ELIDEAL/A Coruña* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga una supuesta trama urbanística el en municipio abegondés. El viernes remitió un requerimiento al Ayuntamiento de Abegondo donde solicita copias de licencias otorgadas entre 1999 y 2003. El tripartito abegondés, encabezado por el alcalde Rocha Carro, compareció ayer públicamente para informar del requerimiento de la fiscalía y explicar la postura del actual gobierno municipal respecto a la supuesta trama urbanística que, a raíz de las denuncias de un vecino de la localidad ante Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Abegondo, investiga ahora el alto tribunal gallego.
Rocha señaló que el consistorio recibió el pasado viernes un requerimiento del TSXG donde se solicita "unha serie de copias de licencias outorgadas no mandato 1999-2003", todas ellas referidas a las citadas denuncias. Así, con la seguridad de que "este goberno non ten nada que agochar" y el compromiso de "colaborar coa administración de xustiza", APdeA, BNG y PSdeG-PSOE eligieron la tarde de ayer para reiterar la escenificación de la unión tripartita y ofrecer "una mostra clara e contundente de transparencia".
El regidor local indicó que todos los expedientes advertidos por la fiscalía "coinciden no tempo inmediatamente anterior á entrada en vigor da Lei do Solo de Galicia, o 1 de xaneiro de 2003". La encomienda del Ayuntamiento de Abegondo pasa ahora por remitir la documentación requerida antes de diez días, por lo que el mismo día de la recepción, convocados por el alcalde y el concejal Manuel Eladio Fernández, técnicos del área de urbanismo y personal municipal se reunieron con el objetivo de definir las líneas de actuación sobre esta asunto, al que el equipo de gobierno ha resuelto dar la máxima prioridad.
Responsabilidad > Para Rocha Carro la actuación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pone de manifiesto "unha realidade que en Abegondo xa se viña percibindo durante os últimos meses". El primer edil, quien acusó directamente a Santiso Miramontes del "galimatías" que, hoy por hoy, padecen vecinos y propietarios, aprovechó su exposición para dejar claro no se siente orgulloso de su pertenencia al equipo de colaboradores del ex conselleiro, si bien reconoció que, como integrante del gobierno municipal entre los años 1999 y 2003, también él puede ser investigado: "Será a xustiza a que dirima o grado de responsabilidade", manifestó.
En su intervención de ayer, Juan José Rocha Carro, flanqueado a derecha e izquierda, por los concejales Ínsua López, Iglesias González-Villamil, Fernández Vázquez y Santiago Soto, reprochó la "falta de rigor" de José Antonio Santiso Miramontes, así como la decisión de quien fuera titular de la Consellería de Política Agroalimentaria a Desenvolmento Rural, de guardar silencio respecto a las acusaciones sobre posibles irregularidades urbanísticas durante su último mandato.
* El Ideal Gallego - LUCíA TENREIRO - 14 de Noviembre de 2007
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
La Fiscalía de Galicia investiga una supuesta trama urbanística en Abegondo
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14.11.07
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Tema: NOTICIAS Galicia
Alicante: El aluvión de abusos urbanísticos obliga a pedir un juez de apoyo
LAVERDAD* : La Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo acordó por unanimidad en su última reunión, celebrada el pasado día 5, solicitar el nombramiento de un juez de apoyo para el juzgado número 3 debido al aluvión de recursos contra abusos urbanísticos municipales que está recibiendo. Además, aprobó instar al TSJ a que realice «las gestiones oportunas encaminadas a hacer posible que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 entre en funcionamiento con la mayor brevedad, dado el colapso que sufre dicho orden jurisdiccional».
De la misma manera, según se recoge en el acta de la junta, a este órgano se le debería asignar, «como materia exclusiva, la mitad de los asuntos de urbanismo», en tanto que la mitad restante seguiría bajo jurisdicción del juzgado número 3.
El presidente de la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent, vincula directamente este incremento de recursos contra las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos a las dos leyes autonómicas que ha tenido la Comunidad Valenciana, primero la LRAU y después la LUV.
«Con la nueva ley continuamos con la misma situación, pero los ciudadanos están más concienciados en lo que concierne a sus intereses, sus derechos de propiedad y sobre el medio ambiente», opinó ayer en declaraciones a este diario.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, Ricardo Estévez, cree que el juez de refuerzo, cuyo trabajo reclama como mínimo para tres meses, es «una solución meramente coyuntural», aunque reconoce que contribuirá a eliminar el actual colapso, en concreto «105 asuntos pendientes únicamente de dictar sentencia».
Según explica en el informe con que concurrió a la junta, «dado el elevado número de asuntos ordinarios que tramita el juzgado, es previsible que que esa pendencia continúe incrementándose paulatinamente».
Este juzgado ha tramitado un millar de demandas contra decisiones urbanísticas respecto del total de 2.604 asuntos que ha registrado en menos de dos años.
En el último semestre, el módulo de trabajo de este órgano ha superado el 155% de lo estipulado para su jurisdicción.
* La Verdad - 13.11.07 - M. C. S.
Foto: Obras del campo de golf de El Plantío, en Alicante, que han sido objeto de enfrentamientos políticos y recursos judiciales, en una imagen de archivo/ R. MILÁN (La Verdad)
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13.11.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El alcalde de Alhaurín no ha justificado la procedencia de 155.000 euros
LAOPINIÓNMÁLAGA* : La Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco - Costa del Sol) asegura en un informe que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su mujer, María Teresa Santos Reyes, no han podido justificar la procedencia de diversas sumas que en total suponen una cantidad de casi 155.000 euros. El informe, que se encuentra inmerso en la parte sobre la que ya no pesa el sigilo procesal, señala que "Juan Martín Serón viene realizando en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo".
Asimismo, apunta que la inexistencia de adeudos en una cuenta del BBVA para el sostenimiento de los gastos normales de la familia -gastos de bolsillo- pone de manifiesto que "éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de de fuentes de renta de origen desconocido".
Pero no queda ahí la cosa. Los investigadores destacan además que, del mismo modo, en cuentas cuya titularidad atribuyen a María Teresa Santos Reyes, para 2006 y en sólo seis ingresos de origen desconocido, "se acumula un total de efectivo de 33.832 euros, presumiendo que dichos ingresos, y a falta de más información, son realizados por María Teresa como titular de las cuentas que es".
Otro hecho destacable es que los miembros de la Udyco califican la asesoría fiscal Martín y Santos, que regenta la esposa del regidor alhaurino, como mercantil "inactiva". Así, los investigadores afirman que ambos utilizan esta sociedad "como pantalla y a los presuntos fines de ocultación para colocar asimismo efectivo metálico -36.000 y 35. 000 euros-, también de origen desconocido".
A juicio policial, "se abusa del velo societario y se realizan actos mercantiles al objeto de ocultar el origen de las cantidades en efectivo. Se da la circunstancia de que, una vez colocados, se integran en productos financieros bajo la forma de depósitos a plazo".
Según los investigadores, ha quedado indiciariamente acreditado que "la generación de cantidades en efectivo que en diversas ocasiones tenían como destino inicial las cuentas de la mercantil Conextran SL, vinculada al matrimonio Martín-Santos, y especialmente con María Teresa Santos Reyes, esposa del alcalde, Juan Martín Serón".
En este sentido, la policía recuerda que en registro efectuado en el domicilio del matrimonio el pasado mes de enero se hallaron 69.000 euros, "una importante cantidad de efectivo respecto de la cual no se ha podido determinar su procedencia real, a pesar de los justificantes aportados en este procedimiento por María Teresa y que fueron totalmente desacreditados por informe de esta unidad policial".
Justificación. El alcalde popular aseguró en su día que parte de ese dinero pertenece a la asesoría fiscal de su mujer y el resto era para acudir a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
Los fondos de origen oculto, según el estudio de la Udyco, se inyectan después en el circuito financiero a través de su inversión en productos financieros, lo que a juicio de los investigadores vincula a los investigados "con el desarrollo de una operativa sugestiva de encuadrarse dentro de presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito". Hasta ahora, sobre el alcalde de Alhaurín el Grande sólo pesaban las imputaciones por supuestos delitos prevaricación y cohecho.
Conextran, intermediaria de los pagos ilícitos
Las investigaciones policiales apuntan que la constructora Conextran podría haber sido intermediaria de los pagos ilícitos de empresarios al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a cambio de licencias urbanísticas.
Según un informe de la Udyco, la contabilidad de dicha sociedad la llevaría la esposa del alcalde, a través de su despacho profesional Santos Reyes. La Policía cree que existía un vínculo entre la mercantil y el Consistorio, a través de la asesoría, donde también trabaja la mujer del administrador de Conextran, M. M. M., imputado por cohecho y blanqueo de capitales.
En el informe se mencionan presuntos pagos de 78.000, 85.000 ó 30. 560 euros a nombre del administrador de la constructora.
Por otro lado, la Udyco mantiene que en la contabilidad de la empresa Conextran existían diferencias entre las magnitudes declaradas y las percibidas, por lo que "las situaciones pudieran ser susceptibles de encuadrarse en una efectiva forma de pago de cobro ilícitos presuntamente cometidos" por empresarios.
El fiscal Anticorrupción sostiene que la constructora actuaba presuntamente como sociedad instrumental para canalizar los pagos y que su administrador "se prestó para ocultar el producto económico obtenido, con el fin de encubrir a sus destinatarios finales, que no eran otros que las autoridades del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande".
El administrador dijo que las obras que realizaba eran por concurso público.
* La Opinión de Málaga - J. A. S. / R. R. / A. G. - 13 de noviembre de 2007
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE
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13.11.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Salamanca: Los Verdes elevan la trama urbanística hasta Anticorrupción
TRIBUNASALAMANCA* : Los Verdes siguen avivando la llama del enfrentamiento abierto contra el equipo de Gobierno municipal en materia urbanística y otras cuestiones vinculadas a la actualidad, como la subida de impuestos y tasas. En la dinámica de interposición de recursos, el coordinador del colectivo ecologista, Ángel Gamazo, anunció ayer la intención de presentar tres: contra el sistema instaurado de transferencias de aprovechamiento urbanístico, contra el proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de Los Bandos y contra la reciente subida de tributos municipales.
Entre las medidas a emprender, una advertencia. “En un plazo muy breve de tiempo se van a revisar todas las licencias concedidas a los edificios afectados por transferencias”. ¿Cuál es la consecuencia? Gamazo advertía que estos edificios pasan a ser “ilegales“, condición que generará “problemas” para sus propietarios al permitir los constructores el acceso a las viviendas sin la correspondiente licencia de primera ocupación –una vez finalizada la construcción–, “infracción continuada y que es objeto de un expediente sancionador”, argumentaba el jurista de Los Verdes, Manuel Serrano, señalando a los constructores (al actuar a sabiendas de esta ilegalidad), al igual que a todas aquellas empresas que prestan servicios.
Para paliar esta consecuencia, Los Verdes han iniciado contactos con los agentes sociales “que han intervenido y que están afectados”, en defensa de los inquilinos y para que los ciudadanos “no vean perjudicado su patrimonio de suelo”. En este sentido, el colectivo ecologista presentará un informe detallado a la fiscalía anticorrupción con la identidad de los constructores que han infringido el sistema de transferencias urbanísticas implantado desde 1984 y ya extinguido.
Mientras, Los Verdes encuentran en la aprobación del proyecto de construcción del aparcamiento de Los Bandos otro motivo para interponer un recurso ante el juzgado de los contencioso-administrativo por considerar ilegal “el cambio de calificación del espacio que ocupaba la plaza. Antes eran zonas verdes y ahora se contempla como un vial, una calle. Hay que decir que el Ayuntamiento tiene potestad para ejecutar algunos cambios, pero éste responde a un capricho del alcalde”, indicaba Gamazo.
El último caso de esta batería de recursos se ciñe al incremento de las tasas e impuestos, que en cuanto entren en vigor el próximo enero activarán la iniciativa del colectivo de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por considerar que “no son justos”. Entiende Gamazo que los tributos son necesarios en una sociedad democrática pero que “se han producido barbaridades con personas con menos capacidad”.
* Tribuna de Salamanca - 10 de noviembre de 2007
Foto: Salamanca, plaza Los Bandos - salamancablog.com
Enlace relacionado: Plataforma ciudadana "Los Bandos sin aparcamiento"
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Califican de farsa las nuevas medidas de protección para el Parque Natural Cabo de Gata
SALVEMOS MOJÁCAR/ Almería* : Según se ha publicado hoy en diversos medios "el nuevo PORN desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico, donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable y lo sitúa bajo el grado de protección 'C3' como «núcleo habitado existente o zona transformada». Además, eleva a la categoría de zonas de «regulación» las fincas privadas de la Fabriquilla y Marina de Agua Amarga (Níjar) donde se proyecta la construcción de dos urbanizaciones de 15 y 48 hectáreas.
Las tres eran zonas urbanizables y con el grado de protección que se les concede ahora -mayor- se concede una herramienta al Ayuntamiento de Níjar para que a la hora de elaborar el Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU- pueda frenar el desarrollo de estos parajes."
Si esto es así, y le conceden al Algarrobico protección C3, es totalmente falso que le den mayor proteccion al paraje: significa claramente que LE QUITAN PROTECCIÓN, ya que hasta ahora tenía un grado de protección mayor, C2 y actualmente es suelo no urbanizable, una de las principales razones por las que Salvemos Mojácar exige en su recurso la demolición del hotel.
Convertir el paraje en núcleo habitado existente significa ni más ni menos legalizar definitivament el hotel y las construcciones previstas a su alrededor. Lo mismo se aplica a los casos de La Fabriquilla y Maria de Aguamarga.
Decir que "se le da al ayuntamiento de Nijar una herramienta para que pueda frenar el desarrollo de estos parajes" cuando es el ayuntamiento el primero que ha amparado toda la estrategia de recalificación de suelos y era -al menos en la anterior legislatura- uno de los principales interesados en que se urbanizaran, es una farsa intolerable. No puede anunciarse una actuación de protección del territorio cuando realmente se lo está desprotegiendo. Se trata de una confusión informativa gravísima destinada a confundir a la opinión pública.
Las asociaciones ciudadanas consideramos intolerables y gravísimas las tomaduras de pelo de la Consejería de medio ambiente, que ya nos tiene acostumbrados a anuncios de falsas actuaciones que nunca se realizan y a lavados de imagen pública que solo consiguen enmascarar ante la sociedad sus actuaciones en favor del ladrillo.
Exigimos que se aplique la legalidad, llevando a cabo al demolición inmediata del hotel del Algarrobico, y, si realmente quieren proteger el territorio, que se eleve la protección de todos los parajes mencionados como mínimo al grado C1 o al B1 o B2.
Salvemos Mojácar
* Teleprensa - Almería - 12 de Noviembre de 2007
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - teleprensa.net
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
Ante la crisis, que cada cual aguante su vela
MARÍA LUISA GARCÍA GIL* : Es un buen momento para que se reúnan los arquitectos y es un buen momento para proclamas. Es un buen momento cuando la costa mediterránea, en general, ha perdido su atractivo natural por culpa de la avaricia desorbitada de unos y otros, es un buen momento cuando los edificios dignos y centenarios de los cascos antiguos, por lo menos en Galicia, por falta de protección, han sucumbido a la vorágine constructora destructora que ha permitido duplicar alturas. Es un buen momento para bendecir, apoyar y no criticar la decisión firme de mantener la protección de los 500 metros.
Curiosamente, hace unos días, desde la patronal de la construcción, también se ponía contra las cuerdas a la Dirección General de Urbanismo para forzar el levantamiento de la moratoria de los 500 m, como si esta sabia decisión fuera también la causa de la crisis de la construcción. Las zonas del interior, por cierto, no tienen costa y también han sido objetivo de la bonanza constructiva; por otra parte, uno de los atractivos de Galicia como destino de segunda residencia, en estos últimos años, ha sido su paisaje y su naturaleza aún salvajes, aunque para otros muchos también ha sido la inversión especulativa debido a la diferencia de precios con otras regiones de España.
La crisis de la construcción era un hecho previsible, sencillamente porque las bonanzas económicas son cíclicas y porque un país no puede tan sólo vivir de construir ex novo, porque, evidentemente, esta actividad algún límite tendrá.
Las crisis económicas, a lo largo de la historia, han sido los detonantes del pensamiento que tal vez, gracias a los apretones del cinturón de la penuria, deben de mandar más sangre al cerebro y entonces propician ideas claras, novedosas y paliativas.
Creo que, a lo mejor, ha llegado el momento de hacer introspección y acto de constricción, y a lo mejor ha llegado el momento de que "cada palo aguante su vela" y se haga responsable de sus actos.
Creo que es un buen momento ante una gran crisis para que los especuladores se vayan a sus cuarteles de invierno, para que los constructores de verdad, de profesión, se dediquen al reciclado, es decir, a restaurar lo mal ejecutado, para que los ayuntamientos elaboren planeamiento sensato que intente en lo posible regenerar una vida urbana digna para sus ciudadanos, y para que los arquitectos nos esforcemos en dar a la sociedad esa calidad de vida que viene de la mano de un buen urbanismo y unas construcciones dignas y bien digeridas que en estos últimos años, salvo honrosas excepciones, han brillado por su ausencia.
La costa gallega, toda aquella que no era núcleos urbanos, se ha salvado de momento, gracias a la Ley de Costas y gracias a la moratoria de los 500 m.
Las consecuencias de un urbanismo mal diseñado son demoledoras e irreversibles y el Patrimonio Natural es único e irrecuperable una vez destruido.
* MARÍA LUISA GARCÍA GIL, ARQUITECTA
* El Correo Gallego - la linterna de diógenes - 12.11.2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Galicia
Canarias: El paraíso... del cemento
ELPAÍS* : La costa canaria está salpicada de vertidos incontrolados, hoteles y casas en dominio público y proyectos urbanísticos sin planificación. Así lo revela el plan del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el litoral español, que propone derribos y compras masivas de terreno para salvarlo. Canarias, de paraíso natural a pasto del ladrillo. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa elaborada por el Ministerio destaca que en muchos tramos de los más de 1.500 kilómetros de litoral canario la presión urbanística supera la capacidad para albergar turistas, algo que conduce a la masificación.
GRAN CANARIA: "Continua artificialización"
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el plan del Gobierno propone adquirir el suelo rústico de El Rincón y prohibir edificaciones de más de dos plantas en los 5.200 metros de ensanche del litoral de la capital.
Las dunas de Maspalomas, uno de los grandes tesoros naturales del Archipiélago, están "seriamente amenazadas" por la presión urbanística, el tránsito de visitantes, la destrucción de vegetación, los incendios y la invasión de especies foráneas.
Más al sur, el informe critica la "continua artificialización" del litoral de uso turístico, en una zona que "no soporta" más presión urbanística. Y lo resume en una frase: "La intensidad de la demanda de usuarios es mucho mayor que la capacidad de uso y disfrute del litoral".
En algunos puntos al sur de la isla, el litoral se considera "irreversiblemente erosionado", como en Puerto Rico y Tauro. Peor, mucho peor, ha sido la actuación de los residentes con su territorio, con numerosos vertidos de aguas residuales. En Telde hay rocas manchadas y cuatro zonas de vertidos directos; en el Barranco de Guiniguada hay 17 focos de residuos urbanos incontrolados, y el puerto afecta al mar con vertidos muy contaminantes. El paisaje marino de las islas de Las Palmas se ha visto invadido de decenas de jaulas de acuicultura. Medio Ambiente sugiere realizar un estudio del impacto de la presencia de estas industrias a menos de 1.000 metros de la playa, y en la costa de Telde recomienda no aumentar el número de explotaciones.
FUERTEVENTURA: Derribo de hoteles
En Fuerteventura, Medio Ambiente propone una compra masiva de terrenos para salvarlos de la especulación, como en la costa noreste, fuertemente presionada por la industria turística y de uso residencial. En esta isla propone revisar las concesiones de chiringuitos en dominio público, derribar el embarcadero de El Muellito, eliminar casas y casetas en Morro de Potala, Casas de las Salinas, Cueva Negra y Morro Jable, y demoler las obras que ocupan el dominio público en Playa de Tarajalejo, Gran Tarajal, Cala de Las Playas y Jacomar y rescatar las concesiones en playa de La Oliva.
La península de Jandía (conocida turísticamente por sus kilométricas playas de arena rubia y mar esmeralda) se encuentran los hábitats naturales más importantes de la isla. Sin embargo, el uso turístico ha provocado la huida de la numerosa avifauna. Como ejemplo, el hotel que se construye en Caleta de Guirra está a 20 metros de la orilla y el Parador Nacional de Puerto del Rosario está en mitad de ella.
En el sur, con apenas 15.000 habitantes, hay 19.000 plazas hoteleras, y el diagnóstico advierte del alto grado de urbanización de la costa "con excesiva ocupación de la fachada marítima". El desarrollo turístico de Costa Calma supone un freno al transporte de sedimentos a las playas.
Sin embargo, el informe reconoce que las playas con alta capacidad de acogida están aún sin colapsar, pero advierte de que falta de previsión de infraestructuras "para el ritmo de crecimiento urbanístico relacionado con el turismo". Y concluye: "Es importante tener en cuenta la escasez de agua en la isla a la hora de realizar este tipo de desarrollos urbanísticos", como hoteles de lujo, apartamentos con piscinas, campos de golf...
El Parque Natural de las Dunas de Corralejo está sometido a una presión "que pone en peligro su conservación", ya que algunas zonas demuestran una erosión "preocupante". Hoteles como el Oliva Beach se encuentran enclavados en mitad de este parque.
LANZAROTE: "Voraz desarrollo"
El informe también destaca "la sensibilidad con la que la obra humana se ha acomodado al medio" en Lanzarote, a pesar de detectar una creciente "amenaza de masificación", edificaciones próximas a la costa, pérdida de arena y el colapso de la capacidad de acogida de playas.
Medio Ambiente propone demoler los hoteles Papagayo Arena y Las Costas, recuperar zonas de tránsito ocupadas por los hoteles Los Fariones y Sol Meliá y el desmantelamiento del embarcadero de Pedro Barba (isla de La Graciosa).
El informe advierte del "voraz desarrollo turístico" que se cierne sobre el monumento natural de Los Ajaches y denuncia el "desarrollismo salvaje" de Teguise, donde coinciden "ocupación de dominio público, urbanización en playas, invasión de dunas y deterioro paulatino de todo el litoral". Se propone eliminar edificaciones en La Humosa, las salinas de Los Agujeros y entre ésta y la urbanización Los Cocoteros, las que se concentran en el tramo de costa de Los Barranquillos, en el Charco de Palo, Las Piteras y una docena de áreas más.
TENERIFE: Alerta en Granadilla
Además de sus conocidos paisajes, la costa de Tenerife está plagada de vertidos contaminantes, construcciones en dominio público, contaminación producida por la refinería, puertos, aeropuertos, zonas urbanas, industria turística y acuicultura. Y una parte de su ecosistema está amenazada por la construcción de nuevas infraestructuras, como el puerto industrial de Granadilla. Medio Ambiente ya ha autorizado el proyecto y ahora la estrategia lo define como "la actuación de mayor impacto territorial acometida en el sur desde la construcción del aeropuerto", en 1978. El informe advierte de que este puerto "reduciría el aporte sedimentario a la costa de El Médano", la única playa natural del sur de la isla, ya que el resto han sido construidas, y se convertirá en un motor económico "una vez agotada la línea de costa disponible" para el turismo.
Otro de los asuntos estrella en la isla es el caso Teresitas. El alcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria), y 11 personas más entre políticos, funcionarios y empresarios están imputados en la compra de un terreno para evitar que los legítimos propietarios levantaran hoteles, apartamentos y viviendas. La operación, con apoyo de PSOE, PP y CC, costó más de 50 millones de dinero público. Pero la Fiscalía Anticorrupción detectó numerosos fallos en el proceso.
El ministerio sólo alude a esta polémica para calificarlo como "proyecto municipal de alto alcance", sin valorar su conveniencia o no y propone la "ejecución del proyecto de remodelación". Sí advierte que habrá que "revisar" el expediente de concesión que impiden el libre uso y acceso, como también lo propone para el club náutico de Radazul.
Curiosamente, Medio Ambiente propone ahora una fórmula similar a la de Miguel Zerolo para adquirir suelo en riesgo de ser urbanizado y evitar más deterioro del litoral de Tenerife. Así, señala la conveniencia de adquirir 5.970.000 metros cuadrados de terreno costero alrededor de la isla. El informe alerta del "incumplimiento de la normativa sobre la observación de cetáceos", una actividad que al año atrae a más de 700.000 turistas y genera pingües beneficios. Además, los restos de plásticos y artes de pesca que turistas y pescadores abandonan en el mar provocan cortes y muerte de fauna marina, como tortugas y cetáceos.
LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO: Aún a salvo
Para La Palma, el informe sobre las costas destapa la oportunidad de ordenar adecuadamente la industria turística en una isla de "naturaleza extraordinaria", tras los ejemplos "nocivos, caóticos o desordenados" de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Aun así, se detectan los males de las otras islas, como vertidos, y propone la demolición de al menos 613 edificaciones, casas, casetas y chabolas diseminadas por la costa.
La Gomera aún tiene un urbanismo e industria turística controlados "pero crecientes". Por último, la isla de El Hierro "no se encuentra especialmente presionada por la actividad humana", a lo que han contribuido su aislamiento y escasa población. El principal problema es la proliferación de edificaciones dispersas, en numerosas ocasiones como segunda residencia, y los vertidos de puertos y barcos.
* ELPAIS.com - JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 12/11/2007
Foto: Tenerife, suelo artificial 2000-2006 - Dir.Ord.Paisaje
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12.11.07
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Tema: NOTICIAS Canarias
'La Manga se hundirá en 50 años por el cambio climático'
GREENPEACE/Photoclima* ---------- LAVERDAD/Murcia*
¿Es posible que La Manga del Mar Menor se hunda? La hipótesis que llevan años anunciando algunos científicos expertos en cambio climático era, hasta ahora, una teoría amenazante y recurrente. Pero ver las imágenes de La Manga inundada por el mar, aunque se trate de un montaje fotográfico, parece dar enjundia a la teoría.
Ese impacto es el objetivo que persigue la organización ecologista Greenpeace con la edición del libro Photoclima, y que evidencia con fotomontajes los devastadores efectos que el cambio climático tendrá en distintos parajes de España, según las predicciones de los expertos de la ONU, si no se actúa ya para reducir de manera urgente las emisiones de CO2.
La Manga del Mar Menor ha sido uno de los lugares escogidos por Greenpeace, cuyos expertos tienen claro que, si no cambian las circuntancias, la lengua de tierra quedaría anegada por el mar antes de 2100. Todas las edificaciones, barcos e infraestrcturas se verían inundadas, según las hipótesis de la organización ecologista.
¿Cómo se produciría el proceso? Raquel Montón, La responsable de cambio climático de Greenpeace, explica que la causa del desastre estaría en el cambio climático provocado por el efecto invernadero. «El exceso de calor que provoca la emisión de gases de efecto invernadero es absorbido por la tierra y por el mar, que incrementa su volumen por el aumento de la temeratura, lo que provoca que el nivel del mar suba. Además el deshielo de las masas heladas contribuye a elevar aún más el nivel del mar».
Las previsiones que han realizado los expertos dejan un margen escaso de reacción. «Con las condiciones y características actuales, el nivel del mar subirá medio metro entre 2050 y 2100». Esa elevación del nivel del mar provocaría el hundimiento de 20 kilómetros de tierra, y teniendo en cuenta que la lengua de tierra de La Manga ocupa 24 kilómetros de extensión, poco quedaría a flote.
Los responsables de Greenpeace insistieron ayer en que, con el libro, no pretenden mostrar «las imágenes del futuro, sino de lo que se puede evitar. Hemos utilizado las fotografías porque las explicaciones científicas son a veces difíciles de ver, y está claro que una imagen vale más que mil palabras».
Photoclima se articula en torno a seis temas: los ríos, la agricultura, las montañas, el mar, los bosques y las personas más vulnerables y con menor responsabilidad ante el cambio climático, representadas en los inmigrantes que llegan a España porque no tienen recursos para sobrevivir en África. Para ilustrar el capítulo del mar, Greenpeace ha excogido La Manga del Mar Menor por considerlo «un paraje emblemático por sus condiciones naturales, su edificación y sus recursos turísticos».
No sólo La Manga desaparecerá por el cambio climático. ¿Se secará el Ebro a su paso por Zaragoza?, ¿puede desaparecer la fauna marina del fondo de las islas Cíes?, ¿las plagas arrasarán los naranjos de Valencia?, ¿desaparecerá el glaciar pirenaico de Monte Perdido? o ¿pueden arrasar las llamas el Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz? Son otros de los efectos que se plantean en el libro y que el efecto nvernadero puede producir en España en las próximas décadas, según Greenpeace, y que demuestran la urgencia de reducir «drásticamente» las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que se hagan realidad.
Aunque las imágenes que ilustran el libro son poco menos que apocalípticas, Greenpeace insiste en mandar un mensaje positivo: «Aún estamos a tiempo de evitarlo con energías renovables».
* La Verdad - F. CARRERES - Murcia 11 noviembre 2007
Foto: La Manga, bajo el mar. El aumento del nivel del mar se ha querido representar en la Manga del Mar Menor, Murcia. Una panorámica repleta de edificios de apartamentos, piscinas, campo de golf y puerto deportivo. Todo desaparece bajo las aguas del Mediterráneo, en un hipotético futuro en que las amenazas se cumplen - Pedro Armestre y Mario Gómez / greenpeace.org
* Noticia relacionada: Greenpeace muestra en el libro Photoclima la transformación que sufrirá España si no se actúa contra el cambio climático - GREENPEACE, 09 noviembre 2007
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Tema: FOTOS DENUNCIA , NOTICIAS Murcia
Vecinos de Getafe protagonizan una pitada para denunciar la especulación urbanística
EFE/Madrid* : Un centenar de vecinos de Getafe se manifestaron hoy, con una pitada, en los aledaños del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se celebra la IX Asamblea de la FEMP que previsiblemente elegirá como presidente al alcalde de Getafe, Pedro Castro, para denunciar la especulación urbanística en este municipio.
Los manifestantes representaban a 1.800 familias que en el 2004 compraron suelo para vivienda protegida, en unos terrenos ubicados en los sectores Los Molinos y Buenavista, a las cooperativas Getafe Capital Sur y Cuna de la aviación española, que posteriormente fueron expropiados y adjudicado por el Ayuntamiento de Getafe 'a dedo' a cooperativas vinculadas al Gobierno municipal, según denunció el portavoz de los cooperativistas, Jorge Ignacio Martín.
Martín informó de que la manifestación no responde a ningún partido político y que los cooperativistas fueron convocados a través de SMS y por el foro que tienen abierto en internet.
Este portavoz consideró que el proceso es ilegal, más cuando se expropian unos terrenos destinados a vivienda protegida para destinarlos al mismo fin pero bajo la tutela de otra cooperativa, afín al Ayuntamiento y a la Empresa Municipal de la Vivienda.
Los manifestantes portaban carteles con la fotografía del alcalde socialista, Pedro Castro, tachada con una equis roja y con el lema 'Señores alcaldes. ¡No le voten!. Chorizo'.
El portavoz de los cooperativistas informó de que las familias afectadas habían pagado ya cantidades a cuenta a su cooperativa y alegaron que en mayo de este año, antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento se había comprometido a encontrar una fórmula jurídica y legal para dar respuesta a la demanda social de la cooperativa.
Sin embargo, dijo este portavoz, han pasado ya casi seis meses y el Ayuntamiento no ha cumplido su compromiso y, además, 'se ha reafirmado en su intención urbanizando un terreno, que es nuestro; al objeto de que el actual adjudicatario, afín al Ayuntamiento, comience a construir'.
Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe, en una nota de prensa, informó de que estos terrenos estaban ya expropiados cuando las cooperativas Getafe Capital Sur y Cuna de la Aviación Civil vendieron los terrenos a los cooperativistas afectados.
Así, el Ayuntamiento considera que todos los socios de cooperativas de vivienda tiene derecho a causar baja voluntaria y a exigir el reembolso de las cantidades entregadas, mediante preaviso y en el plazo fijado por sus estatutos.
* Terra - 11-11-2007
Foto: Getafe (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
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12.11.07
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Tema: NOTICIAS Madrid
Alcaldes valencianos prevén urbanizar 130 millones de metros
ELPAÍS* : "Hay crisis, pero a mí no me tocará". Este parece ser el pensamiento de muchos de los ayuntamientos valencianos que tras el paréntesis electoral sacan de los cajones y recuperan algunos de los proyectos urbanísticos pendientes a pesar del generalizado parón inmobiliario. Es el caso de Cullera, Albaida, Burriana, Benimuslem, Llutxent y muchos otros. Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios no sólo no sobra nada sino que prevé que hasta 2013 se edifiquen 25.000 residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Sobre la mesa de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda hay en estos momentos 175 proyectos presentados entre 2001 y 2007, que, de aprobarse, supondría la reclasificación de 130 millones de metros cuadrados de suelo rústico.
El Ayuntamiento de Albaida acaba de retomar el PAI dels Barranquets. En unas semanas, el gobierno local, que ejerce el PP con mayoría absoluta, ultima las condiciones para la adjudicación del proyecto, que incluye la reclasificación de 2,1 millones de metros cuadrados de suelo rústico, la edificación de 2.500 chalés a siete kilómetros del casco urbano y un campo de golf. Los candidatos a la urbanización deberán construir un auditorio de música municipal y repavimentar el circuito de velocidad de la población, entre otros requisitos. El consistorio de Cullera ha sacado adelante hace dos semanas, con su aprobación provisional, el concierto previo con los PAI de Marenyet y Brosquil, con la reclasificación de 10 millones de metros junto a la desembocadura del Júcar, 13.000 nuevas casas, una marina deportiva y campos de golf. El equipo de gobierno de Burriana ya ha anunciado que sacará adelante el PAI Santa Bárbara (5.000 viviendas, campos de golf y puerto deportivo) en cuanto se apruebe el concierto previo solicitado. L'Atzúvia, que aprobó antes de elecciones tres nuevos PAI y la construcción de 2.000 nuevas viviendas según las normas subsidiarias de 1981 -acción reprobada por la Síndicatura de Greuges-, redactará finalmente un PGOU para dar refuerzo legal a los nuevos proyectos. Favara es otro de los ayuntamientos activos. En estos momentos se tramitan tres PAI y acaba de presentarse al consistorio un cuarto. "Ahora en lugar de presentar los PAI directamente, los consistorios están recurriendo a los conciertos previos para dar salida a sus proyectos urbanísticos. Pero eso no significa que se vayan a revisar los PGOU", advierte un dirigente de la plataforma Abusos Urbanísticos No. En la consejería de García Antón hacen cola 175 expedientes para la reclasificación de suelo rústico en urbanizable, según la información facilitada por este departamento al diputado socialista Francesc Signes. Son expedientes aprobados de forma provisional por los ayuntamientos entre los años 2001 y 2007 y afectan a una superficie, a fecha del 28 de septiembre de este año, de 129.690.054 metros. Sólo 24 de estos proyectos serían ejecutados directamente por los ayuntamientos. El resto correrían a cargo de promotores privados. Todos están a la espera de su aprobación definitiva en las comisiones territoriales de Urbanismo.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios no comparte los pronósticos agoreros a pesar de la caída de viviendas visadas y están convencidos de que hay demanda para rato. Hace unos días presentaban un estudio donde prevén la construcción de 25.000 segundas residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Los empresarios citaban otro informe sobre vivienda vacacional, elaborado por el Grupo i, que asegura que las promociones inmobiliarias en altura destinadas a segunda residencia han comercializado en 20 meses las dos terceras partes de las viviendas desarrolladas. Las viviendas unifamiliares se venden antes incluso. Los compradores son en un 76% de los casos españoles, mientras sólo el 3,38% son extranjeros no residentes. De los españoles, la mayoría de compradores, son valencianos.
Ausencia de infracciones
Pese a la intensa actividad inmobiliaria de estos años, el Consell no ha iniciado expedientes sancionadores al amparo del artículo 255 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en vigor desde 2006. Este artículo regula las infracciones graves y muy graves en la ordenación urbanística, entre las que se encuentran la edificación ilegal en zonas verdes, parcelaciones ilegales, exceso de volumetría, etcétera. Según la Generalitat, en respuesta a varias preguntas parlamentarias solicitadas por el socialista Francesc Signes, los casos vistos por la consejería están en fase previa de restauración de la legalidad y todavía no se han impuesto sanciones. En cuanto al conocido en su día como programa del metro por metro, éste se ha aplicado en cinco municipios, donde a cambio de la reclasificación de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico, se han cedido 3,1 millones de metros de terreno protegido. Carcaixent, Riba-roja, Serra, Tavernes Blanques y Sant Mateu son los municipios afectados. En la mayoría de los casos han sido los ayuntamientos, como urbanizadores directos, los que han realizado la cesión. En el caso de Riba-roja ha sido la sociedad Litoral del Este, que promueve Porxinos, y en el de Serra, la firma Sierras de Serra. A la vista de estos datos, Signes acusó al Consell del PP de "alentar" entre 2003 y 2005 "una barbaridad de PAI con mucha masa de suelo afectada", y lamentó que no cumpla sus propias leyes, dado que tampoco se ha liquidado las llamadas cuotas de sostenibilidad ni dotado el Fondo de Equidad Territorial, instrumentos previstos en la LUV para que los ayuntamientos con crecimientos urbanísticos intensos paguen estos excesos.
* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 11/11/2007
Foto: Cullera (Valencia), terrenos recalificados desembocadura Júcar - J.Císcar (El País)
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12.11.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Las Palmas: El cemento engulle la ciudad alta
LAPROVINCIA* : En 20 años, el paisaje del municipio de Las Palmas de Gran Canaria ha cambiado de forma drástica. Nada tienen que ver las afueras de entonces, puro campo y espacio libre, con los barrios actuales de dúplex y pisos promocionados como de alto standing. El cemento ha cambiado el horizonte y lo ha hecho especialmente en Ciudad Alta. Menos de 15 años han pasado desde que se desató la fiebre edificatoria en la Ciudad Alta y Tamaraceite, dando lugar a un crecimiento tan desmesurado y tan acelerado que ha dejado irreconocibles territorios como Siete Palmas, Las Torres, La Minilla.
Lo que en 1987 era puro campo y laderas salpicados por alguna que otra casa o por pequeños barrios como Lomo Los Frailes o Almatriche, aparece hoy colmatado de viviendas, cemento y asfalto, un paisaje que se ha vuelto absolutamente irreconocible para alguien que llegue a la ciudad después de haber estado fuera en los últimos 20 años. Son los nuevos centros urbanos del municipio y han protagonizado, casi en exclusiva, el crecimiento de la ciudad, que ha elegido este territorio -tampoco tiene otro- para expandirse.
En la Ciudad Alta, la edificación ha comenzado a frenarse, pero en Tamaraceite, cuya población se dobló en menos de diez años, se preparan para una nueva oleada de viviendas. Los planes municipales prevén la construcción de 3.900 nuevas viviendas, de las cuales 2.570 forman parte del plan de Tamaraceite-Sur. El pequeño centro comercial que se construirá en la zona amenaza con incrementar con 10.000 vehículos diarios más la circunvalación.
La comparación de las imágenes aéreas realizadas por la empresa cartográfica de Canarias (Grafcan) de zonas como Siete Palmas, Tamaraceite y La Minilla tomadas en los últimos veinte años reflejan el desaforado crecimiento que han soportado estos territorios. De hecho, en apenas diez años surgieron de la nada barrios enteros como Siete Palmas, donde se han edificado más de 4.000 casas -en las que residen unas 15.000 personas- o La Minilla, que supera ya los 3.500 residentes.
La edificación en los últimos doce años ha crecido en la capital grancanaria a un ritmo de unos 5.000 inmuebles por año, la inmesa mayoría de los cuales han surgido en Siete Palmas, Las Torres, La Minilla y Tamaraceite. El consumo de suelo ha sido frenético y, además, expansivo. No hay más que mirar cómo han crecido como la espuma los dúplex en barrios como Lomo Los Frailes, Ciudad del Campo, Hoya Andrea y La Galera. Laderas enteras han sido colonizadas por casas de dos plantas.
El crecimiento de estas zonas ha estado presidido por una absoluta falta de planificación, lo que ha provocado que las vías se hayan quedado pequeñas para absorber el tráfico de la gente del lugar y de la que llega atraída por los centros comerciales de zonas como Siete Palmas y del Estadio de Gran Canaria.
Guaguas Municipales ha sido incapaz de adaptar sus servicios a estos nuevos centros urbanos, lo que a su vez genera una mayor dependencia del coche particular.
EQUIPAMIENTOS. Los residentes se quejan además de la falta de equipamientos. Sólo dos grandes parques (Juan Pablo II y La Mayordomía, aún sin terminar) son insuficientes para tanta población. Apenas hay zonas verdes, los colegios se han quedado pequeños y los centros de salud están colapsados. El de Tamaraceite, por ejemplo, ha doblado su número de usuarios en sólo diez años.
* La Provincia - T.G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 11 de noviembre de 2007
Foto: Vista aérea de La Minilla - laprovincia.es
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2.500 vecinos de Alcorcón se manifiestan para conservar el Parque de los Castillos
EFE/Madrid* : Alrededor de 2.500 vecinos se manifestaron en Alcorcón para pedir al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por PSOE e IU, que no construya el Centro de Creación de las Artes (CREAA) en un parque público, tal y como tiene previsto. Asociaciones vecinales, Ecologistas en Acción, Los Verdes y el Partido Popular de Alcorcón formaronla plataforma "Salvemos el Parque de los Castillos" que se opone a la ubicación de este centro artístico, que contará con nueve edificios, zonas comerciales y un aparcamiento, en una zona verde.
Los vecinos recorrieron la avenida de Los Castillos con pancartas en las que se podía leer: "Parque sí, CREAA no", "No más hormigón en nuestro Alcorcón" o "Alcalde, el parque es de todos, no lo destruyas".
Pidieron al consistorio el traslado de este proyecto a otro punto de Alcorcón porque, a su juicio, supondrá un "desastre medioambiental" y un "atentado ecológico" construir nueve edificios en el "parque más emblemático de Alcorcón".
Así piensan los vecinos que este domingo se manifestaron, que consideran que esta construcción, además de la destrucción de un área verde, supondrá el incremento de la contaminación acústica y atmosférica y el colapso circulatorio de la zona.
Escuchar a los ciudadanos
El portavoz de Los Verdes de Alcorcón, Juan Carlos Martínez, manifestó que la plataforma "en ningún caso está en contra de crear un centro artístico en Alcorcón, pero sí de que la localización sea en un parque ya consolidado que disfrutan miles de familias".
Desde esta organización ecologista critican además al alcalde, el socialista Enrique Cascallana, porque "no atiende a los vecinos" y porque "los está provocando diciendo que el inicio de las obras es inminente".
El portavoz del PP, Fernando Díaz, pidió también al regidor que sitúe este centro en otro punto de Alcorcón y que "deje de escudarse en que ha ganado las elecciones para construir un centro que rechazan los ciudadanos".
La mayoría de los vecinos dicen que apoyarían el proyecto cultural en otra zona de Alcorcón, aunque otros también han criticado que el Ayuntamiento se gaste 180 millones de euros en un centro artístico, "cuando los ciudadanos tenemos otras necesidades bastante más urgentes", señalaron algunos de los manifestantes.
Auditorio, escuelas y circo
El proyecto del CREAA incluye la construcción de espacios para la producción y difusión artística, un circo estable, un auditorio y escuelas municipales, además de salas para exposiciones y un centro de congresos.
La concejala de Cultura de Alcorcón, Tatiana Ercolanese, aseguró que tras la construcción del CREAA en el Parque de los Castillos, la superficie de arbolado se habrá triplicado y que la superficie para el disfrute de los vecinos al aire libre será del 87% del espacio.
"No vamos a destruir ningún parque", señaló Ercolanese, para quien el CREAA será una de las dotaciones culturales más importantes de la Comunidad de Madrid.
* Madridiario - 11-11-2007
Foto: madridiario.es
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Huelva: Viviendas ilegales junto a las olas
ELPAÍS* : El urbanismo salvaje ya manda en Huelva y el Guadiana, pero, incluso así, la costa onubense aún queda lejos del enladrillado que ciega el litoral español. El empeño de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es parar urbanizaciones antes de que se construyan, ofreciendo suelo a los promotores tierra adentro. La fiebre urbanizadora que ha asolado el litoral español ha sido en la costa de Huelva más lenta y ha dejado un paisaje algo menos denso que en el resto de Andalucía. Pero el crecimiento entre 1991 y 2002 ha sido imparable, pues el número de viviendas cerca de las playas ha aumentado un 60%, según denuncia Greenpeace en su informe Destrucción a toda costa 2007.
Huelva ha conocido una construcción que tiende no tanto a los edificios en altura, sino a ocupar grandes bolsas de terreno para adosados y viviendas unifamiliares enclavados, a veces, en la misma arena de la playa. No obstante, también existen buenas muestras del modelo urbanizador tradicional de edificios de apartamentos, como en Isla Canela, El Portil o Matalascañas.
Isla Canela, en Ayamonte, se empezó a elevar en la década de los 60 junto a la frontera con Portugal y tiene planes de seguir creciendo. Su proyecto turístico, que llega hasta la Punta del Moral, albergará en un futuro 43.351 nuevas plazas turísticas, un campo de golf y un puerto deportivo en 600 hectáreas, como alerta Greenpeace.
Isla Canela es uno de los lugares de la provincia donde el Gobierno va a tener que emplearse a fondo para reparar la situación, como apunta la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, encargada por el Ministerio de Medio Ambiente y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno quiere eliminar las edificaciones en zona de servidumbre (inmediatamente pegada a la playa) que tras una revisión de un deslinde en 1996 han quedado dentro de la zona protegida. Además, prevé ampliar el área de servidumbre pública a 100 metros "en aquellas parcelas en las que todavía no hayan sido iniciadas las obras de urbanización, por lo que esta ampliación puede estar plenamente justificada", según el documento.
El Gobierno también prevé revisar el Plan Parcial del enclave, sobre todo en las zonas contiguas a la marisma. El objetivo es "reducir o eliminar la edificabilidad de las parcelas situadas frente a la marisma, en las que todavía no han comenzado las obras de urbanización". Lo mismo se quiere hacer en la playa de Isla Canela, justo en los terrenos donde todavía no ha comenzado la construcción.
"Ya es tarde", sentencia Iñaki Olano, portavoz de Ecologistas en Acción en Ayamonte: "En la playa de Isla Canela queda poquísimo espacio sin construir". Para Olano, las acciones que se van a tomar en la costa onubense, aunque sean positivas, llegan con retraso. "Esto demuestra que durante mucho tiempo los ayuntamientos y la Junta de Andalucía no han aplicado la ley, sino que, o han mirado a otra parte o han toreado la ley para que todas estas obras se pudieran realizar".
Volando hacia La Antilla, en Lepe, al este, se encuentran bloques de apartamentos en segunda y tercera línea de playa, precedidos de un frente de viviendas unifamiliares clavadas, muchas veces, a pocos metros de donde rompen las olas. Estas últimas pueden tener sus días contados. La liberación de la zona de servidumbre de La Antilla contempla la "expropiación de las edificaciones" en esta área, así como de las casas con derechos reconocidos incluidas en el dominio público (la playa). Además, la Estrategia contempla la "eliminación de las ilegales" dentro de este dominio.
Un poco más hacia Levante, se elevan tres núcleos contiguos de gran proyección turística: El Rompido (Cartaya), El Portil, en Punta Umbría, y la propia Punta Umbría. En todos se pretende eliminar las edificaciones en dominio público. El Rompido y Punta Umbría presentan sobre todo casitas bajas en primera línea y, en el caso de Punta, bloques altos hacia el interior.
En la marisma del río Tinto, muchísimo más degradada por las industrias del polo Químico, el Gobierno planea una actuación relacionada con las balsas de fosfoyesos, residuos que la fábrica de fertilizantes Fertiberia ha vertido allí desde hace décadas. La concesión terminó en 2003, por lo que el rescate del lugar supondrá el sellado del vertedero y su restauración ambiental.
* ELPAIS.com - M. J. ALBERT - Huelva - 11/11/2007
Foto: Almonte (Huelva), playa Matalascañas - García Cordero (El País)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Imputan al anterior gobierno de Caldas un delito urbanístico
LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : Los miembros de la anterior junta de gobierno local del Ayuntamiento de Caldas de Reis se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra el próximo 28 de enero. Al ex alcalde, el socialista José María Tobío, y a los concejales Juan Manuel Rey -actual regidor de la localidad-, José Blanco, José Lemos y José Fuentes, se les imputa un delito contra la ordenación del territorio por la concesión, en el año 2003, de seis licencias para naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, en las márgenes de la carretera N-640 que comunica Caldas con Vilagarcía.
La entonces comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor. Los políticos adoptaron la decisión a pesar de los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico. Fuentes consultadas explicaron que una disposición de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural establece que el régimen aplicable es el del «suelo urbanizable no delimitado», por lo que no procede otorgar la licencia hasta la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo.
Se da la circunstancia de que cuatro de los cinco miembros de aquella comisión de gobierno forman parte de la actual junta de gobierno local. Varias de las seis naves afectadas tienen en la actualidad actividad empresarial.
Una vez concedidas las licencias, la Dirección Xeral de Urbanismo requirió, en febrero del 2004, al Concello para que las anulara. Como se hizo caso omiso a la exigencia autonómica, Urbanismo acudió a la vía contencioso-administrativa para impugnar los permisos. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra, conocida en diciembre del 2005, dio la razón a la Xunta y obligó al regidor a revisar de oficio las licencias.
El proceso penal al que se enfrentan ahora los miembros de la anterior comisión de gobierno trascendió ayer a raíz de una petición de información al actual alcalde, Juan Manuel Rey, cursada por el partido Independentes de Caldas de Reis (ICDR). El próximo martes, los cinco implicados deben comparecer en el Juzgado de Caldas con carácter previo a la vista del 28 de enero.
Esta formación aseguró que estos hechos, que califica de «gravísimos», provocaron la dimisión «por sorpresa» del ex regidor, José María Tobío, en noviembre del 2006, cuando meses antes había confirmado públicamente que se presentaría a la reelección. El único concejal independiente en la actual corporación, Fernando Pérez, hizo hincapié en que ni el proceso penal por las licencias de As Veigas de Almorzar ni otros dos que están en marcha se pueden achacar a ninguna fuerza política, «xa que todos están instados por organismos administrativos ou xudiciais, non por partidos».
Los otros dos asuntos a los que se refiere ICDR tienen que ver con un edificio ilegal ubicado en el número 57 de la calle Real de Caldas y con una petición de voto para el PSOE realizada entre emigrantes argentinos antes del inicio de la campaña electoral del 27 de mayo y que fue pagada con fondos municipales. Por el primer asunto, José María Tobío declaró como imputado el pasado 16 de abril en el Juzgado de Caldas por desobedecer la orden judicial de demolición del inmueble. Su sucesor, Juan Manuel Rey, tendrá que comparecer, también en Caldas, el próximo 28 de noviembre para responder por un supuesto delito electoral.
* La Voz de Galicia - Cristina Barral - 10/11/2007
Foto: Algunas de las naves afectadas tienen actividad empresarial/ La Voz de Galicia
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11.11.07
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Tema: NOTICIAS Galicia
Un desafío democrático a los Ayuntamientos
JORGE BENAVIDES* : En España, particularmente en Andalucía, debido a su situación geográfica y al prestigio de su cultura popular, en estos días no hay aldea, pueblo o ciudad que se escape de la presión financiera interesada en convertir el suelo rústico en urbano y en edificar miles de inmuebles, más de los necesarios. Basta leer la prensa o escuchar con atención la radio. La edificación de 250.000 viviendas en el área metropolitana de Sevilla en los próximos diez años, producirá el colapso de todos los sistemas urbanísticos: infraestructuras, vías, equipamientos, transportes, espacios culturales y ambientales protegidos y de los servicios: seguridad, protección, medio ambiente, salud, educación, etc., que tienen dimensión pública. En esas circunstancias, florecerá la excluyente oferta privada. Diferente a nuestra cultura; como en Estados Unidos.
Por lo pronto, el informe sobre el colapso del transporte, ya lo conoce la Junta. La solución del problema se vislumbra para el año 2020. Pero en los quince años próximos, la situación será peor que la actual. Todas las nuevas viviendas ya estarán terminadas, los usuarios serán 700.000 más y al ritmo vigente, el paisaje y el entorno medioambiental se encontrarán irreversiblemente deteriorados.
Así, la ciudad mediterránea heredada, origen de la política y de lo público cuyo último fin es la calidad de vida (Polis, Aristóteles, felicidad) se diluirá dentro del modelo de la ciudad neoliberal estadounidense que ha logrado consolidar el espacio urbano privado sometiéndose a los requerimientos de la economía lucrativa inmobiliaria (pragmatismo empresarial) antes que a los intereses de sus habitantes (convivencia solidaria, civilidad).
Dicho proceso se ha fortalecido debido a que los "poderes públicos" no han sido capaces de garantizar los contenidos que, por una parte, recoge el Estatuto de Andalucía y, por otra, constan en los artículos 45, 46 y 46 de la Constitución: derecho a la buena calidad del Medio Ambiente, al Patrimonio Cultural y a la vivienda, como taxativamente se dice, impidiendo la especulación.
Pero siendo honestos, ¿en un sistema económico de libre mercado es posible impedir la especulación si al mismo tiempo, ésta no es un delito? Todos los delitos están tipificados en la Ley. La especulación inmobiliaria está condenada por la Constitución, pero es legal, aunque, por unanimidad, la condenemos porque es inmoral.
Así las cosas, el equilibrio entre el sistema económico (libre mercado) y la forma de gobierno (democracia participativa y solidaria) resulta muy difícil. Mantenerlo, sin embargo, no depende solamente de quienes dominan el mercado y de los gobernantes, sino también de la sociedad, del ser humano cuyo sentido de la vida, como dicen los clásicos, es ser feliz. Dicho en términos coloquiales, el ciudadano tiene el derecho a disfrutar de una buena calidad de vida, sobreentendiendo que ésta incluye la satisfacción de las necesidades individuales pero al mismo tiempo, de las necesidades sociales básicas: el patrimonio medioambiental (paisaje, recursos naturales no renovables), el patrimonio cultural (valor social añadido de los bienes) y el patrimonio social (identidad, sociabilidad, cohesión, forma de disfrutar el tiempo).
En pocas palabras, el ciudadano que vive en democracia debe tener garantizados los derechos que residen en el ámbito de la sostenibilidad, o sea, de la ética, no sólo de la economía; de la libertad responsable, no únicamente de la libertad de mercado.
Pero si los procesos sociales y de gobernabilidad democrática, en determinadas circunstancias aparecen difíciles y opacos, no tienen por qué asumirse como irreversibles. Al contrario, los procesos cerrados deben ser transformados en abiertos, aquellos opacos tienen que hacerse transparentes; han de retroalimentarse y adquirir validez con la participación ciudadana real, y no solamente con el cumplimiento de formalidades previstas como sucede, por ejemplo, durante el proceso de aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
Hace pocos meses, el Ayuntamiento de Almensilla resolvió reclasificar suelo para la construcción de 18.000 viviendas y aprobó el Avance del PGOU de este municipio que según el IAE tiene 14 kilómetros cuadrados donde residen 1.200 familias en 1099 viviendas.
Hace pocos días, la "sociedad civil" almensillera, a través de una encuesta hecha por profesores universitarios, ha recogido y difundido la opinión de sus vecinos acerca de cuánto y cómo debe crecer el núcleo urbano. Los resultados ratifican las alegaciones con centenares de firmas presentadas oportunamente y discrepan radicalmente de la decisión tomada por quienes fueron elegidos democráticamente en las urnas pero que, aun cumpliendo la formalidad de los procedimientos administrativos, gobiernan con procesos opacos y cerrados a la participación ciudadana. Tal como, con la tolerancia de los demás "poderes públicos", sucede en todos los Ayuntamientos que ahora están aprobando sus PGOUs. Excepto en dos.
El 75%, es decir, tres de cada cuatro de los actuales habitantes de Almensilla, opinan que el núcleo urbano debe crecer por el bien de todos, pero de manera controlada, de forma compacta, máximo unas 2.000 viviendas. Nueve veces menos de las previstas por el Ayuntamiento al tenor de los convenios urbanísticos firmados anticipadamente con las empresas inmobiliarias.
Qué gran ejemplo democrático. Merece ser imitado por los habitantes de todos los municipios de Andalucía e incluso asumido como un procedimiento de obligado cumplimiento. Porque la democracia también debe formar parte de la calidad de vida de los españoles. Si tantas veces se ha despreciado las razones técnicas, las razones democráticas tendrán que ser tomadas en cuenta. ¡Felicitaciones almensilleros!
* ELPAIS.com - Andalucía - JORGE BENAVIDES SOLÍS 14/03/2006
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11.11.07
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V de Vivienda afirma que el Meeting Point reúne a la ''mafia inmobiliaria''
EFE/Barcelona* : Una docena de miembros de la plataforma V de Vivienda han reclamado ante los asistentes al salón Barcelona Meeting Point el derecho a la vivienda, a la vez que han criticado este encuentro del sector inmobiliario, donde, a su juicio, se reúne la "mafia inmobiliaria". Los miembros de la plataforma se han concentrado en el exterior de uno de los salones del evento con carteles en los que se leía frases como Sin tren ni casa, Aquí se subvenciona el ladrillo o Alquiler social ahora, y han hecho fotos a algunos visitantes del salón mientras éstos aguantaban las pancartas con sus reclamaciones.
Uno de los miembros de V de Vivienda, Aida Gallego, ha lamentado que se haya "escuchado poco la voz de la ciudadanía" durante la celebración del salón en un momento, ha dicho, de "crisis" del sector inmobiliario.
"Grandes intereses"
Gallego ha afirmado que en el Meeting Point existen "grandes intereses" que reclaman a la Administración "que ponga dinero" para solucionar esta crisis, y ha destacado que el momento actual debería aprovecharse para tomar medidas que sirvan para excluir la vivienda del mercado.
"Si la vivienda es un derecho, no puede ser que el mercado lo regule y haya gente que no tenga acceso a él", ha manifestado Gallego, que ha reclamado "medidas más fuertes", como limitar los beneficios de los promotores y constructores o prohibir la venta de suelo público.
Intervención de los Mossos
Varias personas de la plataforma han intentado acceder a uno de los pabellones del recinto, aunque miembros de la seguridad privada se lo han impedido e incluso ha sido necesaria la intervención de efectivos de los Mossos d'Esquadra para despejar la zona de entrada. Entre empujones, los protestantes han recriminado a los agentes de seguridad que no les dejaran acceder al salón pese a tratarse de "un consorcio público".
Manifestación en Sant Andreu
Tras el acto de protesta, los miembros de la plataforma se han dirigido hacia la plaza Orfila, en el barrio de Sant Andreu, donde varios colectivos han convocado una manifestación en defensa del territorio y contra la especulación urbanística, y que, según el portavoz de una de las entidades que se ha sumado al acto, ha reunido a unas 300 personas.
Los convocantes de la protesta han explicado en un comunicado que se ha decidido organizarla en el distrito de Sant Andreu porque se trata de "un área explotada por parte de las instituciones públicas y las constructoras", donde aún está muy presente el conflicto vecinal por el desalojo de los vecinos de las casas baratas del Bon Pastor.
* El Periódico - 10/11/2007
Foto: Miembros de V de Vivienda protestan frente al Meeting Point - EFE / ANDREU DALMAU
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10.11.07
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Cabo de Gata se protege del ladrillo
ELPAÍS/Almería* : Las tres zonas más amenazadas por el ladrillo en el interior del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) estarán más protegidas a partir de 2008, cuando entre en vigor del Plan de Ordenación del Territorio, que limita el suelo urbanizable o urbano a 352 hectáreas, el 0,21% del espacio protegido. En esas hectáreas no figurarán las fincas que componen el paraje del Algarrobico, en Carboneras, donde se construyó el polémico hotel de 20 plantas y donde estaban previstas más urbanizaciones.
No será la única zona donde las expectativas inmobiliarias se vengan abajo. En La Fabriquilla, un paraje cercano al cabo geográfico con escasas viviendas familiares, se había proyectado una urbanización de 150 viviendas, que ocuparían 15 hectáreas. Esta zona también dejará de ser urbanizable. El tercer proyecto más ambicioso que se verá paralizado con el futuro Plan de Ordenación del Territorio es el de Las Marinas de Aguamarga, que preveía un complejo hotelero y 350 viviendas en 48 hectáreas. El documento del plan contempla que estos suelos pasen a ser de "regulación especial", lo que cierra la puerta a las promociones inmobiliarias, a pesar de que cuentan con "derechos" reconocidos en sentencias del Tribunal Supremo.
Níjar, el municipio donde se ubican La Fabriquilla y Aguamarga, está ahora gobernado por el Partido Popular, pero estos proyectos proceden de la anterior etapa del PSOE. El PGOU de Níjar tendrá que consolidar este cambio, para lo que el alcalde, Antonio Jesús García, reclamó ayer "un acuerdo de compensación" a la Junta. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, defendió la desclasificación de La Fabriquilla y Las Marinas de Aguamarga con el objetivo de evitar que sufren una "degradación" similar a la del Algarrobico, donde el complejo hotelero se paralizó cuando ya estaba medio amueblado.
En cuanto a la protección que tendrá el Algarrobico, Coves subrayó que prueba "la clara voluntad" de la Junta de recuperar esos terrenos a su estado natural, una vez que se derribe el hotel.La preservación de los dos núcleos de Níjar donde se iban a construir 500 viviendas, iniciada a través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, necesita "validarse" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que se encuentra en tramitación. Tanto la titular de la consejería como el alcalde nijareño dieron a entender que ese paso podrá salvarse. El Gobierno andaluz denegó el primer avance del documento del PGOU de Níjar.
Fuensanta Coves aseguró que el consistorio se ha mostrado en todo momento receptivo a buscar alternativas para evitar que las urbanizaciones salgan adelante. Los propietarios del suelo cuentan con el aval de sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoció sus "derechos". El cambio de clasificación del suelo tendrá que ser compensado previsiblemente, aunque cuente con el visto bueno de Níjar. El alcalde, Antonio Jesús Rodríguez, reclamó ayer a la Junta de Andalucía que dé luz verde a la nueva ordenación municipal, tras el entendimiento inicial de ambas administraciones para paralizar los proyectos de La Fabriquilla y Las Marinas de Aguamarga.
La reacción más elogiosa al futuro PORN llegó de las organizaciones ecologistas, que en los últimos años se habían mostrado muy críticas con la gestión del parque natural Cabo de Gata-Níjar y la actuación de la Junta de Andalucía ante la construcción del hotel del Algarrobico, en una playa que había permanecido libre de cemento hasta entonces. José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, mostró una "enorme satisfacción" ante las desclasificaciones de los tres parajes de Níjar y Carboneras y consideraron que el veto a las urbanizaciones en estas zonas es "un gran triunfo" para el medio ambiente.
No obstante, la organización discrepó con la consejera a propósito de la declaración del paraje del Algarrobico como urbanizable. Según Coves, esta zona figuró como tal en el PORN, que entró en vigor en 1994. Ecologistas en Acción, sin embargo, asegura que esto ocurrió tres años después, mediante una modificación "carente de validez jurídica" de la perimetría, durante la adaptación de las Normas Subsidiarias (equivalentes entonces al PGOU) al PORN del parque natural. El PORN que le sucederá, que entrará en vigor en 2008, recibió 16.500 alegaciones. Buena parte de ellas aludían a la recalificación de suelos forestales y agrícolas.
El contrapeso judicial
Los responsables de Azata del Sol, impulsora del hotel del Algarrobico, y los representantes ecologistas coincidieron ayer. Unos y otros creen que no se podrá poner punto y final a los tres proyectos sin compensaciones a los propietarios de los terrenos. Fuensanta Coves no lo descartó ayer como vía para evitar el conflicto en los casos de La Fabriquilla y de Marina de Aguamarga. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 1999, avaló el derecho a urbanizar de los dueños de La Fabriquilla, puesto que habían adquirido la finca antes de la declaración del parque natural. En los mismos términos se pronunció en 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre Marinas de Aguamarga, a pesar de que está catalogada como zona Hábitat y ZEPA por la UE.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 10/11/2007
Foto: Níjar (Almería), costa Cabo de Gata-S.José - J.Rojas (El País)
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10.11.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Un juzgado de Cuenca abre diligencias contra la casa del presidente de Coca-Cola
20MINUTOS* : Un juzgado de Cuenca ha abierto diligencias previas al presidente de Coca-Cola en España y Portugal, Marcos de Quinto, por la construcción de un chalet supuestamente ilegal en un paraje de gran valor ecológico situado en Pajaroncillo (Cuenca), según informó hoy Ecologistas en Acción.
El grupo conservacionista afirmó en una nota de prensa que la fiscalía ha remitido un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Cuenca, cuyo titular ha abierto procedimiento por vía penal.
La información suministrada por Ecologistas en Acción no pudo ser contrastada en el juzgado mencionado en el comunicado dada la hora de su recepción.
Delito contra el medio ambiente
Los ecologistas añadieron que el caso está en la actualidad en diligencias previas y aseguraron que "si sigue adelante se podría imputar a Marcos de Quinto un delito contra el medio ambiente, y si es condenado, enfrentarse a importantes multas e incluso la cárcel".
El motivo de la demanda es la construcción de un chalet de 400 metros cuadrados en el paraje del Rodenal de Castil de Cabras.
Se trata de paraje "de excepcional valor paisajístico y geomorfológico que le ha valido su inclusión en el futuro Monumento Natural del Rodenal del Cabriel", señaló Ecologistas en Acción, que considera que "el impacto ambiental de la edificación sobre el rodenal sólo puede calificarse como muy grave".
Por otra parte, denunció que "la agresión sufrida por el futuro Monumento Natural se une la posible afectación de un importante patrimonio arqueológico, puesto que el chalet linda con un gran yacimiento de la Edad de Bronce, conocido como "Castil de Cabras".
Este yacimiento ocupa 1.900 metros cuadrados "y reúne muros defensivos, cistas dolménicas, fragmentos cerámicos e industria lítica.
Según Ecologistas en Acción, "en las proximidades del chalet y fuera del propio yacimiento se ha detectado un túmulo funerario y restos de un dolmen, lo que indica que los vestigios arqueológicos ocupan una amplia zona alrededor de la edificación".
El pasado mes de julio Ecologistas en Acción solicitó a la Delegación de la Consejería de Cultura de Cuenca la paralización de la construcción, con el fin de proteger el yacimiento.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 09.11.2007
Foto: Pajaroncillo (Cuenca), chalet ilegal del presidente de Coca-Cola - ecologistasenaccion.org
Noticia relacionada: Chalet ilegal del presidente de Coca-Cola/ Ecologistas en Acción
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Cádiz: Mantener el ladrillo lejos de la costa
ELPAÍS* : El enorme potencial turístico de la única provincia española bañada por dos mares es al mismo tiempo la mayor amenaza para su supervivencia. Medio Ambiente quiere parar el desorden urbanístico que comienza a afectar a la primera línea del litoral antes de que se convierta en una fotocopia de Marbella. Cádiz, con el 31,7% del suelo del primer kilómetro del litoral ocupado por edificios, es una de las provincias españolas que conserva en mejor estado su franja costera y cuenta todavía con muchos kilómetros de playa virgen. No en vano, en sus 272 kilómetros de litoral existen nueve espacios naturales protegidos. Sin embargo, el enorme potencial turístico y las previsiones de crecimiento de los ayuntamientos costeros -el plan urbanístico de Chiclana, anulado por un juez, preveía levantar 40.000 viviendas- amenazan seriamente la supervivencia de la costa.
El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, afirmaba en su último informe que "no resulta exagerado calificar la situación como de fuera de control". El frente costero gaditano, el único de España bañado por dos mares, presenta una gran variedad de usos y ocupaciones. Mientras que en la zona de Algeciras y el estrecho de Gibraltar predominan las fábricas y los espacios industriales, en la bahía de Cádiz se desarrollan grandes municipios como la capital, Puerto Real, Puerto de Santa María o San Fernando. Es en la zona entre Tarifa y Chiclana, un largo espacio de dunas y playas casi vírgenes, donde se concentran las mayores presiones del llamado turismo residencial.
Las ocupaciones ilegales del dominio público en el litoral de Cádiz se dan con viviendas unifamiliares entre las dunas o instalaciones industriales, en ocasiones muy contaminantes, como en el caso de la bahía de Algeciras. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el conjunto de propuestas del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el litoral, plantea el derribo de numerosas instalaciones que invaden el dominio público.
Las demoliciones de ocupaciones en la llamada Zona de Servidumbre de Protección afectan a todo el litoral, pero especialmente al eje Chiclana-Barbate-Tarifa. "Chiclana es un verdadero desastre. Hay entre 15.000 y 25.000 viviendas ilegales en todo el municipio sin luz ni saneamiento", denuncia Daniel López Marijuán, secretario provincial de Ecologistas en Acción. En el municipio de Conil, donde se prevén 5.000 viviendas nuevas fuera del dominio público, el ladrillo amenaza la zona de Roche, que "ha crecido desmedidamente encima de un acantilado y también sin depuración", según López Marijuán.
Vejer de la Frontera tiene su particular "museo de los horrores", según los ecologistas: la urbanización El Palmar. En esta área de litoral virgen, Medio Ambiente va a desplegar todo su abanico de actuaciones. En primer lugar, pretende eliminar las construcciones que ocupan la zona de servidumbre de protección, la zona de 100 metros tierra adentro desde la ribera del mar y cuya gestión corresponde al Gobierno. La segunda medida consiste en eliminar la carretera de la costa y las infraestructuras situadas en el dominio público. La tercera actuación será rescatar los derechos sobre las fincas situadas en zona pública para evitar que se construya sobre ellas. Este esquema de actuaciones se repite a lo largo de todo el litoral gaditano, como en Sanlúcar y Chipiona donde existen numerosas invasiones del dominio público, muchas de ellas viviendas de hace pocos años y fuera de toda ordenación.
El jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz, Federico Fernández, afirma que el plan de restauración "va mucho más allá del derribo de casas sobre el dominio público", y que se pretende facilitar el acceso al mar "mediante una política de senderos alejada del concepto de paseo marítimo" que en otras zonas ha servido de excusa para levantar edificios frente al mar.
Uno de los aspectos más originales de la Estrategia de Medio Ambiente para Cádiz es la puesta en marcha de un Implantación de un "sistema remoto de vigilancia de pecios", que permita el control de las embarcaciones que circulan por los puntos catalogados como de interés arqueológico. Con ello se pretende evitar expolios de bienes culturales como los supuestamente llevados a cabo por el barco cazatesoros Odissey Explorer. Costas propone desarrollar un Plan de Contingencias que permita una "respuesta inmediata" frente a vertidos contaminantes, como los producidos en los últimos meses por los buques Sierra Nava y New Flame.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 10/11/2007
Foto: Rota (Cádiz), Costa Ballena - García Cordero (El País)
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10.11.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Marina de Cope, menudo ejemplo de “respeto” al Medio Ambiente
ELECOLO/Murcia* : El consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, aparecía ayer defendiendo el proyecto urbanístico de Marina de Cope, argumentando que será muy respetuoso con el medio ambiente. Además, dijo que el objetivo es que se convierta «en un referente en sostenibilidad» y que sirva de “ejemplo” para iniciativas regionales similares. El consejero resaltó que “sólo” se construirá en 2,9 millones de m2 de los 21 millones de superficie» de esta zona del litoral de Lorca y Águilas, informaba 20minutos.es (8.11.2007).
El proyecto Marina de Cope incluye la construcción de hoteles y apartahoteles (20.000 plazas), 9.000 viviendas, 5 campos de golf, 10 campos de fútbol, 10 zonas de tenis, un velódromo y 2.000 puntos de amarre.
Ejemplos anteriores al proyecto de Marina de Cope tenemos unos cuantos, con los de Polaris a la cabeza, aunque seguidos por otros muchos. Y Cabo Cope y su entorno, para este proyecto, no es más que una localización en una provincia, Murcia, que está haciendo todo lo posible y lo imposible, para poner a los pies de las grandes empresas especuladoras (cajas de ahorros -paradójico ¿eh?-, bancos, empresas dedicadas a la energía, … y algunas constructoras) toda una región.
Y lo hace desde su Asamblea, aprobando leyes, como aquella fatídica Ley del Suelo, que tanto daño medioambiental ha hecho y sigue haciendo a esta región, o permitiendo que después se arrasara parte de su vegetación natural, única en el continente europeo.
Los mismos promotores y constructores se jactaban de lo conseguido en Murcia, “el nuevo filón inmobiliario”. Solo hay que releer el artículo que apareció en la revista PROPIEDADES del mes de Junio de 2005. En la página 3 se puede leer: “No exento de polémica, la realidad es que en total la Ley del Suelo murciana ha desprotegido 15.000 has. si bien también es cierto que desde el Ejecutivo solo se reconocen 7.000 …” (sic).
Y esto lo dicen los empresarios del sector de la construcción, ¡ojo!, que no son “los ecologistas”. El artículo sigue, pero en las páginas 2 y 3 se concentra lo más enjundioso. Un artículo para recordar lo que es el Proyecto Marina de Cope.
¿Y toda ésta vorágine de Marina de Cope y del resto de “resorts” se está traduciendo en riqueza para el murciano de a pie? Rotundamente NO. Al contrario.
Los salarios en Murcia son cada vez más bajos y los índices económicos van en éste mismo sentido, atestiguándolo. Y si vamos a los precios de los productos básicos, o a la factura que vamos a pagar entre todos (esta sí es “para todos”) ya empieza a ser difícilmente soportable para muchas familias murcianas.
¿Por qué vendemos entonces nuestro patrimonio natural y cultural a éstos ávidos postores? ¿Buscan el “bien general” y el beneficio público? ¿A qué vender entonces nuestro propio futuro?
NOTA: En esta web de la Asociación Oficina Verde de la Universidad de Murcia se exponen algunos de los enormes valores que atesora este enclave murciano: Cabo Cope y su entorno. Desde ella se lleva a cabo una campaña internacional titulada ¡Salvemos Cabo Cope!.
* El Ecolo - Manu Rubio - 09 Noviembre 2007
Foto: salvar Parque cabo Cope - elecolo.com
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10.11.07
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