Los Verdes de España y Portugal buscarán la protección de la ribera del Guadiana para evitar su "marbellización"

LOSVERDES/Huelva* : Una representación de Los Verdes de España y Portugal acordaron la búsqueda de una herramienta de protección de la ribera del bajo Guadiana y la coordinación de los dos países para "evitar la marbellización de esta zona del litoral, dado el aumento de la presión urbanística en la zona". Tras un encuentro en Ayamonte (Huelva), el diputado nacional de Los Verdes, Francisco Garrido, indicó que las delegaciones de los dos países a ambos lados del Guadiana respaldaron la propuesta del movimiento ecologista de crear una parque internacional transfronterizo en la ribera del bajo Guadiana.

En este sentido, precisó que los diputados lusos trabajarán en la "adecuación de una figura de protección de este tipo a la legislación portuguesa", si bien tampoco descartaron la puesta en marcha de otra "figura común que garantice una protección que también se traduzca en la coordinación de ambos países a nivel gubernamental, de ayuntamientos y de movimientos ecologistas en las dos zonas para garantizar su efectividad".

De la misma forma, ambas delegaciones pondrán en marcha la organización de unas jornadas que de forma simultánea se celebren después de las fiestas navideñas a ambas orillas del Guadiana y en las que participen las administraciones, los movimientos sociales y la universidad para "concretar fórmulas de protección y mecanismos para activar la cooperación entre los dos países".

Los diputados 'verdes' mostraron su "preocupación por la privatización del litoral de la ribera del Guadiana, sobre todo, por el aumento de la presión urbanística" y destacaron la necesidad de "coordinar esfuerzos para evitar agravios que signifiquen construir al otro lado del río porque en un lado no se acepte".

GRUPO GALLARDO.

Por otra parte, Los Verdes españoles y lusos acordaron seguir reforzando su oposición al proyecto del Grupo Gallardo para poner en marcha en Badajoz la refinería Balboa, cuyo oleoducto conectaría esta infraestructura con el Puerto de Huelva atravesando la provincia, aunque también existía la posibilidad de que este oleoducto pasase por Portugal.

Garrido indicó que, aunque esta última opción "es poco probable, los diputados verdes portugueses presionarán al Gobierno de su país para que impida que un posible oleoducto atraviese su territorio.


AYAMONTE (HUELVA), 10 Dic. (EUROPA PRESS - EFE ) CANAL SUR RADIO, SER, RNE, ONDA CERO , CNH , TERRA 11-12-07 ELMUNDO-HUELVA, ODIEL, HUELVA INFORMACION , EL PERIODICO DE EXTREMADURA, DIARIO PUBLICO (PORTUGAL)


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AND-NATURALEZA-PROTECCIÓN

Los Verdes España-Portugal se unen por parque transfronterizo Bajo Guadiana

Ayamonte (Huelva), 10 dic (EFE).-

Diputados de Los Verdes de España y Portugal han acordado hoy trabajar conjuntamente en pro de la consecución de un Parque Natural Transfronterizo del Bajo Guadiana, que proteja este entorno en el marco de la Unión Europea.

Así lo ha explicado a EFE el diputado nacional de Los Verdes, Francisco Garrido, tras un encuentro celebrado hoy en la localidad onubense de Ayamonte, quien ha puntualizado que en un primer momento la labor se centrará en cada uno de los parlamentos nacionales.

Garrido ha explicado que, siguiendo la propuesta que viene realizándose desde el movimiento ecologista, Los Verdes plantean la necesidad de que esta zona cuente con protección jurídica ambiental específica de forma que "en la ribera española se frene el impacto que se está produciendo como consecuencia de un urbanismo inadecuado y en la portuguesa se evite que el daño se produzca en un futuro".

Los diputados lusos y españoles han convenido la celebración de unas jornadas en ambas riberas del río, por el mes de febrero o marzo, en las que tendrán cabida administraciones, universidades y ecologistas, con el objetivo de concretar esa propuesta de parque.

Asimismo, esta cita servirá, según ha precisado el diputado de Los Verdes, para concretar los mecanismos de protección específicos para el Bajo Guadiana.

Al margen de esto, en el transcurso del encuentro se ha abordado el tema de la construcción de la Refinería Balboa en Extremadura, que prevé el traslado de petróleo hasta la costa bien por Huelva bien por Portugal a través de la construcción de un oleoducto.

En este sentido, Garrido, quien ha recordado la oposición que existe por la opción española, la que por el momento tiene más posibilidades, ha señalado que los diputados lusos han manifestado su intención de redoblar esfuerzos para que el Gobierno portugués se oponga a la autorización del oleoducto por su terreno.

Por el lado español, en el encuentro participaron además de Garrido, Andrés Sánchez, portavoz Andaluz de Los Verdes y secretario general de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía y José Luis López Peña, portavoz Provincial de Los Verdes de Huelva.

Por su parte, la delegación de Los Verdes portuguesa estuvo compuesta por Francisco Madeira Lopes - diputado de la Asamblea de la República (Parlamento de Portugal); Manuela Cunha, de la Cámara Municipal de Almeirim; y Víctor Cavaco, delegado para Asuntos Internacionales de Los Verdes en Portugal, todos ellos miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional de "Os Verdes" de Portugal. EFE


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Los Verdes de Portugal quieren impedir que el oleoducto de la refinería atraviese territorio luso

11/12/2007

Ayamonte Los diputados portugueses de Los Verdes redoblarán esfuerzos para que el Gobierno luso se oponga a la autorización de un oleoducto por su terreno que traslade el petróleo hasta el Refinería Balboa proyectada en Extremadura. Así lo manifestó ayer el diputado nacional de Los Verdes Francisco Garrido. EFE






* Los Verdes de Andalucía - 12 de diciembre de 2007
Foto: Ayamonte (Huelva), Isla Canela - García Cordero (El País)



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El TSJ sentencia que el alcalde de Arroyo primó los intereses de Mahía sobre el interés general

NORTECASTILLA/Valladolid* : El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, presidido por el hoy independiente José Manuel Méndez Freijo, «confundió» entre el 2004 y el 2005 los intereses privados de la constructora gallega Mahía con el interés general, en el proceso de tramitación del Estudio de Detalle en el sector SAU 13 de ese municipio, que permitió a la promotora aumentar en 150 pisos de más los fijados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De este modo, Mahía obtuvo el permiso municipal del Pleno, entonces con mayoría del PP, para elevar la edificabilidad de 500 viviendas a 650 en esta zona próxima al centro de Hipercor.

Fue una antigua empleada de Méndez y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel Fernández, la que el 10 de diciembre del 2004 tramitó la petición de la promotora ante el Ayuntamiento. En tres meses, el Consistorio dio, con el informe favorable del arquitecto municipal y del secretario pero con el rechazo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), su conformidad para elevar la edificabilidad. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha «anulado de pleno derecho» dicho acuerdo del Consistorio aprobado el 15 de marzo del 2005 sobre el Estudio de Detalle del sector SAU 13, así como la desestimación que el propio Méndez hizo del recurso que presentó el concejal del PSOE, Evaristo López, que se postuló contrario a la autorización a Mahía.

La sentencia reconoce que la modificación acordada por el Pleno del 2005 comportó para la constructora «un incremento de la edificabilidad privada en 23.064 metros cuadrados, como se admite por la representación del Ayuntamiento», y que defendió el letrado municipal, el procurador en las Cortes, Raúl de la Hoz.

De este modo, según la sentencia del TSJ, el equipamiento privado creció en 13.317 metros cuadrados y la edificabilidad residencial en otros 9.746 metros cuadrados, aumentándose el número de viviendas en 150 pisos.

Los magistrados del TSJ, que han analizado este contencioso-administrativo durante más de dos años, sostienen que la autorización a Mahía supuso que se elevase la densidad máxima del sector fijada por ley de 30 viviendas por hectárea para pasar a 34,8 viviendas. «En el propio Estudio de Detalle se admite que la densidad pasa de 26,8 viviendas por hectárea a 34,8», dice la sentencia, para cuyo resultado ha sido clave el informe pericial que el TSJ encargó a una arquitecta. El Tribunal sostiene que no se respetó la ley al calificar el suelo como 'urbano consolidado' cuando éste no estaba urbanizado al aprobar el Estudio. En diciembre del 2004 el arquitecto municipal, Buenaventura Conde, informó que la urbanización del SAU 13 «estaba prácticamente concluida», por lo que suponía que el suelo podría ser calificado como urbano consolidado. Sin embargo, dos años más tarde, la perito judicial del TSJ informó que «la urbanización no había concluido».

Se afirma además en el fallo que hubo una «patrimonialización por el propietario (Mahía) del sector del cien por cien del aprovechamiento de la modificación aprobada», y se insiste al respecto en que la autorización de los 150 pisos de más a la constructora gallega por parte del Consistorio presidido por Méndez «no comportó un incremento de espacios libres públicos necesarios en proporción al incremento de edificabilidad y viviendas que se establecen en ese instrumento de planeamiento».

La Ley de Urbanismo recoge que las cesiones a los ayuntamientos han de ser «en pleno dominio, y libre de cargas, gravámenes y ocupantes», aunque en el acuerdo municipal se daba a Mahía la explotación del subsuelo y el vuelo, un hecho que el TSJ cuestiona. Se considera insuficiente que Mahía cediese dos parcelas para uso público, aunque se quedaba con la explotación del subsuelo.

La anulación supone además la paralización del edificio de 108 habitaciones destinado para un apartotel que la empresa Binurba, del grupo Mahía, había comenzado a levantar hace dos años en la avenida de Salamanca. El proyecto de este complejo fue realizado por el arquitecto Javier González Barriuso, vocal en la empresa pública Emuva y facultativo que dirigió la obra del chalé particular de José Manuel Méndez a finales de los años 90.

El PSOE de Arroyo de la Encomienda valorará hoy la sentencia que podría acarrear consecuencias al Consistorio. El fallo puede ser recurrido ante el Supremo que tardaría cuatro años en resolver.







* El Norte de Castilla - 12.12.07 - J. MORENO
Foto: Uno de los bloques del SAU 13 en el barrio de Vega Mahía cuya edificabilidad ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia/ MIGUEL ÁNGEL SANTOS, nortecastilla.es



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El fiscal afirma que el alcalde de Alicante favoreció a Ortiz por amistad

ELPAÍS* : El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sostiene que la "amistad personal y familiar" entre el alcalde Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y el contratista Enrique Ortiz fue "fundamental" en el supuesto trato de favor del primero al segundo en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. El fiscal incluye esta afirmación en el recurso de apelación contra el auto de archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de la causa abierta al regidor y dos ediles más de su equipo (Sonia Castedo y Luis Concepción) por prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de la obra al contratista.

En el sumario también estaban imputados el empresario y un funcionario. La causa fue derivada por el juez instructor al TSJ debido al aforamiento de Alperi, elegido diputado en mayo.

Briones basa su recurso en tres líneas argumentales: vulneración de las facultades del magistrado instructor, error en la apreciación de la prueba en el auto de archivo y desestimación de las pruebas complementarias (declaración de los concejales de la junta de gobierno y nuevo peritaje de las obras) solicitadas por el ministerio público.

En el primer apartado, el escrito del fiscal señala que el auto de sobreseimiento del magistrado instructor del TSJ "ha invadido las competencias exclusivas del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo [la sala de lo civil y penal del TSJ] al realizar, sin contradicción alguna, una valoración de las pruebas de cargo y descargo".

En el segundo apartado, puntal del recurso, Briones se reafirma, punto por punto, en la denuncia inicial que dio origen a la investigación judicial. Para Briones, existió un "concierto previo" entre el alcalde y los concejales de Urbanismo, Sonia Castedo, y de Tráfico, Luis Concepción, para "conferir mejoras" al adjudicatario. Y, además, asegura que para sortear la oposición de los técnicos de Urbanismo a las modificaciones del contrato se trasladó el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe sí las validó. "No consta en el Ayuntamiento de Alicante nunca antes en un asunto de tanta envergadura y de tramitación tan avanzada un cambio de esta naturaleza", puntualiza Briones en su escrito.

El fiscal concluye su escrito solicitando que se practiquen las pruebas complementarias, en su opinión "esenciales" a fin de despejar si su tesis mantenida en la instrucción es correcta.







* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 12/12/2007
Foto: Alicante, ayuntamiento - alicante-ayto.es



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Tenerife: El 'Caso Fórum' se reactiva

CANARIAS7* : El registro de al menos tres domicilios y otras tantas oficinas propiedad del empresario José Ana Pérez Lavajos y de la ex asesora de Miguel Zerolo, Herminia Gil, es el resultado de la operación policial ordenada por la juez que instruye la rama tinerfeña del caso Fórum, que ayer seguía abierta. Agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional custodiaban anoche una de las oficinas precintadas por orden judicial pertenecientes al empresario tinerfeño José Ana Pérez Labajos.

Ésta era la única de las oficinas que anoche aún quedaba por registrar en una operación policial que se inició a primera hora de la mañana con la entrada y registro en varios despachos y, al menos, tres domicilios pertenecientes a José Ana Pérez Labajos y de Herminia Gil, ex asesora urbanística del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, así como de un hijo de la que también fuera concejal socialista en el Ayuntamiento capitalino.

Los registros, que se llevaron a cabo durante todo el día, fueron ordenados el lunes por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife que instruye desde diciembre del año pasado la rama tinerfeña del caso Fórum Filatélico, después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiera en favor de los juzgados tinerfeños al detectar un presunto delito de cohecho en la Isla durante la investigación que se inició en la sede central de la empresa de sellos en Madrid.

A Herminia Gil y a José Ana Pérez Labajos la Policía Judicial les imputa sendos presuntos delitos de cohecho. Ninguno de los dos ha sido detenido en esta operación ni ayer fueron llevados a declarar ante la juez Lucía Machado.
Las fuentes policiales consultadas aseguran que con el registro de las empresas y domicilios de Pérez Lavajos, Herminia Gil y de su hijo concluirá a lo largo del día de hoy la operación iniciada ayer. Por el momento no hay previsto nuevos registros ni tampoco que alguna otra de las personas apuntadas en el auto de inhibición de Garzón y vinculadas a presuntos pagos y cobros de comisiones sean llamados a declarar en los próximos días.

En los registros de ayer la Policía Judicial se incautó de una ingente cantidad de documentos tanto en los domicilios particulares como en los despachos registrados. La parte más visible de la operación policial tuvo lugar en una céntrica calle de la capital tinerfeña donde se encuentra la sede del grupo inmobiliario Bricansa SA, propiedad de José Ana Pérez Labajos, conocido constructor vinculado a Parque Martímo Anaga SA, que también ha sido consejero del Club Deportivo Tenerife y está vinculado al punto neutro de Internet, Napwaci.

La Policía Judicial se presentó en las oficinas de Bricansa pasadas las ocho de la mañana junto a un funcionario judicial, desalonado a los trabajadores y precintando la puerta. Tras el precinto tres agente policiales la custodiaron durante todo el día sin que hasta anoche se produjera su registro.

piso franco. Llama la atención que uno de los pisos donde estuvieron los agentes judiciales ayer es el mismo que en su día fue registrado por el caso Las Teresitas y cuya titularidad se imputó al periodista Jorge Bethencourt, cuando en realidad es propiedad del hijo de Herminia Gil.








* Canarias 7 - Rosa Rodríguez
Santa Cruz de Tenerife - 12 diciembre 2007

Foto: Pago de comisiones. El empresario José Ana Pérez Labajos supuestamente pagó comisiones para poder construir un puerto deportivo frente a San Andrés - canarias7.es



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"Se ve a la legua que esto es un pelotazo"

ELPAÍS/Murcia* : "Rómpelo y haz copias nuevas, pero con fecha de 2006". La investigación judicial sobre una trama de corrupción en el municipio murciano de Totana permitió descubrir las maniobras del alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, del PP, para ocultar una operación urbanística irregular. Las conversaciones del regidor, grabadas por orden judicial, destapan sus gestiones para maquillar un contrato adjudicado a dedo a un amigo.

El contenido de las grabaciones obra en las diligencias judiciales -secretas- abiertas sobre la trama de corrupción urbanística. En algunas grabaciones, el alcalde de Totana conversa con su antecesor, Juan Morales, y en otras, con Laura Bastida, la secretaria del Ayuntamiento de esta localidad murciana de 25.000 habitantes. La juez que instruye el caso decretó hace días orden de prisión provisional sin fianza para el alcalde, al que interrogó sobre la venta de unas parcelas del polígono industrial y sobre sus conversaciones telefónicas, entre ellas, alguna relacionada con el promotor gallego también detenido en la operación.

La investigación ha revelado que el regidor, en connivencia con la secretaria municipal, falsificó un documento público [un convenio urbanístico] para evitar que un juez de Totana le sentase en el banquillo por prevaricación. La oposición municipal había denunciado en el juzgado que el Ayuntamiento había adjudicado a dedo a un amigo del alcalde, las obras de un colegio público de la localidad.

Al pedir el juzgado el expediente municipal sobre las obras del colegio, hechas en 2006, Martínez, que ya entonces había sustituido en la alcaldía a Juan Morales, ideó falsificar un convenio y llevarlo al juez para simular que la adjudicación era legal y no a dedo, según la investigación. Para ello habló con la secretaria municipal, que era la que tenía que dar fe de la existencia del documento, y con su amigo y promotor de la obra. Los tres aceptaron fingir un convenio, pero la secretaria se equivocó y puso como fecha del mismo el año 2007. Antes de firmar, el promotor inmobiliario se dio cuenta del error y llamó al alcalde:

-¡Cómo habéis puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006! -espetó el constructor al alcalde, quien entonces, comienzos de este año, ya tenía el teléfono intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Martínez Andreo comentó a su amigo que no se preocupase, que hablaría con la secretaria. Y eso hizo:

-Rompe lo que has hecho y haz copias nuevas, pero con fecha de 2006.

La secretaria cambió la fecha y el alcalde, que había sido citado como imputado por este hecho, acudió al juzgado con el falso convenio.

Sobre este asunto declaró como testigo su antecesor en el cargo, Juan Morales, en la actualidad diputado autonómico del Partido Popular y otro de los implicados en la trama de corrupción de Totana. Morales, en una conversación con Martínez, comentó:

-Menos mal que he dicho que ese convenio estaba por ahí, que si no, se os cae el pelo a todos...

Pese a las evidencias telefónicas, en su declaración ante la juez, el alcalde lo negó todo.

Otro de los supuestos favoritismos que pesan sobre Martínez consiste en que ordenó al jefe de la policía local, Alfonso Canales, ex brigada del Ejército de tierra, a que ayudase a un amigo suyo al que la policía local había detenido por circular ebrio y en sentido contrario. Este amigo del alcalde fue detenido un viernes y citado para el correspondiente juicio rápido un lunes. Canales lo tenía complicado, ya que sus policías habían enviado al juzgado el atestado para el juicio.

No obstante, el jefe de la policía conocía a un funcionario, se presentó el sábado en la sede judicial y le pidió el atestado con la excusa de que había en error en el ticket del alcoholímetro y éste había marcado una tasa de alcohol excesiva. Canales se llevó las diligencias, las introdujo en una caja fuerte, y no las devolvió al juzgado, según la investigación. La Guardia Civil las intervino cuando efectuó el registro en el Ayuntamiento de Totana al hilo de la corrupción urbanística.

Éste es el motivo por el que fue detenido el jefe de la Policía Local, que también está imputado en las diligencias del caso Totana. Canales declaró a la juez que lleva el caso que había actuado así porque se sintió coaccionado por el alcalde, quien, según explicó en el juzgado, le pidió que hiciera lo necesario para que su amigo no fuera a juicio por ese motivo ni le pasara nada. En su declaración, el alcalde comentó que no coaccionó a Canales, sino que se limitó a decirle que hiciera lo posible por esa persona.

Martínez, Morales y la secretaria Bastida están implicados en la que cabe considerar como una segunda fase de la trama que han destapado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil especializados en delitos urbanísticos. Los tres están acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

Se les investiga, además, por operaciones irregulares con suelo industrial a través de la empresa municipal Proinvitosa. A través de esta firma municipal -encargada de gestionar el suelo industrial de Totana- los tres habrían favorecido a empresarios amigos suyos. ¿Cómo? Vendiéndoles terrenos municipales a bajo precio y bajo determinadas condiciones que luego los amigos incumplían ante la pasividad de estos cargos municipales. Es en el marco de la investigación de Proinvitosa cuando la secretaria advierte al alcalde sobre una de las operaciones realizadas: "Se nota a una legua que esto es un pelotazo".

Mientras los amigos del alcalde se forraban, otros empresarios pujaban por suelo sin éxito, según la investigación. El Ayuntamiento les decía que no quedaba suelo aunque era mentira.


Las conversaciones delatoras

- Las obras de un colegio. En la investigación judicial por la adjudicación de obras de un colegio por parte del alcalde a un amigo suyo, las conversaciones grabadas por orden judicial descubren los movimientos del regidor para impedir que el juez descubriera lo realmente ocurrido. El alcalde maquina con su secretaria la redacción de un documento público, un convenio urbanístico, para justificar el encargo de las obras. Pero el promotor al que se adjudicó el proyecto, advierte que el documento prefabricado no sirve:- "¿Cómo habéis puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006?".El alcalde intenta resolver la chapuza y llama a su secretaria:- "Rompe lo que has hecho, haz copias nuevas, pero con fecha de 2006".Con este arreglo intentó salvar el apuro.


Polígono industrial bajo sospecha

- La venta de un polígono industrial. La investigación judicial de la trama de corrupción destapó una venta supuestamente fraudulenta de suelo público destinado a un polígono industrial. El alcalde habría vendido a unos amigos suyos vendió parcelas públicas por un precio muy por inferior al de mercado con la condición de que cumplieran una serie de requisitos. Los propietarios no los cumplieron y revendieron el suelo a un precio muy superior al de compra.En las conversaciones grabadas por orden judicial, la secretaria del alcalde saca sus propias conclusiones sobre la operación de venta de suelo municipal:- "Se nota a una legua que esto es un pelotazo".Promotores ajenos a esta operación quisieron comprar suelo. El Ayuntamiento les aseguró que no quedaban parcelas libres.







* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 12/12/2007
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - totana.es



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Se recalifican medio millón de metros cuadrados en el Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz)

AMBIENTUM* : La Junta de Andalucía ha silenciado que en la aprobación del PGOU de Prado del Rey han incluido como urbanizable un total de 581.064 m2 de suelo que estaba especialmente protegido por encontrarse dentro del Parque Natural Los Alcornocales. Ecologistas en Acción ya denunció que la Consejería de Medio Ambiente había dado su aprobación a esta incomprensible recalificación de suelo, aprobación que fue justificada personalmente por la Consejera asegurando que era una zona "muy degradada con viviendas ilegales".

Más aún, la CMA también aprobó la recalificación de 124.314 m2 de este Parque Natural incluyendo las famosas Salinas de Hortales, una de las últimas salinas de interior que se mantienen en funcionamiento en Andalucía, con actividad documentada desde el siglo XIV, pero que deben de haber sido explotadas desde mucho antes, como lo atestigua el poblamiento de Iptuci, que data de la Edad del Bronce, y que se ha mantenido en época púnica, romana y musulmana. El PGOU preveía en esta zona la construcción de 124 viviendas unifamiliares, que fueron finalmente desestimadas ante la campaña de denuncia de Ecologistas en Acción.

El Texto Refundido del PGOU sí ha mantenido el Plan Parcial "El Cruce", que incluye la recalificación a urbanizable de 581.064 m2 de suelo protegido de alto valor ecológico y paisajístico. Ecologista en Acción ha expuesto en reiteradas ocasiones –sustanciadas en sendas alegaciones a todo el proceso de aprobación del PGOU- su oposición a esta recalificación que se basa en una premisa falsa: la existencia de un centenar de viviendas ilegales que hay que regularizar, ya que las viviendas ilegales existentes no llegan al medio centenar y regularizarlas equivale a premiar a los constructores ilegales sobre los que han mantenido el uso agrícola, forestal y ganadero del las fincas colindantes. El Ayuntamiento en realidad no busca "legalizar" estas viviendas sino utilizarlas como estratagema para recalificar una superficie muy superior a la zona con edificaciones. Prueba de ello es que se sigue contemplando la ampliación de viviendas hasta las 135 –con una edificabilidad de 33.750 m2- de las que cerca de 100 serían de nueva construcción. El PGOU también incluye en este Plan Parcial 67.394 m2 para uso terciario, con casi tanta edificabilidad -33.556 m2- como el residencial con destino a la construcción de un centro comercial, geriátrico y hotel, que nada tiene que ver con la esta supuesta regularización.

Este Plan Especial afecta a zonas forestales con enormes ejemplares de quejigos y alcornoques, al pie del cerro Cabeza de Hortales, donde se encuentra el valiosísimo yacimiento arqueológico de Iptuci, declarado Bien de Interés Cultural.

Este despropósito se une al clamoroso incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) del PGOU de Prado del Rey, ya que recalifica a suelo urbano o urbanizable casi dos millones de m2, lo que supone un 200 por ciento de aumento sobre el suelo urbano actual, y la construcción de más de 1.000 nuevas viviendas, y todo para un pueblo con la población estabilizada en torno a los 6.000 habitantes. También incluye un campo de golf con una urbanización de 400 viviendas, incumpliendo lo estipulado en el POTA y las constantes proclamas de los máximos responsables de la Junta, que vienen asegurando que los campos de golf serán independientes de los desarrollos urbanísticos y que se regarán con agua reciclada, cuando Prado del Rey carece de depuradora y si se construye, no podrá aportar más que la mitad de agua que necesita el campo de golf. Hay que destacar que Prado del Rey tiene problemas graves de abastecimiento de agua, sufriendo en la actualidad constantes cortes del suministro.

Ecologistas en Acción denuncia el doble lenguaje del PSOE y de la Junta que dicen oponerse a la especulación urbanística y que defienden los espacios naturales, y sin embargo no dudan en recalificar más de medio millón de metros cuadrados de suelo protegido en un parque natural para promover una gigantesca operación especulativa y de revalorización del suelo.

Ecologistas en Acción estudiará medidas legales para impedir esta recalificación y la consolidación de un precedente de enorme gravedad, pues otros Ayuntamientos con terrenos protegidos por espacios naturales pueden también reclamar recalificaciones cono la que se ha aprobado en Prado del Rey.







* Ambientum - Andalucía - 11/12/2007
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org



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La ruina amenaza a medio centenar de edificios protegidos de Valencia

ELPAÍS* : La Alquería dels Moros es "una magnífica muestra compendio de la arquitectura señorial y rural de la huerta valenciana" del siglo XVI. Lo dice la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de febrero de 2004 firmada por la Generalitat. Las únicas visitas a esta casa histórica, junto al parque de Benicalap, son de palomas que se cuelan por donde el cemento no cegó las ventanas.
La antigua fábrica Tello es un testigo mudo del primer núcleo industrial de Valencia dedicado al textil y exponente de la arquitectura fabril del siglo XIX. Sus ventanas y puertas están tapiadas; las canalizaciones pegadas a su fachada se oxidan sin remedio. No tiene vida, está cerrada y languidece ignorada en pleno centro histórico.

Estos son sólo dos ejemplos de una larga lista de unos cincuenta inmuebles protegidos y reservados a un servicio público en Valencia. Un patrimonio que amenaza ruina por la falta de rehabilitación. La mayoría ya se incluyó en el Plan General Urbano de 1988 como futura sede de un equipamiento público. La larga espera a una intervención que los salve ha acentuado su degradación. Los propietarios, en buena medida privados, no muestran en general interés por su conservación porque se saben pendientes de una expropiación o acuerdo de compra. El nivel de protección de este patrimonio, además, impide reformas estructurales. Los edificios acaban apuntalados y tapiadas las entradas para evitar tentaciones okupas. El Ayuntamiento, del PP, alega que la expropiación es cara.
Entre los edificios, hay muchas alquerías, varias antiguas fábricas y conjuntos de casas singulares, algún palacete y una ermita, la de Soternes, propiedad de la Iglesia y cerrada a cal y canto. Los inmuebles protegidos y asignados a un servicio público salpican toda la ciudad. El equipo de gobierno del PP prepara el nuevo plan general sin haber elaborado una hoja de ruta de recuperación y de usos de estos edificios que ha aparcado en la senda del abandono. La expropiación de las alquerías puede ser muy costosa, también su rehabilitación, aduce. Los tímidos avances para rescatar del olvido este patrimonio han venido de la mano de programas urbanísticos en los que se ha impuesto al agente urbanizador la adquisición de alquerías, lo que no siempre ha llevado aparejada su rehabilitación. El Ayuntamiento también plantea algunos concursos de obra y gestión para restaurar patrimonio y reducir esta larga lista de espera.

Edificios de larga historia y arquitectura original aguardan turno desde hace años mientras se deterioran. Junto a la catedral, en la calle del Micalet, sigue en pie la Casa del Relojero, de finales del XVIII. Sigue en pie gracias a que está apuntalada y cubierta por una malla para que posibles cascotes no caigan sobre los viandantes. Su recuperación ni siquiera exige presupuesto, porque es municipal. Su destino como servicio público está previsto desde 1993 en el plan de reforma interior de la Seu-Xerea. No ha servido de mucho. Lo mismo ocurre en el entorno de la rutilante Ciudad de las Artes y las Ciencias con las naves de la vieja fábrica química Cross, dos de madera y una de hormigón. Ésta última es la única que se libra de desaparecer al haberla cedido el PP a la Iglesia para una parroquia a sus mártires de la Guerra Civil. Las otras están hechas polvo, hasta el punto que de una sólo cabe coger la madera aprovechable para intentar recomponer la segunda. El Ayuntamiento dice que la convertirá en un centro deportivo. ¿Futuro remoto?

Otra muestra del pasado industrial abandonado es la fábrica de lozas Ceramo en Benicalap, cuya restauración piden desde hace años los vecinos y que por su dimensión -unos 3.600 metros cuadrados- está llena de posibilidades como servicio público. De fachada neomudéjar, aún conserva los hornos cerámicos. Sigue en manos privadas. El Consell Valencià de Cultura se interesó por su destino, y además, el nuevo catálogo de patrimonio del Consistorio, por aprobar, incluye la Ceramo como Bien de Relevancia Local.

Reconocimientos que son un brindis al sol si no se actúa. Ahí está la citada Alquería dels Moros, pública desde hace una década. Su declaración de BIC es papel mojado. Pero el que sea infranqueable, esté reforzada para no caer y rodeada de maleza, no impide que la web oficial de turismo de la Comunidad Valenciana anime a contemplarla dentro de "un importante conjunto de alquerías" que "están siendo objeto de cuidadosas rehabilitaciones". Parece un chiste. La cruda realidad está a la vista. Otra alquería de las que entra en ese conjunto tan especial es la de La Torre, que ha sufrido varios incendios y la habitan temporalmente personas sin recursos. La permuta de terrenos con el Valencia CF para el nuevo Mestalla le ha puesto el precio para que pase a manos municipales. Su destino pese a ello, es incierto.

La larga lista de edificios protegidos para equipamiento público contiene otro BIC. Es la alquería de Julià, del siglo XVII, que hasta hace una década se llenaba de niños del colegio público Santa Bárbara. De ahí que esté en un estado aceptable, al menos si se compara con el resto. Situada en la calle de Castán Tobeñas, su propietario es Bancaixa. Explica la web de Turismo que en ella se alojaron "grandes personajes" como la reina Isabel II, y cuentan que San Vicente Ferrer predicó junto a una encina de su huerto. Pero como la entidad bancaria la mantiene clausurada, no pueden visitarla ni valencianos ni turistas. Los únicos privilegiados son los miembros de un grupo que ensaya jotas en la alquería, según los vecinos. Y quedan más edificios en Orriols, Marxalenes, El Cabanyal, Torrefiel...








* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 10/12/2007
Foto: Valencia, alquería dels Moros - lasprovincias.es



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En el monte Gaiás huele a juzgado

XOSÉ LUIS BARREIRO* : La comisión que investiga la Ciudad de la Cultura, cuyo borrador de informe se filtró ayer, está abocada al juzgado. Entre las conclusiones consensuadas por el BNG y el PSOE, y rechazadas por el PP, todavía no figura la decisión de llevar al juez los abrumadores indicios de descontrol y corrupción que acompañan a esta desgraciada obra. Pero vista la redacción de la primera conclusión, en la que se constata «una voluntad absolutamente premeditada, orientada precisamente a facilitar la relajación de los controles financieros y administrativos», es evidente que estamos ante el preámbulo de una denuncia.

Lejos de quedarse en la marea de indicios abrumadores que delatan una prevaricación continuada, y más allá de poner al descubierto la falta de procedimiento que caracteriza los procesos de decisión, adjudicación, ejecución y control de este desaforado proyecto, la comisión parlamentaria se hace eco de una serie de detalles concretos que deben ser investigados por vía penal, ya que en modo alguno se puede aclarar el fondo de la cuestión si no se rompe el círculo de complicidades que implica a altos funcionarios y técnicos de la Administración y a los políticos de alta jerarquía que auspiciaron y dieron cobertura consciente a tamaño disparate de gestión.

Claro que el borrador de informe sobre la investigación parlamentaria a penas dice nada que no se dijese en los mentideros políticos y en los reservados donde almuerzan y cenan los grandes empresarios y financieros, ni nada que no se haya esbozado, en mayor o menor medida, por los medios de comunicación. Y tampoco dice nada que no supiese y no pudiese documentar el actual Gobierno bipartito, que incapaz de tomar el toro por los cuernos, y de romper la falsa solidaridad con la que se protegen los gobiernos, renunció a levantar las alfombras de San Caetano y a poner los montones de basura, debidamente documentados, en el juzgado. Porque, si el bipartito hubiese sido diligente, ni sería necesario el paripé de la comisión ni se darían argumentos a los que quieren reducir este escándalo de graves proporciones a un simple juego pactado de responsabilidades políticas.

Y ahora viene el turno del poder judicial y del ministerio fiscal que encausó a Cacharro Pardo, a Prado Villapol y a tantos otros alcaldes y políticos que, a base de sisar una dieta, fletar un autobús electoral o ceder una pala excavadora a un concejal amigo, nunca llegarían a malversar -todos juntos y en toda su vida política- la cantidad que sumieron las alcantarillas del Gaiás cada semana durante los siete años que lleva en construcción.

Porque la comisión, buena perdiguera, acaba de levantar la pieza. Pero ahora hay que cazarla.








* La Voz de Galicia - A TORRE VIXÍA - 11 de diciembre de 2007




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Gibraltar: La Sociedad Ornitológica alerta de los excesos urbanísticos

EUROPASUR* : La Sociedad Ornitológica y de Historia Natural asegura que la mayor amenaza para el entorno natural de Gibraltar "son las numerosas iniciativas urbanísticas en proyecto y aquellas que se están llevando a cabo actualmente en el Peñón". Esa fue una de las conclusiones extraídas durante la asamblea general anual celebrada hace unos días.
En el transcurso de la misma se volvió a elegir de forma unánime a los miembros del consejo.

El secretario general de la sociedad, John Cortés, que seguirá formando parte además de la junta de directores del parque de Los Alcornocales, agregó a este respecto que seguirán trabajando sobre este problema con el Gobierno y los promotores urbanísticos.





* EuropaSur - Gibraltar - 11 de Diciembre de 2007
Foto: Gibraltar, vista bahía con los excesos urbanísticos - avired.com



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Ecologistas en Acción denuncia al Ayuntamiento de Marbella por no revisar 1.000 licencias urbanísticas

ELPAÍS* : Ecologistas en Acción ha denunciado por supuesta prevaricación administrativa al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por no revisar unos 1.000 expedientes de licencias urbanísticas y otros acuerdos urbanísticos dictados por las distintas corporaciones de la época iniciada por Jesús Gil entre julio de 1991 y marzo de 2006, que contravienen la legalidad vigente.

El equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz se niega a revisar estos expedientes alegando falta de personal en las dependencias de urbanismo y ha decidido esperar a que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, previsto para otoño de 2008.

Permitir actos ilegales

La denuncia fue interpuesta ayer, lunes, por la mañana en la Fiscalía malagueña y supone el comienzo de una campaña emprendida por esta asociación ecologista para evitar que las administraciones locales permitan que las obras con licencias irregulares o nulas sigan adelante por la inoperancia de los ayuntamientos. "No iniciar y tramitar un expediente de revisión de oficio es simplemente ignorar deliberadamente lo que la ley establece, dejar de hacer algo obligado, permitir por la vía de inactividad que los actos ilegales sigan generando efectos", recoge el escrito de denuncia.

Ecologistas en Acción subraya en el texto que la Consejería de Obras públicas de la Junta de Andalucía, el Grupo Socialista de Marbella e incluso el propio servicio jurídico del Ayuntamiento de Marbella han solicitado la revisión de licencias sin éxito desde el pasado verano.

La Comisión Gestora, órgano de gobierno constituido tras la disolución de la corporación marbellí debido al caso Malaya, comenzó a revisar parte de estos expedientes durante su mandato. Sin embargo, tras las elecciones, el nuevo equipo de gobierno decidió paralizar estas actuaciones hasta que el PGOU se apruebe definitivamente. "Denegar la revisión de licencias ilegales al amparo de un PGOU que no está vigente equivale, en cierta medida, en cuanto a su carácter antijurídico, al acto de otorgar licencias en base a un plan no aprobado, hecho éste por el que se encuentran imputados penalmente los integrantes de las comisiones de gobierno de las distintas corporaciones del Grupo Independiente Liberal", mantienen los denunciantes.

"Malestar social"

La asociación conservacionista considera que la situación generada en Marbella genera "malestar social" y propicia un sentimiento generalizado de que las leyes "están para incumplirlas", con el riesgo de inestabilidad y conflicto social que dicho comportamiento puede provocar.








* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 11/12/2007
Foto: Marbella (Málaga), puerto deportivo - J.Rojas (El País)



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Carballo: Los municipios sin PXOM carecen de suelo para equipamientos

LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : El retraso de años que muchos ayuntamientos de la comarca llevan en la aprobación de sus planeamientos urbanísticos puede convertirse en un problema para muchos de esos municipios. La falta de planes no solo facilita la continuidad de un crecimiento urbanístico anárquico, sino que además supone para los municipios con pocos recursos quedarse sin suelo que destinar a equipamientos.

Así, en Fisterra es muy limitado el número de parcelas propias que el Ayuntamiento puede ofrecer para determinadas actuaciones, como la construcción de un centro de salud, aprobado hace cerca de dos años y que por ahora no ha salido de los planos.

El de Fisterra no es un caso aislado. El Concello de Corcubión, por ejemplo, tampoco posee solares importantes en los que construir, si fuese necesario, un edificio público.

También Cee, donde las parcelas municipales en el Recheo están cerca de agotarse, podría haber problemas si los planes no salen adelante en un tiempo prudencial. El alcalde de la localidad, Ramón Vigo, explicaba ayer que el objetivo del equipo de gobierno es aprobar el plan durante el presente mandato. En el caso de Cee, explica Vigo, está prácticamente cerrado el planeamiento en las zonas rurales. Queda por plantear cómo quedarán en la localidad las futuras áreas de crecimiento en el casco urbano.

Mientras no haya planeamientos, los promotores no tendrán la obligación de hacer cesiones de terrenos para equipamientos, complicando así el desarrollo de infraestructuras locales.

Algunas empresas aprovechan todavía la falta de planes para actuar en un contexto generalizado de mayor permisividad, aunque la falta de planes también pueden acarrear problemas.

Para el alcalde de Cee, las normas subsidiarias se prestan a interpretaciones, lo que posibilita que un equipo municipal de urbanismo pueda considerar ilegal algo que otro ve sujeto a la legalidad.

Según el regidor de Fisterra, José Traba, la ausencia de un planeamiento crea una inseguridad jurídica que repercute negativamente tanto en los promotores como en los demandantes de vivienda.

Existen también municipios en los que las constructoras pueden levantar en la actualidad, sin PXOM, un número de alturas que la Xunta no aprobaría en un planeamiento moderno.

Son pocos los municipios de la Costa da Morte que cuentan ya con un plan. De los seis que hay, cinco pertenecen a Bergantiños. Se trata de Cabana, Coristanco, A Laracha, Ponteceso y Carballo -que trabaja en un nuevo texto-. El resto sigue empleando normas subsidiarias o, como en el caso de Dumbría, reglas provinciales de los años 70.

En las comarcas de Soneira y Fisterra solo un municipio, el de Zas, cuenta con un PXOM en vigor, aprobado hace tan solo unas semanas. La ausencia de un reglamento claro hace que proliferen las denuncias. La falta del mismo deja cierta libertad a las empresas para urbanizar de un modo -como en el caso de La Anchoa, en Fisterra, o Quenxe, en Corcubión- que difícilmente lograría el visto bueno de Urbanismo.

En los municipios con normas subsidiarias tampoco se aplica el porcentaje de vivienda protegida al que obliga la Xunta.

Los problemas de los planes tienen un añadido más: la lentitud con que la Xunta de Galicia los examina una vez aprobados inicialmente y las demoras en aplicarles las modificaciones indicadas, algo que supone -como ocurrió en el municipio de Zas- estar años sin poder conceder licencias.








* La Voz de Galicia - 11/12/2007
Foto: Carballo (A Coruña) - LuisM. Bugallo Sánchez, wikipedia.org



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El TSJ de Andalucía decide procesar al juez De Urquía, a Roca y a otro imputado

LAOPINIÓN/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido continuar la causa abierta por los delitos de prevaricación y cohecho contra el juez Francisco Javier de Urquía, suspendido de forma provisional; el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y un tercer imputado Arnau F.A.

Según el auto de elevación a procedimiento abreviado, al que tuvo acceso Europa Press, el instructor Miguel Pasquau entiende que tras finalizar la investigación "lo pertinente no puede ser el sobreseimiento ni definitivo ni provisional, sino la continuación de la causa" por los trámites del procedimiento abreviado respecto a los tres imputados.

Así, añade, indiciariamente, a los dos delitos iniciales un tercero de asesoramiento accidental al servicio de un particular en asunto en el que había de resolver. Esta resolución se podrá recurrir en reforma y en apelación, aunque una vez sea firme, se dará traslado de las actuaciones al fiscal para que pida la apertura de juicio oral, formulando en este caso escrito de acusación, o el archivo de la causa.

Estas diligencias se iniciaron en julio de este año al remitir el entonces instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, un informe policial y otro del fiscal, en los que se apuntaban presuntos pagos de Roca a De Urquía supuestamente relacionados con la actuación profesional del juez y asesoramiento de éste para subsanar defectos procesales de una querella.

Dentro de esta causa, han declarado en dos ocasiones tanto el magistrado suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial como el ex asesor de Urbanismo marbellí, aunque también han comparecido varios testigos, propuestos por todas las partes personadas.

El instructor asegura que existen indicios racionales para creer que Roca entregó cantidades de dinero a De Urquía "en consideración a su condición o actuación como magistrado y que éste aceptó la dádiva", y no descarta que fuera el propio juez el que la solicitara, una circunstancia que tendrá que ser valorada por las acusaciones y por la sala.

PAGOS PARA LA COMPRA DE LA VIVIENDA.

Las cantidades de dinero a las que hace referencia el auto son 63.000 euros y 10.800 euros, que se supone entregó Roca a Arnaud F.A., para que éste se la entregase al juez que pagaría de este modo en B dicha cantidad al formalizar el contrato de compraventa de un piso que adquirió en la urbanización Azalea Beach-Fase III de Marbella.

Roca actuaría así después de que en marzo de 2006, el juez De Urquía, en el ejercicio de sus funciones, "favoreciera voluntariamente" los intereses de una de las partes en un procedimiento, en concreto a Roca, a quien asesoró a través de Arnaud F.A., "con la finalidad de conseguir el conocimiento de un asunto de especial relevancia", que era la suspensión de un programa informativo.

El 14 de marzo de 2006 en el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella se recibió una denuncia de Roca contra Cristóbal Toro Ortiz, por supuestos delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, por un programa de televisión que emitía Telemar, y en la que solicitaba la medida cautelar de suspensión inmediata de la emisión.

Aunque el día 15 el juez acordó incoar las diligencias y estimó la medida cautelar prevista, posteriormente, ese mismo día, anuló dicha resolución al no reunir la denuncia los requisitos exigidos. Fue entonces, según consta en el auto, se produce una conversación entre Arnaud A.F. y Roca para informarle de que "su amigo" --De Urquía, según el instructor-- le había dicho que era necesario presentar una querella y una papeleta de conciliación.

Si bien la conversación no presenta suficiencia cualitativa y cuantitativa para la realización de un informe pericial de identificación de voz, el instructor por el "entorno circunstancial" y tras oír a De Urquía en las declaraciones considera que "comporta gran fuerza indiciaria", aunque será la Sala la que proceda a su cotejo y valoración si lo estimase necesario.

En cualquier caso y volviendo a la querella, la representante de Roca la presentó pero un día después, que ya no estaba de guardia Instrucción 2, aunque se le entregó una copia de la querella a éste, que dictó sobre la base de una mera copia antes de que fuera turnada la resolución. Lo hizo también "sin competencia para ello" por haber sido turnado a un juzgado distinto.

"FRUTO DE LA AYUDA RECIBIDA".

Por ello, "fruto de la ayuda recibida" por Roca y en "agradecimiento" de la misma, es por lo que, según Pasquau Liaño, cuando Roca tiene conocimiento por Arnaud F.A. --amigo de ambos-- de la intención de De Urquía de adquirir un inmueble, "decide ofrecer la dádiva, que fue aceptada por éste".

El dinero, entiende el instructor, sale del despacho de las oficinas de 'Maras Asesores' S.L., que fue quien medió con los compradores para formalizar el contrato privado que el vendedor le dijo que "Francisco tenía que ver si disponía del dinero", a lo que Roca contestó en una de las conversaciones mantenidas para preparar la documentación "no te preocupes que eso ya lo ponemos aquí, ¿vale?".

La coincidencia en las cantidades, así como los recibos intervenidos uno de los cuales apareció en los archivos informativos de 'Mara Asesores' y las declaraciones de testigos hacen que el instructor "no albergue duda alguna" de que constituyen reflejo de entregas efectivas que Roca hizo a De Urquía para la "excedencia" del precio que figuraría en el contrato privado, 180.000 euros.

Roca medió ocultando deliberadamente su identidad a los vendedores y se interesó luego personalmente por el resultado de la operación, a lo que Arnaud F.H. le dijo que De Urquía "había quedado contento".

La versión ofrecida por el juez, que no tenía además una situación holgada económicamente en las fechas, la considera "no imposible" el instructor de la causa, para quien las manifestaciones del juez que dice que recibió ayuda de su esposa y su padre para la compra "restan en nada fuerza" a los indicios expuestos.

En lo que respecta a la ayuda de su esposa se trata, según el auto, de una "mera manifestación efectuada sin obligación de decir la verdad, dada la condición de cónyuge del imputado" y no se puede deducir cuál fue el dinero que supuestamente le entregó a éste.

Igualmente, su padre, que sí consta que le hizo entregas sucesivas de dinero aunque menores y en fechas posteriores, hizo las manifestaciones como testigo sin juramentar. Es posible, dice el instructor, que las cantidades estuvieran destinadas a ayudar a su hijo en la adquisición de la vivienda, puesto que cuando fue detenido Roca amplió la hipoteca a una cuantía superior.

No cree el juez que De Urquía pusiera en conocimiento que había percibido las cantidades de Roca ni siquiera en el ámbito familiar más estrecho, por lo que apunta incluso que pudo recibir "doble ayuda" de Roca y de su familia para comprar la vivienda.







* La Opinión de Málaga - Europa Press - 11 de diciembre de 2007
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es



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La vivienda en Madrid: "El tamaño no les importa"

ELPAÍS* : Suelo de mármol; cocina nueva, con vitrocerámica; un baño al que no le falta nada; baldas repletas de películas VHS; incluso una puerta blindada. La casa de la corrala de Lavapiés en la que vive Roberto tiene de todo. O casi. "Una vez fui a comprar un puzle de la Gioconda y me di cuenta de que no podía ser de más de 1.000 piezas: no entraría en la mesa. Y una mesa más no cabe en la casa". No dan para mucho 18 metros cuadrados.

"El espacio no tiene por qué limitarte la calidad de vida", asegura este oficial de obra madrileño de 40 años, que lleva siete viviendo en ese minipiso. Los primeros meses pagó un alquiler de 400 euros, hasta que decidió quedarse con el piso por 100.000. Hoy día paga una letra mensual de 425 euros. "Teniendo en cuenta que mi sueldo es de 940, no me puedo permitir mucho más". ¿Seguro? "Lo que no voy a hacer es irme a vivir a otra zona; prefiero esto a un piso de 40 metros en Carabanchel", dice orgulloso, mientras con un gesto similar a un pase torero enseña su habitáculo.

La historia de Roberto es similar a la de cientos de personas que viven en el centro de Madrid. Prefieren una buena ubicación al tamaño, aunque esto suponga vivir en menos de 25 metros cuadrados, el mínimo de habitabilidad establecido por el Ayuntamiento. "Tener todo a mano es algo impagable", asegura Rodrigo, un actor de 36 años. Por un estudio de 20 metros en la calle de la Escalinata (cerca del Teatro Real) paga 410 euros al mes. "No necesito más, tiene todas las características de una casa, con la única diferencia de que aquí sólo puedes dar dos pasos; es lo que tienen los armarios con vistas", bromea.

Una relación calurosa con los vecinos es algo que tampoco se paga con dinero. Un hundimiento, hace un par de años, en la corrala en la que vive Roberto, en la calle de Sombrerete, propició la comunicación entre los inquilinos. Se unieron para buscar una solución al problema. Hasta entonces, apenas se conocían. Marta, otra inquilina del inmueble, se troncha cuando se le pregunta cómo se las apaña para montar una cena en una casa tan pequeña que para entrar tienes que agacharte. "Es muy fácil. En vez de sillas, la gente se va al suelo y otros se sientan en el sofá cama", explica esta treintañera que ha trabajado como becaria de investigación hasta hace unos meses.

Aunque resulte inimaginable que alguien pueda vivir en 17 metros cuadrados, Marta lleva allí desde 2002, cuando adquirió el piso por 90.000 euros. "Vivía en la sierra, venir al centro me llevaba más de dos horas de desplazamiento; ahora me muevo a pie", razona. Cuando se le comenta que el suyo es uno de los cerca de 40.000 pisos de menos de 25 metros cuadrados, y por tanto infravivienda que, según el Ayuntamiento, hay en Madrid, Marta replica sin pensárselo: "Es lo que nos podemos permitir con los precios del mercado; pero bueno, yo me apaño: mira, yo tengo hasta frigorífico, ¡y una bañera!".

La mayor preocupación de Marta y Alfredo, una pareja de 34 y 27 años, es ver dónde meten la ropa. Una vez estuvieron a punto de prender fuego a parte de su vestuario. Lo habían guardado en el único altillo que tiene su casa de 20 metros cuadrados en la calle del Amparo. Cuando fueron a sacarlo, se dieron cuenta de que el calor de las luces había chamuscado parte de la ropa. "¡Pero es que en algún lado había que meterlo!", recuerdan entre risas.

Hasta marzo de este año, la pareja compartía piso con dos personas. Era difícil vivir así. "No puedo ir vestida de cualquier manera a mi trabajo; cuando me ponía tacones, tenía que hacerlo en la entrada, porque a las compañeras de piso les molestaba el ruido", cuenta Marta, que trabaja en la Embajada de Perú.

Así que se pusieron a buscar piso. La única condición es que fuese en Lavapiés. "Siempre hemos hecho vida en el barrio, no nos planteamos movernos", explica Alfredo. Tuvieron mucha suerte y en cuestión de días encontraron piso. Saben que 600 euros por 20 metros no es una ganga, pero se arreglan.

El interior está muy apañado. La cama en lo alto, y bajo ella el vestidor; una pequeña mesa de estudio y un lugar para dejar la bici. En la otra punta, a la que se llega de dos zancadas, hay una mesa con sillas. "A la hora de comprar algún mueble, lo único que hay que ver es que sea plegable", dice Alfredo, que ya sabe qué harían en un futuro si tienen hijos: "Ponemos un tabique de pladur, hacemos una minihabitación y listo".

El contrato de Mónica y Alfredo finaliza en marzo de 2008. Aún no saben si continuarán en su minipiso o si seguirán buscando. La incertidumbre pende de un mismo hilo: "No son necesarios 100 metros. Claro que nos gustaría tener una vivienda digna en el centro, pero a cualquier precio no; como está el mercado, hoy es imposible".






* ELPAIS.com - JAVIER LAFUENTE - Madrid - 10/12/2007
Foto: El piso de 20 metros cuadrados de Marta y Alfredo - CRISTOBAL MANUEL /ELPAIS.com



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Asturias, la costa de los premios

MANUEL BLANCO/LAVOZ* : Noviembre del 2006. El alcalde de Telde, un pequeño municipio canario, es detenido junto a cinco de sus concejales por un escándalo de corrupción urbanística. El suceso es tratado con profusión por todos los medios de comunicación del país. Noviembre del 2006. El Consejo Europeo de Urbanistas otorga al POLA (Plan de Ordenación del Litoral de Asturias) el premio al mejor planeamiento territorial del Viejo Continente. La distinción pasa inadvertida salvo para los medios del Principado.

En un país en el que el urbanismo es noticia constante por los escándalos de corrupción y los excesos en la costa, Asturias ha conseguido aislarse de esta tendencia y seguir un camino tan modélico en este ámbito como el del País Vasco. La política conservacionista aplicada en el Principado es especialmente visible en la costa, en pueblos como Llanes o Cudillero, en la zona oriental, o en Tapia de Casariego, en el área occidental, un pequeño municipio fronterizo con Galicia que destaca todavía más, seguramente, por lo que ocurre desde hace unos años a solo unos kilómetros de allí, en ayuntamientos como Barreiros o Foz.

Lo cierto es que Asturias recoge hoy los frutos de una estrategia en el tiempo que en su día recibió muchas críticas. Y es que el POLA, que establece entre otras medidas la prohibición de construir a menos de 500 metros de la costa (una actuación, por cierto, puesta en práctica en Galicia hace solo unos meses), fue aprobado en 1993, casualmente, en uno de los años más críticos de la reconversión industrial.

Al igual que en el País Vasco, la estrategia del Gobierno asturiano para hacer frente a las presiones urbanísticas y a los especuladores inmobiliarios fue dotarse de mecanismos legales eficaces: el POLA, la Ley del Suelo... Instrumentos que no solo operan en la costa, sino también en el interior. «Todas estas figuras -explica Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado- han provocado que una tercera parte de nuestro territorio sean espacios naturales con alguna figura de protección».

En cualquier caso, la estrategia proteccionista del Ejecutivo autónomo ha contado con la inestimable colaboración de los ayuntamientos, muchos de los cuales han entendido que la conservación del paisaje podía ser, con el tiempo, un patrimonio para las futuras generaciones al mismo tiempo que un polo de desarrollo. El grado de conflictividad entre el Gobierno asturiano y los municipios es muy bajo si se compara, por ejemplo, con los problemas que tiene la Xunta para conciliar sus planes en materia urbanística con los de los concellos.







* La Voz de Galicia - Manuel Blanco | Enviado especial - 10/12/2007
Foto: Llanes (Asturias) - V.Mejuto (lavozdegalicia.es)



NOTICIA RELACIONADA : Una sociedad pública lidera la gestión del suelo .- Sogepsa, participada además por 54 empresas, gestiona los desarrollos urbanísticos más sensibles - La Voz de Galicia - 10/12/2007




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Alquileres forzosos, debate estéril

SANDRA BARNEDA* : Decir que tener acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional no es ninguna novedad. Debería ser cumplido, respetado y peleado como otros artículos de la Carta Magna que en los últimos tiempos han sembrado un abrasivo debate político. Tras la solicitud de CIU y PP, esta semana, el Consell Consultiu ha dictaminado como inconstitucional el artículo sobre la expropiación de pisos vacíos de la ley catalana de la vivienda por vulnerar el principio de igualdad. La mecha ha vuelto a prender. Sin querer entrar en el debate y respetando el dictamen del Consell, me pregunto: ¿cómo es posible que países con una sobrada tradición democrática puedan estar aplicando medidas similares al polémico artículo?

En Francia, por poner un ejemplo, la ley de exclusión social de 1998 contempla que los ayuntamientos pueden requisar viviendas en casos extremos si llevan más de 18 meses vacías. Durante la requisa, el propietario recibe una indemnización, cantidad menor a la que recibiría si lo pusiera él personalmente en alquiler. Italia, Reino Unido u Holanda cuentan con leyes similares para combatir la especulación.

Comprar un piso se ha convertido en una inversión de rentabilidad y seguridad mayor que la bolsa. Hay quien juega a las casitas como quien juega al Monopoly. Catalunya es la tercera comunidad con mayor número de pisos vacíos. Solo en Barcelona hay más de 30.000. ¿Qué sentido tiene un piso vacío y a quién beneficia? A menor oferta, mayor beneficio. El precio medio de un alquiler en Barcelona sobrepasa ya los 800 euros. El acoso inmobiliario, la descontrolada sobreocupación de las viviendas, los llamados pisos patera o los alquileres por días a turistas son un reflejo de que la vivienda en nuestro país ha olvidado su función social en pro del puro beneficio económico.

Espero que a partir de aquí se evite el debate estéril y el Parlament apruebe, antes de final de año y por unanimidad, la ley de derecho a la vivienda, pionera en España en medidas que se acercan mucho al espíritu constitucional del derecho a una vivienda digna.







* El Periódico - LA RUEDA // POR SANDRA BARNEDA - 10/12/2007




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Valencia: Los municipios defienden su poder urbanístico

ELPAÍS* : La aprobación por parte de la comisión territorial de Urbanismo el miércoles pasado del Manhattan de Cullera, que prevé la construcción de 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y un par de hoteles de 40 plantas, demuestra las dificultades que tendrá el plan del litoral del Gobierno. La Estrategia para la sostenibilidad de la costa, del Ministerio de Medio Ambiente se enfrenta de momento a dos problemas en la provincia de Valencia. En primer lugar, el desconocimiento de los municipios. Muchos ni siquiera han comentado el plan. En segundo, y más grave, que algunos ayuntamientos ya han expresado su interés en que salgan adelante sus proyectos urbanísticos.

En Cullera, donde el Ayuntamiento tiene sobre la mesa varios proyectos urbanísticos, entre ellos el Manhattan, el Marenyet o el Brosquil, el concejal de Playas, José Agustín Gil (PP), comenta que la Demarcación de Costas ejecuta un proyecto muy ambicioso para recuperar cuatro kilómetros de cordón dunar entre la acequia del Dosel (Cullera) y Mareny, al sur de Sueca. De la propuesta del ministerio de dejar fuera de ordenación los terrenos urbanos y urbanizables programados en los márgenes del lago Estany Gran o la adquisición de terrenos en el Brosquil, la edil de Medio Ambiente, Mari Carmen Tormos (PP), dijo no disponer de información para opinar.

En otro punto, el plan propone, entre otras acciones, la retirada hacia el interior del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech. Su alcalde, José Vicente Andreu (PSPV), advierte de que si se trasladase el parque industrial hacia el interior, habría que hacer lo propio con la autovía V-21 para recuperar la franja costera como propone Medio Ambiente. "O se van todos o no se va nadie", explica de las empresas localizadas en el polígono. El primer edil ha solicitado a Costas un espigón o muro que salvaguarde toda su línea litoral de los fuertes temporales.

En Sagunto, donde Costas lleva a cabo derribos puntuales en el dominio marítimo-terrestre (unas 50 ocupaciones ilegales entre Sagunto y Almenara), el concejal de Urbanismo, Sergio Muniesa (PP), no comparte los planes de extraer 400.000 metros cúbicos de arena de las playas del Puerto de Sagunto para regenerar otra franja litoral al norte del municipio. Acerca de la compra de miles de metros en el borde costero de la Marjal dels Moros, Costas asegura que la colaboración con la Generalitat permitirá preservar esta área sin necesidad de recurrir a una operación de compra de terrenos masiva.

En Tavernes de la Valldigna también hay proyectos para el ladrillo. Su alcalde, el popular Manuel Vidal, mantiene las pretensiones de su antecesor en el cargo, Eugenio Pérez (PP), de llevar adelante dos polémicas urbanizaciones que supondrán recalificar más de 4 millones de metros de suelo rústico de su costa. Estos proyectos prevén la construcción de 6.000 viviendas, tres campos de golf y una marina deportiva. Vidal defiende que las urbanizaciones "no van a suponer edificaciones en primera línea", y que la mayoría de nuevas viviendas serán unifamiliares, es decir, de baja densidad. El Ayuntamiento apostará, además, por "salvaguardar el medio ambiente" mediante la regeneración de las dunas, insiste. El gobierno de Tavernes abrirá, en las próximas semanas, un debate en la ciudad dirigido a consensuar un nuevo concierto previo para la modificación del PGOU que posibilite ambos proyectos.

En Gandia, el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado ya el proceso para la expropiación de 230.000 metros de la playa de l'Ahuir, la única franja del litoral de este municipio que se preserva virgen y sobre la que planean intereses urbanísticos. El ministerio incluyó esta extensión en el Programa de Adquisición de Fincas para preservarla de la presión urbanística. El Gobierno central mantiene un litigio con la empresa Rústicas SA, dueña de una finca agrícola colindante, que reclama desde hace años la propiedad de la franja costera.

La playa de l'Ahuir, excepto la franja que expropiará el ministerio, está calificada en el plan general urbanístico municipal como suelo "urbanizable". El concejal de Medio Ambiente, Fernando Mut, se muestra favorable a "abrir un debate público" sobre el futuro de esta playa, y la elaboración de un "plan estratégico" que permita un desarrollo urbanístico que contemple "objetivos medioambientales, sociales y turísticos".

En el sur de La Safor existe otro problema, el de la regresión de sus playas, un fenómeno que ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a redefinir los trazados de las franjas de dominio-público y de servidumbre. Este proceso ha provocado situaciones polémicas, como la de la playa norte de Bellreguard, donde viviendas consolidadas, que en su día se construyeron legalmente, se han visto incluidas ahora en el nuevo deslinde. Bellreguard y varios de los más de 500 propietarios afectados por esta medida han presentado contenciosos ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial. Los municipios del sur de La Safor reclaman al Gobierno que plantee soluciones para reducir los efectos de la erosión marítima y la pérdida de arena, y se oponen a medidas drásticas como el derribo de edificaciones que en su día se construyeron dentro de la legalidad.

Queda claro que los municipios, en general, esperan que el ministerio se limite a regenerar playas. Pero quieren las manos libres para poner ladrillos.








* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ / E. BATALLA - Valencia / Gandia - 10/12/2007
Foto: Vía aérea de la desembocadura del Júcar en Cullera - CARLES FRANCESC (elpais.com)



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Canarias acumula un retraso de diez años en la planificación y ordenación del suelo

LAPROVINCIA/LasPalmas* : El Gobierno autonómico ha dado un nuevo plazo para la finalización del planeamiento y la ordenación territorial de las Islas, un proceso en el que se encuentran inmersos los ayuntamientos y los cabildos desde 1999. El objetivo es ahora que todo quede finalizado a mediados de la presente legislatura, es decir, en 2009, lo que significa que Canarias habrá estado una década sin normas claras y definitivas sobre ordenación urbanística y clasificación del suelo.

Las corporaciones locales canarias llevan inmersas más de siete años en un laberinto legislativo y administrativo cada vez más profuso y complicado, debido a las continuas leyes que se han ido aprobando por parte de la Comunidad Autónoma y que han provocado un colapso en el planeamiento territorial de los municipios y de las Islas al haberse incumplido todos los plazos.

Esta situación ha terminado por ser alarmante, ya que las quejas y la preocupación vienen desde todos lados: hace falta suelo para nuevas viviendas, para las infraestructuras energéticas, para nuevas industrias, para nuevos colegios y centros de salud, para nuevos crecimientos turísticos... El suelo, además de escaso, es caro en las Islas y estas circunstancias se han visto agravadas aún más por la falta de una planificación legalizada debido a que los ayuntamientos no tienen sus planes generales aprobados y en vigor.

A estas alturas, el Gobierno tiene un nuevo plazo: que a mediados de legislatura estén al menos la gran mayoría de los planes aprobados. A fecha de hoy, menos de la mitad de los ayuntamientos (el 45%) cuentan con su plan general aprobado de forma provisional, mientras que en la aprobación inicial se encuentra el 75% de los municipios y en avance el 90%. Es decir, que queda aún un 10% de ayuntamientos cuyo planeamiento ni siquiera ha empezado la tramitación para adaptarse a la nueva legislación sobre el territorio. Y son precisamente las dos islas que más han crecido en los últimos años, Fuerteventura y Lanzarote, las que acumulan un mayor retraso en la ordenación de su suelo.

Muchos ayuntamientos han sido incapaces de ir al ritmo de las normas legislativas que en estos últimos años ha cambiado los criterios de la planificación territorial y la ordenación urbanística. El Gobierno les está echando una mano con fondos y técnicos, pero la selva administrativa y burocrática es de tal calibre que por mucha prisa que algunos municipios se han querido dar, se han topado con tal cantidad de trámites que el proceso se ha ralentizado hasta límites exasperantes.







* La Provincia - RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 10 de diciembre de 2007
Foto: La ordenación de los distintos tipos de suelo sigue siendo una asignatura pendiente. En la imagen, zona cercana a Tamaraceite - laprovincia.es




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Concejales y cargos ordenaron acelerar expedientes de licencias en Madrid

ELPAÍS* : Numerosas recomendaciones de altos cargos y concejales a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para agilizar determinados expedientes figuran recogidas por escrito en la documentación -más de 3.390 historiales administrativos- sobre la que ha puesto una lupa la investigación judicial del caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en la capital en toda su historia democrática.

EL PAÍS ha tenido acceso a una documentación que permite analizar pormenorizadamente los expedientes tramitados, en la Concejalía de Medio Ambiente, cuartel general desde el que se organizaron la mayoría de las irregularidades destapadas por la investigación policial y judicial. Fuentes cercanas a Medio Ambiente señalan: "Había hosteleros que se hacían tan pesados que se les adelantaba el expediente para no oírlos más. Pero, en otros casos, se les daba prioridad porque llegaban instrucciones de arriba, sin más", admiten.

En el Departamento de Medio Ambiente se produjo entre 2005 y 2007 -periodo que comprende la documentación a la que ha tenido acceso este periódico- un goteo de llamadas y avisos de varios concejales y altos cargos municipales pidiendo que se diese "prioridad" o se "adelantasen" expedientes de bares, restaurantes y salas de fiestas. Así lo revelan anotaciones hechas por los propios funcionarios de Medio Ambiente en la base de datos de los 3.390 expedientes que tramitó este departamento entre el 1 de enero de 2005 y el pasado 13 de noviembre. "Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal..."; "prioridad gerente JM [junta municipal] Salamanca"... Al menos en 131 expedientes analizados figura ese tipo de recomendaciones, y en al menos 11 casos son los concejales los que supuestamente dan la orden de priorizar o adelantar un expediente. En la mayoría de los casos, el técnico encargado de la tramitación de la licencia es Victoriano Ceballos, un funcionario al que colocó a dedo el PSOE -es cuñado de un ex concejal socialista- y que está encarcelado como supuesto cabecilla de la trama.

La base de datos no acredita que las órdenes de los superiores sean fruto de intereses ilícitos, matizan fuentes cercanas a Medio Ambiente. "Pero lo cierto es que llamaban o pasaban notas: una veces justificadas; y otras, no", señalan.

Las diligencias que instruye el juez de Madrid Santiago Torres sobre la trama de corrupción continúan secretas. El juez investiga, de momento, 187 expedientes. Básicamente, se ha centrado, por ahora, en aquellos que son mencionados por los implicados de la Operación Guateque en las conversaciones telefónicas que les interceptó la Guardia Civil.

Pero no es descartable, al hilo de las decenas de denuncias de empresarios hosteleros que han empezado a llegar a su juzgado, que Torres solicite todas las licencias del periodo investigado: desde enero de 2005 hasta el pasado noviembre.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, indicó al estallar este escándalo que, con los datos que había en la causa en ese momento, no cabía hablar de "conexiones políticas". Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PP, que gobierna el municipio, han aprobado la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades sobre lo ocurrido. Casi todos los encausados están presos porque sus nombres son mencionados en conversaciones en las que se oye a funcionarios -principalmente, al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández- hablar del cobro de comisiones a cambio de acelerar o retrasar informes medioambientales, necesarios para lograr una licencia.

Un análisis de los 3.390 expedientes revela cómo algunas licencias se tramitaban en cuestión de semanas y otros tardaban más de un año. Con una precisión: adelantar un expediente supone una alteración en los turnos y saltarse otros más antiguos.


"Yo soy Medio Ambiente"

Este periódico ha constatado, de entre las 3.390 licencias tramitadas en los últimos dos años, que lo que se indica en la base de datos es falso en al menos tres casos. Tres hosteleros consultados al azar han reconocido que pagaron comisiones a Victoriano Ceballos. Uno le dio 2.000 euros; otro, 6.000, y el tercero, 2.500. No han querido facilitar sus nombres. Se observa que sus expedientes han sido aprobados sin pegas pese a que ellos admiten que sus negocios no cumplen la "estricta normativa para nuevos locales".Coinciden, además, en que sus expedientes, a partir del momento en que pagaron a Ceballos, se resolvieron con gran celeridad. En uno de los casos, el hostelero tardó apenas una semana en obtener la luz verde medioambiental; en los otros, algo más de un mes. Lo habitual es que se tarde más de un año.Los funcionarios de Medio Ambiente, entre ellos los tres encarcelados, se repartían las áreas: locales de hostelería y salas de fiesta, demoliciones de edificios... Lo concerniente a restauración lo tramitaba Ceballos, que figura en casi todas las licencias relacionadas con esta actividad. "Yo soy Medio Ambiente", era la frase preferida de Ceballos cuando algún hostelero le planteaba problemas medioambientales para abrir su establecimiento. Ceballos era un especialista en resolver licencias. Veía el local, comprobaba que no reunía los requisitos y comentaba: "No cumples esto, ni esto ni esto. Pero, tranquilo, se puede resolver. Cuesta 3.000 euros". No decía que el dinero fuese para él: insinuaba que era para otro funcionario. De la noche a la mañana solventaba problemas que constituían verdaderos quebraderos de cabeza para otros. Por ejemplo, la posibilidad de colocar más mesas de las permitidas fuera del local. Si el Ayuntamiento sólo permitía 20 mesas, él conseguía un papel oficial autorizando el doble o el triple.A estos hosteleros le asombra la tranquilidad con que un funcionario les pedía dinero. Es más, daba sin rubor tarjetas con su correo electrónico, fax y teléfonos en los que localizarle en su puesto de trabajo: el departamento de evaluaciones ambientales del Ayuntamiento.








* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 10/12/2007
Foto: Madrid, nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)



NOTICIA RELACIONADA: "A veces se adelantan expedientes porque estamos saturados" .- Los concejales que recomendaron agilizar licencias para locales de ocio lo justifican por las quejas que reciben por el atasco que sufre la tramitación - EL PAÍS - JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 10/12/2007


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Madrid: Concentración 15-Diciembre por una vivienda digna

PLATAFORMAVIVIENDADIGNA* : La concentración consistirá en un acto simbólico en el que se pedirá la dimisión de Pedro Solbes y se le hará entrega de un ladrillo gigante para recordarle al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, que existe un artículo constitucional que se está incumpliendo flagrantemente y que eso supone que el problema de la vivienda siga escalando posiciones entre las preocupaciones de unos españoles que no aciertan a comprender como en la octava economía del planeta, tengamos una de las situaciones de acceso a la vivienda y de endeudamiento hipotecario desproporcionado más graves del Mundo que suponen en la práctica que 9 millones de jóvenes están condenados a vivir con sus progenitores más allá de los treinta años y que más de 16 millones de españoles deban 9 veces su salario anual íntegro -mas del doble de la media europea de coste de acceso a la vivienda- a las entidades financieras.

¿Por qué un acto de protesta ante el Ministerio de Economía y no ante el Ministerio de Vivienda? Gracias al artículo 148 de la Constitución y algunas particularidades forales, las competencias en materia de vivienda y urbanismo pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, como así ha sucedido en la mayoría de ellas por medio de sus estatutos de autonomía. El Estado central no tiene competencias lo suficientemente fuertes como para, por medio de política de vivienda o urbanística, hacer cumplir el precepto constitucional definido en el artículo 47, ese que habla del derecho a la vivienda de los españoles y que insta a las administraciones públicas a impedir la especulación y es por ello por lo que las actuaciones del Ministerio de Vivienda están muy limitadas.

Sin embargo, si hay algo que el gobierno central puede hacer para dar un giro significativo a la situación y es hacer uso de las herramientas financieras y fiscales que aún conserva, que son competencia fundamentalmente del Ministerio de Economía y Hacienda. El ministro de Economía y Hacienda podía haber hecho mucho para cambiar la nefasta situación de la vivienda durante la vigente legislatura y, lejos de actuar en favor de la resolución de este inmenso problema que padece el conjunto de la sociedad española, ha inactuado y fomentado incluso que los desequilibrios vayan en aumento porque Pedro Solbes:

- Podía haber retomado en el tramo estatal del IRPF las ayudas al alquiler que el anterior ejecutivo suprimió y sin embargo, condenó al tramo autonómico la propuesta ya realizada por la exministra Trujillo, lo que ha supuesto que en algunas comunidades autónomas no se hayan hecho efectivas. Ahora vuelve a hacer lo mismo con la mayor parte de las ayudas al alquiler que propone la actual Ministra de Vivienda y de nuevo nos volvemos a encontrar el problema de que no se harán efectivas en algunas comunidades autónomas -precisamente donde más necesarias son- el 1 de enero como se había prometido. También las ha limitado y sigue consintiendo que exista un desequilibrio muy evidente de la intervención para favorecer la compra frente a lo que aparece ahora como novedad, ya que el gasto total de estas ayudas al alquiler no llegará al 10% del gasto que se realiza por las ayudas a la compra.

- Podía haber reconducido las deducciones a la compra para nuevas hipotecas que consumen el mayor esfuerzo que realizan el conjunto de administraciones públicas en materia de vivienda y que según todos los estudios -incluso los encargados por el gobierno a sus organismos consultivos- y a pesar de su aparente corte social, sólo contribuyen a ponernos las viviendas más caras (hasta un 22% más) y terminan en la práctica, en manos de promotoras, entidades financieras e inmobiliarias. En la reforma fiscal aprobada hace apenas un año, apenas se debatió y se tocó este importantísimo aspecto.

- Podía haber incrementado mucho más de lo que lo ha hecho los recursos asignados al control del fraude inmobiliario y el resultado de su dejadez -según publican los propios inspectores de Hacienda-, son un millón de alquileres fuera de la ley que precarizan completamente el mercado del alquiler y 8.600 millones de euros (1.430.919.600.000 millones de pesetas) que las empresas que trabajan en torno al sector inmobiliario evaden al fisco. Para que se comprenda la brutalidad de esa cantidad, el presupuesto del Ministerio de Vivienda es de 1.369 millones de euros, el conjunto de ayudas a la compra suponen alrededor de 4.200 millones de euros y las nuevas ayudas al alquiler, 348 millones de euros. La falta de control ha convertido el sector inmobiliario residencial en un lavadero generalizado de dinero negro que supone una presión significativa sobre la demanda que encarece la vivienda, eso que para otros es bien de primera necesidad.

- Podía haber también fiscalizado las viviendas vacías en la citada reforma fiscal y sin embargo se negó en redondo a que su grupo parlamentario apoyara tal medida, que aunque hubiese sido parcial y aplicada únicamente para grandes inversores, hubiese sido tremendamente positiva para la resolución del problema de acceso a la vivienda de un país que tiene millones de viviendas vacías dentro del mayor parque inmobiliario de toda Europa en relación a la población. Los propios inspectores de Hacienda le están pidiendo continuamente que se regule la vivienda vacía, que es algo que ya se hizo hace años en muchos países europeos y sin embargo ha postergado continuamente este debate aduciendo dificultades técnicas relativas a la definición del concepto de vivienda vacía. Si en esos países europeos han conseguido que la vivienda vacía reciba un tratamiento fiscal especial que funciona razonablemente bien, aquí también puede hacerse y no nos valen las excusas.

- Podía haber penalizado la inversión en el sector inmobiliario residencial -en especial de cierto tipo de sociedades que tienen bonificaciones fiscales por hacerlo incluso- por medio de la implantación de nuevos gravámenes y no lo ha hecho en toda la legislatura.

- Podía haber evitado que más ayudas fiscales que pagamos todos los españoles se sigan enviando a los que más tienen y no a quienes las necesitan realmente y lejos de ese objetivo, ha consentido que los propietarios con viviendas sobrantes para alquilar, reciban 6.000 euros para aumentar sus garantías en teoría para paliar un problema de impagos que aunque es real, se magnifica ostensible e interesadamente y no se basa en estadísticas reales. Ahora incluso se plantean conceder ayudas a los promotores y constructores, los que acaban de vivir los mejores años de beneficios de su historia.

- Podía haber aumentado paulatina y significativamente las partidas presupuestarias asignadas a política de vivienda para equiparar el ridículo gasto que se realiza en España en relación a la media europea y no lo ha hecho. Esa diferencia presupuestaria es la que permite que, por ejemplo en Francia, haya cerca de 4 millones de viviendas de alquiler social propiedad del Estado que son utilizadas para solventar las situaciones más difíciles de la población y garantizar una emancipación temprana de la juventud.

- Podía haber empujado el diseño de un plan de reestructuración económica que buscase a largo plazo separar el diferencial de crecimiento económico de la evolución del sector inmobiliario residencial, la potenciación de otros sectores productivos con más recorrido, etc. etc. Ni siquiera tenemos una alternativa a un modelo que fue legado por el anterior ejecutivo y que basa el crecimiento económico y el sostenimiento de la calidad de vida del conjunto, en el expolio de una parte importante de la población -los necesitados de vivienda- y que es absolutamente insostenible económica, social y medioambientalmente, por lo que se aboca a la ciudadanía a una crisis profunda en esos tres ámbitos.

- Podía haber promovido, junto a su colega del Ministerio de Administraciones Públicas una revisión de los mecanismos de financiación de los entes locales que tanto influyen en el precio del suelo sobre el que se levantan las viviendas y que también están detrás de los procesos de corrupción que estamos viviendo y sin embargo, lejos de actuar para atajar este que es un grave problema que está causando no sólo una aberración fiscal que sufren los necesitados de vivienda, sino que hasta se ponga en cuestión nuestro propio sistema democrático; el ejecutivo ha decidido irresponsablemente postergar el debate hasta la próxima legislatura. Hasta se ha permitido el lujo de poner en cuestión ciertos planes autonómicos para avanzar en la formalización del derecho a la vivienda.

- Y finalmente como regalo más reciente, Pedro Solbes podía haber parado la espiral de deuda con una Ley Hipotecaria que si hubiese emulado a la ley socialista Niertz aprobada en 1989 en Francia, podía haber introducido mecanismos que garantizaran una reducción del endeudamiento, una mejor información a los consumidores y un mejor control de las entidades financieras y de refinanciación que nos hubieran apartado del modelo subprime y sin embargo, lejos de atender las enmiendas de corte social presentadas por otros grupos políticos, la reforma hipotecaria se ha limitado a atender las peticiones de las entidades financieras en torno a la regulación de nuevos productos como la hipoteca inversa y el aumento de las garantías respecto al cobro de los préstamos.

Esta plataforma estuvo reunida con representantes del área económica del partido socialista cuya portavocía corresponde, todo hay que decirlo, a un congresista que en el año 2004 solicito la compatibilidad para entre otras colaboraciones en el ámbito privado, seguir siendo socio de una empresa dedicada "a la compra venta, adquisición, enajenación, etc., de fincas rústicas". En la reunión se les trasladó la inmensa preocupación ciudadana que había en torno a la cuestión hipotecaria y se les pidió que atendieran las enmiendas más proclives a resolver esta urgencia social y evidentemente, se hizo caso omiso y la reforma ha salido adelante por trámite de urgencia y con el consenso por primera vez en toda la legislatura, del Partido Socialista y el Partido Popular, que para ayudar a la banca frente a la mejora de los problemas que tienen los ciudadanos, se ha constatado con esta Ley que si se ponen de acuerdo.

Esta lista interminable de despropósitos supone en la práctica un cúmulo de gravísimas irresponsabilidades en las que ha incurrido la máxima instancia del Ministerio de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Y dado que el presidente Zapatero tiene intención de que continúe al frente de la vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio en la próxima legislatura y harán presumiblemente caso omiso de esta petición de dimisión, le vamos a llevar el ladrillo gigante a ver si con un poco de suerte lo coloca en el despacho y se acuerda todos los días de que hay un artículo de la carta magna que es necesario construir para acabar con el gravísimo problema de vivienda que existe en este país.


LUGAR DEL ACTO: Ministerio de Economía. C/ Alcalá, 9
FECHA: Sábado, 15 de diciembre de 2007
HORA: Desde las 12:00 hasta las 14:00 horas (*)

PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA
- CONVOCATORIA A ACTO SIMBÓLICO -

(*) Concentración comunicada a la Delegación del Gobierno en cumplimiento de lo establecido en la L.O. 9/1983





* PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA - Dic 05, 2007




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