PÚBLICO* : Dos máquinas excavadoras han comenzado esta mañana las tareas de demolición de cinco viviendas ilegales ubicadas en la urbanización Pedrique de la localidad cordobesa de Obejo, sobre las que pesaba una orden judicial de derribo. La demolición se produce después de que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmase la sentencia del juzgado de lo Penal número uno en la que se condenaba al promotor de cinco viviendas y una piscina a un año y ocho meses de prisión y a demoler lo construido, lo que supone la primera decisión de este tipo que se adopta en la provincia.
Sólo una de las cinco casas que serán demolidas es la vivienda habitual de sus propietarios, mientras las otras cuatro son segundas residencias.
Las tareas de demolición, que se prolongaron hasta la tarde, comenzaron ante la mirada de una decena de propietarios afectados por la orden judicial y custodiadas por una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Local de Obejo, una localidad de unos 1.500 habitantes.
Delito de estafa
El abogado de los cinco propietarios, Rafael Aranda, ha informado a los periodistas de que tienen previsto iniciar acciones legales por un presunto delito de estafa contra el promotor que les vendió las parcelas y que fue condenado por el juzgado.
Además, le reclamarán los daños y perjuicios originados por la venta de estas parcelas, que el abogado calcula entre 60.000 y 90.000 euros.
El letrado también se refirió al recurso de amparo que los propietarios han presentado ante el Tribunal Constitucional y ha indicado que el daño "ya es irreparable porque las casas se han derribado antes de que se pronuncie el Tribunal".
La demolición de las viviendas ha comenzado sin más incidentes que la crisis de ansiedad sufrida por uno de los propietarios, que ha tenido que ser asistido por personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061.
* Público - EFE - 19/12/2007
Foto: Córdoba, derribo chalés ilegales - JC.Molina, EFE
Primer derribo de chalés ilegales en Córdoba
La Ley catalana de la Vivienda mantiene el alquiler forzoso de pisos
ELPAÍS : Han sido más de dos años de trámite y de enorme polémica sobre el propósito de legalizar el alquiler forzoso de pisos vacíos. El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que en su artículo 42.6 prevé que la Administración, tras comprobar que un piso permanece desocupado durante más de dos años y advertir a su propietario, puede llegar a expropiar su usufructo y alquilarla a precio social durante cinco años, en los que el propietario recibiría las rentas mensuales. Después recuperaría el uso de la casa.
La votación de la ley llega tras el dictamen del Consejo Consultivo: interpelado por la oposición (CiU y PP), declaró inconstitucional el polémico artículo, sobre el que alertaba que no daba suficientes garantías a los propietarios. Aunque el dictamen no es vinculante, los partidos integrantes del Gobierno catalán (PSC, CiU y ERC) modificaron la redacción e incluyeron las garantías que sugería el Consejo Consultivo, así como inspecciones por parte de la Administración para detectar pisos vacíos.
Hasta el último minuto, la oposición rechazó el artículo 42.6. CiU propuso que en vez de expropiación se hablase de "conciliación". El PP solicitó directamente la supresión del texto. Finalmente, ambos votaron en contra de la ley y los tres diputados del Grupo Mixto se abstuvieron. Con la ley ya aprobada, el PP reiteró que la llevará ante el Tribunal Constitucional.
Pese al rechazo de la oposición, el Gobierno catalán se mostró ayer "orgulloso" de aprobar una ley que "da respuesta al principal problema de los ciudadanos, la vivienda", en palabras del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.
Aplausos
Con la tribuna de invitados abarrotada por representantes de los colectivos que han participado en su redacción (asociaciones de vecinos y profesionales, representantes de ayuntamientos, promotores, constructores, entre otros), la aprobación fue recibida con un cerrado aplauso desde los bancos del tripartito.
Esta ley llega tres meses después de la firma del Pacto Nacional por la Vivienda, un acuerdo entre el Gobierno y 34 entidades y cuyo principal objetivo es la construcción de 160.000 pisos sociales en 10 años. El presupuesto previsto es de más de 8.000 millones de euros.
Tanto la intervención del consejero de Vivienda como las de los tres grupos que forman el Gobierno catalán se centraron en defender la ley recordando que el alquiler forzoso es sólo una de las medidas que la nueva norma prevé para crear un parque de pisos sociales, "de interés general".
Partiendo de la "función social de la propiedad de la vivienda", la ley se apoya en el planeamiento urbanístico como fuente de provisión de pisos sociales e introduce novedades que también han generado gran controversia. Por ejemplo, el hecho de que los promotores privados deberán destinar el 20% de los edificios de más de 5.000 metros cuadrados que levanten en suelo urbano a viviendas públicas. Inicialmente, la ley preveía estas cesiones en inmuebles de más de 2.000 metros, pero los constructores consiguieron reducir las cesiones durante las duras negociaciones para sumarse al Pacto Nacional por la Vivienda. La ley también establece que la calificación de los pisos públicos no será inferior a 30 años y prevé un registro único de solicitantes. Además, el "principio de solidaridad urbana" contempla que en 20 años los municipios catalanes deberán tener un 15% de su parque en pisos sociales.
Más allá de la construcción, la norma prevé otros mecanismos para sumar pisos al parque de precio limitado, como que la Administración pueda ejercer el derecho de compra preferente -el tanteo y retracto- en determinadas áreas. Esta figura es de clara inspiración europea y en países como Francia permite sumar cada año miles de pisos al parque público.
Acoso y pisos patera
La nueva norma catalana aborda fenómenos hasta ahora inexistentes en la legislación, como el acoso o asedio inmobiliario, los pisos patera o los que no tienen cédula de habitabilidad. Para detectar estas situaciones, que el texto considera "usos anómalos de las viviendas", se prevé realizar inspecciones y actuar mediante sanciones.
Entre otras cuestiones, se fija en la calidad de los pisos, tanto nuevos como usados, estableciendo estándares y medidas de rehabilitación; exige unos mínimos a los profesionales que intervienen en la promoción e intermediación inmobiliaria y establece medidas de protección a los consumidores.
La controvertida normativa
- En los ámbitos declarados como de demanda residencia fuerte y acreditada, la Administración puede proceder a la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda.
- Esta declaración se tiene que llevar a cabo en un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que prevé la normativa de procedimiento administrativo, en la que será necesario detallar vías de fomento (promoción) que específicamente se hayan puesto a disposición de la propiedad para facilitarle el alquiler de la vivienda.
- Transcurridos dos años desde su notificación sin que se haya corregido la situación de desocupación por causa imputable a la propiedad, la Administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un periodo no superior a cinco años, para alquilarlo a terceras personas.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 20/12/2007
Foto: Barcelona, edificio pisos vacíos - V.Graell, elmundo.es
Los Monegros y su megacasino fantasma
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ELCONFIDENCIAL* : El juego limpio, en términos de transparencia informativa, brilla por su ausencia en el faraónico casino a gran escala que anunció oficialmente la semana pasada el Gobierno de Aragón en Los Monegros. Resulta que este desierto, una de las zonas más secas de España, va a acoger el mayor complejo de ocio del mundo -parque acuático incluido- y los aragoneses sin enterarse. A día de hoy, el Gobierno de Aragón ya ha firmado un protocolo de colaboración con el consorcio Internacional Leisure Developement (ILD) por el que cambiarán las reglas del juego de la comarca, pero la opinión pública aún no sabe a ciencia cierta dónde se ubicará exactamente ni quién financiará los 17.000 millones de euros que cuesta la aventura.
Como en Bienvenido Mr Marshall, las autoridades políticas aragonesas, con PSOE y Partido Aragonés a la cabeza, se han puesto sus mejores galas para recibir a los extranjeros que traerán ese maná que empedrará de oro el desierto de Los Monegros. El Gobierno de Aragón se ha comprometido a facilitar las infraestructuras, los suministros de energía y agua, dotar de terrenos a los promotores y “adecuar la normativa administrativa aplicable a los requerimientos específicos del proyecto”. En este último capítulo se incluye, por ejemplo, el cambiar la ley del juego, que no permite más de un casino por provincia.
Aparte de la lógica alegría de los lugareños al conocer las dimensiones del proyecto, las críticas no se han hecho esperar. “Creo que nos están vendiendo toneladas de humo”, manifiesta un miembro de Ecologistas en Acción, preocupado por el impacto del Gran Scala, que así se llamará el complejo, a nivel medioambiental, especialmente en materia hídrica y social sobre una comarca muy despoblada, fundamentalmente agrícola y ganadera que sobrevive en condiciones muy duras. “De entrada, los aragoneses pagaremos todas las infraestructuras”, se queja.
IU, único partido que se opone al proyecto, ya se ha quejado de la falta de transparencia de este hipermercado del juego. Su portavoz parlamentario de IU, Adolfo Barrena, ha acusado a la DGA de modificar a través de un Decreto-Ley en medio de un puente festivo, la Ley Urbanística de Aragón para la implantación del complejo del juego, ocio y relax.
Anunciado un mes antes en EEUU… sin saber nada en España
El proyecto fue anunciado casi un mes antes en EEUU que en España. Fue en una convención de empresas del juego el 16 de noviembre. “Hace tiempo que las empresas buscan una ubicación para el Gran Scala y hace aproximadamente un año contactaron con nosotros. Finalmente, se han decantado por Los Monegros por su situación estratégica: entre las grandes ciudades españolas, con montaña y playa al alcance, bien comunicado con Francia, cerca del aeropuerto de Zaragoza y con La Ciudad del Motor a tiro de piedra”, han explicado a El Confidencial portavoces del Gobierno de Aragón.
La envergadura del Gran Scala es descomunal. La que será la segunda mayor oferta del juego del planeta, por detrás de Las Vegas y en competencia con Macao, dispondrá de 32 casinos de última generación, 70 hoteles, 232 restaurantes, cinco parques de atracciones, doce establecimientos o “museos”, 500 comercios, auditorios, hipódromo y campo de golf. La broma ocupará 2.025 hectáreas, prevé emplear a 65.000 personas y aportar 677 millones de euros al año a la Comunidad Autónoma y otros 1.000 a la hacienda estatal. Está previsto que la primera piedra se coloque en el tercer trimestre de 2008.
No hay nada parecido en Europa, “un continente con cientos de millones de habitantes con alto poder adquisitivo”, explica el documento explicativo del Gobierno de Aragón. “Los únicos aprovechamientos urbanísticos están previstos para la última fase del proyecto y es un objetivo secundario de los promotores. Se van a construir 2.300 viviendas para la exclusiva utilización de las empresas y para atender a los 35.000 empleados del complejo. En ningún caso, habrá venta de viviendas al exterior”, puntualiza.
Además de los complejos de juego, integrados según la historia de las civilizaciones, dividida en 16 etapas que van desde el “Hombre antes descubrimiento de la escritura” hasta “El futuro” pasando por “El Egipto faraónico” o “El Renacimiento”, entre otras, el proyecto se convertirá en el primer destino mundial de parques temáticos.
En estos momentos ya está confirmada la presencia de Acquantica, dedicado a la relación del agua y las civilizaciones; SpacePort, en torno al mundo del espacio, que cuenta con otra instalación similar en China, y Spyland, que ocupará una superficie de cien hectáreas y estará dedicado al mundo de los espías.
Consorcio de empresas extranjeras
¿Quién promoverá este coloso? ILD es un consorcio creado ad hoc por 12 empresas internacionales: Darlen Ltd, Finidusco Holding, Aristocrat Technologies, Europtima, UFA Insurance, Ultragroup, Alea, BM Parks, Havilla Partners, Architects Association, Hot Games UK, y Thibault Verbiest. “En la sociedad ILD tienen cabida empresarios dedicados a la gestión de cadenas hoteleras y resorts, gestión de edificios de oficinas, constructores, fondos de inversión, compañías de seguros, del sector del juego, arquitectos y otros profesionales, que garantizan múltiples disciplinas y el conocimiento y los contactos necesarios para impulsar un proyecto de esta envergadura”, informa la nota sin dar más detalles.
* El Confidencial - Fátima Martín.- - 19/12/2007
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
La UE admite una denuncia contra el circuito urbano en Valencia por no tener estudio ambiental
ADN* : La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Federación valenciana de Ecologistas en Acción, en representación de la coordinadora Fórmula Verda -integrada por asociaciones vecinales y ecologistas-, en la que insta a que se evite la construcción en Valencia del circuito urbano de Fórmula 1 sin un estudio previo de impacto ambiental.
El citado colectivo ha explicado que la denuncia, presentada el pasado 21 de noviembre, se basa además en "la modificación por parte del Ayuntamiento de Valencia del Plan Estratégico de la ciudad y la falta de publicidad de los concursos de las obras". Ecologistes en Acció considera que la solicitud debe ser cursada de forma "urgente, dado el riesgo evidente de que la Comisión [Europea] pueda encontrarse ante hechos consumados e irreversibles".
La denuncia relata el proceso urbanístico seguido para autorizar la adecuación de varios tramos viarios entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la dársena del puerto como circuito urbano para el Gran Premio de Europa, cuya primera edición se celebrará el próximo 24 de agosto.
"Clara infracción"
Modificar la red primaria sin haber realizado antes una evaluación de impacto ambiental "supone una clara infracción" de dos directivas europeas, por lo que la CE debe hacer "que se cumpla la obligación de realizar una evaluación en los proyectos urbanos que por su naturaleza y dimensión puedan tener importantes impactos". Los ecologistas sospechan que no se ha hecho el estudio, porque "en un entorno urbano saldría claramente negativo".
En opinión de Fórmula Verda, el circuito urbano tendrá efectos sobre el ser humano, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural de Valencia, ya que durante esa semana de agosto se emitirá al aire una gran cantidad de gases contaminantes procedentes de los bólidos, se generará una elevada contaminación acústica y se modificarán los hábitos diarios de numerosos barrios de la ciudad.
Sin información
Según los datos de que disponen a raíz de los expedientes publicados oficialmente, el importe total de las adjudicaciones para ejecutar este proyecto asciende a 59 millones de euros, sin que hayan salido a información pública ni el proyecto ni su memoria. Fórmula Verda denuncia además que, pese a haberlo solicitado en dos ocasiones, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte no ha atendido sus peticiones sobre la información ambiental que existe del proyecto.
Se critica además que se hayan cambiado los usos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona afectada, pese a ser "una actividad de gran impacto urbano, comercial y ambiental que no está prevista, ni concreta ni genéricamente, en el planeamiento vigente en la zona donde se pretende actuar".
También se revela que una parte de la pista de competición ocupa terrenos del antiguo cauce del Turia, catalogado como zona verde y clasificado en el PGOU como Parque Metropolitano, "en cuyas condiciones de uso se excluye explícitamente la construcción de infraestructuras de transporte motorizado".
* ADN - Agencias - 19/12/2007
Foto: Valencia, nuevo circuito Fórmula 1 - 20minutos.es
Una promoción de viviendas, junto a una fosa común de víctimas del franquismo
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ELPAÍS/Huelva* : Cuando Ignacio Ávila, era niño y visitaba el cementerio viejo de La Palma del Condado, había una zona por la que a no le dejaban jugar. "No corras por allí, chico, que es donde están enterrados los pobrecitos", le decían. Con los años, Ignacio aprendería que así es como se referían sus mayores a los dos centenares de fusilados por las tropas franquistas en la Guerra Civil. Vecinos todos del pueblo, y de otros municipios cercanos, enterrados presuntamente en una fosa común del camposanto.
El cementerio desapareció y en sus inmediaciones se construye una urbanización de 119 viviendas. El recuerdo de la sepultura masiva sigue vivo entre muchos vecinos del pueblo y familiares de los represaliados. Hace algo más de un año, pidieron al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que garantizase el cuidado del lugar por la presencia de las obras, así como el traslado de los restos de los asesinados al cementerio municipal. Porque es allí donde quieren darles una sepultura digna y erigirles un monumento de recuerdo. Por eso, piden al promotor de las obras, José Antonio Lagares, que permita que técnicos de la Asociación de Memoria Histórica controlen los posibles movimientos de tierra, para cerciorarse de que no se pierden los restos de los fusilados.El mismo Ignacio Ávila que correteaba por el antiguo camposanto, es hoy el vicepresidente de la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía de la Campiña y el Condado de Huelva. Ávila es nieto de una fusilada por las tropas rebeldes contra la II República. El pasado domingo, él y otros 80 vecinos de La Palma y pueblos de alrededor, se concentraron ante la fosa común para hacer saber a todos sus peticiones. Ayer, Ignacio Ávila volvió al lugar. Esta vez, acompañado de Rosario Díaz, de 77 años y Manuela Pinto, de 79, que es su tía. A Rosario le asesinaron a su padre, Celedonio, un tonelero socialista, en los primeros meses de la guerra, siendo ella sólo una cría. A Manuela, le mataron a su madre, Ignacia Domínguez, y a dos hermanos de ésta, que eran sindicalistas.
"Mi padre está enterrado aquí", afirmaba ayer con toda seguridad Rosario. "Lo sé porque unos niños se lo dijeron a mi hermano al poco de que se llevaran a mi padre. Le dijeron 'a tu padre lo han matado aquí y lo han enterrado en ese montón'. Fui yo la que se lo comuniqué a mi madre", continuó la mujer. En el caso de la madre de Manuela, no hay seguridad de dónde descansa. Y esa duda es una herida abierta. A Manuela todavía le duele hablar. Y no puede evitar llorar cuando repite que no quiere morirse sin antes haber llevado flores a la tumba de su madre.
Voces como la de Rosario y de testigos de los fusilamientos permiten a la Asociación de la Memoria afirmar que allí se encuentran los 200 asesinados. Unos días en los que los franquistas cebaron las tumbas improvisadas del pueblo. Los datos de estudiosos citados por la Asociación de la Memoria Histórica elevan los asesinados a unos 500, dentro de una población que rondaba los 8.000 habitantes. "La impresión que dejó la matanza en todos fue enorme. Y todavía se nota el miedo a la hora de hablar. Hemos sacado testimonios con cuentagotas", reconocen miembros de la asociación.
Así que no les ha sorprendido las reacciones, no sólo de muchos vecinos, sino también del Ayuntamiento y de la propia constructora, a los que acusan de una total falta de sensibilidad con sus peticiones. El Ayuntamiento, regido por Juan Carlos Lagares, se negó ayer a hacer declaraciones.
El promotor de la obra, José Antonio Lagares, dijo que la zona donde se presume que se encuentra la fosa común está destinada para una plaza con espacios verdes y de recreo y "allí no se va a meter ninguna excavadora para sacar tierra ni nada", aseveró. El promotor se queja vehementemente de que a él "nadie" a ido a consultarle, al tiempo que desconfía de que allí existan restos de fusilados.
* ELPAIS.com - MANUEL J. ALBERT - Huelva - 18/12/2007
Foto: La Palma del Condado (Huelva), ayuntamiento - csi-csif.es
Denuncian que pretenden urbanizar en Valdeolmos-Alalpardo dos millones de m2 frente a los 54.000 actuales
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EUROPAPRESS/Madrid* : La Plataforma de Vecinos contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdeolmos-Alalpardo denunció hoy que el PP pretende recalificar más de dos millones de metros cuadrados de terreno rústico para convertirlo en urbanizable en Valdeolmos-Alalpardo, frente a los 54.000 actuales, lo que supone un aumento de terrenos para construir del 3.800%.
Esta plataforma señala que el documento de avance del PGOU aprobado en pleno por sus ocho concejales, frente a los tres (2 Independientes, 1 PSOE) de la oposición, recoge que las normas subsidiarias de este municipio, que están en vigor desde 1997, establecen que el suelo urbanizable era de 54.600 m2 frente a los 2.084.061 que el Consistorio del PP pretende recalificar ahora.
Este "nuevo pelotazo urbanístico" transformará de forma "agresiva" este pequeño municipio, protegido en la actualidad por encontrarse en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), afirma en un comunicado. Se construirán dos mil trescientas viviendas más de las que preveían las normas del 97, multiplicando por cinco los 2.400 habitantes actuales.
Asimismo, la Plataforma apunta que el propio alcalde, Juan Ignacio Mesa, reconoció en una reunión con los vecinos que aún no se ha concluido el desarrollo de las normas subsidiarias del 97, que hasta hoy solo se ha desarrollado el 60 por ciento del suelo urbano y que el 40 por ciento está aún por ejecutar.
Por otra parte, el colectivo vecinal indica que el entorno de este municipio aporta uno de los escasos ecosistemas donde todavía sobreviven especies muy escasas en la Comunidad de Madrid, con lo que la desaparición de zonas de secano y vegetación de ribera, tendría un efecto muy negativo sobre aves y otros animales.
Otra de las zonas que el PP pretende transformar ahora en urbanizable está incluida, en un Estudio de Incidencia Ambiental, como zona especial por su interés arqueológico. Esa mismo área, situado entre el núcleo urbano de la Urbanización Miraval y el casco urbano de Alalpardo, también debería ser un zona "vetada" a la construcción de viviendas, por las autoridades urbanísticas de la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Fomento, ya que se trata de una de las nuevas rutas áreas de Barajas, habilitada desde que se inauguró la T4, añade.
* Europa Press - MADRID, 18 Dic.
Foto: Alalpardo (Madrid) - alalpardo.org
Dos detenidos por presuntos delitos urbanísticos en el ayuntamiento de Arona
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CANARIAS7/Tenerife* : El juez Nelson Díaz Frías ha ordenado hoy la detención del jefe del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona y arquitecto municipal, Eliseo de La Rosa, y de Arsenio Zamora, un intermediador inmobiliario, por su relación con la denuncia de la Fiscalía sobre presuntos delitos urbanísticos por parte de esta corporación, informaron a Efe fuentes de la investigación.
Ambos permanecen en estos momentos en la comisaría Tenerife Sur y mañana pasarán a disposición judicial, comentaron las mismas fuentes, que agregaron que no se descartan más detenciones durante los próximos días.
La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que Eliseo de la Rosa está acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, y Arsenio Zamora de cohecho.
El juez Díaz Frías ha citado como testigos a representantes de diversas empresas que han prestado servicio al Ayuntamiento de Arona, a funcionarios y a otros técnicos municipales.
La anterior junta de gobierno local, encabezada por el actual alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, permanece imputada.
Sus once miembros declararon el 8 de mayo de este año ante el juez que lleva el caso.
La Fiscalía denunció a principios de este año presuntas irregularidades de prevaricación sobre el territorio y la concesión de 300 licencias urbanísticas y contratos con informes jurídicos desfavorables aprobados entre enero de 2004 y noviembre de 2006 y que fueron objeto de una denuncia presentada por el Partidos Socialista en Arona.
* Canarias 7 - EFE - 18/12/2007
Foto: Arona (Tenerife), LosCristianos - Mataparda, wikipedia.org
Alzira saca del cajón un PAI de dos millones de metros en Aigües Vives
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ELPAÍS/Valencia* : Alzira no se escapa de la fiebre del golf y en unos tres años contará con un campo, 780 unifamiliares y un hotel-balneario ambientado en el medievo si el Consistorio le da hoy el visto bueno. El proyecto original, presentado en 2005, recogía la construcción de una fortaleza medieval con un hotel y 70 casas de este estilo, y una iglesia-auditorio. Finalmente, se ha variado.
La mercantil Sucesores de Vicente Sos Romeu, SL, urbanizará una superficie de 765.000 metros cuadrados en el Vall d'Aigües Vives, concretamente la finca de SOS. La extensión, donde ahora hay huertos de cítricos, linda al norte con la Sierra de les Agulles y al sur con la carretera comarcal CV-50.
El gobierno local de Alzira, del PP, que guardó en un cajón este proyecto la pasada legislatura, lo ha desempolvado ahora sin esperar a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), anunciada hace poco por la alcaldesa Elena Bastidas. El Consistorio deberá de reclasificar el suelo rústico.
En sus proximidades se encuentra el monasterio de Aigües Vives, que empezó a construirse en el siglo XVI, aunque su actual fachada data del siglo XVIII. A escasos metros, con la CV-50 de por medio, está prevista la construcción de otro campo de golf y un hotel, aprobado ya por el Ayuntamiento de Carcaixent.
El colectivo ecologista Salvem Aigües Vives se opone a esta gran urbanización por razones medioambientales y en el consejo de Medio Ambiente celebrado esta misma semana, representantes de las organizaciones sindicales y de la coordinadora de barrios pusieron serias objeciones al proyecto por estimar que afecta al paraje natural municipal Murta-Casella. La edil de Medio Ambiente, Carolina Lillo, considera esta iniciativa "equilibrada" y "sostenible".
* ELPAIS.com - XAVIER ESPANYA - Alzira - 19/12/2007
Foto: Alzira (Valencia) - cult.gva.es
Los jueces se dividen en las sentencias por delito urbanístico en Marbella
MÁLAGAHOY* : Julián Muñoz y otros cinco ex ediles del GIL han sido condenados al pago de una multa de 3.600 euros y a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico cometido al autorizar la ejecución de una vivienda en la zona de Artola de Marbella, cuestión dirimida en un juicio celebrado a finales de octubre. La sentencia es del juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que igual que hizo hace pocos días el Penal número 7, ha optado por una multa para penalizar un delito contra el territorio. Pero no todos los jueces han sentenciado así por hechos muy similares: el juzgado de lo Penal número 5 ha dictado ya dos condenas de cárcel y el número 2 se inclinó en su día por la absolución.
El primer juicio por delito urbanístico en Marbella, el del archiconocido caso Banana Beach, recayó en el juzgado de lo Penal número 5, que en marzo de 2005 condenó a Muñoz y a otros seis ex ediles del GIL a seis meses de prisión por dar la licencia para edificar casi 300 viviendas en un suelo no urbanizable. La sentencia fue ratificada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y está pendiente de una petición de indulto.
El segundo juicio, el del caso Proinsa, estuvo a cargo del mismo juzgado, que dictó otra sentencia condenatoria, en esta ocasión, de un año de cárcel. El fallo fue confirmado después por la misma Sala.
El tercer procedimiento tuvo un recorrido diferente, aunque el desenlace fue el mismo. El juzgado de lo Penal número 2 absolvió a los ex concejales del delito del que estaban acusados por autorizar el proyecto básico y el de ejecución de seis viviendas. Tras los pertinentes recursos, la Sección Segunda revocó el fallo y condenó a los procesados a un año de cárcel. Este caso supuso la primera pena por un delito urbanístico contra Pedro Román.
Más reciente es la condena a una multa dictada por el juzgado de lo Penal número 7. Hace apenas una semana, condenó a Muñoz al pago de unos 9.000 euros y a nueve años de inhabilitación. A los otros ex ediles –tres de ellos, como Muñoz y Román, se conformaron y dos se sentaron en el banquillo– también se les impuso una multa. Tanto la pena de cárcel como la de multa van acompañadas de inhabilitación en el Código Penal.
En la última sentencia por un delito urbanístico en Marbella, la del juzgado de lo Penal número 8 que ha sancionado con una multa a los ex concejales por el caso Artola, hay varios aspectos destacables. Por ejemplo, la Fiscalía pidió tras el juicio un año y medio de prisión para cada uno de ellos por un delito continuado contra la ordenación del territorio, ya que la construcción se autorizó en dos comisiones de gobierno diferentes.
La juez, que está pendiente de dictar otra sentencia, la del caso Incopromar, considera en la sentencia que los ex concejales de Marbella no cometieron ningún delito cuando, el 13 de febrero de 1998, concedieron la licencia al proyecto básico de construcción de la vivienda, ya que el expediente tenía un informe favorable. El escrito luego resultó “erróneo”, pero la magistrada entiende que los ex ediles no tenían por qué saber que esto era así. Éste es el motivo por el que Pedro Román, que presidió esa comisión de gobierno, ha sido absuelto.
Sí ve delito, en cambio, en la autorización al proyecto de ejecución, que cree tan “esencial” para una obra como el básico. Se dio el 10 de julio de 1998, después de que la construcción fuera denunciada en el juzgado. La juez entiende que este extremo debía ser conocido por los ex concejales del GIL.
La magistrada, a la hora de dictar sentencia, ha tenido en cuenta la dilación del procedimiento. Sobre la posibilidad de condenar a cárcel o a multa, se ha decantado por esta última opción por “la menor entidad del hecho, puesto que se trataba de la concesión de una licencia para una sola vivienda”.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 19/12/2007
Foto: Marbella, puerto_deportivo - marbella.es
"Tengo trabajo, familia y estudios, pero vivo en un cuchitril"
ELPAÍS/Madrid* : Todos sospechaban. "En el bajo vive demasiada gente", comentaban los vecinos al cruzarse en las escaleras. La rotura de una tubería dejó al descubierto la realidad. En el piso que provocaba los cuchicheos, de unos 90 metros cuadrados, vivían 13 personas hacinadas. Menos de siete metros por cabeza. Tres o cuatro por habitación. Cinco nacionalidades con una sola cocina. Un piso patera en un edificio de gente bien de cinco plantas en Carabanchel.
El accidente, ocurrido hace dos meses, confirma una de las conclusiones del último estudio de Cáritas: hay chabolas más allá de los poblados, aunque sea un fenómeno casi invisible. En Madrid capital hay casi 122.000 infraviviendas verticales con 440.000 inquilinos. Son una de cada diez viviendas y la mayoría de las que hay en la región, con 184.665 casas insalubres.
Más de la mitad de los vecinos que se levantan cada día en una de esas chabolas verticales, en las que no disponen de intimidad, donde les toca sortear el frío porque la calefacción no existe, en las que se asean en baño compartido o donde tapan las grietas moviendo de sitio los armarios se consideran personas sin graves problemas de exclusión. Con trabajo, con familia, sin un entorno violento ni casos de abandono. Su situación no se puede considerar marginal aunque su casa sí lo sea.
Son el 52% de hogares "incluidos" recogidos en el informe de Cáritas de Madrid La infravivienda en la Diócesis de Madrid, presentado ayer. Es la primera vez que esta ONG realiza un estudio de estas características. Para alcanzar sus conclusiones, ha combinado las cifras de Madrid del Censo de Población y Viviendas del INE -los últimos datos disponibles son de 2004- más otros datos del Instituto de Rehabilitación e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid. Su aportación es el trabajo del Equipo de Investigación Sociológica (EDI) de Cáritas, que realizó 415 encuestas entre mayo y junio de 2007 a inquilinos, con un error previsto del 4,8%.
Entre las viviendas analizadas en el informe incluyen 1.100 chabolas de las tradicionales. No figuran las casas de poblados como Cañada Real en los que no existen censos oficiales.
Una infravivienda, según la ONG, se define por cuatro medidores. El primero, la habitabilidad, analiza si la vivienda tiene servicios: agua corriente, electricidad... La accesibilidad se centra en los ingresos, la discriminación a la hora de alquilar un piso, el racismo del entorno o si los alquileres son muy caros. El tercer elemento es la estabilidad: si la vivienda es prefabricada, de integración social, subarrendada por habitaciones...
El último es la adecuación, si el inquilino vive en condiciones de hacinamiento (menos de 10 metros cuadrados por persona) o de lo que Cáritas define como promiscuidad: más de dos personas por habitación. La adecuación (74,7%) y la habitabilidad (55,7%) son los factores más comunes.
Según la encuesta, uno de cada cuatro inquilinos de esas chabolas en altura es extranjero. Los tres restantes son españoles, entre los que se encuentra un gitano. La mayoría de las infraviviendas están al este y al sur de la capital. Pero no sólo se concentran allí.
El distrito Centro es donde se concentran más edificios con problemas estructurales graves, sobre todo en los barrios de Embajadores y Universidad, con 2.389 y 1.157 viviendas. Son también los barrios con más casas sin cuarto de baño, 2.000 de las 12.000 de Madrid capital. Las viviendas con peor saneamiento están en el distrito de Fuencarral-El Pardo (220 de las 1.260 sin agua corriente). Las casas con los vecinos más hacinados se encuentran en el distrito de Puente de Vallecas (2.757 de las 26.240 de Madrid).
Aunque hagan falta sucesos inesperados como la rotura de una tubería para sacarlos a la luz, este tipo de pisos están al alcance de cualquiera. El 20% de los encuestados encontró el suyo en un anuncio o por Internet. El 10% a través de una agencia inmobiliaria.
La infravivienda en la capital
- Una de cada 10 casas de la capital puede considerarse una infravivienda.- En uno de cada cinco pisos insalubres vive más de una familia.- La situación de la estructura del edificio es grave en 21.000 viviendas.- 12.500 hogares carecen de baño y 1.260 de agua corriente.- En 5.675 viviendas de Centro conviven más de dos personas por habitación.- En 26.240 pisos, los inquilinos viven en menos de 10 metros por persona.- 6.382 pisos se encuentran en estado de ruina.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 19/12/2007
Foto: Pisos patera - terra.org
La fiscalía se querella contra el alcalde de Querol por prevaricación y soborno
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LAVANGUARDIA/Tarragona* : La Fiscalía ha presentado una querella criminal en el juzgado número 1 de Valls (Tarragona) contra el alcalde de Querol, Miguel Uroz (PSC), por los presuntos delitos de prevaricación, soborno y revelación de información privilegiada en la recalificación de una zona urbanística del municipio. El procedimiento comenzó hace más de un año cuando el grupo ecologista GEPEC y la plataforma Salvem Querol pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales una serie de presuntas irregularidades.
Fuentes municipales han confirmado que la denuncia del Ministerio Público se dirige, además de contra Miguel Uroz (actual alcalde y ex concejal de Urbanismo), contra Albert Carreño (ex alcalde de Querol que actualmente pertenece al Grupo Mixto), Eduardo Bermejo (PSC) y Ricardo-Saúl Sánchea (arquitecto municipal).
Los presuntos delitos se cometieron en la recalificación de la urbanización L'Arboçar, que pasó, en tres años, de ser comprada por 70.000 euros a ser revendida por 700.000 euros, después de que la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) contemplase 550 viviendas nuevas en la zona.
Tras la segunda aprobación inicial, que incluía otras 1.400 viviendas, se intentó vender dicha urbanización por cinco millones de euros, según el GEPEC y la plataforma Salvem Querol.
Estas entidades también afirman que, a raíz de la creación de la plataforma y del "eco obtenido", el equipo de gobierno "tomó represalias contra algunos miembros" del movimiento y "recalificaron el suelo donde viven, de urbano a agrícola".
* La Vanguardia - EFE - 18/12/2007
Foto: Querol (Tarragona) - salvem-querol.blogspot.com
Nos están engañando
Nos están engañando - Solbes dimisión
December 10, 2007
http://www.youtube.com/watch?v=pt2PNeOCVcU
Urbanismo y corrupción
NÉSTOR PADRÓN DELGADO* : Hace días se hacía público un manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal, constituido por 200 penalistas y criminólogos de toda España, en la que se proponían fuertes medidas para luchar contra la corrupción urbanística. Al manifestar la ineficacia de los Ayuntamientos, las Autonomías y Estado para atajar la corrupción, están poniendo el dedo en la llaga ante la gran extensión de casos de corrupción que se vienen produciendo en los últimos años. Según este informe se señala como principal responsable del fenómeno a los Ayuntamientos, actuando con total arbitrariedad y amparándose en la autonomía local y de sus competencias, para su resistencia a otros controles.
Los casos conocidos de Marbella, Andraxt, Totana, Carboneras, Ciempozuelos etc., en Península y de Las Teresitas, Arona, Telde, Mogán etc. en Canarias son solo la punta del iceberg de la extensa corrupción extendida en el urbanismo que existe en muchísimos Ayuntamientos.
Resulta fuera de toda lógica que un Ayuntamiento de dos mil o cuatro mil habitantes, conceda autorizaciones mediante la recalificación de suelo agrícola para la construcción de 10.000 viviendas, acompañadas a su vez de hoteles, campos de golf etc., como resulta incomprensible y fuera de toda consideración que en un Ayuntamiento de 500 o 600 habitantes su corporación elimine miles de pinos y destruya un bosque para conceder licencias de miles de viviendas, provocando así un deterioro medio ambiental de incalculables consecuencias. La voracidad constructora en el litoral, invadiendo la zona pública, creando pantallas de edificaciones de alturas a gusto del constructor especulador, la construcción de puertos deportivos a capricho, no solo han deteriorado y destruido el paisaje natural, sino que además están contribuyendo a la degradación ambiental que provoca alejamiento y abandono del turismo.
Desgraciadamente ya hay daños irreparables, desgraciadamente hay enriquecimientos ilícitos por corrupción que posiblemente no entren en el campo de la justicia y por otra parte no ha habido concienciación ciudadana suficiente para una defensa de la calidad de vida, no solo de los presentes, sino también de las generaciones futuras. Pongo como ejemplo los grupos de manifestantes ante una comisaría en defensa de algún Alcalde imputado por corrupción o los apoyos a otro desde determinado periódico ante el mayor y fraudulento pelotazo de Canarias. Si los casos de urbanismo depredador mediante corrupción o complacencia municipal son graves a nivel general, en el caso de Canarias, por la fragilidad y limitación de su territorio son de acusada y extrema gravedad. El silencio y el temor a la decisión de tomar medidas drásticas no debería obstaculizar los cambios de las normas que impidan la impunidad de las tropelías que se vienen produciendo en los últimos años por parte de algunas administraciones.
Creo que la mayoría de los ciudadanos estarían de acuerdo con las propuestas que el Grupo de Estudios de Política Criminal ha formulado consistentes en la demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito, para "restaurar la situación inicial dañada, que se proceda a la disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos, que se establezcan controles para evitar la "connivencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad, que se castigue como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales, así como que se eleven las penas para los delitos urbanísticos. La gravedad del problema generalizado por desgracia debería llevar también a la anulación de las competencias en urbanismo a los Ayuntamientos para que sean gestionadas por un Ente, en el que tuviesen representación el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
* Ex diputado socialista
* La Opinión de Tenerife - Tribuna abierta - 18 de diciembre de 2007
Julián Muñoz y cinco ediles, condenados a siete años de inhabilitación por prevaricación
EFE/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros cinco ex ediles del Ayuntamiento han sido condenados a siete años de inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con una cuota de 10 euros diarios por un delito de prevaricación urbanística. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga decreta asimismo la nulidad de la licencia de obra del proyecto de ejecución a la entidad Artola Inversiones SL, otorgada en la comisión de gobierno el 10 de julio de 1998, de la que formaron parte los concejales condenados, para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.
El fallo atiende la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia y el juicio, celebrado el pasado octubre.
Los concejales a los que se les ha impuesto la misma pena que a Muñoz -que actuó como presidente en la comisión en condición de alcalde accidental- son Rafael González Carrasco, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Mario Jiménez Notario y María Luisa Alcalá Duarte.
El ex primer teniente de alcalde Pedro Román ha sido absuelto porque "sólo tuvo intervención en la concesión de la licencia del proyecto básico, no así en el proyecto de ejecución", según se señala en los fundamentos de derecho.
En este apartado también se establece que no es posible acordar la demolición de la vivienda en este procedimiento "como la forma de restablecer el orden urbanístico perturbado" porque no han sido llamados al proceso los terceros adquirientes del inmueble.
La juez considera probado que la licencia fue otorgada en referencia a un Plan de Ordenación Urbana que estaba en revisión y que "por tanto ni había sido aprobado por el organismo correspondiente ni publicado en el BOE".
Asimismo, indica que el suelo sobre el que se otorgó la licencia tenía la calificación de zona educativa y docente de uso público desde un plan parcial de 1984, como equipamiento cultural social de uso público en el PGOU de 1986, y que en el plan de revisión su calificación era de "urbanismo exento".
En la sentencia también se señala que los concejales no pueden alegar que votaban siguiendo las instrucciones del secretario del Ayuntamiento, puesto que no estaba obligado a informar.
En cuanto a la multa impuesta, menciona que se opta por esta pena "atendiendo a la menor entidad del hecho puesto que se trataba de la concesión de una licencia para una sola vivienda".
La causa fue iniciada tras la denuncia presentada por la abogada y ex diputada de Los Verdes Inmaculada Gálvez el 23 de abril de 1998.
El Ministerio Fiscal calificó en el juicio los hechos como constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio y pidió para Muñoz y cinco acusados la pena de 20 meses de prisión, así como diez años de inhabilitación especial, y para otros dos imputados, 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para el cargo público de concejal.
Julián Muñoz se encuentra en prisión provisional por el "caso Malaya" contra la corrupción en Marbella desde hace 17 meses y recientemente ha obtenido el segundo grado penitenciario.
* La Opinión de Málaga - EFE - 18 de diciembre de 2007
Foto: Marbella, playa - Manuel González Olaechea y Franco, wikipedia.org
El TSJ suspende el PAI de la Foya de Vilafamés por la falta de agua
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado la suspensión del plan parcial del sector la Foya de Vilafamés ya que «la suficiencia y disponibilidad de los recursos hídricos del sector no está acreditada, siendo que, además, como denuncia en su informe la propia entidad colaboradora (Facsa), no se ha emitido el perceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)».
En el auto del TSJ se explica que «no hay informe de la CHJ, pues no puede considerarse emitido por haber intervenido durante la tramitación y aprobación del PGOU del municipio, como el Ayuntamiento de Vilafamés pretende» . «Consta así que el 20de septiembre de 2006 el consistorio recibió un escrito de la confederación denunciando tal falta de intervención» , se añade.
El TSJ establece que el hecho de que exista una modificación sustancial que puede incidir es aspectos relacionados con los recursos hídricos existentes, disponibles y necesarios haría imprescindible la intervención del organismo de la cuenca.
Asimismo, se recuerda que a raíz de la modificación de la ley del Plan Hidrológico Nacional «las confederaciones hidrográficas emitirán . El auto dice que «cuando los planes de las entidades locales comporten nueva demandas de agua, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas» .
La resolución del tribunal, que no es firme y contra la que cabe recurso de súplica del Ayuntamiento de Vilafamés, se emite a raíz de una denuncia de la Asociación de Afectados La Foya.
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 18 de diciembre de 2007
Foto: Villafamés (Castellón) - costaazahar.com
Casi 400.000 madrileños habitan en infraviviendas, sin contar la Cañada Real
MADRIDIARIO* : El 9,8 por ciento del parque mobiliario regional está compuesto por infraviviendas, un porcentaje que asciende al 11,3 por ciento en el caso de la capital, según un estudio encargado por Cáritas Madrid que no incluye la Cañada Real. Unos 400.000 madrileños habitan en infraviviendas, la mayoría situadas en las zonas sur (40 por ciento) y norte (30 por ciento) de la Diócesis de Madrid. Y nueve de cada diez son viviendas en altura, lo que se conoce como 'chabolismo vertical'.
Son los datos de un estudio sobre la infravivienda en Madrid encargado por Cáritas, cuyo ámbito geográfico abarca la capital y numerosos municipios del noroeste de la región, y excluye, por tanto, los pertenecientes a las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares. También queda excluida la Cañada Real, el mayor núcleo chabolista de la región, donde se calcula que habitan otras 50.000 personas, pues las viviendas allí edificadas no cuentan con un censo fiable.
Así, según el estudio, 33.155 viviendas, el 2,6 del parque residencial de la diócesis, se encuentra en situación de hacinamiento. De ellas, 4.479 tienen una superficie útil ppor habitante menor o igual a cinco metros cuadrados. Y otras 48.388 se encuentran en situación de "promiscuidad crítica", esto es, disponen de menos de media habitación por persona.
Entre las causas de este hacinamiento se encuentra la cohabitación en una misma vivienda por más de una familia, una circunstancia que se da en una de cada cinco infraviviendas de la diócesis de Madrid. El 23 por ciento de las personas que viven en esta situación son extranjeros y el 22 por ciento, de etnia gitana.
Julio Beamonte Mayayo, director de Cáritas Madrid, adelantó también algunos datos "sorprendentes" del estudio, a la espera de su publicación completa. Así, señaló que las infraviviendas detectadas en el distrito de Salamanca (1330) superan la media de los distritos de la capital (1316). "La mayoría son personas mayores que han llevado una vida de trabajadores pero que, al jubilarse, se han quedado con una pensión muy baja y no tienen dinero para mantener sus viviendas. Además, sufren de una especie de 'pobreza vergonzante' y no se atreven a pedir ayuda", señaló Beamonte.
En el estudio se han utilizado datos del Instituto para el Realojo y la Integración Social (IRIS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de la Comunidad de Madrid.
Vivienda y exclusión social
Para determinar la relación de los problemas de vivienda con la exclusión social, la ONG realizó, además, 415 entrevistas, que arrojan una muestra con una fiabilidad de un 90 por ciento. El denominador común de los habitantes de infraviviendas entrevistados es la pobreza, que alcanza al 97 por ciento de los encuestados. De ellos, el 63 por ciento padece pobreza extrema, es decir, sobrevive con menos de 165 euros al mes.
Además, la mayoría (el 61,7 por ciento) se encuentran en activo y el 17 por ciento son desempleados o sufren precariedad laboral. Seis de cada diez son mujeres y el 27 por ciento son analfabetos.
* Madridiario - 18-12-2007 - Celia G. Naranjo
Foto: Madrid, desalojo chabolas - madridiario.es
Orden de Desbloqueo de proyectos urbanísticos en la Región de Murcia
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : Ante las Jornadas de Presentación de dicha Orden por parte de sus autores intelectuales, Ecologistas en Acción de la Región Murciana señala que tras la bondad aparente de la norma se esconde un ánimo de favorecer a promotores concretos en desarrollos urbanísticos de alto impacto permitiendo inaplicar en la Región de Murcia normas estatales y comunitarias de Evaluación Ambiental.
Aunque se aluda a la agilidad y eficacia, el grupo de defensa de la naturaleza denuncia que “realmente” se inaplican normas vinculantes y se impide el análisis de los impactos ambientales y la participación ciudadana, eliminando el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, en un claro abuso de la potestad reglamentaria en contra del interés público, que no es otro que el desarrollo sostenible y no la velocidad y agilidad en urbanizar la Región.
Pese a la claridad de las normas estatales y comunitarias en la materia y la evidencia en la insostenibilidad del desarrollo urbanístico la Consejería competente ayuda a los promotores inmobiliarios - ahorrándoles dinero y tiempo – a saltarse los controles e impide que el público participe y defienda el medio ambiente en proyectos concretos, dejando al paisaje indefenso. A través de la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) se analizan alternativas, impactos y se proponen medidas correctoras que mitiguen las posibles afecciones del ladrillo y el cemento al patrimonio natural, histórico y cultural, todo ello implicando al público en la defensa del ambiente.
Ecologistas en Acción – Región Murciana considera que la recientemente aprobada Orden de 12 de Noviembre de 2007 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio debe ser declarada nula por ser contraria a las normas comunitarias que aseguran el desarrollo sostenible y a la legislación estatal básica, así como al derecho fundamental de participar en las decisiones públicas que afecten al ambiente y está estudiando emprender acciones legales y judiciales y hacer una queja por incumpliento a la Comisión Europea .
El proceso que hasta ahora seguían estos proyectos, no fue diseñado para “bloquear” o dificultar la consecución de los mismos, como se ha querido dar a entender, si no que era un proceso diseñado para asegurar lo siguiente:
- La participación de la sociedad en el proceso.
- El estudio detallado y valoración de los impactos que conllevan esos proyectos sobre el medio ambiente.
Sin embargo, con la aprobación de esta Orden, la Región de Murcia se convierte de nuevo en un estado de excepción para las normas protectoras del ambiente, donde los proyectos sometidos por Ley a evaluación de impacto ambiental se excepcionan por las autoridades regionales. Esta estrategia ya fue utilizada por la Ley del Suelo que modificó la Ley General de Medio Ambiente para eliminar el requisito de Evaluación de Impacto Ambiental – como en la reclasificación de 900 hectáreas de Huerta en el municipio de Murcia - y ahora se da un paso más intentando neutralizar los efectos de la Ley 9/2006 que evalúa planes urbanísticos. Todo ello con el telón de fondo de la modificación de la Ley 1/1995 para instalar industrias solares por todo el territorio sin criterios de ordenación del territorio, planificación ni evaluación ambiental.
- Lo que la Consejería llama “desbloqueo” es una dispensa de cumplimiento de las normas.
- Lo que se llama “retraso”, es un proceso de evaluación donde además se da traslado a los ciudadanos para que opinen sobre el modelo de desarrollo y los impactos al entorno en que viven.
De nada sirve el “marketing” del Pacto Social por el Medio Ambiente, que esta asociación cuestiona de raíz, si por otro lado se excluye a los ciudadanos y sus organizaciones para defender el medio ambiente. Esta Orden supone en realidad un recorte de derechos democráticos para proteger el ambiente y una muestra de que la Consejería no trabaja por el desarrollo sostenible a través de la aplicación de la legislación ambiental, la integración de la sostenibilidad en el resto de políticas y la participación ciudadana sino que su misión es dinamitar y promover la insumisión a la legalidad, como se ejemplifica en decisiones concretas de reclasificación de espacios naturales (lease, Marina de Cope, Lo Poyo, reclasificación de Huerta en la Senda de Granada) y en decisiones globales que se enmascaran en un "desbloqueo" para manipular la opinión de los habitantes de una Región que pierde su paisaje y su patrimonio natural, histórico y cultural bajo el ladrillo y el green, y todo ello en aras de que unos pocos satisfagan su ambición, que es la más antigua del mundo: el lucro.
Lo que Ecologistas en Acción propone es que:
- Se apliquen cabalmente las normas.
- Se cumpla el deber de integración ambiental y no se coopere a su elusión.
- Se creen puestos cualificados de Evaluación Ambiental en la Administración Regional para asistir a los Ayuntamientos y promotores.
- Se informe y capacite a los técnicos, pero no se avale la inaplicación de normas que establecen garantías para la sostenibilidad del desarrollo y la democracia ambiental.
* Ecologistas en Acción de la Región Murciana - 17 Diciembre 2007
Foto: Mazarrón (Murcia), golf urbanización en El Saladillo, 2005 - ecologistasenaccion.org
Yacimiento de ladrillos
Viñeta: El Roto - elpais.com - 20071217
Los vecinos irrumpen en el caso de las licencias ilegales en Madrid
ADN/Madrid* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha anunciado que se personará este martes como parte afectada en el sumario de la Operación Guateque, en representación de seis asociaciones vecinales de los distritos de Centro y Chamberí que han interpuesto denuncias por la apertura ilegal de locales de ocio nocturno.
La federación indica en un comunicado que aportará, en el Juzgado de Instrucción número 32 de Plaza Castilla, denuncias puestas desde 2004 ante las Juntas de Centro y Chamberí, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por la apertura de bares y terrazas sin autorización, y por el incumplimiento de la normativa del ruido, "todas sin respuesta".
Las asociaciones denunciantes aseguran que "la dejación de responsabilidades en la función de control y gestión de la concesión de licencias ha dado lugar a una proliferación abusiva y descontrolada de locales de ocio nocturno cuyas consecuencias [...] padecen las vecinas y vecinos de las zonas con mayor concentración de estos negocios llegando, en no pocos casos, a tener que abandonar sus barrios".
Además, la FRAVM ha adelantado que en la asociación se están recopilando más denuncias de otros distritos madrileños para "colaborar en el esclarecimiento y alcance de los hechos denunciados".
Representantes de la federación, que prevén acudir al juzgado a las 11.30, han expresado su disconformidad en relación a la "externalización de la elaboración de los informes previos a la concesión del permiso de apertura de locales como solución al problema".
* ADN - Agencias - 17/12/07
Foto: Madrid, antiguo Ayuntamiento - artehistoria.jcyl.es
Los precios de los pisos han subido en la última década un 60% más que entre los 20 países más ricos
ELPAÍS* : Los precios de los pisos subieron en España un 190% entre 1997 y el tercer trimestre de 2007, un 60% más que entre los 20 países desarrollados que el semanario The Economist incluye en su análisis trimestral de la evolución internacional del mercado de la vivienda. De acuerdo con este análisis, el país con mayor inflación inmobiliaria en ese periodo fue Sudáfrica (393%), seguido de Irlanda (240%), Gran Bretaña (213%), España (190%), Australia (159%), Suecia (149%), Francia (144%), Bélgica (131%), Dinamarca (128%), Nueva Zelanda (123%), Estados Unidos (116%), Holanda e Italia (102% ambos).
El resto de países se encuentran por debajo de la barrera del 100%, y en tres de ellos, Alemania, Japón y Hong Kong, los precios de los pisos se abarataron en el último decenio, mientras que en Suiza sólo subieron un 19%.
Además, los datos de The Economist muestran que, en el tercer trimestre de este año, los precios de los pisos ya caían en las tres grandes economías capitalistas (un 4,5% en Estados Unidos, un 4,1% en Alemania y un 0,7% en Japón), así como en Irlanda, el país que (sin contar a Sudáfrica) ha tenido la mayor burbuja inmobiliaria de los últimos diez años.
Respecto a España, la ralentización se ha acentuado en términos comparativos, ya que la tasa del 5,3% del tercer trimestre es inferior a la media global actual, del 6,5%, y le sitúa como el país número 12 por ritmo de encarecimiento de los pisos, mientras que hace un año era el décimo, justo en medio de la tabla.
EE UU, "en la cama del enfermo"
Con ritmos de crecimiento de los precios actualmente superiores a España figuran Singapur (27,6%), Sudáfrica (13,6%), Nueva Zelanda (12,7%), Suecia (11,6%), Hong Kong (11,3%), Australia (10,6%), China (9,5%), Gran Bretaña (6,9%), Francia (6,8%), Canadá (5,8%) y Bélgica (5,7%).
Por debajo de España están Italia (5,1%), Dinamarca (4%), Holanda (3,8%), Suiza (2,3%), Japón (-0,7%), Irlanda (-2,8%), Alemania (-4,1%) y Estados Unidos (-4,5%).
The Economist señala que "el mercado de la vivienda en Estados Unidos está ahora en la cama del enfermo", mientras que "los mercados inmobiliarios de muchas zonas de Europa han pasado el punto de inflexión. La inflación de precios ha caído en Francia, España, Italia y Bélgica. En Alemania, donde los valores de la propiedad han disminuido durante la mayor parte del tiempo desde mediados de los noventa, esa tendencia se ha acentuado durante el último año".
* ELPAIS.com - SERVIMEDIA - Madrid - 17/12/2007
Foto: Vivienda, precios 10 años - fuente ministerio vivienda
