotidiana. ¿Por qué cree que es así?
En teoría mucha gente estaría dispuesta a pagar más por proteger el medio ambiente, incluso a pagar impuestos ambientales, pero en la realidad, cuando hay subidas de tasas de basura, tarifas de agua o canon de recogida de residuos, la predisposición no es tanta. Insisto, es un tema de información, formación y participación.
¿Cómo pueden elevarse esos niveles de participación?
Con el convenio de Aarhus, los ciudadanos tienen un mayor y mejor acceso en materia de medio ambiente y pueden participar activamente. En definitiva, la gestión del medio ambiente es una cuestión de corresponsabilidad de todos los actores sociales.
¿Qué les diría a quienes piensan que cambiar los hábitos de consumo de los españoles es muy complicado por no decir imposible?
Los cambios se logran cuando hay incentivos. En este caso, los incentivos pueden llegar de varias maneras. La participación, la información, la transparencia... pueden ayudar como ya he dicho. Pero también esos incentivos pasan por el mercado, por la necesidad de pagar por el medio ambiente. Los recursos naturales son finitos, escasos, y no son gratuitos; hay que pagar por ellos, sobre todo por el mal uso y el abuso. En consecuencia, los precios de los productos deberían reflejar la "verdad ecológica", internalizar los costes externos para una mejor gestión del medio ambiente. Tanto los mecanismos normativos como los de mercado hay que complementarlos para que trabajen a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
¿Por qué los precios no reflejan esa "verdad ecológica"?
Hay una cierta resistencia al cambio. No obstante, las empresas y los consumidores empiezan a apreciar que internalizar esos costes no es perjudicial. Las empresas más competitivas ahora y en el futuro son las más limpias y eficientes, ahorran agua y energía, lo que les ayuda por ejemplo a pagar menos por los seguros al tener menos riesgos ambientales. Los acuerdos voluntarios, como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también contribuyen a mejorar las empresas.
No obstante, parece que al final es el consumidor el que tiene que hacerse cargo de los gastos que supone cuidar del medio ambiente.
Es verdad que al final el consumidor siempre paga. Incluso cuando hay subvenciones para que las empresas contaminen menos, el consumidor como contribuyente tiene que hacerse cargo.
La calidad del aire urbano ha centrado otro de los informes del OSE. ¿Cuál es la situación del aire de nuestras ciudades?
No es muy favorable. El análisis de las 56 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes muestra que una gran parte de la población se encuentra sometida a niveles de contaminación atmosférica por encima de los límites marcados por la UE. La calidad del aire afecta a la calidad de vida, a la salud, deriva una pérdida de bienestar y sostenibilidad urbana. Y es aun más preocupante en las grandes ciudades, donde la contaminación atmosférica es mayor, sobre todo por el tráfico rodado que incluye especialmente al coche privado, lo que supone un problema de modelo urbanístico y de movilidad. La contaminación de las ciudades ya no se produce en general por los focos industriales, como hace unos años, sino por el transporte basado en el coche privado.
¿Cree que la nueva ley de calidad del aire contribuirá a su mejora?
Sin duda. Hay una estrategia de calidad de aire a nivel europeo y español, y esta nueva ley se hace con un enfoque más integrador, para reducir no sólo los niveles de emisión de contaminantes, sino también para que las ciudades de más de 250.000 habitantes cuenten con planes de movilidad y planificación urbana.
El agua y la desertificación son también preocupantes en España. ¿Qué rasgos principales destacaría?
A España le afecta especialmente el "cambio global", formado por el cambio climático, la desertificación y la pérdida de diversidad biológica. En el caso del agua vamos a hacer un informe en 2008, y participaremos en la Expo de Zaragoza. Este estudio tiene un enfoque dirigido a la funcionalidad de los ecosistemas fluviales. Nos interesa mucho saber cómo funcionan las cuencas de los ríos, y rescatar la cultura del agua, un recurso cada vez más valioso y escaso en España, y agudizado por el cambio climático, lo que supondrá un mayor estrés hídrico.
¿Puede apuntar algunos datos de su próximo informe?
Antes del informe anual, que se publicará a últimos de 2008, haremos uno breve sobre sostenibilidad local teniendo en cuenta la dimensión urbana y rural. A veces hablamos de sostenibilidad en términos generales, pero hay que hacer una aproximación local. El mundo rural son unos 14 millones de personas y sus condiciones para un desarrollo sostenible son diferentes. Por ello, hay que tenerlas muy presentes a la hora de diseñar una estrategia nacional de desarrollo sostenible, y tratar de establecer un nuevo diálogo entre campo y ciudad. En cuanto al informe anual, lo haremos comparando los países europeos, para hacer un seguimiento de los principales indicadores y ver si las estrategias europeas y españolas de desarrollo sostenible están dando sus frutos.
* Consumer - Alex Fernández Muerza - 6 de enero de 2008
Guateque: Un tendero al que exigieron 72.000 euros destapó la 'trama de los conseguidores'
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ELPAÍS/Madrid* : El dueño de una tienda de animales de la zona de El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de los conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación Guateque. Juan Luis A. G. recibió una notificación del Ayuntamiento de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su confesión, contactó con él alguien que, falsamente, se identificó como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció solucionar todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su denuncia activó la segunda fase de la Operación Guateque.
La primera ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos cabecillas, el funcionario de la sección de Medio Ambiente Victoriano Ceballos.
El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la llamada trama de los conseguidores. Se trata de funcionarios y particulares que, según el sumario, "se están lucrando indebidamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la imagen de la Administración". Los investigadores detectan al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de "irregularidades".
En su informe, los agentes muestran su "certeza de que la acción de la justicia tiene muy complicado demostrar esas irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos telefónicos. Los agentes fijaron su lupa sobre Carmelo García Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien ya fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC 93, dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil en su informe: "Los denunciados Carmelo García y Santiago Castillo forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión administrativa [de las licencias]". No especifica quién de ellos, aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel. García y Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles clientes con la necesidad de iniciar negocios en locales comerciales de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio de dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes, garantizándoles [en unos casos] que obtendrán la licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables a que puedan estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los requisitos y que han sido denunciados por los vecinos".
Los 21 expedientes en los que los investigadores han hallado irregularidades están repartidos por distintos barrios de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los particulares Carmelo García y Santiago Castillo (ambos presos) y la empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato directo con los clientes". Castillo, en nombre del citado estudio de arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que contacta para garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen su licencia o que la policía local no les cierre el negocio. En el sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el funcionario municipal, actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de ampliación para la clínica Ruber.
* ELPAIS.com - JOSÉ A. HERNÁNDEZ / JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 10/01/2008
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
Ávila: Ya hay calendario para la declaración de los imputados por la Ciudad del Golf
ÁVILADIGITAL* : Las declaraciones por el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués se retomarán el martes con la comparecencia de quince nuevos imputados. Entre ellos están el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo; el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; y Francisco Gómez Henández ‘El Paloma’, el representante de Residencial Aguas Nuevas, la empresa promotora que compró los terrenos a la Sociedad Montes de Las Navas para construir la Ciudad del Golf, que ha pedido declarar en Ávila y cuya comparecencia aún no está fijada.
Todos ellos fueron propuestos por los ecologistas y la Fiscalía por su presunta implicación en la recalificación de un Área Crítica para la cigüeña negra en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), y por la tala de cientos de pinos que se inició tras conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que se anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano.
Ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez Moreno, se sentarán el 15 de enero, a las 10,30 horas, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Hontoria; Arturo Menduiña, arquitecto; y Sabas Yagüe, técnico de la Junta que ya declaró en el mes de abril como testigo.
Y el miércoles 16 de enero prestarán declaración, a partir de las diez de la mañana, tres de los imputados que votaron a favor de la recalificación en la Comisión Territorial de Urbanismo. Se trata del entonces jefe del Servicio Territorial de Cultura, José Cubillo Velasco; Tertulino Fernández González, como representante de la Administración del Estado; y José Crespo, del área de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Por su parte, Miguel Ángel Jiménez Herrero, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila; Juan Antonio Chamorro Sánchez e Ignacio Rodríguez, vocales de libre designación; y José Antonio Pérez Suárez, que entonces era diputado provincial por el PP, declararán el 21 de enero a las diez de la mañana.
Y en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid comparecerán, el 23 de enero, a las 10,30 horas, Noelia Díez y Yolanda Lorenzo, y el día 24, a las 9,30 horas, el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; y José Ignacio Molina, otro de los técnicos de la Junta que ya prestó declaración como testigo en abril.
Dos testigos más
En cuanto a los testigos, el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Manuel Jiménez Blázquez, que entonces era secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, tendrá que presentarse en el Juzgado número 5 de Valladolid el día 6 de febrero a las 9,30 horas junto con María Gavilán Pimentel.
Su comparecencia estaba prevista inicialmente para los días 26 y 27 de noviembre, y se unirá a las del alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario, Carlos de la Vega; el ex director de Medio Natural, Mariano Torre; y el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo.
* Ávila Digital - María Cuenca - 10 DE Enero 2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com
Ni Seseña ni Benidorm
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI* : El dilema entre crecimiento y crisis es recurrente. En la ciudad suele corresponderse con épocas de desorientación teórica e ideológica, que buscan acuerdos para superar las contradicciones. Estamos en una crisis, o lo que se podría llamar una acelerada desaceleración económica del sector de la construcción, tras una larga fase de desorbitado crecimiento que, a su vez, preludiaba un estancamiento inmobiliario. Desde el segundo semestre de 2006 es difícil que veamos un repunte al alza, al menos hasta bien acabado el segundo semestre de 2008.
La situación de alarma es tan inusitada como la fuerte reacción de prudencia de los compradores ante la información asimétrica que recibieron antes -como potenciales consumidores- y después, durante la previsible crisis de demanda frente a una oferta saturada en segmentos concretos. Se trata de un efecto de la subida de los tipos de interés y de las incertidumbres económicas provocadas por la marcha de la economía norteamericana y del mercado hipotecario en general. Esa incierta evolución, entre otras razones estructurales de mayor peso, abre un debate sobre la sostenibilidad general del sector de la construcción en nuestro país y su influencia en el PIB, en el que la edificación residencial ha llegado a alcanzar cuotas de casi el 16%, con un número de unidades de vivienda producida que no habíamos conocido nunca.
Ese debate coincide también con dos factores muy entrelazados: por un lado, la nueva percepción del cambio climático como una realidad inapelable desde el punto de vista científico y, por otro lado, con la relación directa que tiene la construcción y la vida de la ciudad, precisamente con el aumento o la disminución de ese cambio. Estas circunstancias se suman al persistente debate acerca de las torres en la ciudad y la pugna entre lo que se ha dado en llamar ciudad densa o -en otro sentido- compacta, frente a la despilfarradora ciudad difusa, basada en la cultura del despilfarro y del predominio irresponsable del automóvil y la movilidad insostenible.
En un país de tan grande y profundo crecimiento económico y edificatorio, las torres arquitectónicas de media y alta envergadura se proponen como una solución responsable para conseguir la densidad suficiente para equilibrar los costes ambientales y las cargas del metabolismo urbano en materia de energía y recursos, porque la experiencia del sprawl, producido por los suburbios alimentados por urbanizaciones de baja densidad y viviendas adosadas constituye una tara inaceptable para una ciudad equilibrada. El crecimiento metropolitano de estos años ha sido tan intenso que lasconurbaciones surgidas a su calor han producido todo tipo de desastres en baja y media densidad -unifamiliar y plurifamiliar-, tanto en la costa como en los desarrollos de ciudades del centro de la Península.
En todas las ciudades se solicitan, proyectan y promueven rascacielos más o menos altos y, en algunos casos, simplificando al extremo, se propone la ciudad turística de Benidorm como una alternativa sostenible o, al menos, como un mal menor, frente al caos conglomerado por el desarrollo espasmódico de las ciudades españolas. La simplificación proviene tanto de estudiar la construcción en altura como un caso singular y aislado, como de eludir los contextos en que se produce o debería producirse. Medidas como la limitación de plantas en algún territorio como Madrid aumentan el desconcierto, alimentado por la sensación de que las torres de firma resuelven el crecimiento deslavazado de las periferias, o mejoran a priori la vida en los centros.
Sin embargo, reducir el problema de la densidad al de la construcción singular en altura es doblemente engañoso. Al menos, lo parece tanto como sería, de forma sarcástica, considerar las 13.000 viviendas nacidas en el municipio de Seseña -al albur de decisiones administrativas sin amparo ambiental ni ordenación territorial digna de nuestro tiempo- como un ejemplo de construcción compacta y en altura, al menos mayor de la habitual. Semejante razonamiento serviría para argumentar que tales alternativas constituyen una solución al problema de la densidad de la ciudad compacta que un crecimiento sostenible delimita y requiere. Al margen de la ocultación de que tales experimentos, Seseña y Benidorm -como ejemplos relevantes de impostación de la densidad y la altura-, lo son de islas en el territorio, la exacerbación de estos modelos u otros parecidos quiebra un principio de información racional. Este principio exigiría informar a la ciudadanía acerca del hecho de que el territorio así construido ni constituye ciudad (aunque cuente con los equipamientos legales) ni favorece la soberanía de los ciudadanos sobre el espacio colectivo, y menos aún sobre el espacio público (aunque responda a un plan).
Con frecuencia creemos que ser ciudadano es ser peatón o habitante, consumidor... o turista. Sin embargo, la condición de ciudadanos la otorgan realmente otros atributos que están en el Gobierno, la decisión, el uso y el disfrute de la ciudad, plenos e iguales para todos. La doble simplificación consiste asimismo en hacer creer que no hay modelos de ciudad densa, sostenible y compacta que rebajen las cargas ambientales y contribuyan al confort urbano: y eso aunque estas ciudades existan y se desarrollen en las alturas convenientes, con los espacios libres necesarios (y no sólo reglamentarios), con los sistemas de usos y transportes adecuados (y no sólo suficientes o discriminatorios para edades, sexos o minorías), con los aportes de mezclas de usos, de accesos y de transferencia social responsables (y no sólo con las suficientes reservas de vivienda pública). Y, sobre todo, con la calidad de vida, el intercambio de flujos económicos y la dignidad estética y arquitectónica que tienen o intentan tener muchas ciudades españolas.
Vitoria, Santiago, Córdoba, Pamplona, Sevilla, Gijón, Girona o León..., por citar sólo unos pocos ejemplos a los que habría que añadir Sarigurren o Valdespartera (como nuevos barrios eficientes), van por ese camino. Las ciudades españolas luchan por la calidad de vida y contra el cambio climático, desde la nueva visión del transporte público, mediante la densificación ordenada del territorio para la residencia en relación con otros usos y desde la implicación de la ciudadanía que las dirige y regula. No desde la promoción de islas temáticas y desarrollos sin contexto urbano, en el que la carga ambiental se multiplica.
Simplificar o amplificar, siquiera irónicamente, los dudosos modelos de Benidorm y Seseña que -en mi opinión profesional- pertenecen claramente a un pasado obsoleto o propugnar, sin límites claros, la construcción de islas en altura es exagerado. En ese aspecto, las boutades de algunas afirmaciones poco matizadas vuelven a esconder la tentación dogmática de los arquitectos hacia la ciudad, sujeta a movimientos pendulares y cíclicos. Tales actitudes desmesuradas crecen o entran en crisis a la par que los discursos teóricos y económicos sobre la ciudad. A veces se olvida que los profesionales del urbanismo y la arquitectura podemos caer en involuciones gremiales o endogámicas extemporáneas. Especialmente, si llevamos a la opinión pública presunciones -más allá del bien y del mal- que medien acerca de proyectos o teorías exentos de responsabilidad social (o ambiental); lo que a todas luces, además de falso, es inaceptable en una democracia madura.
* Carlos Hernández Pezzi es arquitecto y presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
* ELPAIS.com - Opinión - 09/01/2008
Vigo: Dos intermediarios reconocen haber cobrado sobreprecios en Navia por orden de Construcuatro
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FARODEVIGO* : Dos de los intermediarios que intervinieron en la venta de pisos protegidos en San Paio de Navia, por lo que supuestamente se cobraron sobreprecios en dinero negro de hasta 42.000 euros, reconocieron hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo que habían cobrado ciertas cantidades de dinero a mayores por esas viviendas "por orden de la constructora Construcuatro".
Así lo manifestó el abogado defensor de una veintena de afectados por este supuesto cobro, Antonio Salceda, quien explicó que los dos intermediarios que declararon hoy en los juzgados de Vigo, José Luis V., y Purificación J.P., admitieron haber gestionado el cobro de ese dinero que, según afirmaron, "iba destinado a sufragar una mejora en las calidades de la contrucción y que variaba según la altura de piso que se compraba".
En su declaración explicaron que, siguiendo las instrucciones de la empresa constructora de los pisos, Construcuatro --participada por el portavoz del PP de Pontevedra, Telmo Martín--, cobraron diferentes cantidades a los compradores de los pisos, un dinero que "el mismo día venía a recoger un responsable de la constructora". Sin embargo, aseguraron no haber cobrado para sí mismos ninguna retribución por ese servicio de intermediación, salvo 600 euros, en el caso de la mujer, que no tiene acreditación oficial como agente inmobiliaria.
El abogado de la acusación, que representa a unos veinte compradores de pisos en el número 25 de la calle Teixugueiras, criticó la actitud de los intermediarios y recordó que, pese a que "tratan de eludir su responsabilidad", los propios afectados denunciantes declararon que la entrega de ese dinero a mayores "se hacía siempre en metálico, sin recibir facturas o justificantes a cambio, en reuniones muy extrañas, y con la advertencia de que no se dijera nada".
Además, también rechazó las explicaciones que dieron hoy en el juzgado los dos implicados porque, según recalcó, "se dice que cobraron por unas mejoras que nunca se hicieron". Asimismo, denunció que muchos compradores llegaron a pedir que se les devolviese el dinero al sospechar irregularidades, pero nunca pudieron recuperarlo.
Delito fiscal
La parte denunciada adjuntó como documentación en este proceso judicial facturas que acreditan el pago de esas cantidades en concepto de mejoras de calidad en la construcción, y por tanto, pruebas de que ese dinero fue declarado ante Hacienda.
Sin embargo, Antonio Salcedo expresó su escepticismo sobre la validez de estas pruebas ya que "los recibos aparecen ahora que estamos en proceso judicial, pero no antes, cuando los afectados los solicitaron como justificante de lo que habían pagado". "Además de la responsabilidad por el cobro irregular de ese dinero, también quieren eludir un posible delito fiscal", añadió.
Además, también calificó de "extraño" el hecho de que José Luis V. y Purificación J.P. afirmasen que era la "primera vez" que actuaban como intermediarios, y recordó que otra de las persona que fue llamada a declarar por el mismo motivo, José G.T., llegó a asegurar que no conocía de nada a los compradores de los pisos, a pesar de que existen grabaciones policiales autorizadas en las que se le escucha negociando con un comprador el pago de esos sobreprecios.
Expediente de la Xunta
Las primeras denuncias por el presunto cobro de sobreprecios en la compra de estos pisos fueron interpuestas en diciembre de 2006, y meses después se personaron en la causa varios afectados que, además, recurrieron a la delegación provincial de la Consellería de Vivenda para alertar a la Xunta de esas supuestas irregularidades.
Vivenda abrió un expediente sancionador a la empresa Construcuatro a finales del pasado verano ante los indicios de que existió un caso de fraude en la venta de vivienda protegida. No obstante, la vía penal tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Xunta no podrá aplicar ninguna sanción hasta que no se conozca la resolución judicial del caso.
La consellería entregó toda la documentación recabada, entre la que figuran tres denuncias y una veintena de declaraciones firmadas por otros tantos compradores, al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.
* Faro de Vigo - 10 de enero de 2008
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
C.Valenciana: Un centenar de colegios padecen defectos de construcción
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ELPAÍS* : Un centenar de centros educativos valencianos, colegios pero principalmente institutos, presentan deficiencias dotacionales, según los datos de un informe elaborado por la Federación de Enseñanza de CC OO. Los técnicos tienen sobre la mesa un centenar de expedientes que recogen deficiencias de todo tipo: Problemas de calidades de cubiertas y techumbres, goteras, climatizaciones defectuosas, deficiencias en el sistema de evacuación y emergencia, ínfimas calidades en revestimientos, puertas, ventanas o persianas.
El lunes se desplomó en horario lectivo parte del techo del pasillo del IES de Rojales que ha sido clausurado provisionalmente. El incidente, según la Consejería de Educación, podría estar relacionado "con el sobrepeso de los cristales" del tendido eléctrico. Ahora, Educación estudia emprender acciones legales contra Necso-Acciona, la empresa que en 1998 construyó el centro. Los 800 alumnos irán en siete autobuses en horario vespertino al IES de Guardamar del Segura a partir de mañana. El traslado provisional se prolongará durante al menos quince días. La Consejería anuncia un informe externo del Colegio de Aparejadores que certifique las medidas de seguridad.
El de Rojales no fue el único incidente. La Escuela para Adultos (EPA) de la localidad castellonense de Almassora volvió ayer a la normalidad después del derrumbe de parte del techo de un aula que provocó magulladuras a dos alumnos, informa María Fabra. Por causas que, de momento, se desconocen, el doble techo del aula cayó en la tarde del lunes cuando cinco alumnos recibían sus clases. El centro tiene cinco años de antigüedad.
Emerge el problema de la falta de medios de que dispone la Administración para detectar estas deficiencias. Alberto Parra, de CC OO, explica que el servicio de prevención actúa de oficio o bien a raíz de una queja presentada por padres o docentes. Los técnicos del sindicato elaboran un estudio que remiten a la delegación territorial de la Consejería, que a su vez emite un informe al servicio de Infraestructuras. "Pero en muchas ocasiones se queda en un cajón, no hay medios ni técnicos ni humanos en la consejería para reparar estos problemas", apunta Parra.
De los 1.638 centros educativos un centenar presentan problemas. El sindicato CC OO considera "extremadamente grave" los casos de los IES de Buñol, Requena, El Ravatxol, Rascanya, Cabanyal, Tavernes Blances, El Saler, Mislata o Almussafes por ser de obra nueva. Otros centros más antiguos que también requieren alguna reforma son los IES Barri del Carme, Lluís Vives, Tierno Galván de Montcada, La Patacona de Alboraya, los Sivera Font y Francesc Gil de Canals, José Maria Parra de Alzira, la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia o el colegio Blasco Ibáñez de Xest .
Miguel Soler, coordinador del programa electoral del PSOE en educación, admite que la falta de medios y los retrasos para poder solucionar estas pequeñas deficiencias obligan a los equipos directivos a destinar "parte del incremento conseguido para la partida de gastos de funcionamiento de los centros a acometer reparaciones ordinarias de pequeña índole". Soler aboga por que, al igual que ocurre en los colegios de Primaria, sean los Ayuntamientos los encargados de asumir el mantenimiento de los institutos.Los ayuntamientos disponen de las brigadas y medios para poder solucionar rápidamente estas deficiencias. Una medida que debería ir acompañada de la correspondiente previsión presupuestaria por parte de Educación, según Soler.
Para sindicatos y oposición, el problema surge por la "falta de personal y de medios" en las unidades técnicas de la Consejería, encargadas de reparar estos fallos técnicos. En la dirección territorial de Alicante sólo hay dos arquitectos y cinco aparejadores "sin presupuesto disponible", según Soler. Los medios en el servicio de prevención de riesgos laborales son "a todas luces insuficientes", según Alfonso Rodríguez, de CC OO, que cifra en dos médicos y un técnico en prevención laboral el personal disponible. Sin embargo, la consejería de Educación rechaza estas críticas y asegura que los medios son los adecuados y que funcionan "debidamente". Un portavoz explicó que cada Unidad Técnica Territorial elabora un informe y una memoria valorativa de cada incidencia y si la reparación supera los 30.000 euros se adjudica a "la empresa constructora la reforma". Si la obra está valorada en menos de 30.000 euros la reparación es más rápida y se encargan empresas especializadas. El informe de CC OO acusa a la Administración de "ir desmantelando cuando no eliminando los instrumentos de fiscalización e inspección tanto presupuestaria como de ejecución de las obras".
El consejero de Educación, Alejandro Font del Mora, se refirió por fin ayer, tres días después del desplome, a la situación del IES de Rojales y confirmó el traslado de estos alumnos a Guardamar. El consejero presentó una encuesta sobre el grado de inserción laboral del alumnado de Formación Profesional (FP) entre 2001 y 2006 que a su juicio "constata la mejora de la valoración social" de esta vía. El sondeo revela que el 90% de los alumnos encuentra su primer trabajo antes de seis meses, y el 69% lo hace en un empleo relacionado con sus estudios.
Font de Mora subrayó que tanto empresas como alumnos están satisfechos con la FP, que gana estudiantes. No obstante, la consejería ve necesario aumentar el número de empresas que permitan prácticas al alumnado, y se introducirán estancias en la UE.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/01/2008
Foto: Rojales (Alicante), instituto - diarioinformacion.com
El Supremo ratifica la anulación del Plan de Ares y deja a la villa con normas urbanísticas de los setenta
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LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el 2003 que anula el plan de ordenación urbana de Ares, aprobado en 1999. La medida supone la vuelta del municipio costero coruñés a las normas subsidiarias por las que se regía con anterioridad, de mediados de los años setenta.
El polémico plan, aprobado antes de las elecciones locales de 1999 por el bipartito formado por PSOE y BNG, fue llevado ante el Valedor do Pobo y el TSXG por la desaparecida asociación Pro Urbanismo de Ares. Esta entidad respondía a la presión popular generada entonces como respuesta a ciertos puntos polémicos contenidos en el plan de ordenación.
El descontento vecinal por la planificación de un vial de circunvalación que ocupaba varias fincas privadas fue uno de los detonantes de que la corporación de entonces tuviera que salir escoltada por la Guardia Civil del pleno en el que se aprobó. Sin embargo, el TSXG ordenó, en su sentencia del 2003, la anulación del plan de urbanismo atendiendo a dos razones: la reducción de la proporción de zonas verdes y la errónea ordenación de algunas calles del casco urbano.
Ante esto, el posterior gobierno local del PP planteó el pertinente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora ratifica la misma sentencia y considera ilegal el plan de 1999. No obstante, la totalidad de la corporación, presidida por el socialista Julio Iglesias, anterior director xeral de Xustiza, ha acordado ya presentar un recurso ante el Constitucional. Se trata de una estrategia dilatoria con la que mantener en vigencia el texto rector del urbanismo mientras no se elabore otro plan ajustado a la nueva ley del suelo. Esto se debe a que se puede pedir la nulidad de la sentencia mientras no concluye el proceso. De no realizarse este trámite, el municipio costero se vería obligado a retomar las normas subsidiarias de los setenta. La corporación también ha pactado solicitar la mediación de Política Territorial para elaborar unas normas subsidiarias más adecuadas para esta época.
El mismo gobierno del PP había remitido a la Xunta el borrador de un nuevo plan antes de perder las pasadas elecciones.
* La Voz de Galicia - 10/1/2008
Foto: Ares (A Coruña) - mma.es
El juez imputa al ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias tráfico de influencias
CANARIASAHORA* : El ex diputado y ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, prestará declaración en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias el próximo martes ante el juez Javier García, dentro del caso Faycán. Jorge Rodríguez es el principal contacto político de la empresa Grupo Europa, según la denuncia de su ex gerente que dio pie a la pieza separada número 38 del caso en Telde, y abierto otros procedimientos en Pájara, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria.
La denuncia de Francisco Benítez Cambreleng, ex gerente en Canarias de Gestión de Cooperativas Europa SAU, coloca a Jorge Rodríguez Pérez en la cúspide política de los contactos establecidos por el administrador único de la empresa, José Manuel Antón Marín, imputado por cohecho tanto en Telde como en Mogán, para abrir relaciones con los ayuntamientos canarios gobernados por el Partido Popular.
El fin de la empresa era promocionar viviendas sociales sin coste alguno para las arcas municipales, pero con un supuesto fraude que consistía en imputar un gasto ficiticio al suelo gratuito que cedían los ayuntamientos, repercutiendo ese gasto inventado en el coste final de la vivienda para cada adjudicatario, que presuntamente servía para repartir ese dinero entre políticos y funcionarios.
Antón Marín, imputado por cohecho por supuestos pagos ilícitos de 240.000 euros en Telde y otros 95.000 euros en Mogán, incluida la financiación de un mitin de Mariano Rajoy, reconoció a la Policía Nacional el día de su detención que Jorge Rodríguez ejerció como contacto político de Grupo Europa, aunque el empresario madrileño limitó las relaciones del político del PP con su mercantil hasta 2002, justo un año antes de que fuera elegido diputado y nombrado portavoz del PP en el Parlamento, en 2003.
Aún así, la denuncia que ha dado pie a esta citación como imputado por tráfico de influencias aporta documentación que relaciona a Jorge Rodríguez con Grupo Europa tanto en 2003 como en 2006, la primera por medio de la contabilidad de la empresa que refleja pagos al ya por entonces diputado del PP por servicios de asesoría, y en el segundo caso por una factura de 2006, también por servicios de asesoría relacionados con unos terrenos en el municipio de Moya.
El denunciante aseguró también hace siete meses que Jorge Rodríguez cobraba regularmente dinero negro, traído de promociones de la Península de Antón Marín, precisamente entre los años 2003 y 2006, cuando aparentemente desaparece cualquier rastro de relación económica entre el actual número 3 del PP canario y la mercantil radicada en la Plaza de Castilla de la capital de España.
Este extremo ha llevado al juez del caso a solicitar a la Agencia Tributaria española datos bancarios del ex diputado y ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, y a los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía a indagar en nuevas pruebas físicas de las relaciones económicas de Jorge Rodríguez y Grupo Europa en ese supuesto periodo de dinero negro, entre 2003 y 2006.
Los contactos de Jorge Rodríguez con Grupo Europa tienen un factor clave, al menos en el caso concreto de Telde, que se produjo a raíz de la detención de la ex concejal de Vías y Obras y ex consejera delegada de la empresa municipal de vivienda y suelo de Telde (Urvitel), María Antonia Torres, al estallar el 1 de marzo de 2006 la Operación Faycán.
Según consta en la denuncia, ratificada por otros testigos presenciales, Jorge Rodríguez intercedió ante el ex alcalde Francisco Valido en favor de Grupo Europa, ya con Toñi Torres en prisión. El motivo fue el bloqueo que sufría la empresa y la propia Urvitel, con la que había firmado para llevar a cabo sus promociones de viviendas sociales, por parte del propietario del suelo, el Ayuntamiento de Telde a través de la concejalía de Urbanismo que dirigía Guillermo Reyes (AFV-Ciuca).
Este conflicto supuestamente se había desbloqueado meses antes, en diciembre de 2005, con el cobro de 30.000 euros por parte del jefe de Urbanismo, José Luis Mena, también imputado por cohecho, al igual que el jefe de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, y el gerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra.
La citación como imputado por tráfico de influencias en Telde a Jorge Rodríguez se prevé que no sea la única, ya que en la Operación Góndola contra la corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, también figura su persona como introductor de Grupo Europa con los mismos fines ilícitos, además de otros municipios en que no cuajó la operación, como Arucas y Santa Brígida.
* Canarias Ahora - A.G. Las Palmas de Gran Canaria - 09/01/2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
País Vasco: Todavía a tiempo de salvar la costa
ELPAÍS/Reportaje* : En Euskadi la presión sobre el litoral crece, aunque todavía no haya operaciones urbanísticas masivas como en el Mediterráneo. Un informe del Gobierno vasco constata que la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005. Gracias a la férrea oposición de los ecologistas, los tribunales vascos han paralizado dos proyectos en Barrika (Vizcaya) y en la reserva de la biosfera de Urdaibai, curiosamente avalados por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco.
Greenpeace, en su último informe sobre la destrucción de la costa sitúa la mayor presión en el litoral vasco en Vizcaya, donde hay proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas. Además, los proyectos de ordenación supramunicipales ya aprobados por el Gobierno vasco permiten la edificación en Vizcaya de cerca de 20.000 viviendas junto al mar a lo largo de los próximos ocho años, una cifra que se duplicará previsiblemente cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa. La Diputación vizcaína ha minimizado esta cifra asegurando que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que finalmente serán edificadas.
Pero alguno ha seguido fielmente el proyecto de ordenación elaborado. Barrika, con menos de 1.400 habitantes y enclavado en un privilegiado paraje a 10 kilómetros de Getxo, ha elaborado un avance urbanístico que contempla 1.511 nuevas viviendas (el plan de ordenación aprobado por el Gobierno vasco establece una horquilla de entre 622 y 1.584 pisos). Esas edificaciones supondrían multiplicar por más de cinco su población actual.
En Barrika se intenta construir desde hace 20 años en una zona protegida, a menos de 500 metros de la costa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló hace tres años la recalificación de 18 hectáreas para erigir 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo. Pero para entonces ya estaban finalizados y habitados 14 chalés.
Ahora está pendiente el recurso presentado por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Barrika ante el Tribunal Supremo y, si se confirma el fallo, el municipio se enfrenta a una indemnización de varios millones de euros para los promotores de la urbanización, los dueños de los chalets construidos y los que compraron el terreno con licencia.
El otro asunto en los tribunales afecta a la única reserva de la biosfera de Euskadi, la de Urdaibai. En este caso fue el Gobierno vasco el que impulsó una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área sita entre las marismas y el encinar cantábrico, las dos joyas naturales de Urdaibai. El Tribunal Superior vasco la anuló al estimar que la consejería de Medio Ambiente actuó con "arbitrariedad" y de manera "incongruente" e "incoherente" con la ley de protección de la reserva. El Ejecutivo autónomo recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado, al aducir que la recalificación servía para solucionar los problemas de infraestructuras de saneamiento y de otros servicios en ese barrio.
En esta misma zona se ubica el chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que construyó un 38% más de lo autorizado, y fue multado con 25.000 euros por incumplir la ley de Urdaibai, la misma en la que aparece su firma como el entonces máximo responsable del Gobierno. Pero también está en los tribunales porque Ardanza se niega a derribar parte del tejado.
El conflicto de más calado se sitúa en Bakio, de poco más de 2.100 habitantes, donde existen planes para construir 1.900 viviendas. Aquí, el proyecto más polémico incluye 436 pisos y la posible inclusión de un campo de golf a pocos metros de un biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño). En este caso, el Gobierno vasco sí ha mostrado su rechazo; hace ya seis años que solicitó la "la suspensión cautelar" de este proyecto por el impacto sobre la bahía de Bakio y la falta de datos sobre la afección del campo de golf "en un terreno de orografía accidentada". En los otros planes urbanísticos de Bakio han saltado, además, otras polémicas con empresas vinculadas al ex viceconsejero del Gobierno vasco Javier Goirigolzarri, del PNV, beneficiándose de las recalificaciones.
El mejor aliado de la costa guipuzcoana frente a las tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados, la línea de acantilados que forma un enorme farallón en prácticamente toda su longitud, han impedido la invasión urbanística que han conocido otras vertientes costeras de España. "La costa guipuzcoana ha crecido a un ritmo de seis viviendas anuales por cada 1.000 habitantes, cuando en otros lugares la media ha superado la veintena", afirman el arquitecto Santiago Peñalba y el abogado Mikel Iriondo, expertos en Urbanismo y redactores del planeamiento urbanístico de San Sebastián.
Una cultura del urbanismo diferente y la aplicación más cuidadosa de la ley de Costas han contribuido también a evitar la ocupación intensiva de la primera línea del litoral vasco. Ana Oregi, viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, explica que Euskadi se ha dotado de otras "herramientas" legales "muy eficientes" para "proteger la costa", y cita entre otras la ley vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial de Protección del Litoral, aprobado en marzo de 2007. "Estos instrumentos ya no permitirán construir más puertos de forma unilateral y tampoco se autorizarán los planeamientos municipales sin una visión global y ambientalista del litoral", asegura la viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco.
Los ecologistas encuentran varios borrones en la costa. El informe de Greenpeace advierte de que la ocupación del suelo se ha "disparado" en las dos últimas décadas en Euskadi y sitúan cuatro "puntos negros" en la franja costera guipuzcoana: los puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de macropuerto a mar abierto de Pasajes, aprobados antes de que se publicara el Plan Territorial de Protección del Litoral.
"Aunque la situación no es comparable con otros puntos de España, y admitiendo que la costa se ha conservado bastante bien porque tiene zonas inaccesibles, el riesgo es que se pueden cometer graves daños con los proyectos de puertos en Mutriku y Pasajes", sostiene Estela Beteta, técnico medioambiental y miembro del grupo ecologista Jaizkibel Bizirik. "El gran olvidado del litoral guipuzcoano es el mar", sentencia.
Hay una coincidencia general en que la urbanización de la primera línea de playa de Orio es una "mancha" que chirría en el plan de protección costero. Bajo el planteamiento de reordenar la zona y crear un nuevo paseo marítimo, se han construido bloques de viviendas a pie de playa que han afeado el paisaje y enfadado a los ecologistas. Del mismo modo, la ampliación del puerto pesquero de Mutriku -el actual quedará para usos deportivos-, impulsado por el Gobierno autonómico, tampoco encaja en la estrategia de preservar el entorno marino.
De todos los impactos que podría sufrir el litoral, el más agresivo sería el del puerto exterior de Pasajes, un proyecto de dársena a mar abierto, adosada al monte Jaizkibel -incluido en la Red Natura 2000- que está levantando muchas ampollas. Lo apoyan abiertamente los socialistas y el PNV, es reticente Eusko Alkartasuna y se oponen frontalmente Ezker Batua, Aralar y ANV. Su coste se calcula en más de 700 millones de euros y se espera ponerlo en marcha en 2020.
A pesar de que en las últimas tres décadas ha existido una tendencia por parte de la población a asentarse en los municipios costeros, lo que se ha traducido en "una fuerte presión urbanística en la primera línea", admite Oregi, "todas las actuaciones realizadas en esta zona han sido bastante moderadas". Considera "muy alentador" que el Gobierno impulse la recuperación de la costa. "Las intenciones de Narbona [ministra de Medio Ambiente] son muy interesantes, porque van en la misma línea que las del Gobierno vasco. Ahora bien, nos chocaría que ese mismo gobierno que plantea la defensa del litoral luego pudiese dar vía libre a proyectos a gran escala como el de Pasajes. No va de acuerdo con el plan de protección del litoral", concluye la viceconsejera de Ordenación del Territorio.
* ELPAIS.com - A. URIONA / M. ORMAZABAL - Bilbao / San Sebastián - 10/01/2008
Foto: Ampliación del puerto de Mutriku, y abajo, zona de la reserva de la biosfera en Urdaibai, donde Ardanza tiene un chalé con irregularidades- P. J. P. - elpais.com
