EFE* : Las fuerzas de seguridad han cifrado en 200.000 personas la participación en la manifestación que se ha celebrado hoy en Barcelona contra el caos ferroviario y en defensa de las infraestructuras catalanas, mientras que los organizadores la han elevado a, "como mínimo, 700.000".
La sala conjunta de mando encargada de supervisar la manifestación, integrada por los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y el Cuerpo Nacional de Policía, ha informado también de que hasta el momento no se ha producido ningún incidente en el transcurso de la marcha.
'Somos una nación'
La manifestación comenzó poco después de las cinco de la tarde en la Plaza de Cataluña y ha concluido en la estación de Francia de Barcelona.
La manifestación, convocada por la Plataforma Derecho a Decidir (PDD), se ha celebrado bajo el lema Somos una nación y decimos basta. Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras.
La marcha contaba con el apoyo de más de 150 entidades de diversa índole de la sociedad civil catalana y también de coaliciones partidos y formaciones políticas como CiU, ERC e ICV-EUiA, mientras que el PSC, el PP y Ciutadans han declinado participar en la misma.
* El Periódico - 1/12/2007
Foto: Parte de la multitudinaria manifestación celebrasda esta tarde en el centro de Barcelona - EFE / TONI GARRIGA
NOTICIA RELACIONADA : Cercanías de Barcelona vuelve a la normalidad tras 42 días con 3 líneas cortadas - El Periódico 1/12/2007
Barcelona: Más de 200.000 personas se manifiestan contra el caos ferroviario y en defensa de las infraestructuras
El juez pide al edil de urbanismo de Oropesa escrituras de su patrimonio
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ELPAÍS/Castellón* : El titular del juzgado número 2 de Castellón requirió ayer al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat, del PP, para que presente las escrituras de su patrimonio. La petición del juez forma parte de las diligencias que se instruyen en la investigación de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del programa urbanístico conocido como Les Amplàries, en la zona de expansión de Marina d'Or. El edil, que ayer compareció como imputado ante el juez, admitió compartir la titularidad de un local con el propietario del grupo Marina d'Or, Jesús Ger.
También reconoció que entre su patrimonio figuran otros cinco locales en este complejo y aseguró que el origen del dinero con el que adquirió todos estos inmuebles procede de una herencia y de la venta de unos terrenos.
Fabregat fue interrogado sobre unas parcelas que adquirió en 2000, tres años antes de ser elegido edil, por algo más de 75.000 euros y que meses antes de las elecciones vendió por 567.905 euros al mismo grupo Marina d'Or. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública no se realizó hasta mayo de 2003. Fabregat y su esposa recibieron parte de la cantidad estipulada en dinero, mientras que el pago de otra parte quedó aplazado hasta la transmisión de un apartamento en un edificio que entonces tenía el grupo inmobiliario en construcción. En su día, el concejal ya admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de fincas rústicas.
La compra de una de esas pequeñas parcelas, que fueron agrupadas para su posterior venta, desencadenó un litigio judicial sobre la titularidad, y el edil fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de otras diligencias. En su declaración ante el juez, en julio de 2003, dijo haber pagado parte de la finca con dinero negro.
Pese a la vinculación del concejal con el grupo Marina d'Or, participó en la aprobación del programa de desarrollo urbanístico. Durante la tramitación, un técnico de la Generalitat admitió haber recibido "instrucciones" para minimizar las "pegas" del PAI. Además, el proyecto recibió el dictamen desfavorable de la comisión técnica de Urbanismo pero, finalmente, fue el propio director general de Urbanismo de la Generalitat valenciana, Pedro Grimalt, quien firmó la aprobación.
Ayer, en su declaración ante el juez, el concejal de Urbanismo alegó que la aprobación del PAI Les Amplàries se llevó a cabo por la existencia de los informes favorables de la secretaria y el arquitecto municipales, que también están imputados por los mismos delitos. El programa salió adelante pese a que estaba supeditado a un "informe favorable" de Costas. Aunque los dos dictámenes de este departamento fueron negativos, los técnicos optaron por considerar que la intervención de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante, tal como esgrimía un informe presentado por el propio grupo Marina d'Or.
Junto a Fabregat, el juez tomó declaración ayer otros dos imputados, los ex concejales José Manuel Miralles y Jorge Garrido, que también votaron favorablemente para la aprobación del PAI. Ambos alegaron que ellos únicamente siguieron las directrices del grupo y justificaron su decisión en los informes favorables de los técnicos, tal como hizo el pasado día 15 el alcalde de la localidad, Rafael Albert, que también declaró ante el juez en calidad de imputado.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 01/12/2007
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - C.Francesc (El País)
La Guardia Civil detiene a un ex concejal y a un empresario por la trama de Totana
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LASPROVINCIAS/Murcia* : El número de personas detenidas en la operación Tótem sobre presuntas irregularidades en la recalificación de terrenos en la localidad murciana de Totana a cambio de comisiones ascendió ayer a 12, aunque dos quedaron en libertad. La Guardia Civil arrestó ayer a dos empresarios, uno de ellos ex concejal del PP, que fueron trasladados a dependencias de la Benemérita en la capital de la región.
Uno de los detenidos es Juan Francisco Casanova, ex concejal de Agricultura, Ganadería y Caminos del ayuntamiento de Totana con el ex alcalde Juan Morales, quien también es investigado por esta trama. Además, es socio de Pedro Martínez, hostelero de la localidad murciana, y que fue arrestado el jueves por los mismos hechos. El otro empresario es Diego Carrión que, a primeras horas de la tarde de ayer, quedaba en libertad.
Poco antes de las dos de la tarde, también era puesto en libertad el jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales, quien pasó la noche detenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia en compañía del alcalde del municipio del PP, José Martínez Andreo; de la secretaria del ayuntamiento, Laura Bastida; y el empresario Pedro Martínez. Se da la circunstancia de que el mando policial no ha prestado declaración ante la juez que instruye la causa, pero sí lo ha hecho ante miembros del instituto armado que consideraron que la puesta en libertad del jefe policial no supone riesgos para la investigación.
La magistrada Asunción Navarro, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Totana, reinició ayer la toma de declaraciones a los dos detenidos que no pudieron testificar el jueves.
Tras la petición de penas que realice el representante del Ministerio Público, Asunción Navarro deliberará y dará a conocer la situación en la que quedan los seis detenidos, una decisión que, previsiblemente no se conocerá hasta hoy. Los cuatro arrestados el jueves es previsible que pasen a disposición judicial mañana. Entretanto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia abrió actuaciones para determinar si ha existido "indefensión" por parte del diputado del PP y ex alcalde de Sotana, Juan Morales, a quien se le ha retirado el pasaporte e incautado su ordenador. Morales sostiene que se han vulnerado sus derechos como ciudadano y como aforado.
Desde el Gobierno de Murcia, el consejero de Presidencia y portavoz, Juan Antonio de Heras, señaló que la "situación en el ayuntamiento es ciertamente preocupante, la detención de un alcalde siempre lo es, el gobierno está preocupado y lo estaría exactamente igual independientemente del signo político".
* Las Provincias - 01.12.07 - TERESA BLANCO
Foto: Totana (Murcia), iglesia-ayuntamiento - totana.es
La UE abre una investigación en Murcia por el urbanismo salvaje en sus costas
ELECONOMISTA* : Primero fue la Comunidad Valenciana. Luego vino Andalucía y después Madrid. Ahora le toca el turno a Murcia. La Unión Europea (UE) ha abierto una investigación por el urbanismo incontrolado en la costa murciana. La Comisión Europea estudia la posibilidad de imponer una moratoria urbanística en la región y podría abrir expediente de infracción a España por atentar contra directivas de Medio Ambiente.
La investigación se inicia a mediados de septiembre por la información que un particular, Diego de Ramón, abogado de la región murciana, envía al Parlamento Europeo.
El pasado 6 de agosto la Comisión de Peticiones decidió admitir a trámite la denuncia por los indicios que apuntaban hacia un overbooking urbanístico en Murcia. Una vez admitida a trámite, el Parlamento pasó el dossier a la Comisión Europea (CE), que ha decidido abrir una investigación, ante la gravedad de los hechos denunciados.
En estos momentos, la CE ultima sus conclusiones. Una vez finalizada la investigación, Bruselas puede abrir un expediente por infracción de dos directivas europeas sobre Medio Ambiente. Esto, en la práctica, supondría que Bruselas denunciará a España por los excesos cometidos en materia urbanística en las zonas investigadas.
Posible modificación
Según ha confirmado a elEconomista un portavoz oficial de la Comisión Europea, "en este caso empezaría otro procedimiento que podría acabar en una petición vinculante a España para que modifique su legislación y sea acorde a la europea. Pero eso es un proceso muy largo y, en cualquier caso, poco probable", explica.
No es la primera vez que la UE pone su lupa en el urbanismo salvaje español. El Parlamento Europeo, a través de una Resolución del pasado 21 de junio, ya sacó los colores a las regiones de Valencia, Andalucía y Madrid por el urbanismo incontrolado. En aquel caso, denunció formalmente la normativa urbanística española, y en particular, la valenciana: "El Parlamento expresa su más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de constructoras y promotoras inmobiliarias que no responden a las necesidades de las ciudades", que "son insostenibles en el plano medioambiental", alertó.
Posible nuevo "tirón de orejas"
No obstante, se quedó en una simple condena, ya que las conclusiones del Parlamento no son vinculantes. Ahora, con Murcia, el Parlamento puede volver a abroncar a España.
De entrada, y al margen de lo que dictamine la Comisión Europea, el Parlamento, a través de la Comisión de Peticiones, agrupará todas las reclamaciones que ya obran en su poder sobre especulación urbanística. Asimismo, ofrecerá a la opinión pública española un informe con las recomendaciones para evitar otro boom informativo, como el que sacudió la Costa Valenciana este verano.
La investigación abierta por Bruselas analizará si realmente existe un overbooking urbanístico en la región murciana. La comunidad autónoma con una población que apenas supera el millón de habitantes (1.200.000) tiene proyectadas más de 300.000 viviendas.
Alteración del equilibrio natural
Este aumento podría derivar en una concentración de población en un territorio que apenas ocupa una decena de kilómetros de la costa mediterránea, lo que alteraría el equilibrio natural.
Como es lógico, estudia cómo afectaría este desarrollo a la contaminación del Mar Mediterráneo, verdadera prioridad en la sede comunitaria.
Moratoria urbanística urgente
Por ello, la denuncia de Diego de Ramón exige una moratoria urbanística que permitirá a los dirigentes de la zona estudiar lo proyectado y lo ya ejecutado y luego decidir la mejor solución para el desarrollo sostenible de la región.
En concreto, el denunciante pide "la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico del Levante murciano y Costa del Mediterráneo".
También exige la tutela del Tribunal de Cuentas Europeo para "fiscalizar las ayudas europeas que no sirvan para fomentar la construcción sin control y rompedora del equilibrio europeo y medioambiental por las rápidas especulaciones, cometiendo corrupciones impropias de la Unión Europea".
Asimismo considera necesaria la intervención del Banco de España, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones "para que no fomenten las infraestructuras de comunicación, autovías, autopistas, aeropuertos y puertos a través de ayudas europeas". Asimismo, considera necesarias auditorías.
* El Economista - Alejandra Ramón / Gustavo Granero - 30/11/2007
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
Movilización y movilidad
JULIÁN HERNÁNDEZ* : No sé en que localidad viven los/as avispados/as lectores/as que leen este periódico, pero es para este humilde redactor un honor y un placer comunicarles que, en el Concello de Vigo, existe la Concellería de Movilidade. O sea, que hay un concejal responsable de la movilidad de alguien. No, no es responsable del Movimiento ni gasta camisa azul (esa que tú bordaste en rojo ayer): es de Movilidade. No se ocupa -hasta donde uno cree entender- de los casi inexistentes accesos para discapacitados. Se ocupa -¡tachán!- de los atascos, de la movilidad de máquinas de matar con ruedas, vaya. Y como el movimiento se demuestra andando, el concejal se presenta, raudo y veloz, en los colapsos circulatorios para levantar acta por las toneladas de petróleo quemadas con los motores de los coches al ralentí.
¿La movilidad es una categoría del espíritu, una facultad del alma? ¿Nos movemos o no nos movemos? Si Heráclito y Parménides levantaran la cabeza, protestarían por el atasco que les impide llegar a tiempo a la presentación de sus últimos libros. El primero de ellos tenía razón: "No nos bañamos dos veces en el mismo río". Pero Parménides apuntaba algo más contemporáneo: "Vale, pero siempre estamos en el mismo atasco". Así, el "todo fluye" de Heráclito queda totalmente desmoronado por la propia existencia de una Concellería de Movilidade que existe para que, cuando las cosas se paralizan, llegue alguien que dice: "¡Hop, hop, vamos que nos vamos, que llegamos tarde!"
La alternativa al descomunal atasco perpetuo (¿algo que ver con el movimiento perpetuo?) es tirar por calles paralelas y alternativas. Error: también están atascadas. Vivimos en un país que goza de una autonomía administrativa con respecto a un Estado central, torero él, que tolera que gaitas y sardiñadas campen por sus respetos. (Por el monte van las sardinas, señor conductor). Agradecemos este gesto de emancipación copiando su esquema de muy arriba (un ministerio) a muy abajo (una concellería); y devolvemos el favor, desde muy abajo, al poder intermedio (una consellería). Somos tan enrollaos como el atasco monumental. Un rey para todos, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Y, entre otras cosas, los coches para lo que están, para atascarse.
El transporte público es -ya lo dice la palabra- incapaz de transportar. Galicia se queda sin trenes (de cercanías, de lejanías, horizontales o verticales) y los carros de bueyes se atascan por las corredoiras alternativas que los romanos nos construyeron. El mugido, el bocinazo, el improperio y el "¡de Vigo tenías que ser!" son la banda sonora de la película.
Los zuecos (¿los suecos?) no valen para los tres pedales del coche. Y, como vivimos en un país en perpetua retención (y rendición), tenemos que convivir con los modelos que nuestros dirigentes y nuestros cerebros nos imponen: coche, hipoteca; hipoteca, coche. Galicia sueña con una independencia impensable y piensa en un sueño independiente. Es bien, es justo, es lo suyo. Para ello contamos con una Administración (otorgada desde fuera) que vela por nuestra movilidad. ¿No somos acaso una isla pegada por casualidad a un continente? Para estar (o ser de) aquí, de algún sitio tendremos que haber salido...
Sí: venimos del atasco, vamos hacia el atasco y tenemos concellerías de Movilidade. Ya lo decía Burning: "Mueve tus caderas cuando todo vaya mal". Y apostillaba Janis Joplin en su consultorio de Rompente Radio Esquimal: "¡Move over!"
(No, ya no nos movemos como antes. El twist terminó en la época del anterior jefe del Estado, ese que jamás se movió de su sitio, no fuera a ser que hubiera zancadillas por el atasco general o generalísimo. La movilidad del Movimiento era relativa: ponían los nombres de las víctimas nacionales en las paredes de las iglesias y dejaban las fosas comunes donde tenían que estar: en ninguna parte. Que es a donde va Galicia desde que se acopló al continente).
La movilidad necesita el atasco para justificarse; un sistema judicial necesita víctimas para existir; Batman necesita a Joker; Heráclito necesita a Parménides. Y todos necesitamos a Víctor Coyote quien, años ha, cantaba: "!Mejor sería hacer algo: ¡muévete!"
julian@discosdefreno.com
* ELPAIS.com - Opinión - Galicia - 29/11/2007
Los ayuntamientos ignoran la obligación legal de destinar el suelo público a construir VPO
LEVANTE-EMV/Valencia* : La mayoría de los ayuntamientos han incumplido la obligación legal de declarar el patrimonio municipal de suelo al registro autonómico creado por la Generalitat en 2004. Esta desidia municipal se ha extendido a la obligación legal de construir vivienda de protección oficial (VPO) en este mismo suelo público o, si el consistorio no tiene liquidez suficiente para construir, vender este suelo a los promotores para que sea la iniciativa privada la que construya las VPO.
Los últimos datos oficiales facilitados sobre el registro dan buena muestra del fracaso de esta medida: en marzo de 2006 sólo 57 municipios habían declarado al registro 447.606 metros cuadrados (m2) de suelo público disponible para construir viviendas de protección oficial. Otros 18 aún debían aportar más documentación. Y 195 consistorios directamente habían ignorado la obligación legal de declarar su patrimonio público de suelo ante el registro.
Ante este incumplimiento de la normativa legal [el registro ya aparecía en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y se perfeccionó en la Ley Urbanística Valencia (LUV)] la Conselleria de Vivienda va a reunir a los alcaldes afectados para «facilitarles las herramientas necesarias para sacar al mercado este suelo», según explicó ayer Maria Jesús Rodríguez, directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos. Rodríguez participó ayer en las jornadas organizadas por la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Inmobiliaria y de Construcció (Aveic) que preside Adolfo Cámara.
La próxima semana se celebrará la primera reunión de la conselleria con los regidores de Alicante (la cita afecta a los municipios con más de 5.000 habitantes). Posteriormente se organizará una reunión similar en Valencia y en Castelló. Se trata de buscar el consenso y el acuerdo con los ayuntamientos porque «somos conscientes que algunos ayuntamientos carecen de medios y tienen voluntad pero no posibilidades de cumplir con esta obligación legal, por eso vamos a celebrar estas reuniones para impulsar la creación de suelo», explicaron ayer fuentes oficiales de la Conselleria de Vivienda.
El Consell persigue así agilizar la creación de suelo para la construcción de VPO e incentivar el interés de los promotores por este tipo de viviendas que no suele atraer excesivamente su atención. De hecho, la directora general de Vivienda también confirmó que el próximo mes de enero podría entrar en vigor la orden que aumentará el precio mínimo de VPO y que eliminará las zonas en las que se dividía la Comunitat Valenciana para fijar el valor del metro cuadrado.
Promotores «desentrenados»
Sobre este asunto, el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción(Fevec), Juan Eloy Durà, (a la que pertenece Aveic) pidió a la conselleria que incluya ciudades como Sagunt, Alzira, Ontinyent y Dénia en los ámbitos territoriales de precio máximo superior de VPO, para que les sea más rentable la construcción de este tipo de vivienda. «Es que estamos desentrenados en hacer VPO», admitió un promotor asistente durante el debate.
Con todo, la conselleria afronta el futuro con optimismo. Según la directora general de Vivienda actualmente existen reserva de suelo para construir 140.000 VPO en los próximos años: unas 33.924 previstas en planes aprobados desde 2004, otras 68.000 incluidas en los planes en tramitación y otras 40.000 en los conciertos previos presentados ante la conselleria.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto - 30 de noviembre de 2007
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
El ex alcalde de El Puerto también legalizó casas en suelo no urbanizable
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DIARIODECÁDIZ* : No sólo era el edil de Urbanismo de El Puerto de Santa María de la pasada legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses), el que legalizaba de modo presuntamente irregular viviendas edificadas al margen del planeamiento vigente. También lo hizo el ex alcalde, Hernán Díaz, en la Alcaldía hasta julio de 2006, cuando tuvo que dejar el cargo inhabilitado por prevaricación.
Este periódico ha podido saber que de los 101 decretos de legalización que la ahora responsable de Urbanismo, Patricia Ybarra (PP), comunicó hace poco que habían detectado, se encuentran varios cuyo autor en realidad es Díaz. El ex regidor llegó incluso a firmar en un misma jornada hasta tres decretos de legalización. Son alrededor de 80 los rubricados por Rodríguez, y algo menos de 20 los que de su puño y letra firmó el ex regidor.
El ex alcalde decretaba la legalización de los inmuebles construidos en suelo no urbanizable según el plan vigente, amparándose en un futuro planeamiento que aún dista mucho de ser aprobado. Este periódico ha tenido acceso a uno de los decretos que rubricó Hernán Díaz, en el que el ex alcalde comunica que se accede a la legalización a la vista de los informes técnicos a favor emitidos. Esos documentos son obra del actual jefe de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de El Puerto, el arquitecto Fernando Jiménez Fornell.
La mayoría de estos decretos rubricados por el ex primer edil portuense corresponden a 2005, el año en el que se detectaron mayor parte de irregularidades.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 30 de Noviembre de 2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Paralizada en Ourense la obra ilegal del presidente de los constructores
ELPAÍS* : El presidente de los constructores orensanos, Eligio Nieto, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a paralizar la construcción de un polígono de viviendas -que está en la fase inicial de los trabajos de urbanización- en una superficie de 46.495 metros cuadrados de la capital. Las obras se iniciaron al amparo del planeamiento urbanístico aprobado en su día por el PP.
El tribunal superior deja claro que la obra se está realizando en suelo no urbano y no consolidado, fuera de la malla urbana, ya que no cuenta con los servicios necesarios de abastecimiento, evacuación de aguas residuales y suministro de energía, por lo que, consecuentemente, anula el área de reparto aprobada por el Ayuntamiento del Partido Popular en la que está edificando el empresario Nieto. El proyecto de construcción de la obra declarada ilegal preveía una superficie construida de 400 viviendas.
La demanda contra el planeamiento en esta parcela fue interpuesta por los representantes de un concesionario de coches, cuyas instalaciones están en un solar anexo a estos terrenos.
La empresa demandante destacaba deficiencias del plan de ordenación y denunciaba la invasión de 1.057 metros cuadrados de su propiedad para la construcción de una rotonda. La sentencia señala que para la ejecución del planeamiento no constaba conformidad "de otras administraciones distintas del Ayuntamiento".
Además, alertaba de que era improcedente la calificación de suelo urbano no consolidado de la parcela del presidente de los constructores y que se vulneraban las normas de calidad urbana, "por no cumplir los viales de nueva apertura contemplados en los planos el ancho mínimo" y prever edificaciones un número de plantas "superior a la que corresponde al ancho de los viales". La sentencia pone de manifiesto que tanto el informe de la concesionaria municipal del servicio de agua, Aquagest, como el del técnico municipal revelan que la red de abastecimiento se encuentra en dos lugares próximos al perímetro del área de reparto, pero no en éste, y que el colector general está un poco más alejado. Destaca también que el informe del técnico municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística revela la inexistencia en el área de red de suministro eléctrico, aunque en el mismo se advierta que es posible su conexión a través de otras, "sin indicar la ubicación de éstas".
El alto tribunal gallego recoge en la sentencia que la acreditación presentada por la empresa de Nieto de que la obra se realiza en suelo urbano se basa en un acta notarial, "en la que el notario da fe de la autenticidad de unas fotografías". Pero advierte la sentencia que "no se aprecia con nitidez la realidad edificatoria de la zona" y que "tampoco reflejan la totalidad de las edificaciones existentes en toda la superficie del área".
El TSXG señala que, aunque el área de reparto sea colindante con la malla urbana, incumple la ley que restringe la edificabilidad a los terrenos que dispongan de urbanización básica "constituida ya no por unas vías perimetrales que no se cuestionan", sino también por unas "redes de servicios de las que puedan abastecerse los terrenos". No es suficiente, detalla el auto, con que los servicios urbanísticos se encuentren a pie de parcela "y tampoco la mera colindancia con el suelo urbano".
Ejemplarizante
La sentencia se suma a otras que se acumulan en las dependencias municipales anulando áreas de reparto del plan general, que aprobó en 2003 el gobierno municipal del PP. En cualquier caso, el actual grupo de gobierno encabezado por el PSdeG, que se ha opuesto a la redacción de un nuevo planeamiento y ha optado por ir modificando el actual, sostiene que reconducirá sin problemas el urbanismo orensano adaptándolo a la legalidad.
Consultada por este periódico, la concejala responsable de este departamento municipal, la socialista Áurea Soto, sostiene que el auto del alto tribunal gallego, lejos de generar un problema urbanístico, "es ejemplarizante, ya que antepone los intereses de sostenibilidad y del interés público" a los particulares. "Esta ciudad está gobernada tanto en lo complejo como en lo sencillo por primera vez en mucho tiempo", señala la edil.
En su opinión, la sentencia introduce seguridad jurídica en la ciudad "y evidencia un profundo conocimiento de la materia al negar la calificación de urbanos a suelos que están fuera de la malla urbana; es de agradecer el respeto por el desarrollo", destaca Soto. La concejala afirma que su grupo de gobierno reconducirá en lo posible situaciones como la generada con esta edificación, "respetando sentencias como ésta" pese a que, reconoce Soto, "el proceso está ya muy avanzado en el tiempo".
Entre las sentencias que se van emitiendo sobre denuncias del planeamiento urbanístico que dejó aprobado el PP figura una que anuló un área de 75.000 metros cuadrados, en el barrio de A Ponte. En este caso, el fallo judicial afectó a una urbanización de nuevas viviendas, dotaciones públicas, espacios verdes y un vial de acceso a la futura estación del AVE.
En aquella ocasión el TSXG había considerado que se incumplía la Ley del Suelo, al obligar a los dueños de una parcela de casi 5.000 metros cuadrados a cederla gratuitamente al promotor y a costear además las obras de un terreno destinado a equipamientos públicos, cuando la ley establece que es necesario expropiar y realizar un reparto equitativo de cargas y beneficios. Más recientemente, el tribunal anuló otra área del planeamiento, entre las calles Reza y Fleming, ya que se contemplaba la obtención de suelo para una plaza pública sin ir a expropiación. Este fallo tendrá un coste para las arcas municipales de entre 5 y 12 millones de euros.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 30/11/2007
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Repensar el urbanismo
XERARDO ESTÉVEZ* : El desaforado desarrollo urbanístico y territorial acaecido en España a lo largo de la última década, con su corolario de incremento de la especulación del suelo y la vivienda y la aparición de prácticas administrativas "impropias", parece, por fortuna, estar alcanzando su final. Que el extraordinario escenario desarrollista, con sus lamentables consecuencias sociales, culturales y medioambientales, se haya venido manifestando, de manera análoga, a lo largo y ancho del territorio patrio desvela que sus fundamentos "genéticos" no están sólo en los planes municipales ni en las legislaciones autonómicas, sino también en unas concepciones epistemológicas más enraizadas en el imaginario colectivo: el entendimiento utilitarista por parte de los responsables públicos de la finalidad que debe dirigir la ordenación de la ciudad y su territorio...
...la individualista forma de entender socialmente el contenido del derecho de propiedad del suelo y, por fin, la cortoplacista capacidad del sector empresarial privado en sus estrategias de producción urbana en relación con la economía social de mercado que nos caracteriza.
Por otro lado, la virulencia del proceso desarrollista ha sido de tal calibre, que ha llegado a generar una exacerbada alarma social, desconocida por estos lares, que permite su consideración como una "vacuna" cuyos efectos febriles exigen un tratamiento de reposo y abren el camino a la búsqueda lúcida de los remedios que terminen con las causas originarias del patológico proceso vivido.
La ralentización en la que entra el sector inmobiliario español ofrece un escenario social y productivo de sosiego para la reflexión político-social absolutamente positivo y necesario para el análisis urbano. De hecho, las presiones inmediatas derivadas de presuntas y sedicentes utilidades socioeconómicas generadas al amparo de operaciones de gran dimensión tienden a menguar. Diríase posible la vuelta de la "proporción" y de la "escala" al proceso de desarrollo urbano. Por lo tanto, el momento es propicio para repensar, con lucidez, las bases sobre las que debe discurrir un urbanismo "de la sensatez".
En este sentido, parece llegado el punto en que se podrán desarrollar los siguientes principios que deben presidir los nuevos desarrollos territoriales y urbanos:
- Formulación de Esquemas Territoriales de desarrollo supralocal y establecimiento de límites al crecimiento municipal, adoptados por ámbitos espaciales que integran sistemas urbanos interrelacionados funcionalmente (áreas metropolitanas, ámbitos comarcales, espacios conurbados, etcétera).
- Asignación a las infraestructuras de un papel fundamental en la articulación del territorio, en la redacción del planeamiento y en la movilidad.
- Formulación de planeamientos municipales coherentes con los Esquemas Territoriales en los que se integran, en los cuales deberán preverse sistemas de reequilibrio intermunicipal que vengan a compensar las desigualdades derivadas de modelos de desarrollo diversos.
- Recuperación del concepto de subsidiariedad para establecer un nuevo ámbito administrativo-competencial en la toma de decisiones: la aprobación de las propuestas derivadas de las demandas de desarrollo endógeno municipal que vienen a satisfacer las necesidades de su población corresponderá a los Ayuntamientos, las derivadas de demandas supramunicipales en el ámbito subregional corresponderán a las comunidades autónomas, mientras que aquellas que superen el ámbito autonómico se remitirán al Estado, si bien, de manera concertada entre los tres niveles administrativos.
- Potenciación de la intervención en la ciudad consolidada a través de la rehabilitación-revitalización urbana, frente a modelos expansionistas de producción de suelo. Las nuevas expansiones deben realizarse "en mancha", con relativa densidad y bajo el criterio de "crecer para mejorar", llenando la ciudad construida de ciudadanos y actividades relacionadas con lo cotidiano.
- Disposición de medidas jurídico-instrumentales dirigidas intencionadamente a impedir la especulación (art. 47 CE), que en su mayoría se encuentran ya recogidas en la Ley de Suelo 8/2007. Ahora, solo falta su adaptación y adopción por las legislaciones autonómicas y su plasmación concreta en los planeamientos municipales.
La duración temporal del "escenario de sosiego" en el que entramos se diría suficiente para acometer con solvencia y sin prisas la reorientación planteada, y que los nuevos ciclos expansionistas, que sin duda volverán, se encuentren con un modelo de urbanismo urbano repensado desde la sensatez, capaz de evitar, en la medida de lo posible, las costosas consecuencias vividas a finales de los años 90 y primera mitad de los 2000.
* XERARDO ESTÉVEZ, arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión - 30/11/2007
Sevilla: Dos 'okupas' permanecen, diez horas después, encerrados en Casas Viejas
20MINUTOS* : Los okupas de Casas Viejas siguen resistiéndose al desalojo de este espacio. Los bomberos, avisados esta mañana por la Policía Nacional, trabajan desde las 11.15 h para poder sacar a tres personas que se han anclado a un muro de hormigón de un túnel, que ha sido excavado por ellos mismos a cuatro metros de profundidad. Los dos que quedan en la galería desde que comenzó el desalojo (hace más de diez horas) están encadenados a unos tubos de hormigón y con candados, cuyas llaves han tirado para dificultad la actuación de la Policía, que les ha retirado el agua y los víveres que tenían, según denuncian los representantes del centro social.
Los bomberos han accedido al zulo en el que se encuentran sobre las 15.30 h y han conseguido liberar a uno de ellos. El colectivo okupa mantiene que este Cuerpo no tiene medios para sacarlos y que los compañeros que aún quedan en el túnel no depondrán su actitud hasta que la Policía se marche.
El movimiento ha solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que tramite con la Policía la intervención de un médico en el inmueble para conocer el estado de salud de los dos encerrados.
Por parte de la Policía, se afirma que la situación conlleva cierto riesgo para todos los que se encuentran en el interior de Casas Viejas (agentes y okupas). En este sentido, Ana Cambón, portavoz del Cuerpo, afirma que "llevan unas cuantas horas en una especie de zulo. Es difícil acceder y sacarlos sin que haya riesgos para ellos y los agentes". Incluso, asegura que "puede haber un derrumbamiento".
Protestas
Casi medio centenar de personas se concentraron junto al edificio esta mañana para mostrar su rechazo al desalojo. El número de protestantes fue creciendo hasta alcanzar la centena, cuando se trasladaron a la Ronda Histórica para cortar el tráfico en tres ocasiones, entre las 11 h y las 12 h. La manifestación siguió por la calle Feria.
En este trayecto se han vivido varios momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía. Incluso, los agentes cargaron contra algunas personas (en la calle Resolana y en la zona del mercado de la calle Feria) e identificaron a varios, entre ellos, Carlos Serrano, del colectivo Oficina de Derechos Sociales de Sevilla. El colectivo okupa apunta que cinco personas han resultado heridas leves.
A pesar de todo, la manifestación continuó poco después en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de la ciudad, y por calles como Tetuán y La Campana. Ahora se ha trasladado a la Alameda.
60 efectivos
Unos 60 agentes llegaron a la calle Antonia Sáenz sobre las 8 de la mañana y la cortaron al tráfico. Nadie podía acceder a la ella, ni siquiera a los abogados de Casas Viejas, a los que les han negado el acceso en dos veces, o a los medios de comunicación que desde primera hora de la mañana se trasladaron a la zona.
Los letrados Enrique Irazusta, María del Mar Valiente y Luis de los Santos, que afirma que aún no existen cargos contra los jóvenes que han protagonizado la "resistencia pacífica", presentarán una queja formal, ya que solicitaron al juez decano autorización para acceder al recinto y aún así no lo consiguieron.
En el Centro Social Ocupado, que funciona desde hace unos cinco años, se encontraban, según la Policía, unas 14 personas, entre movimiento okupa e indigentes. Cuatro han ofrecido resistencia encadenándose a distintas columnas. Uno de ellos fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado.
Sin embargo, el movimiento okupa aseguró que en Casas Viejas sólo había seis personas (los cuatro anteriores y los dos encadenados en el túnel subterránea) y que el resto se encontraba en naves colindantes que también han sido desalojadas.
Fuera la ventilación
Los okupas dicen que lo primero que hizo la Policía fue cortar la luz, con lo que también cortaron la ventilación del túnel al que se encadenaron esas dos personas.
A las nueve de la mañana de ayer, los ocupantes del número 23 de la calle Antonia Sáenz (conocidas como Casas Viejas) recibían de manos de la abogada del propietario la orden de desalojo emitida por la Gerencia de Urbanismo.
Pero los okupas se negaron a abandonar el lugar. «Hemos sellado las puertas y montado un sistema de guardia permanente por la noche», dice José, uno de los jóvenes. «Si vienen a echarnos haremos resistencia pasiva y pacífica», añade una pareja que vive en una de las casas.
Algunos vecinos que los apoyan consideran injusta esta decisión: «Ojalá que no se haga efectivo, no hacen daño a nadie», dice María, que vive enfrente.
Viviendas
El solar de Casas Viejas se convertirá en viviendas y en equipamiento público, según el concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo. Es decir, se llevará a cabo lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.
Mientras que se produce el derribo, la propiedad (la Comunidad Hermanos Bordas Marrodán), afirma que pondrá seguridad privada para evitar que se produzcan nuevas intrusiones en la zona.
* 20 Minutos - Viernes, 30/11/07 - J. LUQUE / C. ORTEGA
Foto: Sevilla, okupas desalojados - EFE
NOTICIA RELACIONADA : Los 'okupas' de Casas Viejas convocan una manifestación contra el desalojo - 20minutos - 25.09.2007
'Totem': la trama urbanística del Ayuntamiento de Totana
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EXPANSIÓN/Murcia* : Como en un guión de cine: el alcalde, José Martínez Andreo; la secretaria municipal; el jefe de la policía local; el ex regidor del Consistorio y ahora parlamentario autonómico del PP, Juan Morales; su ex mujer, propietaria de una agencia inmobiliaria en la localidad, y la actual compañera sentimental de Morales, que reside en Murcia capital. Todos imputados por su presunta relación con una nueva trama de corrupción urbanística.
Los seis detenidos que han pasado hoy a primera hora a disposición judicial fueron detenidos el lunes en el marco de la operación bautizada como "Tótem" contra una supuesta trama de corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1, María Asunción Navarro, comenzó esta mañana a tomar declaración a cada uno de los detenidos en Totana, Murcia, Madrid y Galicia, después de que se hayan cumplido las 72 horas de detención preventiva que determina la ley.
La operación policial se efectuó el lunes de forma simultánea en las tres provincias, y tiene su origen en una supuesta corrupción urbanística para recalificar unos terrenos rústicos de 2,2 millones de metros en las afueras de la localidad, donde el grupo gallego Nuaria promovía la construcción de cerca de 5.000 viviendas que habrían duplicado la población del municipio, ahora con 25.000 habitantes censados, además de un campo de golf y dos hoteles con 'spa'. Los seis primeros detenidos en la operación están acusados de pago de comisiones ilegales y millonarias durante la pasada legislatura.
El director y propietario del Grupo Nuaria, el abogado y empresario vigués Manuel N.A., fue detenido en Nigrán (Pontevedra) el lunes, al igual que Pablo José M.G., director de Suelo de Inmonuar, agencia integrada en el Grupo citado, y a través de la cual se habrían realizado los sobornos.
Las empresas del Grupo Nuaria
El Grupo Nuaria integra a empresas como Autesa e Inomonuar, dedicadas a la promoción inmobiliaria; Conycase, que gestiona los aparcamientos vigueses de las calles Coruña, Venezuela y de la plaza de Fernando el Católico; Hogartel, dedicada al sector del marketing directo, y Preconiza, centrada en la promoción, venta e instalación de elementos de la construcción.
La investigación corre a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes, además de las detenciones, practicaron once registros, la mayoría en empresas relacionadas con los detenidos y ubicadas en Madrid, Vigo, Murcia, Pontevedra, Las Rozas (Madrid) y Totana. Una sola persona fue arrestada entonces en Totana, el dueño de una empresa de productos avícolas muy conocido en la región, que podría haber actuado de intermediario.
Registro de las dependencias
Efectivos de la Guardia Civil están registrando las dependencias de la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda de Totana (Proinvitosa), ubicada en el polígono industrial de El Saladar, en las afueras de la población.
Este registro se suma a los que la Guardia Civil está llevando a cabo también en el Ayuntamiento y en la concejalía de Urbanismo, cuya sede se encuentra en las proximidades de la Casa Consistorial, de donde han sido desalojados los empleados municipales y cerrado al público.
En la plaza en la que se encuentra el Consistorio y Urbanismo están estacionados cuatro coches de la Guardia Civil y numerosas personas observan, a través de las cristaleras del edificio, cómo los agentes efectúan el registro.
El alcalde, que fue detenido a primeras de esta mañana en su domicilio y trasladado a la sede consistorial, continúa dentro de las dependencias municipales, al igual que la secretaria del Ayuntamiento.
Declaraciones del promotor del proyecto
El empresario Trinitario Casanova, promotor del proyecto de urbanización de La Zerrichera, prestará declaración en los próximos días como imputado en las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 3 de Murcia por un presunto delito de cohecho, informaron fuentes judiciales.
Esta investigación judicial fue abierta hace unos meses a raíz de que el portavoz del PSOE en Águilas, Ramón Román, denunciara que su antiguo compañero de partido y edil del ayuntamiento Pedro Gil le había ofrecido dinero en nombre de Casanova para que apoyara el proyecto de urbanización de La Zerrichera.
Tanto Román como Gil declararon recientemente en estas diligencias, en las que el primero mantuvo el contenido de su denuncia, mientras que Gil, que continúa como concejal en el ayuntamiento aguileño aunque ahora como dirigente del Movimiento Aguileño para la Socialdemocracia, negó esta acusación.
Fuentes judiciales indicaron hoy que la declaración como imputado de Casanova no supone, en principio, ninguna acusación, sino que lo que se pretende es que sus declaraciones las haga en presencia de su abogado, para dotarlas de las máximas garantías.
En el marco de las diligencias que se tramitan en el mismo juzgado por el proyecto de urbanización de La Zerrichera, a mediados de diciembre declararán varios testigos, la mayoría funcionarios de la Comunidad Autónoma, que en algún momento tuvieron alguna participación en la tramitación de este proyecto de urbanización, que incluía la construcción de más de 4.000 viviendas en esta zona de protección medioambiental.
* Expansión - 29/11/2007
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Gallardón conoce desde 2005 los 'puntos negros' de las licencias
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid dispone desde hace años de aplicaciones informáticas que le permiten controlar al detalle qué funcionarios tramitan las licencias, cuánto tiempo tardan, en qué juntas de distrito los retrasos son más largos y cualquier otro detalle que los responsables municipales quieran averiguar sobre el sistema de gestión de las licencias que otorgan. Estas aplicaciones vienen desarrollándose en la administración municipal desde hace muchos años, en algunos casos desde 1991, pero es tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la alcaldía, en 2003, cuando se desarrollan las versiones más modernas y que van entrando en funcionamiento a partir de 2005.
La información que ofrecen estas aplicaciones, por ejemplo, demuestra que algunos distritos tardan el triple que otros en tramitar una licencia. Chamberí, en un extremo, tardaba el pasado mes de junio 449 días en tramitar licencias bajo el sistema "ordinario común", mientras Vicálvaro sólo 157, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Otro dato de interés es que mientras Centro y Chamberí tenían el pasado mes de marzo apenas el 36% y el 38% de los expedientes que tramitan terminados, en la mayoría de los distritos -Moratalaz, Arganzuela, Hortaleza o Barajas, por citar algunos- ese porcentaje alcanzaba el 60%, el 70% o, incluso, el 80%.
Una de estas aplicaciones cuenta incluso con un mecanismo de alerta, llamado "semáforo", que supuestamente avisa, entre otros detalles, de cuando un procedimiento o trámite se prolonga más allá de lo razonable, según desveló un trabajador municipal.
Los resultados de estas aplicaciones, en resumen, ofrecen una clara visión de la situación de las licencias en todo Madrid yseñalan los puntos negros -cuellos de botella, en el argot administrativo municipal- donde el sistema es más ineficaz y tarda más en resolver sus expedientes. Y estos distritos son Centro y Chamberí, precisamente en los que ha estallado la Operación Guateque, en la que hay siete funcionarios acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y en los que trabajaban parte de los imputados.
La posición mantenida por los responsables del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, desde el estallido del caso, ha sido reducirlo a una trama formada por funcionarios corruptos a los que desde los cargos políticos era imposible detectar.
¿Tenían noticia los responsables políticos de esta información, contenida en su propio sistema informático? ¿Les hizo sospechar de algo? ¿Tomaron alguna medida?
Las dos concejales protagonistas del pleno extraordinario celebrado ayer sobre la Operación Guateque, Pilar Martínez, de Urbanismo, y Ana Botella, de Medio Ambiente, no dieron ninguna pista que permita responder a estas preguntas. Se mantuvieron fieles al guión. Si la trama de corrupción "era un secreto a voces, todos estábamos sordos", llegó a decir Martínez.
Este periódico trató de averiguar por la tarde hasta qué punto se sabía en el Ayuntamiento que los problemas de licencias se concentraban en unos pocos puntos de la administración municipal, aquéllos en los que ha estallado la corrupción.
Y se topó con la sorpresa de que dos concejalías se pasaban la pelota, ninguna de ellas queriéndose hacer responsable de unos datos ofrecidos por fuentes del propio Ayuntamiento.
Pilar Martínez negó que en Urbanismo tuvieran noticia de los retrasos acumulados en Centro y Chamberí. "No está entre nuestras competencias ni tenemos los mecanismos de control para saber qué hacen las juntas de distrito", insistió Martínez. "Cualquier dato sobre los tiempos de concesión de licencias en los distritos es responsabilidad de las propias juntas de distrito y, en segundo lugar, de Coordinación Territorial. Nosotros no los tenemos", repitió Martínez.
Un responsable de la Concejalía de Coordinación Territorial explicó al detalle uno de los sistemas informáticos (Sigsa) y la gran cantidad de información que de él se puede obtener. Pero sobre los datos que EL PAÍS quería contrastar, Coordinación Territorial le devolvió la pelota a Urbanismo. "Estos datos salen del sistema aplicado por Urbanismo en los últimos años. Nuestro sistema no los presenta de esta manera", aseguró este responsable. Ningún portavoz del Ayuntamiento logró casar estas dos versiones enfrentadas.
La propia Martínez confirmó que en 2003, tras llegar a la concejalía, adoptó varias medidas para modernizar la gestión de su departamento y la concesión de las licencias en Urbanismo. Una de estas medidas fue sacar un concurso, ganado por una consultora, para diseñar y aplicar un nuevo sistema de gestión de las licencias de Urbanismo los criterios de calidad certificados internacionalmente.
Grandes diferencias
Pero este sistema, según Urbanismo, se limitaba al trámite de sus propias licencias y no a las de las juntas de distrito, sobre las que dijo desconocer cualquier detalle. La versión de Coordinación territorial, en cambio, es que es el nuevo sistema de gestión aplicado por Urbanismo el que ofrecía los datos segmentados por distritos y el que pone de manifiesto las grandes diferencias entre ellos.
El problema de los puntos negros, según responsables municipales, se vio agravado por la política de personal. "Si en una junta se tramitaban 1.000 licencias y en la otra 5.000, por ejemplo, el número de funcionarios no era proporcional. Desde el Ayuntamiento no se evitó que unos pocos funcionarios acabaran tramitando muchas licencias, facilitando el hecho de que se acumularan retrasos que facilitaban que surgiesen prácticas ilícitas", admitió un responsable. Otro factor que ha contribuido a enquistar el problema ha sido la "falta de rotación de los funcionarios, una política sencilla y que evita que alguien acabe conociendo tanto el sistema que surjan complicidades indeseadas".
* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Madrid - 29/11/2007
Foto: Madrid, nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
Barcelona: Los vecinos de las Glòries denuncian la paralización del plan de reforma
ELPERIÓDICO* : Aunque la macrorreforma de la plaza de las Glòries y su entorno hay que interpretarla en clave de previsiones a largo plazo (la conclusión no se vivirá, como mínimo, hasta el 2013), el inicio de la ejecución del plan municipal, aprobado el pasado marzo, tiene a los vecinos con la mosca detrás de la oreja. Las cuatro asociaciones que los representan (Fort Pienc, Sagrada Família, Clot-Camp de l'Arpa y Poblenou) denunciaron ayer el incumplimiento de los compromisos municipales pactados para este año y la paralización del plan.
Una afirmación que, literalmente, era irrebatible hasta anoche, ya que el documento aprobado hace ocho meses con el voto a favor de cuatro de los cinco grupos municipales (el PP se abstuvo) no ha recibido aún el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. Un trámite imprescindible para poner en marcha el proyecto que, según anunció el concejal del distrito de Sant Martí, Francesc Narváez, se vivirá finalmente en diciembre.
DESVÍOS DE SERVICIOS
Narváez, que participó en un debate convocado por los vecinos para protestar por el retraso de las obras, justificó la situación actual en el retraso de la aprobación. A pesar de ello, dijo que el equipo de gobierno "no ha perdido el tiempo" y ha realizado diferentes "desvíos de servicios imprescindibles para empezar a trabajar, como el del colector que pasa por debajo de la calle de Escultors Claperós.
Estas palabras no tranquilizaron demasiado a los vecinos, que le recordaron que temas que ya debían estar solucionados siguen en el aire. Uno de ellos es el del traslado de los vehículos del depósito municipal que hay en el interior del anillo viario de la plaza. Este paso, anunciado para el pasado enero, se ha ido aplazando a pesar de que el párking donde irán los coches, ubicado a unos metros de distancia, bajo el futuro edificio Ona, ya está acabado.
De ese traslado depende el calendario de derribo parcial del anillo viario que, según acordó el ayuntamiento con los vecinos en un convenio firmado también en marzo, ha de ejecutarse el año que viene. Otro compromiso incluido en ese acuerdo, bautizado como Compromiso para Glòries, era el de solucionar el futuro del mercado de los Encants.
Ya es seguro que irá a un solar ubicado entre la plaza y el Teatre Nacional de Catalunya, conocido como El Bosquet. Sin embargo, y tal y como avanzó este diario el pasado día 14, no está decidido aún el proyecto arquitectónico. Tras presentar una propuesta a los paradistas en abril, que ellos daban por buena y apoyaba el Instituto Municipal de Mercados, esta ha quedado ahora aparcada a la espera de que se convoque un concurso internacional.
PLAN DE MOVILIDAD
Tampoco se ha puesto en marcha el plan urgente de mejora de la movilidad en la zona, mediante la potenciación de las líneas de bus que operan en los barrios afectados. Los portavoces vecinales denunciaron que desde junio no han tenido ninguna reunión de seguimiento con el ayuntamiento que les ha convocado ahora para una cita el 11 de diciembre.
* El Periódico - ALBERT OLLÉS / XABIER BARRENA - 28/11/2007
Foto: El anillo de las Glòries (a la izquierda), y la Torre Agbar, junto a almacenes que esperan su derribo / RICARD CUGAT (elperiodico.com)
Imputados los tres ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
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CANARIAS7* : La juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, Inmaculada Verona Rodríguez, ha comunicado hoy que los tres ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana José Juan Santana Quintana, Marco Aurelio Pérez Sánchez y Concepción Narváez Vega están imputados de los delitos de Prevaricación administrativa y Contra la ordenación del territorio. Así mismo, Juan Viera Pestana, también ha sido imputado como cooperador necesario de los mencionados anteriormente.
El ex alcalde de San Bartolomé de Tirajana permaneció la mañana de este viernes durante dos horas y media ante la juez para declarar por un presunto delito de corrupción urbanística por el que ha sido imputado junto con otros dos ex alcaldes. Además, Santana argumentó que las resoluciones judiciales surgieron cuando él ya no estaba legislando.
José Juan Santana, ex alcalde de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana, defendió a la salida de los juzgados del municipio que durante su mandato “el Ayuntamiento se dedicó a cumplir un convenio urbanístico” que afectaba a las parcelas T6 y T1 de El Tablero.
Santana manifestó, tras prestar declaración durante dos horas y media ante la juez Inmaculada Verona Rodríguez en Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que por los informes jurídicos se aprecia que el proceso en el que se cuestiona la propiedad de los terrenos surge entre 2001 y 2003,una fecha en la que ya él estuvo pocos meses en el Ayuntamiento.
“Fue mucho después cuando surgieron las resoluciones judiciales”, aseveró. Añadió que “hasta ese momento, el Ayuntamiento estaba convencido de que estaba ante un convenio urbanístico y no había sido denunciado por nadie. Es más, los que firmaron ese convenio disfrutaban de lo convenido y por tanto, el Ayuntamiento, también de las contraprestaciones recibidas”.
Por su parte, Marco Aurelio Pérez, ex alcalde ‘popular’ del municipio, estuvo sólo durante media hora declarando y se presentó ante la juez con un voluminoso paquete de documentos para acreditar su inocencia.
En torno a las 15.00 horas, Pérez abandonó las dependencias judiciales y se negó a hacer declaraciones sobre las respuestas que proporcionó a los seis letrados que asistieron a la comparecencia, que no fue interrumpida una vez que se cerraron al público las puertas del edificio.
La tercera en declarar fue Concepción Narváez, ex edil socialista, que al cierre de esta noticia continúa declarado ante la juez Verona.
IMPUTADOS
Los tres imputados acudieron a los Juzgados de San Bartolomé poco antes de las 10.00 horas, en primer lugar Santana y Narváez y poco después Pérez. A los tres se les imputa un delito de prevaricación urbanística por haber permitido, mientras estaban en el gobierno municipal la construcción de viviendas de protección oficial en un terreno particular sin la autorización de la familia Viera Pestana, propietaria de los mismos.
Los terrenos corresponden a las parcelas T6 y T1, ubicadas entre el campo de fútbol y el colegio Aguañac, situadas en el barrio del Tablero, en el municipio sureño.
Al parecer, en el marco de esta investigación también se encuentra un litigio entre la propia familia pues varios de sus componentes han denunciado a la persona que tenía poderes para firmar la venta de los terrenos. Es por ello que uno de los integrantes de la familia ha tenido que acudir hoy también a declarar en calidad de imputado.
Discuten mediante cruces de querellas que la rúbrica del apoderado es falsa y que por tanto no los representa, una denuncia que fue presentada en el año 2002, según ha podido conocer ACN Press.
El conflicto entre las seis familias y los más de 200 herederos de Viera Pestana se remonta al año 95 cuando se aprueba el convenio para urbanizar El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana.
* Canarias 7 - ACN Press - 28/11/2007
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - radiobardino.com
La Audiencia decide que haya 64 juicios por el caso Andratx
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DIARIODEMALLORCA* : La sección segunda de la Audiencia de Palma ha establecido en un auto que las 64 piezas separadas del llamado caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad y desvelada hace un año, se enjuicien de una en una, como postulaban la fiscalía anticorrupción y los acusadores particulares Josep de Luis y Miquel Borrás.
El tribunal respalda la instrucción del complejo caso de presunta corrupción urbanística llevada a cabo por el juez Álvaro Latorre desde agosto del año pasado y admite que hubiera sido "absolutamente impracticable" celebrar una única vista oral para las decenas de acusados en las 64 piezas separadas.
Las defensas de los principales implicados en el sumario -el ex alcalde por el Partido Popular (PP) Eugenio Hidalgo, representado por Rafael y Salvador Perera; el suspendido celador municipal de obras, Jaime Gibert, asesorado por Juan Luis Matas; y el antiguo director general de Ordenación del Territorio del Govern del PP y factotum durante años del urbanismo municipal, Jaume Massot, representado por el bufete Capellá, recurrieron ante la Audiencia por la fragmentación del caso.
No ven delitos continuados
Los recurrentes, entre otros argumentos en contra de la celebración de vistas independientes, alegaron que el sistema de piezas separadas les estaba causando indefensión. Sin embargo, la Audiencia no ha apreciado que la instrucción del juez Latorre haya causado indefensión a las partes, que han podido proponer cuantas diligencias y actuaciones han estimado adecuadas para sus tesis exculpatorias.
Los recurrentes, por otro lado, se quejaron de que los juicios separados pueden conllevar penas superiores para los principales acusados que las derivadas de una única causa donde los hechos se podrían agrupar como delitos continuados.
Sin embargo, la Audiencia rechaza dicha tesis y no ven mucho fundamento a la aplicación en el caso Andratx de la figura del delito continuado.
"Cada pieza separada trae causa de la posible comisión de un delito urbanístico alrededor del cual giran otras supuestas figuras legales(...) (y) lo cierto es que no se advierte por este tribunal en qué podía consistir la continuidad delictiva pretendida por las partes", señalan los magistrados.
Según la Audiencia, la división del sumario en piezas para su investigación y enjuiciamiento independiente tiene su pleno apoyo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El método escogido por el juez y las acusaciones, y ratificado ahora, permitirá, en opinión de la sala segunda, agilizar la causa y dará pie a una mejor defensa para los imputados, pues sabrán de forma más concreta qué cargos pesan sobre ellos.
Los magistrados admiten en su resolución que la celebración de un único macroproceso para los 64 expedientes urbanísticos del caso Andratx hubiera sido inviable.
La decisión de la Audiencia era algo esperado en medios jurídicos próximos al caso. Otras fuentes han comentado que la Justicia insular no está preparada para celebrar una vista oral con decenas, o incluso centenares, de partes.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - PALMA - 29 de noviembre de 2007
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
Detenido el alcalde de Totana por presunta corrupción urbanística
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ELPAÍS/Murcia* : La Guardia Civil ha detenido al actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, al actual jefe de la Policía Local y a la secretaria municipal por la presunta trama de corrupción que ha puesto al descubierto la Operación Totem en dicho consistorio. En las próximas horas es posible que se detenga a otro empresario relacionado con la trama. La Guardia Civil, previo desalojo de los empleados del Ayuntamiento de Totana, están realizando en estos momentos registros en las dependencias del consistorio.
Pocos antes, los seis primermos detenidos en Murcia por la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento de Totana han pasado a disposición judicial poco antes de las ocho de la mañana.
El ex alcalde ? actualmente diputado regional por el Partido Popular - es el principal sospechoso de la presunta trama de corrupción que ha sacado a la luz la Operación Totem que va por seis detenidos por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para recalificar más de 2,2 millones de metros cuadrados rústicos para construir 5.040 viviendas.
Entre los seis primeros detenidos se encuentran la ex mujer del ex alcalde de Totana, Juan Morales, y su actual pareja. En el registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer de Juan Morales e imputada en el caso, los agentes encontraron numerosos documentos oficiales del Ayuntamiento de Totana, que según fuentes de la investigación no deberían estar en poder de una particular.
También se encontró documentación oficial del Ayuntamiento de Totana en la asesoría de Jordán. Preguntada por los agentes, la ex mujer de Morales aseguró que ella era una simple secretaria de la empresa, y que era realmente su marido, Juan Morales, quien dirigía a los empleados.
Fuentes de la investigación aseguran que los agentes interceptaron un maletín en poder del abogado personal de Morales, Javier Cegarra, con documentación importante para la investigación. El letrado colaboró, a través de su empresa, en la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Totana, en los años en los que Morales estuvo al frente del Ayuntamiento (2003-2007).
El actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), rescindió el contrato del Ayuntamiento con la empresa de Cegarra, que ejercía labores de consultoría en el área de Urbanismo por 1.800 euros al mes. Preguntado por EL PAÍS, el abogado de Morales aseguró: "Lo que puedo asegurar es que ya no soy el letrado de este señor, Juan Morales, porque he renunciado a defenderle. No quiero saber nada de él, porque bastante me ha perjudicado. Pero quiero que tengan en cuenta que en el bufete Cegarra no tenemos nada que ver con ningún tipo de delito".
Fuentes de la investigación no descartan nuevas detenciones en las próximas horas en otros municipios murcianos.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 29/11/2007
Foto: Totana (Murcia), operación contra corrupción - laverdad.es
Más del 60% del suelo no edificado en España está en manos de particulares
20MINUTOS* : Más de 29 millones de hectáreas, representativas del 61% del suelo no edificado español, tanto urbano como rural, está concentrado en manos de particulares. Así lo indica el último Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España, presentado en Madrid por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, en el que también se indica que las personas físicas gestionan 193.077 hectáreas de suelo urbano no edificado, el 42,1% del total, porcentaje que asciende al 61% en el caso del rústico -47,4 millones de hectáreas-.
El estudio detalla que en 2006 la mayor concentración proporcional de la propiedad de suelo en manos de individuos se da en el noroeste peninsular, de forma que personas físicas del área urbana de Vigo-Pontevedra poseen un 60% del suelo urbano, mientras que en el área central de Asturias tienen un 80% del rústico.
Asimismo, destaca que en las zonas urbanas de Madrid, donde las administraciones públicas son titulares de la mayoría de la superficie edificable, diez empresas acumulan 23 millones de m² y uno de ellos es titular de 166 parcelas de suelo urbano que ocupan casi 6 millones de m².
Nos gusta la ciudad
Durante el acto, la ministra también señaló que cuatro de cada cinco españoles viven en ciudades, y sin embargo sólo son urbanos 1.054 municipios -una octava parte del total-, que ocupan una superficie de unos 100.000 kilómetros cuadrados y sobre los que se levantan más de 16 millones de viviendas.
El 13% de los municipios españoles ocupa el 20% de la superficie total del país y concentra a más del 80% de la población y del parque de viviendas principales.
En cuanto a las viviendas existentes en España en 2001, el informe destaca la elevada proporción de viviendas secundarias (16%) y vacías (14,8%) sobre el conjunto de inmuebles familiares.
* 20 Minutos - 28.11.2007
Viñeta de Máximo - 250707 - ELPAIS.com
Piden cuatro años de cárcel para el ex alcalde de Cervelló (Barcelona)
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EUROPAPRESS* : La Fiscalía pide cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para el ex alcalde de Cervelló (Barcelona) Josep Lluís Morant (CiU) por presuntamente aprobar por su cuenta un proyecto de compensación urbanística en un área del sector "Can Esteve", ignorando el rechazo acordado en 1995 por la mayoría del pleno municipal.
En la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona se juzgó hoy al ex alcalde por los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación administrativa, por los que tanto la acusación particular --ejercida por el Ayuntamiento de Cervelló-- como la Fiscalía le piden también el pago de una multa de 4.320 euros.
Los hechos se remontan al 16 de enero de 1995, cuando ocho de 13 concejales votaron en contra del proyecto de compensación urbanística durante el pleno municipal. El alcalde supuestamente hizo "caso omiso" del acuerdo y dictó un decreto que aprobaba el proyecto de forma definitiva, actuación por la que el consistorio interpuso una querella en 2002.
Según las acusaciones, Josep Lluís Morant dictó el decreto alegando que se había producido un silencio administrativo positivo, ya que en tres meses no había quedado resuelto el proyecto por parte del pleno, faltando así "conscientemente a la verdad".
En dicho decreto, también se acordaba que el secretario del Ayuntamiento de Cervelló expidiese la certificación para aprobar el proyecto de urbanización del sector de "Can Esteve", propuesto por la empresa Firmes y Hormigones, que luego fue aprobada por la Comisión de Urbanismo de Barcelona de la Generalitat. Finalmente se le concedió la licencia para la ejecución de las obras.
Durante su declaración, el ex alcalde justificó su actuación alegando desconocía el marco legal, y aseguró que siguió las instrucciones del secretario, quien le advirtió de que si no dictaba el decreto la empresa Firmes y Hormigones podía demandarle.
Asimismo, según Morant, el secretario le aseguró que el proyecto no había sido rechazado por el pleno municipal, sino que "no se había llegado a un acuerdo", por lo que se debía presentar una nueva propuesta. Si ésta no se planteaba en los tres meses siguientes, podía considerarse la existencia de silencio administrativo positivo.
Por su parte, el ex secretario, Enric G.G., aseguró durante su declaración como testigo que se limitó a hacer su trabajo y que interpretó que no se había llegado a un acuerdo en el pleno, en vez de que se había rechazado, por lo que los concejales hubieran tenido la obligación de presentar una nueva moción para rechazarlo.
En este punto, el tribunal consideró que se podía deducir testimonio de las declaraciones del ex alcalde y del ex secretario, ya que éste también podía haber incurrido en delito. Por ello, para evitar la nulidad del juicio, la Sala permitió a Enric G.G. que no respondiera a las preguntas que le pudieran perjudicar, pese a que declaraba en calidad de testigo.
La defensa de Josep Lluís Morant, por su parte, pidió la absolución del ex alcalde y, en caso de que la Sala decida dictar una sentencia condenatoria, solicitó que tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos han tardado siete años en llegar a juicio.
* Diario Siglo XXI - 28 de noviembre de 2007
Foto: Cervelló (Barcelona) - esquerra.cat
Reclaman más eficacia a la fiscalía de medio ambiente y urbanismo de Madrid
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El pasado mes de septiembre el Fiscal General del Estado nombró como Fiscal Delegado de Medio Ambiente, en Madrid, a Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez. Por ello, diferentes colectivos ecologistas y vecinales [1], entre ellos Ecologistas en Acción, han enviado una carta al fiscal dándole la bienvenida. Los colectivos, al mismo tiempo, reclaman mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia ambiental y urbanística en la Comunidad de Madrid.
Ecologistas en Acción y el resto de colectivos consideran que en los últimos años se ha incrementado el número de actuaciones contrarias a la legalidad urbanística y ambiental en la Región. Por ello, el número de denuncias interpuestas también ha sido mayor. A esta situación contribuye, según ecologistas y grupos vecinales, los escasos medios e interés que las diferentes administraciones competentes ponen al servicio de la inspección y control de las actuaciones que se desarrollan en el medio natural. Incluso, en numerosas ocasiones, son las administraciones locales, autonómicas e incluso estatales las que se ven involucrados o favorecen actuaciones delictivas.
En este contexto consideran esencial la labor de las Fiscalías de Medio Ambiente. El trabajo de esta institución se ha demostrado esencial en la persecución y esclarecimiento de actuaciones delictivas en diversas Comunidades Autónomas. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid la falta de medios y personal ha mermado la eficacia de la fiscalía.
Ecologistas en Acción y el resto de colectivos confían y desean que la nueva composición de las secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías Territoriales, establecida por una Instrucción aprobada, en abril de 2007 -por el Fiscal General del Estado a propuesta del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher- contribuya a mejorar la situación en Madrid. Según esta Instrucción, las Secciones de Medio Ambiente deben estar integradas por un Fiscal Delegado y Fiscales Adscritos (con ámbitos territoriales concretos). Además se podrá contar con subsecciones dentro de la sección de medioambiente para atender separadamente distintas materias, como pueden ser los delitos de incendios forestales o delitos contra la ordenación del territorio. En Madrid, de momento no se tiene constancia del nombramiento de estos últimos, pero ya se ha solicitado la información al nuevo Fiscal Delegado.
[1] Los colectivos que se han dirigido al Fiscal de Medio Ambiente son: Ecologistas en Acción de Madrid, Ecologistas en Acción de Aranjuez, Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, ARDEA-Ecologistas en Acción de la Sierra de Ayllón, Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible, Collado Mediano y Sostenible, ALANA (Asociación Vecinal de Los Arroyos y Navalquejigo-El Escorial)
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid 28 de noviembre
Foto: Madrid - ecologistasenaccion.org
Barcelona: 500 personas participan en el cabaret de la Makabra
LIBERINFO* : Desde las 15 horas del domingo el colectivo de la Makabra ofrecía talleres de circo a todo aquel que se acercara, inaugurando así la jornada circo-activa itinerante de Poble Nou. En la plaza situada frente al centro cívico Can Felipa los artistas han comenzado el día invitando a todo el mundo a participar, reivindicando así activamente la calle como espacio de creación y formación artística. A las 17 ha dado comienzo el pasacalles, el cual ha tenido un recorrido por los símbolos emblemáticos de la especulación en el barrio de Poble Nou.
Primero se ha dado la bienvenida a la nueva casa okupada La Teixidora, de ahí se ha ido de manera festiva hasta el antiguo recinto fabril de Can Ricart, okupado durante 13 días por la Makabra el diciembre pasado. Y en el cual ya se han efectuado derribos, destruyendo así, con el beneplácito del Ayuntamiento y la Generalitat, parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad.
De ahí se ha llegado hasta la torre Agbar, edificio parcialmente vacío, en el cual se ha realizado la acción simbólica de dinamitación, mostrando así el rechazo a un edificio-emblema de la especualción en la ciudad de Barcelona.
La última parada ha sido el solar en el que estaba ubicada el CSOA Makabra, espacio de creación artística libre, desalojado ahora hace un año. Aquí se ha pintado un mural antiespeculación, se han proyectado fotos recordando todas las actividades y espacios que albergaba la Makabra (skate-park, sala de ensayos, sala de danza, teatro, gimansio de circo...), en el mismo lugar donde ahora se encuentra un solar afectado por el plan 22@.
Finalmente la manifestación ha llegado a la plaza de Can Felipa, donde desde las 20:15 se está llevando a cabo un cabaret con actuaciones diversas de gran altura, ya que la cultura libre es la forma de creación artística en la que la experimentación y la calidad no tienen límites.
También se ha presentado el segundo número de la revista Abramakabra
Con esta jornada circo-activa itinerante la Makabra denuncia:
1. La falta de espacios de creación libres.
2. El abuso de la especulación y la destrucción de los barrios
3. La persecución de los artistas de calle, a pesar de que la marca Barcelona se ha nutrido de ellos durante años.
4. La destrucción del patrimonio histórico de la ciudad, como Can Ricart.
¡No aCABARETmos nunca!
más información: lamakabra.org
* Kaos en la Red - Liberinfo - 26.11.2007
Foto: Barcelona, cartel La Makabra - lamakabra.org
