La Junta de Andalucía a punto de concluir la legalización de El Algarrobico

ECOLOGISTASENACCIÓN/Almería* : La Junta de Andalucía hace escasas fechas ha lanzado a bombo y platillo a través de los distintos medios de comunicación que el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos de Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata significará una sensible mejora del nivel de protección de este parque natural. Una vez más la Junta de Andalucía, en una descarada operación de cosmética electoral, engaña a los ciudadanos y manipula a la opinión pública. Porque nada más lejos de la realidad que esa mejora de la protección.

Ciertamente la Junta de Andalucía parece haber dado marcha atrás en dos de los proyectos urbanísticos más conflictivos. En el proyecto de PORN que inminentemente verá la luz, se mantiene la protección como “área seminatural” de las 15 has. ubicadas en los mismos límites de las salinas de Cabo de Gata en las cuales se pretendía ubicar la urbanización de La Fabriquilla, y se califican como “área natural” las 48 has. más próximas al núcleo de Agua Amarga amenazadas por la urbanización Marina de Agua Amarga, que se asentaban sobre un hábitat comunitario de máxima importancia. En ambos proyectos de urbanización, la violación de la normativa comunitaria era flagrante y nos alegramos de estas rectificaciones, aunque no sabemos si una vez más, como nos tiene acostumbrados la Junta de Andalucía, cuando se haya publicado el nuevo PORN, alegará que, al existir sentencias judiciales que supuestamente dan la razón a los propietarios, dichos suelos no cabe otra cosa que calificarlos de urbanos. Un subterfugio de la Junta que hace tiempo conocemos.

Aquí paran todos los beneficios del nuevo PORN. En todo lo demás, la Junta de Andalucía ha hecho oídos sordos a más de 16.000 alegaciones presentadas, a las que ni siquiera ha contestado, que demandaban, cuando menos, que el nuevo PORN mantuviera las garantías de protección del antiguo, el que quedará sustituido en fechas próximas. Da sonrojo recordar las distintas intervenciones públicas de los cargos políticos de la Junta, incluido su presidente, Sr. Chaves, y en reiteradas ocasiones de la Consejera de Medio Ambiente, la Sra. Coves, en relación con el macrohotel de El Algarrobico: que no se abrirá, que es una aberración, que se demolerá...

Sin embargo, aunque la Consejera lo haya ocultado descaradamente en las declaraciones a la prensa, para la parcela en la que se ubica dicho hotel, la Junta prevé su recalificación desde “área natural de interés general” en el PORN vigente del 1994 a “núcleo habitado preexistente” en el nuevo PORN. Es decir, la Junta pretende legalizar el hotel, actualmente ilegal por asentarse dentro del parque en suelo no urbano, declarando en el nuevo PORN que en esa zona desde siempre existe un núcleo urbano y que es un área transformada. Una forma de atajar, y de raíz, las posibles responsabilidades, incluso penales, que pudieran derivarse de la actuación de las distintas administraciones en este feo asunto. Un intento claro de hacer inútiles los distintos procedimientos judiciales abiertos contra la Junta por distintas asociaciones.

Similar solución aporta la Junta de Andalucía en el nuevo PORN para las más de 200 has. de suelo urbano ilegal que se han ido desarrollando dentro de este parque natural. Nos referimos a las urbanizaciones fuera de ordenación en la entrada de los pueblos de San José, La Isleta, Rodalquilar, Las Negras, Agua Amarga, que están fuera de los límites urbanos marcados en el PORN vigente del 1994. La Junta las recalifica todas como suelo urbano. De manera que este parque pasará a tener, no las 300 has.. de suelo urbano previstas en el PORN de 1994 sino las más de 500 has que prevé la reforma de 2008. Y, además, para evitar cualquier tipo de contratiempo o cortapisa medioambiental al desaforado desarrollo urbano, todos los núcleos urbanos del parque quedan fuera del parque natural, como sucede ya con el núcleo de Carboneras. Así, no habrá norma ambiental que pueda poner freno a lo que se quiera hacer en estos núcleos urbanos, por lo que podríamos llegar a ver rascacielos.

Sin embargo, los desmanes, fruto del nuevo PORN proyectado por la Junta de Andalucía, en la protección de este parque natural, que acumula para sí un montón de figuras de protección comunitarias e internacionales (Zona de Especial Protección de Aves, Lugar de Interés Comunitario, Geoparque Europeo, Reserva de la Biosfera, Zona de Especial Interés del Mediterráneo), no terminan aquí. La Consejera afirmó que se pasan de las 10.000 has. reservadas a cultivo de regadío al aire libre, a 3000 has.., que serán las definitivas.

Primero, hay que preguntarse por qué en un espacio cuya protección e interés medioambiental y paisajístico se basa en su clima subdesértico, se autorizan cultivos intensivos al aire libre. Recordemos que hay más de 500 has. dentro del parque reservadas para cultivos intensivos bajo plástico, a los que ahora se sumarán 3.000 más de cultivo intensivo al aire libre (que necesitan más agua, más tóxicos para evitar plagas… así como la intervención de maquinaria pesada para la instalación de las tuberías subterráneas y la construcción de infraestructuras vinculadas a su explotación). Para este tipo de agricultura sólo habrá que acreditar la existencia de agua, no se sabe bien de qué tipo, porque el Delegado de Medio Ambiente de Almería, Sr. Luque, se ha comprometido públicamente en muchas ocasiones a impedir la entrada de agua desalada al parque para la agricultura, requisito indispensable si se pretende conservar el valor subdesértico del paisaje, la flora y la fauna. Pero es que no se requiere acreditar que en algún momento estos terrenos se hayan dedicado a la agricultura o sea agricultor la persona que los explote.

Difícil, pues, comprender esta apertura del PORN a una forma agrícola tan incompatible con las condiciones de este parque natural. Difícil también entender qué sentido puede tener fomentar la agricultura intensiva en lugares tan emblemáticos como la llanura de Genoveses, los valles de Los Escullos y Rodalquilar o La Joya de Agua Amarga, entre otros. A nadie escapa que estos lugares obviamente tienen muchísimo más potencial económico como atractivos turísticos que por la producción agrícola que se puede sacar de ellos.

Pero una vez que se miran los mapas se adivina otra intención oculta. La calificación como zonas C1 (cultivo intensivo de regadío al aire libre) se sitúa tan estratégicamente como para hacer pensar a cualquiera que lo que se está es propiciando la degradación del suelo para poder urbanizarlo. Las zonas de regadío, que a veces ocupan parcelas mínimas de unos centenares de metros, circundan todos y cada uno de los actuales núcleos de población o de los más pequeños núcleos preexistentes y colonizan los mejores paisajes del parque. Definitivamente parece que la calificación de zonas de cultivo intensivo de regadío al aire libre está guiada, no por la conveniencia o viabilidad agrícola, sino por la futura conveniencia de crecimiento urbano.

En la cartografía que se aporta como ejemplo, se comprueba con toda claridad lo que afirmamos. ¿Estamos hablando, entonces, de una posible futura ampliación de suelos urbanos en varios miles de has? Impensable ¿verdad? Pues eso mismo pensábamos del hotel de El Algarrobico. En todo caso, lo que es seguro es que esas más de 3.000 has. de regadío significan una degradación ambiental de más de 3.000 has. de inmediato en algunos de los lugares más sensibles y únicos del parque, así como alrededor de todos sus pueblos.

Además, la Junta de Andalucía no ha subsanado, como se le solicitaba, la falta de garantías que implica el hecho de incluir una cláusula abierta en los usos permitidos. Así se mantiene que la Consejería, fuera de los previstos, pueda admitir otros usos compatibles. Esto fue (la no existencia de prohibición expresa) lo que dio origen a la autorización para una piscifactoría que se sitúa en la actualidad a menos de 500 metros de una reserva integral. Lo mismo cabe decir para la degradación e impacto paisajístico provocado por más de 100 has. de cultivo intensivo de regadío al aire libre en torno al emblemático cortijo de El Fraile.

La Junta ha venido autorizando las transformaciones de cultivo de secano tradicional a regadío porque no había norma que lo prohibiera. Ante estos precedentes, no es fiable que la Junta, discrecionalmente, tenga la posibilidad de decidir que es o no compatible con la fisonomía e idiosincrasia de este parque natural. Pero tampoco se ha especificado en el proyecto de PORN en qué se concreta, respecto a los usos permitidos, que gran parte del litoral del parque (salvo las zonas de reserva integral), entre las cuales se encuentran playas totalmente vírgenes como Mónsul, Barronal o Cala Grande, pasen a ser zonas de recreo y esparcimiento. Caso omiso ha hecho la Junta de Andalucía también a la petición de que se zonifique el tan cacareado valor paisajístico del parque, de manera que sobre la cartografía aparezcan las zonas cuya imagen no se podrá degradar.

A la vista de estos antecedentes no es admisible que la Junta de Andalucía se reserve, sin garantías para los ciudadanos, la modificación puntual del Plan de Ordenación que ahora verá la luz.

Una vez más la Junta de Andalucía hace campaña electoral, engaña a los ciudadanos y evita que se puedan depurar responsabilidades por las posibles ilegalidades cometidas en el parque natural de Cabo de Gata. En conclusión: un mal Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para un parque natural costero emblemático, el de Cabo de Gata y, claro está, no vamos a permanecer impasibles. A la Junta de Andalucía se le multiplican los escándalos como El Algarrobico y la opinión pública ha demostrado su extremada sensibilidad en este tema.









* Ecologistas en Acción - Almería 20 de diciembre
Foto: El Algarrobico (Almería), demolición - greenpeace.org



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Buena parte de los pisos que la Xunta denunció en Barreiros ya están vendidos

LAVOZDEGALICIA/Lugo* : Una buena parte de las aproximadamente trescientas viviendas afectadas por los contenciosos que acaba de interponer la Xunta contra cuatro promociones de Barreiros están vendidas y en distintas fases de construcción, unas con la estructura rematada y cerrada, otras con la cimentación empezada y otras con la obra incluso más adelantada.

Con esta última ofensiva judicial contra el urbanismo del Concello mariñano, son ya cerca de 650 las viviendas que están denunciadas en el juzgado -cuya construcción sigue y algunas están casi terminadas-, un número que podría aumentar hasta tres mil, según explicaba ayer el alcalde de la localidad, el popular Fuente Parga, si la Consellería de Política Territorial aplica el mismo rasero a todas las licencias concedidas hasta el 15 de noviembre del 2006 y considera que se dieron en suelo urbano no consolidado. Aquí estriba el quid de la cuestión; el Concello afirma que sí cuentan con todos esos servicios y es suelo consolidado, y la Xunta se limitaba ayer a comentar que ante la disparidad de opiniones acude a los tribunales para que sean ellos los que se pronuncien sobre la legalidad de estas construcciones.

En medio de esta contienda urbanística hay mucha gente. Para empezar, los compradores, los propietarios de terrenos y también los constructores. Ayer solo se oyó su voz a través de Hipólito Trinidad, presidente de la Asociación de Promotores y Empresarios de la Construcción de Lugo (APEC) que, al remate de una reunión del colectivo se limitó a decir que es una situación difícilmente entendible que genera mucha preocupación en el sector, que ve un futuro muy incierto; a día de ayer, dijo, no tienen claro qué medidas que adoptarán. En principio, deberán personarse en la causa. El Concello de Barreiros citará a las tres empresas afectadas antes de veinte días para avisarlas de la existencia de este nuevo contencioso, para que preparen su defensa; alguna de ellas no ha recibido notificación todavía.








* La Voz de Galicia - 22/12/2007
Foto: Algunas de las obras están adelantadas, como muestra la foto - lavozdegalicia.es



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El Ayuntamiento de Totana tiene paralizados 70 convenios por los que recibió 16 millones

ELPAÍS/Murcia* : El anterior alcalde del Ayuntamiento de Totana (Murcia), el hoy diputado regional del PP Juan Morales, firmó durante su mandato unos 70 convenios urbanísticos por valor de 65 millones de euros. "Ingresar dinero rápido en los ayuntamientos a golpe de convenio" es, según fuentes jurídicas, un sistema muy habitual. Pero el dato de Totana adquiere relevancia ahora por dos razones. Primero, porque Morales está siendo investigado por su presunta participación en la trama de corrupción urbanística destapada por la unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO.

Los responsables de la investigación sospechan que para firmar al menos uno de esos convenios, el ex alcalde llegó a exigir al constructor tres millones de euros.

Pero la cifra también es importante porque los promotores llegaron a adelantar, tras la firma de los convenios, unos 16 millones de euros, que el municipio deberá devolver si los planes llegaran a anularse. Por cada convenio firmado, el Ayuntamiento tenía por costumbre pedir a la otra parte por adelantado un 25% del dinero total establecido por la recalificación. El resto, una vez aprobado el Plan de Ordenación Urbana y hecha la recalificación. Todo se ha venido abajo, ya que el planeamiento urbanístico de Totana ha sido paralizado por la Comunidad de Murcia.

En el marco de la Operación Tótem, la Guardia Civil captó una conversación entre el actual alcalde, José Martínez Andreo, también del PP, y que está encarcelado por su presunta participación en la trama, y un amigo suyo. En ella Martínez expresaba su preocupación por el dinero adelantado: "Si las arcas sobreviven es gracias a los convenios. Como el plan general no salga y haya que devolver el dinero que nos han adelantado, el Ayuntamiento irá a la quiebra", afirmó.

El comentario, grabado, forma parte de las conversaciones interceptadas al alcalde y que figuran en las diligencias de la trama urbanística de Totana, que ya se salda con 13 detenidos.

Según fuentes jurídicas, otras conversaciones interceptadas al alcalde revelan que éste mezcla sus intereses privados con los públicos. Por el tono de sus conversaciones con terceros, algunos de ellos beneficiarios de recalificaciones, se observa que Martínez Andreo no distingue sus negocios privados de la gestión municipal.

"Maneja el Ayuntamiento como si fuera su propia economía familiar", señalan los citados medios.








* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 22/12/2007
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es




NOTICIA RELACIONADA : La Audiencia imputa ocho delitos al alcalde de Totana y confirma su prisión - EL PAÍS - TONO CALLEJA - Totana - 22/12/2007



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El POTA reduce un 80% las viviendas que Gadafi quería levantar en la Costa del Sol

MÁLAGAHOY* : Los intereses inmobiliarios del líder libio Muamar Gadafi en la Costa del Sol se han visto seriamente perjudicados por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). El Gobierno libio apenas si podrá levantar 500 viviendas en una finca de su propiedad en Benahavís, frente a las 2.500 que tenía proyectada junto a un campo de golf y un hotel.

La culpa de este revés la tiene el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que limita el crecimiento proyectado en los planes generales de ordenación urbana al 30 por ciento de la población existente.

Esta parcela de cinco millones de metros forma parte de una finca de cerca de 7.000 hectáreas, conocida como La Resinera, que el Gobierno libio posee en la Costa del Sol a través del Lybian Arab Foreign Bank. Esta propiedad arranca en el límite oriental de Estepona, sobrepasa la carretera que conecta San Pedro Alcántara con Ronda, dobla la cresta de Sierra Bermeja para entrar en el valle del Genal.

La finca se extiende por los municipios de Benahavís, Estepona, Pujerra y Júzcar. En conjunto suma 65 kilómetros cuadrados, es más grande que Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola y está considerada uno de los latifundios más extensos de la provincia.

El Gobierno libio, por tanto, es uno de los principales propietarios de suelo en la Costa del Sol. Y dentro de esta vasta propiedad se enclavan estas 500 hectáreas de suelo urbanizable que el Lybian Arab Foreign Bank ha mantenido intactas durante lustros, hasta que hace unos dos años decidió iniciar su desarrollo, pero tuvo que frenarlo a la espera de que estuviera listo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benahavís.

La sorpresa ha sido mayúscula al descubrir ahora que sólo podrán edificar el 20 por ciento de lo que habían previsto, a causa de las restricciones de crecimiento que ha impuesto el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). De hecho, hace cuatro meses el presidente del Lybian Arab Foreign Bank, Najib el-Jamal, expresó su malestar al alcalde de Benahavís, José Antonio Mena (PP), y expresó su deseo de reunirse con responsables de la Junta de Andalucía.

El Lybian Arab Foreign Bank se hizo con la propiedad de La Resinera en 1995 al comprársela al Aresbank, entidad actualmente de su propiedad y de la que era accionista mayoritario desde su fundación.

En la antigüedad este vasto latifundio se había dedicado a la extracción de resina hasta que fue adquirida por el inversor libanés Reda Alaywan a mediados de los años 80 por 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros). Quería construir un parque temático que llamaría La Montaña Mágica. Fue entonces cuando el Ayuntamiento permitió cambiar los usos de las 500 hectáreas sobre las que actualmente Libia planea levantar un complejo inmobiliario.

El inversor libanés quería hacer algo a lo grande. Era el tiempo en el que Disney buscaba un espacio en Europa para crear una réplica de su centro de ocio de Orlando. Incluso hubo contactos entre Disney y Alaywan, pero el proyecto, finalmente, se llevó a cabo en París.

Por aquel entonces, los negocios de Alaywan se habían torcido y el Aresbank embargó la finca para saldar una deuda del financiero valorada entonces en 1.500 millones de euros. Esta aventura prácticamente le costó la vida al Banco Árabe Español. Después de años de litigio, el Tribunal Supremo le obligó a devolver al financiero libanés el precio de los terrenos (que ya había vendido al Lybian Foreigh Bank) y le impuso una fianza de más de 79 millones de euros, cantidad que excedía los recursos propios de la entidad y que finalmente fue recortada hasta los 10,7 millones de euros.








* Málaga Hoy - Encarna Maldonado / Málaga - 20.12.2007
Foto: Benahavís (Málaga) - portalmalaga.com



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Madrid 23 de diciembre: Concentración para reivindicar el derecho a la vivienda digna

VDEVIVIENDA* : Concentración en Madrid: 23 de diciembre, 17 h, Puerta del Sol.
Llevamos más de un año reivindicando activamente el derecho a una vivienda digna, y a pesar de las promesas electorales, nos encontramos con que la situación no sólo no ha mejorado, sino que las nuevas medidas tomadas por el Gobierno en materia de vivienda bajo el calificativo social, están destinadas a apuntalar a los propietarios con dinero público. En vez de señalar, gravar o expropiar a los que especulan con la vivienda, se les facilita que aumenten sus beneficios a través del mercado de alquiler.

La Asamblea V de Vivienda de Madrid ha conocido que durante las últimas semanas se están convocando, mediante un correo electrónico anónimo, nuevas concentraciones por la vivienda digna en todo el Estado para el 23 de diciembre.

Hemos recibido varios correos electrónicos preguntándonos la fecha de las movilizaciones, ya que en el texto de convocatoria aparece sábado 23 de diciembre, lo cual se presta a confusión porque el próximo 23 de diciembre es domingo.

Desde la Asamblea V de Vivienda de Madrid queremos aclarar que aunque nosotros no hemos convocado estas concentraciones, apoyamos cualquier iniciativa ciudadana que siga denunciando la especulación y la dificultad de los trabajadores para disfrutar de una vivienda digna, y nos sumaremos a esta movilización. Entendemos que la convocatoria es el domingo 23 diciembre, y es ese día en el que, una vez más, saldremos a la calle.

Concentración en Madrid: 23 de diciembre, 17 h., Puerta del Sol


El texto del correo que convoca el 23 de Diciembre:

Macro Manifestación(leer el final)La nómina de mi padre (Artículo de Forges en El
País)'La nómina de mi padre en diciembre de 1979 era de 38.000 pesetas. Él trabajaba
como peón en una obra. En ese mismo momento le ofrecieron comprar una casa. Le
pedían un total de 500.000 pesetas por ella. Decidió no arriesgar y continuar
viviendo en régimen de alquiler, en unas condiciones muy buenas. Se trataba de una
casa modesta pero muy bien ubicada, en pleno centro de un pueblo cercano a
Barcelona. A los pocos meses mi padre y mi madre compraron un terreno en otro pueblo
de la misma provincia y en menos de cinco años de esfuerzo ya habían levantado y
pagado una vivienda de 120m2. Han pasado 27 años. En 2006 y en el mismo pueblo donde
viven, un piso modesto de 75m2 a las afueras no se encuentra por menos de 35
millones de pesetas, y estoy siendo muy generoso.En el año 1979 el coste de un piso
era del orden de 14 mensualidades de un peón de obra 38.000 pts/mes x 14 meses =
532.000pts. El sueldo en 2006 de un universitario recién titulado en ingeniería
informática sin experiencia profesional no llega a las 200.000 pesetas mensuales. En
el año 2006 una vivienda modesta cuesta 175 mensualidades (14 anualidades!!!!) de un
ingeniero informático.

200.000 pts/mes x 175 meses=35.000.000 pts.Los jóvenes de hoy necesitaríamos cobrar
2,5 millones de pesetas mensuales para estar en igualdad de condiciones con nuestros
padres que compraron una vivienda a principios de los años 80.
2.500.000 pts/mes x 14 meses = 35 Mill. de ptsLos pisos en el año 2006 deberían
costar 2,8 millones de pesetas para que los jóvenes de hoy estemos en igualdad de
condiciones con nuestros padres en 1979.
200.000 pts/mes x 14 meses = 2.800.000 pts


No encuentro adjetivo alguno en el año 2006 para calificar lo que mi padre consideró
arriesgado en 1979. Está claro que los pisos no van a pasar a costar de la noche a
la mañana 30 veces menos, de 35 a 3 millones. También está claro que no voy a cobrar
2,5 millones de pesetas mensuales, por muy buen trabajo que encuentre y por muchos
estudios que tenga. Lo primero que se le ocurre a uno es seguir viviendo en casa de
sus padres y ahorrar el 100% del sueldo durante los próximos 14 años, para el año
2020 (yo rondaré ya los 40 años de edad) tendré el dinero suficiente para comprar
una vivienda al coste del año 2006 pero, por supuesto, no al coste del año 2020.
Evidentemente esta ocurrencia la desecha uno antes de hacer cualquier cálculo.
Aunque un joven bienintencionado consiga ahorrar 2, 4 o 6 millones con mucho
esfuerzo en pocos años, a día de hoy nunca podrán evitar:1) Pedir un préstamo al
banco a 40 o 50 años (si consigues ahorrar 2, 4 o 6 millones puedes reducir el
período a 35 - 45 años, pero 5 años no suponen prácticamente nada cuando estamos
hablando de medio siglo de pago). Te darás cuenta de que no vives en una democracia
sino en una dictadura. El dictador no se llama Francisco Franco, sino La Caixa,
BSCH, Banc de Sabadell o, en general, 'la banca'. Ni siquiera tendrás la libertad de
decir lo que piensas a, por ejemplo, tu jefe, no vaya a ser que cierre el grifo y no
puedas pagar al dictador.2) La otra solución es pagar un alquiler de por vida. En
este caso el dictador se llamará Juan García, José Pérez o Pablo el arrendador. La
situación no es distinta a 1).Después de esta reflexión ten la delicadeza de no
decir a un joven que su problema es que no ahorra, eso fue válido para ti en 1979,
incluso era valido para algunos jóvenes en 1999, pero no en 2006, en 2006 sólo
consigues cargar con más impotencia, si cabe, al muchacho. El esfuerzo de nuestros
padres, sin duda alguna admirable, no era estéril (podían obtener una vivienda de
propiedad en un período de 5 años). El mismo esfuerzo realizado por nosotros, los
hijos, sólo llega para quizá reducir en 5 años una hipoteca de medio siglo. La
vivienda nunca fue un objeto para enriquecerse, sino para vivir y es de lo poco
material que sí necesitamos. La ley del libre mercado puede establecer el precio de
los televisores de plasma al precio que quiera... yo no los compraré... pero nunca
tuvimos que permitir que esa misma ley fijara el precio de la vivienda, porque todos
Necesitamos vivir en una y no todos podemos pagarla. Los jóvenes, incluso aquellos
que tenemos estudios superiores, no podemos competir'.Forges, EL PAÍS, 2/5/2006


Nota: Tenemos que hacernos oír, todos juntos somos más fuertes!RAZÓN: Después de la
primera sentada por una vivienda digna se han convocado muchas otras, todas ellas
desorganizadas y disgregadas en unas pocas ciudades. Este es un problema a nivel
estatal, es por eso que se convoca una Macro-Manifestación, no una macro-sentada,
para el *DOMINGO 23 DE DICIEMBRE A LAS 17:00 HORAS*, se convoca con tanta antelación
para que se difunda lo máximo posible, se ruega a todo el que reciba este mensaje
que lo difunda de todas las formas que se le ocurran, panfletos, mails, foros de
internet, cartas a los medios de comunicación, a todo tipo de asociaciones...








* V de Vivienda - Madrid 10 de diciembre de 2007
Foto: VdeVivienda, cartel Guateque Madrid 22 dic




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La Unión Europea se suma a la defensa de Aguamarga

ELPAÍS/Almería* : La Comisión Europea, a petición de la Plataforma en Defensa de Aguamarga, se ha incorporado mediante la apertura de un expediente informativo a la lucha contra el proyecto para la construcción de 350 viviendas, un complejo hotelero y un campo de golf en Aguamarga, uno de los espacios más amenazados del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Tras este avance, buena parte del peso para frenar las expectativas inmobiliarias en esta pedanía que supera escasamente los 200 habitantes recae sobre el Ayuntamiento de Níjar, que prevé aprobar en pleno convocado el próximo jueves el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El consistorio, gobernado ahora por el PP, negocia con la Junta una solución que impida el desarrollo de la zona y que, al tiempo, no vulnere los intereses de los propietarios de las 48 hectáreas sobre las que se proyecta la urbanización, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció en 2002 sus derechos para construir puesto que tanto las Normas Subsidiarias de 1987 como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1994 catalogaban la zona como urbanizable. Para evitar un segundo Algarrobico, paraje del parque natural en el que se paralizó un complejo hotelero cuando ya estaba construido, la Junta de Andalucía ha decidido, en consonancia con la normativa municipal aprobada en 1996, desclasificar en el próximo PORN el espacio a desarrollar que, además de parque natural, está catalogado como Reserva de la Biosfera, zona Hábitat y de Especial Protección para las Aves.

La nueva normativa, que entrará en vigor a principios de 2008, y la declaración de intenciones de la Comisión Europea, que ha garantizado que supervisará todos los pasos que se emprendan para evitar que Marinas de Aguamarga vulnere la legislación europea en materia de medio ambiente, difícilmente podrán por si solas en este caso cerrar la puerta a la promoción inmobiliaria. Conocedoras de esta realidad, las administraciones tratarán de que el PGOU de Níjar sea la herramienta que consolide la lucha iniciada en defensa de este espacio natural mediante una permuta de terrenos que permita el traslado de este proyecto urbanístico a un espacio que carezca de figuras de protección.

Mientras que la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Níjar mantienen un silencio sepulcral sobre el estado de las negociaciones, los colectivos Ecologistas en Acción, Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el Grupo Ecologista Mediterráneo acusaron ayer a la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, de "engañar y manipular descaradamente" a los andaluces en el caso de la desclasificación de Aguamarga. Paco Toledano, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, aseguró que dotar de mayor protección a esta zona sin "saber cómo resolver" el conflicto de intereses creado con sus propietarios es "poco más que vender ilusión".








* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 22/12/2007
Foto: Níjar (Almería), AguaAmarga - portalmanzora.es




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El ayuntamiento de Arona destina 60.000 euros para la defensa de su alcalde presuntamente corrupto

SER/Tenerife* : Con los votos a favor de Coalición Canaria y del PP, el ayuntamiento de Arona, al sur de Tenerife, ha aprobado destinar 60.000 euros para pagar la defensa jurídica del alcalde de la localidad, el nacionalista José Alberto González Reverón, y los siete concejales de la anterior Junta de Gobierno imputados por presuntos delitos de prevaricación y adjudicación de obras con informes jurídicos en contra, tras una denuncia de la Fiscalía.

Por este asunto continúan detenidos desde el martes el arquitecto municipal y un empresario que están siendo interrogados por el juez de Arona, Nelson Díaz.

El primer teniente de alcalde de la localidad tinerfeña, Antonio Sosa, dice que el abono está condicionado a la inocencia o culpabilidad de los imputados: "Como hay una presunción de inocencia el abono está condicionado a que todo el proceso vaya bien y de lo contrario se devolvería el importe al Ayuntamiento".

Por su parte, la oposición socialista va a impugnar este acuerdo de pleno por considerarlo ilegal.







* Cadena Ser - 21-12-2007
Foto: Arona (Tenerife) - lagacetadecanarias.net



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El TSJ confirma la prisión incondicional del alcalde de Totana

LAVERDAD/Murcia* : En un comunicado, la Audiencia Provincial asegura que "en vista de la gravedad de las penas previstas para los delitos antes mencionados procede mantener la situación de prisión". La Sala de la Sección tres de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso interpuesto por la representación procesal del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, contra la resolución de tres de diciembre, por lo que confirma la prisión incondicional del edil, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en un comunicado de prensa.

En los fundamentos jurídicos la Sala señala que la prisión provisional, como medida cautelar que es, "ha de ser excepcional y no puede equipararse a un cumplimiento anticipado de la pena, pero ello no impide que la misma se acuerde cuando concurran los requisitos o circunstancias que establecen los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Para decidir si se mantiene la situación de prisión provisional deben concurrir los siguientes requisitos: que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados de un delito doloso.

Así como, que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar auto de prisión.
Y que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines: asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse riesgo de fuga; evitar la ocultación o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos que exista un peligro fundado y concreto; y evitar que el imputado pueda actuar contra bienes de la víctima.

A la vista del testimonio remitido por la juez de Instrucción se estima que concurren las circunstancias previstas en los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues los hechos que se refieren revisten apariencia delictiva y son presuntamente constitutivos de, al menos, los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, de omisión del deber de perseguir determinados delitos y falsificación de documentos públicos.

Considerando que existen indicios racionales de la participación de José Martínez Andreo en la ejecución de los mismos según se desprende de las pruebas que se refieren en el auto reservado; no apreciando motivos que desvirtúen los razonamientos de la juez, y ello teniendo en cuenta el carácter objetivo de las pruebas en las que se basa el auto recurrido.

En función de la gravedad de las penas, continúa el comunicado de prensa del TSJ, previstas para los delitos antes mencionados procede mantener la situación de prisión provisional, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, pues en el momento procesal en que se encuentra, en fase inicial de la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos, se considera dicha medida "proporcionada y justificada" en tanto que permiten cumplir los fines previstos en los preceptos aludidos.
Con ello se impide que el recurrente interfiera, oculte o destruya las fuentes de prueba, al tiempo que se evita que pueda sustraerse a la acción de la justicia por la gravedad de los hechos. Contra el auto de la Audiencia no cabe recurso ordinario alguno, concluye el comunicado.








* La Verdad - 21.12.07
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com



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La Policía destapa una red de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Almuñécar

IDEAL/Granada* : Sólo el levantamiento del secreto judicial que pesaba sobre la investigación ha resquebrajado un sigilo que se ha prolongado durante meses, un tiempo que agentes de la Policía Nacional expertos en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos económicos -y llegados ex profeso desde fuera de Granada- han aprovechado para recopilar indicios que apuntan a la existencia de un red de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Almuñécar. El asunto es serio. Según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, están implicados políticos y funcionarios del Consistorio sexitano. Uno de ellos es el propio alcalde de la ciudad costera, el controvertido nacionalista Juan Carlos Benavides, que ya ha declarado en calidad de imputado en el juzgado que lleva el caso.
Entre los investigados se encuentra también alguno de sus colaboradores más cercanos.

Recursos eternos

Los medios consultados no quisieron aportar detalles: se limitaron a confirmar la información. No obstante, y dada la especialidad de los detectives que han llevado a cabo el trabajo de campo, todo indica -a falta de la calificación definitiva- que la investigación puede haber detectado huellas de los presuntos delitos de malversación de dinero público, negociaciones prohibidas a funcionarios e, incluso, blanqueo de capitales.

El abultado currículo judicial de Juan Carlos Benavides y varios de sus hombres de confianza sigue engordando. Los problemas se multiplican y cada vez el atolladero judicial es más estrecho. Recientemente, este periódico publicó que la Fiscalía de Granada ha solicitado dos años de cárcel para el polémico regidor sexitano -y algunos de sus concejales- por la construcción, supuestamente delictiva, de un pabellón polideportivo en La Herradura, un tema que ya está listo para la celebración de la vista oral del juicio. Si no hay imprevistos y los recursos no se eternizan -los afectados, siempre que la ley se lo permite, apelan las decisiones judiciales que les incumben-, es cuestión de semanas. La investigación que ha trascendido ahora no está todavía en ese punto, pero, al parecer, los indicios son sólidos. No sería extraño, en este sentido, que los agentes hubieran pedido al tribunal permiso para realizar escuchas telefónicas a los sospechosos, una herramienta que puede ser clave a la hora de desmenuzar tramas supuestamente corruptas.

Lo que sucede es que el juez que ha llevado el caso ha logrado otro destino y su sustituto debe ponerse ahora al día de todo lo realizado, lo que puede entrañar algún retraso. De momento, lo que sí es seguro es que los implicados -tres o cuatro personas, además de Benavides- ya han prestado declaración en calidad de imputados.

El origen

Todo empezó hace aproximadamente año y medio. El juez del caso solicitó la intervención de una unidad especializada de la Policía Nacional, que se desplazó desde fuera de la provincia. Es un grupo especializado en delitos relacionados con la corrupción, el que ha actuado por ejemplo en la 'operación Malaya' de Marbella.

La minuciosa investigación ha permitido identificar un grupo de unas cuatro personas con grandes conexiones en la sociedad sexitana que presuntamente habría montado una red delictiva. El secreto del sumario se levantó a principio de mes, aunque es probable que la investigación siga todavía viva.

El siguiente paso es que el Juzgado recoja en un auto las pesquisas policiales y seguidamente llegará la calificación.







* Ideal - 20.12.07 - CARLOS MORÁN Y QUICO CHIRINO
Foto: Almuñécar (Granada), ayuntamiento - almunecar.be


NOTICIA RELACIONADA : La supuesta red de corrupción de Almuñécar acumula propiedades en el extranjero - IDEAL - Q. CHIRINO Y C. MORÁN - 21 diciembre 2007



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Madrid: Aguirre abre una vía para recalificar suelo más fácilmente

ELPAÍS* : Madrid ya tiene aprobados sus Presupuestos Generales y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocida como Ley de Acompañamiento). Ocurrió ayer en el pleno de la Asamblea, gracias a la mayoría absoluta del PP, con 67 diputados, frente a los 52 que suman PSOE e IU. Pero además los madrileños tienen una nueva Ley del Suelo, aunque eso quedara oculto en el texto del artículo 10 de la nueva Ley de Acompañamiento, que modifica varias disposiciones de dicha normativa. Este precepto, entre otras novedades, abre la vía para que en el futuro pueda recalificarse el suelo de un municipio con una simple modificación parcial de su planeamiento urbanístico.

Ecologistas en Acción tachó ayer de "peligrosa" esta modificación legal hecha "bajo cuerda" y anunció que está estudiando las vías para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento de Aguirre. También el sindicato CC OO prepara una medida similar. "La doctrina del Tribunal Constitucional establece una limitación a la Ley de Acompañamiento, que es que se utilice únicamente para disposiciones económicas o de presupuestos", explicó su portavoz José Luis Díaz. "Pero el Gobierno regional ha utilizado esta ley, como la de Medidas Urgentes que aprobó en verano, como un cajón desastre para de forma torticera modificar leyes hurtándolas al debate".

Pese a ello, los cambios de normativa están ya aprobados. El PP no aceptó ninguna enmienda de la oposición, pero introdujo cuatro suyas. Éstas son algunas de las modificaciones a la Ley del Suelo aprobadas ayer:

- Un reglamento para modificar el plan. La Ley de Acompañamiento incluye un nuevo apartado en el artículo 57 de la Ley del Suelo que saca del marco legal la definición de modificación puntual de un plan general. Ahora será el Gobierno regional el que la establezca, mediante un reglamento.

Y esto implica que las modificaciones puntuales de los planeamientos no seguirán la estricta tramitación de un plan general, que debe ser aprobado en el Pleno del Ayuntamiento y luego supervisado por la Comunidad de Madrid, en un largo proceso que puede durar años. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente explicó que se pretende así "agilizar las modificaciones menores" de los planes urbanísticos. El Reglamento, agregó, comenzará a elaborarse a partir del 1 de enero.

- Posibilidad de recalificar suelo. La Ley de Acompañamiento elimina también las limitaciones que tenían las revisiones puntuales de los planeamientos. Hasta ahora, tenían prohibido por ley (artículos 68 y 69 de la Ley del Suelo) recalificar suelo o disminuir las zonas verdes. Si esto ocurría se entendía que ya no era una modificación puntual, sino que afectaba a todo el planeamiento y por tanto debía seguirse la tramitación como si fuera un nuevo plan general. Ahora, una modificación puntual podrá saltarse dichas limitaciones, según la Ley de Acompañamiento. "Van a sacar adelante muchos planes urbanísticos a base de modificaciones puntuales", lamentó la portavoz de los ecologistas, Ángeles Nieto, que agregó que se han presentado modificaciones puntuales "a patadas", entre los que citó los casos de Alcalá de Henares y El Boalo.

- Reducción del suelo para vivienda protegida. La Ley del Suelo establece la obligación de ceder 20 metros por cada 100 metros cuadrados de suelo a la Comunidad de Madrid para las redes públicas. De esa cesión, una tercera parte va destinada a viviendas públicas o de integración social y hasta ahora no había limitación de lugares. Pero la Ley de Acompañamiento lo reduce a "sectores con uso característico residencial".

Es decir, que no podrá reservarse el suelo para vivienda pública en zonas de uso comercial, industrial o incluso en zonas donde, por ejemplo, es compatible el uso comercial con el uso residencial aunque éste no es el "característico".

Por tanto, se reducirá el suelo disponible para vivienda protegida en la región.

- Cesión entre municipios.

A veces la cesión para vivienda protegida no se puede cumplir en la misma zona del desarrollo. La Ley del Suelo permitía cederlo en otro sector, ceder su valor en dinero, e incluso ceder terreno en otro municipio (artículo 91).

Pero impedía en el último caso que se cediera a otra localidad "el porcentaje destinado a la red de viviendas públicas o de integración social".

La ley elimina esta puntualización y eso permite que un municipio renuncie a tener vivienda pública, lo que favorece la segregación social.

Un portavoz de la consejería de Medio Ambiente explicó que el objetivo es priorizar que se ceda suelo para equipamientos públicos, aunque sea en otro lugar, para evitar que los promotores opten por la posibilidad de dar dinero a cambio.








* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 21/12/2007
Foto: Madrid, grúa especulación - ecologistasenaccion.org




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23 de Diciembre : Macromanifestación por el derecho a la vivienda

VDEVIVIENDA/Barcelona* : Tornem al carrer Diumenge 23 a les 17.00h. a la Plaça Catalunya
Ha vuelto a pasar!!!!
Como sucedió con la primera sentada del 14 de mayo, de nuevo y desde hace varios meses un email anónimo está siendo reenviado por miles y miles de personas. Un email que hace un llamamiento a manifestarse por el derecho a la vivienda el próximo 23 de Diciembre en todas las ciudades del estado.

VdeVivienda, Asamblea Popular por el Derecho a la Vivienda de Barcelona (a la que estaís todos invitados) se suma y refuerza la difusión de esta convocatoria anónima 100% VdeVivienda. Hagamos entre todos que el día 23 nos vuelvan a escuchar. Vente con tu batucada, tus pancartas, tu megáfono, tu guitarra, tus lemas, tus reivindicaciones, tu zambomba, tu sound-system y con todo lo que se te ocurra. Podemos ir proponiendo materiales y acciones para el día de la manifestación en los comentarios a este hilo.

23 de Diciembre : MACROMANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
en todas las ciudades del estado español.

en Barcelona: a las 17 h en Pl. Catalunya.

VUELVE A LA CALLE POR NAVIDAD!!!

Diumenge 23-D tornem a cridar





* V de Vivienda - 14 Diciembre 2007




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El fiscal pide dos años de prisión para el ex alcalde de Manilva por el caso de 'La Parrada'

SUR/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha solicitado la pena de dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros para el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, por un delito de cohecho, en el caso sobre la finca 'La Parrada'. Además, acusa al cuñado de éste, Francisco Calle, para el que pide cuatro años de cárcel y 5,2 millones de multa por el mismo delito y por otro de blanqueo.

Asimismo, el fiscal ha realizado escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, contra Aki Kujala por esos dos delitos, solicitando para éste cuatro años de prisión y multa de 13 millones de euros; mientras que para el socio y administrador de una de las empresas junto con Calle pide otros dos años de cárcel y multa de 2,2 millones de euros.

En sus conclusiones provisionales, la acusación pública indica que la empresa Royal Marbella Estates, controlada por Aki Kujala, que aparece relacionado con distintos individuos presuntamente vinculados a actividades delictivas graves y en algunos casos reclamados judicialmente por varios países, compra varios terrenos por valor de 9,7 millones de euros y luego los vendió por 117 millones.
Este incremento en el valor de los terrenos está, según el fiscal, "íntimamente relacionado" con un convenio firmado entre la entidad y el Ayuntamiento, con Tirado como alcalde, en agosto de 2004; que permite "aumentar la edificabilidad" de la parcela. En concreto, la operación referente a La Parrada supuso unas plusvalías de casi 92 millones de euros.

Se explica que ante las dificultades para vender los terrenos, por el escaso número de viviendas, Kujala y otro socio decidieron acudir al entonces alcalde para conseguir un aumento de densidad de viviendas en los terrenos "de modo que resultara apetecibles para las entidades promotoras y constructoras y pudieran ser vendidos sin dificultad".
Para ello, "se valieron de la mediación del también acusado Francisco Calle" a quien el anterior le propuso "el pago de una importante cantidad de dinero para él y para su cuñado --Tirado-- si lograba convencerlo para que permitiera ese aumento de la densidad". El alcalde "aceptó", según el escrito.
"El aumento de densidad pactado sólo se explica en función de la retribución económica a obtener por el acusado Pedro Tirado, participando en los beneficios que se obtuvieran con la reventa de los terrenos, sin que dicho acusado, alcalde por elección, tuviera en cuenta los intereses generales o las necesidades del Ayuntamiento de Manilva, pues un convenio anterior, por el que se incorporan esas fincas al expediente de cumplimiento del suelo urbanizable no programado, había sido objeto de aprobación definitiva por la Junta de Andalucía pocos meses atrás", se señala.
Calle y Kujala crean una sociedad "con el único objetivo de aparecer como la mediadora en la venta de los terrenos que constituyen la finca la Parrada", según el ministerio público, quien entiende que el cuñado de Tirado "con la finalidad de ocultar la ganancia obtenida en la operación urbanística" transmitió esos fondos a otra empresa constituida por una sociedad de Gibraltar, con el cuarto acusado, mecánico de profesión, como administrador "pese a tener una única participación en el capital social".

La Audiencia Provincial de Málaga revocó el pasado mes de noviembre en parte el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), en este caso, desglosado del caso 'Ballena Blanca', y acordó "suprimir del mismo la imputación por delito de prevaricación".
En el registro domiciliario realizado en la vivienda de Tirado se hallaron 762.102 euros en efectivo, agrupados en fajos de billetes de distinto valor que "forma parte de la retribución pactada" con Aki Kujala y otro socio; y en la de Calle se encontró un reloj regalado por éste "cuyo destinatario era su cuñado y entonces alcalde".







* Sur - EUROPA PRESS - 20/12/2007
Foto: Manilva (Málaga) enladrillada - elpais.com



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El Concello de Sanxenxo ignora a la Xunta y continúa con la urbanización de Major

LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : A pesar de que la Xunta interpuso un recurso contencioso - administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza para paralizar la construcción de un complejo de 161 chalés en el entorno de la playa de Major, en Sanxenxo, el gobierno local ha obviado el requerimiento de la Consellería de Medio Ambiente para frenar el desarrollo urbanístico y continúa con los trámites administrativos.

De hecho, el Concello está apurando los plazos para la constitución de la junta de compensación para el desarrollo del suelo urbanizable número 22, un proyecto que se acometerá sobre una parcela de aproximadamente 70.000 metros cuadrados promovido por la Inmobiliaria Nino Mirón, del presidente del Pontevedra C.?F., y París Da-Kart Área Recreativa.

Este mismo mes, la Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo acordó notificar a los propietarios de los terrenos que formen la junta de compensación aportando las escrituras correspondientes.

Desde el departamento que dirige el socialista Manuel Vázquez se remitió al Concello gobernado por la popular Catalina González una carta en la que se instaba a someter el proyecto de Major al trámite de impacto de evaluación ambiental. No obstante, el gobierno local alegó que la propia Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible había eximido al Ayuntamiento del procedimiento.

Además del desarrollo de Major, la Xunta ha instado al municipio turístico a anular la urbanización de otros dos complejos residenciales, uno localizado en los aledaños de la playa de Montalvo, y el otro en Telleiro. De acuerdo con fuentes autonómicas, Medio Ambiente tiene preparado otro recurso para presentar contra la promoción de Telleiro, en Noalla.








* La Voz de Galicia - Nino Soto - 20/12/2007
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), playa Maior - lavozdegalicia.es



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Imputados nueve concejales de Almuñécar que votaron para modificar el PGOU

IDEAL/Granada* : El titular de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almuñécar ( Granada ) ha citado a declarar en calidad de imputados a nueve ediles del Ayuntamiento sexitano en 2003 que votaron favorablemente el acuerdo de variación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según la providencia, el juez ha citado a los entonces ediles del PP Fernando Callejón, Trinidad Herrera y Pedro Torres el 30 de enero a las 11.00 horas. Al independiente Juan Jesús Mora, Francisco José Sánchez (PP) y Rocío Palacios de Haro (PSOE), el 31 a la misma hora; y a los socialistas Antonio Manuel Rebollo, Antonio Martín y Sergio García para el 1 de febrero.
En opinión de Convergencia Andaluza (CA), que gobierna actualmente el municipio, cuyo alcalde es Juan Carlos Benavides, el caso referido, que se conoce como 'Mayoral', ha dado un vuelco importante al pasar los mencionados de ser testigos a imputados.
La votación perseguía modificar puntualmente el PGOU de Almuñécar para dotar una parcela para uso hotelero, donde se pretendía construir el hotel Mayoral, pese a los informes de los técnicos municipales que indicaban que la edificabilidad en dicha parcela estaba agotada, consta en la nota.
CA plantea, por lo tanto, a la portavoz socialista en el Consistorio, Rocío Palacios, que "dimita" por "coherencia con los planteamientos que en ese sentido defendía la pasada campaña electoral".







* Ideal - E.P. - 19.12.07
Foto: Almuñécar (Granada), vista - almunecar.info



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Primer derribo de chalés ilegales en Córdoba

PÚBLICO* : Dos máquinas excavadoras han comenzado esta mañana las tareas de demolición de cinco viviendas ilegales ubicadas en la urbanización Pedrique de la localidad cordobesa de Obejo, sobre las que pesaba una orden judicial de derribo. La demolición se produce después de que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmase la sentencia del juzgado de lo Penal número uno en la que se condenaba al promotor de cinco viviendas y una piscina a un año y ocho meses de prisión y a demoler lo construido, lo que supone la primera decisión de este tipo que se adopta en la provincia.

Sólo una de las cinco casas que serán demolidas es la vivienda habitual de sus propietarios, mientras las otras cuatro son segundas residencias.

Las tareas de demolición, que se prolongaron hasta la tarde, comenzaron ante la mirada de una decena de propietarios afectados por la orden judicial y custodiadas por una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Local de Obejo, una localidad de unos 1.500 habitantes.

Delito de estafa

El abogado de los cinco propietarios, Rafael Aranda, ha informado a los periodistas de que tienen previsto iniciar acciones legales por un presunto delito de estafa contra el promotor que les vendió las parcelas y que fue condenado por el juzgado.

Además, le reclamarán los daños y perjuicios originados por la venta de estas parcelas, que el abogado calcula entre 60.000 y 90.000 euros.

El letrado también se refirió al recurso de amparo que los propietarios han presentado ante el Tribunal Constitucional y ha indicado que el daño "ya es irreparable porque las casas se han derribado antes de que se pronuncie el Tribunal".

La demolición de las viviendas ha comenzado sin más incidentes que la crisis de ansiedad sufrida por uno de los propietarios, que ha tenido que ser asistido por personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061.







* Público - EFE - 19/12/2007
Foto: Córdoba, derribo chalés ilegales - JC.Molina, EFE



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La Ley catalana de la Vivienda mantiene el alquiler forzoso de pisos

ELPAÍS : Han sido más de dos años de trámite y de enorme polémica sobre el propósito de legalizar el alquiler forzoso de pisos vacíos. El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que en su artículo 42.6 prevé que la Administración, tras comprobar que un piso permanece desocupado durante más de dos años y advertir a su propietario, puede llegar a expropiar su usufructo y alquilarla a precio social durante cinco años, en los que el propietario recibiría las rentas mensuales. Después recuperaría el uso de la casa.

La votación de la ley llega tras el dictamen del Consejo Consultivo: interpelado por la oposición (CiU y PP), declaró inconstitucional el polémico artículo, sobre el que alertaba que no daba suficientes garantías a los propietarios. Aunque el dictamen no es vinculante, los partidos integrantes del Gobierno catalán (PSC, CiU y ERC) modificaron la redacción e incluyeron las garantías que sugería el Consejo Consultivo, así como inspecciones por parte de la Administración para detectar pisos vacíos.

Hasta el último minuto, la oposición rechazó el artículo 42.6. CiU propuso que en vez de expropiación se hablase de "conciliación". El PP solicitó directamente la supresión del texto. Finalmente, ambos votaron en contra de la ley y los tres diputados del Grupo Mixto se abstuvieron. Con la ley ya aprobada, el PP reiteró que la llevará ante el Tribunal Constitucional.

Pese al rechazo de la oposición, el Gobierno catalán se mostró ayer "orgulloso" de aprobar una ley que "da respuesta al principal problema de los ciudadanos, la vivienda", en palabras del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.
Aplausos

Con la tribuna de invitados abarrotada por representantes de los colectivos que han participado en su redacción (asociaciones de vecinos y profesionales, representantes de ayuntamientos, promotores, constructores, entre otros), la aprobación fue recibida con un cerrado aplauso desde los bancos del tripartito.

Esta ley llega tres meses después de la firma del Pacto Nacional por la Vivienda, un acuerdo entre el Gobierno y 34 entidades y cuyo principal objetivo es la construcción de 160.000 pisos sociales en 10 años. El presupuesto previsto es de más de 8.000 millones de euros.

Tanto la intervención del consejero de Vivienda como las de los tres grupos que forman el Gobierno catalán se centraron en defender la ley recordando que el alquiler forzoso es sólo una de las medidas que la nueva norma prevé para crear un parque de pisos sociales, "de interés general".

Partiendo de la "función social de la propiedad de la vivienda", la ley se apoya en el planeamiento urbanístico como fuente de provisión de pisos sociales e introduce novedades que también han generado gran controversia. Por ejemplo, el hecho de que los promotores privados deberán destinar el 20% de los edificios de más de 5.000 metros cuadrados que levanten en suelo urbano a viviendas públicas. Inicialmente, la ley preveía estas cesiones en inmuebles de más de 2.000 metros, pero los constructores consiguieron reducir las cesiones durante las duras negociaciones para sumarse al Pacto Nacional por la Vivienda. La ley también establece que la calificación de los pisos públicos no será inferior a 30 años y prevé un registro único de solicitantes. Además, el "principio de solidaridad urbana" contempla que en 20 años los municipios catalanes deberán tener un 15% de su parque en pisos sociales.

Más allá de la construcción, la norma prevé otros mecanismos para sumar pisos al parque de precio limitado, como que la Administración pueda ejercer el derecho de compra preferente -el tanteo y retracto- en determinadas áreas. Esta figura es de clara inspiración europea y en países como Francia permite sumar cada año miles de pisos al parque público.

Acoso y pisos patera

La nueva norma catalana aborda fenómenos hasta ahora inexistentes en la legislación, como el acoso o asedio inmobiliario, los pisos patera o los que no tienen cédula de habitabilidad. Para detectar estas situaciones, que el texto considera "usos anómalos de las viviendas", se prevé realizar inspecciones y actuar mediante sanciones.

Entre otras cuestiones, se fija en la calidad de los pisos, tanto nuevos como usados, estableciendo estándares y medidas de rehabilitación; exige unos mínimos a los profesionales que intervienen en la promoción e intermediación inmobiliaria y establece medidas de protección a los consumidores.


La controvertida normativa

- En los ámbitos declarados como de demanda residencia fuerte y acreditada, la Administración puede proceder a la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda.

- Esta declaración se tiene que llevar a cabo en un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que prevé la normativa de procedimiento administrativo, en la que será necesario detallar vías de fomento (promoción) que específicamente se hayan puesto a disposición de la propiedad para facilitarle el alquiler de la vivienda.

- Transcurridos dos años desde su notificación sin que se haya corregido la situación de desocupación por causa imputable a la propiedad, la Administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un periodo no superior a cinco años, para alquilarlo a terceras personas.








* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 20/12/2007
Foto: Barcelona, edificio pisos vacíos - V.Graell, elmundo.es



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Los Monegros y su megacasino fantasma

ELCONFIDENCIAL* : El juego limpio, en términos de transparencia informativa, brilla por su ausencia en el faraónico casino a gran escala que anunció oficialmente la semana pasada el Gobierno de Aragón en Los Monegros. Resulta que este desierto, una de las zonas más secas de España, va a acoger el mayor complejo de ocio del mundo -parque acuático incluido- y los aragoneses sin enterarse. A día de hoy, el Gobierno de Aragón ya ha firmado un protocolo de colaboración con el consorcio Internacional Leisure Developement (ILD) por el que cambiarán las reglas del juego de la comarca, pero la opinión pública aún no sabe a ciencia cierta dónde se ubicará exactamente ni quién financiará los 17.000 millones de euros que cuesta la aventura.

Como en Bienvenido Mr Marshall, las autoridades políticas aragonesas, con PSOE y Partido Aragonés a la cabeza, se han puesto sus mejores galas para recibir a los extranjeros que traerán ese maná que empedrará de oro el desierto de Los Monegros. El Gobierno de Aragón se ha comprometido a facilitar las infraestructuras, los suministros de energía y agua, dotar de terrenos a los promotores y “adecuar la normativa administrativa aplicable a los requerimientos específicos del proyecto”. En este último capítulo se incluye, por ejemplo, el cambiar la ley del juego, que no permite más de un casino por provincia.

Aparte de la lógica alegría de los lugareños al conocer las dimensiones del proyecto, las críticas no se han hecho esperar. “Creo que nos están vendiendo toneladas de humo”, manifiesta un miembro de Ecologistas en Acción, preocupado por el impacto del Gran Scala, que así se llamará el complejo, a nivel medioambiental, especialmente en materia hídrica y social sobre una comarca muy despoblada, fundamentalmente agrícola y ganadera que sobrevive en condiciones muy duras. “De entrada, los aragoneses pagaremos todas las infraestructuras”, se queja.

IU, único partido que se opone al proyecto, ya se ha quejado de la falta de transparencia de este hipermercado del juego. Su portavoz parlamentario de IU, Adolfo Barrena, ha acusado a la DGA de modificar a través de un Decreto-Ley en medio de un puente festivo, la Ley Urbanística de Aragón para la implantación del complejo del juego, ocio y relax.

Anunciado un mes antes en EEUU… sin saber nada en España

El proyecto fue anunciado casi un mes antes en EEUU que en España. Fue en una convención de empresas del juego el 16 de noviembre. “Hace tiempo que las empresas buscan una ubicación para el Gran Scala y hace aproximadamente un año contactaron con nosotros. Finalmente, se han decantado por Los Monegros por su situación estratégica: entre las grandes ciudades españolas, con montaña y playa al alcance, bien comunicado con Francia, cerca del aeropuerto de Zaragoza y con La Ciudad del Motor a tiro de piedra”, han explicado a El Confidencial portavoces del Gobierno de Aragón.

La envergadura del Gran Scala es descomunal. La que será la segunda mayor oferta del juego del planeta, por detrás de Las Vegas y en competencia con Macao, dispondrá de 32 casinos de última generación, 70 hoteles, 232 restaurantes, cinco parques de atracciones, doce establecimientos o “museos”, 500 comercios, auditorios, hipódromo y campo de golf. La broma ocupará 2.025 hectáreas, prevé emplear a 65.000 personas y aportar 677 millones de euros al año a la Comunidad Autónoma y otros 1.000 a la hacienda estatal. Está previsto que la primera piedra se coloque en el tercer trimestre de 2008.

No hay nada parecido en Europa, “un continente con cientos de millones de habitantes con alto poder adquisitivo”, explica el documento explicativo del Gobierno de Aragón. “Los únicos aprovechamientos urbanísticos están previstos para la última fase del proyecto y es un objetivo secundario de los promotores. Se van a construir 2.300 viviendas para la exclusiva utilización de las empresas y para atender a los 35.000 empleados del complejo. En ningún caso, habrá venta de viviendas al exterior”, puntualiza.

Además de los complejos de juego, integrados según la historia de las civilizaciones, dividida en 16 etapas que van desde el “Hombre antes descubrimiento de la escritura” hasta “El futuro” pasando por “El Egipto faraónico” o “El Renacimiento”, entre otras, el proyecto se convertirá en el primer destino mundial de parques temáticos.

En estos momentos ya está confirmada la presencia de Acquantica, dedicado a la relación del agua y las civilizaciones; SpacePort, en torno al mundo del espacio, que cuenta con otra instalación similar en China, y Spyland, que ocupará una superficie de cien hectáreas y estará dedicado al mundo de los espías.

Consorcio de empresas extranjeras

¿Quién promoverá este coloso? ILD es un consorcio creado ad hoc por 12 empresas internacionales: Darlen Ltd, Finidusco Holding, Aristocrat Technologies, Europtima, UFA Insurance, Ultragroup, Alea, BM Parks, Havilla Partners, Architects Association, Hot Games UK, y Thibault Verbiest. “En la sociedad ILD tienen cabida empresarios dedicados a la gestión de cadenas hoteleras y resorts, gestión de edificios de oficinas, constructores, fondos de inversión, compañías de seguros, del sector del juego, arquitectos y otros profesionales, que garantizan múltiples disciplinas y el conocimiento y los contactos necesarios para impulsar un proyecto de esta envergadura”, informa la nota sin dar más detalles.







* El Confidencial - Fátima Martín.- - 19/12/2007
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala



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La UE admite una denuncia contra el circuito urbano en Valencia por no tener estudio ambiental

ADN* : La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Federación valenciana de Ecologistas en Acción, en representación de la coordinadora Fórmula Verda -integrada por asociaciones vecinales y ecologistas-, en la que insta a que se evite la construcción en Valencia del circuito urbano de Fórmula 1 sin un estudio previo de impacto ambiental.

El citado colectivo ha explicado que la denuncia, presentada el pasado 21 de noviembre, se basa además en "la modificación por parte del Ayuntamiento de Valencia del Plan Estratégico de la ciudad y la falta de publicidad de los concursos de las obras". Ecologistes en Acció considera que la solicitud debe ser cursada de forma "urgente, dado el riesgo evidente de que la Comisión [Europea] pueda encontrarse ante hechos consumados e irreversibles".

La denuncia relata el proceso urbanístico seguido para autorizar la adecuación de varios tramos viarios entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la dársena del puerto como circuito urbano para el Gran Premio de Europa, cuya primera edición se celebrará el próximo 24 de agosto.

"Clara infracción"

Modificar la red primaria sin haber realizado antes una evaluación de impacto ambiental "supone una clara infracción" de dos directivas europeas, por lo que la CE debe hacer "que se cumpla la obligación de realizar una evaluación en los proyectos urbanos que por su naturaleza y dimensión puedan tener importantes impactos". Los ecologistas sospechan que no se ha hecho el estudio, porque "en un entorno urbano saldría claramente negativo".

En opinión de Fórmula Verda, el circuito urbano tendrá efectos sobre el ser humano, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural de Valencia, ya que durante esa semana de agosto se emitirá al aire una gran cantidad de gases contaminantes procedentes de los bólidos, se generará una elevada contaminación acústica y se modificarán los hábitos diarios de numerosos barrios de la ciudad.

Sin información

Según los datos de que disponen a raíz de los expedientes publicados oficialmente, el importe total de las adjudicaciones para ejecutar este proyecto asciende a 59 millones de euros, sin que hayan salido a información pública ni el proyecto ni su memoria. Fórmula Verda denuncia además que, pese a haberlo solicitado en dos ocasiones, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte no ha atendido sus peticiones sobre la información ambiental que existe del proyecto.

Se critica además que se hayan cambiado los usos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona afectada, pese a ser "una actividad de gran impacto urbano, comercial y ambiental que no está prevista, ni concreta ni genéricamente, en el planeamiento vigente en la zona donde se pretende actuar".

También se revela que una parte de la pista de competición ocupa terrenos del antiguo cauce del Turia, catalogado como zona verde y clasificado en el PGOU como Parque Metropolitano, "en cuyas condiciones de uso se excluye explícitamente la construcción de infraestructuras de transporte motorizado".








* ADN - Agencias - 19/12/2007
Foto: Valencia, nuevo circuito Fórmula 1 - 20minutos.es



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Una promoción de viviendas, junto a una fosa común de víctimas del franquismo

ELPAÍS/Huelva* : Cuando Ignacio Ávila, era niño y visitaba el cementerio viejo de La Palma del Condado, había una zona por la que a no le dejaban jugar. "No corras por allí, chico, que es donde están enterrados los pobrecitos", le decían. Con los años, Ignacio aprendería que así es como se referían sus mayores a los dos centenares de fusilados por las tropas franquistas en la Guerra Civil. Vecinos todos del pueblo, y de otros municipios cercanos, enterrados presuntamente en una fosa común del camposanto.

El cementerio desapareció y en sus inmediaciones se construye una urbanización de 119 viviendas. El recuerdo de la sepultura masiva sigue vivo entre muchos vecinos del pueblo y familiares de los represaliados. Hace algo más de un año, pidieron al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que garantizase el cuidado del lugar por la presencia de las obras, así como el traslado de los restos de los asesinados al cementerio municipal. Porque es allí donde quieren darles una sepultura digna y erigirles un monumento de recuerdo. Por eso, piden al promotor de las obras, José Antonio Lagares, que permita que técnicos de la Asociación de Memoria Histórica controlen los posibles movimientos de tierra, para cerciorarse de que no se pierden los restos de los fusilados.El mismo Ignacio Ávila que correteaba por el antiguo camposanto, es hoy el vicepresidente de la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía de la Campiña y el Condado de Huelva. Ávila es nieto de una fusilada por las tropas rebeldes contra la II República. El pasado domingo, él y otros 80 vecinos de La Palma y pueblos de alrededor, se concentraron ante la fosa común para hacer saber a todos sus peticiones. Ayer, Ignacio Ávila volvió al lugar. Esta vez, acompañado de Rosario Díaz, de 77 años y Manuela Pinto, de 79, que es su tía. A Rosario le asesinaron a su padre, Celedonio, un tonelero socialista, en los primeros meses de la guerra, siendo ella sólo una cría. A Manuela, le mataron a su madre, Ignacia Domínguez, y a dos hermanos de ésta, que eran sindicalistas.

"Mi padre está enterrado aquí", afirmaba ayer con toda seguridad Rosario. "Lo sé porque unos niños se lo dijeron a mi hermano al poco de que se llevaran a mi padre. Le dijeron 'a tu padre lo han matado aquí y lo han enterrado en ese montón'. Fui yo la que se lo comuniqué a mi madre", continuó la mujer. En el caso de la madre de Manuela, no hay seguridad de dónde descansa. Y esa duda es una herida abierta. A Manuela todavía le duele hablar. Y no puede evitar llorar cuando repite que no quiere morirse sin antes haber llevado flores a la tumba de su madre.

Voces como la de Rosario y de testigos de los fusilamientos permiten a la Asociación de la Memoria afirmar que allí se encuentran los 200 asesinados. Unos días en los que los franquistas cebaron las tumbas improvisadas del pueblo. Los datos de estudiosos citados por la Asociación de la Memoria Histórica elevan los asesinados a unos 500, dentro de una población que rondaba los 8.000 habitantes. "La impresión que dejó la matanza en todos fue enorme. Y todavía se nota el miedo a la hora de hablar. Hemos sacado testimonios con cuentagotas", reconocen miembros de la asociación.

Así que no les ha sorprendido las reacciones, no sólo de muchos vecinos, sino también del Ayuntamiento y de la propia constructora, a los que acusan de una total falta de sensibilidad con sus peticiones. El Ayuntamiento, regido por Juan Carlos Lagares, se negó ayer a hacer declaraciones.

El promotor de la obra, José Antonio Lagares, dijo que la zona donde se presume que se encuentra la fosa común está destinada para una plaza con espacios verdes y de recreo y "allí no se va a meter ninguna excavadora para sacar tierra ni nada", aseveró. El promotor se queja vehementemente de que a él "nadie" a ido a consultarle, al tiempo que desconfía de que allí existan restos de fusilados.






* ELPAIS.com - MANUEL J. ALBERT - Huelva - 18/12/2007
Foto: La Palma del Condado (Huelva), ayuntamiento - csi-csif.es



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Denuncian que pretenden urbanizar en Valdeolmos-Alalpardo dos millones de m2 frente a los 54.000 actuales

EUROPAPRESS/Madrid* : La Plataforma de Vecinos contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdeolmos-Alalpardo denunció hoy que el PP pretende recalificar más de dos millones de metros cuadrados de terreno rústico para convertirlo en urbanizable en Valdeolmos-Alalpardo, frente a los 54.000 actuales, lo que supone un aumento de terrenos para construir del 3.800%.

Esta plataforma señala que el documento de avance del PGOU aprobado en pleno por sus ocho concejales, frente a los tres (2 Independientes, 1 PSOE) de la oposición, recoge que las normas subsidiarias de este municipio, que están en vigor desde 1997, establecen que el suelo urbanizable era de 54.600 m2 frente a los 2.084.061 que el Consistorio del PP pretende recalificar ahora.

Este "nuevo pelotazo urbanístico" transformará de forma "agresiva" este pequeño municipio, protegido en la actualidad por encontrarse en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), afirma en un comunicado. Se construirán dos mil trescientas viviendas más de las que preveían las normas del 97, multiplicando por cinco los 2.400 habitantes actuales.

Asimismo, la Plataforma apunta que el propio alcalde, Juan Ignacio Mesa, reconoció en una reunión con los vecinos que aún no se ha concluido el desarrollo de las normas subsidiarias del 97, que hasta hoy solo se ha desarrollado el 60 por ciento del suelo urbano y que el 40 por ciento está aún por ejecutar.

Por otra parte, el colectivo vecinal indica que el entorno de este municipio aporta uno de los escasos ecosistemas donde todavía sobreviven especies muy escasas en la Comunidad de Madrid, con lo que la desaparición de zonas de secano y vegetación de ribera, tendría un efecto muy negativo sobre aves y otros animales.

Otra de las zonas que el PP pretende transformar ahora en urbanizable está incluida, en un Estudio de Incidencia Ambiental, como zona especial por su interés arqueológico. Esa mismo área, situado entre el núcleo urbano de la Urbanización Miraval y el casco urbano de Alalpardo, también debería ser un zona "vetada" a la construcción de viviendas, por las autoridades urbanísticas de la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Fomento, ya que se trata de una de las nuevas rutas áreas de Barajas, habilitada desde que se inauguró la T4, añade.








* Europa Press - MADRID, 18 Dic.
Foto: Alalpardo (Madrid) - alalpardo.org




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